Conservación armada de parques amenaza a indígenas en RDC

Un hombre muestra dónde fue herido por un guardaparques del Parque Nacional de Virunga, en RDC. Crédito: Zahra Moloo / IPS

Por Zahra Moloo
IPS.- Un joven indígena bambuti extiende el brazo para mostrar una lesión que le provocó un guardaparques del Parque Nacional de Virunga, en República Democrática de Congo (RDC). “Me dispararon antes de ayer, mientras buscaba miel y leña”, relata Giovanni Sisiri.
“Dejé todo, tomé mis herramientas y corrí”, contó el herido, junto a un grupo de jóvenes bambutis – también conocidos como pigmeos – en Mudja, un pueblo 20 kilómetros al norte de Goma, ciudad contigua al parque en las fronteras con Ruanda y Uganda y donde residen unas 40 familias de su etnia.

Existe un conflicto activo entre los habitantes próximos al parque y los "conservacionistas, guardaparques y otras organizaciones que trabajan por la conservación": Patrick Kipalu.

Los guardas armados se encargan de proteger al Virunga de cazadores furtivos e intrusos, a menudo con riesgo para sus propias vidas. La legislación congoleña prohíbe los asentamientos humanos y la caza dentro del parque, incluso para los bambutis, sus habitantes originales.
Los pigmeos que viven en Mudja reconocen que a veces desafían la ley y se aventuran en el parque para recoger leña, cazar pequeños animales y recolectar productos no maderables, pero últimamente con  más dificultad.
“Un pigmeo no puede vivir sin el parque. Antes, podían ingresar a escondidas”, señaló Felix Maroy, un agrónomo y ganadero que trabaja con los bambutis. “Desde enero de 2015, los guardias siempre están patrullando la zona. Y hay otros grupos armados también, como las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR)”, un grupo insurgente, añadió.
Imani Kabasele, director de la sucursal local de la organización Programa para la Integración y el Desarrollo del Pueblo Pigmeo, dijo a IPS que en 2014 un habitante bambuti de un pueblo vecino, Biganiro, fue a buscar miel y estuvo desaparecido durante tres días. Finalmente se encontró su cadáver, con cortes de machete. Kabasele cree que fue asesinado por las FDLR.

Según Imani Kabasele, los bambutis conocen el bosque más que cualquier otra comunidad, pero ahora les resulta peligroso aventurarse en su interior. Crédito: Zahra Moloo / IPS

Militarización y políticas de conservación coloniales

El rey Alberto I de Bélgica creó el Parque Nacional de Virunga, el más antiguo de África, en 1925. El lugar, que hospeda a la cuarta parte de los gorilas de montaña del mundo, se extendió posteriormente hasta abarcar más de 7.000 kilómetros cuadrados de territorio.
Clasificado como patrimonio de la humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Culturan en 1979, actualmente es administrado por una asociación público-privada entre el Instituto Congoleño por la Conservación de la Naturaleza (ICCN) y la Fundación de Virunga, que recibe fondos de la Unión Europea.
Los agricultores congoleños que viven en los alrededores del Virunga señalan que su historia colonial genera la impresión de que fue “creado por el mzungu (hombre blanco), para los mzungus”.
Tras la independencia de RDC se crearon otros parques nacionales. La Coalición Mundial por los Bosques sostiene que su creación expulsó a miles de indígenas, sin su consentimiento ni indemnización por la pérdida de tierras, en “violación del derecho internacional” y la ley congoleña sobre expropiaciones con fines públicos.
Patrick Kipalu, representante en RDC de la organización Forest People’s Programme, afirmó que existe un conflicto activo entre los habitantes próximos al parque y los “conservacionistas, guardaparques y otras organizaciones que trabajan por la conservación”.
“La vieja escuela conservacionista en el período colonial equivalía a ‘expulsar a la gente del bosque’ y a ‘áreas protegidas sin nadie en su interior’”, según Kipalu.
“Cuando los colonizadores abandonaron el país, los belgas instruyeron a quienes administraban las áreas protegidas que la conservación debe realizarse sin gente, a la vieja usanza. Se mantienen las mismas estrategias, aunque el ICCN está considerando una estrategia de conservación que se supone debe incluir e involucrar a las comunidades”, manifestó.
En 2015, en una carta a Kipalu, un representante de los jefes tradicionales de Lubero, una localidad en la costa occidental del lago Edward, aseguró que el ICCN había expropiado tierras sin el consentimiento del pueblo afectado ni compensación. La carta también acusó al ICCN de destruir e incendiar aldeas.

Jean Claude (a la derecha), junto a su amigo Denis Sinzira. La mayoría de los jóvenes en Biganiro solamente asisten a la escuela hasta los 9 o 10 años. Crédito: Zahra Moloo / IPS
Un informe realizado en 2004 por un consultor para el Banco Mundial, Kai Schmidt-Soltau, concluyó que el ICCN, junto con el Fondo Mundial para la Naturaleza, afirmó haber reubicado voluntariamente a 35.000 personas de una zona al sudeste del lago Edward, pero que en realidad fue un proceso llevado a cabo “a punta de pistola”.
Las actividades de conservación agresivas forman parte de una tendencia generalizada hacia lo que algunos investigadores llaman la militarización del conservacionismo, un enfoque de protección de la naturaleza por el cual los conservacionistas se involucrarían en políticas represivas.
Jean Claude Kyungu, encargado de relaciones comunitarias del Virunga, dijo que las relaciones del parque con los habitantes de la zona son buenas en algunas áreas, pero no en otras, y que los guardias solo abren fuego si existe “resistencia” de la población, por ejemplo, cuando las comunidades “reclutan a grupos armados para asegurar la tierra”. Añadió que los bambutis son detenidos solo cuando violan la ley.
Cuando se le preguntó acerca de la conducta represiva de los guardaparques y las fuerzas armadas congoleñas, Norbert Mushenzi, el subdirector del ICCN, afirmó que los agentes “actúan en legítima defensa”.
“También intentamos educar a las comunidades para que se vayan y encuentren soluciones alternativas, por ejemplo, a los campos del entorno del parque. Había 350 familias en una zona que se fueron voluntariamente”, sostuvo. “El problema no es la tierra. Es que la gente quiere concentrarse en el parque y no sabemos por qué”, reconoció.
Pero dejar el parque y encontrar otros lugares para vivir no es tan simple. Uno de los problemas, según Kipalu, es que quienes viven en el parque ilegalmente no tienen a dónde ir. “El parque es tan grande que abarca toda la zona donde las comunidades trabajan en sus tierras tradicionales”, destacó.
Agrava el problema una situación política más amplia y compleja. Según un grupo de investigadores, Virunga se encuentra en el “epicentro del conflicto en curso (en RDC) desde 1993-94″ y se ve “fuertemente afectado por la dinámica transfronteriza con Ruanda y Uganda”. También es un refugio para numerosos grupos armados nacionales y extranjeros.
Las comunidades que ingresan al parque a menudo lo hacen con la protección de actores armados, y los vínculos con ellos se fortalecen aun más por políticos que se aprovechan del sentimiento generalizado de que el parque expropió tierras ancestrales, lo que lleva a estos políticos, en algunos casos, a “financiar a grupos armados que operan en el parque”.
Los autores sugieren que el parque “adopte un enfoque hacia la conservación que sea más sensible a los conflictos” y que redoble los esfuerzos para mejorar la comunicación local. Pero Jean-Claude Kyungu cree que la estrategia del Virunga no es particularmente represiva, dados los enormes retos a los que se enfrenta.
“En Kibirizi, la población vive con las FDLR. ¿Permitimos que esta gente haga sus propias leyes, no solo en un parque, sino en un país que no es el suyo? Las personas que no respetan las fronteras tienen que ser retiradas”, subrayó.
Este artículo recibió el apoyo de International Women’s Media Foundation.
---
Traducido por Álvaro Queiruga

----
Fuente: IPS: http://www.ipsnoticias.net/2016/09/conservacion-armada-de-parques-amenaza-a-indigenas-en-rdc/

Sin los indígenas, conservación de naturaleza se queda a medias

El indígena brasileño Srewe Xerente realiza un ritual durante un foro sobre derechos ancestrales, en el Congreso Mundial de la Naturaleza. En esta cumbre que se celebra en Honolulú, en Hawái, los pueblos indígenas reclaman mayor participación en las políticas sobre el cuidado de la riqueza biológica. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
IPS.- “Tu propia casa no puede ser un sitio turístico”, exclama el líder indígena de Benín, Oussou Lio Appolinaire, enfundado en su traje tradicional de vivos colores amarillo y verde, respecto a la apertura indiscriminada de lugares sagrados para los grupos ancestrales.
Appolinaire, indígena goun que preside el no gubernamental Grupo de Investigación y de Acción para el Bienestar de Benín (Grabe), planteó a IPS que “la gente sufre el destierro de los sitios sagrados. Si perdemos el conocimiento, nos perdemos nosotros. Lo sagrado es como la vida. La conservación es el respeto de la ley natural, de cada elemento en la naturaleza”.
Gracias al trabajo de Grabe y otras organizaciones, el gobierno de Benín  aprobó la Orden Interministerial 0121, la primera de su tipo en África y que estipula su manejo sostenible, reconocimiento legal y categorización como áreas protegidas.

“La conservación se centra solo en los Estados, a pesar del pobre desempeño. El derecho de los pueblos indígenas a sus tierras no está reconocido o protegido adecuadamente”: Victoria Tauli-Corpuz.

La nación del oeste africano alberga más de 2.900 bosques sagrados, de los cuales solo 90 han sido protegidos formalmente.
El reclamo de Appolinaire de mayor participación de los grupos originarios en el cuidado del tesoro natural es una demanda común de los representantes indígenas en el Congreso Mundial de la Naturaleza, que entre el 1 y el 10 de septiembre acoge esta capital del estado estadounidense insular de Hawái, en el océano Pacífico.
La cita, que se realiza cada cuatro años, organizada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UINC), congrega en Honolulú a 9.500 participantes de 192 países y territorios, entre delegados de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, científicos y empresas.
La queja de los representantes indígenas se concentra aquí en problemas para sus pueblos vinculados a las Metas de Aichi, como se conocen los 20 puntos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, adoptado en 2010 los Estados parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).
De hecho, una evaluación del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación de la CDB, realizada en mayo, plasmó su preocupación por “los escasos progresos alcanzados” en cuanto a la creación de capacidad y la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en esas metas.
La Meta 14 estipula la restauración y protección de ecosistemas que ofrecen servicios esenciales, tomando en cuenta las necesidades de los pueblos indígenas.
La 18 se refiere al respeto a los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes, para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y la participación plena y efectiva de esas comunidades en todos los niveles.
La Meta 11 indica que al menos 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y 10 por ciento de las zonas marinas y costeras se conservarán mediante sistemas de áreas protegidas para 2020, lo que los indígenas temen que entre en colisión con sus derechos en lo que son sus territorios ancestrales.

Dirigentes indígenas de todos los continentes escucharon el reporte de la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la filipina Victoria Tauli-Corpuz, durante el Congreso Internacional de la Naturaleza en Honolulú, que se celebra en la capital de Hawái entre el 1 y el 10 de septiembre. Crédito: Cortesía de Emilio Godoy
“Estamos de acuerdo con la conservación, pero se tiene que tocar el tema de una conservación con derechos, desde los pueblos indígenas”, dijo el peruano Julio Cusurichi, presidente de la no gubernamental Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes y representante del pueblo shipibo-conibo.
“El gobierno ha creado áreas naturales en nuestros territorios y nos están limitando nuestras actividades. Parece que los indígenas son obstáculos y que hay que sacarlos de los territorios”, se lamentó con IPS.
En el sudoriental departamento de Madre de Dios, en la Amazonia peruana,  60 por ciento del territorio es área natural protegida (ANP), al albergar una riqueza de biodiversidad con la que conviven unos 10.000 indígenas de siete de los 54 pueblos originarios de la nación sudamericana.
Una de los problemas comunes es la tendencia de los gobiernos a crear ANP que se extienden sobre territorios indígenas sin un adecuado proceso de consulta.
El Congreso, cuyo lema en esta edición es “Planeta en la encrucijada”, culminará con Los Compromisos de Hawái, de los que 85 resoluciones ya llegaron a Honolulú aprobadas por la Asamblea de la IUCN, con sede en Suiza y con 1.200 miembros gubernamentales y no gubernamentales.
Aquí el debate se concentra en 14 mociones sobre temas polémicos, como la compensación por destrucción de riqueza biológica, el cierre de mercados domésticos para el comercio de marfil y mejores estándares para ecoturismo. De las 99 resoluciones, solo ocho se vinculan con los pueblos indígenas.
“Hay poca participación en la ejecución en las políticas de conservación, que un indígena dirija una instancia no significa que los pueblos indígenas participen”, cuestionó la q’eqchí’ Dolores Cabnal, directora del Área de Incidencia en Políticas de la no gubernamental Asociación Ak’Tenamit, de Guatemala.
Esa agrupación opera en el oriental departamento de Izabal, donde existen tres ANP y en las que conviven indígenas y afrodescendientes. En esas zonas, la población sobrevive con actividades agrícolas y pesqueras, que suponen choques con las autoridades porque la ley impide el aprovechamiento en esas reservas biológicas.
Activistas y expertos consideran que sin el involucramiento de los pueblos originarios difícilmente se materializarán las Metas de Aichi, por la ciudad japonesa donde se establecieron.
En ese sentido, la relatora especial sobre Los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la filipina Victoria Tauli-Corpuz, del pueblo kankanaey igorot, emitió durante el Congreso una “tarjeta amarilla” para los Estados que ignoran el papel de los grupos nativos.
Con base a visitas a Brasil, Colombia, Finlandia, Guatemala, Honduras, Noruega, Paraguay y Suecia, Tauli-Corpuz halló violaciones a derechos a la consulta previa, libre e informada a la tierra y territorio, a la participación, a los recursos naturales, a remediación del daño y a derechos culturales.
“La conservación se centra solo en los Estados, a pesar del pobre desempeño. El derecho de los pueblos indígenas a sus tierras no está reconocido o protegido adecuadamente”, expresó la relatora durante un encuentro con dirigentes indígenas en Honolulú.
Se estima que 50 por ciento de las zonas protegidas del mundo se ha establecido en tierras indígenas, una proporción que es mayor en América Latina y el Caribe y en países como Filipinas, India y Nepal, en la región de Asia-Pacífico, y en Botsuana, Camerún, Kenia, Namibia, Sudáfrica y Tanzania, en África.
“Los problemas de los pueblos indígenas no son solo de un país, son globales. Tenemos que reconocer la ley indígena, no podemos cambiar las leyes de la naturaleza”, señaló Appolinaire.
Por su parte, Cusurichi, ganador del Premio Ambiental Goldman, plantea la necesidad de una cogestión entre gobierno y comunidades. “Necesitamos certeza jurídica de tenencia de la tierra y debe incluir el manejo de recursos y la seguridad alimentaria”, postuló el dirigente.
En Guatemala, las organizaciones indígenas planean presentar una iniciativa de ley ante el Congreso legislativo para regular los derechos indígenas, las ANP y las actividades extractivas.
“El gobierno debe analizar cuáles pueblos están en las áreas naturales, por qué están allí y qué necesitan, en vez de buscar cómo expulsarlos”, cuestionó Cabnal.
El reclamo difundido en Honolulú también se trasladará a la 13 Conferencia de las Partes del CDB, que se desarrollará en el balneario mexicano de Cancún entre el 4 y el 17 de diciembre.
---
Editado por Estrella Gutiérrez

----
Fuente: IPS: http://www.ipsnoticias.net/2016/09/sin-los-indigenas-conservacion-de-naturaleza-se-queda-a-medias/

Importante: Esta nota ha sido reproducida previo acuerdo con la agencia de noticias IPS. En este sentido está prohibida su reproducción salvo acuerdo directo con la agencia IPS. Para este efecto dirigirse a: ventas@ipslatam.net

Mujeres denuncian que proyectos extractivos generan violencia

Mujeres de Cajamarca subiendo a la laguna El Perol. Foto: Salva la selva

Servindi.- La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales exige a las empresas y gobiernos responsabilidad para el cese de un tipo particular de violencia que va en aumento: la violencia contra las mujeres en el contexto de las actividades extractivas. Invitan a suscribir una petición a en la dirección web de Salva la selva.
La red indica que mientras preparaban el texto de la petición se vieron golpeadas por el terrible asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Pueblos Indigenas de Honduras (COPINH), defensora de derechos humanos, madre, y una gran mujer.
Indican que su asesinato "es un crimen atroz que cae sobre la conciencia de las empresas mineras e hidroeléctricas ilegalmente autorizadas por el Estado sin consentimiento de los pueblos indígenas. Los gobiernos corruptos que permiten y que dejan crímenes como el de Berta en la impunidad son cómplices de su muerte".

No es un caso aislado

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales señala que las mujeres están especialmente expuestas a diversas formas de violencia que causan las actividades extractivas.
Entre ellas están las agresiones físicas, sexuales y psicológicas que ponen en riesgo sus vidas, sus cuerpos y sus territorios; la contaminación que afecta a su salud; la criminalización que afecta a su integridad; y el despojo de sus territorios.
Obviamente, los impactos del extractivismo sobre las vidas de las mujeres se extienden a sus familias y comunidades.
La situación de violencia se extiende más allá de América Latina a otras partes del mundo. "Para nosotras la explotación minera es la expresión de un modelo de desarrollo que está de espaldas y en contraposición con todo lo que sirve para mantener materialmente la vida, que ignora que los seres humanos somos naturaleza, y que dependemos totalmente de ella".
La violencia contra las mujeres por actividades mineras cumple el mismo patrón en todos los países con la vulneración de los derechos humanos y derechos específicos de la mujer.
En el siguiente reporte la Red identifica y comparte algunos casos muy representativos, por país:

Reporte sobre la violencia de las industrias extractivas hacia la mujer elaborado por la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales

Honduras:
Además del profundo shock que supone la muerte de Berta Cáceres, todo Honduras está concesionado y es el país del mundo en el que mas personas son asesinadas por oponerse a proyectos extractivos. Una minera canadiense denominada Entre Mares, se instaló sin consulta a las personas afectadas, explotaron a cielo abierto con cianuro por 10 años, botando el agua contaminada al rio. Las mujeres del valle de Siria han estado expuestas a los metales pesados y los estudios demuestran la presencia de plomo en la sangre de las mujeres, abortos, daños en la vista, en la piel, caída de cabello y violencia psicológica. Con las movilizaciones se logró el cierre de las instalaciones pero los daños en la salud permanecen, es una clara forma de violencia a la que están expuestas las mujeres.
Ecuador:
Una estrategia de despojo frecuentemente utilizada por las empresas mineras es la compra de tierras a través de terceros, el proyecto minero Mirador no es la excepción. Mujeres cargando a sus hijos fueron desalojadas con sus familias de sus hogares por la fuerza pública en septiembre y diciembre del 2015. Sucedió en la Parroquia de Tundayme, al sur de la Amazonía en la que se encuentra el proyecto cuprífero Mirador en manos de la Empresa Ecuacorriente S.A. actualmente de capitales chinos. Pese a tener las escrituras de sus tierras fueron desalojadas de su territorio a la fuerza por supuestas órdenes de la empresa minera China.
Las mujeres de Tundayme han sufrido agresiones, violencia física y psicológica, sobre ellas pesa la carga de trabajo en buscar nuevas condiciones para mantener a sus familias. Organizaciones de derechos humanos documentan que se viola su integridad, su derecho a la tierra y territorio, a la vivienda, su derecho de propiedad, su derecho al trabajo, a la salud, educación de sus hijos. Hay que señalar que mientras una empresa extranjera ocupa territorios ancestrales se vulneran los derechos Humanos y de la Naturaleza. El proyecto minero Mirador es presentado por el gobierno ecuatoriano como minería sustentable que va a acabar con la pobreza en el país.
Un muy reciente caso de despojo: el de la señora Rosa Ware, indígena Shuar de más de 100 años. Vivía en la zona de Tundayme, con su hijo Mariano Mashendo de 60 años en las inmediaciones del campamento minero y la comunidad indígena de Yanúa. Él relata que en el año 2006 una persona propuso comprarles la finca familiar en la que vivían. Como se negaron a venderla, a decir de Mariano esa persona notarizó la huella digital de una empleada en un documento para hacerla pasar por propietaria de la tierra familiar. Ese documento que dicen fue falsificado lo habría puesto la empresa minera como respaldo para comprar la tierra. Sigue contando que "como la familia se negó a salir de la finca, la empresa quemó la casa y procedió al desalojo violento de los habitantes de la finca". Este hecho ha quedado invisibilizado, en la impunidad absoluta. Según informaron autoridades indígenas Shuar, a partir de ese momento la Señora Rosa Ware sin lugar en donde vivir se instaló en las inmediación donde fue hostigada para ser finalmente desalojada forzosamente el 4 de febrero del 2016 por la empresa minera Ecuacorriente S.A. junto a la policía y la abandonaron en un parque.
Guatemala:
Diodora Hernández y familia están sufriendo la obstrucción al acceso al agua potable. Pero la violencia contra Diodora no se limita a la privación de este derecho fundamental. El 7 de julio de 2010, Diodora Antonia Hernández Cinto, mujer campesina Maya-Mam del pueblo de San José Nueva Esperanza, fue víctima de un ataque por parte de dos hombres de su aldea, quienes le dispararon dos veces en la cabeza, dándola por muerta.
Según informa la organización de derechos humanos Rights Action/Derechos en Acción, los hombres intentaron matarla porque se había negado a vender su tierra a Montana Exploradora, empresa subsidiaria de Goldcorp que opera la mina de oro “Marlin”, conformada por túneles subterráneos y un tajo abierto que filtra cianuro, en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos, Guatemala. Afortunadamente, Diodora sobrevivió. La bala entró por su ojo derecho y salió detrás de su oreja derecha. Después de pasar tres meses en el hospital, Diodora regresó a casa – pero con una prótesis ocular y sordera en un oído – a su terreno donde continua viviendo con su esposo, hija, hijo y nietos.
Después de este atentado a su vida, Derechos en Acción envió una carta pública a la minera Goldcorp, denunciando este intento de asesinato. Como respuesta el 20 de julio 2010, David Deisley, el abogado principal de la empresa, reconoció que los dos hombres que fueron detenidos, interrogados y después liberados, habían trabajado para Goldcorp. A pesar de ello, han pasado casi seis años y aún no se investiga el hecho.
Al igual que la mayor parte de los crímenes y casos de represión importantes que se producen en Guatemala, el caso sigue abierto, sin resolverse. La impunidad y la corrupción siguen profundamente arraigadas en el sistema legal y político en Guatemala. En este contexto, las presiones a Diodora para que venda sus terrenos han continuado. Y también sus negativas. Tal vez por eso, el agua potable de Diodora (existe un grifo para agua potable afuera de cada casa) ha estado obstruido casi continuamente por la dirigencia local de su pueblo, el COCODE. Por razones obvias, la obstrucción del acceso al agua potable genera muchas dificultades a ella y a su familia, y a sus cultivos y animales, particularmente en la temporada seca.
Diodora es una de las personas de las que habla el premiado documental Goldfever.
Perú:
La empresa minera Yanacocha, denunciada por contaminar el medio ambiente y por la persecución a quienes se opongan a su proyecto quiere apoderarse del predio de la familia Chaupe Acuña, que se encuentra entre las montañas, en el centro de lo que constituye el proyecto Conga, de la citada minera. Más de 4 años dura lo que Máxima Acuña y toda su familia han sentido como un auténtico hostigamiento. La familia quiere utilizar su tierra para desarrollar la agricultura,la ganadería y sobre todo para continuar en relación directa con la Madre Tierra.
Distintas organizaciones peruanas que les apoyan en su resistencia denuncian la vigilancia extrema incluso con cámaras y hasta drones, ataques a su perro Cholo y hasta les quitaron su cosecha de papas sin ningún reparo. La autoridad hace la vista gorda ante estos atropellos. Ya con anterioridad tuvieron que asistir a la destrucción de sus propiedades, matanza de sus animales, amenazas, insultos y otras vejaciones. La injusticia es tal, que muchas organizaciones internacionales como actualmente Amnistía Internacional se han hecho eco del cas sin que las propias autoridades peruanas pongan remedio a la situación. Pero Máxima y su familia tienen claro que a pesar de las agresiones a las que están siendo sometidos y a todas las adversidades que han tenido que pasar, como diversas denuncias injustificadas de parte de la minera: ¡Conga no Va!
Un cercano ejemplo adicional de lucha, resistencia e incansable defensa de los derechos sociales y ambientales de las mujeres es Mirtha Vásquez, joven abogada y directora de la organización GRUFIDES que inspira esperanza con el enorme compromiso y consistencia profesional con la que asume la defensa de las poblaciones vulneradas y la afectación al ambiente. Apoya a la familia de Máxima y muchas otras en su batalla frente a la minera Yanacocha. Por este rol se ha convertido en el blanco de campañas mediáticas de desprestigio, desinformación, ha sido víctima de intimidación, amenazas, de seguimientos tanto ella como a su familia. Por la gravedad de los hechos la CIDH otorgó a Mirtha Vásquez Medidas cautelares. Mirtha es miembro de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales.
Uruguay:
En la comunidad de Cerro Chato, la empresa minera Aratiri pretende instalar una operación minera a cielo abierto. Ello ha generado la destrucción del tejido social y violencia psicológica hacia las mujeres quienes manifiestan su permanente preocupación por perder su territorio, su forma de vida, la herencia de sus antepasados, su producción y el derecho a vivir en un lugar sano y saludable. Continúan en la resistencia.
Bolivia:
País en el que existe tradición minera, la violencia medioambiental se da porque les han quitado a las mujeres las condiciones de vida. Los suelos, el agua están altamente contaminados, no se puede producir en el campo. Desde el año 2006, una empresa minera transnacional subsidiaria de la Glencore ha dejado a la comunidad de Totoral sin agua, han secado los pozos y vertientes, reciben de otra comunidad una hora de agua a la semana que no abastece para vivir. Las mujeres han sido violentadas quitándoles el derecho humano y fundamental al agua, expulsándolas forzosamente de su territorio, afectando su derecho a trabajo, a la salud, alimentación, poniendo en riesgo su vida.
El Salvador:
No podemos dejar de nombrar a Dora Recinos Sorto, una mujer joven, luchadora y defensora de vida, madre de 7 hijas e hijos. Participaba desde el año 2006 en la defensa del medio ambiente y el territorio con el Comité Ambiental de Cabañas por las amenazas que el proyecto minero representaba para la comunidad El Dorado. Fue asesinada en 2009 regresando de lavar ropa en el río. Y con ella el bebé de 8 meses de gestación que llevaba en su vientre, y resultando herido el hijo más pequeño de dos años. Se ha violado el derecho a la vida, el derecho a la justicia y a la reparación. El asesinato queda hasta ahora en impunidad.
En otros países:
En Colombia, Chile, Mexico, Argentina, Venezuela, Brasil y en general en todos los países de Latinoamérica, este tipo de violencia contra las mujeres se repite.
Y también fuera de América Latina se registran casos de enorme violencia, de los que reporta la red global Sí a la Vida No a la Minería YLNM (por sus siglas en inglés)
Como en Asia el fatal desenlace de Teresita Navacilla en Mindanao, Filipinas. Recientemente, la defensora de derechos humanos se expresó en contra del proyecto King-King en Pantukan, por considerar que afectaría al modo de vida y a la salud de las comunidades de la región, y afectaría a la biodiversidad y a los ecosistemas marinos y costeros. Tres días después de recibir tres disparos de parte de dos hombres armados que entraron en su tienda, Teresita Navacilla murió en el hospital de Tagum City, al sur de Mindanao. Sus asesinos escaparon y no han sido identificados. Teresita era miembro del Movimiento Salvar Pantukan, una red indígena de la región de Pantukan en el valle de Compostela, quienes defienden su derecho a sus tierras ancestrales, protección del medio ambiente y opuestos a la minería a gran escala y a cielo abierto por mineras transnacionales. La organización de derechos humanos Front Line Defenders considera que su asesinato -que no es único en Filipinas y sólo en enero de 2016 ascienden a cuatro asesinatos- está relacionado con esta resistencia. Y también se han producido diversas agresiones a opositores a este proyecto en concreto que es el segundo mayor proyecto de cobre y oro en las Filipinas y se encuentra en expansión.
En muchas partes de África sucede otro tanto de lo mismo: Myness Musaamba sufrió desplazamiento junto a su comunidad en 2010, porque una empresa minera comenzó a extraer diamantes en el lugar, llamado Marange, en su país Zimbabwe. Sus estructuras tradicionales comunitarias fueron destruídas y el lugar en el que fueron relocalizados, llamado Arda Transau fue estructurado como un asentamiento semi urbano. En lugar de líderes tradicionales, el gobierno designó un coordinador, un General retirado externo a la comunida, quien exige que cada visita le sea 'presentada' antes de interactuar con la comunidad, lo cual intimida a algunas personas. Pero no a Myness Musaamba, defensora de los derechos humanos de autoridades contra defensoras de la vida, los derechos humanos quien denuncia las injusticias que sufre la comunidad en Arda.
El 23 de septiembre de 2015, en un encuentro comunitario convocado por el Administrador del Distrito, esta autoridad se ensañó públicamente con Myness por sus actividad den defensa de la comunidad, diciendo que "iba a morir en prisión por hablar supuestamente en contra del gobierno". Myness no se deja intimidar y se compromete a continuar hablando en contra de las injusticias, especialmente el incumplimiento del gobierno y las mineras sobre la promesa de relocalizar a las familias. Myness conjuga sus responsabilidades como madre con el cumplimiento de las expectativas de su comunidad para que les preste su voz corriendo un gran riesgo personal y familiar. Esta denuncia ha sido facilitada por el Centro para la Gobernanza de los Recursos Naturales - Centre For Natural Resource Governance (CNRG) CNRG and the Chidazwa Community Development Trust de Zimbabwe y la red global Sí a la Vida No a la Minería YLNM.
Las organizaciones, instituciones y personas firmantes de la petición nos dirigimos los gobiernos de Latinoamérica para denunciar estos casos y la existencia de un patrón que tienen que identificar y detener.
Exigimos NO MAS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ocasionada por las empresas mineras y extractivas. Y exigimos también medidas de protección para todas estas mujeres y otras que como ellas están sufriendo el mismo tipo de violencia.
Si tienes una historia similar, compártela (info[at]salvalaselva.org) o súmate a la red Sí a la Vida No a la Minería.
Mediante las firmas recogidas la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales quiere expresar solidaridad internacional a las mujeres que han sufrido violencia en América Latina y en el mundo y hacer llegar el mensaje de urgencia a los gobiernos responsables.
---
Con información de Salva la Selva: https://www.salvalaselva.org/peticion/1044/mujeres-denuncian-que-proyectos-extractivos-generan-violencia#more

La gestión del conocimiento de las sociedades indígenas beneficia a todos

Mujer de una sociedad indígena participante en el estudio / Isabel Díaz Reviriego

En los pueblos indígenas predomina el intercambio de información y el reparto general e igualitario de los recursos, según una investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona que ha analizado tres sociedades de Borneo, el Congo y la Amazonia durante cinco años
Sinc.- Un estudio llevado a cabo por el Instituto de Ciencia y Tecnologia Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB)  indica que en las sociedades indígenas todavía existentes en nuestro planeta los individuos que tienen un mayor conocimiento de los recursos naturales, de sus tradiciones y sus creencias milenarias poseen una mayor capacidad para obtener alimentos y para proteger su salud. Pese a ello estas personas no gozan de mayor bienestar general que el resto de miembros del grupo, probablemente debido a que en estas sociedades predomina el intercambio de información y el reparto general e igualitario de los recursos, dicen los autores.
El trabajo ha estado liderado por la investigadora del ICTA-UAB Victoria Reyes-García, en el marco de un proyecto que ha permitido al equipo estudiar la naturaleza adaptativa de la cultura y los beneficios del conocimiento ambiental local a partir del análisis de tres sociedades indígenas de Borneo, el Congo y la Amazonia.
Subvencionado con un importe de un millón de euros a través de una Starting Grant del Consejo Europeo de Investigación, el proyecto ha analizado en profundidad estas tres sociedades indígenas durante cinco años para entender mejor sus sistemas de conocimiento, a menudo olvidados. Aunque las sociedades estudiadas parezcan muy alejadas de nuestra realidad, los resultados han permitido llegar a conclusiones que apuntan a formas alternativas de producir y usar el conocimiento algo que podría tener profunda relevancia en nuestra sociedad del conocimiento.
En occidente creemos que estamos en una sociedad del conocimiento, "pero se trata de un conocimiento mercantilizado; si aprendemos a utilizar el conocimiento de otro modo, como lo hacen estas poblaciones indígenas, podemos resultar muy beneficiados”, explica Reyes-García.
Los miembros del grupo de investigación vivieron durante año y medio integrados en las comunidades de los punan Tubu (cazadores recolectores de Borneo, en Indonesia), los baka (semi-nómadas de la cuenca del río Congo) y los tsimane’ (recolectores-horticultores de la Amazonia boliviana).
El conocimiento ambiental local (CAL) analizado durante la investigación engloba todos aquellos conocimientos ancestrales que los miembros del grupo tienen de los recursos naturales y de las funciones y dinámicas de los ecosistemas, así como las prácticas de gestión, las creencias, las tradiciones y las instituciones asociadas a éste y desarrolladas por su sociedad durante miles de años.

Conocimiento dinámico y transmisible

El CAL es dinámico, se transmite de generación en generación de forma no escrita por observación e imitación, y facilita la estrategia adaptativa de los pueblos indígenas ante los cambios. Sin embargo, los investigadores destacan que estos conocimientos están perdiendo importancia en estas sociedades indígenas, que poco a poco abandonan la economía de subsistencia y van adoptando nuevas formas de economía basadas en el mercado, así como educación formal y sistemas modernos de salud.
El proyecto analizó los conocimientos relativos a la caza y a las plantas medicinales. En las sociedades indígenas, conocer mejor las técnicas de caza garantiza la consecución de alimentos diarios, mientras que conocer las plantas medicinales resulta clave para la supervivencia de estos grupos cuyo acceso a los sistemas nacionales de salud es muy limitado.
“Quisimos determinar si las personas que atesoran más conocimientos (CAL) para la caza o sobre plantas medicinales gozan de mejores condiciones de vida; por ejemplo si al conocer mejor las plantas medicinales tenían menos enfermedades o si al obtener más caza  disfrutaban de un mejor estado nutricional”, dice la investigadora.

Intercambio y reciprocidad

Los resultados demostraron que los individuos con más conocimientos de caza capturaron más animales por hora invertida y que quienes conocían mejor las plantas medicinales reportaron un menor número de días enfermos. Pero, pese a estos resultados, los científicos hallaron que estas personas no gozaban necesariamente de un mejor estado nutricional. La respuesta a esta paradoja parece encontrarse en la prevalencia del intercambio y la reciprocidad en las tres sociedades estudiadas, dinámicas que afectan tanto al conocimiento como a los recursos obtenidos.
“Comparten tanto la información de las propiedades de una planta o su ubicación en el bosque, como la carne de la caza,  y lo hacen entre todos los miembros de la comunidad. La frecuencia con la que se comparte la información y los recursos puede ser la razón que explica por qué el estado nutricional de las personas no se relaciona directamente con su nivel de conocimiento ambiental local”.
Los investigadores señalan que el conocimiento de los sistemas de CAL no sólo debe tenerse en cuenta a la hora de plantear políticas relativas a los pueblos indígenas, sino que debe ser contemplado desde la perspectiva de las sociedades europeas como “formas alternativas de producir, transmitir y usar el conocimiento”.

Referencia:

“La naturaleza adaptativa de la cultura. Análisis transcultural de los beneficios del conocimiento ambiental local en tres sociedades indígenas (LEK)”

----
Fuente: Sinc: http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-gestion-del-conocimiento-de-las-sociedades-indigenas-beneficia-a-todo-el-grupo

Supuesto “progreso” acarrea suicidios y daños a la salud de poblaciones indígenas

Foto: João Ripper/Survival

– Informe “El progreso puede matar” muestra al pueblo guaraní kaiowá como el más afectado por suicidios en el mundo.

Servindi.- Un reporte publicado por la organización Survival International reveló que los mecanismos usados por los gobiernos para incentivar al progreso y desarrollo a las comunidades indígenas en el mundo no están funcionando adecuadamente.

Un ejemplo es la elevada tasa de suicidios mostrada en el estudio “El progreso puede matar”, que pone en un preocupante primer lugar al pueblo nativo Guaraní Kaiowá, que habita el sur de Brasil.

El texto refiere que dicha etnia presenta un índice de suicidios 34 veces más en relación al promedio nacional en Brasil; y es estadísticamente el más alto a nivel mundial.
El documento también menciona que existen otros grupos de aborígenes afectados por este trastorno en Australia y en Alaska, al norte de Estados Unidos.
Según Survival, estos escenarios se deben al “inevitable resultado del histórico y continuo robo de sus tierras y del ‘desarrollo’ al que son forzados a seguir”.

Trastornos

Por otro lado, el informe menciona el crecimiento de otros problemas relacionados con la salud como son el alcoholismo, la obesidad, la depresión y la desnutrición.
Por ejemplo, se menciona el crecimiento de infecciones por VIH/Sida en Papúa Occidental, en Oceanía, ya que desde el año 2000 no se presentaba ningún caso, hasta que en el 2015 se contabilizaron más de 10 mil personas contagiadas.
La tasa de mortalidad infantil entre aborígenes de Australia resulta ser el doble que en la sociedad de ese país en general.
El problema de la desnutrición es evidente entre los niños guaraníes de Brasil, quienes se ven obligados a vivir en las carreteras mientras que los nativos americanos aquejan de sobrepeso y obesidad ya que no tienen una opción diferente que no sea la denominada comida chatarra.

Críticas

Las estadísticas mostradas por Survival concluyeron que las consecuencias de forzar a las sociedades tribales a alcanzar un supuesto “progreso” y “desarrollo” son que los indígenas se alejen cada vez más de sus alimentos sostenibles y se acerquen a la pobreza y marginación.
Para ilustrar el penoso escenario, el colectivo internacional recogió las declaraciones de Roy Sesana, indígena bosquimano de Bostwana que en 2002 fue despojado de su territorio, quien cuestionó el modelo de desarrollo que sostiene se le impuso.
“¿Qué tipo de desarrollo es este que hace llevar a las personas vidas más cortas que antes?”, se pregunta Sesana.
Explica así que cada vez son más las personas en las comunidades las portan el VIH, de otro lado en las escuelas los niños son golpeados y por eso ya no quieren ir. Otros -sostiene- comienzan a prostituirse y se vuelven adictos al alcohol.
Ahora en las comunidades “están empezando a suicidarse. Nunca vimos esto antes, ¿esto es desarrollo?”, sentenció.

La injusticia de la conservación: el desalojo y desplazamiento de los Sengwer en Kenya

Destrucción y persecución en nombre del conservacionismo. Imagen: FPP

Servindi.- La comunidad Sengwer que habita desde tiempos ancestrales en los bosques de Embobut, en Kenia, África, ha sido en parte dispersada, aunque la mayoría vive en escondida del acoso y de la amenaza de ser arrestados por los guardias del Servicio Forestal de Kenia.
La política conservacionista patrocinada por el Banco Mundial y la UICN se aplica a pesar que existe una orden judicial del Tribunal Superior que prohíbe dicho acoso y dichos desalojos.
Como lo detalla un informe del Forest Peoples Programme (FPP) el Panel de Inspección del Banco Mundial está repensando su política y la UICN replanteando sus enfoques. Asimismo, dos proyectos de ley, uno de Conservación y Manejo Forestal y otro sobre Tierras Comunitarias podrían contribuir a una solución en el futuro.
Mientras, la comunidad Sengwer se mantiene en zozobra día a día y las quemas de sus viviendas los obligan a vivir en cuevas, a la intemperie, sufriendo el frío de las altas colinas, por lo que muchos tienen neumonía, según detalla el testimonio de Yator Kiptum, uno de los afectados.
A continuación el informe del FPP:

Imagen: FPP

La injusticia de la conservación: el desalojo y desplazamiento innecesarios en curso de comunidades Sengwer en Embobut

Por Forest Peoples Programme
La comunidad Sengwer de Embobut ha sido dispersada, aunque la mayoría sigue viviendo en sus bosques y claros de la parte alta de las colinas de Cherangany a pesar de los desalojos efectuados por el Gobierno a través del Servicio Forestal de Kenia (KFS por sus siglas en inglés). Allí se esconden del acoso de los guardias forestales, de la quema de sus casas, ahora improvisadas y provisionales, y de la destrucción propiedades básicas que forman parte de sus hogares, así como de la amenaza de ser arrestados a pesar de la existencia de una orden judicial del Tribunal Superior que prohíbe dicho acoso y dichos desalojos.
Estos desalojos comenzaron en la época colonial, con el pretexto de la conservación, y a pesar del hecho de que los Sengwer han mantenido sus bosques durante milenios. Los continuos desalojos dejaron las tierras a merced de personas interesadas únicamente en su explotación y no en su supervivencia. La única solución justa y eficaz fue presentada por expertos en actividades forestales comunitarias del Banco Mundial y la UICN en el coloquio que reunió a comunidades y Gobierno en marzo de 2015, es asegurar la “tenencia comunitaria en condiciones de conservación”. Puede que parezca irónico, dado el papel que desempeñó el Banco en los desalojos efectuados por el KFS y dado el historial de la UICN asesorando a favor de los desalojos. Pero el Panel de Inspección del Banco Mundial ha llevado a pensarlo de nuevo, y la UICN está replanteando sus enfoques (véase por ejemplo el Mecanismo de Whakatane de la UICN). Aún está por ver si el Banco o la UICN mantienen su enfoque basado en los derechos o vuelven a respaldar el enfoque antiguo si los que tienen el poder decidiesen hacer caso omiso de la Constitución de Kenia de 2010.

Ubicación de Kenya. National Geographic Kid

El Panel de Inspección criticó el denominado Proyecto de Gestión de Recursos Naturales (NRMP por sus siglas en inglés) financiado por el Banco Mundial (que se desarrolló entre 2007 y 2013 en Embobut y otros lugares) por no respetar las políticas de salvaguardia del Banco. Afirmó que el NRMP no había identificado, abordado ni mitigado adecuadamente el hecho de que la institución a la que estaba financiando (el KFS) se dedicaba a los desalojos “antes, durante y después de la conclusión del NRMP”, y sigue haciéndolo (párrafo 27 del resumen ejecutivo del informe del Panel de Inspección del Banco Mundial).
Kenia está avanzando con un Proyecto de Ley de Conservación y Manejo Forestal y un Proyecto de Ley de Tierras Comunitarias que se encuentran en la fase de examen en comisión en el Parlamento, y que, dependiendo del resultado, podrían ayudar a llegar a una solución justa y eficaz, o podrían ir en contra de la Constitución y la ciencia de la conservación. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Tierras (NLC por sus siglas en inglés) tiene la oportunidad de intervenir y cumplir una función clave que le ha atribuido la Constitución: hacer frente a injusticias pasadas y presentes realizadas contra estas comunidades.
Para que el resultado sea positivo será crucial que a lo largo del año que viene la NLC, las comunidades y el aporte jurídico firme en la legislación cuenten con un apoyo sólido. También lo será que la UICN, el Banco Mundial y otros socios clave para el desarrollo de Kenia, como los finlandeses y la UE, se mantengan al margen y acepten un enfoque injusto, inconstitucional e inviable basado en los desalojos, o bien trabajen con el NLC y otras ramas del Gobierno con el fin de asegurar el éxito para todos excepto los que los Sengwer llaman “élites”, a las que dividen en locales, nacionales e internacionales: los primeros que se benefician de los denominados proyectos de medios de vida , los planes de “compensación” y el resto de procesos que se utilizan para ocultar la marginación de personas y la explotación de los bosques y claros que aún quedan.

Así destruyen las casas los guardaparques. Imagen: northriftnews

Testimonios de afectados

He aquí las reacciones de dos Sengwer ante la situación, la primera es de un hombre y la segunda de una mujer joven:
“Lo más importante cuando se trata de pueblos indígenas es el reconocimiento de nuestros derechos a habitar, poseer y conservar nuestras tierras ancestrales sin desalojos. El reconocimiento de nuestros derechos es lo más importante porque cuando la gente piensa en el cambio climático y la REDD, piensa en el dinero, los medios de vida, etc., pero en el caso de las comunidades indígenas lo más importante para nosotros es asegurar nuestras tierras para mantener nuestra identidad, y disfrutar de la vida como hacen otras comunidades en todo el mundo… Los pueblos indígenas no deben ser vistos como destructores, sino como la gente que ha estado conservando los bosques durante tanto tiempo. Reconocer nuestro derecho a vivir en el bosque es parte de la solución al cambio climático… Incluso si continúan [el KFS] quemando nuestras casas para forzarnos a salir del bosque, seguiremos volviendo a nuestros bosques. Los desalojos y las quemas han obligado a nuestra comunidad a vivir en cuevas, a la intemperie, sufriendo el frío de las altas colinas, por lo que muchos tienen neumonía”. (Yator Kiptum)
“El Servicio Forestal de Kenia miente cuando dice que nos están echando para proteger el bosque. Nos están echando a patadas para poder destruir el bosque sin que nosotros lo veamos ni podamos pararlo. Antes de que llegaran éramos nosotros los que protegíamos el bosque. Debería haber un análisis de cuándo comenzó esta destrucción de los bosques: fue cuando el KFS entró en escena. Ellos están motivados por el dinero, quieren mantenernos al margen para poder convocar licitaciones y otorgar concesiones como les parezca, sin que ningún miembro de la comunidad esté ahí para verlo y detenerlos. El bosque es nuestra vida… No se puede cuidar el bosque si no te dejan que lo cuides. Los niños no pueden ir a la escuela. Ya no hay escuela. Las mujeres no tienen derechos, ya que las asaltan y las golpean. El medio ambiente también es violado. Con la destrucción de los bosques vamos a perder plantas y animales que son muy preciados para nosotros, y vamos a perder nuestra cultura, nuestra vida, y nosotros mismos”. (Milka Chepkorir)
—
El artículo puede ser leído además en:

• Français
• English
• Bahasa Indonesia

—- Fuente: Forest Peoples Programme: http://www.forestpeoples.org/es/topics/el-derecho-la-tierra-y-los-recursos-naturales/news/2015/12/la-injusticia-de-la-conservacion-e

Vivir como los indígenas, de la selva a las montañas

Este cazador pertenece a la comunidad waorani, pueblo amazónico que vive en el este de Ecuador. Crédito: Cortesía, Nicolas Villaume, Land is Life

Por Stephen Leahy
IPS.- La historia registra cómo varias decenas de miles de pueblos han sobrevivido y se han desarrollado por cientos, y hasta miles, de años. En la actualidad, varias comunidades tradicionales todavía se autoabastecen, ya sea en selvas, bosques, montañas, desiertos y hasta en regiones árticas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que más de 370 millones de indígenas viven en 70 países y hablan más de 5.000 lenguas.

“Vivir bien es tener una buena relación con la Madre Tierra y no depender de la dominación ni de la extracción”: Victoria Tauli-Corpuz.

A medida que el desarrollo económico penetra hasta en los rincones más aislados del planeta, muchas comunidades originarias se ven amenazadas, al igual que su estilo de vida.
El avance del progreso significa que se hacen esfuerzos tanto para extraer recursos, vitales para los pueblos indígenas, como para “integrarlos” mediante la introducción de la medicina occidental y de los sistemas educativo y económico a su estilo de vida tradicional.
“Hay dos comunidades no contactas cerca de mi casa, pero sufren la amenaza de la exploración petrolera”, dijo Moi Enomenga a IPS.
Enomenga es integrante del pueblo waorani o huaorani, un grupo indígena de la Amazonia, que viven en el este de Ecuador, en un área de exploración petrolera. Nadie sabe cuánto tiempo llevaban allí antes del primer encuentro con los europeos, a fines del siglo XVII.
“Para ellos sacar el petróleo de la tierra es como sacarles la sangre del cuerpo”, ejemplificó.
Ecuador ratificó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que les otorga derecho a consulta frente a proyectos de extracción en sus territorios. Pero según organizaciones civiles, la minería y las prospecciones dejan dudas sobre el compromiso del gobierno de hacer cumplir esos derechos, lo que generó varias protestas.
A pesar de su larga historia, las comunidades indígenas diseminadas por el mundo tienen en común el estar bajo intensa presión por adaptarse a un sistema económico globalizado, que les ofrece algunos beneficios pero que usualmente destruye su tierra y su cultura y las convierte en especialmente vulnerables a fenómenos como el cambio climático.

Comunidades simples, no grandes proyectos de desarrollo

El pueblo de Ustupu en el semi-autónomo territorio kuna, en el archipiélago de San Blas, en el este de Panamá, procura
un estilo de vida simple y sostenible. Crédito: Nicolas Villaume, Land is Life.

La vida es difícil para las comunidades de montaña, en especial porque el impacto del cambio climático se hace cada vez más evidente, indicó Matthew Tauli, integrante de la comunidad indígena Kankana-ey Igorot, en la región montañosa de Filipinas.
“Necesitamos cosas pequeñas y sencillas, no grandes obras económicas de desarrollo como grandes represas o proyectos de minería”, dijo Tauli a IPS.
Se estima que en Filipinas viven entre 14 y 17 millones de indígenas pertenecientes a 110 grupos etnolingüísticos, que representan casi 17 por ciento de los 98 millones de habitantes.
El estilo de vida tradicional de una gran proporción de indígenas está en riesgo, en especial por el desplazamiento forzado y la destrucción de sus tierras ancestrales, según la ONU.

Protectores de la naturaleza

Como en otras partes del mundo, las comunidades originarias desde Luzón, uno de los tres grandes archipiélagos de Filipinas, a Mindanao, la mayor de las islas del sur, luchan para resistir a las formas destructivas del desarrollo.
Su lucha es similar a la de otras regiones, en especial en países como India, donde viven 107 millones de indígenas en tribus, como se denomina a las comunidades originarias, también llamados localmente adivasis.
“Resistimos los esfuerzos del gobierno de hacernos cultivar y plantar los mismos cultivos en vastas áreas”, relató a IPS el adivasi K. Pandu Dora, del meridional estado indio de Andhra Pradesh.
Ese estado tiene 49 millones de habitantes y, según el censo de 2011, las tribus constituyen 5,3 por ciento de la población total, poco menos de tres millones de personas.
El pueblo de Dora habita en lo alto de la montaña, donde practican la rotación de cultivos en una relación íntima con los ciclos de la naturaleza.
Las tribus vecinas que siguieron el consejo de las autoridades de adoptar métodos agrícolas modernos con fertilizantes químicos y monocultivos están atravesando dificultades, explicó Dora por medio de un traductor.
Con 70 por ciento de las comunidades agrícolas y tribales por debajo de la línea de pobreza, las prácticas agrícolas no sostenibles representan un desastre potencial para millones de personas.
El cambio climático ya causa estragos a la hora de cultivar y cosechar, perturba los ciclos naturales a los que están acostumbradas las comunidades rurales.
A diferencia de los agricultores atrapados en los programas impulsados por le gobierno, la comunidad de Dora respondió aumentando la diversidad de cultivos y confiando en su capacidad de innovación.
“Encontraremos nuestra propia respuesta”, remarcó.
En el continente africano, en la zona seca de Kenia, los pequeños agricultores que dependen de una diversidad de cultivos siguen bien, destacó Patrick Mangu, etnobotánico del Museo Nacional de Nairobi.
“La señora Kimonyi nunca tiene hambre”, dijo Mangu a IPS, al describir el terreno de una hectárea de esta campesina, quien tiene 57 variedades plantadas de cereales, leguminosas, raíces, tubérculos, frutas y hierbas.
La diversidad, principalmente de variedades locales que producen alimento casi todos los días del año, es la que permitió amortiguar el impacto de la sequía para Kimonyi, aseguró.
Casi la mitad de los 44 millones de habitantes de Kenia son pobres, la gran mayoría viven en zonas rurales de las regiones central y occidental del país.
El aprovechamiento de métodos agrícolas tradicionales puede significar una importante mejora en los ingresos, la salud y la seguridad alimentaria en el vasto cinturón agrícola de ese país africano, pero el gobierno todavía debe avanzar en esa dirección.
En el mundo, los bosques mejor protegidos están cuidados por pueblos indígenas, remarcó Estebancio Castro Díaz, de la nación kuna, en el sudeste de Panamá. Por ejemplo, más de 90 por ciento de las selvas controladas por ellos todavía se mantienen.
Pero no sucede así en el resto de ese país centroamericano, que perdió 14 por ciento de su cobertura forestal tan solo entre 1990 y 2010.
“La selva es un supermercado para nosotros, no se trata solo de madera. El control local de los bosques también trae otros beneficios para toda la sociedad”, explico Díaz.
Como los árboles absorben dióxido de carbono, responsable del recalentamiento global, los bosques saludables resultan un instrumento importante en la lucha contra el cambio climático. Las selvas controladas por comunidades locales absorben 37.000 millones de toneladas de CO2 al año, dijo a IPS la relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.
“En Guatemala, los bosques a cargo de comunidades locales tienen 20 veces menos deforestación que las que gestiona el Estado; en Brasil es 11 veces menos”, observó Tauli-Corpuz.
Pero muchos gobiernos ni reconocen el derecho a la tierra de los pueblos indígenas ni su forma de gestión, añadió.
El problema general cuando se trata del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad y de llevar una vida sostenible es que requiere cambiar el actual sistema económico creado para dominar y extraer recursos de la naturaleza, observó Tauli-Corpuz.
“La educación y el conocimiento modernos tratan principalmente de cómo ejercer un mejor dominio sobre la naturaleza. Nunca se trata de cómo vivir en armonía con ella”, apuntó.
“Vivir bien es tener una buena relación con la Madre Tierra y no depender de la dominación ni de la extracción”, resumió.
—
Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Verónica Firme
-— Fuente: IPS: http://www.ipsnoticias.net/2015/05/vivir-como-los-indigenas-de-la-selva-a-las-montanas/

Represa gigante en Etiopía expulsaría a 200 mil indígenas

El lago Turkana es conocido como “la cuna de la humanidad”. La supervivencia del pueblo Kwegu, que vive en su entorno, correrá riesgo si se concreta el proyecto de la represa Gibe III. Crédito: CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons

Por Chalachew Tadesse
IPS, 20 abril, 2015.- Una misión de la Unesco evaluará este mes el impacto socioambiental que tendrá en Etiopía el proyecto de la represa hidroeléctrica Gilgel Gibe III, una de las mayores de su tipo en África y que pondrá en peligro la supervivencia de 200.000 habitantes indígenas, según denuncian activistas.
La visita de la delegación de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), anunciada por la cadena de noticias etíope FBC, se supo mientras que la organización Supervivencia Internacional advertía que el pueblo kwegu, del sudoeste de Etiopía, padece una grave hambruna debido a la destrucción de los bosques y la desecación del río de su zona.

“Desde que comenzó la obra de la represa en 2006, organizaciones internacionales de derechos humanos acusaron al gobierno etíope de expulsar a los indígenas del valle bajo del Omo y de poner en peligro a la comunidad del lago Turkana”

Desde que comenzó la obra de la represa en 2006, organizaciones internacionales de derechos humanos acusaron al gobierno etíope de expulsar a los indígenas del valle bajo del Omo y de poner en peligro a la comunidad del lago Turkana.
La organización, con sede en Gran Bretaña, vinculó la crisis alimentaria de los kwegus a la construcción de la represa Gibe III y al riego a gran escala en la región, que privan a la población autóctona del agua y la pesca.
La represa está 90 por ciento construida, según un comunicado oficial, y podría comenzar a generar electricidad después de la temporada de lluvias en agosto. La obra se erige sobre el río Omo, que desemboca en el lago Turkana y al cual le aporta 90 por ciento de su agua.
El lago Turkana es el mayor del mundo en un entorno desértico y yace principalmente en el noroeste de Kenia, pero su extremo norte se interna en Etiopía.
La construcción de la represa generó preocupación por el valle bajo del Omo y el lago Turkana, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
El valle es uno de los lugares con mayor diversidad cultural del planeta, donde excavaciones arqueológicas hallaron restos humanos de más de 2,4 millones de años, y el lago, de una antigüedad de cuatro millones de años, es considerado “la cuna de la humanidad”.
La Unesco no logró que Etiopía detuviera la construcción de la represa para permitir un análisis independiente del posible impacto de la obra. El gobierno sostiene que ya realizó una evaluación conjunta con una empresa de consultoría internacional financiada por el Banco Mundial.
Esa evaluación concluyó que la represa regularía el flujo de agua y no tendría efectos negativos en el lago Turkana, según declaró el ministro de Agua y Energía, Alemayehu Tegenu, a la cadena FBC en marzo.
Pero esa opinión es disputada. Fuentes fidedignas sostienen que la obra afectará considerablemente los medios de vida de 200.000 indígenas en la zona de Turkana y el valle bajo del Omo, incluidos los pueblos mursis, bodis, kwegus y suris.
Las plantaciones comerciales de Etiopía a lo largo del río podrían reducir la corriente del Omo hasta el lago Turkana en un 70 por ciento, informó el diario británico The Guardian. El lago alberga al menos 60 especies de peces y sostiene otros animales que son la principal fuente de sustento de la población circundante. Los cultivos también pueden contaminar el agua con productos químicos y nitrógeno.
Crece el temor de que la represa agote los recursos de la zona y provoque conflictos entre distintas comunidades del frágil ecosistema del lago Turkana. Un informe de la organización británica Fondo de Alimentos Sostenibles señala que el “riego agrícola a gran escala en regiones secas provoca el agotamiento del agua y la salinización del suelo”.
“Este lugar se convertirá en un campo de batalla incontrolable y sin fin”, advirtió Joseph Atach, subjefe de la aldea Kanamkuny, en Turkana, en entrevista con The Guardian. La reducción de la pesca tendrá “enormes repercusiones para las 200.000 personas que dependen del lago para su subsistencia”, sostuvo Felix Horne, investigador de la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
Se prevé que la represa proporcione el riego a la plantación estatal de caña de azúcar Kuraz y otros emprendimientos comerciales de algodón, arroz y aceite de palma.
Según información de la Unesco, la plantación de Kuraz “privaría al lago Turkana de 50 por ciento de su ingreso de agua” lo que provocaría un descenso de 20 metros en el nivel del lago y un retiro de la costa norte de hasta 40 kilómetros.
En una respuesta por correo electrónico a IPS, Horne calculó que “entre 20 y 52 por ciento del agua del río Omo podría no llegar al lago Turkana, según la tecnología de riego que se use”.
Yared Hailemariam, activista etíope por los derechos humanos y otrora político opositor, con sede en Bélgica, concuerda en que la principal amenaza para el lago Turkana son las plantaciones de caña de azúcar.
“Las futuras negociaciones de la Unesco con el gobierno deben centrarse principalmente en las plantaciones de caña de azúcar y no en la reducción del tamaño de la represa hidroeléctrica”, recomendó en diálogo con IPS vía Skype.
Desde que comenzó la obra de la represa en 2006, organizaciones internacionales de derechos humanos acusaron al gobierno etíope de expulsar a los indígenas del valle bajo del Omo y de poner en peligro a la comunidad del lago Turkana.
En 2012, Human Rights Watch advirtió que “el gobierno estaría desplazando a comunidades indígenas dedicadas a la ganadería sin consultar ni indemnizar debidamente a estas personas, para abrir paso a nuevas plantaciones azucareras administradas por el Estado”.
Con respecto a los métodos de desalojo de los indígenas empleados por el gobierno, Horne dijo que “la fuerza directa que se veía” al principio “fue sustituida por la amenaza de la fuerza, junto con los incentivos, incluido el acceso a la ayuda alimentaria si las personas se trasladan a las aldeas nuevas”.
Mientras tanto, la postura de Kenia también es cuestionada. Horne y Argaw Ashine, periodista ambiental etíope exiliado, temen que esta haya acordado con el gobierno de Etiopía la compra de electricidad de Gibe III a un precio con descuento.
Los estudios sostienen que Kenia podría obtener más de 300 megavatios de electricidad de la futura represa.
“Al gobierno de Kenia le preocupa más la economía urbana industrial, sedienta de energía, que la marginada tribu de Turkana”, sostuvo Argaw.
“La situación de los kwegus es sumamente grave”, advirtió Elizabeth Hunter, de Supervivencia Internacional.
Su organización “recibió informes muy alarmantes de que se están muriendo de hambre, y esto se debe a que cazan y pescan y cultivan plantas junto al río Omo. Ahora, mientras le hablo, todo ese medio de sustento está siendo destruido”, recalcó.
Editado por Lisa Vives-Phil Harris/Traducido por Álvaro Queiruga
— Fuente: IPS: http://www.ipsnoticias.net/2015/04/represa-gigante-en-etiopia-expulsaria-a-200-000-indigenas/

Desajustes entre conservacionistas e indígenas en el terreno

La selva solía ser de los bakas, pero ya no. Andamos por ella, según la estación, pero ahora tenemos miedo, coincidieron integrantes de la comunidad baka de Camerún. Crédito: Survival International.

Por Lyndal Rowlands
IPS- Indígenas y defensores de la vida silvestre tienen objetivos y adversarios en común, pero parecen tener dificultades para coordinar la lucha por un uso sostenible de los bosques, según muestran diversas experiencias y estudios.
Un ejemplo es lo que sucede con el modo de vida de los pigmeos baka, en Camerún, que ayuda a preservar un hábitat mejor para los animales salvajes.
Cuando ellos limpian una parte del bosque, el claro se vuelve una espacio secundario preferido por los gorilas, dijo Mike Hurran, del capítulo africano de Survival International, al ser consultado por IPS.

“Cuando el tráfico de vida silvestre y el comercio de carne de animales salvajes hace que su número disminuya, los primeros que sufren son los pueblos indígenas que los necesitan para su supervivencia”: James Deutsch.

“Cuando recogen el ñame silvestre que crece en el bosque, siempre dejan una parte de la raíz intacta para que se propague por el bosque, pues le encantan a los elefantes y cerdos salvajes”, indicó.
Tienen “códigos sofisticados sobre conservación” y han vivido de manera sostenible por generaciones siguiendo “el camino de sus ancestros”.
Pero la selva donde viven los bakas está sometida a varias presiones: la tala, la minería y la caza furtiva.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el negocio del tráfico de vida silvestre asciende a unos 23.000 millones de dólares al año, lo que supone un riesgo para las especies en peligro y arruina las oportunidades de lograr un desarrollo sostenible.
En el terreno, luchar contra los delitos que atentan contra la vida silvestre es cada vez más difícil. Los cazadores furtivos, respaldados por las mismas organizaciones criminales internacionales que trafican drogas y personas, emplean técnicas cada vez más sofisticadas.
Además, los bosques sufren una presión cada vez mayor por la explotación de recursos. La minería y la tala destruyen los hábitats e instalan a miles de trabajadores que también cazan, comen y comercializan animales salvajes.
“Cuando el tráfico de vida silvestre y el comercio de carne de animales salvajes hace que su número disminuya, los primeros que sufren son los pueblos indígenas que los necesitan para su supervivencia”, explicó a IPS el vicepresidente de Wildlife Conservation Society, James Deutsch, quien también es estratega para la conservación.
Deutsch dijo que los conservacionistas y los pueblos indígenas tienen adversarios en común en las organizaciones para delinquir y en la industria extractiva.
A Survival International le preocupa que aunque los conservacionistas han expresado en los últimos años un mayor compromiso para trabajar con las comunidades indígenas, no siempre se cumple en el terreno.
“Lo que hacen los escuadrones que combaten la caza furtiva, y por extensión las organizaciones conservacionistas que los financian, es concentrarse en los más débiles, los que cazan para alimentar a sus familias, como lo vienen haciendo desde hace generaciones”, explicó Hurran.
“Las brigadas que hace cumplir las leyes sobre vida silvestre pueden ser corruptas o no tienen mucho respeto por los derechos humanos de pueblos autóctonos, como los bakas”, indicó.
“Nos dijeron que aun cuando cazan en zonas especiales con técnicas reconocidas como tradicionales y legales y cazan solo para su consumo, no para vender, a veces les confiscan la carne, los hostigan y los golpean”, añadió.
Survival International mencionó a organizaciones internacionales específicas que financian a las brigadas contra la caza furtiva, entre las que se encuentra el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en Camerún.
En una declaración entregada a IPS, WWF señala: “En el terreno, promover el estatus y los derechos de las comunidades indígenas a la vez que se protegen los recursos vitales para ellos y la comunidad global es extraordinariamente difícil”.
La organización reconoce que los parques necesitan gente, y que modelos como la Gestión Comunitaria de Recursos Naturales, perseguida por WWF desde hace años, ha permitido que muchos de ellos estén poblados.
“WWF está abierta a la colaboración en estos temas. (La organización) se compromete a ayudar con la investigación de la Comisión Nacional para la libertad y los Derechos humanos de Camerún sobre las presuntas violaciones perpetradas por Ecoguards y militares, y revisar la experiencia de campo y nuestras actividades de apoyo a los bakas y a la protección de los bosques”, señala.
Deutsch también coincidió en la necesidad de colaboración, pues se necesita una mayor asociación entre organizaciones de derechos humanos y defensoras del ambiente para atender los complejos desafíos que supone la conservación.
Survival International también dijo que Wildlife Conservation Society financia brigadas contra la caza furtiva similares en el Congo.
“Los conservacionistas deben comprometerse a asociarse con los pueblos indígenas porque es la única forma en que podamos encontrar un futuro para la vida silvestre. Pero también para hacerlo de forma que se respeten los derechos humanos y las comunidades tradicionales”, remarcó Deutsch, quien durante 11 años dirigió programas de la Wildlife Conservation Society en África.
También dijo que las soluciones no eran simples y requerían perseverancia y trabajar con las comunidades en el terreno.
Un aspecto en el que coinciden es en la falta de leyes nacionales e internacionales que protejan a los pueblos indígenas.
La declaración de WWF señala que entre las complicaciones se destaca la “falta de reconocimiento legal o en la práctica del derecho consuetudinario y la falta de conocimiento, compromiso e infraestructura necesaria para respaldar la agenda internacional de derechos humanos”.
Survival International también reconoce que las leyes nacionales e internacionales deben ofrecer una mayor protección a las comunidades indígenas, tanto en el papel como en la práctica.
“Los criterios que deben cumplir los bakas para poder cazar de forma legal son muy estrictos e irreales, por lo que suelen ser considerados cazadores furtivos, cuando no lo son”, explicó Hurran.
“Para muchas comunidades y pueblos indígenas, el uso sostenible de la vida silvestre y de la flora con fines medicinales y de alimentación es fundamental para su supervivencia”, explicó el director del Grupo de Desarrollo Sostenible del PNUD, Nik Sekhran, en el marco del Día Mundial de la Naturaleza, el 3 de este mes, en la sede del foro mundial.
Los beneficios económicos del turismo salvaje suelen identificarse como una de las razones importante para apoyar la conservación de la vida silvestre en los países en desarrollo. Sin embargo, los ingresos por esa actividad no siempre llegan a las comunidades más pobres.
“Es un desafío particular para muchos pueblos de cazadores recolectores”, subrayó Deutsch.
“Hay muchos casos en que se fomenta el turismo salvaje con la intención de beneficiar a los cazadores recolectores y, aun así, es difícil asegurarse de que reciban los beneficios porque tienen menos posibilidades para lidiar con la resultante melé por los recursos”, añadió.
Editado por Kitty Stapp / Traducido por Verónica Firme
__ Fuente: IPS: http://www.ipsnoticias.net/2015/03/desajustes-entre-conservacionistas-e-indigenas-en-el-terreno/

Publicación explora relación de indígenas con espacios patrimonio de la humanidad

- Autores de Norteamérica, Australia y África aportan al debate sobre de qué manera afecta la Convención sobre Patrimonio Universal a los pueblos indígenas.
10 de diciembre, 2014.- En el marco de las actividades del Congreso Mundial de Parques, celebrado en Sidney el pasado mes de noviembre, se presentó el libro World Heritage Sites and Indigenous Peoples’ Rights.
El texto recopila 20 estudios de caso de lugares patrimonio de la humanidad de todo el mundo, a la vez que incluye relevantes artículos de referencia.
Dichos estudios exploran y documentan, desde una perspectiva de derechos humanos, las experiencias de los pueblos indígenas en los lugares calificados como patrimonio de la humanidad y en relación con los procesos de la Convención sobre Patrimonio Universal.
Asimismo, cada estudio identifica las inquietudes y los recortes en la implementación de la Convención, a la vez que da cuenta de las oportunidades que esta ofrece a los pueblos indígenas y a la promoción y defensa de sus derechos humanos.
Durante el evento, algunos de los autores del libro compartieron las experiencias recogidas en el documento. Autores de Norteamérica, Australia y África aportaron al debate sobre de qué manera afecta la Convención sobre Patrimonio Universal a los pueblos indígenas, si les favorece o no.
Ellos resaltaron que depende de la voluntad política de los gobiernos nacionales el garantizar el respeto por los derechos de los pueblos indígenas en el marco de la implementación de la Convención sobre Patrimonio Universal.
En ese sentido, recomendaron ampliar los mecanismos de participación de los pueblos indígenas en los procedimientos del Comité del Patrimonio Mundial. También sugirieron una serie de reformas focalizadas en la transparencia y el aumento de la participación en los procesos de la Convención.

Patrimonio y territorios ancestrales

Una gran parte de los más de 1000 lugares que son patrimonio de la humanidad designados por la Convención sobre Patrimonio Universal de 1972, se encuentran total o parcialmente en territorios ancestrales de los pueblos indígenas.
Esto implica que dichos lugares tienen un gran significado para sus medios de subsistencia y su bienestar espiritual, social y cultural.
Los lugares denominados Patrimonio de la Humanidad pueden jugar un rol positivo en la defensa de los pueblos indígenas frente a las presiones para el desarrollo, ayudándolos a proteger sus tierras y territorios, su cultura y su herencia.
Sin embargo, a lo largo de la historia de la Convención, han sido frecuentes las quejas de los pueblos indígenas sobre violaciones de sus derechos en los lugares patrimonio de la humanidad.
Los principios de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DDPI) son requisitos que deben aplicarse en el trabajo de las agencias de la ONU, como es el caso de la UNESCO.
Desde la adopción de la DDPI en 2007, ha habido un aumento de los esfuerzos por mejorar la implementación de la Convención sobre Patrimonio Universal, con el objetivo de asegurar que se respetan los derechos de los pueblos indígenas en los lugares que son patrimonio.
World Heritage Sites and Indigenous Peoples’ Rights (“Patrimonio de la humanidad y derechos de los pueblos indígenas”) servirá de herramienta a los pueblos indígenas así como a la UNESCO y los gestores de los lugares patrimonio de la humanidad.
Además contribuirá al debate sobre los cambios y acciones que deben llevarse a cabo para asegurar que los lugares patrimonio de la humanidad ejerzan un rol positivo y consistente con lo consagrado en la DDPI.
Traducido por María Khoury Arvelo para SERVINDI e IWGIA.
__
Con información de IWGIA

Escalada de expulsiones de la tribu sengwer: “El Gobierno de Kenia nos empuja a la extinción”

Los guardas forestales prenden fuego a los hogares de la tribu sengwer en las colinas Cherangany de Kenia.

© Justin Kenrick/ Survival

Una campaña del Gobierno keniata en contra de una de las pocas tribus cazadoras-recolectoras que quedan en el este de África subió de intensidad, a medida que las expulsiones se disparan en la totalidad de su hogar ancestral.
Los sengwer han protegido por siglos las colinas Cherangany, en Kenia occidental, pero el Gobierno los está forzando a salir de sus hogares en nombre de la salvaguarda del suministro urbano de agua y de la protección del bosque.
Cuando se hizo evidente que los planes del Gobierno apuntaban a expulsar a los sengwers no solo de una parte, sino de la totalidad de sus tierras ancestrales, un hombre sengwer describió la situación como “un desastre. El Gobierno de Kenia nos está empujando a la extinción”.
Al menos unos mil hogares ya han sido incendiados en el bosque de Embobut, en la colinas de Cherangany, junto a mantas, alimentos almacenados, cubertería de cocina y materiales escolares.
Ahora se preveen desalojos en el resto de las colinas. Esto significa que decenas de miles de sengwers, habitantes originarios de esas tierras, serán expulsados de sus hogares.
El Gobierno está violando los tratados internacionales y de derechos humanos, así como la propia constitución y sentencias judiciales del país. Un juez del Tribunal Supremo ordenó recientemente que cualquiera que desafiara los fallos judiciales en contra de las expulsiones debería ser arrestado, pero la policía se movilizó entonces para asistir al Servicio Forestal de Kenia con los desalojos.
El Servicio Forestal de Kenia es un cuerpo de seguridad forestal financiado por el Banco Mundial y el Gobierno finés, que ha estado prendiendo fuego a los hogares de los sengwers durante diez días.

Guardas forestales llegan al bosque Embobut de Kenia para preparar las expulsiones.

© FPP

Para justificar su comportamiento, el Gobierno ha descrito a los sengwers como “invasores” que han aceptado dinero para ser reasentados.
En realidad, a muy pocos de los sengwers les fue ofrecida compensación alguna, y quienes recibieron el ofrecimiento no consintieron irse.
Tal y como enfatizó el portavoz sengwer, Yator Kiptum, Embobut es la tierra comunal de los sengwers, de acuerdo a lo reconocido por el propio Gobierno en el pasado. “Los sengwer no son usurpadores ni desplazados internos, sino una comunidad indígena que vive en el interior de sus tierras ancestrales y territorios, y el bosque Embobut es parte de estos”.
Los sengwers están haciendo un llamamiento para que su caso sea llevado legalmente por la Comisión Nacional de Tierras de Kenia y así, conjuntamente con el Programa para los Pueblos de los Bosques, poder continuar su reclamo internacional.