Minería asecha a los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana

Hace muchos años, la vasta riqueza de la Amazonía atrajo a grandes empresas extractivistas para explotar la misma. Entre los que se sienten llamados a esta actividad están los mineros que, como focos de infección en lugares calientes, se irradian en distinos puntos de esta región. La amazonía venezolana no es la excepción de este mal y actualmente sufre las consecuencias de la extracción minera que atenta los derechos de la madre tierra y de los indígenas que la habitan, quienes muchos de ellos perdieron la vida por su causa.
Pasaron 24 años de la “Masacre de Haximú”, en la que fueron asesinados 16 indígenas Yanomami por mineros ilegales brasileros, llamados garimpeiros, en el extremo sur-este del estado Amazonas, Venezuela. Ese asesinato develó la presencia violenta e incontrolada de cientos de mineros ilegales provenientes de Brasil, presencia que pese a ese hecho no fue controlado por el Estado venezolano, pues en la actualidad hay evidencias de garimpo en toda la zona del Alto Ocamo, en el Siapa y en otras zonas del extremo sur-este de Venezuela, tal como relata el libro “Minería en la Amazonía Venezolana” de Luis Jesús Bello y Aimé Tillett [accesible en http://laboratoriosdepaz.org/wp-content/uploads/2016/08/Mineri%CC%81a-en-la-Amazoni%CC%81a-Venezolana.pdf].
Esa investigación, promovida por el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía (Wataniba) junto con la Red Jurídica Amazónica (RAMA), no solo habla de la minería ilegal sino también muestra la ejecución de la nueva política minera del Estado venezolano, promovida desde 2011 por el Gobierno de Hugo Chávez y ratificado por Nicolás Maduro. Dicha política incluye exploración y explotación de minerales como oro, diamante u otros meales preciosos al sur del Orinoco, con el megaproyecto del Arco Minero del Orinoco.
Megaminería desde el Estado
El Arco Minero del Orinoco abarca una zona de 114 mil kilómetros cuadrados en el sureste de Venezuela, en el estado Bolívar, convirtiéndola en el complejo minero más grande del país caribeño. Llega a algunas comunidades de los estados de Amazonas y Delta Amacuro. Atraviesa selvas como Imataca, La Paragua y El Caura, que en conjunto hacen más de ocho millones de hectáreas, además de las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní, de acuerdo con el texto "El Arco Minero del Orinoco: ambiente, rentismo y violencia al sur de Venezuela" por Carlos Egaña.
Este proyecto fue activado en febrero de 2016 por el Gobierno de Nicolás Maduro y forma parte de las 15 propuestas impulsadas parasa salir de la crisis económica. En éste está contemplada la participación de diferentes países, entre ellos China, y de 150 empresas trasnacionales. Asimismo, es parte del Plan de la Patria 2013 - 2019, propuesta de Gobierno de Maduro, acorde con las metas establecidas en el Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Si bien, dicho Plan habla de “salvar el Planeta y a la Humanidad”, la mayor parte de su contenido revela una profundización superlativa del modelo económico-político primario, extractivista y rentista basado en el petróleo y la minería, explica el prólogo del libro “Minería en la Amazonía Venezolana”, escrito por el antopólogo y rector de la Universidad Experimental Indígena del Tauca, Esteban Emilio Mosonyi. Allí se señala que el Plan de la Patria casi no habla de los pueblos indígenas y menos todavía de sus derechos constitucionales. “Sus tierras, partiendo de la nueva lógica extractivista y ultradesarrollista, ya no podrían ser demarcadas ni tituladas”, asevera. De ese modo, con el proyecto de Orinoco “se intenta ampliar el espectro del anclado rentismo petrolero, pasando a un extractivismo minero generalizado, y esto no sólo a costa de las graves consecuencias ambientales, sino de las amenazas a la vida colectiva de los pueblos indígenas”, señala la presentación del libro.
La exploración de los territorios del Arco Minero incidirá de manera directa en los territorios indígenas de 12 pueblos como los yekuanas, piaroas, pemón, arawak, piapoco, entre otros, a quienes no se hicieron consulta previa tal como establece a Constitución de Venezuela según denunció la ex ministra de Ambiente del gobierno de Hugo Chávez, Ana Elisa Osorio, en su ponencia en el Seminario "Claves para la Reconstrucción del Proyecto Nacional". Asimismo, Osorio explicó que este proyecto no cuenta con un estudio de impacto ambiental, y que además de afectar a las cuencas y a los bosques provocará el desplazamiento de los indígenas. Por ese motivo, en noviembre de 2016, activistas señalaron en una AUDIENCIA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su preocupación por las consecuencias y la afectación a los derechos humanos.
Similar experiencia se dio con la explotación ilegal de coltán, al suroeste del estado Bolívar y norte del estado Amazonas, que según denuncias tuvo un fuerte impacto ambiental -al igual que en otras partes del mundo- en toda la cuenca del río Parhuaza, habitado por Piaroas y otros puebos indigenas. De ahí, el temor de los críticos del proyecto del Orinoco., quienes señalan que si la minería artesanal trajo consecuencias catastróficas para esas comunidades, “la amenaza megaminera se impone como una sentencia de muerte” de los indígenas de la Amazonía venezolana.
¡Agua sí, mina no!
¡Vida sí, mina no!

 Movimiento Regional por la Tierra y Territorios

Waramasen | Comunidades indígenas expresamos descontento ante el incumplimiento del gobierno.

DECLARACIÓN DE ASAMBLEA DE WARAMASEN

Comunidades Indígenas del Pueblo Pemón, Akawaio, Arawako, Kariña   pertenecientes a los sectores III, IV, V, VI, VII, y VIII, manifestamos nuestro descontento ante la falta de palabra por parte de los funcionarios de los diversos ministerios, en virtud de su burla sistemática ante las solicitudes elevadas a las instancias correspondientes para abordar el Título de Propiedad Colectiva de nuestras tierras y hábitats, según lo consagran los artículos 119 de nuestra Carta Magna, Art. 20 y 28 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.La reunión fue acordada con la Ministra Aloha Núñez, quien menciono la ida de los funcionarios con competencia en las diversas materias planteadas más los funcionarios delegados por los Ministerios han demostrado su falta de conocimiento en el tema. A excepción de los funcionarios del Ministerio de Petróleo que buscaron solución conjunta a las situaciones planteadas, irrespetando los esfuerzos de las autoridades legítimas en los costos realizados para trasladarse a la reunión, especialmente las comunidades que se trasladan en avión, más los costos de alimentos y logística en general.
Por otro lado, nos preocupa sobre manera el intenso lobby que algunos funcionarios de MINPPPI y Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico han estado realizando en comunidades indígenas entre diciembre 2016 y enero 2017 para buscar la aceptación de ciertas empresas encargadas de procesamiento de oro con cianuro, interés que no se ve reflejado en la búsqueda de soluciones para resolver la deuda asociada a la titularidad así como la atención hacia temas relacionados con la salud, educación, seguridad, turismo y el buen vivir del pueblo Pemón. Los protocolos de consulta libre previa e informada, que forman parte de las leyes de vanguardia de la Revolución Bolivariana en materia cultural y ambiental no han sido asumidos por el ente rector de la materia.
Expresamos nuestro carácter de pueblo de paz, chavista y revolucionario, lo cual no puede ser usado más como chantaje para encubrir la omisión de los Ministerios del Poder Popular de nuestro gobierno, como garante del cumplimiento de los derechos indígenas han incursionado.
Se plasma en esta situación un mecanismo de doble moral. Por una parte, los pemones somos acusados de mineros y que por esa razón, el MINPPPI y otros entes argumentan que de allí surge nuestro interés de la titularidad, y por otro lado, vemos en la acción, una exagerada atención hacia buscar entre algunos sectores indígenas, proyectos para el desarrollo minero.
Estamos cansados de ser utilizados, del vilipendio al que hemos sido objeto de forma reiterada ante las autoridades. Y sobre todo estamos cansados de que no se busque una solución estructural al tema de Titularidad de Propiedad Colectiva.
Hemos hecho entrega de proyectos en el área de turismo y agro productivo para contribuir a la diversificación económica, pero el apoyo ha sido muy poco para no decir nulo.
Denunciamos además que pese a las innumerables solicitudes para abordar la situación de violencia producto de bandas armadas que han cobrado la vida de indígenas, además de instaurar espacios donde solo la ley del pran manda, los esfuerzos para garantizar la paz han sido insuficientes.
Reconocemos como ningún otro actor lo ha hecho, la participación de algunos sectores del Pueblo Pemón en la actividad minera. Hemos sido nosotros los que hemos tomado la iniciativa ante las autoridades para denunciar de forma categórica la situación actual, sin embargo, esto parece no ser relevante a la hora de buscar soluciones.
La minería no permisada al sur del Estado Bolívar, ha estado siendo ejercida por años por parte de personas no indígenas. Hasta permisos ambientales fueron otorgados para vulnerar espacios indígenas. Han pasado los años y la migración del Pueblo Pemón hacia la minería es multifactorial, con esto queremos decir, que no obedece a un patrón espontáneo de unos indígenas a los que no les duele su tierra. Hemos sido testigos de la impunidad ante el contrabando de combustible, mercurio, alimentos y otros, hemos sufrido la ausencia de políticas sociales garantes de nuestro desarrollo como pueblo indígena venezolano, nos indigna que en la coyuntura actual seamos acusados de responsables de la actividad minera no permisada, quedando invisibilizado las mafias armadas, los mineros no indígenas de diferentes nacionalidades entre otros sujetos.
Deploramos las amenazas por grupos armados a los hermanos indígenas en el Municipio Sifontes, al Capitán General del Sector 7 y sus comunidades a lo largo del rio Ikabaru, también la omisión de las Fuerzas Armadas para el desalojo de mineros en tierras y habitas indígenas y la no consulta en elaborar políticas conjuntas en materia de Seguridad y Defensa en todo lo que afecte a los Pueblos y Comunidades indígenas según el art 11 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.
Exigimos la presencia del Presidente Nicolás Maduro Moros o en su defecto del Vicepresidente ejecutivo, igualmente al Ministro del Poder Popular para la Defensa o alguien que designe para abordar los temas expuestos y pedimos que se realice un llamado de atención para los Ministerios competentes, sobre su actuación ambigua ante las comunidades indígenas y de una vez por todas, sincerar y socializar toda la información sobre los planes y proyectos que el Estado venezolano pretende ejecutar en territorio del Pueblo Pemón. Y damos un plazo de 15 días continuos, a partir de hoy para que se instale:
1.- La Comisión de Demarcación y Titularidad de Tierras y Habitas Indígenas
2.- La Comisión de la Seguridad para combatir la inseguridad en Territorios Indígenas, y el seguimiento para el desalojo de los mineros no indígenas en territorio indígena.
3.- El Sector 7, en conjunto con los demás Sectores van a intervenir a lo largo del Rio Ikabaru ya que las Fuerzas Armadas omiten su función de protección y resguardo a las áreas indígenas.
4.- Designación de una comisión conjunta entre el Pueblo Pemón, Akawaio, Arawako y Kariña con el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas para la evaluación de las Políticas Públicas en materia indígena que afecte nuestras áreas.
Declaración emitida en Waramasen a los Diecisiete días del mes de febrero del Año Dos Mil Diecisiete.
Asamblea de Waramasen