Algunas poblaciones ocupan un lugar privilegiado en la historia de las luchas emancipadoras en México. Tienen ese espacio porque allí se han lanzado proclamas, planes o manifiestos libertarios o porque han sido el territorio en el que se han escenificado grandes combates sociales. Entre los primeros se encuentran, por citar algunos, Ayutla, San Luis Potosí o Ayala. Entre los segundos están localidades como Veracruz, Cananea y Río Blanco.
Probablemente, con el paso de los años, la comunidad indígena de Ostula, perteneciente al municipio de Aquila, en Michoacán, formará parte de la nomenclatura histórica que alimenta el imaginario de la gleba. Otras pequeñas comunidades, como La Realidad y Guadalupe Tepeyac, en Chiapas, o El Charco y Aguas Blancas, en Guerrero, ocupan ya un lugar central en el relato que da cuenta de las modernas luchas de liberación.
Santa María de Ostula se convertirá en referencia por dos razones distintas. La primera, porque allí se promulgó el pasado 13 y 14 de junio el Manifiesto de Ostula, que reivindica el derecho a la autodefensa indígena. La segunda, porque dos semanas después centenares de comuneros nahuas de esa localidad recuperaron más de 700 hectáreas de propiedad comunal ilegalmente ocupadas por poderosos caciques mestizos, en una época en la que se ha izado "la bandera blanca" en el campo.
El Manifiesto de Ostula es un documento de enorme trascendencia histórica, pues reivindica el derecho a la autodefensa indígena. Está redactado en el mismo tono y aliento con que fueron escritas las grandes proclamas contra la servidumbre del siglo XIX. No es una declaración de una organización político-militar clandestina. Fue aprobado por pueblos y comunidades indígenas de nueve estados de la República que asistieron como delegados a la 25 asamblea del Congreso Nacional Indígena en la región centro Pacífico del país.
La proclama advierte que los pueblos originarios padecen una guerra de exterminio neoliberal que pone en riesgo su seguridad, existencia y sobrevivencia. Denuncia la represión gubernamental y paramilitar en su contra, que ha provocado el asesinato y encarcelamiento de cientos de
dirigentes indígenas y la ocupación militar de sus territorios. Compara la situación que actualmente padecen los indígenas con la que se vivió durante la fase última de la dictadura de Porfirio Díaz.
El manifiesto explica cómo a lo largo de la historia, los pueblos indios han creado formas legítimas y legales para su autodefensa. Reivindica que, frente a la guerra de exterminio neoliberal que sufren, los indígenas tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 constitucional, a "organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus
libertades y derechos fundamentales y de su cultura y sus territorios".
Este derecho a la autodefensa cobra vida con la formación de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas de organización comunales, en tanto no violen los derechos humanos. Estas fuerzas son necesarias porque las instancias encargadas de impartir justicia son corruptas.
Escasos días después de su firma, la letra del Manifiesto de Ostula se hizo realidad en el mismo sitio de su proclamación. Ante la ausencia de autoridades estatales que defiendan su integridad, las comunidades de Ostula, Coire y Pómaro activaron su policía comunitaria, institución
responsable de resguardar las tierras y la seguridad de 23 localidades de la comunidad indígena.
La comunidad indígena de Ostula posee un territorio de más de 19 mil hectáreas, que se extiende del asentamiento costero de La Ticla a las sierras. Está integrada por 49 asentamientos diferentes. La comunidad fue reconocida en su personalidad y en sus propiedades ancestrales mediante la resolución presidencial del 27 de abril de 1964. Aunque es la legítima poseedora del paraje costero de La Canahuancera y cuenta con títulos de propiedad que datan de 1802 y 1803, los supuestos pequeños propietario de La Placita se lo habían arrebatado desde hace 45 años.
El 29 de junio pasado pistoleros al servicio de los caciques agredieron a tiros a un grupo de mil pobladores de Ostula que habían recuperado, pacíficamente y por la vía de los hechos, el paraje. El campesino Manuel Serrano resultó herido de bala. La policía comunitaria detuvo a cinco
agresores que posteriormente dejó en libertad. Otros tres fueron condenados moralmente y entregados al gobierno del estado. Los indígenas recuperaron la posesión de La Canahuancera.
Pero, más allá del hostigamiento de los caciques, las tierras comunales se encuentran amenazadas por dos proyectos sobre los que no han sido consultados: el Plan Regional para el Desarrollo Turístico Integral de la Costa de Michoacán y la carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas. Ambos buscan meter al mercado las tierras de las comunidades indígenas y campesinas de la región.
Una vez que recuperó la tierra, la comunidad de Ostula comenzó a trabajar en la edificación de un nuevo poblado, que será bautizado como Xayacalan, su nombre original. En cinco días construyeron 25 casas. Este terreno es el límite de la comunidad hacia el norte y la puerta de entrada a toda la región nahua.
En Ostula, El Coire y Pómaro no se instalaron casillas electorales. Los comuneros exigen el inmediato castigo de los responsables del ataque sufrido el pasado 29 de junio, y el respeto irrestricto a la posesión que la comunidad tiene sobre La Canahuancera y sobre todas las tierras
comunales que le pertenecen en forma inmemorial, así como el respeto y reconocimiento de su policía comunitaria.
La reivindicación de la autodefensa indígena sistematizada en El Manifiesto de Ostula es, simultáneamente, un viejo y profundo anhelo de los pueblos originarios de nuestro país, y una indicación del rumbo que su lucha ha tomado: la construcción de la autonomía de facto.
Luis Hernández Navarro.
"La Jornada", martes 7 de julio de 2009.
http://www.jornada.unam.mx/2009/07/07/index.php?section=opinion&article=017a2pol
08/07/2009
02/07/2009
Detienen a lamwen Mireya Figueroa tras cinco años de clandestinidad
La lamwen Mireya Figueroa de la Comunidad de Tricauco fue detenida ayer en la comuna de Pedro Aguirre Cerda en Santiago, tras permanecer cinco años en clandestinidad. Se le acusa de participar en el incendio del Fundo Poluco Pidenco de Mininco en diciembre del 2001.
Hasta el momento se sabe que está en la cárcel de Santiago, sin poder ser trasladada por una arritmia cardiaca provocada por los tratos impropios en su detención, sabiendo que padece de un cáncer de mama terminal.
Mireya Figueroa fue aprehendida por efectivos de inteligencia de Carabineros de Malleco que viajaron a Santiago luego de saber que frecuentaba la casa de su hija ubicada en 2 de abril con Ranquil, en Pedro Aguirre Cerda.
Gendarmería prepara su traslado al penal de Angol, allí la madre de cuatro hijos tendrá que enfrentar un juicio oral en el tribunal de la ciudad el próximo 8 de julio -el sexto sobre el mismo caso-, que se suma a los efectuados hasta ahora contra otros diez mapuche.
Ella decidió no presentarse al juicio oral por el caso en agosto del 2004. “Quizás me detengan, pero lucharé para que ello no ocurra. Me voy a presentar a la justicia. No quiero evadirla, pero sólo lo haré cuando el Estado me dé las garantías de un justo proceso. Cuando no haya testigos sin rostros ni pagados”, declaró Mireya Figueroa a “El Mercurio” en esos días.
La detenida será trasladada hoy a Angol, y lo más probable, según se informó, es que su defensa pida la aplicación de la media prescripción; es decir, la rebaja de la pena por el tiempo transcurrido desde la comisión del supuesto delito.
Pluco Pidenco
Por el incendio de los fundos Poluco y Pidenco fueron acusados bajo ley antiterrorista 11 comuneros mapuche, la mayoría dirigentes provenientes de todo Wallmapu, configurando un golpe represivo contra la Coordinadora Arauco Malleco, donde se esgrimieron las figuras jurídicas de “incendio terrorista” y “asociación ilícita terrorista”.
Estos predios en manos de forestal Mininco vienen siendo reivindicados por las comunidades del sector, principalmente Tricauco, desde la década de 1960, donde solo el control territorial en estos últimos años ha logrado reales avances.
Todos los acusados han sido procesados desde el 2003, quedando hoy resistiendo en la clandestinidad solo el Lonko de Chequenco Juan Millacheo Ñanco.
Delicada salud
Numerosas adversidades debió enfrentar la lamwen desde que asumió la clandestinidad, más allá de la traición y la manipulación de grupos políticos ajenos a nuestro Pueblo, su integridad física se vio en todo momento amenazada por las precarias condiciones habitacionales que sin embargo resistió.
El cáncer de mama se le fue agravando y expandiendo por todo el cuerpo. Actualmente recibe tratamiento quimioterápico que solamente se puede dar en Santiago, debiendo tomar además una gran cantidad de medicamentos para los dolores.
Llamamos a solidarizar con nuestra lamien que pudo permanecer mas de 5 años clandestina y que hoy afrenta una enfermedad que la deja entre la vida y la muerte y que seguramente buscaban los aparatos de inteligencia del estado fascista de bachellet terminar con ella en una celda.
Estaremos confirmando su traslado a Angol sabemos que familiares y amigos se encuentran con ella en las afuera de la cárcel y que pronto se pronunciaran al respecto.
Fuente: Pais Mapuche
Peticiones de solidaridad
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a 27 de Junio de 2009.
A LOS ORGANISMOS CIVILES NACIONALES E INTERNACIONALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS.
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, CIVILES Y POLÍTICAS.
A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES.
AL FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN (FNCR).
A LA OPINIÓN PÚBLICA.
ACCIÓN URGENTE POR EL CESE AL HOSTIGAMIENTO Y CRIMINALIZACIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS, YOLANDA CASTRO APREZA Y DANIEL ALFONSO LUNA ALCÁNTARA.
Preocupados por el clima de vulnerabilidad que padecen diversos defensores de los derechos humanos en México, y particularmente por la situación de acoso que enfrentan integrantes de diversos organismos civiles de derechos humanos y personas de organizaciones sociales en el estado de Chiapas, cuya integridad física, emocional, psicológica y moral está siendo puesta
en riesgo, nos dirigimos a ustedes solicitando su apoyo solidario para que cese esta situación.
Como ha sido público a través de los medios de comunicación, en fechas recientes se ha intensificado una situación de hostigamiento hacia personas del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", de la organización Maderas del Pueblo del Sureste y de diversas
organizaciones sociales en el estado de Chiapas.
Dentro de éstas últimas está el caso de los defensores de los Derechos Humanos Yolanda Castro Apreza y Daniel Alfonso Luna Alcántara, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), quienes además de padecer constantemente de hostigamiento y vigilancia por parte de cuerpos policíacos y agentes vestidos de civil, hoy pesa sobre ellos la intención
gubernamental de integrar expedientes y averiguaciones previas en su contra bajo la consigna de vincularles a "células armadas". Este acto tendiente a criminalizar la actividad política legal que desempeñan como defensores de derechos humanos, atenta contra su seguridad e integridad
personal, así como la de sus familiares y personas con que colaboran.
Trayectorias de Yolanda Castro Apreza y Daniel Alfonso Luna Alcántara en la defensa y promoción de los Derechos Humanos en Chiapas.
Yolanda Castro Apreza tiene una larga trayectoria en el acompañamiento y defensa de los derechos de las mujeres en Chiapas: fue cofundadora del movimiento feminista desde 1986; ha sido asesora de cooperativas de mujeres indígenas artesanas desde 1991, principalmente en la cooperativa
Jolom Mayaetik (Tejedoras Mayas); en el contexto del conflicto armado surgido en 1994, impulsó y formó parte de la Convención Estatal de Mujeres Chiapanecas, así como de las Brigadas de Observación Civil en comunidades indígenas; en 1995 fue cofundadora de la asociación civil K'inal Antsetik (Tierra de Mujeres), espacio desde el cual ha impulsado la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los feminicidios.
Más recientemente, como integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Yolanda Castro ha sido responsable de promover e impulsar la participación política de las mujeres, así como la defensa de sus derechos; en congruencia con lo cual, públicamente se sumó al
acompañamiento de la lucha de las mujeres familiares de Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Francisco Paredes Ruiz, víctimas de desaparición forzada desde 2007.
Por su parte Daniel Alfonso Luna Alcántara llegó a Chiapas en 1995, a convocatoria del Presidente del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, Monseñor Samuel Ruiz García, para integrarse como voluntario en los Campamentos Civiles por la Paz, en las Brigadas Civiles
de Observación de los Derechos Humanos, y en los Cinturones de Paz de los Diálogos de San Andrés. En 1998 organizó y formó parte de la Misión Civil de Observación de los Derechos Humanos, que monitoreó todas las comunidades indígenas afectadas por operativos policíaco-militares entre
abril y junio de ése año.
En el marco de la defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la población chiapaneca, ha participado a través de la Coordinadora de la Sociedad Civil en Resistencia (CSCR) y del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS-FNLS), en la asesoría
organizativa, acompañamiento y defensa de los derechos de comunidades indígenas y campesinas en reivindicaciones sociales como: la resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica; contra el Plan Puebla-Panamá y sus megaproyectos asociados; en la defensa de la Tierra y el Territorio mediante la salvaguarda de los derechos agrarios, así como contra los programas privatizadores de la propiedad ejidal y comunal llamados PROCEDE y PROCECOM; contra la privatización de fuentes de agua comunitarias; contra la minería metálica.
Igualmente, en el ámbito de otras reivindicaciones y derechos legítimos de las comunidades y pueblos indígenas y campesinos de Chiapas, ambos, Yolanda Castro Apreza y Daniel A. Luna Alcántara, participaron a nivel estatal en la organización de la Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios y por el Fin de la Guerra de Exterminio, realizada en marzo de 1999. Así, ese año fueron cofundadores de las Coordinadoras Regionales de Chiapas por la Consulta Zapatista, que en 2001 se conformaron como Coordinadoras Regionales de Chiapas de la Sociedad Civil en Resistencia (CSCR), para finalmente convertirse en 2005 en el Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS-FNLS). Entre 1999 y 2000 fueron impulsores y participantes de la llamada Red Civil de Observación (RECIO), que se avocó a la tarea de recorrer cada comunidad del estado afectada por operativos policíaco-militares para documentar las violaciones sufridas en sus derechos humanos y civiles.
Entre agosto de 2001 y febrero de 2004, Yolanda y Daniel junto a otros miembros de la CSCR, organizaron cinco Foros Estatales de la Resistencia Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, a través de los cuales se articuló un importante movimiento plural con diferentes organizaciones del estado. Por otro lado, en colaboración con otras organizaciones sociales y civiles, entre las que destacaron como promotores el Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas" y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), organizaron en febrero de 2003 en Chiapas el Primer Encuentro Nacional Contra PROCEDE-PROCECOM, que contó con participantes de nueve estados del país; y en marzo de 2006, en la comunidad de Petalcingo integrada al MRPS-FNLS, el Primer Encuentro Estatal Contra PROCEDE-PROCECOM, en el cual participaron 36 organizaciones
y 6 ejidos/bienes comunales de diferentes municipios de Chiapas.
En octubre y noviembre de 2005 se integraron a la Red de Organismos Civiles y Sociales para la Emergencia en Chiapas, que se conformó para dar respuesta solidaria y humanitaria a la población afectada por el huracán Stan, tanto en la parte asistencial inmediata como en la posterior etapa
de organización autogestiva de las comunidades para superar la contingencia.
En algunos de los procesos de defensa de derechos humanos antes mencionados, hubo casos graves de represión policíaca dentro de los que destacaron treinta y seis indígenas zoques de la CSCR detenidos arbitrariamente el 27 de julio de 2001, así como otros nueve indígenas choles el 15 de febrero de 2005; en cuya pronta liberación Yolanda Castro y Daniel Luna tuvieron un papel central, apoyándose en diversas organizaciones de derechos humanos y sociales. Así mismo, desde 1999 a través de la CSCR y posteriormente del MRPS-FNLS, ambos se han distinguido por la defensa de un sinnúmero de personas y comunidades afectadas por distintos actos arbitrarios y violatorios de sus derechos fundamentales.
También durante estos años han realizado numerosas colaboraciones escritas para publicaciones tanto internas como externas a sus espacios organizativos; resaltando entre las primeras una nutrida elaboración de materiales informativos y educativo-formativos.
Un hecho importante de señalar es que Yolanda Castro ha recibido numerosas amenazas de diferente tipo desde 1994 por su activismo en pro de la paz en Chiapas, en tanto que Daniel Luna ha sufrido lo mismo a partir de 1999.
Hechos Recientes.
Uno de los principios adoptados como MRPS-FNLS es el de reivindicar la libertad de todos los presos políticos y de conciencia, así como posicionarse contra toda forma de represión y crímenes de lesa humanidad como lo son la tortura y la desaparición forzada entre otros. En congruencia con ello, como FNLS se impulsó una campaña nacional e internacional contra la Desaparición Forzada de luchadores sociales en general, iniciándola con el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes son reclamados como militantes suyos por el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Esto generó para Yolanda Castro y Daniel Luna, así como a otros integrantes del FNLS, una serie de amenazas vía correo electrónico y diversos señalamientos vinculatorios hacia dicho grupo insurgente.
Posteriormente Yolanda Castro asume solidariamente el compromiso de acompañar a Nadín Reyes Maldonado, hija del primero de dichos desaparecidos, durante una gira de denuncia por varios países de Europa que se llevó a cabo del 22 de octubre al 27 de diciembre de 2007. Durante
el recorrido fueron insistentemente presionadas por funcionarios del gobierno mexicano que las localizaban telefónicamente por donde iban pasando, con el fin de que no prosiguieran la gira; persuasión que no logró su objetivo.
Durante esa campaña de denuncia internacional, el Parlamento de Navarra, España, emitió una Declaración Institucional en la que condena la desaparición forzada de ambos miembros del EPR. Poco después se tuvo conocimiento de que el gobierno mexicano hacía gestiones diplomáticas de
muy alto nivel, instando al Estado español para que éste persuadiera al Parlamento de Navarra en el sentido de que se desistiera del mencionado pronunciamiento.
Luego de diversos señalamientos incriminatorios y hostigamientos hacia el FNLS en general, tanto en Chiapas como en otros estados, el 12 de noviembre de 2008 es allanado el domicilio de Yolanda Castro Apreza, de donde le fueron sustraídos únicamente una memoria USB y archivos de su computadora personal; lo cual descarta el móvil de robo común. A esto siguió un seguimiento permanente por parte de agentes de inteligencia del Estado vestidos de civil, de complexión robusta y corte de pelo tipo militar, que culminó el 9 de diciembre con el intento de éstos por obtener información sobre Yolanda a través de querer corromper a una persona que colabora con ella.
Por su parte, desde principios de mayo de 2009 Daniel Luna ha sido hostigado permanentemente en su domicilio por policías municipales y estatales, así como por sujetos vestidos de civil; mientras que Yolanda Castro continua teniendo seguimiento constante.
A lo anterior se añade que, por diversos medios, se ha obtenido información de que el gobierno del estado de Chiapas por instrucciones del gobierno federal mexicano, está integrando expedientes y averiguaciones previas en contra de Yolanda Castro Apreza y Daniel Alfonso Luna
Alcántara, con el objeto de señalarlos como integrantes de células de grupos armados; lo cual además de ser completamente falso dada su conocida trayectoria, revela la intención del Estado Mexicano por criminalizar su trabajo como defensores de derechos humanos en particular y el del FNLS en lo general.
Peticiones de Solidaridad.
Dado el historial público del quehacer realizado por Yolanda Castro y Daniel Luna, es evidente que la actividad política que han desarrollado como integrantes del FNLS es y ha sido civil, abierta, pública y fundamentada en el libre derecho de asociación y manifestación garantizado
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por diversos instrumentos y convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano. Por ello solicitamos a ustedes las siguientes acciones solidarias:
· Hacer un llamado a las organizaciones sociales y civiles, así como a los organismos defensores de los Derechos Humanos y personalidades progresistas, tanto de México como de todo el mundo, para condenar enérgicamente y denunciar este tipo de prácticas del Estado Mexicano que
buscan criminalizar a toda persona que lucha por la defensa de los derechos humanos.
· Exigir al Presidente de la República Mexicana, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y al Gobernador de Chiapas, C. Juan Sabines Guerrero, que se conduzcan dentro del marco de respeto irrestricto a los acuerdos signados por el Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos, y que en apego y congruencia a ello cesen de instrumentar acciones que pongan en riesgo la integridad física, emocional, moral y psicológica de las y los defensores de derechos humanos, así como de luchadoras y luchadores sociales; particularmente de Yolanda Castro Apreza y Daniel Alfonso Luna
Alcántara, integrantes del FNLS, al igual que de sus familiares y personas con quienes colaboran.
· Exigir al C. Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, que se pronuncie públicamente y deslinde de estos actos intimidatorios que lo hagan cómplice de violaciones graves a los derechos humanos de los Defensores de Derechos Humanos antes citados, y que por lo tanto garantice su integridad física, emocional, psicológica y moral.
Les agradecemos de antemano su apoyo y solidaridad política para que cesen en México este tipo de acciones de Estado, que agreden y criminalizan a quienes velan por el respeto a los derechos humanos. Anexamos a la presente una carta modelo y las direcciones electrónicas para hacer las
exigencias correspondientes al Presidente de la República Mexicana, al Gobernador del Estado de Chiapas y demás instancias gubernamentales.
A T E N T A M E N T E
Comisión de Derechos Humanos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
dh_fnls@yahoo.com.mx
Organizaciones, colectivos y personas que se adhieren solidariamente:
K'inal Antsetik, A.C.; Cooperativa Jolom Mayaetik, A.C.;
c.c.p. Sr. Alberto Brunori, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, y Lic. Luisa Pérez del Área Jurídica respectiva, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Wolfgang Grenz, Grupo de Coordinación de Amnistía Internacional para América Central y México, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Senadora Rosario Ibarra de Piedra, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Obispo Emérito Don Samuel Ruiz García, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Diego Cadenas Gordillo, Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Sr. Edgar Cortez, Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos” (Red TDT), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. P. Miguel Concha Malo, Presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y Licenciados Alfonso García Castillo y Amanda Ramos García, responsables del área jurídica, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Dolores González Saravia, Directora de Servicios y asesoría por la Paz (SERAPAZ), y señores Miguel Álvarez Gándara y Pablo Romo, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Luis Arriaga, Presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRO), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Mario Solórzano, Presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Dra. Gloria Ramírez, Directora de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) y Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Dr. Adrián Ramírez López, Presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Israel Sampedro Morales, Coordinador de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Dra. Blanca Hernández, Directora de la Fundación Diego Lucero por los Derechos Humanos, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Sr. Francisco Cerezo Contreras, Coordinador del Comité Cerezo por los Derechos Humanos, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Sr. Felipe de Jesús Toussaint Loera, Director de la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Marina Pagés, Coordinadora de Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Patricia Miller, Directora de PROPAZ-Suiza, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Emilio Álvarez Icaza, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Dip. Omeheira López Reyna, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión , para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Profra. María del Socorro Ceseñas Chapa, titular de la Secretaría de Derechos Humanos del CEN del PRD, Sr. Enrique Fernández Valdéz, titular de la Subsecretaría respectiva, y Lic. Patricia Martínez y Aurelia Lozano, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Juan Sabines Guerrero, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Noé Castañón León, Secretario de Gobierno del estado de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Nemecio Ponce, Subsecretario de Gobierno del Estado de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Blanca Ruth Esponda, Coordinadora de Gabinete y Secretarías Técnicas del C. Gobernador del Estado de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Marcos Shilón Gómez, Secretario de Pueblos Indios del Gobierno de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Juan Carlos Moreno Guillén, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. José Luis Hernández Alabat, Subsecretario de Relaciones Políticas de la Secretaría de Gobierno de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. A las organizaciones que conforman el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), para su conocimiento e intervención.
A LOS ORGANISMOS CIVILES NACIONALES E INTERNACIONALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS.
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, CIVILES Y POLÍTICAS.
A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES.
AL FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN (FNCR).
A LA OPINIÓN PÚBLICA.
ACCIÓN URGENTE POR EL CESE AL HOSTIGAMIENTO Y CRIMINALIZACIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS, YOLANDA CASTRO APREZA Y DANIEL ALFONSO LUNA ALCÁNTARA.
Preocupados por el clima de vulnerabilidad que padecen diversos defensores de los derechos humanos en México, y particularmente por la situación de acoso que enfrentan integrantes de diversos organismos civiles de derechos humanos y personas de organizaciones sociales en el estado de Chiapas, cuya integridad física, emocional, psicológica y moral está siendo puesta
en riesgo, nos dirigimos a ustedes solicitando su apoyo solidario para que cese esta situación.
Como ha sido público a través de los medios de comunicación, en fechas recientes se ha intensificado una situación de hostigamiento hacia personas del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", de la organización Maderas del Pueblo del Sureste y de diversas
organizaciones sociales en el estado de Chiapas.
Dentro de éstas últimas está el caso de los defensores de los Derechos Humanos Yolanda Castro Apreza y Daniel Alfonso Luna Alcántara, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), quienes además de padecer constantemente de hostigamiento y vigilancia por parte de cuerpos policíacos y agentes vestidos de civil, hoy pesa sobre ellos la intención
gubernamental de integrar expedientes y averiguaciones previas en su contra bajo la consigna de vincularles a "células armadas". Este acto tendiente a criminalizar la actividad política legal que desempeñan como defensores de derechos humanos, atenta contra su seguridad e integridad
personal, así como la de sus familiares y personas con que colaboran.
Trayectorias de Yolanda Castro Apreza y Daniel Alfonso Luna Alcántara en la defensa y promoción de los Derechos Humanos en Chiapas.
Yolanda Castro Apreza tiene una larga trayectoria en el acompañamiento y defensa de los derechos de las mujeres en Chiapas: fue cofundadora del movimiento feminista desde 1986; ha sido asesora de cooperativas de mujeres indígenas artesanas desde 1991, principalmente en la cooperativa
Jolom Mayaetik (Tejedoras Mayas); en el contexto del conflicto armado surgido en 1994, impulsó y formó parte de la Convención Estatal de Mujeres Chiapanecas, así como de las Brigadas de Observación Civil en comunidades indígenas; en 1995 fue cofundadora de la asociación civil K'inal Antsetik (Tierra de Mujeres), espacio desde el cual ha impulsado la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los feminicidios.
Más recientemente, como integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Yolanda Castro ha sido responsable de promover e impulsar la participación política de las mujeres, así como la defensa de sus derechos; en congruencia con lo cual, públicamente se sumó al
acompañamiento de la lucha de las mujeres familiares de Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Francisco Paredes Ruiz, víctimas de desaparición forzada desde 2007.
Por su parte Daniel Alfonso Luna Alcántara llegó a Chiapas en 1995, a convocatoria del Presidente del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, Monseñor Samuel Ruiz García, para integrarse como voluntario en los Campamentos Civiles por la Paz, en las Brigadas Civiles
de Observación de los Derechos Humanos, y en los Cinturones de Paz de los Diálogos de San Andrés. En 1998 organizó y formó parte de la Misión Civil de Observación de los Derechos Humanos, que monitoreó todas las comunidades indígenas afectadas por operativos policíaco-militares entre
abril y junio de ése año.
En el marco de la defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la población chiapaneca, ha participado a través de la Coordinadora de la Sociedad Civil en Resistencia (CSCR) y del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS-FNLS), en la asesoría
organizativa, acompañamiento y defensa de los derechos de comunidades indígenas y campesinas en reivindicaciones sociales como: la resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica; contra el Plan Puebla-Panamá y sus megaproyectos asociados; en la defensa de la Tierra y el Territorio mediante la salvaguarda de los derechos agrarios, así como contra los programas privatizadores de la propiedad ejidal y comunal llamados PROCEDE y PROCECOM; contra la privatización de fuentes de agua comunitarias; contra la minería metálica.
Igualmente, en el ámbito de otras reivindicaciones y derechos legítimos de las comunidades y pueblos indígenas y campesinos de Chiapas, ambos, Yolanda Castro Apreza y Daniel A. Luna Alcántara, participaron a nivel estatal en la organización de la Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios y por el Fin de la Guerra de Exterminio, realizada en marzo de 1999. Así, ese año fueron cofundadores de las Coordinadoras Regionales de Chiapas por la Consulta Zapatista, que en 2001 se conformaron como Coordinadoras Regionales de Chiapas de la Sociedad Civil en Resistencia (CSCR), para finalmente convertirse en 2005 en el Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS-FNLS). Entre 1999 y 2000 fueron impulsores y participantes de la llamada Red Civil de Observación (RECIO), que se avocó a la tarea de recorrer cada comunidad del estado afectada por operativos policíaco-militares para documentar las violaciones sufridas en sus derechos humanos y civiles.
Entre agosto de 2001 y febrero de 2004, Yolanda y Daniel junto a otros miembros de la CSCR, organizaron cinco Foros Estatales de la Resistencia Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, a través de los cuales se articuló un importante movimiento plural con diferentes organizaciones del estado. Por otro lado, en colaboración con otras organizaciones sociales y civiles, entre las que destacaron como promotores el Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas" y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), organizaron en febrero de 2003 en Chiapas el Primer Encuentro Nacional Contra PROCEDE-PROCECOM, que contó con participantes de nueve estados del país; y en marzo de 2006, en la comunidad de Petalcingo integrada al MRPS-FNLS, el Primer Encuentro Estatal Contra PROCEDE-PROCECOM, en el cual participaron 36 organizaciones
y 6 ejidos/bienes comunales de diferentes municipios de Chiapas.
En octubre y noviembre de 2005 se integraron a la Red de Organismos Civiles y Sociales para la Emergencia en Chiapas, que se conformó para dar respuesta solidaria y humanitaria a la población afectada por el huracán Stan, tanto en la parte asistencial inmediata como en la posterior etapa
de organización autogestiva de las comunidades para superar la contingencia.
En algunos de los procesos de defensa de derechos humanos antes mencionados, hubo casos graves de represión policíaca dentro de los que destacaron treinta y seis indígenas zoques de la CSCR detenidos arbitrariamente el 27 de julio de 2001, así como otros nueve indígenas choles el 15 de febrero de 2005; en cuya pronta liberación Yolanda Castro y Daniel Luna tuvieron un papel central, apoyándose en diversas organizaciones de derechos humanos y sociales. Así mismo, desde 1999 a través de la CSCR y posteriormente del MRPS-FNLS, ambos se han distinguido por la defensa de un sinnúmero de personas y comunidades afectadas por distintos actos arbitrarios y violatorios de sus derechos fundamentales.
También durante estos años han realizado numerosas colaboraciones escritas para publicaciones tanto internas como externas a sus espacios organizativos; resaltando entre las primeras una nutrida elaboración de materiales informativos y educativo-formativos.
Un hecho importante de señalar es que Yolanda Castro ha recibido numerosas amenazas de diferente tipo desde 1994 por su activismo en pro de la paz en Chiapas, en tanto que Daniel Luna ha sufrido lo mismo a partir de 1999.
Hechos Recientes.
Uno de los principios adoptados como MRPS-FNLS es el de reivindicar la libertad de todos los presos políticos y de conciencia, así como posicionarse contra toda forma de represión y crímenes de lesa humanidad como lo son la tortura y la desaparición forzada entre otros. En congruencia con ello, como FNLS se impulsó una campaña nacional e internacional contra la Desaparición Forzada de luchadores sociales en general, iniciándola con el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes son reclamados como militantes suyos por el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Esto generó para Yolanda Castro y Daniel Luna, así como a otros integrantes del FNLS, una serie de amenazas vía correo electrónico y diversos señalamientos vinculatorios hacia dicho grupo insurgente.
Posteriormente Yolanda Castro asume solidariamente el compromiso de acompañar a Nadín Reyes Maldonado, hija del primero de dichos desaparecidos, durante una gira de denuncia por varios países de Europa que se llevó a cabo del 22 de octubre al 27 de diciembre de 2007. Durante
el recorrido fueron insistentemente presionadas por funcionarios del gobierno mexicano que las localizaban telefónicamente por donde iban pasando, con el fin de que no prosiguieran la gira; persuasión que no logró su objetivo.
Durante esa campaña de denuncia internacional, el Parlamento de Navarra, España, emitió una Declaración Institucional en la que condena la desaparición forzada de ambos miembros del EPR. Poco después se tuvo conocimiento de que el gobierno mexicano hacía gestiones diplomáticas de
muy alto nivel, instando al Estado español para que éste persuadiera al Parlamento de Navarra en el sentido de que se desistiera del mencionado pronunciamiento.
Luego de diversos señalamientos incriminatorios y hostigamientos hacia el FNLS en general, tanto en Chiapas como en otros estados, el 12 de noviembre de 2008 es allanado el domicilio de Yolanda Castro Apreza, de donde le fueron sustraídos únicamente una memoria USB y archivos de su computadora personal; lo cual descarta el móvil de robo común. A esto siguió un seguimiento permanente por parte de agentes de inteligencia del Estado vestidos de civil, de complexión robusta y corte de pelo tipo militar, que culminó el 9 de diciembre con el intento de éstos por obtener información sobre Yolanda a través de querer corromper a una persona que colabora con ella.
Por su parte, desde principios de mayo de 2009 Daniel Luna ha sido hostigado permanentemente en su domicilio por policías municipales y estatales, así como por sujetos vestidos de civil; mientras que Yolanda Castro continua teniendo seguimiento constante.
A lo anterior se añade que, por diversos medios, se ha obtenido información de que el gobierno del estado de Chiapas por instrucciones del gobierno federal mexicano, está integrando expedientes y averiguaciones previas en contra de Yolanda Castro Apreza y Daniel Alfonso Luna
Alcántara, con el objeto de señalarlos como integrantes de células de grupos armados; lo cual además de ser completamente falso dada su conocida trayectoria, revela la intención del Estado Mexicano por criminalizar su trabajo como defensores de derechos humanos en particular y el del FNLS en lo general.
Peticiones de Solidaridad.
Dado el historial público del quehacer realizado por Yolanda Castro y Daniel Luna, es evidente que la actividad política que han desarrollado como integrantes del FNLS es y ha sido civil, abierta, pública y fundamentada en el libre derecho de asociación y manifestación garantizado
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por diversos instrumentos y convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano. Por ello solicitamos a ustedes las siguientes acciones solidarias:
· Hacer un llamado a las organizaciones sociales y civiles, así como a los organismos defensores de los Derechos Humanos y personalidades progresistas, tanto de México como de todo el mundo, para condenar enérgicamente y denunciar este tipo de prácticas del Estado Mexicano que
buscan criminalizar a toda persona que lucha por la defensa de los derechos humanos.
· Exigir al Presidente de la República Mexicana, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y al Gobernador de Chiapas, C. Juan Sabines Guerrero, que se conduzcan dentro del marco de respeto irrestricto a los acuerdos signados por el Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos, y que en apego y congruencia a ello cesen de instrumentar acciones que pongan en riesgo la integridad física, emocional, moral y psicológica de las y los defensores de derechos humanos, así como de luchadoras y luchadores sociales; particularmente de Yolanda Castro Apreza y Daniel Alfonso Luna
Alcántara, integrantes del FNLS, al igual que de sus familiares y personas con quienes colaboran.
· Exigir al C. Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, que se pronuncie públicamente y deslinde de estos actos intimidatorios que lo hagan cómplice de violaciones graves a los derechos humanos de los Defensores de Derechos Humanos antes citados, y que por lo tanto garantice su integridad física, emocional, psicológica y moral.
Les agradecemos de antemano su apoyo y solidaridad política para que cesen en México este tipo de acciones de Estado, que agreden y criminalizan a quienes velan por el respeto a los derechos humanos. Anexamos a la presente una carta modelo y las direcciones electrónicas para hacer las
exigencias correspondientes al Presidente de la República Mexicana, al Gobernador del Estado de Chiapas y demás instancias gubernamentales.
A T E N T A M E N T E
Comisión de Derechos Humanos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
dh_fnls@yahoo.com.mx
Organizaciones, colectivos y personas que se adhieren solidariamente:
K'inal Antsetik, A.C.; Cooperativa Jolom Mayaetik, A.C.;
c.c.p. Sr. Alberto Brunori, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, y Lic. Luisa Pérez del Área Jurídica respectiva, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Wolfgang Grenz, Grupo de Coordinación de Amnistía Internacional para América Central y México, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Senadora Rosario Ibarra de Piedra, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Obispo Emérito Don Samuel Ruiz García, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Diego Cadenas Gordillo, Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Sr. Edgar Cortez, Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos” (Red TDT), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. P. Miguel Concha Malo, Presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y Licenciados Alfonso García Castillo y Amanda Ramos García, responsables del área jurídica, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Dolores González Saravia, Directora de Servicios y asesoría por la Paz (SERAPAZ), y señores Miguel Álvarez Gándara y Pablo Romo, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Luis Arriaga, Presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRO), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Mario Solórzano, Presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Dra. Gloria Ramírez, Directora de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) y Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Dr. Adrián Ramírez López, Presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Israel Sampedro Morales, Coordinador de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Dra. Blanca Hernández, Directora de la Fundación Diego Lucero por los Derechos Humanos, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Sr. Francisco Cerezo Contreras, Coordinador del Comité Cerezo por los Derechos Humanos, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Sr. Felipe de Jesús Toussaint Loera, Director de la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Marina Pagés, Coordinadora de Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Patricia Miller, Directora de PROPAZ-Suiza, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Emilio Álvarez Icaza, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Dip. Omeheira López Reyna, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión , para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Profra. María del Socorro Ceseñas Chapa, titular de la Secretaría de Derechos Humanos del CEN del PRD, Sr. Enrique Fernández Valdéz, titular de la Subsecretaría respectiva, y Lic. Patricia Martínez y Aurelia Lozano, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Juan Sabines Guerrero, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Noé Castañón León, Secretario de Gobierno del estado de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Nemecio Ponce, Subsecretario de Gobierno del Estado de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Blanca Ruth Esponda, Coordinadora de Gabinete y Secretarías Técnicas del C. Gobernador del Estado de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Marcos Shilón Gómez, Secretario de Pueblos Indios del Gobierno de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Juan Carlos Moreno Guillén, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. José Luis Hernández Alabat, Subsecretario de Relaciones Políticas de la Secretaría de Gobierno de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. A las organizaciones que conforman el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), para su conocimiento e intervención.
Concejales RN y UDI de Ercilla se confabulan con la Fiscalía para encarcelar a comunero de Temucuicui Autónomo.
La Comunidad Mapuche Autónoma TEMUCUICUI, estructurada bajo la Organización Ancestral de nuestro Pueblo-Nación Mapuche, mediante la presente viene nuevamente a denunciar a la opinión pública local, nacional e Internacional otro viciado juicio en contra de uno de nuestros jóvenes Integrantes.
Después de permanecer 10 meses en prisión preventiva en la cárcel de la ciudad de Victoria, el peñy Pablo Millanao Palacio, será llevado a juicio oral, en la ciudad de Angol, juicio que comenzzó hoy 1 de Julio a las 08:00 horas, donde el fiscal del Ministerio Publico de Collipulli, Cesar Chibar, ha solicitado una pena de 10 años de cárcel por el supuesto delito de robo con intimidación.
El supuesto hecho por el cual se encuentra encarcelado nuestro peñy, habría ocurrido el año 2008, al supermercado El Colono, de propiedad del concejal de Renovación Nacional, Alejandro Arevalo, ex integrante de Patria y Libertad, colaborador e informante de la dictadura militar de Pinochet. Este sujeto sin tener mayor antecedentes y después de un reconocimiento fotográfico, sindicó a nuestro hermano Pablo Millanao como uno de los 4 sujetos que habrían participado en este supuesto robo, donde le habrían sustraído una suma de $ 80.000, entre otras cosas menores.
De acuerdo a los expediente de investigación, llama poderosamente la atención que los testigos que presentará el Ministerio Publico, sean concejales de los partidos políticos Renovación Nacional y la UDI, como Alejandro Arevalo, Jorge Sougarret, así como también la presidente provincial de la UDI Bárbara Rebolledo, particulares colonos que se encuentran inserto en el Territorio ancestral Mapuche. Con todos estos testigos, el Ministerio Público busca condenar a nuestro Integrante.
Nuestra Comunidad Mapuche Autónoma TEMUCUICUI, es una Comunidad que ha venido trabando fuertemente en Demanda, Promoción y Defensa de nuestros Derechos Políticos y Territoriales, por lo que desde un principio hemos sostenido de manera categórica que estas imputaciones solo corresponde a la practica de persecución política judicial permanente que existe hacías nuestra gente, especialmente a nuestros jóvenes, a quienes han intentado responsabilizar en prácticamente todo lo que sucede en la zona.
La comunidad Mapuche Autónoma TEMUCUICUI, como es de costumbre concurrirá al tribunal para brindarle nuestro absoluto apoyo a nuestro hermano, a la vez hacemos un llamado a las comunidades Mapuche de la comuna de Ercilla, ha presenciar como sus autoridades que han elegidos se prestan para configurar un grave montaje, traicionando a las comunidades que en algún momento le han brindado su apoyo.
Fin a los montajes Judiciales
Comunidad Mapuche Autónoma TEMUCUICUI
Wallmapuche TEMUCUICUI, 30 de junio de 2009
Comuneros de Pantano se enfrentan con Carabineros de Traiguén en predio en conflicto: 9 policias heridos y cinco peñis detenidos.
Cinco mapuche fueron detenidos en un operativo policial que dejó 13 personas heridas, nueve carabineros y cuatro mapuche, ocurrido este lunes en el sector de Pantano, a unos 24 kilómetros al surponiente de Traiguén.
Según confirmó el prefecto de Carabineros de Malleco, coronel Iván Bezmalinovic, el hecho ocurrió al interior del fundo El Maitén, tierras usurpadas por la empresa Forestal Mininco.
Según informó "El Austral" una llamada telefónica alertó a Carabineros de la Tercera Comisaría de Traiguén, por lo que el jefe de la unidad, mayor Armando Zepeda, junto a un teniente, salió en dirección al lugar acompañado de un piquete de 17 policías.
Al llegar al sitio del suceso,encontraron a unos 20 comuneros, quienes se encontraban trabajando un bosque de unos 20 años de antigüedad, unos 30 de cuyos árboles ya habían sido trozados.
Mientras un grupo de mapuche debió huir del sector, otro grupo se quedó para defenderse de los carabineros, utilizando para ello sus herramientas.
“El mayor –ex oficial del Gope- y en vista a que la gente estaba muy cercana a los carabineros, dispuso que no se utlizaran las escopetas antimotines que portaba él y otros dos suboficiales por el riesgo que ello implicaba a esa cortísima distancia, ya que pueden resultar bastante dañinas”, agregó el prefecto.
Los detenidos son: Luis Cayuqueo Huentelao (17), Eladio Huenchunao Cayuqueo (31), Rodrigo Antonio Sanhueza Miranda (44), Carmen Nahuelpi Millapán (38) y Cristián Cañucura Nahuelpi (19).
Tras el ataque policial, los uniformados incautaron seis hachas, una motosierra, un yugo y una carreta de bueyes, elementos indispensables para el sustento de las comunidades mapuche.
Todos los comuneros detenidos pasaron a disposición de la Fiscalía Militar por "maltrato de obra a carabineros y robo de madera". Mientras el supuesto atacante del comisario, Rodrigo Sanhueza, será acusado de homicidio frustrado contra el oficial.
Las comunidades de Pantano han sido parte del proceso de reconstrucción territorial mapuche desde hace más de una década, junto a las comunidades vecinas de Didaico y Temulemu.
El Fundo El Maitén forma parte de una demanda territorial mapuche en la zona de más de 5000 hectáreas usurpadas principalmente por Forestal Mininco, particulares y latifundistas. Una importante parte de este territoro ya ha sido recuperado.
Fuentes: El Mercurio, Canal de Noticias de Malleco, El Austral y País Mapuche
23/06/2009
Argentina: Impunidad en Santiago del Estero. Denuncian que terratenientes envían grupos armados para usurpar tierras indígenas
PRIMERA FUENTE
El conflicto lleva varios años de resistencia por parte de comunidades autóctonas de Santiago del Estero ante el avance de empresarios terratenientes. Denuncian que efectivos policiales actúan como seguridad privada de los empresarios y como una fuerza paramilitar contra los indígenas. Hoy, son tres los frentes en disputa que los pobladores locales mantienen contra el avance de diferentes latifundistas.
El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) denunció que entre el viernes y sábado policías y grupos armados enviados por terratenientes ingresaron en territorio de la comunidad indígena Lule-Vilela en el paraje Pampa Chaquina (al noroeste del departamento Moreno) en la vecina provincia, con el fin de amedrentar a la población para que no ofrezcan resistencia alguna a la aparente usurpación de sus tierras.
Se trata de un nuevo capítulo en la lucha de la resistencia que las comunidades originarias de la localidad Tres Leones mantienen en defensa de su tierra. Allí habitan más de 50 familias del pueblo quichuista vilela dedicado a la agricultura, ganadería, artesanías y a productos forestales como carbón.
Según relataron los denunciantes, hace cinco años aparecieron por esa zona dos empresarios cordobeses: Aníbal Boyero y “Joni” Gasparuti. El primero compró los derechos y acciones de una supuesta posesión a nombre de Juan Angel Martines (puntero político juarista, y quien fuera encargado del Registro Civil de la localidad de Libertad).
La fracción norte (de 800 hectáreas) de ese lote era sujeto de pastaje de la comunidad indígena. Allí, según el Mocase, Boyero desmontó el predio y lo alambró cerrando “El Charquinero”, camino vecinal con más de 100 años de antigüedad, mantenido por la misma comunidad.
Las poblaciones integrantes de Tres Leones al ver que su territorio estaba en peligro denunciaron a Boyero ante el Consejo Provincial de Vialidad por cierre indebido de un camino, previa verificación ocular del Juez de Paz de la localidad de Tintina.
En forma paralela, los integrantes de la comunidad delimitaron su posesión con un nuevo cercado, luego destrozado supuestamente por hombres de Boyero. Los originarios reaccionaron y volvieron a levantar su alambrado.
Esto motivó a que en junio de 2004, el terrateniente y personal de la comisaría seccional Nº 44 de Tintina intimidaran a los pobladores a que depongan su actitud de resistencia. Este tipo de accionar se repitió en dos oportunidades durante aquel mes hecho que no logró paralizar la defensa de los originarios por sus tierras.
Frente a esto, según el Mocase, a través de su abogado, Boyero denunció en el Juzgado de la IV Nominación en lo Criminal y Correccional de los Tribunales de Santiago del Estero, a los pobladores de Pampa Charquita y La Pampa por el supuesto delito de usurpación de tierra, daños y perjuicios.
De esta forma, el 23 de junio de ese año, el empresario cordobés volvió a la zona en conflicto acompañado por efectivos (aparentemente portando armas largas) de la seccional Nº 44 de Tintina para continuar su tarea de presión sobre los pobladores. Dos de ellos, Carlos Perez y Carlos Roldán, aseguraron que Boyero pagó a los policías para que realicen esta intimidación.
Otros frentes de lucha contra terratenientes
En forma paralela al mencionado conflicto, desde el Mocase de denunció que el extenso territorio en disputa tiene varios frentes de luchas ante la voracidad de varios terratenientes.
Uno de ellos sería “Yoni” Gaparutti con la empresa Batzen SA. En este caso, se busca la apropiación del campo denominado catastralmente como Villa María.
Además, existe un tercer foco de defensa territorial ante la embestida de un empresario identificado por los denunciantes como “Enricci” por el campo denominado Alza Nueva.
“Los conflictos han sido innumerables y a modo de ejemplificar las problemáticas sufridas mencionamos que varios compañeros estuvieron detenidos durante más de dos semanas, imputados entre otros delitos por el de asociación ilícita”, alertaron desde Mocase.
A pesar de las reiteradas denuncias ante distintos organismos del Estado Nacional y Provincial, el conflicto en las tierras de esta comunidad indígena se ve agravado cada tanto por el ingreso de grupos armados, como sucedió por estos días.
“Ante un estado de derecho en ruinas rige la criminalización de la lucha por la tierra que se vale de terrorismo judicial en búsqueda de legitimar las violaciones a los derechos humanos de los campesinos e indígenas”, reflexionaron desde el movimiento campesino.
Foto: Argentina - Santiago del Estero - Efectivos armados custodian el alambrado del terrateniente para el que trabajan. / Autor: Mocase - PRIMERA FUENTE
PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL DERECHO A LA AUTODEFENSA INDÍGENA
Los delegados y delegadas de los pueblos, tribus y naciones indígenas convocados y reunidos en la comunidad nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, para realizar la XXV ASAMBLEA NACIONAL AMPLIADA DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA en la región centro pacífico, y CONSIDERANDO:
1. Que actualmente la guerra de exterminio neoliberal desatada en contra de nuestros pueblos ha alcanzado un grado de destrucción, despojo y explotación nunca antes visto que pone en grave riesgo la existencia, la seguridad y los territorios correspondientes a los pueblos originarios;
2. Que en la misma medida la represión gubernamental y para gubernamental desatada en contra de nuestros pueblos se ha expresado en el asesinato y el encarcelamiento de cientos de dirigentes indígenas, así como en la ocupación militar y para militar de nuestros territorios, criminalizando la lucha social y todo intento organizativo que se origine en nuestros pueblos de manera independiente y autónoma;
3. Que al igual que ocurrió en la fase última del régimen encabezado por el dictador Porfirio Díaz, las actuales leyes y políticas gubernamentales están provocando el despoblamiento masivo de nuestras comunidades y la ilegal invasión de sus territorios originarios por parte de grandes empresas trasnacionales y gobernantes y políticos amparados en una justicia venal que durante años ha sido incapaz de dar solución efectiva a los graves problemas, principalmente de tierras, que aquejan a nuestros pueblos;
4. Que en todos los tiempos de nuestra historia los pueblos originarios hemos creado formas organizativas legales y legítimas para nuestra autodefensa, habiendo llegado incluso a la formación de ejércitos indígenas que han marcado la vida de este país, como lo fue el Ejército Libertador del Sur y Centro que encabezó el General Emiliano Zapata, o como ocurre con el actual Ejército Zapatista de Liberación Nacional;
PROCLAMAMOS:
PRIMERO. Que de frente a la guerra de exterminio neoliberal, NUESTROS PUEBLOS, TRIBUS Y NACIONES, así como las comunidades que los integran, TIENEN EL INALIENABLE DERECHO, DERIVADO DEL ARTÍCULO 39 CONSTITUCIONAL, PARA ORGANIZARCE Y REALIZAR LA DEFENSA DE SU VIDA, DE SU SEGURIDAD, DE SUS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE SU CULTURA Y TERRITORIOS.
SEGUNDO. Que de conformidad con lo que dispone el Convenio Ciento Sesenta y Nueve de la Organización Internacional del Trabajo “Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, nuestros pueblos TIENEN, EN EL MARCO DE SUS DERECHOS A LA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA, EL DERECHO DE ORGANIZAR SU AUTODEFENSA DEL MODO QUE CONSIDEREN CONVENIENTE EN TANTO NO ATENTE CONTRA EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS; por lo que la creación, en el marco de nuestra cultura y organización tradicional, de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas organizativas comunales para la autodefensa indígena, SON LEGALES, LEGÍTIMAS Y, SOBRE TODO, NECESARIAS FRENTE A LA PROFUNDA CORRUPCIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE IMPARTIR JUSTICIA.
TERCERO. En consecuencia denunciamos y repudiamos cualquier acto gubernamental para desacreditar e impedir NUESTRO LEGÍTIMO DERECHO A LA DEFENSA DE NUESTRA EXISTENCIA, DE NUESTRA SEGURIDAD, DE NUESTRAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE NUESTRA CULTURA Y TERRITORIOS. Asimismo manifestamos que cualesquier acción gubernamental tendiente a criminalizar nuestra ORGANIZACIÓN PARA LA AUTODEFENSA no tiene mayor fin que facilitar la represión y la destrucción en contra de nuestros pueblos.
CUARTO. Llamamos a los pueblos, tribus y naciones indígenas del país, así como a la sociedad civil nacional e internacional y a los organismos defensores de los derechos humanos, a estar atentos ante cualquier acto gubernamental de REPRESIÓN y DESMANTELAMIENTO de nuestras formas organizativas para nuestra defensa.
Llamamos a los pueblos, tribus y naciones indígenas del país, así como a la sociedad civil nacional e internacional y a los organismos defensores de los derechos humanos a impedir la aniquilación física y cultural de nuestros pueblos y a frenar la guerra de exterminio neoliberal.
SANTA MARIA OSTULA, MICHOACAN, A 14 DE JUNIO DE 2009.
ATENTAMENTE
NUNCA MÁS UN MEXICO SIN NOSOTROS
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
DELEGADOS Y DELEGADAS DE LOS PUEBLOS, TRIBUS Y NACIONES PARTICIPANTES EN LA XXV ASAMBLEA DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
Fuente EnlaceZapatista
22/06/2009
Acusan de etnocidio mapuche a intendente Tohá (Por Luis Llanquilef).
Nos llega una declaración pública de la Coordinadora de Comunidades y Organizaciones Mapuche Lafkenche, Arauco – Concepción, que entre otras cosas, acusan a la primera autoridad de crear Consejo Consultivo de la Reserva Nonguén, desestimando la participación de las asociaciones mapuche.
El 15 de septiembre 2009 entrara en vigencia en Chile el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), norma jurídica de Derecho Indígena que permitirá avances substanciales en materia de respeto de los Derechos Humanos de nuestro pueblo.
En la provincia de Arauco, el modelo de desarrollo económico basado en el rubro forestal y sostenido por empresarios del rubro y autoridades gubernamentales, se contradice con nuestros derechos colectivos consagrados en el Convenio 169. Fuera de ello, este modelo predador de medio ambiente y recursos naturales no aporta al araucano la tan publicitada equidad social, la provincia luce hoy a nivel nacional los peores índices de pobreza y desempleo, pasando nuestras comunidades a constituir inagotables polos urbanos y rurales de excluidos.
Y es en nombre de un “progreso” que en Arauco no existe que se siguen negando nuestros derechos y toda nuestra forma de vida, las restricciones que hemos encontrado para acceder a nuestras tierras ha tenido como consecuencia la conformación de importantes conglomerados humanos en claro proceso de desintegración social.
A esto tenemos que agregar en estos últimos años la ocupación policial de numerosos territorios Lakenche, para justificar esta ingerencia, las autoridades competentes invocan leyes represivas que nada tienen que ver con un régimen democrático, que por otro lado, nos aseguran que hoy en Chile ya existe.
Los mapuches urbanos de Concepción y de las siete comunas de Arauco, hoy deben ser visto como mapuches desplazados de sus tierras ancestrales a los que se les cierran las posibilidad de acceso a ella, en este sentido, uno de los más deplorable capítulos es el que viene de escribirse este sábado 13 de junio 2009 en la capital penquista.
En esta oportunidad, el Intendente regional del Bio-Bio, Jaime Tohá, junto a los alcaldes de Hualqui, Chiguayante y Concepción conformaron un denominado Consejo Consultivo de la Reserva Nonguén, desestimando por completo la participación de las asociaciones mapuche urbana, las que han manifestado públicamente y en mas de una oportunidad que este territorio de 3 mil hectáreas sea declarado como Reserva Natural Indígena.
Hoy, cuando aun se cuentan los cadáveres de los indígenas asesinados en la amazona peruana, en Concepción estas autoridades regionales y locales se encargan de concretar el etnocidio mapuche. Como pueden “estos servidores públicos” olvidar tan prontamente las palabras de la Presidenta Bachelet, quien el 21 de mayo ultimo en Valparaíso aseveraba: “hoy es hora de llevar los preceptos del Convenio 169 a la practica en honor a la gente de nuestra tierra y a la palabra empeñada”.
Debemos entonces preguntar ¿Qué les paso por la mente a estas autoridades regionales?, se olvidaron que mapuche significa gente de la tierra (y no del cemento) y que el acceso a ella es un derecho consagrado por este Convenio que desde septiembre será Ley e la República, se les olvido también (como en el reconocimiento constitucional) que hoy ya existe el derecho a consulta.
Sin dudas que ante esta violación de nuestros derechos (Art. 13, 14, 15 y 16 del Convenio 169) tenemos que potenciar nuestra capacidad reivindicatoria y de respuesta, para esto es que la red Lafkenche que representamos en conjunto con la OIT estamos desarrollando un ciclo de formación sobre el Convenio 169 en toda la provincia de Arauco y Concepción.
Esto comenzó el sábado 6 de junio último cuando convergieron hasta Arauco mapuche de Yani, Locobe, Las Puentes, Quiapo, Pehuen, Llico, Tropen, Agua Pie y Tubul. Y numerosos mapuches urbanos de Arauco, Hualpen, Talcahuano, San Pedro, Lomas Coloradas, Michaihue y Barrio Norte, los que se unieron a representantes mapuches de Tirúa, Contulmo, Cañete, Los Álamos y Lebu.
Las conclusiones iniciales de este primer taller son alentadoras; entre los temas abordados se habló principalmente de lo ilegal que son las consultas indígenas que exige el Convenio 169 a las autoridades, organizadas estas a través de CONADI/ORIGENES.
Aquí se hablo también y por primera vez todo lo relativo a un autogobierno Lafkenche y como conformar su parlamento correspondiente, definiendo que grados de competencia podría alcanzar en Arauco una administración territorial autónoma.
Otro de los talleres pujantes que se efectuaron intercambio amplios puntos de vista sobre el irrespeto que existe con nuestros sitios sagrados (entre ellos el Cerro Colo-Colo de Arauco). Y junto esto, la desenfrenada contaminación que se esta produciendo con los cuerpos de agua que aun hay en territorios Lafkenche.
Este ciclo de talleres que trabaja bajo el concepto de “Unir nuestro pensamiento para ejercer nuestros derechos” continuara los días 26 y 27 de junio en Contulmo y Cañete. Luego proseguirá el 31 de julio en Los Álamos y el 1 de agosto en Lebu, para terminar los días 28 de agosto en Tirúa y 29 en Concepción.
La jornada de conclusión final se efectuara el 5 de septiembre 2009 (día internacional de la mujer Indígena) en Cañete, con un gran encuentro de mujeres Lafkenche.
KIÑEUPE TAIN RAKIZUAM NIETUAM KUME AD-MOGEN TAIÑ FUXA
“Unamos nuestro pensamiento para ejercer nuestros derechos”
Coordinación de Comunidades y Organizaciones Mapuche Lafkenche Arauco - Concepción
21/06/2009
Manifiesto de Ostula
Nosotras y Nosotros del pueblo Nahua, Nosotras y Nosotros del pueblo Wixárika, Nosotras y Nosotros del pueblo de los Purhepechas, Nosotras y Nosotros del Pueblo Binnizá, Nosotras y Nosotros del pueblo Hñahñuu, Nosotras y Nosotros del pueblo Coca, Nosotras y Nosotros del pueblo Tzeltal, Nosotras y nosotros del pueblo Ñu Sabi, Nosotras y Nosotros del pueblo Rarámuri.
Reunidos en la XXV Asamblea plenaria del Congreso Nacional Indígena Región Centro-Pacífico, realizada en el territorio indígena de la costa Nahua de Michoacán, hemos reflexionado durante estos días con relación al despojo y defensa de los territorios indígenas y la explotación de nuestros pueblos y comunidades, también hemos compartido la palabra sobre nuestras culturas, leyes autogobierno, y el ejercicio de la autonomía en los hechos.
Después de analizar la situación que hoy existe en la mayoría de nuestros pueblos, naciones, comunidades y tribus, hemos resuelto emitir al Congreso Nacional Indígena, a la Otra Campaña nacional e internacional y a la gente honesta, digna y rebelde de nuestra sociedad nacional e internacional el presente
MANIFIESTO
1. Damos a conocer que actualmente nuestros pueblos somos víctimas de despojos violentos de nuestros territorios y recursos naturales, en donde se ha asesinado, desaparecido y encarcelado a cientos de hermanas y hermanos indígenas, tanto en nuestro país como en el continente. Los malos
gobiernos capitalistas neoliberales han practicado, en complicidad con las empresas transnacionales y nacionales, las políticas de desprecio, discriminación, destrucción y muerte que han impedido el ejercicio de nuestro derecho a la autonomía y libre determinación.
2. En el marco de los tratados de libre comercio, las reformas constitucionales y legales promovidas por los malos gobiernos a través de sus legisladores de todos los partidos políticos, han aprobado la modificación de leyes y de nuestra Constitución de 1917, poniendo en el
mercado nuestras tierras, territorios, recursos naturales, así como conocimientos y saberes indígenas. Desconocemos como pueblos indígenas este conjunto de reformas que ponen en riesgo la integridad de nuestros pueblos y la vida misma de los seres humanos. Reafirmamos nuestro
reconocimiento a los Acuerdos de San Andrés, como la Ley Suprema y Constitución de los Pueblos Indígenas de México.
3. La intromisión de los malos gobiernos y las empresas en nuestras comunidades y pueblos, se ha dado a través de sus programas gubernamentales que las dependencias, funcionarios, partidos políticos y empresarios a través de mentiras, corrupción engaños y traiciones han venido imponiendo sin consultar a nuestras comunidades. El PROCEDE, PROCECOM, la SEMARNAT, Secretaría de Turismo, SEDESOL, INEGI, Procuraduría Agraria, el CDI, La impuesta Secretaría de Pueblos Indígenas de Michoacán, entre otras, han promovido y solapado la imposición y el engaño que los
malos gobiernos y las empresas realizan en nuestros territorios y específicamente en la costa de Michoacán en donde se impulsan el proyecto de desarrollo integral turístico y el proyecto carretero Coahuayana Lazaro Cardenas, que buscan desincorporar del régimen comunal y ejidal las
tierras de las comunidades indígenas y campesinas de la región.
4. Lo anterior es una manera en que los malos gobiernos cooptan, confunden, controlan y someten a muchas de nuestras comunidades, generando divisionismos y confrontaciones que han permitido a los malos gobiernos facilitar la represión, el asesinato y la cárcel.
5. Hemos agotado todas las vías legales y jurídicas para la defensa y reconocimiento de nuestras tierras y territorios y sólo hemos recibido negativas, moratorias, amenazas y represión por parte del Estado, como es el caso de esta comunidad de Santa María Ostula. El camino que sigue es
continuar ejerciendo nuestro derecho histórico a la Autonomía y libre determinación. Insistimos en que la tierra, que es nuestra madre, NO SE VENDE, CON LA VIDA SE DEFIENDE.
6. Exigimos el respeto a los acuerdos y decisión asumidos por las hermanas y hermanos comuneras y comuneros indígenas de la comunidad nahua de Ostula, aprobados en su asamblea general, que han acordado la recuperación por la vía de los hechos de las tierras que les pertenecen.
Responsabilizamos a los malos gobiernos federal y estatal de cualquier acción represiva que se ejerza en contra de nuestras hermanas y hermanos indígenas Nahuas de Ostula. Exhortamos a todas y todos pueblos, naciones y tribus participantes en nuestro Congreso Nacional Indígena y adherentes a La Otra Campaña, a estar alertas y en permanente comunicación.
7. Manifestamos nuestra disposición a continuar participando en la Jornada Nacional e Internacional por la libertad inmediata e incondicional de los 12 presos políticos de San Salvador, Atenco, Estado de México. Manifestamos nuestro extremo repudio al etnocidio expresado en la violencia y la represión de que han sido víctimas las hermanas y hermanos indígenas de la zona amazónica de Perú, implementado por el mal gobierno de Alan García. De la misma manera manifestamos nuestra indignación por la violenta represión en contra de los hermanos oaxaqueños que fueron desalojados del plantón que mantenían frente a las instalaciones de la empresa minera en San José del Progreso y La Magdalena, Ocotlán de Morelos en Oaxaca, manifestamos nuestra solidaridad con las hermanas y hermanos de Bachajón Chiapas que actualmente enfrentan una lucha frontal contra el gobierno federal y del estado por mantener y cuidar sus territorios, recursos naturales y gobiernos autónomos. Denunciamos que los hermanos nahuas Pasiano Antonia Agustina, presidente del comisariado, José Antonio Dorantes, Ramón Navarro y Octaviano Martínez todos ellos de la comunidad de Chimalaco, quienes se dirigían a esta reunión y fueron detenidos de manera arbitraria en el municipio de Axtla, San Luis Potosí el viernes pasado.
8. En contra de la sentencia emitida por el Tribunal Superior Agrario de fecha 26 de Agosto del 2008, en la cual se niega la propiedad del territorio ancestral que desde tiempos inmemoriales han defendido los Wixaritari de Bancos de San Hipólito, Municipio de Mezquital Durango. Ya
que significa una grave violación de los derechos fundamentales del pueblo Wixárika, por parte del Estado mexicano. Apoyamos la decisión de Santa Catarina Cuexcomatitlán-Tuapurie, Municipio de Mezquitic Jalisco, de rechazar el proyecto carretero Amatitán-Bolaños-Huejuquilla y emprender
proyectos autónomos anticapitalistas educativas y el uso y disfrute de los recursos naturales. Asimismo exigimos cese el intento de imposición de un supuesto desarrollo que destruye el territorio. Apoyamos la decisión de San Sebastián Teponahuaxtlán municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco de luchar en contra de la contaminación del río Camotlán y las concesiones
del agua que se han hecho en las comunidades del sur de San Sebastián y Tuxpan, en los alrededores de Mesa de Tirador, realizados por el municipio de la Yesca Nayarit y particulares invasores. Saludamos el triunfo de la comunidad en la anulación de invasiones catastrales mediante recientes movilizaciones y exigimos respeto a su territorio por parte de invasores
mestizos.
Saludamos el esfuerzo de nuestras hermanas y hermanos participantes del CNI región Noroeste, que se encuentran avanzando en la organización y lucha por la defensa de sus territorios en la V reunión plenaria que realizarán el 15 y 16 de agosto en la comunidad indígena rarámuri de San
Ignacio Arareco, Municipio de Bocoyna, Chihuahua.
Dado en la Comunidad de Santa María de Ostula, Aquila, Michoacán, México, a 14 de junio de 2009.
A T E N T A M E N T E
¡¡NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS¡¡
Pueblos Naciones y Tribus
Nahuas: Comunidad de Ayotitlán, Jalisco, Comunidad de Ostula, Michoacán,
Comunidad de Coire, Michoacán, Comunidad de Pomaro, Comunidad de Aquila,
Comunidad de Tuxpan, Comunidad de Amacueca, Comunidad de Milpa Alta,
Comunidad de Santa Cruz Acalpixca.
Pueblo Purhépecha: Santa María Huiramangaro, Michoacán, Comachuen, Michoacán, Nurío, Michoacán, Cherán, Michoacán, Arantepacua, Michoacán, Nuevo Urechu, Michoacán, Uruapan, Michoacán.
Pueblo Wixaritari: San Sebastián Teponahuaxtlán, Jalisco, Tuxpán de Bolaños, Jalisco, Santa Catarina, Jalisco, Bancos de San Hipolito, Durango.
Pueblo Rarámuri: Bocoyna, Chihuahua, Cusarare, Chihuahua, Samachique, Chihuahua, Sanachi, Chihuahua.
Pueblo Ñahñuh: Comunidad de Atlapulco, Estado de México.
Pueblo Binnizá: Unión Hidalgo, Oaxaca.
Pueblo Coca: Mezcala, Jalisco.
Pueblo Tzeltal: Comunidad Bapuz, Chiapas.
Pueblo Ñu Sabi: Santo Domingo Tonaltepec, Oaxaca
Adherentes a la Otra Campaña: Colectivo Puiy, Morelia, Michoacán; AJAGI, A.C., Jalisco; Casa Efrén Capiz, Morelia, Michoacán; Casa 16 de Septiembre, Morelia, Michoacán; Colectivo Utopía, Morelia, Michoacán; UNIOS, D.F.
PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL DERECHO A LA AUTODEFENSA INDÍGENA
Los delegados y delegadas de los pueblos, tribus y naciones indígenas convocados y reunidos en la comunidad nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, para realizar la XXV ASAMBLEA NACIONAL AMPLIADA DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA en la región centro pacífico, y
CONSIDERANDO:
1. Que actualmente la guerra de exterminio neoliberal desatada en contra de nuestros pueblos ha alcanzado un grado de destrucción, despojo y explotación nunca antes visto que pone en grave riesgo la existencia, la seguridad y los territorios correspondientes a los pueblos originarios;
2. Que en la misma medida la represión gubernamental y para gubernamental desatada en contra de nuestros pueblos se ha expresado en el asesinato y el encarcelamiento de cientos de dirigentes indígenas, así como en la ocupación militar y para militar de nuestros territorios, criminalizando
la lucha social y todo intento organizativo que se origine en nuestros pueblos de manera independiente y autónoma;
3. Que al igual que ocurrió en la fase última del régimen encabezado por el dictador Porfirio Díaz, las actuales leyes y políticas gubernamentales están provocando el despoblamiento masivo de nuestras comunidades y la ilegal invasión de sus territorios originarios por parte de grandes
empresas trasnacionales y gobernantes y políticos amparados en una justicia venal que durante años ha sido incapaz de dar solución efectiva a los graves problemas, principalmente de tierras, que aquejan a nuestros pueblos;
4. Que en todos los tiempos de nuestra historia los pueblos originarios hemos creado formas organizativas legales y legítimas para nuestra autodefensa, habiendo llegado incluso a la formación de ejércitos indígenas que han marcado la vida de este país, como lo fue el Ejército
Libertador del Sur y Centro que encabezó el General Emiliano Zapata, o como ocurre con el actual Ejército Zapatista de Liberación Nacional;
PROCLAMAMOS:
PRIMERO. Que de frente a la guerra de exterminio neoliberal, NUESTROS PUEBLOS, TRIBUS Y NACIONES, así como las comunidades que los integran, TIENEN EL INALIENABLE DERECHO, DERIVADO DEL ARTÍCULO 39 CONSTITUCIONAL, PARA ORGANIZARCE Y REALIZAR LA DEFENSA DE SU VIDA, DE SU SEGURIDAD, DE SUS
LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE SU CULTURA Y TERRITORIOS.
SEGUNDO. Que de conformidad con lo que dispone el Convenio Ciento Sesenta y Nueve de la Organización Internacional del Trabajo "Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes", nuestros pueblos TIENEN, EN EL MARCO DE SUS DERECHOS A LA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA, EL DERECHO DE ORGANIZAR SU AUTODEFENSA DEL MODO QUE CONSIDEREN CONVENIENTE EN
TANTO NO ATENTE CONTRA EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS; por lo que la creación, en el marco de nuestra cultura y organización tradicional, de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas organizativas comunales para la autodefensa indígena, SON LEGALES, LEGÍTIMAS Y, SOBRE
TODO, NECESARIAS FRENTE A LA PROFUNDA CORRUPCIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE IMPARTIR JUSTICIA.
TERCERO. En consecuencia denunciamos y repudiamos cualquier acto gubernamental para desacreditar e impedir NUESTRO LEGÍTIMO DERECHO A LA DEFENSA DE NUESTRA EXISTENCIA, DE NUESTRA SEGURIDAD, DE NUESTRAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE NUESTRA CULTURA Y TERRITORIOS. Asimismo manifestamos que cualesquier acción gubernamental tendiente a criminalizar nuestra ORGANIZACIÓN PARA LA AUTODEFENSA no tiene mayor fin que facilitar la represión y la destrucción en contra de nuestros pueblos.
CUARTO. Llamamos a los pueblos, tribus y naciones indígenas del país, así como a la sociedad civil nacional e internacional y a los organismos defensores de los derechos humanos, a estar atentos ante cualquier acto gubernamental de REPRESIÓN y DESMANTELAMIENTO de nuestras formas
organizativas para nuestra defensa.
Llamamos a los pueblos, tribus y naciones indígenas del país, así como a la sociedad civil nacional e internacional y a los organismos defensores de los derechos humanos a impedir la aniquilación física y cultural de nuestros pueblos y a frenar la guerra de exterminio neoliberal.
SANTA MARIA OSTULA, MICHOACAN, A 14 DE JUNIO DE 2009.
ATENTAMENTE
NUNCA MÁS UN MEXICO SIN NOSOTROS
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
DELEGADOS Y DELEGADAS DE LOS PUEBLOS, TRIBUS Y NACIONES PARTICIPANTES EN LA XXV ASAMBLEA DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
Reunidos en la XXV Asamblea plenaria del Congreso Nacional Indígena Región Centro-Pacífico, realizada en el territorio indígena de la costa Nahua de Michoacán, hemos reflexionado durante estos días con relación al despojo y defensa de los territorios indígenas y la explotación de nuestros pueblos y comunidades, también hemos compartido la palabra sobre nuestras culturas, leyes autogobierno, y el ejercicio de la autonomía en los hechos.
Después de analizar la situación que hoy existe en la mayoría de nuestros pueblos, naciones, comunidades y tribus, hemos resuelto emitir al Congreso Nacional Indígena, a la Otra Campaña nacional e internacional y a la gente honesta, digna y rebelde de nuestra sociedad nacional e internacional el presente
MANIFIESTO
1. Damos a conocer que actualmente nuestros pueblos somos víctimas de despojos violentos de nuestros territorios y recursos naturales, en donde se ha asesinado, desaparecido y encarcelado a cientos de hermanas y hermanos indígenas, tanto en nuestro país como en el continente. Los malos
gobiernos capitalistas neoliberales han practicado, en complicidad con las empresas transnacionales y nacionales, las políticas de desprecio, discriminación, destrucción y muerte que han impedido el ejercicio de nuestro derecho a la autonomía y libre determinación.
2. En el marco de los tratados de libre comercio, las reformas constitucionales y legales promovidas por los malos gobiernos a través de sus legisladores de todos los partidos políticos, han aprobado la modificación de leyes y de nuestra Constitución de 1917, poniendo en el
mercado nuestras tierras, territorios, recursos naturales, así como conocimientos y saberes indígenas. Desconocemos como pueblos indígenas este conjunto de reformas que ponen en riesgo la integridad de nuestros pueblos y la vida misma de los seres humanos. Reafirmamos nuestro
reconocimiento a los Acuerdos de San Andrés, como la Ley Suprema y Constitución de los Pueblos Indígenas de México.
3. La intromisión de los malos gobiernos y las empresas en nuestras comunidades y pueblos, se ha dado a través de sus programas gubernamentales que las dependencias, funcionarios, partidos políticos y empresarios a través de mentiras, corrupción engaños y traiciones han venido imponiendo sin consultar a nuestras comunidades. El PROCEDE, PROCECOM, la SEMARNAT, Secretaría de Turismo, SEDESOL, INEGI, Procuraduría Agraria, el CDI, La impuesta Secretaría de Pueblos Indígenas de Michoacán, entre otras, han promovido y solapado la imposición y el engaño que los
malos gobiernos y las empresas realizan en nuestros territorios y específicamente en la costa de Michoacán en donde se impulsan el proyecto de desarrollo integral turístico y el proyecto carretero Coahuayana Lazaro Cardenas, que buscan desincorporar del régimen comunal y ejidal las
tierras de las comunidades indígenas y campesinas de la región.
4. Lo anterior es una manera en que los malos gobiernos cooptan, confunden, controlan y someten a muchas de nuestras comunidades, generando divisionismos y confrontaciones que han permitido a los malos gobiernos facilitar la represión, el asesinato y la cárcel.
5. Hemos agotado todas las vías legales y jurídicas para la defensa y reconocimiento de nuestras tierras y territorios y sólo hemos recibido negativas, moratorias, amenazas y represión por parte del Estado, como es el caso de esta comunidad de Santa María Ostula. El camino que sigue es
continuar ejerciendo nuestro derecho histórico a la Autonomía y libre determinación. Insistimos en que la tierra, que es nuestra madre, NO SE VENDE, CON LA VIDA SE DEFIENDE.
6. Exigimos el respeto a los acuerdos y decisión asumidos por las hermanas y hermanos comuneras y comuneros indígenas de la comunidad nahua de Ostula, aprobados en su asamblea general, que han acordado la recuperación por la vía de los hechos de las tierras que les pertenecen.
Responsabilizamos a los malos gobiernos federal y estatal de cualquier acción represiva que se ejerza en contra de nuestras hermanas y hermanos indígenas Nahuas de Ostula. Exhortamos a todas y todos pueblos, naciones y tribus participantes en nuestro Congreso Nacional Indígena y adherentes a La Otra Campaña, a estar alertas y en permanente comunicación.
7. Manifestamos nuestra disposición a continuar participando en la Jornada Nacional e Internacional por la libertad inmediata e incondicional de los 12 presos políticos de San Salvador, Atenco, Estado de México. Manifestamos nuestro extremo repudio al etnocidio expresado en la violencia y la represión de que han sido víctimas las hermanas y hermanos indígenas de la zona amazónica de Perú, implementado por el mal gobierno de Alan García. De la misma manera manifestamos nuestra indignación por la violenta represión en contra de los hermanos oaxaqueños que fueron desalojados del plantón que mantenían frente a las instalaciones de la empresa minera en San José del Progreso y La Magdalena, Ocotlán de Morelos en Oaxaca, manifestamos nuestra solidaridad con las hermanas y hermanos de Bachajón Chiapas que actualmente enfrentan una lucha frontal contra el gobierno federal y del estado por mantener y cuidar sus territorios, recursos naturales y gobiernos autónomos. Denunciamos que los hermanos nahuas Pasiano Antonia Agustina, presidente del comisariado, José Antonio Dorantes, Ramón Navarro y Octaviano Martínez todos ellos de la comunidad de Chimalaco, quienes se dirigían a esta reunión y fueron detenidos de manera arbitraria en el municipio de Axtla, San Luis Potosí el viernes pasado.
8. En contra de la sentencia emitida por el Tribunal Superior Agrario de fecha 26 de Agosto del 2008, en la cual se niega la propiedad del territorio ancestral que desde tiempos inmemoriales han defendido los Wixaritari de Bancos de San Hipólito, Municipio de Mezquital Durango. Ya
que significa una grave violación de los derechos fundamentales del pueblo Wixárika, por parte del Estado mexicano. Apoyamos la decisión de Santa Catarina Cuexcomatitlán-Tuapurie, Municipio de Mezquitic Jalisco, de rechazar el proyecto carretero Amatitán-Bolaños-Huejuquilla y emprender
proyectos autónomos anticapitalistas educativas y el uso y disfrute de los recursos naturales. Asimismo exigimos cese el intento de imposición de un supuesto desarrollo que destruye el territorio. Apoyamos la decisión de San Sebastián Teponahuaxtlán municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco de luchar en contra de la contaminación del río Camotlán y las concesiones
del agua que se han hecho en las comunidades del sur de San Sebastián y Tuxpan, en los alrededores de Mesa de Tirador, realizados por el municipio de la Yesca Nayarit y particulares invasores. Saludamos el triunfo de la comunidad en la anulación de invasiones catastrales mediante recientes movilizaciones y exigimos respeto a su territorio por parte de invasores
mestizos.
Saludamos el esfuerzo de nuestras hermanas y hermanos participantes del CNI región Noroeste, que se encuentran avanzando en la organización y lucha por la defensa de sus territorios en la V reunión plenaria que realizarán el 15 y 16 de agosto en la comunidad indígena rarámuri de San
Ignacio Arareco, Municipio de Bocoyna, Chihuahua.
Dado en la Comunidad de Santa María de Ostula, Aquila, Michoacán, México, a 14 de junio de 2009.
A T E N T A M E N T E
¡¡NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS¡¡
Pueblos Naciones y Tribus
Nahuas: Comunidad de Ayotitlán, Jalisco, Comunidad de Ostula, Michoacán,
Comunidad de Coire, Michoacán, Comunidad de Pomaro, Comunidad de Aquila,
Comunidad de Tuxpan, Comunidad de Amacueca, Comunidad de Milpa Alta,
Comunidad de Santa Cruz Acalpixca.
Pueblo Purhépecha: Santa María Huiramangaro, Michoacán, Comachuen, Michoacán, Nurío, Michoacán, Cherán, Michoacán, Arantepacua, Michoacán, Nuevo Urechu, Michoacán, Uruapan, Michoacán.
Pueblo Wixaritari: San Sebastián Teponahuaxtlán, Jalisco, Tuxpán de Bolaños, Jalisco, Santa Catarina, Jalisco, Bancos de San Hipolito, Durango.
Pueblo Rarámuri: Bocoyna, Chihuahua, Cusarare, Chihuahua, Samachique, Chihuahua, Sanachi, Chihuahua.
Pueblo Ñahñuh: Comunidad de Atlapulco, Estado de México.
Pueblo Binnizá: Unión Hidalgo, Oaxaca.
Pueblo Coca: Mezcala, Jalisco.
Pueblo Tzeltal: Comunidad Bapuz, Chiapas.
Pueblo Ñu Sabi: Santo Domingo Tonaltepec, Oaxaca
Adherentes a la Otra Campaña: Colectivo Puiy, Morelia, Michoacán; AJAGI, A.C., Jalisco; Casa Efrén Capiz, Morelia, Michoacán; Casa 16 de Septiembre, Morelia, Michoacán; Colectivo Utopía, Morelia, Michoacán; UNIOS, D.F.
PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL DERECHO A LA AUTODEFENSA INDÍGENA
Los delegados y delegadas de los pueblos, tribus y naciones indígenas convocados y reunidos en la comunidad nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, para realizar la XXV ASAMBLEA NACIONAL AMPLIADA DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA en la región centro pacífico, y
CONSIDERANDO:
1. Que actualmente la guerra de exterminio neoliberal desatada en contra de nuestros pueblos ha alcanzado un grado de destrucción, despojo y explotación nunca antes visto que pone en grave riesgo la existencia, la seguridad y los territorios correspondientes a los pueblos originarios;
2. Que en la misma medida la represión gubernamental y para gubernamental desatada en contra de nuestros pueblos se ha expresado en el asesinato y el encarcelamiento de cientos de dirigentes indígenas, así como en la ocupación militar y para militar de nuestros territorios, criminalizando
la lucha social y todo intento organizativo que se origine en nuestros pueblos de manera independiente y autónoma;
3. Que al igual que ocurrió en la fase última del régimen encabezado por el dictador Porfirio Díaz, las actuales leyes y políticas gubernamentales están provocando el despoblamiento masivo de nuestras comunidades y la ilegal invasión de sus territorios originarios por parte de grandes
empresas trasnacionales y gobernantes y políticos amparados en una justicia venal que durante años ha sido incapaz de dar solución efectiva a los graves problemas, principalmente de tierras, que aquejan a nuestros pueblos;
4. Que en todos los tiempos de nuestra historia los pueblos originarios hemos creado formas organizativas legales y legítimas para nuestra autodefensa, habiendo llegado incluso a la formación de ejércitos indígenas que han marcado la vida de este país, como lo fue el Ejército
Libertador del Sur y Centro que encabezó el General Emiliano Zapata, o como ocurre con el actual Ejército Zapatista de Liberación Nacional;
PROCLAMAMOS:
PRIMERO. Que de frente a la guerra de exterminio neoliberal, NUESTROS PUEBLOS, TRIBUS Y NACIONES, así como las comunidades que los integran, TIENEN EL INALIENABLE DERECHO, DERIVADO DEL ARTÍCULO 39 CONSTITUCIONAL, PARA ORGANIZARCE Y REALIZAR LA DEFENSA DE SU VIDA, DE SU SEGURIDAD, DE SUS
LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE SU CULTURA Y TERRITORIOS.
SEGUNDO. Que de conformidad con lo que dispone el Convenio Ciento Sesenta y Nueve de la Organización Internacional del Trabajo "Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes", nuestros pueblos TIENEN, EN EL MARCO DE SUS DERECHOS A LA LIBRE DETERMINACIÓN Y AUTONOMÍA, EL DERECHO DE ORGANIZAR SU AUTODEFENSA DEL MODO QUE CONSIDEREN CONVENIENTE EN
TANTO NO ATENTE CONTRA EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS; por lo que la creación, en el marco de nuestra cultura y organización tradicional, de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas organizativas comunales para la autodefensa indígena, SON LEGALES, LEGÍTIMAS Y, SOBRE
TODO, NECESARIAS FRENTE A LA PROFUNDA CORRUPCIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE IMPARTIR JUSTICIA.
TERCERO. En consecuencia denunciamos y repudiamos cualquier acto gubernamental para desacreditar e impedir NUESTRO LEGÍTIMO DERECHO A LA DEFENSA DE NUESTRA EXISTENCIA, DE NUESTRA SEGURIDAD, DE NUESTRAS LIBERTADES Y DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE NUESTRA CULTURA Y TERRITORIOS. Asimismo manifestamos que cualesquier acción gubernamental tendiente a criminalizar nuestra ORGANIZACIÓN PARA LA AUTODEFENSA no tiene mayor fin que facilitar la represión y la destrucción en contra de nuestros pueblos.
CUARTO. Llamamos a los pueblos, tribus y naciones indígenas del país, así como a la sociedad civil nacional e internacional y a los organismos defensores de los derechos humanos, a estar atentos ante cualquier acto gubernamental de REPRESIÓN y DESMANTELAMIENTO de nuestras formas
organizativas para nuestra defensa.
Llamamos a los pueblos, tribus y naciones indígenas del país, así como a la sociedad civil nacional e internacional y a los organismos defensores de los derechos humanos a impedir la aniquilación física y cultural de nuestros pueblos y a frenar la guerra de exterminio neoliberal.
SANTA MARIA OSTULA, MICHOACAN, A 14 DE JUNIO DE 2009.
ATENTAMENTE
NUNCA MÁS UN MEXICO SIN NOSOTROS
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
DELEGADOS Y DELEGADAS DE LOS PUEBLOS, TRIBUS Y NACIONES PARTICIPANTES EN LA XXV ASAMBLEA DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
17/06/2009
Ecuador: Resistencia, represión.
Desde Bagua hasta Sarayaku, pasando por Molleturo y Dayuma, los pueblos indígenas y colectivos campesinos han mantenido posiciones encontradas con los modelos desarrollistas, siempre resistencia, siempre represión.
Los argumentos para lograr el desarrollo en cada nación están ligados a la intervención del estado sobre los recursos naturales no renovables, a la concesión de territorios para explotar minerales metálicos y petróleo a través de empresas transnacionales. Con diferente tono pero con el mismo contenido y objetivo, los gobiernos parecen estar dispuestos a sacrificar a grupos minoritarios. En el caso de Bagua, lo movilización involucró a miles de indígenas en defensa de la tierra y la vida.
Sarayaku, pueblo de la amazonia ecuatoriana, ha sido uno de los casos más representativos de resistencia frente a la actividad petrolera, mujeres y ancianos fueron los responsables, la presión del estado sobre las comunidades fue evidente militarizando esta zona, en la actualidad se mantiene una postura de intervención a este territorio por parte del ministerio de minas y petróleo.
Podemos convertirnos en un país minero, como una oportunidad, así al menos es como se entiende el mensaje del modelo desarrollista, sin consulta previa ni consentimiento, todo para salir de la pobreza. Varios intentos de intervención minera con empresas transnacionales se han dado en diferentes zonas del sur y norte de Ecuador, las protestas han derivado en enjuiciamiento a dirigentes por parte del estado, criminalizando la protesta social, oposición y mas oposición se ha evidenciado a este proceso extractivista.
En la región norte de la amazonia ecuatoriana, donde ocurrió el caso Dayuma, se desarrolla una fuerte prospección sísmica en busca de petróleo, más de mil kilómetros cuadrados se han intervenido, el estado ecológico del ambiente se deteriora. Más al este de esta mismo zona, a la frontera con Perú, el estado propone dejar el petróleo bajo tierra, un territorio conocido como “ITT”, es una parte de un área natural protegida conocida como el “Yasuni”, el objetivo es conservar la biodiversidad, respetar los derechos a la vida de poblaciones no contactadas, etc. Paralelamente a estas dos zonas, en el Río Napo, se está consolidando el proyecto modelo gobiernista “una hidrovía”, que unirá el comercio de Brasil y Ecuador, pasando por Perú y Colombia, lo que desencadenara una perdida acelerada de la biodiversidad acuática, de los recursos naturales y de las culturas ancestrales.
En Perú y Ecuador, los pueblos indígenas y comunidades de campesinos, como colectivos sociales, donde se ejerce una democracia directa, los casos de violación a los derechos humanos se han repetido en cada proceso de resistencia, en Perú una masacre.
Delfín Ordóñez.
Los argumentos para lograr el desarrollo en cada nación están ligados a la intervención del estado sobre los recursos naturales no renovables, a la concesión de territorios para explotar minerales metálicos y petróleo a través de empresas transnacionales. Con diferente tono pero con el mismo contenido y objetivo, los gobiernos parecen estar dispuestos a sacrificar a grupos minoritarios. En el caso de Bagua, lo movilización involucró a miles de indígenas en defensa de la tierra y la vida.
Sarayaku, pueblo de la amazonia ecuatoriana, ha sido uno de los casos más representativos de resistencia frente a la actividad petrolera, mujeres y ancianos fueron los responsables, la presión del estado sobre las comunidades fue evidente militarizando esta zona, en la actualidad se mantiene una postura de intervención a este territorio por parte del ministerio de minas y petróleo.
Podemos convertirnos en un país minero, como una oportunidad, así al menos es como se entiende el mensaje del modelo desarrollista, sin consulta previa ni consentimiento, todo para salir de la pobreza. Varios intentos de intervención minera con empresas transnacionales se han dado en diferentes zonas del sur y norte de Ecuador, las protestas han derivado en enjuiciamiento a dirigentes por parte del estado, criminalizando la protesta social, oposición y mas oposición se ha evidenciado a este proceso extractivista.
En la región norte de la amazonia ecuatoriana, donde ocurrió el caso Dayuma, se desarrolla una fuerte prospección sísmica en busca de petróleo, más de mil kilómetros cuadrados se han intervenido, el estado ecológico del ambiente se deteriora. Más al este de esta mismo zona, a la frontera con Perú, el estado propone dejar el petróleo bajo tierra, un territorio conocido como “ITT”, es una parte de un área natural protegida conocida como el “Yasuni”, el objetivo es conservar la biodiversidad, respetar los derechos a la vida de poblaciones no contactadas, etc. Paralelamente a estas dos zonas, en el Río Napo, se está consolidando el proyecto modelo gobiernista “una hidrovía”, que unirá el comercio de Brasil y Ecuador, pasando por Perú y Colombia, lo que desencadenara una perdida acelerada de la biodiversidad acuática, de los recursos naturales y de las culturas ancestrales.
En Perú y Ecuador, los pueblos indígenas y comunidades de campesinos, como colectivos sociales, donde se ejerce una democracia directa, los casos de violación a los derechos humanos se han repetido en cada proceso de resistencia, en Perú una masacre.
Delfín Ordóñez.
La Auto demarcación Yukpa se pretenden derrotar espejitos y prácticas no democráticas
Luego de dos años de su paralización, la demarcación de los territorios del pueblo Yukpa ordenada por el Presidente Chávez a la señora Ministra del Poder Popular para el Ambiente Ortega de Carrizales en el Aló Presidente del 24 de Agosto de 2008 entra en su etapa final creando división y el caos en dichas comunidades indígenas a través de los ministerios como Ambiente, Defensa, Indígena e Interior y Justicia, que terminaron también imponiendo su visión etnocida (planes de desarrollo sin territorio) en las comisiones nacional y regional de demarcación de tierras indígenas zulianas.
De la represión abierta a la encubierta
Desde un principio a través del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas se comienza a satanizar a los dirigentes del Yaza que encabezaron las ocupaciones de las haciendas de la zona, dada la tardanza y la paralización del proceso nacional de demarcación (Octubre 2006 - Agosto 2008), y por ende a las organizaciones aliadas sociales y ecologistas.
En medio del sicariato/ganadero, se organiza de inmediato la represión abierta, posteriormente encubierta del Estado a través del Ministerio de la Defensa en la figura del General Izquierdo Torres del Fuerte Macoa de Machiques y la Guardia Nacional, obteniéndose a corto plazo para los ministerios Indígena y Defensa como saldo político organizativo a favor de la política etnocida gubernamental en desarrollo: la salida de Santiago Arcaonada de la Vicepresidencia ICLAM no sin antes haberle detenido y levantado un expediente a través de un interrogatorio por la DIM en las instalaciones del Fuerte Macoa bajo la presencia del General Izquierdo Torres, donde se le relacionaba con Lusbi Portillo y Sabino Romero Izarra, su preencia en la toma del INTI Machiques; la satanización pública e interinstitucional del líder Sabino Romero Izarra y de las comunidades del río Yaza, en especial Chaktapa donde Sabino es cacique y Kasmera en la cual temerariamente Sergio Rodríguez, Viceministro del Ministerio Popular para el Ambiente y Secretario Ejecutivo de la comisión nacional de demarcación de las tierras indígenas, asegura sin prueba alguna la permanencia en dicha comunidad de ganaderos secuestrados; el inicio del quiebre de la unidad imperante entre los cacique en la lucha por un territorio único expresado en la auto propuesta de demarcación de unas 200 mil hectáreas. Son neutralizados los cacique de los llamados Centro Pilotos que pasan de la noche a la mañana a ser supercaciques y funcionarios a la vez del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas: del Tukuko, Yaza/Neremü y Toromo, en este último centro a la cacica se le nombra Viceministra; el impuesto y unilateral reconocimiento como únicos voceros calificados ante el Estado gobierno a los caciques de los cinco Centros Piloto, bautizado con dicho nombre por las instituciones gubernamentales por ser la última comunidad indígena del piedemonte donde había acceso directo en vehículos. De esta manera queda así excluido el liderazgo genuino de más del 90% de todos los caciques Yukpa.
Esta nefasta política se caerá por su propio peso de sus contradicciones, crece ya el descontento entre los caciques y el resto de los dirigentes de las comunidades contra la ministra Maldonado y sus supercaciques todos poderosos, y han comenzado al ver que las dádivas, bolsas de comidas, dispensarios, viviendas, medicinas, centro de salud, carreteras llegan sólo a los denominados Centros Pilotos, poco a poco las comunidades arriban van a ir desapareciendo para agrupar sus viviendas y conucos alrededor de los cinco Centros Pilotos o Unidades Productivas, a las haciendas y posteriormente obligados por el hambre y el desempleo a engrosar los cordones de miseria de los barrios marginales de la ciudad de Machiques, a quien le espera olas fuerte de invasiones a corto, mediano y largo plazo. ¿Sabrá esto el Presidente Chávez?, estará concientes de lo que están haciendo los ministros Ortega de Carrizales, Tareck El Aissami o Maldonado, y la prepotente Tamara Luque que regaña como niños a ministros y ministras, paren de contar con los de igual rango o de menor nivel. Quien va a responder por el deterioro de la cultura Yukpa. Dirán quizás que fueron los errores de la transición al Socialismo, y con esto vendrá la disculpa y el perdón.
Con la satanización de los lideres indígenas, sociales y ecologistas, el quiebre de la unidad del liderazgo Yukpa en la lucha por la recuperación y demarcación de una buena parte de su territorio original y la simplificación del liderazgos Yukpa a cinco voceros calificados en las relaciones con el Estado gobierno el Estado gobierno hecha las bases para desconocer los derechos territoriales de los pueblos indígenas e imponer la nueva propuesta de reducción territorial a cinco espacios socio productivos. Continúa el histórico cambio de espejito/proyectos por oro/tierra.
La represión la cambian del ministerio de la Defensa a las manos de cinco indígena
El componente etnocida faltante se expresa al instalar el terror y el caos con operadores Yukpa y colombianos desplazados en las comunidades agrupadas alrededor de cada uno de estas cinco Unidades Productivas o Centro Piloto cuyos caciques están invisibilizados, carentes de alguna representatividad ante el Estado; gozando así de impunidad los indígenas o no indígenas que obedecen las ordenes de los cinco caciques o ex caciques (hoy funcionarios) escogidos como voceros gubernamentales, o las ordenes impartidas directamente por la Viceministra indígena; en complementariedad a esta línea de acción gubernamental los líderes en lucha son aislados, excluidos de las dádivas gubernamentales o son agredidos directamente. Este política ha tenido mayor éxito en los Centros Pilotos Toromo (en río Negro) y Yaza/Neremü.
No permitiendo, por otra parte, el acceso a ninguna comunidad a los dirigentes sociales y ecologistas aliados a los sectores indígenas que luchan por la auto demarcación de un territorio saneado sin minas ni ganaderos. Hay alcabalas internas por doquier para detenerlos, cualquier voluntario tiene permiso para golpearlos tal como ocurrió el viernes 12 de este mes con la compañera comunicadora Renza Zabaleta durante el registro audiovisual que realizaba del desalojo ejecutado por sectores violentos afectos a la Ministra y a la Viceministro indígena en la comunidad Jararamü ocupante de la hacienda Medellín en el sector del Centro Piloto Toromo, en río Negro; entre los violentos se encontraban un grupo de colombianos, maestros y el Cacique (también maestro) de la comunidad Toromo, todos estos compañeros de trabajo y vecinos de la ex maestra hoy Viceministra, que pretenden por decisión propia anexar las infraestructuras y las tierras de esta hacienda (Medellín) a la escuela agropecuaria donde la señora que hoy ocupa el rango de Viceministra y su señor esposo (miembro de la comisión regional de la demarcación de tierra) desde hace años recuperó con la ayuda de los ecologistas los predios de la hacienda El Trebol, son estos mismos ecologistas que ahora agraden y difaman bajo orden ministerial.
Hay dos hechos singulares a resaltar, el primero indica que los abogados de la Sociedad Homo et Natura eran quienes defendían en la Fiscalía 20 de Machiques y en Tribunales en La Villa del Rosario a la señora que hoy hace el papel de Viceministra indígena imputada con otros cuatro dirigentes Yukpa por invasora y presunto hurto de bienes de la hacienda Medellín, en verdad ella confesó públicamente que ninguna participación tenía en la recuperación por parte de sus paisanos de dicho fundo, por esta razón le extraña al resto de los ocupante agredidos que hoy pretenda anexar estas tierras y bienhechurías a la escuela agropecuaria de Toromo; por otra parte, el segundo hecho lo señala que en el justo momento de los enfrentamiento violentos entre los dos grupos pasaban por el frente en vehículos oficiales la señora Ministra Maldonado y la Viceministro Yasphe.
Crece la resistencia a pesar de todas las formas de represión
Crece el descontento en las comunidades de las cuencas del río Yaza, Negro y Apón al saber que fueron traicionados, que no tendrán tierras, sino dádivas, que por su culpa hay una alianza con el Estado gobierno para no entregar las haciendas ubicadas dentro de la poligonal. Crece el descontento por la manera como se comportan el liderazgo indígena oficial, que son los primeros conjuntamente con sus familiares en recibir los beneficios estatales, la construcción de las viviendas, las bolsas de comida, la imposición del silencio, hasta la agresión ante alguna denuncia. La exclusión impuesta por la ministra Maldonado y el Viceministro Rodríguez a la comunidad Chaktapa es algo cotidiano, por el hecho de estar allí la morada del dirigente Sabino Romero Izarra y su familia, lugar este donde hasta ahora permanece la dignidad ecológica a no permitir la entran de las motosierras y los camiones madereros.
Mientras esto ocurre en Machiques, en el municipio Mara, operadores (habitantes de la zona, tarifados por Corpozulia y la empresa irlandesa Carbonífera Caño Seco) con vínculos con algunos asesores y diputados de la Subcomisión de Minas son movilizados dos veces al año a la ciudad de Caracas a exigir la apertura de más minas de carbón, su último viaje para dialogar con la ministra Ortega de Carrizales se realizó el martes 4 de este mes pagándose 500 bolívares fuertes por asistentes, hoy desataron también la violencia contra dirigente Wayuu para poder entrar a la fuerza en parajes montañosos donde se pretenden abrir las futuras minas Socuy, Casa Blanca y la Carpa desde donde el Gobierno planifica sacar el carbón que se usará en los hornos de las plantas de aceros por abrir en el sur del país con el objetivo de hacer de Venezuela una potencia industrial mundial.
Este cuadro selectivo de terror y sometimiento solapado del Estado gobierno dirigido contra los dirigentes rebeldes de las comunidades indígenas Yukpa, Barí y Wayuu desde los centros de poder ministerial en Caracas se ejecutó también contra trabajadores conocidos que trabajan en la Misión Cultura y en Fundayacucho al pretender involucrarlos con el conjuntos de actividades de 18 horas de trabajo sostenido realizadas conjuntamente con grupos sociales, culturales y medios comunitarios el día viernes 5 de Mayo, Día Mundial del Ambiente, frente a la Asamblea Nacional y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, foro en una de las salas de la Defensoría del Pueblo, en el local del grupo Tiuna el Fuerte y en el Nuevo Circo de Caracas a favor de la demarcación de las tierras indígenas que pasa por adquirir por parte del Estado gobierno las bienhechurías de las haciendas rescatadas y solicitadas en la Auto demarcación de los pueblos Yukpa y Barí y contra la apertura de las minas Socuy de Corpozulia y Casa Blanca de los irlandeses Compañía Carbonífera Caño Seco en el municipio Mara en tierras de los indígenas Wayuu.
El poder que actúa para minar la solidaridad busca precisar alianzas a su favor
El malestar de la Ministra Ortega de Carrizales (por la concentración frente al edificio sede de su despacho) en su obsesión en desmantelar los supuestos lazos de solidaridad de algunos miembros de dichos entes gubernamentales con las justas luchas que protagonizan los indígenas y ecologistas del Zulia involucró directamente a la Vicepresidencia y desde ésta movilizó a los más altos representantes de los ministerios de la defensa, del interior y justicia, ambiente, educación e indígena para citar el día martes 9 a algunos trabajadores presuntamente involucrados con el apoyo de la concentración del viernes 5 en la sede del Ministerio del Interior y Justicia.
Temiendo que dichos planes sean neutralizados a mediano plazo y la resistencia crezca contra la pretendida apertura gubernamental de las mina Socuy, Casa Blanca y La Carpa y por una justa salida a la demarcación de los territorios solicitados y Auto demarcados por los pueblos Yukpa y Barí su brazo ejecutor la ministra Maldonado y sus subalternos tarifados impone la exclusión y el terror en Perijá, mientras que Corpozulia y los capitales privados mineros hacen lo mismo en el municipio Mara. Las palabras comprometida de Ortega de Carrizales en la ejecución en todos etnocidas y ecocidas planes pretende encaminar al Estado gobierno la segunda derrota a propiciar a los pueblos indígenas y al movimiento ecologista existente, expresada la primera derrota en la imposición del Tendido Eléctrico a Brasil pasando por la Gran Sabana y los territorios del pueblo Pemón.
Pretenden repetir este mismo y nefasto formato del sur en el Zulia. Pero no pasarán, los derrotaremos, venceremos, y desde ya asumimos la consigna de la Organización Indígena Wayuu MAIKIRAALASALII: Tierra, Agua y Dignidad.
Sociedad Homo et Natura
De la represión abierta a la encubierta
Desde un principio a través del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas se comienza a satanizar a los dirigentes del Yaza que encabezaron las ocupaciones de las haciendas de la zona, dada la tardanza y la paralización del proceso nacional de demarcación (Octubre 2006 - Agosto 2008), y por ende a las organizaciones aliadas sociales y ecologistas.
En medio del sicariato/ganadero, se organiza de inmediato la represión abierta, posteriormente encubierta del Estado a través del Ministerio de la Defensa en la figura del General Izquierdo Torres del Fuerte Macoa de Machiques y la Guardia Nacional, obteniéndose a corto plazo para los ministerios Indígena y Defensa como saldo político organizativo a favor de la política etnocida gubernamental en desarrollo: la salida de Santiago Arcaonada de la Vicepresidencia ICLAM no sin antes haberle detenido y levantado un expediente a través de un interrogatorio por la DIM en las instalaciones del Fuerte Macoa bajo la presencia del General Izquierdo Torres, donde se le relacionaba con Lusbi Portillo y Sabino Romero Izarra, su preencia en la toma del INTI Machiques; la satanización pública e interinstitucional del líder Sabino Romero Izarra y de las comunidades del río Yaza, en especial Chaktapa donde Sabino es cacique y Kasmera en la cual temerariamente Sergio Rodríguez, Viceministro del Ministerio Popular para el Ambiente y Secretario Ejecutivo de la comisión nacional de demarcación de las tierras indígenas, asegura sin prueba alguna la permanencia en dicha comunidad de ganaderos secuestrados; el inicio del quiebre de la unidad imperante entre los cacique en la lucha por un territorio único expresado en la auto propuesta de demarcación de unas 200 mil hectáreas. Son neutralizados los cacique de los llamados Centro Pilotos que pasan de la noche a la mañana a ser supercaciques y funcionarios a la vez del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas: del Tukuko, Yaza/Neremü y Toromo, en este último centro a la cacica se le nombra Viceministra; el impuesto y unilateral reconocimiento como únicos voceros calificados ante el Estado gobierno a los caciques de los cinco Centros Piloto, bautizado con dicho nombre por las instituciones gubernamentales por ser la última comunidad indígena del piedemonte donde había acceso directo en vehículos. De esta manera queda así excluido el liderazgo genuino de más del 90% de todos los caciques Yukpa.
Esta nefasta política se caerá por su propio peso de sus contradicciones, crece ya el descontento entre los caciques y el resto de los dirigentes de las comunidades contra la ministra Maldonado y sus supercaciques todos poderosos, y han comenzado al ver que las dádivas, bolsas de comidas, dispensarios, viviendas, medicinas, centro de salud, carreteras llegan sólo a los denominados Centros Pilotos, poco a poco las comunidades arriban van a ir desapareciendo para agrupar sus viviendas y conucos alrededor de los cinco Centros Pilotos o Unidades Productivas, a las haciendas y posteriormente obligados por el hambre y el desempleo a engrosar los cordones de miseria de los barrios marginales de la ciudad de Machiques, a quien le espera olas fuerte de invasiones a corto, mediano y largo plazo. ¿Sabrá esto el Presidente Chávez?, estará concientes de lo que están haciendo los ministros Ortega de Carrizales, Tareck El Aissami o Maldonado, y la prepotente Tamara Luque que regaña como niños a ministros y ministras, paren de contar con los de igual rango o de menor nivel. Quien va a responder por el deterioro de la cultura Yukpa. Dirán quizás que fueron los errores de la transición al Socialismo, y con esto vendrá la disculpa y el perdón.
Con la satanización de los lideres indígenas, sociales y ecologistas, el quiebre de la unidad del liderazgo Yukpa en la lucha por la recuperación y demarcación de una buena parte de su territorio original y la simplificación del liderazgos Yukpa a cinco voceros calificados en las relaciones con el Estado gobierno el Estado gobierno hecha las bases para desconocer los derechos territoriales de los pueblos indígenas e imponer la nueva propuesta de reducción territorial a cinco espacios socio productivos. Continúa el histórico cambio de espejito/proyectos por oro/tierra.
La represión la cambian del ministerio de la Defensa a las manos de cinco indígena
El componente etnocida faltante se expresa al instalar el terror y el caos con operadores Yukpa y colombianos desplazados en las comunidades agrupadas alrededor de cada uno de estas cinco Unidades Productivas o Centro Piloto cuyos caciques están invisibilizados, carentes de alguna representatividad ante el Estado; gozando así de impunidad los indígenas o no indígenas que obedecen las ordenes de los cinco caciques o ex caciques (hoy funcionarios) escogidos como voceros gubernamentales, o las ordenes impartidas directamente por la Viceministra indígena; en complementariedad a esta línea de acción gubernamental los líderes en lucha son aislados, excluidos de las dádivas gubernamentales o son agredidos directamente. Este política ha tenido mayor éxito en los Centros Pilotos Toromo (en río Negro) y Yaza/Neremü.
No permitiendo, por otra parte, el acceso a ninguna comunidad a los dirigentes sociales y ecologistas aliados a los sectores indígenas que luchan por la auto demarcación de un territorio saneado sin minas ni ganaderos. Hay alcabalas internas por doquier para detenerlos, cualquier voluntario tiene permiso para golpearlos tal como ocurrió el viernes 12 de este mes con la compañera comunicadora Renza Zabaleta durante el registro audiovisual que realizaba del desalojo ejecutado por sectores violentos afectos a la Ministra y a la Viceministro indígena en la comunidad Jararamü ocupante de la hacienda Medellín en el sector del Centro Piloto Toromo, en río Negro; entre los violentos se encontraban un grupo de colombianos, maestros y el Cacique (también maestro) de la comunidad Toromo, todos estos compañeros de trabajo y vecinos de la ex maestra hoy Viceministra, que pretenden por decisión propia anexar las infraestructuras y las tierras de esta hacienda (Medellín) a la escuela agropecuaria donde la señora que hoy ocupa el rango de Viceministra y su señor esposo (miembro de la comisión regional de la demarcación de tierra) desde hace años recuperó con la ayuda de los ecologistas los predios de la hacienda El Trebol, son estos mismos ecologistas que ahora agraden y difaman bajo orden ministerial.
Hay dos hechos singulares a resaltar, el primero indica que los abogados de la Sociedad Homo et Natura eran quienes defendían en la Fiscalía 20 de Machiques y en Tribunales en La Villa del Rosario a la señora que hoy hace el papel de Viceministra indígena imputada con otros cuatro dirigentes Yukpa por invasora y presunto hurto de bienes de la hacienda Medellín, en verdad ella confesó públicamente que ninguna participación tenía en la recuperación por parte de sus paisanos de dicho fundo, por esta razón le extraña al resto de los ocupante agredidos que hoy pretenda anexar estas tierras y bienhechurías a la escuela agropecuaria de Toromo; por otra parte, el segundo hecho lo señala que en el justo momento de los enfrentamiento violentos entre los dos grupos pasaban por el frente en vehículos oficiales la señora Ministra Maldonado y la Viceministro Yasphe.
Crece la resistencia a pesar de todas las formas de represión
Crece el descontento en las comunidades de las cuencas del río Yaza, Negro y Apón al saber que fueron traicionados, que no tendrán tierras, sino dádivas, que por su culpa hay una alianza con el Estado gobierno para no entregar las haciendas ubicadas dentro de la poligonal. Crece el descontento por la manera como se comportan el liderazgo indígena oficial, que son los primeros conjuntamente con sus familiares en recibir los beneficios estatales, la construcción de las viviendas, las bolsas de comida, la imposición del silencio, hasta la agresión ante alguna denuncia. La exclusión impuesta por la ministra Maldonado y el Viceministro Rodríguez a la comunidad Chaktapa es algo cotidiano, por el hecho de estar allí la morada del dirigente Sabino Romero Izarra y su familia, lugar este donde hasta ahora permanece la dignidad ecológica a no permitir la entran de las motosierras y los camiones madereros.
Mientras esto ocurre en Machiques, en el municipio Mara, operadores (habitantes de la zona, tarifados por Corpozulia y la empresa irlandesa Carbonífera Caño Seco) con vínculos con algunos asesores y diputados de la Subcomisión de Minas son movilizados dos veces al año a la ciudad de Caracas a exigir la apertura de más minas de carbón, su último viaje para dialogar con la ministra Ortega de Carrizales se realizó el martes 4 de este mes pagándose 500 bolívares fuertes por asistentes, hoy desataron también la violencia contra dirigente Wayuu para poder entrar a la fuerza en parajes montañosos donde se pretenden abrir las futuras minas Socuy, Casa Blanca y la Carpa desde donde el Gobierno planifica sacar el carbón que se usará en los hornos de las plantas de aceros por abrir en el sur del país con el objetivo de hacer de Venezuela una potencia industrial mundial.
Este cuadro selectivo de terror y sometimiento solapado del Estado gobierno dirigido contra los dirigentes rebeldes de las comunidades indígenas Yukpa, Barí y Wayuu desde los centros de poder ministerial en Caracas se ejecutó también contra trabajadores conocidos que trabajan en la Misión Cultura y en Fundayacucho al pretender involucrarlos con el conjuntos de actividades de 18 horas de trabajo sostenido realizadas conjuntamente con grupos sociales, culturales y medios comunitarios el día viernes 5 de Mayo, Día Mundial del Ambiente, frente a la Asamblea Nacional y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, foro en una de las salas de la Defensoría del Pueblo, en el local del grupo Tiuna el Fuerte y en el Nuevo Circo de Caracas a favor de la demarcación de las tierras indígenas que pasa por adquirir por parte del Estado gobierno las bienhechurías de las haciendas rescatadas y solicitadas en la Auto demarcación de los pueblos Yukpa y Barí y contra la apertura de las minas Socuy de Corpozulia y Casa Blanca de los irlandeses Compañía Carbonífera Caño Seco en el municipio Mara en tierras de los indígenas Wayuu.
El poder que actúa para minar la solidaridad busca precisar alianzas a su favor
El malestar de la Ministra Ortega de Carrizales (por la concentración frente al edificio sede de su despacho) en su obsesión en desmantelar los supuestos lazos de solidaridad de algunos miembros de dichos entes gubernamentales con las justas luchas que protagonizan los indígenas y ecologistas del Zulia involucró directamente a la Vicepresidencia y desde ésta movilizó a los más altos representantes de los ministerios de la defensa, del interior y justicia, ambiente, educación e indígena para citar el día martes 9 a algunos trabajadores presuntamente involucrados con el apoyo de la concentración del viernes 5 en la sede del Ministerio del Interior y Justicia.
Temiendo que dichos planes sean neutralizados a mediano plazo y la resistencia crezca contra la pretendida apertura gubernamental de las mina Socuy, Casa Blanca y La Carpa y por una justa salida a la demarcación de los territorios solicitados y Auto demarcados por los pueblos Yukpa y Barí su brazo ejecutor la ministra Maldonado y sus subalternos tarifados impone la exclusión y el terror en Perijá, mientras que Corpozulia y los capitales privados mineros hacen lo mismo en el municipio Mara. Las palabras comprometida de Ortega de Carrizales en la ejecución en todos etnocidas y ecocidas planes pretende encaminar al Estado gobierno la segunda derrota a propiciar a los pueblos indígenas y al movimiento ecologista existente, expresada la primera derrota en la imposición del Tendido Eléctrico a Brasil pasando por la Gran Sabana y los territorios del pueblo Pemón.
Pretenden repetir este mismo y nefasto formato del sur en el Zulia. Pero no pasarán, los derrotaremos, venceremos, y desde ya asumimos la consigna de la Organización Indígena Wayuu MAIKIRAALASALII: Tierra, Agua y Dignidad.
Sociedad Homo et Natura
13/06/2009
Títulos Chimbos entregará Chávez el 12 de Octubre
Por Unidades Socioproductivas sustituirán los territorios indígenas Barí y Yukpa
Como en octubre del 2006, de nuevo la Comisión Nacional de Demarcación de las Tierras y Hábitat de los Pueblos y Comunidades Indígenas desde el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente pretende engañar a Chávez haciéndolo creer que los títulos de propiedad colectiva de las tierras indígenas gozan del consentimiento previo de los indígenas todos, y no de una domesticada cúpula oficialista cuidadores de cargos otorgados recientemente por el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, en aras de dividir y debilitar la resistencia indígena por sus derechos territoriales.
Edgardo Reina, Genys Lozano, su esposa Magali González (Coord. de los estudios Físico Natural) y Carlos Lugo (Coord. de los estudios Jurídicos) siguiendo ordenes del Viceministro Sergio Rodríguez pretenden a última hora reducir a 45 mil hectáreas la poligonal territorial yukpa de 280 mil hectáreas sobre la cual la Ministra Ortega de Carrizales y el Viceministro Rodríguez vienen señalando como el territorio del pueblo o nación Yukpa desde mediados del 2006. ¿Qué pasó?
Desde su declaración de prensa del 24/05/09, el Viceministro Rodríguez anuncia luego de tres años del inicio del proceso de demarcación que la poligonal trazada como el territorio del pueblo Yukpa no era otra cosa que un área de estudio, pese a que desde la publicación de sus coordenadas en la prensa se originó por parte de ganaderos, campesinos y demás denominados terceros la presentación de 550 alegatos por considerarse afectados por dicha poligonal demarcadora del territorio Yukpa. Es decir se cambió la poligonal de 280 mil hectáreas por 45 mil que comprende la entocida e impuesta propuesta del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente de las cinco Unidades Productivas.
El estudio Socio antropológico están sustentado por el antropólogo Mauro Carrero a partir de la poligonal y no de los cinco centros pilotos defendidos por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami y su particular Viceministra Tamara Luque íntimamente vinculada el General Izquierdo Torres. El antropólogo Carrero por ética profesional debe poner su cargo a la orden antes de aceptar piratear su trabajo ya no a partir de la poligonal sino adecuándolo a las caprichosas Unidades Productivas socialistas. Esta vez debe ser más honrado consigo mismo, no puede volver a decir que “el gobiernito de Chávez se lo impuso” tal como argumentó a mediado de 2006 ante las presiones cotidianas de su antiguo jefe el señor Yul Lobo durante la etapa final de la demarcación del territorio del pueblo Barí.
En la reunión de la comisión regional de demarcación de tierra el día martes 9 de junio se le exige al antropólogo Carrero que debe readaptar su propuesta no a la poligonal de 280 mil hectáreas sino a los cinco Unidades Productivas a estructurarse a través de los Centros Pilotos, donde el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas viene urbanizándolos construye viviendas de adobe y platabanda, o con laminas de zinc, y por esta razón buscando bajar costos utilizan mano de obra indígena y cinco bloqueras artesanales.
Uno de los responsables por el pueblo Yukpa en la comisión regional, Jesús Peñaranda manifestó su asombro al ver que desde un plumazo se había borrado la propuesta del territorio Yukpa del sector Río Negro.
Esta táctica de desconocer y reducir el territorio del pueblo amerindio Yukpa se vienen montando desde Caracas a última hora, exigiendo al personal contratado entregar para el 23 y 24 de este mes los resultados de los tres estudios Jurídico, Físico Natural y Socio antropológico a la consideración del pueblo Yukpa pretendiendo abortar esta consulta en una única asamblea tutelada por Sergio Rodríguez y sus abogados, en lugar de permitir que el pueblo Yukpa en forma autónoma y libre decida en un período que puede durar varias semanas en leer y pronunciarse a favor o en contra, exigiendo su nulidad.
De manera calculada, a estas alturas ya para cerrarse el proceso de demarcación, los personeros de la comisión de demarcación de tierra indígenas pretenden entre gallos y amanecer cambiar la regla de juego por no tener el valor de decirle a los Yukpa abiertamente desde un principio las verdaderas intenciones de no entregar tierras nuevas a partir del pago de las bienhechurías de haciendas invasoras ya señaladas como territorio original por el pueblo indígena, no lo dijeron por temor a mayores conflictos con todos los líderes indígenas al mismo tiempo. Para aquel entonces existía unidad por la defensa de sus territorios entre todos los líderes del pueblo o nación Yukpa. Hoy casi todos los dirigentes de la nocha a la mañana pasaron a ser funcionarios del Gobierno nacional o municipal, obligados a seguir los lineamientos del Estado gobierno sustentada en la estrategia de entrega de títulos de propiedad colectiva sin tierra, con excepción de algunas haciendas a adquirir por parte del Gobierno para conformar las impuestas cinco Unidades Productivas Socialistas en los denominados Centros Pilotos dirigidos por Supracaciques mayores, únicos liderazgos reconocidos por el Ministerio del Poder Popular del Ambiente y por ende por la Comisión Nacional de Demarcación de Tierras y Hábitat de los Pueblos y Comunidades Indígenas según informa el Viceministro Rodríguez.
En conchupancia con esta estrategia gubernamental, desde el 12 de octubre de 2008 se aprobó un plan de infraestructura cívico militar de 235.447.475 BF denominado Plan de Acción del Gobierno Nacional para le Defensa, Desarrollo y Consolidación de los Municipios Fronterizos Machiques de Perijá y Jesús Enrique Losada del Estado Zulia (Gaceta Oficial Nº. 39.046 del 28/10/08) para fortalecer la idea de las 45 mil hectáreas alrededor de estos cinco Centro Pilotos, excluyendo el 99% del resto de las comunidades Yukpa, así como todas las comunidades del pueblo Barí también moradores originarios de la Sierra de Perijá. Dejando así por fuera las soluciones de las necesidades más sentidas de los pueblos indígenas de la Sierra de Perijá como es la salud, el hambre, la desnutrición infantil, la deforestación de la Sierra de Perijá, ayudas y asistencia técnica agropecuaria y en especial el problema de sus territorios originales ocupadas a mediado de los años 50 por hacendados y parceleros. Se echó por tierra la Auto demarcación del Pueblo Yukpa.
Se entregará el 12 de Octubre no un territorio único para el pueblo Yukpa, sino cinco pedazos alrededor de cada uno de los cinco Centros Pilotos (Tukuko, Neremü/Kasmera, Toromo, Sirapta y Aroy/Tinacoa) conformando así las llamadas Unidades Productivas, comenzando en Agosto en los Centros Pilotos Aroy/Tinacoa y Shirapta donde, según el Gobierno, “no existen conflictos” por la tenencia de la tierra; en el primer centro no hay conflicto porque los Yukpa de estas dos comunidades ocuparon por cuente propias las haciendas abandonadas vecinas, y en el Centro Piloto Shirapta porque sus dirigentes bajo los lineamientos de los ministerios indígenas y ambiente a espalda del pueblo renuncian a luchar por petición de nuevos territorios a través de la exigencia del pago al Gobierno de las bienhechurías de las haciendas el Capitán, Aponcito y la Esperanza, ante las dádivas gubernamentales y las negociadas con el hacendado Diego García de la hacienda El Capitán, tal como se pudo constatar en el Encuentro Nacional del 10 de Marzo de 2009 realizado en el MACZUL y en el pronunciamiento del dirigente y funcionario Efraín Romero en la Plaza Bolivar de Caracas el día miércoles 18 de ese mismo mes.
Homo et Natura
Como en octubre del 2006, de nuevo la Comisión Nacional de Demarcación de las Tierras y Hábitat de los Pueblos y Comunidades Indígenas desde el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente pretende engañar a Chávez haciéndolo creer que los títulos de propiedad colectiva de las tierras indígenas gozan del consentimiento previo de los indígenas todos, y no de una domesticada cúpula oficialista cuidadores de cargos otorgados recientemente por el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, en aras de dividir y debilitar la resistencia indígena por sus derechos territoriales.
Edgardo Reina, Genys Lozano, su esposa Magali González (Coord. de los estudios Físico Natural) y Carlos Lugo (Coord. de los estudios Jurídicos) siguiendo ordenes del Viceministro Sergio Rodríguez pretenden a última hora reducir a 45 mil hectáreas la poligonal territorial yukpa de 280 mil hectáreas sobre la cual la Ministra Ortega de Carrizales y el Viceministro Rodríguez vienen señalando como el territorio del pueblo o nación Yukpa desde mediados del 2006. ¿Qué pasó?
Desde su declaración de prensa del 24/05/09, el Viceministro Rodríguez anuncia luego de tres años del inicio del proceso de demarcación que la poligonal trazada como el territorio del pueblo Yukpa no era otra cosa que un área de estudio, pese a que desde la publicación de sus coordenadas en la prensa se originó por parte de ganaderos, campesinos y demás denominados terceros la presentación de 550 alegatos por considerarse afectados por dicha poligonal demarcadora del territorio Yukpa. Es decir se cambió la poligonal de 280 mil hectáreas por 45 mil que comprende la entocida e impuesta propuesta del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente de las cinco Unidades Productivas.
El estudio Socio antropológico están sustentado por el antropólogo Mauro Carrero a partir de la poligonal y no de los cinco centros pilotos defendidos por el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami y su particular Viceministra Tamara Luque íntimamente vinculada el General Izquierdo Torres. El antropólogo Carrero por ética profesional debe poner su cargo a la orden antes de aceptar piratear su trabajo ya no a partir de la poligonal sino adecuándolo a las caprichosas Unidades Productivas socialistas. Esta vez debe ser más honrado consigo mismo, no puede volver a decir que “el gobiernito de Chávez se lo impuso” tal como argumentó a mediado de 2006 ante las presiones cotidianas de su antiguo jefe el señor Yul Lobo durante la etapa final de la demarcación del territorio del pueblo Barí.
En la reunión de la comisión regional de demarcación de tierra el día martes 9 de junio se le exige al antropólogo Carrero que debe readaptar su propuesta no a la poligonal de 280 mil hectáreas sino a los cinco Unidades Productivas a estructurarse a través de los Centros Pilotos, donde el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas viene urbanizándolos construye viviendas de adobe y platabanda, o con laminas de zinc, y por esta razón buscando bajar costos utilizan mano de obra indígena y cinco bloqueras artesanales.
Uno de los responsables por el pueblo Yukpa en la comisión regional, Jesús Peñaranda manifestó su asombro al ver que desde un plumazo se había borrado la propuesta del territorio Yukpa del sector Río Negro.
Esta táctica de desconocer y reducir el territorio del pueblo amerindio Yukpa se vienen montando desde Caracas a última hora, exigiendo al personal contratado entregar para el 23 y 24 de este mes los resultados de los tres estudios Jurídico, Físico Natural y Socio antropológico a la consideración del pueblo Yukpa pretendiendo abortar esta consulta en una única asamblea tutelada por Sergio Rodríguez y sus abogados, en lugar de permitir que el pueblo Yukpa en forma autónoma y libre decida en un período que puede durar varias semanas en leer y pronunciarse a favor o en contra, exigiendo su nulidad.
De manera calculada, a estas alturas ya para cerrarse el proceso de demarcación, los personeros de la comisión de demarcación de tierra indígenas pretenden entre gallos y amanecer cambiar la regla de juego por no tener el valor de decirle a los Yukpa abiertamente desde un principio las verdaderas intenciones de no entregar tierras nuevas a partir del pago de las bienhechurías de haciendas invasoras ya señaladas como territorio original por el pueblo indígena, no lo dijeron por temor a mayores conflictos con todos los líderes indígenas al mismo tiempo. Para aquel entonces existía unidad por la defensa de sus territorios entre todos los líderes del pueblo o nación Yukpa. Hoy casi todos los dirigentes de la nocha a la mañana pasaron a ser funcionarios del Gobierno nacional o municipal, obligados a seguir los lineamientos del Estado gobierno sustentada en la estrategia de entrega de títulos de propiedad colectiva sin tierra, con excepción de algunas haciendas a adquirir por parte del Gobierno para conformar las impuestas cinco Unidades Productivas Socialistas en los denominados Centros Pilotos dirigidos por Supracaciques mayores, únicos liderazgos reconocidos por el Ministerio del Poder Popular del Ambiente y por ende por la Comisión Nacional de Demarcación de Tierras y Hábitat de los Pueblos y Comunidades Indígenas según informa el Viceministro Rodríguez.
En conchupancia con esta estrategia gubernamental, desde el 12 de octubre de 2008 se aprobó un plan de infraestructura cívico militar de 235.447.475 BF denominado Plan de Acción del Gobierno Nacional para le Defensa, Desarrollo y Consolidación de los Municipios Fronterizos Machiques de Perijá y Jesús Enrique Losada del Estado Zulia (Gaceta Oficial Nº. 39.046 del 28/10/08) para fortalecer la idea de las 45 mil hectáreas alrededor de estos cinco Centro Pilotos, excluyendo el 99% del resto de las comunidades Yukpa, así como todas las comunidades del pueblo Barí también moradores originarios de la Sierra de Perijá. Dejando así por fuera las soluciones de las necesidades más sentidas de los pueblos indígenas de la Sierra de Perijá como es la salud, el hambre, la desnutrición infantil, la deforestación de la Sierra de Perijá, ayudas y asistencia técnica agropecuaria y en especial el problema de sus territorios originales ocupadas a mediado de los años 50 por hacendados y parceleros. Se echó por tierra la Auto demarcación del Pueblo Yukpa.
Se entregará el 12 de Octubre no un territorio único para el pueblo Yukpa, sino cinco pedazos alrededor de cada uno de los cinco Centros Pilotos (Tukuko, Neremü/Kasmera, Toromo, Sirapta y Aroy/Tinacoa) conformando así las llamadas Unidades Productivas, comenzando en Agosto en los Centros Pilotos Aroy/Tinacoa y Shirapta donde, según el Gobierno, “no existen conflictos” por la tenencia de la tierra; en el primer centro no hay conflicto porque los Yukpa de estas dos comunidades ocuparon por cuente propias las haciendas abandonadas vecinas, y en el Centro Piloto Shirapta porque sus dirigentes bajo los lineamientos de los ministerios indígenas y ambiente a espalda del pueblo renuncian a luchar por petición de nuevos territorios a través de la exigencia del pago al Gobierno de las bienhechurías de las haciendas el Capitán, Aponcito y la Esperanza, ante las dádivas gubernamentales y las negociadas con el hacendado Diego García de la hacienda El Capitán, tal como se pudo constatar en el Encuentro Nacional del 10 de Marzo de 2009 realizado en el MACZUL y en el pronunciamiento del dirigente y funcionario Efraín Romero en la Plaza Bolivar de Caracas el día miércoles 18 de ese mismo mes.
Homo et Natura
10/06/2009
Chiapas: Encuentro Continental Americano contra la Impunidad
Encuentro Continental Americano contra la Impunidad
20 y 21 de junio de 2009
Caracol IV, Morelia, Chiapas, México
La comisión de organización del Encuentro Continental Americano contra la
Impunidad informa:
1. Que el Encuentro se realizará los días 20 y 21 de junio próximos en el
Caracol IV "Torbellino de Nuestras Palabras", en Morelia, Chiapas, México,
gracias a que la Junta de Buen Gobierno "Corazón del Arcoiris de la
Esperanza" aceptó ser nuestra anfitriona y permitirnos generosamente que
su Caracol fuese la Sede del Encuentro, lo que es para nosotros un gran
honor y motivo de apoyo y alegría.
2. Que, junto con la Red Nacional Contra la Represión y por la
Solidaridad, hemos decidido juntar el Encuentro Continental Americano
contra la Impunidad con el Encuentro Mexicano contra la Impunidad y por la
Justicia Autónoma, por lo que México se suma con una amplia participación
al Encuentro Continental.
3. Que hasta el momento contamos con la confirmación como participantes de
Paraguay, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, México, Perú,
Martinica, República Dominicana, Haití, Estados Unidos, y en estos días
esperamos la confirmación de varios más.
Como observadores se han registrado organizaciones y personas del País
Vasco, Italia, y España.
4. Que para asistir al Encuentro hay que registrarse en :
http://www.contralaimpunidad.org/encuentro1/solicitudregistro.php
y llenar el formulario y para información de contacto escribir a:
encuentro@contralaimpunidad.org y/o redcontralarepresion@gmail.com
5. Que en unos días haremos público el programa y la dinámica de trabajo
así como los datos que faciliten la llegada y la estadía en el Caracol de
Morelia.
20 y 21 de junio de 2009
Caracol IV, Morelia, Chiapas, México
La comisión de organización del Encuentro Continental Americano contra la
Impunidad informa:
1. Que el Encuentro se realizará los días 20 y 21 de junio próximos en el
Caracol IV "Torbellino de Nuestras Palabras", en Morelia, Chiapas, México,
gracias a que la Junta de Buen Gobierno "Corazón del Arcoiris de la
Esperanza" aceptó ser nuestra anfitriona y permitirnos generosamente que
su Caracol fuese la Sede del Encuentro, lo que es para nosotros un gran
honor y motivo de apoyo y alegría.
2. Que, junto con la Red Nacional Contra la Represión y por la
Solidaridad, hemos decidido juntar el Encuentro Continental Americano
contra la Impunidad con el Encuentro Mexicano contra la Impunidad y por la
Justicia Autónoma, por lo que México se suma con una amplia participación
al Encuentro Continental.
3. Que hasta el momento contamos con la confirmación como participantes de
Paraguay, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, México, Perú,
Martinica, República Dominicana, Haití, Estados Unidos, y en estos días
esperamos la confirmación de varios más.
Como observadores se han registrado organizaciones y personas del País
Vasco, Italia, y España.
4. Que para asistir al Encuentro hay que registrarse en :
http://www.contralaimpunidad.org/encuentro1/solicitudregistro.php
y llenar el formulario y para información de contacto escribir a:
encuentro@contralaimpunidad.org y/o redcontralarepresion@gmail.com
5. Que en unos días haremos público el programa y la dinámica de trabajo
así como los datos que faciliten la llegada y la estadía en el Caracol de
Morelia.
MONTEVIDEO-JORNADA DE PROTESTA INTERNACIONAL EN REPUDIO A LA MASACRE DE LOS PUEBLOS AMAZONICOS DEL PERU
En repudio a la masacre de pueblos amazónicos en Perú
Jornada de protesta internacional el próximo jueves 11 de junio
En Montevideo, nos concentramos a las 15 horas
frente a la embajada de Perú: Obligado 1384
(entre Rivera y Silvestre Blanco)
Convocan (entre otras organizaciones que se están sumando):
Red Solidaria por los DDHH (REDH)
Servicio Paz y Justicia en América Latina (SERPAJ-AL)
Servicio Paz y Justicia-Uruguay (SERPAJ-UY)
Redes-Amigos de la Tierra
FUCVAM
Comunidad Charrúa Basquadé-Inchalá
Colectivo CONTRAIMPUNIDAD
Cotidiano Mujer
Chasque Artiguista
COMCOSUR
Grupo Guyunusa-Tacuarembó (CO.NA.CHA, Consejo de la Nación Charrúa)
Asociación Social y Cultural-Casa del Inmigrante “César Vallejo”
Invitamos a enviar adhesiones (institucionales) a esta convocatoria, y/o a firmar la Carta a Alan García (adjunta abajo) a título personal o colectivo, escribiendo a esta dirección:
firmoxperu@gmail.com
El plazo para recibir adhesiones es el jueves 11 a las 12 horas.
Exhortamos a concurrir con carteles (aunque sea tamaño fotocopias) con consignas como:
- "Alto a la masacre de los pueblos amazónicos del Perú"
- "La selva no se vende: la selva se defiende"
y/o las que uds. quieran agregar.
Jornada de protesta internacional el próximo jueves 11 de junio
En Montevideo, nos concentramos a las 15 horas
frente a la embajada de Perú: Obligado 1384
(entre Rivera y Silvestre Blanco)
Convocan (entre otras organizaciones que se están sumando):
Red Solidaria por los DDHH (REDH)
Servicio Paz y Justicia en América Latina (SERPAJ-AL)
Servicio Paz y Justicia-Uruguay (SERPAJ-UY)
Redes-Amigos de la Tierra
FUCVAM
Comunidad Charrúa Basquadé-Inchalá
Colectivo CONTRAIMPUNIDAD
Cotidiano Mujer
Chasque Artiguista
COMCOSUR
Grupo Guyunusa-Tacuarembó (CO.NA.CHA, Consejo de la Nación Charrúa)
Asociación Social y Cultural-Casa del Inmigrante “César Vallejo”
Invitamos a enviar adhesiones (institucionales) a esta convocatoria, y/o a firmar la Carta a Alan García (adjunta abajo) a título personal o colectivo, escribiendo a esta dirección:
firmoxperu@gmail.com
El plazo para recibir adhesiones es el jueves 11 a las 12 horas.
Exhortamos a concurrir con carteles (aunque sea tamaño fotocopias) con consignas como:
- "Alto a la masacre de los pueblos amazónicos del Perú"
- "La selva no se vende: la selva se defiende"
y/o las que uds. quieran agregar.
08/06/2009
¡SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DE LOS PUEBLOS AMAZÓNICOS DEL PERÚ!PRONUNCIAMIENTO INTERNACIONAL LIBERTARIO
El siguiente comunicado es una iniciativa de solidaridad libertaria internacional con los pueblos indígenas y amazónicos del Perú, en su lucha por la defensa de sus tierras y su cultural ancestral. La misma que está siendo vulnerada y amenazada por el gobierno peruano en alianza con el Imperialismo, las transnacionales y la derecha (principalmente el APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo), a través de los Decretos Legislativos inconstitucionales y violatorios, en el marco de la firma del TLC con los EE.UU.
Desde la Unión Socialista Libertaria exhortamos a las organizaciones anarquistas, libertarias o afines de todo el mundo a firmar este documento, hacerlo suyo y difundir su contenido a través de sus espacios virtuales, listas de e-mail, periódicos, revistas, boletines, comunicados, murales, foros, actos públicos, culturales, políticos, etc., con el propósito de sentar una clara posición libertaria y militante sobre lo que acontece en el Perú.
Por ello convocamos a los compañeros libertarios a organizar movilizaciones y mítines frente a las embajadas del Perú en cada país, en coordinación con otros sectores afines y en lucha, para denunciar las acciones del Estado y las transnacionales en nuestro país.
Apelamos a la vocación solidaria que nos caracteriza como revolucionarios libertarios para hacer causa común por nuestros hermanos indígenas y para hacerles saber que no están solos, ya que sus luchas son las nuestras, hasta alcanzar la verdadera sociedad de plena libertad, autonomía y progreso humano, sin explotados ni explotadores.
Las comunidades amazónicas e indígenas de la selva peruana (especialmente en Loreto, San Martín, Amazonas, Ucayali, Huánuco, Cuzco y Madre de Dios) nuevamente hacen sonar sus tambores de lucha y resistencia frente a las arremetidas del modelo económico neoliberal defendido por el gobierno peruano (con el Partido Aprista a la cabeza) y como medida de fuerza hacen el llamado a la rebelión popular tras el Paro General Indefinido acatado masivamente desde el 9 de abril de este año. Es decir, ya van más de 50 días en pie de lucha que sin duda vienen a ser un claro ejemplo de valor, organización y heroicidad.
Este intenso proceso de lucha indígena y amazónica se inicia luego de que el Estado peruano contraviniendo sus propios tratados internacionales, está violando, sistemáticamente, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios antes de cualquier tipo intervención en sus territorios por instancias ajenas a sus propias comunidades.
Es decir, el gobierno aprista ha iniciado (o mejor dicho, ha reiniciado) una nueva etapa de saqueos y venta al mejor postor transnacional, de las tierras que por tradición e historia le corresponde a cada una de las comunidades (awajún-wampis, kichuas, arabelas, huaronis, pananujuris, achuar, murunahus, o chitonahuas, cacataibos, matsés, candoshis, shawis, cocama-cocamillas, machiguengas, yines, asháninkas, yaneshas y otras más, incluidos los “no contactados”) y que hoy reclaman su derecho a existir y resistir.
El papel del Estado peruano
Se sabe que la Ley 20653, conocida como Ley General de Comunidades Nativas, dada por el gobierno de Velasco Alvarado, reconoció un 24 de junio de 1974, la "existencia legal y la personería jurídica de los pueblos indígenas amazónicos y sus territorios, declarándolos inalienables, inembargables e imprescriptibles", confirmándolo en la Constitución Política de 1979, siendo borrado de un plumazo por la Constitución fujimorista de 1993 (que marcaba el inicio de la dictadura cívico-militar del hoy sentenciado Alberto Fujimori) para dejar el camino abierto al despojo y saqueo por los gobiernos sucesores y abriendo la puerta para el Tratado de Libre Comercio (TLC), que con los Decretos Legislativos de la actual gestión aprista ya han adquirido fuerza de Ley.
Tampoco dejemos de lado el hecho que ya desde que la propia Constitución fujimorista del 93, se dejó la puerta abierta para el despojo de recursos como mencionamos líneas arriba. Entonces es evidente que se ha empezado a ahogar y provocar el aislamiento de las comunidades, mientras la voracidad de las transnacionales lograba el establecimiento de concesiones en favor de empresas petroleras, gasíferas, mineras, turísticas y madereras en territorios que ancestralmente han pertenecido a los pueblos allí asentados.
Es decir, esto ha allanado el camino para la normatividad que el propio Estado, -salteándose la instancia legislativa (Parlamento nacional), mediante diversos decretos legislativos- declare los territorios de los pueblos originarios: "negociables en función de la economía del mercado".
Una vez más, el Estado peruano ha puesto en evidencia su carácter de instrumento de dominación y aprovechamiento de las clases explotadoras en nuestro país, que buscan seguir expropiando no sólo los derechos políticos, sino también los propios recursos a nuestras poblaciones indígenas (pueblos originarios) que hoy se levantan en rebelión contra el poder opresor.
Como comunistas libertarios, declaramos que el derecho a la libre autodeterminación de las comunidades originarias y nativas es un ejercicio auténtico de poder popular, pues se basa en principios comunitaristas, de aprovechamiento y uso colectivo de los recursos naturales, y en las propias formas de trabajo y beneficio común que ancestralmente se conservan en la Amazonía que tiene 31 de los 114 zonas de vida o ecosistemas mundiales, 95% de los bosques del país y un importante potencial de recurso hídrico o hidro-energético.
Indígenas del Abya Yala en pide de lucha
En el marco del Paro Indígena, se ha dado un importante reunión de comunidades originarias andinas en la región sur del Perú, específicamente en Puno. Este encuentro fue la “IV Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala” que culminó el pasado domingo 31 de mayo con el compromiso unánime por el respeto de la madre tierra y los recursos naturales en provecho del ser humano y el rechazo enérgico de la privatización del agua y a la presencia de empresas transnacionales y el modelo económico neoliberal.
Todos estos postulados están comprendidos dentro de la “Declaración de Mama Quta Titikaka” (Lago Titiacaca, entre Perú y Bolivia), donde también se acordó movilizar a las organizaciones sociales y originarias para el mes de junio en defensa de los pueblos amazónicos y hacer marchas o mítines frente a la Embajada peruana en cada país.
Es importante, así mismo, resaltar el carácter de esta Cumbre indígena que lleva en esencia el germen auto-organizativo por el cual nosotros, militantes libertarios, apostamos, ya que en sus recomendaciones finales se planteó “la construcción de Pueblos Plurinacionales Comunitarios, que se fundamenten en el autogobierno y la libre determinación de todos los pueblos”.
Así mismo, cabe denunciar la labor que cumplen los medios periodísticos oficiales empeñados en desinformar, desvirtuar u ocultar las justas medidas que se viene acatando en la selva peruana; en contubernio con el gobierno neoliberal de turno y sus cabezas Alan García; el vicepresidente y almirante en retiro responsable de las matanzas en los penales durante el primer gobierno aprista de los 80s, Luis Giampietri; el primer ministro, Yehude Simon, otrora dirigente izquierdista, incluso encarcelado por sus ideas y ahora fiel guardián de la reacción aprista.
Es claro ver que para la burguesía que controla el Estado bajo órdenes imperialistas, el camino hacia el despojo de las comunidades -que también constituye un plan para destruir su propio tipo de organización social y la relación que los entrelaza con su territorio- en su esencia se contrapone con el criterio occidental de propiedad privada y por ello significa un freno a la voracidad del capital transnacional que busca insertarse en esas zonas, usurpándolas en alianza con el Estado y convertirlas en feudos que garantice prosperidad y dominio a los explotadores.
El mismo presidente Alan García miente “sutilmente” cuando dice que de los 63 millones de hectáreas que tiene la selva peruana, solo 12 millones le corresponde a las comunidades amazónicas, cuando en realidad son más de 25 millones, tal como afirma el dirigente y máximo representante de las comunidades en lucha, Alberto Pizango quien ha sido denunciado por “atentar contra la seguridad común y entorpecer los servicios públicos”, junto a los dirigentes indígenas Marcial Mudarra, los hermanos Saúl y Servando Puerta, Daniel Marzano y Teresita Antazu. Además Pizango ya había sido demandado por “rebelión, sedición y otros” ante la 44ª Fiscalía Provincial Penal de Lima y tiene una tercera denuncia ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Utcubamba (Amazonas), por “alterar la tranquilidad pública en su modalidad de disturbios”.
Está claro que todo este proceso de demandas y persecución judicial y política se enmarca dentro del afán por parte del Estado de criminalizar toda protesta popular y reprimir las justas demandas sociales, presentando ante la opinión publica como “simples vándalos o salvajes ignorantes del progreso que significa la globalización” a los hermanos y hermanas indígenas del Perú.
En tanto, como libertarios entendemos que la lucha del pueblo indígena, amazónico y andino, por la defensa de sus territorios, de su organización, y de su cultura, se halla inscrita dentro de un programa mínimo que implica la conquista de las reivindicaciones de los pueblos oprimidos por el Estado, el Capitalismo y el Imperialismo.
Esta plataforma mínima debería basarse en exigir el uso de la acción directa para exigir la expulsión de las transnacionales de sus territorios. Ello en defensa de la integridad y sostenibilidad del hábitat y el ecosistema de la región -la cual, hay que recordar, constituye uno de los "pulmones" del planeta-, y por un desarrollo sostenible y la explotación planificada de la flora y la fauna, en base a criterios determinados por las comunidades. Además, la autodefensa activa de sus territorios y la recuperación de los mismos.
Por ello, creemos que la auténtica solidaridad activa con la lucha amazónica e indígena será profundizando la protesta popular (agitación, propaganda, huelgas, paros, acciones directas, etc.) e incorporando en toda plataforma de lucha, la de los pueblos originarios hoy.
Apoyar la justa protesta de los pueblos indígenas y amazónicos
Aunque como libertarios no tenemos nada que esperar del Estado (mas que su destrucción), comprendemos a la lucha de los pueblos originarios como parte inmediata de un proyecto mayor por la liberación de los explotados, y en tal sentido se inserta en una estrategia más amplia o un programa máximo por la revolución social.
En tal sentido, debemos apoyar las reivindicaciones que en lo inmediato conllevan a mejorar sus condiciones de vida y madurar su organización social, política y económica a fin de enfrentar al Estado y destruirlo desde dentro, edificando esos gérmenes del poder popular que derrumbarán a ese gigante con pies de barro que es ahora el Capitalismo, herido de muerte a nivel mundial, por una crisis global de la que no podrá recuperarse, si es que entendemos que tal crisis la deben pagar la burguesía y no los trabajadores.
En tal sentido, apoyamos la lucha del pueblo amazónico y sus diversas comunidades por conseguir soluciones inmediatas y hacemos el llamado a:
-Derogatoria de la normatividad que atente o vulnere los interese de las Comunidades Nativas y Campesinas. Es decir, la derogatoria de la Ley Nº 29317 o nueva la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, producto de una apresurada y parcial modificación del Decreto Legislativo Nº 1090 (Ley de la Selva) y los conexos decretos legislativos 1089, 1064 y 1020. Es decir, los 99 decretos impuestos y jamás consultados a los pueblos.
-Exigir el respeto de la autonomía y autodeterminación de las comunidades nativas y su participación política activa en la toma de decisiones y en la aprobación o no, a través de los mecanismos de la democracia directa (Asambleas populares, referéndum, etc.) de las normas legales o contratos de concesión.
-Exigir beneficios y facilidades para que las comunidades o pueblos originarios puedan desarrollar sus actividades productivas, de comercio, e industrialización, con la perspectiva del control directo de estos procesos por los mismos pobladores basándose en principios autogestionarios y de socialización.
-Exigir beneficios y facilidades para la apertura y promoción de la educación y cultura en las comunidades (desde estas y hacia estas). Más colegios, docentes capacitados, promover la profesionalización de los estudiantes indígenas. Es decir, la construcción de un sistema educativo racional y de calidad alejado de las tendencias competitivas y voraces que ordena el mercado capitalista mundial.
-Exigir los mayores beneficios de las actividades de exploración y explotación del Petróleo y el Gas, en favor de los pueblos originarios, así como la edificación de Hospitales, carreteras y la infraestructura que requiera, siempre que sean de la aprobación de los pueblos mismos y se gestione los mecanismos para el óptimo control y administración por las mismas comunidades.
-Cese inmediato a la campaña de criminalización de la protesta que ha emprendido el gobierno aprista y la derecha peruana, además del alto al hostigamiento de luchadores sociales y a la creación de constantes psicosociales que desvíen la atención social sobre los problemas reales en el país.
¡Solidaridad internacionalista con la lucha de los pueblos amazónicos del Perú!
¡Derogatoria inmediata de los Decretos Legislativos que atentan contra la soberanía de los pueblos indígenas!
¡Por la libertad y defensa del pensamiento, cultura y autodeterminación de todos los pueblos del mundo!
¡Contra el autoritarismo del Estado a organizarse y luchar desde las bases!
¡Abajo el TLC y demás tratados comerciales capitalistas!
¡Fuera transnacionales imperialistas y bases militares yanquis de Latinoamérica!
¡Alto a la criminalización de la protesta y libertad inmediata a los presos por luchar!
¡Viva las luchas heroicas de los pueblos indígenas del Abya Yala!
¡Todos somos amazónicos!
¡Arriba los que luchan!
Lima, 05 de junio del 2008
Firman:
1.- Unión Socialista Libertaria (Lima, Perú)
2.- Red Libertaria Popular Mateo Kramer (Colombia)
3.- Periódico Barrikada (Uruguay)
4.- Convergencia Anarquista Específica (Chile)
5.- Corriente Acción Libertaria (Chile)
6.- Huancayo Rebelde (Huancayo, Perú)
7.- Centro de Estudios Sociales Manuel González Prada (Huancayo, Perú)
8.- Columna Libertaria Joaquín Penina (Argentina)
9.- Organisation Communiste Libertaire (Francia)
10.- Asociación Obrera de Canarias - Ēššer Ămăhlan n Təkanaren (Islas Canarias, África)
11.- Frente de Estudiantes Libertarios (Chile)
12.- Federazione dei Comunisti Anarchici (Italia)
13.- Ateneo Autónomo de Contracultura y Estudios “La Libertaria” (Venezuela)
14.- Red Libertaria (Argentina)
15.- Antorcha Libertaria (Colombia)
16.- Revista libertaria “Divergences” (Bélgica)
17.- Colectivo de comunicación y agitación popular “Mecha” (Colombia)
18.- Colectivo ReXiste Riot Grrrl (Colombia)
19.- Estrategia Libertaria (Chile)
20.- Federación Anarquista Uruguaya (Uruguay)
21.- Organización Socialista Libertaria (Argentina)
22.- Organización Comunista Libertaria (Chile)
23.- Colectivo Agitación Libertaria (Chile)
24.- The Anarchist International (V/P)
25.- Espacio Libertario (Argentina)
26.- Kolectivo Utopía Ácrata Libertario (Argentina)
27.- Colectivo ResGestae (Colombia)
28.- Federation anarchiste (Francia – Bélgica)
29.- Colectivo Qespikay (Cusco, Perú)
30.- Periódico anarquista “El Surco” (Chile)
31.- Bufalo Class Action (EE.UU.)
32.- Zabalaza Anarchist Communist Front (Sudáfrica)
33.- Unión Solidaria y Libertaria (Argentina)
34.- Workers Solidarity Alliance (EE.UU. y Canadá)
Siguen firmas...
http://uslperu.blogspot.com/
Todas las voces del mundo en defensa de los Pueblos Indígenas Amazónicos
Desde todas partes del planeta llegan las voces indignadas en respaldo a la lucha de los pueblos indígenas amazónicos del Perú y en repudio al genocidio desatado por el gobierno de Alan García Pérez, contra quien se ha acordado impulsar un juicio internacional, mientras en el Perú las organizaciones sociales exigen la renuncia del gabinete ministerial en pleno. Reproducimos aquí los mensajes de solidaridad llegados a la CAOI hasta el sábado 06 de junio a las cuatro de la tarde.
¡Alto a la masacre en la Amazonía peruana!
La Articulación Pan-Amazónica - en la construcción del Foro Social Pan-Amazónico- viene manifestar su dolor y solidariedad a los hermanos y hermanas de la Amazonía Peruana que fueran blanco de una acción cobarde y cruel por parte del gobierno peruano que cobró decenas de víctimas fatales.
Esto golpe infame del gobierno de Alan García busca destruir la justa resistencia de los pueblos amazónicos contra la implementación del TLC, la venta de las tierras indígenas y la derogación de derechos inmemoriales de los pueblos de la Amazonía Peruana.
Apoyamos firmemente el llamado de la CAOI por la formación inmediata de una Comisión Internacional de Verificación y de nuestra parte todo haremos para expandir la solidariedad a los hermanos y hermanas peruanos por todo Brasil.
Además, manifestamos nuestro entendimiento que tal hecho demuestra con claridad la necesidad urgente de los pueblos de la Pan-Amazonía se articularen con firmeza en la defensa de sus derechos e reivindicaciones comunes y para tanto reforzamos el llamado y la invitación a la Reunión General de los Movimientos y Entidades de la Pan-Amazonía a se realizar en 15 de julio, en Belem do Pará - Amazonía Brasileña.
¡Viva la Resistencia de los Pueblos de la Amazonía Peruana!
Coordinación de la Articulación Pan- Amazónica
Kichwas del Ecuador condenamos y rechazamos actitud genocida del gobierno de Perú, en contra de nuestros hermanos indígenas de la Amazonía
• Hacemos un urgente llamado a todos los sectores dignos del Continente y del mundo a unir voces para parar este genocidio.
• Nuestra convocatoria a radicalizarnos en las luchas a nivel continental, y a ser solidarios en cualquier circunstancia que tengamos que afrontar, en la lucha por defender a la Madre Tierra y a sus hijos.
La Confederación Kichwa del Ecuador ECUARUNARI, ante la cobarde agresión a nuestros hermanos en la Amazonia Peruana en la madrugada de hoy en Bagua, zona de Corral Quemado y Curva del Diablo. Y dando cumplimiento a las resoluciones emanadas en la IV Cumbre de Pueblos Indígenas del Abya Yala, presentamos nuestra más enérgica protesta ante el gobierno del Presidente Alan García Pérez y hacemos un urgente llamado a todos los sectores dignos de nuestro continente, y del mundo a unir las voces para parar a los genocidas que obedecen ordenes injustas y criminales.
Alertamos a la comunidad internacional, sobre una nueva etapa del proyecto de muerte que se está implementando ya en Sud América, sobre todo en contra de los Pueblos y Nacionalidades originarias que defendemos a la Madre Tierra y los recursos naturales, al precio de nuestras vidas como lo hicieron nuestros taitas y mamas.
La prepotencia oligárquica e imperialista tiene su plena expresión en actos genocidas, como el llevado a cabo en la madrugada de hoy, el gobierno aprista responde con balas a las comunidades indígenas luego de que éstas realizaran 56 días de lucha pacífica y de supuestos diálogos y negociaciones. Este siempre ha sido el comportamiento de los opresores, así actuaron desde hace 500 años.
Reiteramos nuestra convocatoria a radicalizarnos en las luchas a nivel continental, y a ser solidarios en cualquier circunstancia que tengamos que afrontar, en la lucha por defender a la Madre Tierra y a sus hijos, no debemos escatimar ningún esfuerzo; por lo que exigimos al gobierno aprista a que cese el baño de sangre y escuche la voz de los pueblo que piden la derogación de los decretos legislativos que propician el TLC con Estados Unidos.
Hacemos un llamado a nivel Continental para apoyar el juicio internacional a Alan García Pérez y a su gobierno, por caracterizarse una vez más, por ser represivo, entreguista y genocida. Nos unimos al llamado urgente que realizan numerosas organizaciones, al Relator Especial de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, a UNASUR, a los Premios Nobel de la Paz, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169), para que envíen de inmediato misiones al Perú, y detengan la masacre, buscando posteriormente un juicio justo para los autores intelectuales, sus cómplices y encubridores.
Estamos atentos y unidos para que estos actos que avergüenzan la conciencia de los seres dignos del planeta, no queden en la impunidad, y ratificamos nuestro compromiso de luchar para recuperar el Sumak Kawsay (Buen Vivir) en beneficio de la humanidad y de la Pachamama.
Todos y todas solidarios, con la lucha de nuestros hermanos de la Amazonía peruana.
¡LA VIDA NO SE VENDE, LA VIDA SE DEFIENDE!
Humberto Cholango
PRESIDENTE CONFEDERACION KICHWA
E C U A R U N A R I
Mesa de Trabajo Mapuche por Derechos Colectivos en Chile, repudia el genocidio a Pueblos Indígenas en la Amazonía y hace un urgente llamado a la Paz social
La Mesa de Trabajo Mapuche sobre Derechos Humanos Colectivos, desde Chile, hace su más absoluto repudio a la grave situación de violencia que están atravesando los Pueblos Indígenas en la Amazonía del Perú y responsabiliza al Gobierno de Alan García ante estos delitos de lesa humanidad que ya llevan decenas de personas indígenas asesinadas ante la represión causada por agentes del estado peruano, hechos que también han arrojado la muerte de algunos policías a causa de los enfrentamientos.
Como instancia articuladora abocada a trabajar por la defensa, promoción y exigibilidad de los Derechos Humanos colectivos de los Pueblos, hacemos un urgente llamado a poner fin a esta violencia y a establecer la paz social; y, particularmente, llamamos a la comunidad internacional de Derechos Humanos a asumir un rol activo frente a esta violencia estatal y poner freno a estos abusos y atropellos, especialmente, ante la perdida absoluta de legitimidad y legalidad del Gobierno y gran parte de los congresistas para establecer mecanismos de diálogo, participación y solución a los conflictos.
Entendemos que el conflicto es generado por políticas de estado promovidas por el Gobierno de Alan García, de un profundo corte ultra neoliberalista, absolutamente abusivo y arbitrario, fuera de todo contexto legal y ético, que contraviene su propio ordenamiento jurídico y administrativo; y a su vez, de Normas Internacionales de Derechos Humanos, todo esto, ante el sometimiento de autoridades públicas a los intereses de grandes Corporaciones económicas transnacionales que buscan el saqueo de la selva amazónica y a su vez, del despojo de los Derechos de los Pueblos Indígenas, particularmente para fines de industrias extractivas y energéticas. Esto debe terminar.
Con solidaridad e indignación. Desde Temuco, Chile, territorio MapucheCoordinación Mesa de Trabajo Mapuche sobre Derechos Colectivos
Llamamiento al Gobierno de Perú por la Presidenta del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII)
La Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU expresa su indignación y profundo pesar por las atrocidades cometidas a partir del 5 de junio contra los pueblos indígenas en la región amazónica, que han resultado en la pérdida de vidas, desapariciones y lesiones graves. La Presidenta envía su más sentido pésame a las familias de las víctimas.
La Presidenta apremia al Gobierno del Perú a que:
• Ponga fin de inmediato a todos los actos de violencia contra las comunidades y organizaciones indígenas;
• Garantice la inmediata y urgente atención médica de los heridos y proporcione ayuda a las familias de las víctimas;
• Cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales relativas a la protección de los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas y defensores de los derechos humanos, especialmente su derecho a la vida y la seguridad.
Victoria Tauli-Corpuz
Presidenta Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas
Carta Abierta a Alan García Pérez
Señor:
Alan García Pérez
Presidente de la República del Perú
Hace cerca de dos meses las comunidades indígenas de la amazonía peruana están en protesta para exigir la derogatoria de 9 decretos legislativos de implementación del TLC con EE.UU., que afectan a la amazonía y no han sido consultados con las comunidades indígenas.
Su lucha es por la defensa y conservación de la selva amazónica, seriamente amenazada por la voracidad de las transnacionales que deforestan sin consideración, contaminan los ríos y extinguen la flora y la fauna, provocando la desaparición de las comunidades ancestrales. La amazonía es uno de los pulmones, reserva acuífera y medicinal más grande del planeta. No estamos en contra del progreso, pero no a costa de depredar y contaminar todo, como se pretende con este Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y las leyes que imponen las transnacionales de este país y demás potencias del mundo.
La movilización de las comunidades indígenas de la amazonía tiene una significación continental y por eso hemos expresado toda nuestra solidaridad con las luchas del pueblo peruano y el pleno respaldo a sus reclamaciones. Exigimos que sus demandas sean satisfechas por el gobierno peruano, que se respete la integridad de sus dirigentes y se den garantías para la continuidad de su protesta.
Atentamente,
Beverly Keene
Coordinadora Jubileo Sur
¡Cese a la represión y la muerte!
Ante los lamentables hechos que vienen ocurriendo en Perú, los departamentos de Amazonas y Cajamarca, ciudades de Bagua Chica y Bagua Grande, Jaén entre otros, con el doloroso saldo de hasta el momento 30 nativos y 9 policías muertos además de un número no precisado de heridos; la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica – ALER:
1. Lamenta profundamente y expresa su indignación por el uso de la fuerza policial de manera violenta e indiscriminada como medida de solución a las demandas de las comunidades indígenas de la Amazonía peruana, declaradas en huelga en defensa de sus tierras y de su vida.
2. Demanda el cese inmediato de la intervención policial y el retiro de la zona de cuerpos de élite, así como de cualquier otra acción que incentive el recrudecimiento de la violencia, venga de donde venga.
3. Rechaza toda medida que busque privatizar y atentar contra la Amazonía, fuente de vida y esperanza para toda la humanidad especialmente las poblaciones indígenas que milenariamente la habitaron y aún la habitan.
4. Invoca a las autoridades peruanas, el Ejecutivo, el Congreso de la República a atender las demandas justas de las poblaciones indígenas amazónicas históricamente desatendidos, en lugar de preferir el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos o y la entrada arrasadora del capital transnacional.
5. La vida es un valor supremo. Nadie tiene derecho a quitarla. El diálogo sincero y honesto, es el único camino digno y humano para la solución de los conflictos.
Quito 06 de junio de 2009
Gerardo Lombardi
Presidente
A los hermanos y las hermanas indígenas de Perú y de la Amazonía en particular;
A los familiares de las víctimas de la violencia brutal y de la represión;
Es con inmenso dolor que recibimos la noticia de la brutal represión cometida en contra de nuestros hermanos y hermanas indígenas de la Amazonía del Perú que llevan adelante su justa lucha hacia un mundo más justo, que causó el asesinado de varios compañeros.
Una delegación de nuestra asociación acaba de regresar de la IV Cumbre Continental Indígena de Abya Yala, donde una vez más asumimos el compromiso de seguir luchando, apoyando y solidarizando con los hermanos indígenas y sus luchas.
Pocos días después, les reiteramos que estamos juntos a ustedes en un abrazo de solidariedad fraterna y de autentico dolor porque cada compañero que paga con su vida esta lucha que todos juntos luchamos es un hermano nuestro mismo que se va, dejando un inmenso vacío. Nos unimos al grito de dolor y de resistencia de todos los hermanos y las hermanas indígenas que siguen luchando y defendiendo sus derechos y la Madre Tierra de la destrucción.
Condenamos la brutalidad de la represión y la actitud criminal del gobierno de Alan García que sigue creyendo que la protesta social se puede silenciar en la sangre. Condenamos hoy en día una vez más y con fuerza todas formas de violencia y de represión en contra de las movilizaciones sociales puestas en acto por las fuerzas armadas y el gobierno de Perú.
Al mismo tiempo expresamos nuestra indignación por las continuas amenazas, el clima de terror, las continuas violaciones y masacres a las que están sometidos los pueblos indígenas del país. Denunciamos a nivel internacional la grave situación de violación de los derechos humanos que vive el pueblo peruano y en particular los pueblos indígenas. Denunciamos el estado de impunidad y terror implantado y mantenido en Perú desde altas esferas del poder.
Pedimos a la comunidad internacional, a la Unión Europea y al Gobierno italiano de presionar el gobierno peruano para que acabe con la represión de cualquier forma de protesta social y para que atienda a las justas peticiones del pueblo.
Consideramos la batalla de los pueblos indígenas latinoamericanos y de Perú en particular nuestra misma lucha. Una lucha que seguiremos dando a su lado, en defensa de los derechos de los pueblos y de la Madre Tierra, en contra de un desarrollo inhumano, de TLC que aumentan lla pobreza y la injusticia y de la explotación salvaje del planeta y de sus recursos.
Renovamos nuestro compromiso de seguir caminando y luchando a lado de los pueblos indígenas de Perú respaldándolos para que tengan las herramientas para seguir movilizándose y luchando.
Estamos a su lado hermanos y hermanas, y al lado de todos los hermanos y las hermanas indígenas que siguen caminando, luchando y imaginando un mundo diferente.
Nos comprometemos a denunciar en Italia y en Europa los hechos dramáticos de estos días y a poner en acto - en solidariedad con los pueblos amazónicos de Perú - todas las acciones en nuestro poder para llamar la atención de la opinión pública y de los medios de comunicación sobre la brutal represión que están sufriendo los pueblos amazónicos peruanos.
El Comité Ejecutivo y todos los compañeros y las compañeras de A Sud
CEDHU aboga por salida pacífica a la situación de violencia que se vive en la Amazonía peruana
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDHU, se une al pedido de la comunidad internacional que aboga por una salida pacífica a la tensa situación que se vive en las inmediaciones de Bagua, en la Amazonía peruana. El día de hoy, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía han ejecutado una violenta intervención contra los pueblos indígenas amazónicos, awajun y wampis, que ha derivado en lamentables hechos que atentan contra el derecho a la vida y a la integridad personal, producto de haber optado por la violenta represión y la negativa de las autoridades estatales a atender las demandas de los indígenas amazónicos.
Los hechos ocurridos en las inmediaciones de Bagua, no conducen al diálogo, sino incrementan el conflicto. Según la información disponible, hay un número aún no determinado de muertos y heridos, tanto de los indígenas como de los policías. Una de las peticiones urgentes es que cese la represión y se opte por el camino del diálogo. En igual forma que se facilite, no se impida, la urgente evacuación de los heridos.
La CEDHU reitera su pedido de que el Gobierno de la República de Perú, opte por una salida pacífica a este conflicto; que retire a los contingentes militares y policiales que se han concentrado en la zona.
Por otra parte, solicita que se atiendan las demandas de los indígenas amazónicos por la soberanía y por la derogatoria de los decretos que promulgó el Ejecutivo en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que de acuerdo a las demandas de los pueblos indígenas amazónicos, pretenden enajenar el patrimonio y vulnerarían el derecho al territorio y el acceso a otros recursos como el agua.
Finalmente la CEDHU solicita al Gobierno peruano que se respete los instrumentos internacionales que protegen a los pueblos originarios como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, que contempla la consulta previa a las comunidades antes de conceder actividades económicas que pueden atentar contra sus derechos.
Hna. Elsie Monge
Directora Ejecutiva de la CEDHU
¡Alto a la violencia!
El Presidente de la Conferencia Episcopal del Perú y la Defensora del Pueblos lamentan profundamente el desenlace violento que viene ocurriendo en el departamento de Amazonas, ciudades de Bagua Chica y Bagua Grande, entre otras, que ha ocasionado la muerte de civiles y policías y un saldo de varios heridos.
La vida es un valor supremo que en cualquier circunstancia debe ser protegida y privilegiada, tanto la de nuestras comunidades nativas históricamente desatendidas, como la de quienes, en cumplimiento de su deber constitucional, procuran el restablecimiento del orden.
Hacemos un clamoroso llamado a la serenidad y demandamos que, de manera inmediata, cesen enfrentamientos entre compatriotas. Es urgente que se atienda sin distinción a las personas heridas y a las que se encuentren en riesgo y que se proceda en el más breve plazo a restablecer el canal de diálogo, que nunca debió ser interrumpido, y que debe ser utilizado como la única vía para resolver pacíficamente los conflictos.
Conscientes de nuestro deber de protección a la vida y de los derechos fundamentales de las personas, invocamos a todas las autoridades y dirigentes a optar por el diálogo y la paz y nos mantenemos a disposición del país para colaborar en los que nos sea requerido, a fin de devolver la tranquilidad a las poblaciones afectadas y a todo el Perú.
Miguel Cabrejos Vidarte
Presidente de la Conferencia Episcopal del Perú
Beatriz Merino Lucero
Defensora del Pueblo
CGTP condena matanza de nativos
La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) expresa su más enérgica condena a la matanza ordenada por el Gobierno del Presidente Alan García cuyo desenlace ha ocasionado la muerte de más de veinte representantes de comunidades amazónicas, pobladores de la Provincia de Bagua y Utcubamba y miembros de la policía nacional.
Responsabilizamos de estos hechos al Gobierno Aprista que lejos de solucionar las demandas de los pueblos amazónicos responde con violencia contra la población indefensa. Exigimos al Congreso de la República la inmediata derogatoria de los decretos inconstitucionales y al gobierno que cese la represión y se retome el dialogo para solucionar las demandas.
Reiteramos nuestra firme solidaridad con la lucha del pueblo amazónico por la soberanía y por la derogatoria de los decretos que pretenden enajenar el patrimonio nacional.
Llamamos a todas las bases sindicales de la CGTP y a las organizaciones políticas y sociales a condenar estos hechos luctuosos y a movilizarse en respaldo y solidaridad con los pueblos amazónicos y la ciudadanía.
FNTMMSP deplora acciones represivas del gobierno central. Expresa solidaridad con los pueblos indígenas amazónicos
La FNTMMSP, como institución sindical representantiva de los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos del Perú, expresa su profundo rechazo a los métodos represivos criminales, antidemocráticos de "algunas" autoridades de gobierno, que ante la incompetencia e irresponsabilidad al no encontrar la solución constitucional y legítima frente a la demanda de la derogatoria del Decreto Legislativo 1090 presentado por AIDESEP, en representación de los pueblos indígenas amazónicos, y que fuera dado por el Poder Ejecutivo dentro de las facultades "delegadas" por el Parlamento Nacional para la incorporación de un conjunto de "medidas normativas" (que no tendrían que colisionar con la Constitución Política del Perú y los acuerdos internacionales adoptados por el Estado Peruano, los cuales también tienen rango constitucional) cuyo único objetivo era la "implementación" del TLC entre Estados Unidos y el Perú.
Este paquete legislativo, que implicaba reformas en asuntos, laborales, ambientales, de propiedad intelectual, de manejo de biodiversidad, y otras materias, fue considerado lésivo e inconstitucional, no solamente por las organizaciones indígenas, sino, por la Comisión de Constitución del Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo, y entes defensores de los derechos humanos e indígenas a nivel internacional, al no haberse respetado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es el máximo órgano consultivo global en asuntos laborales e indígenas, el cual indica expresamente, que toda modificatoria de la realidad de los pueblos indígenas debe ser consultada. Consultas que no fueron realizadas de manera exprofesa por las autoridades del gobierno, que en el intento de "imponer" políticas privatizadoras en la amazonia y los andes peruanos, se excedieron en el cumplimiento de las facultades delegadas.
Los métodos represivos ejecutados en la década más nefasta del Perú, época comprendida entre el periodo 1980-2000, y que los trabajadores mineros y la nación peruana pensaban superados, al parecer han regresado, y vienen causando la muerte de ciudadanos peruanos (policias e indígenas) por la incompetencia de las Autoridades y el desprecio al Estado del Derecho que es la base sustancial de toda democracia que propugne el verdadero desarrollo, teniendo como fundamento al ser humano.
Los trabajadores mineros del Perú, tienen muy presente el nefasto año 1989 cuando el Secretario General de la FNTMMSP de ese entonces, Saúl Cantoral Huamaní, fuera asesinado por convocar -también- de manera órganica, constitucional y legal a los trabajadores mineros del Perú a la HUELGA NACIONAL MINERA para la dignificación y consecusión del PLIEGO NACIONAL MINERO ÚNICO. Circunstancias que se asemejan en el tiempo a la "persecusión política, mediática y judicial" que vienen imponiendo al dirigente amazónico, Alberto Pizango Chota de AIDESEP, quién por tener la representatividad de los pueblos indígenas amazónicos lidera la demanda por la derogatoria del DL 1090. Coincidentemente el gobierno de aquella época era encabezado también por don Alan García Pérez.
La FNTMMSP, exige al gobierno central el cese toda acción represiva y criminal encaminada por las fuerzas del orden, y de manera inmediata volver por los cauces democráticos y el verdadero espíritu del Estado de Derecho que permita actuar de manera responsable y constitucional con la historia. Y a los pueblos indígenas el retorno al camino de la tranquilidad y de las movilizaciones pacíficas.
El conflicto generado entre el gobierno y los indígenas amazónicos desde hace 55 días, ya ha costado más de 30 víctimas fatales y cientos de heridos,que como mineros lamentamos y expresamos nuestras más sentidas condolencias.
Los argumentos no pueden ser rebatidos con la violencia: Alto a la masacre de los pueblos indígenas
Lamentamos profundamente la muerte hasta ahora de 25 dirigentes indígenas y pobladores de Bagua así como de 7 miembros de las fuerzas policiales.
Después de 55 días de paro indígena amazónico y negociaciones, el gobierno aprista ha iniciado el ataque por aire y tierra sobre la población indígena, campesina y mestiza de Bagua, provocando una respuesta violenta pero, sobre todo, buscando criminalizar la protesta y deslegitimar la naturaleza justa de la demanda indígena.
Esta acción gubernamental no es casual ni aislada sino que es la respuesta desesperada a los acontecimientos de la víspera. El pasado jueves 4 de junio la bancada aprista logró boicotear el acuerdo de debatir en el pleno del Congreso el dictamen que considera inconstitucional al Decreto Legislativo 1090. Sin embargo, ese mismo día, la Defensoría del Pueblo presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo 1064 ante el Tribunal Constitucional, dándole la razón a los reclamos de los pueblos indígenas.
El gobierno en vez de atenerse a la práctica democrática de oír las recomendaciones de las instituciones establecidas, rompió el dialogo y desde las 5 de la mañana de hoy ha iniciado el operativo para descabezar la protesta indígena, matando a Santiago Manuig Valera y buscando amedrentar a Segundo Alberto Pizango y otros dirigentes.
Las repudiables acciones de Bagua ponen en evidencia la intención del gobierno de no derogar los decretos, aun a costa de la vida de ciudadanos, indígenas y policías. Consideramos que, viviendo en democracia, los conflictos deben ser resueltos por otros medios sin sacrificar la vida de quienes defienden sus tierras, bosques y aguas y el respeto a su identidad.
Las organizaciones que suscribimos pedimos:
- Que se establezca el alto al fuego y se detenga la violencia.
- Que el Congreso de la República asuma su responsabilidad y atienda inmediatamente la situación de los decretos legislativos cuestionados.
- Que la Defensoría del Pueblo culmine el estudio de los Decretos Legislativos cuestionados en el más breve plazo.
- Que las partes retomen el diálogo y se de solución a los temas de la agenda establecida.
Lima, 5 de junio de 2009
Instituto del Bien Común (IBC), Foro Ecológico, Red Muqui, Red de Propuesta y Acción, Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Instituto de Defensa Legal (IDL), Centro Amazónico de Antropológico y Aplicación Práctica (CAAAP), Grupo de trabajo Racimos de Ungurahui, Acción Solidaria para el Desarrollo (Cooperacción), Asociación Civil Labor, Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú, Centro Labor Pasco, Instituto Natura, Vicaría Pastoral Minera
07/06/2009
[Perú] Tras el asesinato de 50 indígenas en la Amazonía, el pueblo responde
Lima, 05/06/2009 (CNR / La Haine) — Los cuerpos de los pobladores amazónicos muertos durante los enfrentamientos con la policía en la carretera Fernando Belaunde, en la zona de "La Curva del Diablo" estarían siendo quemados por efectivos policiales de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) y arrojados al río Marañón en el caserío de Reposo, en Bagua (Amazonas), según denunció el dirigente amazónico Zebelio Kayap.
En diálogo con la CNR contó que siguen masacrando a indígenas, y solicitó la intervención de los organismos defensores de Derechos Humanos.
Kayap precisó que hasta el momento hay aproximadamente 20 heridos y 40 muertos, “pero pueden ser más porque la Diroes ha entrado a atacarnos con balas y todo es un alboroto”.
Una pobladora de la zona que aseguró ser testigo de los hechos confirmó la versión de Kayap. “Yo vi que los cadáveres fueron metidos en sacos negros y fueron llevados hasta las orillas del río Marañón para arrojarlos. La población pedía que se les devuelva los cuerpos de sus familiares para darles cristiana sepultura, pero la policía no hizo caso”, informó.
Narró además que los miembros del orden perseguían a población aguaruna acusándola de senderista, y precisó que unos mestizos ayudaron a trasladar a los indígenas hasta Bagua, pero otros que no fueron embarcados en los carros, fueron retenidos en una casa de adobe donde los están masacrando.
La ciudadana, de nombre María, cuyo apellido prefirió mantener en reserva, contó que en tono amenazante un policía advirtió: “Así como han matado a nuestros compañeros policías, ustedes también tienen que morir”.
Impiden recoger heridos y cadáveres
Zebelio Kayap denunció también que en el caserío Siempre Viva, en Amazonas, la policía impide el paso de la ciudadanía para recoger a los heridos y trasladarlos a Jaén o a Chiclayo, y que tampoco permite que se recoja a los cadáveres desperdigados en la zona.
“La fuerza policial está entrando a la Plaza de Armas. Queremos levantar a los cadáveres y a nuestros heridos, pero no podemos hacerlo. Sigue la balacera desde el helicóptero de la Diroes”, precisó.
Reveló además que entre los heridos se encuentran niños que fueron impactados con bombas lacrimógenas en los caseríos de Reposo y Siempre Viva. Kayap informó a la CNR, además, que los hospitales están repletos de heridos, tanto indígenas como mestizos.
Por su parte la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), confirmó a través de su blog, que también recibieron información de medios locales, respecto a las agresiones contra los pobladores amazónicos y de la quema de cadáveres por parte de efectivos policiales, aunque estas informaciones aún se mantienen en calidad de extraoficiales.
Estas informaciones, desmienten lo señalado hace unas horas por la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, quien sólo mencionó que eran tres nativos los fallecidos, lo cual sería falso pues según las fotos publicadas por la CNDDHH, se trataría de más compatriotas fallecidos en la represión policial en Bagua y Jaén.
Situación en la carretera Belaúnde luego de la represión de la madrugada
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50 pobladores muertos
El coordinador del Movimiento Estudiantil Indígena, Shuar Velásquez Ruiz denunció que los militares y policías no dejaron ingresar a los médicos ni a la prensa local con el fin de ocultar evidencia, sobre todo los cadáveres de los indígenas asesinados los cuales habrían sido arrojados al río Marañón.
Velásquez Ruiz, afirmó que hasta estas horas de la noche la cifra de nativos fallecidos serían más de cincuenta, pero que esta situación estaría siendo ocultada por los militares y policías.
Por su parte, el dirigente indígena Zevelio Kayap, presidente de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), solicitó a la Policía Nacional que deje de intervenir violentamente a los nativos apostados en la zona de la Curva del Diablo, en Amazonas, porque ellos no están armados.
"Sólo tenemos nuestras lanzas que son simbólicas, ¿de donde vamos a tener armamento?, los que emplean armas pesadas son ellos (los policías) por eso pedimos que nos dejen de atacar".
Los reportes de prensa comercial desde el Perú dan cuenta de la muerte de "varios nativos". Sin embargo otras informaciones más cercanas al activismo indígena muestran una lista con 35 nombres confirmados de indígenas asesinados por los represores.
La respuesta popular
Policía muerto
Informes desde Bagua afirman que 38 policías que custodiaban la Estación N°6 de Petro-Perú (petrolera privatizada), en el distrito de Imaza, en Bagua, han sido retenidos por nativos. Al parecer, un funcionario de la empresa también estaría en calidad de rehén.
El gobierno y los medios burgueses hablan de al menos 11 policías muertos, pero medios cercanos al activismo dejan la cifra en 7 policías ejecutados por la violencia popular. También se comenta que uno de las bajas policiales habría muerto por disparos realizados desde tierra contra uno de los helicópteros que se dedicaba a masacrar a la población.
En Bagua la táctica utilizada por el pueblo en algunos momentos era rodear a un grupo de represores y esperar a que se les acabe el parque. No se les permitía salir del encierro ni la llegada de refuerzos, y cuando los policías empezaban a juntar piedras a falta de otro elemento represivo, el pueblo atacaba.
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Bombardeo desde helicóptero
Periodistas de la zona informaron que anoche (viernes) numerosos nativos y ronderos se dirigían al local de la Policía Nacional de Bagua Grande con la intención de incendiarlo.
Las informaciones de la zona precisan que los pobladores protestaron por el bombardeo de bombas lacrimógenas realizadas desde un helicóptero, contra el poblado de El Reposo.
Asimismo un conocido periodista de Bagua Chica, aseguró que dos periodistas habrían muertos por la policía cumpliendo con su deber de informar en tanto que otros cuatro habrían sido detenidos.
Con premeditación y alevosía, la policía buscó como uno de sus primeros blancos al líder awajún Santiago Manuim, a quien asesinó en los primeros momentos de la represión. Aquí lo vemos en una entrevista:
¡Juicio al asesino de Matías Catrileo!: El jueves 11 de junio se pronuncia la Corte Marcial.
Este jueves a las 13 hrs. se reunió un grupo de personas, entre ellos Mónica Quezada y Catalina Catrileo, madre y hermana de Matías, para saber el destino de Walter Ramírez Inostroza, Carabinero que asesinó al joven Mapuche.
El uniformado ya fue notificado de auto de procesamiento por el fiscal militar, y la familia del joven Mapuche espera que la Corte Marcial lo ratifique.
Esto se traduciría en que la fiscalía pueda continuar la investigación y esclarecer qué ocurrió efectivamente el 3 de enero del 2008 en el fundo Santa Margarita.
Mónica Quezada Merino, madre de Matías, se siente con más fuerzas para seguir “su lucha”, manifiesta que le parece “impresentable que autoridades hagan oídos sordos y no tomen cartas concretas para asegurar un debido proceso”.
Así mismo, continúa “es indignante ver como el gobierno se encarga de dar una imagen a la comunidad nacional e internacional, que no se condice con el actuar inmoral e indolente frente a estos dolorosos crímenes. Mientras, la Sra. Hillary Clinton, presenta el Reporte Anual de Derechos Humanos, en Febrero 2009, en el cual se hace mención especial a lo acontecido con Matías Catrileo, cómo es posible que el imputado Walter Ramírez, esté libre".
"El consejo de DDHH de la ONU critica al gobierno de la Sra. Bachelet por el atropello y abuso de poder ejercido sobre el pueblo mapuche, y en Chile, nadie se hace cargo seriamente de estos cuestionamientos.”
La madre de Matías Catrileo, compartió que el Martes se realizó una manifestación similar en Temuco y el Miércoles en Concepción y este Jueves se nos comunicó que esta causa se verá el próximo Jueves 11 y para acompañarla habría que estar en la Corte a la 1 p.m.
Fotos y Redacción: Alejandro Stuart
Fuente: mapuexpress
Unánime: Tribunal de Angol absolvió a comuneros de Temucuicui Autónomo.
Por unanimidad, el Tribunal Oral en lo Penal de Angol absolvió a dos comuneros mapuches acusados del ataque incendiario al fundo Montenegro, de propiedad del latinfundista René Urban, hecho ocurrido el verano de 2006 en la comuna de Ercilla, en La Araucanía.
Fuera del tribunal, decenas de comuneros y personas de al sociedad civil manifestaron su apoyo a los imputados, Julio Cayuán y Juan Huenchullán, incluso el día martes efectuaron una marcha a caballo por la capital de la provincia de Malleco.
Jorge Huenchullán, vocero de la comunidad Autónoma Temucuicui, señaló que Urban -quien fue el único testigo de la Fiscalía en el juicio- "tiene que irse del lugar porque vamos a tomar posesión de las tierras".
El Ministerio Público anunció que estudiará el fallo antes de definir si pedirá la nulidad del juicio.
De esta forma, los comuneros recuperan su libertad luego de estar varios meses, injustamente, en prisión preventiva.
Foto sacada del blog: http://comunidadtemucuicui.blogspot.com
05/06/2009
Pueblos amazónicos protestan contra el Estado Peruano
El Comercio encubre decretos que entregan bosques, tierras y aguas a la rapiña de las corporaciones privadas
El serio conflicto surgido entre las comunidades amazónicas y el Estado Peruano -que se agudizó el 9 de abril cuando se declaró una huelga indefinida- es consecuencia directa del Tratado de Libre Comercio pactado a espaldas de los pueblos entre las burocracias gubernamentales de Perú y Estados Unidos. Las normas legales promulgadas en 2008 y 2009 por el gobierno de García Pérez con el objetivo de implementar el TLC, sobre asuntos tan importantes como el patrimonio forestal, los recursos hídricos y el derecho territorial de los pueblos nativos, carecen del consentimiento informado de las comunidades afectadas (como manda el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT) y transgreden varias normas constitucionales.
Entre los proyectos a ejecutarse para el así llamado Desarrollo Nacional está la producción de biocombustibles, empresa acusada de agudizar el hambre de los pueblos por usar tierras, productos y fuerza de trabajo del proceso alimentario, encareciéndolo. La industria bioenergética se justifica a sí misma con un “discurso verde” que buscaría abandonar el uso de combustibles fósiles para frenar la emisión de gases invernadores, pero en realidad es un lucrativo negocio que provoca -además- un severo desastre ecológico con la desaparición de millones de hectáreas de bosques naturales, tal cual ocurre en Malasia, Indonesia y Brasil.
El desarrollo de monocultivos con fines bionergéticos es considerado de interés nacional por Ley 28054 dada por el gobierno de Alejandro Toledo ya en 2003. En concordancia, y en clara muestra de la voluntad estatal, el 18 de abril de 2009 el gobierno de García Pérez constituyó el Grupo Técnico de Trabajo para formular el Plan Nacional de Agroenergía, y antes, el 13 de enero de 2009, realizó una modificación fundamental a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, estableciendo una amplia excepción a la conservación mandatoria de las áreas forestales: “No habrá cambios de uso en las tierras que pertenecen al patrimonio forestal cualquiera sea su categoría, salvo cuando se trate de proyectos declarados de interés nacional.”
Esta importante salvedad fue escondida por el congresista oficialista Jorge del Castillo, en su defensa de la Ley Forestal efectuada en sesión pública del Parlamento el 26 de mayo de 2009, y tampoco es revelada por los medios adictos a las políticas neoliberales del gobierno. Al contrario, es ocultada sin decoro, en concertada campaña de desinformación. Así, el diario El Comercio en su edición del 29 de mayo, en la breve noticia que le dedica en la página A7 a la crisis amazónica (el titular absoluto del “decano del periodismo peruano” ¡es la gripe porcina!), resalta en un recuadro (ver foto a la izquierda) un dato que ellos presentan como una revelación pero que no es sino información engañosa fabricada para que sus lectores sigan creyendo -en el colmo de la ignorancia- que los pueblos amazónicos protestan sin razón.
Un hecho elocuente: el diario El Comercio en su edición del domingo 31 de mayo no dijo ni una palabra sobre la protesta amazónica, pero le dedicó un especial al Día Mundial del Medio Ambiente, a celebrarse el 5 de junio. La televisora de la corporación El Comercio, Canal N, no se queda atrás. El 18 de mayo, el noticiero matutino presentado por Carla Harada y Carlos Fonseca incurrió en una grosera manipulación al insertar una imagen de nativos amazónicos atendiendo un mitin, en medio de un discurso que el presidente Alan García daba contra las protestas amazónicas, en el distrito de Ate, Lima. Así quisieron dar la falsa impresión de que los nativos atienden en silencio las peroratas estatales, las cuales son privilegiadas por Canal N a lo largo de su programación.
Los presentadores de Canal N no se dieron por enterados de la fraudulenta edición de la noticia, y después informaron con naturalidad: “A pesar de que su líder canceló la declaratoria de insurgencia, las comunidades amazónicas siguen en pie de lucha”, en estupenda demostración de la lógica estatal que criminaliza todo disenso relevante. Cuando el delegado indígena Alberto Pizango erró al llamar a los pueblos amazónicos en insurgencia contra el Estado, corrigió rápidamente su lapso linguístico, y su convocatoria no provocó ningún cambio en el curso de las protestas. Pero los presentadores de Canal N viven en el reino donde todo lo que no es obligatorio está prohibido, y donde la mejor libertad es la que permite editar imágenes de telenoticieros a placer.
Los ocultamientos y manipulaciones periodísticas surgen de una profunda complicidad con el gobierno, y son cuasi-criminales si se comprende que detrás del así llamado Desarrollo Nacional acechan todo tipo de impacientes empresas privadas que ejecutando proyectos de irrigación, controlarán las aguas de los sembríos; otorgando créditos en épocas de crisis a agricultores, obtendrán títulos sobre sus tierras; rehabilitando áreas eriazas o áreas forestales agotadas, gozarán de propiedad perpetua sobre terrenos amazónicos; y convirtiendo áreas forestales en monocultivos con potencial bioenergético, devastarán los bosques naturales y desplazarán o arruinarán comunidades enteras.
También convertirán la enorme riqueza genética de las especies y los ecosistemas en objeto de propiedad y explotación de poderosos agentes económicos privados, entre los cuales destaca la transnacional Monsanto. Como ha explicado la especialista Isabel Lapeña, las normas legales emitidas por el gobierno peruano amenazan gravemente la biodiversidad al introducir el uso de semillas transgénicas y un agresivo régimen de patentes sobre estructuras genéticas ancestrales.
“Hay mucha gente que espera”
Altos funcionarios del gobierno peruano defendieron estas leyes con vehemencia, y efectuaron en el trámite algunas revelaciones. Así la ministra de Justicia, Rosario Fernández, cuyo despacho denunció por rebelión y conspiración al dirigente indígena Alberto Pizango, señaló que “lo que se pone en juego es el desarrollo del país, porque hay mucha gente que espera que se complemente el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, a fin de que lleguen los efectos positivos de ese importante acuerdo comercial.”
La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, mostró igual clase de preocupación y reveló a quién debe explicaciones, cuando dijo que “la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos quiere saber qué va a pasar si se deroga el Decreto Legislativo 1090, pero les hemos explicado que todavía tiene que pasar a la votación del Pleno del Congreso de la República, y nosotros confiamos en que esta situación se va a superar.”
Escuchando a estos personajes que tienen en cuenta a “mucha gente” pero no a las comunidades amazónicas ni a vastos sectores sociales opuestos al TLC; observando cómo dan explicaciones directas a Oficinas Comerciales extranjeras, mientras demoran lo suyo en establecer diálogo efectivo con los pueblos amazónicos, a los que primero amenazan con la violencia policial y militar, se comprende bien la facilidad con la cual la burocracia del Estado es capaz de comprometer importantes recursos comunes, con la dación fraudulenta de leyes para favorecer los negocios de poderosas corporaciones privadas.
“Sólo queremos hacer un jardín”
El diario El Comercio informó -el 26 de mayo- que el congresista oficialista Jorge del Castillo calificó como un “sabotaje al TLC” la derogatoria preliminar de la Ley Forestal. El mismo día, el noticiero nocturno de Canal N -propiedad de la misma corporación El Comercio- informó acerca de la reunión entre el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y un grupo de representantes indígenas encabezados por Alberto Pizango. Naturalmente, Yehude Simon y distintos Ministros tuvieron más minutos en TV que los representantes indígenas, pero llamó la atención que una ex tesorera de la Asociación Intertétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, quien interpuso ese mismo día una denuncia por malversación de fondos contra Alberto Pizango, tuviera más tiempo de noticiero que el mismo líder indígena.
En vez de levantar denuncias de aspecto engañoso, que tienen el claro objetivo de minar la voluntad de las protestas, ¿no vendría más a cuento recordar la performance pública de los burócratas que defienden el TLC y sus decretos, y que piden sin reparos una suerte de confianza absoluta, como el anterior Premier del presente régimen? Importa mucho recordar que Jorge del Castillo, “representante del pueblo” que el 26 de mayo exclamó en el Parlamento “sólo queremos hacer un jardín” en referencia a las tierras eriazas que el gobierno quiere vender en propiedad, renunció en octubre de 2008 a la Presidencia del Consejo de Ministros cuando se revelaron pruebas que lo involucraban en un negociado en la adjudicación de lotes petrolíferos.
Pero todavía les alcanza la cara para escandalizarse. La histeria aprista ante unas palabras del congresista de oposición Werner Cabrera (Partido Nacionalista), que involucraban al Presidente Alan García Pérez en los negociados y coimas que los decretos y el TLC seguramente propiciarán, frustró el debate sobre la derogatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre en el Pleno Parlamentario, el 29 de mayo; y se informó que el debate se reanudaría recién el 3 de junio.
El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon ya avisó que el trabajo de la Comisión Multisectorial “matará” el problema sin poner en peligro los intereses del país: “vamos a ver cómo matamos lo que les afecta a los hermanos nativos. Esa es la palabra, cómo matamos lo que les afecta sin afectar al Perú.” Por supuesto, la palabra “matar” no es sinónimo de derogar y la expresión “sin afectar al Perú” indica que el Estado no piensa dar marcha atrás en lo que ya decidió unilateralmente que es lo mejor para los pueblos: la invasión de las corporaciones privadas en la apropiación y devastación de aguas, selvas, genes y tierras.
”Los policías y soldados no serán los culpables”
Cuando el premier Yehude Simon, el pasado 15 de mayo, afirmaba que “Alberto Pizango busca un derramamiento de sangre” y añadía que “los policías y soldados no serán los culpables”, lo que hacía era justificar la violencia que -como en tantas otras ocasiones de manera impune- el Estado se alistaba a ejecutar para restaurar -a cualquier precio- el Orden Público, con numerosa participación de efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES).
La instalación de la Comisión Multisectorial no terminó con las protestas, las cuales continuarán hasta la derogatoria de los cuestionados decretos. Esta decisión fue respaldada -el 31 de mayo- por la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala, celebrada en Puno, que también convocó a un paro nacional de solidaridad con los pueblos amazónicos para el miércoles 3 de junio y a movilizaciones internacionales frente a las embajadas peruanas. Persistiendo acciones de protesta como los bloqueos de carreteras y las tomas de instalaciones protagonizadas por nativos machiguengas en Cusco, el peligro de una acción brutal de las Fuerzas del Orden sigue latente.
No es inútil recordar que el año pasado el actual gobierno aprista disparó a matar contra campesinos y obreros en protestas en Ayacucho, Barranca y Pataz, e incluso pretende legalizar este tipo de crímenes. Y que el anterior gobierno de Alejandro Toledo, primer impulsor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ametralló una protesta de estudiantes universitarios en Puno, el 29 de mayo de 2003, y a lo largo de su gestión asesinó a varias personas con impactos de bombas lacrimógenas en la cabeza durante protestas sociales. Ciertamente, no son credenciales que políticos que dicen desvelarse por el bienestar de los pueblos quieren recordar. No conviene olvidarlas.
Por orwell-media
Ver este artículo con imágenes en:
http://www.orwell-media.info/
04/06/2009
LOS OBSTACULOS PARA LA DEMARCACIÓN DE TIERRAS YUCPA
“Sucede que si a desalambrar odios nos llaman, a desalambrar miradas duras nos convocan,
tocará enterarse del fulgor Sabino, de la fuerza Sabino que enseña indígena
que aún merecemos territorio para amar, territorio para crecer, territorio para encontrarnos.”
A desalambrar. Nicanores. Maracaibo 25 /03/09.
El pasado 24/05/09 quienes venimos acompañando la lucha de los indígenas Yucpa por su territorio recibimos con entusiasmo una noticia publicada por el Diario Panorama titulada: “Este año yucpas tendrán sus tierras”, ¡por fin se saldará la deuda histórica!, pensamos. Lamentablemente, la entrevista muestra como el Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Sergio Rodríguez, sigue repitiendo posiciones que son objeto de preocupación por parte de los indígenas y las organizaciones que hacen solidaridad con esta lucha, pues se constituyen en obstáculos para la garantía real de los derechos territoriales indígenas.
Bajo el argumento de la soberanía alimentaria se insiste en el respeto de los “derechos de terceros”, quienes haciendo uso de la fuerza han usurpado durante décadas los territorios indígenas. Históricamente los Yukpa han sido víctimas de los ganaderos y más recientemente sus espacios han sido reducidos por las presencia de campesinos, refugiados e indígenas wayuu, así como grupos subversivos y paramilitares colombianos. Legitimar la presencia de todos estos actores significa legalizar la reducción del hábitat indígena.
Es necesario dejar claro que los derechos territoriales se ejercen sobre las áreas usadas por los ancestros indígenas para: vivienda, conuco, caza y pastoreo, así como los lugares que tienen valor espiritual o cultural. No se refiere, por lo tanto, a la dotación de una parcela privada por parte del gobierno, sino al reconocimiento por parte de Estado, de un espacio sociocultural y político, vital para el ejercicio pleno de sus otros derechos colectivos.
Lo que se encuentra detrás de los “derechos de terceros” es la implementación en la zona de un modelo de desarrollo depredador, de enclave minero exportador, cuyo único interés es la extracción de recursos para producir riqueza, sin importar las consecuencias ambientales, sociales y de destrucción cultural.
Asimismo, preocupa como el Viceministro Sergio Rodríguez con sus afirmaciones sobre la violencia en la zona refuerza la tendencia a “criminalizar” a los indígenas, textualmente dice: “Lo que pasa es que, ahora, como ellos se sienten apoyados, se ha generado una violencia de los indígenas no sólo hacia los ganaderos, sino también hacia los campesinos y hacia las otras comunidades wayúu. En esa área tenemos un problema de violencia generalizada.” Cualquier persona que lea este texto fácilmente asumirá que los indígenas son los responsables de la violencia en la zona lo cual significa desconocer las dinámicas de apropiación de la tierra que ya describimos anteriormente. La declaración califica a los indígenas como “violentos” y en tanto deslegitima su movilización como luchadores sociales en ejercicio de una genuina acción de defensa de sus derechos. En consecuencia, cualquier acción de carácter represivo contra la lucha indígena consigue allí su justificación.
Incluso este tipo de argumentos que criminalizan la lucha indígena han generado una exclusión permanente y reiterada de los caciques de las comunidades: Chaktapa, Guamo Pamocha, Rio Yaza y Shiraji de las reuniones de las Comisiones de Demarcación, tanto nacional como regional, lo que les ha impedido manifestar su opiniones y propuestas, es decir, ha limitado el ejercicio de su derecho a la participación.
Caminar hacia la tarea de saldar la deuda histórica con los indígenas para por reconocer e incluir sus concepciones de mundo y sus propuestas, esto solo es posible con la garantía de participación de todos los caciques en igualdad de condiciones, sin centros pilotos de por medio. Por Maryluz Guill
tocará enterarse del fulgor Sabino, de la fuerza Sabino que enseña indígena
que aún merecemos territorio para amar, territorio para crecer, territorio para encontrarnos.”
A desalambrar. Nicanores. Maracaibo 25 /03/09.
El pasado 24/05/09 quienes venimos acompañando la lucha de los indígenas Yucpa por su territorio recibimos con entusiasmo una noticia publicada por el Diario Panorama titulada: “Este año yucpas tendrán sus tierras”, ¡por fin se saldará la deuda histórica!, pensamos. Lamentablemente, la entrevista muestra como el Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Sergio Rodríguez, sigue repitiendo posiciones que son objeto de preocupación por parte de los indígenas y las organizaciones que hacen solidaridad con esta lucha, pues se constituyen en obstáculos para la garantía real de los derechos territoriales indígenas.
Bajo el argumento de la soberanía alimentaria se insiste en el respeto de los “derechos de terceros”, quienes haciendo uso de la fuerza han usurpado durante décadas los territorios indígenas. Históricamente los Yukpa han sido víctimas de los ganaderos y más recientemente sus espacios han sido reducidos por las presencia de campesinos, refugiados e indígenas wayuu, así como grupos subversivos y paramilitares colombianos. Legitimar la presencia de todos estos actores significa legalizar la reducción del hábitat indígena.
Es necesario dejar claro que los derechos territoriales se ejercen sobre las áreas usadas por los ancestros indígenas para: vivienda, conuco, caza y pastoreo, así como los lugares que tienen valor espiritual o cultural. No se refiere, por lo tanto, a la dotación de una parcela privada por parte del gobierno, sino al reconocimiento por parte de Estado, de un espacio sociocultural y político, vital para el ejercicio pleno de sus otros derechos colectivos.
Lo que se encuentra detrás de los “derechos de terceros” es la implementación en la zona de un modelo de desarrollo depredador, de enclave minero exportador, cuyo único interés es la extracción de recursos para producir riqueza, sin importar las consecuencias ambientales, sociales y de destrucción cultural.
Asimismo, preocupa como el Viceministro Sergio Rodríguez con sus afirmaciones sobre la violencia en la zona refuerza la tendencia a “criminalizar” a los indígenas, textualmente dice: “Lo que pasa es que, ahora, como ellos se sienten apoyados, se ha generado una violencia de los indígenas no sólo hacia los ganaderos, sino también hacia los campesinos y hacia las otras comunidades wayúu. En esa área tenemos un problema de violencia generalizada.” Cualquier persona que lea este texto fácilmente asumirá que los indígenas son los responsables de la violencia en la zona lo cual significa desconocer las dinámicas de apropiación de la tierra que ya describimos anteriormente. La declaración califica a los indígenas como “violentos” y en tanto deslegitima su movilización como luchadores sociales en ejercicio de una genuina acción de defensa de sus derechos. En consecuencia, cualquier acción de carácter represivo contra la lucha indígena consigue allí su justificación.
Incluso este tipo de argumentos que criminalizan la lucha indígena han generado una exclusión permanente y reiterada de los caciques de las comunidades: Chaktapa, Guamo Pamocha, Rio Yaza y Shiraji de las reuniones de las Comisiones de Demarcación, tanto nacional como regional, lo que les ha impedido manifestar su opiniones y propuestas, es decir, ha limitado el ejercicio de su derecho a la participación.
Caminar hacia la tarea de saldar la deuda histórica con los indígenas para por reconocer e incluir sus concepciones de mundo y sus propuestas, esto solo es posible con la garantía de participación de todos los caciques en igualdad de condiciones, sin centros pilotos de por medio. Por Maryluz Guill
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