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28 sept 2015

Los pueblos indígenas no quieren terminar en el patio trasero del mundo


Por Tami Okamoto, Mario Zúñiga, Carlos Manuel Arbaiza
- La discusión sobre el Lote 192 (ex 1AB), el Lote petrolero más importante del Perú, ha quedado reducida a la pelea entre Petroperú y la Empresa Privada. Esta polarización difundida (y hasta apoyada) por diversos medios, ha ocultado un tema de fondo que es más importante: el destino de los pueblos indígenas que viven justo ahí, donde se ubican la mayor cantidad de pozos petroleros del Lote 192. Estos pueblos han quedado excluidos tanto de decidir sobre el contrato que les afectará por las siguientes décadas (al no haber llegado a acuerdos con el Estado en la consulta previa) así como del debate nacional (entorno a Petroperú). Esta situación de exclusión e invisibilización pronostica un próximo Baguazo.

Detrás del telón: Los años de lucha y diálogo

El tema es complejo. Lo que queda claro es la apuesta de los pueblos indígenas por el diálogo y su voluntad por llegar a acuerdos y evitar conflictos.
Hace más de tres años se anunció la licitación del Lote 192. De manera oportuna, los Pueblos Indígenas de las cuencas del Corrientes, Pastaza, Tigre y Marañón unidos exigieron que se respete su derecho a la consulta y que para iniciar este proceso era necesario dar soluciones mínimas a los 40 años de contaminación petrolera sobre sus territorios en el Norte de Loreto – Perú.
De ese modo, los pueblos indígenas de las cuatro cuencas, representados por las organizaciones FEDIQUEP, FECONACO, ACODECOSPAT y FECONAT, lucharon unidos durante más de tres años, consiguiendo que el Estado reconozca la problemática de contaminación y destrucción territorial. En el camino FECONAT (de la cuenca del Tigre), se retiró de la unidad e inició una agenda propia. Mientras tanto, las otras federaciones continuaron la lucha por temas de fondo como salud, remediación ambiental, agua y saneamiento básico, titulación, compensación e indemnización.
La unidad en la lucha de las tres federaciones restantes dio como resultado que los gobiernos nacional y regional comprometan fondos para el presente año de hasta 150 millones de soles en los temas arriba mencionados. Se logró así financiamiento de estudios de salud (toxiológicos y epidemiológicos) con la colaboración de instituciones de prestigio internacional, incluyendo la Organización Panamericana de la Salud (OPS). También de estudios de remediación ambiental por medio de las Naciones Unidas y la posibilidad de ejecutar la remediación de sus territorios, de manera inmediata, por un total de 50 millones de soles como fondo inicial. En este marco, las organizaciones promueven además la creación de una ley que beneficie la gestión ambiental en el ámbito nacional, la titulación de 100 comunidades nativas, la instalación de sistemas de agua provisional especializados para sus comunidades (con la posibilidad de ampliación para el siguiente año), además de otros proyectos de desarrollo. Los mencionados compromisos se plasmaron formalmente en el acuerdo llamado: “Acta del 10 de marzo” (1).
Cabe resaltar que la firma del acuerdo se dio bajo dos situaciones. Primero, el Estado no respondió a todos los temas propuestos como condiciones mínimas antes de licitar nuevamente el lote petrolero por otras tres décadas (no se llegaron a acuerdo sobre compensación e indemnización). Segundo, aun con estas limitantes, los pueblos indígenas decidieron que era necesario iniciar el proceso de consulta y licitación pues comprendían la importancia de este lote petrolero para la economía del país.
Claro que esto último se realizó con el compromiso especial del Estado que acordó ver la posibilidad de hacer modificaciones en el contrato petrolero para fortalecer las garantías ambientales y sociales en el futuro. En otras palabras, como cualquier peruano, los pueblos no quieren que se repita la historia de ese pasado atroz. Necesitaban garantías.
Aun así, con toda la disposición y trabajo de los pueblos de propiciar oportunamente un proceso adecuado de consulta y licitación (previendo situaciones de apuro económico y conflictividad), el Estado, paquidérmicamente, tardó más de tres años en lograr acuerdos (Acta del 10 de marzo) y con ello condiciones adecuadas para iniciar la licitación. Y por si fuera poco, a la fecha viene incumpliendo esos acuerdos ya suscritos en materia de titulación, remediación y salud.

El Estado concluye irregularmente la Consulta, excluyendo a las comunidades más afectadas

El proceso de consulta para el lote 192, se dio con dos federaciones unidas, FEDIQUEP (Pastaza) y FECONACO (Corriente), y una separada, FECONAT (Tigre), quien llevó su propio proceso. En el camino se creó una ONG llamada ORIAP (“Alto Pastaza”) que se impuso en el proceso con el aval del Ministerio de Cultura, sin ninguna explicación, consenso ni legitimidad para las demás federaciones.
El Estado decidió firmar las actas de consulta solo con FECONAT y con la ONG ORIAP bajo el pretexto que ha realizado un proceso transparente y beneficioso para los pueblos porque se incluiría un fondo directo de 0.75% de la producción fiscalizada en el contrato petrolero para su beneficio (que equivale aproximadamente a un millón de soles anuales por cuenca). Ante ello, mientras la Federación FECONAT y la ONG ORIAP aplaudían al Estado, FEDIQUEP y FECONACO rechazaron esta propuesta por las condiciones inadecuadas del diálogo (se les dio dos horas para decidir sobre una propuesta inflexible en su totalidad, además de existir otros puntos vitales pendientes de acuerdos). De esta manera, y en medio de amagues de parte del Estado para dialogar con estas dos últimas federaciones (sin volverse a sentar con ellas), el MINEM dio por concluido el proceso de consulta luego de una semana y media. A partir de ello, el 29 de agosto, el Ejecutivo emitió el decreto aprobando el contrato con la transnacional Pacific Stratus.
En ese marco, es importante hacer notar, por un lado, que las comunidades representadas por FEDIQUEP y FECONACO, con quienes no se firmó ningún acuerdo a pesar de estar en diálogo, representan a pueblos que están cinco veces más afectados por la explotación petrolera, ya que en sus territorios se encuentran 11 de las 13 Baterías (conjunto de pozos) del lote 192 (2).

No quieren que se repita la historia (el desastre) para sus hijos

Para los pueblos indígenas del Pastaza y Corrientes siempre quedó claro que fuera quien fuera la empresa que ingrese a operar en sus territorios (sea Pacific o Petroperú), esta debe dar respuesta clara a los siguientes interrogantes que plantearon en el proceso de consulta y a los cuales no se terminó de dar solución:
  • ¿Mejorarán en pocos años la infraestructura petrolera (que es tan antigua como el lote) para reducir los riesgos de contaminación?
  • ¿Cumplirán con cambiar los oleoductos y mejorar la tecnología de manera inmediata?
  • ¿Aceptarán que se titulen los lugares donde están las instalaciones petroleras (lo cual se les ha negado durante décadas a las comunidades) y pagarán servidumbres equitativas?
  • ¿Financiarán un monitoreo independiente como parte de las obligaciones de la empresa y no como una carga a los beneficios de las poblaciones?
  • ¿Generarán beneficios directos adecuados para las comunidades? ¿O se les entregará un fondo infame que no alcanza ni para refaccionar una escuela como es el 0.75% de la producción fiscalizada (3)?
  • ¿Realizará Estudios Ambientales (EIAs, P.Abandono, PDS) con plena participación indígena, consultando y llegando a consensos sobre estos estudios?
  • ¿Establecerá un plan de desarrollo local que permita a lo largo de los próximos 30 años una paulatina ruptura de la dependencia de la empresa petrolera?
  • ¿Asegurarán fondos especiales para la vigilancia toxicológica y epidemiológica de poblaciones expuestas a metales pesados y otros contaminantes?
  • Finalmente, ¿asegurarán que si existieran conflictos entre la empresa y los pueblos indígenas, recurrirán al diálogo y no a la represión?
Estas largas interrogantes permiten entrever que las comunidades con más pozos petroleros del Lote 192 no están a favor ni en contra de Petroperú ni de ninguna empresa en particular. Queda claro que las comunidades, comprendiendo su historia, desconfían de todas las empresas petroleras (incluso de Petroperú quién operó por décadas en sus territorios dejando contaminación). Por su parte, el Estado se desentiende de las políticas energéticas que para las comunidades se beneficien, así como del cuidado ambiental, el respeto cultural y la determinación de sus prioridades de desarrollo y visiones indígenas.
Por otro lado hay que decir que estas interrogantes no surgen de “indígenas anacrónicos”, detenidos en el tiempo (como algunos suelen calificarlos), sino de una visión de modernidad que mantiene un enfoque de control del territorio y del tipo de cambios culturales equitativos que ellos quieren.
En ese sentido, lo que defienden las organizaciones indígenas es que se respete mínimamente sus derechos y no se repita, ni con Pacific ni con Petroperú, ni con ninguna empresa, el desastre que ya han sufrido en esta zona, llevándolos a transformaciones desiguales.

Adicción rentista y el otro costo de la nacionalización hidrocarburífera

Ante tanta destrucción en los territorios donde se produce el petróleo, hay un silencio cómplice desde la comodidad urbana de Loreto y el Perú y las cuantiosas rentas petroleras que han recibido durante décadas.
Cuando Iquitos se movilizó de la mano del Gobierno Regional de Loreto, de FECONAT, de algunos congresistas de la República e intelectuales “energéticos”, el tema del Lote 192 pareció haber quedado reducido a que ingrese una empresa petrolera nacional a contaminar y destruir territorio indígena por el “bien” de todos los peruanos, es decir, que ingrese Petroperú.
Resulta extraño el pedido sobre Petroperú de parte de la actual dirigencia de la FECONAT. En ninguna de sus actas de consulta existe referencia alguna que señale que las comunidades del Tigre proponen que opere Petroperú en su territorio (4). Además, es esta misma federación indígena quien, en medio de aplausos y agradecimientos a la Ministra del MEM, firmó el acta de consulta el 14 de agosto; acta que, como señalaba la misma Ministra, era necesaria para permitir el ingreso de la empresa extranjera (Pacific Stratus). Teniendo a la Ministra en frente, ¿por qué firmó sin mencionar siquiera a Petroperú y luego, días más tarde, lo convirtió en su agenda de lucha en el paro de Iquitos? ¿Qué llevó al pueblo Kichwa del Tigre, representada por FECONAT, a pedir que Petroperú entre a destruir sus territorios, cuando este pueblo había luchado por tantos años por el respeto de sus derechos contra toda empresa petrolera contaminadora y conocía, además, las atrocidades cometidas por Petroperú en territorio indígena? ¿A quiénes entonces representa y beneficia la agenda, la bulla y el paro de Iquitos?
A pesar que las comunidades representadas por FEDIQUEP y FECONACO del Pastaza y Corrientes plantearon al Gobierno Regional, congresistas e intelectuales de la nacionalización y soberanía energética, las interrogantes mencionadas arriba (propuestas mínimas para garantizar una vida digna y segura ante los riesgos de la actividad petrolera en sus territorios), la mayoría de ellos, finalmente las invisibilizó.
Sobre este punto tenemos, por ejemplo, la posición de Humberto Campodónico, expresidente de Petroperú, en cuyos artículos periodísticos insiste incansablemente en lo beneficioso que sería Petroperú en el Lote 192 para la refinería de Talara y “todo el Perú”. Sin embargo, no se refiere ni una sola vez a las condiciones que Petroperú adoptaría con respecto a la problemática ambiental y social del lote. ¿Será que esta omisión, sobre el desastre ambiental, los vacíos normativos, la falta de seguridad territorial y las deficiencias tecnológicas existentes, es otro de los costos que tampoco asumiría Petroperú?
Tenemos al Gobierno Regional de Loreto (GORE-Loreto), rostro político de la propuesta por Petroperú, que, sin embargo, viene incumpliendo su compromiso de titular las comunidades en el ámbito de este mismo lote (siendo esta una condición para iniciar la licitación misma). Luchando, las tres federaciones, FECONACO, FEDIQUEP y ACODECOSPAT, lograron comprometer al Ejecutivo de transferir al GORE-Loreto 3.5 millones de soles para la titulación de sus comunidades como paso previo a la licitación. Después de medio año, y habiéndose transferido parte de este fondo, no sólo el Gobierno Regional incumple su compromiso sino que se niega a responder las comunicaciones de las federaciones y oculta (hasta tergiversa) la agenda de estos pueblos que confiaron en él.
Es lamentable cómo se defiende la nacionalización por nacionalización, la soberanía energética por soberanía y control, todo a ultranza de lo que le pase a “esos nativos de la frontera” de donde se saca el petróleo. Es lamentable que la adicción rentista de ciudades amazónicas y costeñas termine, igual que en la Colonia, convirtiendo el territorio de los pueblos en su patio trasero. Solo que ahora será patio trasero de la “soberanía energética” pues al final, para los pueblos, no cambia mucho en lo que ya los vienen convirtiendo: el patio trasero del entreguismo neoliberal.

Posibilidades frente a la colo-nacionalización

La agenda de nacionalización hidrocarburífera y pueblos indígenas no puede simplificarse al pedido hecho por una sola federación indígena (FECONAT) para que sea Petroperú quien contamine sus territorios.
La soberanía energética es importante, pero insuficiente si no considera una mirada integral sobre el desarrollo desde los pueblos indígenas, sobre la base del respeto a sus derechos y, además, mecanismos específicos para viabilizar dicho proyecto político.
Lo más lamentable es que incluso en países como Bolivia, donde se materializó en 2003 la nacionalización de hidrocarburos con el objetivo mayor de generar condiciones para superar las limitaciones estructurales del país (pobreza, subempleo, bajos índices de Desarrollo Humano, política socioambiental inadecuada, etc); aun cuando se pensó la nacionalización como instrumento para lograr construir un nuevo modelo de desarrollo respetando los derechos de todos y de los pueblos originarios, la preservación del ambiente y todo lo que actualmente se entiende como el “Vivir Bien”, ni siquiera ahí se ha logrado hoy materializar estos objetivos “de fondo” en beneficio de los pueblos indígenas (5). Por el contrario, hoy este mismo régimen legitima, con su política de nacionalización, la exclusión de los pueblos, como de hecho ocurrió en el conflicto del TIPNIS y ahora con el pueblo guaraní del Chaco.
Y es que, cuando los movimientos sociales y pueblos indígenas atentan contra la preservación del núcleo de la gobernanza de recursos naturales de Estados rentistas, esos mismos actores y temas son nuevamente expulsados a la periferia (6).
Entonces, ¿qué pueden esperar nuestros pueblos de un proyecto de nacionalización hidrocarburífera cuando en el país ni siquiera discutimos temas de fondo (ya avanzados por el pueblo boliviano por ejemplo) que debieran ir de la mano con dicha soberanía energética aun en el momento más álgido de este debate que lleva años? ¿Qué podemos esperar hoy, cuando un Apu del Lote 192 le plantea a los políticos y académicos de la “nacionalización” preguntas acerca de la manera en que Petroperú abordaría la problemática económica, social y ambiental en sus territorios explotados y estos lo entierran detrás de su bandera de nacionalización sin darle respuestas concretas ni defenderlo?
Es necesario que desde la nacionalización hidrocarburífera se planteen debates más complejos, se discutan propuestas desde las luchas, se aprenda de los errores, se ponga sobre la misma balanza los derechos y las visiones indígenas. En general, que se deje de invisibilizar a los pueblos cuyos territorios terminan siendo explotados. De nada nos sirve ser calco ni copia de modelos “colo-nacionalizadores”; debiéramos proyectarnos a crear interculturalmente nuestros propios procesos de plurinacionalización.
Y profundizando aún más en la perspectiva de colo-nacionalización de los recursos (los cuales son mercantilizados y disminuidos en su complejidad), debemos recordar que la nacionalización hidrocarburífera tiene como idea básica conservar y asegurar recursos estratégicos. Por tanto, conserva una carga tradicional de tinte militarista considerando estos recursos estratégicos en el marco de una perspectiva de control para su extracción ilimitada (7).
Sin embargo, esta visión económico-militarista de nacionalización de recursos estratégicos confrontan y colonizan otros recursos (y para tal caso, otras formas de vida y visiones de desarrollo); recursos que en todo caso también debieran ser considerados estratégicos, como, por ejemplo, el agua, los bosques o el territorio para los pueblos indígenas.
Finalmente, en un debate que complejice y brinde mayores matices respecto a la nacionalización de recursos, deberíamos incluir aspectos que apunten paulatinamente hacia una menor y nula dependencia de recursos que destruyen territorios a cambio de miserias, a cambio de que pueblos (como los del lote 192) terminen finalmente inmersos en más décadas de destrucción indigna.

Peligros y advertencias

De vuelta al lote 192 nos topamos con que los atropellos por parte del Estado y la invisibilización de la colo-nacionalización no quedan en el silencio para ellos. Por eso, ahora las comunidades del Pastaza y del Corrientes, representadas por FEDIQUEP y FECONACO, se están movilizando pacíficamente por la lucha contra el olvido y el abuso, contra la pérdida del control de sus propias vidas.
Reiteran, LAS PROTESTAS NO SON PARA QUE INGRESE PETROPERU. NO. Son para que se respeten los derechos de pueblos excluidos de protección y beneficios en las décadas de explotación petrolera por venir. Son debidas a que el MINEM y el Viceministerio de Interculturalidad llevaron un proceso de consulta indigno, concluyéndolo de manera arbitraria y lleno de vicios procesales. Son para que se cumplan los compromisos establecidos hace más de medio año con el Estado.
Si se detiene la producción petrolera del lote 192 y el caño de la renta de Iquitos, por causa de estos incumplimientos y violaciones de derechos por parte del Estado (gobierno nacional y regional), ojalá a los pueblos indígenas no se les llame antipatriotas, salvajes; no se los criminalice, como ha solido suceder a lo largo de la historia.
Ojo, ellos tampoco son pueblos indiferentes a la necesidad enferma de petróleo de las ciudades; nos comprenden, y han decidido continuar con la explotación petrolera. Es decir, no están en contra de las empresas petroleras, pero tampoco están a favor de que se explote sin que se respete su derecho a la consulta y se les humille, dejándolos de lado de una decisión tan importante para su existencia y la de sus hijos. De ahí que acciones de represión serían absurdas.
Y esto último lo advertimos con mayor énfasis y será necesario mantenernos vigilantes. Ello porque el contrato con la operadora Pacific Stratus permite ahora que tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior brinden las medidas de seguridad necesaria para la operadora (Cláusula 19.9). Asimismo, señala que Perupetro pedirá el apoyo de las autoridades correspondientes para asegurar la operación continua prevista por el Operador (Cláusula 19.8). No sería la primera vez. Existen antecedentes de represión e incluso tortura sobre esta población por ejercer su derecho a la protesta para exigir que respeten su territorio.
Y es que ningún peruano quiere otro Baguazo. Ningún peruano quiere que los pueblos indígenas terminen en el patio trasero del mundo. Mucho menos que terminen en el patio trasero de nuestra marquetera nacionalización hidrocarburífera, ofreciendo la sangre que alimenta nuestra ingenua, cómplice y hasta genocida comodidad.
Andoas, 14 de septiembre de 2015
Notas:
(1) Visitar www.observatoriopetrolero.org
(2) Ver Informe 411-2014-OEFA-DS/HID
(3) Ver Base de Datos del MEF: Proyecto de Inversión Pública para la refacción de Instituto Educativo de Andoas (variante Agropecuario) que supera el valor de un millón de soles.
(4) Ver “Plan de Consulta del Lote 192 Cuenca del Tigre” y “Acta de Consulta Previa Cuenca Tigre” en www.perupetro.com.pe
(5) Azeñas Alcoba, Roxona (2012) ¿Hacia dónde nos dirigimos en Bolivia? Un análisis crítico de los hidrocarburos y la necesidad de un viraje en su gestión. En: Alejandra Alayza y Eduardo Gudynas Transiciones y alternativas al extractivismo en la región andina?Una mirada desde Bolivia, Ecuador y Perú. Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES
(6) Andrade A., Pablo (2015) “El gobierno de la Naturaleza. La gobernanza ambiental posneoliberal en Bolivia y Ecuador” En: de Castro, Fabio et al (Eds.) Gobernanza ambiental en América Latina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; ENGOV.
(7) Fornillo Bruno (2014). ¿Commodities, bienes comunes o recursos estratégicos?. La importancia de un nombre. En Nueva Sociedad. 252. Buenos Aires. FES.

¡Libertad a lxs defensores del agua y la vida! Denuncia de San Pedro Tlanixco

Por Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la Vida de la Comunidad Indígena Nahua de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle

Estado de México, septiembre de 2015 Denuncia a la opinión pública:
Al Congreso Nacional Indígena Al Comité Clandestino Revolucionario Indígena – Comandancia General del EZLN A la Sexta Nacional e Internacional A la Red vs la Represión y por la Solidaridad A los pueblos, tribus, barrios y naciones de México y del Mundo A las compañeras y compañeros que luchan en el Mundo A las y los compañeros de los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen:
El Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la Vida de la Comunidad Indígena Nahua de San Pedro Tlanixco, Tenango del Valle, Estado de México, denuncia a la opinión pública los hechos ocurridos en nuestro pueblo desde el año 1989 y que a la fecha mantienen en la cárcel de Almoloya a nuestros 5 compañeros y 1 compañera.
Desde el año de 1989, San Pedro Tlanixco ha estado defendiendo el agua que nace de sus bosques de los intereses de los capitalistas que son las empresas nacionales y transnacionales floricultoras de Villa Guerrero y que han estado protegidas por los malos gobiernos.
También hemos estado defendiendo nuestro territorio, pues nos impusieron una autopista privada que va de Tenango del Valle a Ixtapan de la Sal, en donde nuestro pueblo quedó partido por la mitad.
En el año del 2003, el primero de abril, muere a causa de una caída el presidente del sistema de riego del río Tezcaltenco y representante de empresas floricultoras de Villa Guerrero y es desde ese día cuando nuestro pueblo ha vivido constantes ataques por parte de los malos gobiernos y los medios de paga que como siempre han hecho el trabajo sucio para desprestigiar las dignas luchas de los pueblos, difundiendo la falsa noticia de que nosotros habíamos linchado a ese señor, cuando la verdad es que él y su gente habían estado en nuestro territorio porque querían llevarse nuestra agua y fue ahí cuando, por no conocer los caminos, se cayó y perdió la vida.
A partir del 2 de abril del 2003 se comenzaron a registrar cateos, primero llegaban alrededor de 50 oficiales, pero el número de policías fue en aumento, entraban a las casas sin mostrar orden alguna, intimidando a las personas que se encontraban ahí; incluso en una ocasión llegaron a entrar a la escuela primaria, con el pretexto de buscar a uno de nuestros compañeros, cortando cartucho y asustando a los niños, a esto lo llamamos que fue una tortura psicológica para todo el pueblo, pues sabemos que esta es la forma que tienen para que las personas no sigan defendiendo porque les meten miedo.
De esos cateos, en julio del 2003 detuvieron a los compañeros Pedro y Teófilo, a quienes los fueron a buscar a sus trabajos y entre 6 y 8 personas los agarraron para después golpearlos envolviéndolos en cobijas para que no se quedaran marcas de esos golpes. A ellos fueron a los únicos que detuvieron y de ese 2003 al 2006 cuando detuvieron al compañero Rómulo a quien lo fueron a buscar a su casa y lo golpearon de la misma manera, calculamos que en esos años hicieron alrededor de 50 cateos siendo el más fuerte uno que se hizo antes de la detención de Rómulo, porque llegaron más o menos 1,500 policías, que venían de negro y cubiertos de la cara. Toda las calles estaban llenas de policías, los veíamos cómo corrían y se metían a las casas, metiendo miedo a todas las personas que en ese momento estaban descansando porque era de madrugada.
Medio año después fue que detuvieron a otros 2 de nuestros compañeros, a Lorenzo y a Marco Antonio, a Lorenzo también lo envolvieron en la cobija y lo golpearon, a causa de ello estuvo 3 meses con dolores en las costillas. Para el 2007 detuvieron a nuestra compañera Dominga, quien no puso resistencia, porque su mamá se encontraba enferma en ese momento.
Queremos denunciar también que el proceso de todos nuestros compañeros ha estado lleno de irregularidades, de contradicciones y de violaciones a nuestros derechos, que en la realidad nunca se ha podido comprobar que se haya hecho de lo que se acusa, que se dieron sentencias de más de 50 años sin comprobar y que los procesos tienen 9 años, mismos que han estado nuestros defensores del agua y de la vida recluidos injustamente y que no se nos permite visitarles para darles ánimos porque dicen que sólo su familia pueden entrar a verles.
Dentro del proceso del compañero Lorenzo, su abogado metió un incidente de libertad por desvanecimiento de pruebas, esto en el 2013 y se le negó, por ello se recurrió a un amparo indirecto ante el consejo de la judicatura federal, el 11 de agosto de 2014 y a más de 1 año de eso no se ha obtenido una respuesta por parte del juez primero de distrito en materia de amparos, Victorino Hernández Infante. Esto nos hace comprobar una vez más que de arriba no vendrá la justicia y que por eso es importante y necesario que nuestras compañeras y compañeros sepan de todas las irregularidades y omisiones y que también hagan suya esta denuncia y reclamo para que se dé una respuesta y que nuestros compañeros y compañera que están siendo procesados en este momento puedan ya regresar a sus casas, igual que nuestros compañeros que han sido injustamente y falsamente sentenciados, que vemos que se ha demorado tanto porque de por sí no quieren que esto termine, prueba de ello es que desde que comenzó han sido aproximadamente 10 personas que se hacen llamar jueces los que han estado en esto.
Estos tiempos han sido muy difíciles para nosotras y nosotros como movimiento, pues, hace poco más de un mes uno de nuestros jóvenes compañeros fue detenido y torturado por personas que se hicieron llamar «de inteligencia» y que entre golpes y amenazas de muerte le preguntaron por nuestros compañeros que no han podido regresar a sus casas, le decían cosas que no hay forma que supieran porque nunca se han hecho públicas y que nos hacen pensar que nos están vigilando y que quieren debilitarnos, que hay intromisión, pues antes de que detuvieran a nuestro compañero visitaron el negocio de su mamá, disfrazados de electricistas y queriendo sacar información, tomándoles fotos a la familia, fotos que después usaron para torturar al compañero.
Por todo esto que les contamos es que tomamos la decisión de hacer esta denuncia pública, para que conozcan todas estas injusticias que se han hecho a nuestro pueblo y a nuestros compañeros, que nos ayuden haciendo visibles estas situaciones y que estén al pendiente de lo que se pueda venir.
ATENTAMENTE
MOVIMIENTO POR LA LIBERTAD DE LOS DEFENSORES DEL AGUA Y DE LA VIDA DE SAN PEDRO TLANIXCO
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!
¡LIBERTAD A LXS DEFENSORES DEL AGUA Y DE LA VIDA!
¡PRESXS POLÍTICXS, LIBERTAD!
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡ALTO A LAS AGRESIONES EN COMUNIDADES ZAPATISTAS!
¡XOCHICUAUTLA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE!
¡FUERA MILITARES DE SANTA MARÍA OSTULA!
¡NO AL DECRETO EXPROPIATORIO DE XOCHICUAUTLA!

Estado y pueblos indígenas alcanzan acuerdos sobre Proyecto Hidrovía Amazónica

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– Proyecto busca mejorar condiciones de navegabilidad en los ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas.
Servindi.- Uno de los acontecimientos más importantes de la semana concerniente al mundo indígena de Perú es el acuerdo en más de 70 puntos alcanzado entre el Estado y las organizaciones indígenas respecto al Proyecto Hidrovías Amazónica.
Así concluyó la etapa de diálogo del proceso de consulta previa en el que participaron catorce pueblos indígenas de Loreto y Ucayali: Achuar, Asháninka, Awajún, Bora, Capanahua, Kichwa, Kukama – kukamiria, Murui Muinani, Shawi, Shipibo – Konibo, Tikuna, Urarina, Yagua y Yine.
Las reuniones se desarrollaron entre las federaciones y organizaciones regionales indígenas quienes junto con sus asesores dialogaron con los representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El proceso de consulta se inició el 19 de mayo de 2015. El acta final de consenso fue suscrita luego de cinco intensos días de trabajo en la ciudad de Iquitos entre 60 representantes acreditados por la parte indígena y 22 funcionarios y que se inició por la mañana del viernes 18 de setiembre.
En esa jornada se definió la metodología de trabajo para discutir temas centrales de la agenda como los Términos de Referencia (TdR) del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, el contrato de concesión así como otros planteamientos asociados.

Importantes acuerdos alcanzados

Uno de los principales compromisos es el de consultar el EIA de Hidrovías Amazónica si es que se encuentran impactos significativos; y se lograron mejorar los Términos de Referencia y el propio Contrato de Concesión.
Por ejemplo, se precisa que en el contrato “no se entrega en concesión ni el río, ni el agua dulce de la cuenca, ni los recursos hidrobiológicos, ni la arena del dragado ni otros recursos existentes”.
Se aprobó un programa de monitoreo y vigilancia indígena independiente que será reconocido por el Ministerio de Cultura (MINCU), y capacitado por el MTC y otros sectores.
También se aprobó un Plan de Compensación e Indemnización por Servidumbres en territorios indígenas con Valor Ecosistémico.
Si bien los acuerdos de la consulta previa son de obligatorio cumplimiento para el Estado, el MTC se comprometió a proponer en el contrato una cláusula que indique que el concesionario respetará los acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas como resultado del proceso de consulta previa.
De otro lado el Estado asumió el compromiso de desarrollar la regulación necesaria para los ríos amazónicos a fin de evitar el riesgo de accidentes producidos, entre otros factores, por el exceso de velocidad de las embarcaciones.
En el equipo técnico encargado de elaborar el estudio de impacto ambiental se incluirá a 3 sabios indígenas, acreditados por las organizaciones representativas.
Además, el Estado implementará mecanismos de participación con enfoque intercultural a fin de recoger la opinión de todos los actores involucrados en el ámbito de intervención del proyecto.
Si bien no se aceptó establecer un fideicomiso social ni beneficios económicos para las comunidades a cambio la entidad promotora se comprometió a conformar un Grupo de Trabajo Multisectorial que abordará la agenda de desarrollo e inclusión social propuesta por los pueblos indígenas.
Aspectos negativos
El plazo establecido para la segunda etapa de talleres informativos y de evaluación interna, y la cercanía del proceso de diálogo final, no permitió a los pueblos indígenas reflexionar, procesar, deliberar y fijar posición, sobre un conjunto de temas de vital importancia.
La apretada agenda a desarrollar principalmente durante el mes de setiembre implicó una metodología de trabajo con extenuantes jornadas en los cinco días de reunión final, lo que se complicó con el carácter técnico de la medida a consultar. Esto limitó la reflexión y el análisis para la parte indígena.
Como lo destaca Juan Carlos Ruiz Molleda en un balance preliminar (1) “los pueblos indígenas no toman decisiones de esa manera” y “se impuso una forma de tomar acuerdos ajena a ellos”.
A pesar que un proceso de tanta importancia exigía más tiempo la etapa del diálogo de la consulta se realizó en pocos días. Muchos dirigentes expresaban en los talleres “Estamos mareados y cansados”, “Queremos más tiempo para seguir conversando”.
Si se considera que la representación indígena pidió dos días para analizar con sus asesores los temas en cuestión “podremos concluir que en realidad solo tuvieron domingo, lunes y martes para el diálogo, a pesar que el reglamento establece que este proceso podrá durar hasta 30 días” detalla Ruiz Molleda.
Otro aspecto es el carácter técnico y abstracto del lenguaje, y la forma de presentar la información, con muchos conceptos, cuadros y cifras, difíciles de traducir y comprender. “Necesitábamos gente que nos hablen concreto” fue una de las expresiones de una dirigente del pueblo kukama.

Parte del equipo que participó en las reuniones finales de negociación
Valoración positiva del proceso

Dirigentes indígenas, analistas y asesores coincidieron en efectuar una valoración positiva del proceso de consulta, donde destacó la voluntad de diálogo manifestada por los funcionarios del MTC.
Según Iris Olivera, especialista de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), lo más importante de este proceso es que se ha consultado el contrato de concesión, el cual no suele ser objeto de consulta en otros procesos.
Para Henry Carhuatocto, del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDLADS), fue un diálogo duro, lleno de momentos críticos pero hubieron varios aspectos destacables como el haberse mejorado sustantivamente los TDR y el Contrato de Concesión.
Marcial Mudarra, presidente de CORPI-SL, calificó el proceso de histórico y valoró también el diálogo entre los pueblos indígenas y el Estado. Señaló, asimismo, que es una mejor herramienta que estar en pie de lucha.
Ángela Acevedo, directora de Consulta Previa del Ministerio de Cultura, reconoció la actitud de permanente escucha y búsqueda de consensos del MTC e indicó que el proceso de consulta marca el inicio de un diálogo a largo plazo.
Ruiz Molleda afirmó que si bien en todo proceso de diálogo y de negociación, no es razonable esperar que todas las demandas se atiendan. Si bien se han logrado cosas buenas en este proceso de consulta, nos queda un sabor agridulce, que tal vez se pudo lograr más cosas.
Ruiz Molleda reconoce que la experiencia demuestra que la consulta sí funciona cuando hay voluntad de diálogo. “Debemos reconocer la voluntad de diálogo y de escucha del MTC y Proinversión” afirma en su balance preliminar.
Iris Olivera valoró la aplicación del principio de flexibilidad que incluyó talleres informativos y reuniones de evaluación complementarios, que garantizaron el derecho de los pueblos indígenas.
Olivera expresó su deseo de que los acuerdos alcanzados sean referentes para siguientes procesos de consulta, a fin de elevar los estándares de la aplicación de este derecho en el Perú.

El proyecto Hidrovías Amazónica

  • Establece una inversión de 64 millones de dólares para identificar una ruta de tránsito en los ríos Huallaga, Marañón, Amazonas y Ucayali, limpiar esta ruta de arena y troncos, además de garantizar que tenga la profundidad y ancho adecuados.
  • Busca que los ciudadanos de la selva peruana puedan movilizarse de forma eficiente, segura y confiable durante todo el año, mejorando las condiciones de navegación de los principales ríos de la selva peruana para reducir los accidentes y tiempos de traslados en época de vaciante.
  • Se trata de un proyecto de suma importancia para las regiones de Loreto y Ucayali, ya que más del 90 por ciento de pasajeros y carga se movilizan por vía fluvial en esta zona.
Participaron como representantes del Estado, el jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Edgard Quispe; la directora de Consulta Previa del Ministerio de Cultura, Ángela Acevedo; entre otros funcionarios; así como los líderes de las organizaciones indígenas regionales ORAU, Orpio y Corpi-SL: Gustavo Gordon, Jorge Pérez y Marcial Mudarra, respectivamente. Participaron, además, en el proceso líderes y lideresas de las organizaciones representativas: Acodecospat, Adecop, Aidecos, Akubana, Asinconsep, Curcha, Fecona, Feconapre, Feconarina, Feconatiya, Fecotyba, Fepyroa, Fecidpam, Feconbu, Feconacurpi, Feconau, Chapishiwag, Fecidib, Fedecoca, Fenam, Fenara, Onapaa, Orpisem, Fequebap, todas ellas bases de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), así como las organizaciones independientes Fekuru, Aidechurcha, Aconakku y Aidema, asesores del Instituto de Defensa Legal (IDL), el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP), DAR, Instituto Idlads, y funcionarios de la Defensoría del Pueblo.

Se suspende la recepción de visitantes del 29 de septiembre al 09 de octubre de 2015, en el Campamento de la Digna Resistencia en #Xochicuautla

A todos nuestros hermanos y hermanas que se solidarizan con el pueblo Otomi de San Francisco Xochicuautla, que han visitado y tengan la intención de visitar el Campamento de Paz de la Digna Resistencia:


Les informamos que por motivos de reorganización, a partir del 29 de septiembre al 09 de octubre de 2015 estará suspendida la recepción de visitantes en el campamento. Cabe  mencionar, que durante las fechas ya señaladas, el campamento continuará en resguardo y con vigilancia por propia gente del pueblo.

Es muy importante por parte de nosotros reconocer y agradecer todo el apoyo que han brindado para mantener este lugar y la lucha de Xochicuautla en pie.

Agradeciendo de antemano su comprensión, queremos decirles que después de ese periodo, de corazón podremos recibirlos en este recinto de lucha que mantiene vivo el Bosque Sagrado Otomi-Mexica.

¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!

¡El Bosque Otomi Vive!

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Saludos Fraternales

Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra

Consejo Supremo Otomi

Comunidad de San Francisco Xochicuautla

27 sept 2015

Feliciano Valencia. La dignidad de un pueblo detrás de las rejas

  – Se trata de una persecución política, sostiene líder indigena del Cauca.
Servindi.- “Están juzgando la misma Constitución Política, están encarcelando la protesta social y la jurisdicción indígena” dijo el líder indígena Feliciano Valencia, en sus primeras declaraciones desde la cárcel de San Isidro, en Popayán, Colombia.
Feliciano Valencia sostiene que su detención se trata de una persecución política pues el soldado capturado por la guardia indígena durante la Minga de 2008 en La María Piendamó, nunca fue secuestrado.
“Actuamos en tiempo, modo y lugar en el marco de la justicia indígena y se le dio todas las garantías al soldado”. Además, el nunca participó directamente de la detención, que se hizo a todas luces de los medios de comunicación.
“No pudo haber secuestro porque nunca se hizo a escondidas”, expresó. “Al soldado se le permitió llamar a los familiares y se informó que estaba detenido por la guardia indígena”, dijo el líder indígena.
Valencia, reiteró que en la Constitución Política de 1991 los pueblos indígenas fueron incluidos, y con el artículo 246 se permitió que las comunidades indígenas ejerzan su propio marco de jurisdicción.
Valencia confía en las acciones jurídicas que se han interpuesto en su defensa para que se le permita regresar a su territorio y seguir en su ejercicio de construcción de paz.


Abren postulaciones para encuentro del Enlace Continental de Mujeres Indígena

AAMujerMujeres indígenas convocan a encuentro en Guatemala
Servindi.- Más de trescientas lideresas indígenas de norte, centro y sudamérica se reunirán del 16 al 19 de noviembre en la ciudad de Guatemala para hacer un balance sobre los avances en el reconocimiento de sus derechos, informó el comité organizador del VII Encuentro del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA).
La séptima edición del ECMIA marca la celebración de veinte años de existencia de la red que integra a más de treinta organizaciones indígenas en veintitrés países del continente.
Entre las destacadas figuras que participarán se encuentra Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, quien realizará una conferencia magistral.
Asimismo, José Francisco Calí Tzay, presidente del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, quién departirá en uno de los paneles los avances alcanzados por las mujeres indígenas en esta instancia de las Naciones Unidas.
Representantes de Amnistía Internacional, la Fundación Ford, el Banco Mundial, el Fondo Indígena y entes de las Naciones Unidas como el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, ONU Mujeres y UNFPA, entre otros, también debatirán con las lideresas indígenas asistentes diversos temas de cooperación y trabajo conjunto.
El VII Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, busca promover la reflexión, el análisis y la socialización de temas y cuestiones de derechos humanos, relacionados a la vida de las mujeres indígenas.
Entre ellos, la violencia, el racismo, la afirmación de la identidad cultural, la defensa de la propiedad intelectual, la salud sexual y reproductiva, la participación política, el derecho a la comunicación, los impactos del cambio climático y el acceso a la tierra y el territorio.
Del mismo modo, se conocerán los alcances de procesos internacionales en materia de población, desarrollo, género y derechos indígenas.
Destacan la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Igualmente, los planes de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas y la Conferencia Global de Mujeres Indígenas de 2013 y 2014, respectivamente.
Los preparativos del encuentro están a cargo de la Coordinación General de ECMIA, la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, y del Centro de Culturas Indígenas del Perú Chirapaq.
Se invita a participar a mujeres indígenas que sean miembros activos de sus organizaciones, responsables de secretarías de género, juventud y familia dentro de las mismas o que estén incidiendo en procesos políticos en instancias nacionales e internacionales.
Lideresas indígenas de reconocida trayectoria en sus respectivos países son especialmente alentadas a asistir.
Representantes de organismos multilaterales, oficiales de Estado, representantes de organizaciones no gubernamentales y otras personas interesadas podrán participar en calidad de observadores.
El proceso de inscripción será a través de una ficha de postulación que deberá contener información sobre la organización, trayectoria y experiencia del candidato, así como una breve descripción de su experticia en los temas de trabajo que se abordarán en el VII Encuentro.
La ficha deberá ser completada y enviada hasta el 15 de Octubre al correo electrónico ecmia.ecmia@gmail.com
Las lideras indígenas que no cuenten con recursos para financiar su participación podrán postular a una beca, adjuntando una carta de solicitud a su ficha de inscripción. En todos los casos arriba mencionados, el comité organizador, dará a conocer a los seleccionados a inicios de noviembre.
Para acceder a la ficha de postulación visite www.ecmia.org. Para mayor información llamar al (511) 423-2757.
—- Fuente: Chirapaq: http://www.chirapaq.org.pe/noticias/mujeres-indigenas-convocan-a-encuentro-en-guatemala

25 sept 2015

Brasil: Crece violencia contra indígenas por demarcación de tierras



Video de la muerte del líder indígena Simião Vilhalva, en Mato Grosso do Sul.
Por Jean Chicana
Servindi.- La ausencia de políticas firmes de parte del gobierno de Brasil para demarcar tierras y la codicia de los empresarios, agricultores, madereros y acaparadores de tierras son las principales causas del aumento de la violencia contra los pueblos indígenas.
Según la última denuncia realizada por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), el miércoles 23 de setiembre un grupo de hombres armados atacó una furgoneta escolar que transportaba alumnos del pueblo Pataxó de la Tierra Indígena Comexatibá, residentes en la aldea Cahy.
De acuerdo a la información del periodista Luis Miguel Modino, los atacantes detuvieron el vehículo con una barricada en la carretera para luego disparar indiscriminadamente.
No se reportaron víctimas mortales, ya que los estudiantes pudieron huir rápidamente y esconderse en medio de la floresta. No obstante, los pistoleros se ensañaron con la furgoneta y la incendiaron.

Más ataques

El pueblo Pataxó de la aldea Cahy, ubicada en el municipio de Prado, donde residen al menos 72 familias, viene sufriendo un acoso constante por parte de empresarios y terratenientes desde el 11 de agosto, tal como lo denunció la Asociación Nacional de Acción Indígena (ANAI).
En el primer ataque, un grupo de hombres armados invadió la aldea, incendió las chozas y disparó contras las casas de barro. Los días siguientes hubo casos de pistoleros en motocicleta disparando contra las viviendas.
El 7 de setiembre, el CIMI condenó un ataque perpetrado contra un vehículo que trasportaba al cacique de Cahy y a otros tres indígenas cuando regresaban de una reunión desde la aldea Mukuje.
Aunque no hubo heridos que lamentar, los nativos expresaron que estos actos corresponden a represalias de los empresarios que ambicionan sus territorios.
A fines de julio de este año, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) publicó el Informe Circunstanciado de Identificación y Delimitación de la Tierra Indígena Mexatibá donde reconoció poco más de 28 mil hectáreas para la demarcación.
Este hecho sería una de las causantes del hostigamiento empresarial, además de la existencia de disputas legales entre la FUNAI y algunos empresarios, como es el caso de la demanda contra Catarina Azevedo Pompeu, a quien se le acusa de tener propiedades sobre territorios indígenas.
Es importante mencionar que a finales de agosto, algunas autoridades locales del municipio de Prado y el estado de Bahía se reunieron con José Eduardo Martins Cardozo, ministro de Justicia, para exigirle mejoras en el procedimiento de la demarcación de tierras indígenas.
Vivienda en la aldea Cahy luego del incendio perpetrado por desconocidos. Foto: cimi.org.br 

Guaraníes – Kaiowá

Los hechos de violencia también acontecen en el estado sureño de Mato Grosso do Sul, en la frontera con Paraguay, donde el pueblo Guaraní-Kaiowá está siendo el más amenazado.
El pasado 30 de agosto, en la hacienda Primavera, localizada en el municipio de Antônio João, se reportó el asesinato de Simião Vilhalva, líder Guaraní-Kaiowá, cuando intentaba defender las tierras recuperadas por su comunidad.
Trascendió que los nativos venían reclamando al Estado la finca Ñanderu Marangatu, de casi 9.500 hectáreas de extensión, en disputa con los hacendados desde hace una década, sin que el Tribunal Supremo dé una solución.
El CIMI denunció que los terratenientes se sirven de “fuerzas paramilitares” que operan en la región de frontera con “impunidad” y “complacencia” de las autoridades brasileñas.

Denuncia ante la ONU

Para denunciar la amenaza extrema que viven los indígenas brasileños a raíz de su demanda de territorios, Eliseu Lopes, líder Guarani-Kaiowá participó de la 30ª Sesión del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se celebró el pasado 22 de setiembre en Ginebra, Suiza.
Lopes denunció que entre 2003 y 2014, fueron asesinados 390 indígenas sólo en Mato Grosso do Sul, además de otros 707 casos de suicidio desde el año 2000 al 2014.
Asimismo, expresó que están cansados de esperar y no confían más en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pues el Gobierno, sostuvo, sólo defiende los intereses de las grandes empresas y terratenientes, que envían pistoleros para atacar y matar sin piedad.
Por ello, Zeid Ra´ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió a las autoridades brasileñas tomar medidas en el caso, para evitar nuevas expulsiones y demarcar correctamente todos los territorios indígenas.
Al finalizar su discurso, Lopes entregó el documento “Violencia Contra los Pueblos Indígenas en Brasil – 2014”, elaborado por el CIMI, para representantes de la Santa Sede, la Unión Europea, el Alto Comisionado y Relatores Especiales de la ONU sobre Derechos Indígenas.
Eliseu Lopes, líder Guarani-Kaiowá, en la 30ª Sesión del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Foto: cimi.org.br

Colombia: Indígenas en asamblea permanente por la liberación de Feliciano Valencia


Colombia Informa.- Tras conocer la condena en segunda instancia de 18 años de cárcel contra el líder social Feliciano Valencia; autoridades y comunidades indígenas del Cauca iniciaron una campaña en rechazo de esta medida jurídica.
A su vez, se declararon en asamblea permanente exigiendo la libertad inmediata de Valencia, al considerar que no solo se trata de un atentado contra la libertad personal de un líder social, sino contra todo el movimiento indígena.
La consejería mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) considera que esta medida viola la Jurisdicción Especial Indígena establecida como un derecho constitucional, consagrado en el artículo 246 de la Constitución Nacional.

Por su parte, líderes sociales del departamento advierten que este hecho, sumado a otros recientes de señalamiento y criminalización, son contrarios a los escenarios de negociación y construcción de paz.
Luz Marina Canas, Consejera Mayor de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) dijo que la detención del líder fue arbitraria e injusta.
“El caso del compañero Feliciano Valencia no solo de Feliciano Valencia; esto es del movimiento indígena. Está en tela de juicio, está en riesgo, está amenazada la justicia propia de los pueblos indígenas”.

Cabe recordar que Feliciano Valencia fue condenado por el delito de secuestro simple.
Según la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca los hechos que se le imputan ocurrieron en el marco de una jornada de movilización y protesta indígena en La María, Piendamó en el año de 2008.
En aquella ocasión un soldado vestido de civil intentó infiltrarse en la marcha, transportando material explosivo y violando con ello las normas del Derecho Internacional Humanitario al exponer a la población civil que allí se encontraba concentrada, además de violar todas las normas de la justicia especial indígena, razón por la cual la asamblea indígena determinó reprender al infiltrado.
—- Fuente: Colombia Informa. Agencia de Comunicación de los Pueblos: http://www.colombiainforma.info/mov-sociales/pueblos/2770-video-indigenas-en-asamblea-permanente-por-la-liberacion-de-feliciano-valencia

El necesario camino de la comunicación indígena e intercultural

PucallpaForo_01Comunicadora indígena del pueblo indígena amazónico Shipibo. Foto: Servindi
Por Jonathan Hurtado
Servindi.- El camino por la democratización de la comunicación es largo y no se puede estar quieto ni un solo momento. De ello dieron fe comunicadores de larga trayectoria reunidos el pasado viernes, en la ciudad de Pucallpa.
La cita se realizó en el marco del Foro público: Comunicación Intercultural para la Defensa de la Madre Tierra, que organizaron seis instituciones* comprometidas con que esta función básica del ser humano logre autonomía en una diversidad de espacios.
Ronald Suárez Maynas, comunicador y documentalista shipibo, dio inicio a las exposiciones que se desarrollaron ante un grupo de comprometidos colegas de las regiones Ucayali y Loreto, algunos de los cuales tuvieron que viajar varias horas en bote para llegar hasta la ciudad.
PucallpaForo_03Ronald Suárez horas antes del Foro, en un encuentro con comunicadores en la UNIA
Suárez hizo un recorrido por su trayectoria la cual le ha llevado a hacerse de un lugar y un nombre en el terreno de lo audiovisual, y a que tenga en su haber varias producciones; la más reciente, sobre la llamada cumbia mashá, se presentará pronto en Lima.
Su exposición trató sobre lo que se denomina “comunicación con identidad”. En su afán de abordar el tema tuvo varios mensajes de aliento hacia el trabajo de los comunicadores originarios.
“Los comunicadores indígenas trabajamos de corazón, con ganas de hacer algo por nuestro pueblo”, destacó. Segundos después, disipó toda duda sobre la función de estos al señalar que los comunicadores “son acompañantes de procesos reivindicativos de derechos”.
PucallpaForo_07Público en auditorio del Gobierno Regional de Pucallpa.
“No hacemos comunicación comercial, lo que hacemos es defender nuestro territorio a través de la comunicación, defendemos nuestros derechos sociales, culturales y económicos”, precisó.
Luego fue el turno de Walter Meza, periodista del diario Ímpetu, que se imprime en Pucallpa. Meza reconoció el trabajo de los comunicadores y con ello la labor de la Redcip-Ucayali, red que agrupa a los comunicadores indígenas de esa región.
Su intervención estuvo enfocada en los cuestionamientos que pesan sobre el modelo de producción capitalista. “‘O se muere la Madre Tierra o se muere el Capitalismo’, ya lo ha advertido el mismo presidente de Bolivia, Evo Morales”, citó el periodista, asentado en Pucallpa hace más de 40 años.
PucallpaForo_04Walter Meza, periodista del diario Ímpetu
Advirtió así que solo en Ucayali las grandes empresas vienen haciendo mucho daño y que los comunicadores deben informar sobre ello.
“El mundo de hoy es un mundo devorado por las transnacionales, en Zanja Seca, Santa Clara de Uchuya, en Masisea, en toda la provincia de Ucayali, en Loreto”, alertó el periodista.
Precisó incluso que, lamentablemente, dirigentes y grupos nativos y funcionarios de los gobiernos están muchas veces vinculados con oscuros intereses.
PucallpaForo_05Jorge Agurto, director de Servindi
Tras su intervención, fue el turno para presentar una mirada más regional de lo que hoy se produce en la comunicación. Fue así el turno de Jorge Agurto, director de Servicios en Comunicación Intercultural Servindi, quien presentó la experiencia de las cumbres continentales de comunicación indígena.
La primera fue en Colombia, en el 2010, y la segunda en México, en el 2013. El 2016, en noviembre, se realizará la tercera cumbre en Cochabamba, Bolivia.
Agurto recordó que en ese marco se reconoció la necesidad de gestar experiencias de intercambio a través de las Escuelas itinerantes de comunicación indígena e intercultural. En el caso de Perú ya hay un avance, aunque todavía parezca un sueño, enfatizó.
PucallpaForo_08Jóvenes comunicadoras en auditorio del Gobierno Regional
“Son seis instituciones las que hemos decidido avanzar en el propósito de esta escuela, ya estamos avanzando en los contenidos. Esperamos que el 2016 podamos desarrollar algunas experiencias piloto, y esperamos que surjan nuevos aliados”, explicó.
Asimismo, adelantó que en las reuniones preparatorias para la cumbre del 2016 se tendrá a bien organizar una precumbre continental en Lima, que serviría, entre otras razones, para motivar y preparar una delegación que participe en Bolivia.
Más tarde fue el turno de Franklin Cornejo, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), quien se reafirmó en la necesidad de seguir trabajando el tema de comunicación intercultural.
PucallpaForo_06Franklin Cornejo, de la UARM, más temprano en un encuentro de comunicadores en la UNIA
“Los comunicadores son los puentes de la comunidad, son su voz, ellos mismos son los líderes, son la conciencia de la comunidad”, sostuvo.
Al igual que el resto de la mesa, Cornejo pidió a los comunicadores llevar a donde vayan un mensaje de fuerza y esperanza.
Los comunicadores nos encontramos en una batalla, “es una batalla cultural porque todo lo que nos presentan los medios, lo que nos presentan los grandes empresarios y/o políticos (en los medios) son visiones de desarrollo que muchas veces van en contra de las comunidades, en contra de la sociedad”, explicó luego.
PucallpaForo_02Encuentro de comunicadores en la UNIA
Acto seguido el representante de la UARM resaltó la importancia y el valor de los encuentros con comunicadores. “Salgo bastante fortalecido con estas experiencia”, sentenció.
Cabe precisar que el evento se realizó en el marco de un encuentro de dos días del mismo nombre -Comunicación Intercultural para la defensa de la Madre Tierra- que tuvo lugar en el auditorio de la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía (UNIA).
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* Estas instituciones son la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP), la organización nacional de mujeres ONAMIAP, la Escuela de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), la Fundación Friedrich Ebert (FES), la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) y Servindi.

A un año ¡Ayotzinapa arenga!


Por Omar García A UN AÑO AQUÍ MI ESCRITO
¡AYOTZINAPA ARENGA!
El 26 de septiembre de 2014 fueron los gritos de indignación y de impotencia haciéndole frente a los disparos de policías y militares.
Al día siguiente fueron los gritos de los padres que junto a los estudiantes y abogados en aquella Normal Rural se ponían de acuerdo para ir a buscarlos a Iguala.

Se hallaba también la población de los alrededores y la que escuchó a través de las noticias lo ocurrido.
No era la primera vez que ocurría, y al día siguiente del acontecimiento asumieron que tampoco sería la última.
Tampoco eran ellos los únicos luchando, había más desde hacía años por las mismas razones y otros por razones distintas.
Solo por eso se encontraban en una disyuntiva: caminar solos o acompañarse de un México dolido y con deseos de transformarse.
Igual que otros movimientos, los padres de familia, cuyos hijos desaparecidos eran también hijos de Ayotzinapa, afirmaron a México y al mundo que sus #43 muchachos no eran los únicos desaparecidos en el país, que igual que ellos había miles y miles de familias sufriendo el mismo dolor.
Y no se limitaron a eso, expresaron también que la desaparición forzada no es el único problema en el país, sino que hay miles de problemas que el Estado no puede ni quiere resolver.
En ese espíritu desde principios de octubre se llamó a organizaciones e individuos del país a participar en un gran movimiento que buscara primordialmente a nuestros #43, pero también para trasformar el país. Para garantizar que aquel grito que el gobierno pretendía aislar, se extendiera por todo el territorio nacional y de ser posible, al mundo entero.
Para eso, pero también para que no fuera solamente el grito de unos, sino el grito de todos y todas, y para que no fuera solo un grito de indignación, sino un quehacer organizativo; para que aquello que no había empezado como un movimiento por trasformar el país tuviera la posibilidad de convertirse en eso, un movimiento incluyente donde quienes se identificaran estuvieron llamados a conformar la Asamblea Nacional Popular (ANP) y quienes no lo hicieran supieran que estábamos dispuestos a caminar sin ponernos obstáculos entre nosotros, pues el enemigo no son los movimientos, sino el sistema.
Y fue tan grande su rabia, su dignidad y su apreciación de la realidad social del país; fue tan hábil su actuar que cuando el gobierno vino con su primera mentira el 5 y 6 de octubre, ellos no se dejaron engañar y mostraron al mundo su primera enseñanza: DESCONFIAR DEL ESTADO: ante la afirmación de que aquellos 28 cuerpos encontrados en cinco fosas de Iguala ellos LLAMARON A PERITOS INDEPENDIENTES, cuyos análisis dieron al traste con la primera mentira.
La burla del Estado y su incapacidad para investigar y resolver problemas se hizo evidente a los ojos de la población nacional e internacional; su “credibilidad” se vino abajo. Intentaron criminalizarlos, dividirlos, resignarlos, pero no lo lograron. Atacaron vilmente a quienes nos solidarizamos con su lucha, pero no nos vencieron.
Luego vinieron con su MENTIRA HISTÓRICA y los familiares de los #43 y el movimiento soportaron el dolor de ver cómo muchos creyeron a Murillo Karam; tuvieron que esperar casi ocho meses para derrumbar esa mentira con la intervención y el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Con cada golpe que ellos daban, el movimiento les propinaba otro en respuesta. Y miles y miles de personas se identificaron con unas víctimas de desaparición forzada que no supieron darle lástima a nadie, sino que levantaron la frente y emprendieron una búsqueda que lejos está de terminarse.
Y nos hablaron fuerte. Y al hacerlo, México y el mundo comenzó a hablar fuerte también. Porque no era una mentira lo que los padres decían al mundo, no se inventaron que en México la situación para el pueblo iba de mal en peor.
Ellos nos recordaron el 68, el 71, Acteal, Aguas blancas, el Charco, Atenco, Pasta de Conchos, Guardería ABC, las muertas de Juárez, Tlatlaya… y nos anunciaba Apatzingán, San Quintín, Tanhuato, Ostula, San Francisco Xochicuautla, la Narvarte… La Casa Blanca, el despido de Aristegui…
Nos sacudieron la cabeza y supimos de la corrupción, de la impunidad, del narcoestado que no permite la manifestación y la crítica; que lo mismo asesina a estudiantes y maestros, a intelectuales y periodistas; a hombres y mujeres, que trata con niños y niñas.

Nos hablaron de la descomposición de las relaciones sociales, a nivel macro social, pero también a nivel micro; nos dijeron que nuestro silencio era cómplice de tanta muerte. Nos motivaron a salir por millares a las calles, algunos con experiencia previa, otros por primera vez; algunos con las formas tradicionales de protesta, otros con la música, el teatro, el arte en general y así sensibilizaron a miles más. Poco a poco asumimos que la situación debe cambiar.
Todo eso resumido y al mismo tiempo extendido en las páginas de un año de lucha.
Pudimos ver que en la voz de los padres estaban no solo sus hijos desaparecidos, sino también el México perdido que comenzaba a encontrarse en los ojos de unos padres y estudiantes campesinos.
Por eso su voz y su lucha ya no les pertenecían, sino que era lo que “muchos queríamos decir y no podíamos”; lo que muchos ya gritaban y el resto ignoraba.

La voz y la lucha de los padres pasó a ser la lucha multisectorial, la de los miles de individuos con sus problemas diversos, con sus diversas formas de afrontarlos, con sus vías diversas.
Hoy más que nunca debe quedarnos claro que no puede haber luchas aisladas, porque al aislarse se vuelven anónimas, lejanas, fáciles de derrotar.
El caso Ayotzinapa nos advierte categóricamente lo siguiente: SI UN PROBLEMA TAN AMPLIAMENTE DIFUNDIDO Y SOLIDARIZADO NO HA SIDO RESUELTO, MUCHO MENOS TENDRÁN POSIBILIDAD DE SER RESUELTOS AQUELLOS QUE CASI NO SE VEN Y QUE CASI NADIE CONOCE Y, LO QUE ES PEOR, AQUELLOS CON LOS QUE ES DIFÍCIL SIMPATIZAR E IDENTIFICARSE.
Porque Ayotzinapa nos enseña que estamos ante un adversario poderoso y sin vergüenza, sin principios y sin humanidad. Porque de Ayotzinapa se supo en cada rincón de este país, se supo en el mundo entero y no por eso se ha resuelto el problema de las desapariciones forzadas.
Lo que nos enseña en fin no es nada nuevo, es lo que muchas organizaciones e individuos han venido afirmando años atrás, lo que nos dicen, aunque con matices distintos, los zapatistas, Cherán, las Policías comunitarias, los medios libres, Oaxaca, la Constituyente Ciudadana, Michoacán, la tribu Yaqui, etc.
Pero debe quedarnos claro que no basta todo lo hecho. Que no basta el grito. Que no bastan las intenciones. Porque no somos todos ni esto es todo, queda mucho por hacer todavía…
Las investigaciones no avanzan, no hay nadie que se haga responsable, no han aparecido nuestros compañeros, las desapariciones, la violencia, la corrupción y la manipulación continúan.
Ahí están los partidos y el gobierno, ahí está el enorme aparato de los medios de comunicación y parte de la población que los sigue y legitima.
Ahí estamos todos nosotros frente a ellos, retomando el vuelo, tomando el artículo 39 en nuestras manos y en nuestros corazones y manifestando nuestra posición como organizaciones y mexicanos de a pie que queremos participar en los procesos de cambio.

Es Ayotzinapa el punto de no retorno, la coyuntura que no termina, el factor que nos une, la posibilidad de articular la lucha, de entablar relaciones con las fuerzas políticas y sociales del país que difieren en las formas, pero no en los objetivos.
Quienes participamos y hemos acompañado a los familiares de los #43 desaparecidos de Ayotzinapa sabemos y proclamamos nuestra solidaridad hasta que los estudiantes aparezcan, hasta garantizar que hechos como los de Iguala hace exactamente un año no vuelvan a repetirse, es decir, hasta cambiar la forma de gobierno de nuestro país.
A un año les decimos fuerte que NO DESCANSAREMOS HASTA ENCONTRARLOS.
¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON!
¡VIVOS LOS QUEREMOS!

Delegaciones de 11 países se solidarizan con la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla y visitan el Campamento de Paz de la Digna Resistencia ubicado en el Bosque Otomi Mexica.

San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México 21 de Septiembre de 2015.

Representantes de pueblos y organizaciones Latinoamericanos de Brasil, Paraguay, Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Chile, Perú, Colombia, asimismo, delegaciones de Estados Unidos, de Ocosingo ubicado en el estado de Chiapas, también, San Lorenzo Huitzizilapan Edo. de México y por último, una comisión   de Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), realizaron un recorrido por el Bosque Sagrado Otomí Mexica, ubicado desde Huitzizilapan a Xochicuautla, finalizando en el campamento de la digna Resistencia para manifestar su solidaridad y al mismo tiempo su repudio al proyecto carretero autopista Toluca -Naucalpan, asimismo, al decreto expropiatorio y exigir la cancelación de los mismos, así como detener el ecocidio del Estado hacia los pueblos originarios.

En la compartición de palabras acuerdan emprender acciones para enlazar las luchas de los pueblos  y caminar juntas y juntos, por la defensa de los territorios y  la cancelación de los megaproyectos.

¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!

¡Nunca más una Latinoamérica sin nosotros!

¡Nunca más un México sin nosotros!

Atentamente
Comunidad Indígena de San Francisco Xochicuautla
delegaciones 11 paises

POR EL DOLOR, POR LA RABIA, POR LA VERDAD, POR LA JUSTICIA.

Septiembre del 2015.
Compañeras, compañeroas y compañeros de la Sexta de México y el Mundo:
Hermanas y hermanos de los pueblos de la Tierra:
Sabe nuestro colectivo corazón, de antes y de ahora, que nuestro dolor no es lamento estéril.
Sabe que nuestra rabia no es desahogo inútil.
Sabemos quienes somos lo que somos, que nuestros dolores y rabias nacen y se alimentan de mentiras e injusticias.
Porque quien está arriba a costa de quienes abajo somos lo que somos, miente como forma de hacer política y adorna la muerte, la desaparición forzada, el encarcelamiento, la persecución y el asesinato con el escándalo de su corrupción.
Es criminal con fuero y sin vergüenza quien arriba es, sin importar el color de su política.  Sin importar si pretende esconderse detrás de un cambio de nombre y de bandera.
Siempre el mismo rostro, la misma soberbia, la misma ambición y la misma estupidez.
Como si al desaparecer y asesinar también quisieran desaparecer y asesinar la memoria.
De arriba y de quienes ahí anidan sus perversiones y bajezas, sólo recibiremos la mentira como salario y la injusticia como pago.
Puntuales llegan la injusticia y la mentira, todos los días, a todas horas, en todas partes.
No les sacia el despojarnos de trabajo, vida, tierra, naturaleza.
También nos roban a quienes con nosotr@s son: hijos, hijas, hermanas, hermanos, padres, madres, familiares, compas, amig@s.
Persigue quien arriba es.  Encarcela.  Secuestra.  Desaparece.  Asesina.
No sólo acaba con cuerpos, con vidas.
También destruye historias.
Sobre la desmemoria construye el de arriba su impunidad.
El olvido es el juez que no sólo lo absuelve, también lo premia.
Por eso, y más, nuestros dolores y rabias buscan la verdad y la justicia.
Tarde o temprano aprendemos que no se encuentran en ningún lado, que no hay libro, ni discurso, ni sistema jurídico, ni institución, ni promesa, ni tiempo, ni lugar para ellas.
Que hay que construirlas aprendemos.
Como si el mundo no estuviera cabal todavía, como si un hueco le hiriera el vientre, lacerado el corazón del color que somos de la Tierra.
Así aprendemos que sin verdad y sin justicia, no hay día ni noche cabal.  No reposa nunca el calendario, no descansa la geografía.
En muchas lenguas, idiomas, signos, nombramos a quien falta.
Y cada dolor y cada rabia toma un nombre, un rostro, una historia, un hueco que duele e indigna.
El mundo y su historia se llenan así de ausencias,
Y esas ausencias se hacen murmullo, palabra fuerte, grito, alarido.
No gritamos por lamento.  No lloramos por pena.  No murmuramos por resignación.
Es para que quienes faltan encuentren el camino de regreso.
Para que sepan que están aunque falten.
Para que no olviden que no olvidamos.
Por eso: por el dolor, por la rabia, por la verdad, por la justicia.
Por Ayotzinapa y todos los Ayotzinapas que hieren los calendarios y geografías de abajo.
Por eso la resistencia.
Por eso la rebeldía.
Porque llegará el tiempo en que paguen quienes nos deben todo.
Pagará quien persiguió, pagará quien encarceló, pagará quien golpeó y torturó.  Pagará quien impuso la desesperación de la desaparición forzada.  Pagará quien asesinó.
Porque el sistema que creó, alimentó, cobijó y protegió el crimen que se viste de mal gobierno, será destruido.  No maquillado, no reformado, no modernizado.  Demolido, destruido, acabado, sepultado será.
Por eso en este tiempo nuestro mensaje no es de consuelo ni de resignación para quienes se duelen por una o muchas ausencias.
De rabia es nuestro mensaje, de coraje.
Porque conocemos ese mismo dolor.
Porque tenemos en las entrañas la misma rabia.
Porque, siendo diferentes, así nos parecemos.
Por eso nuestra resistencia, por eso nuestra rebeldía.
Por el dolor y la rabia.
Por la verdad y la justicia.
Por eso:
No claudicar.  No venderse.  No rendirse.
Por eso:
¡Verdad y Justicia!
Desde las montañas del sureste mexicano.
Subcomandante Insurgente Moisés.                     Subcomandante Insurgente Galeano.
En un rincón del planeta que llaman “Tierra”, septiembre del 2015.
  Este día 26 de septiembre, miles de zapatistas, niños, niñas, jóvenes, jóvenas, mujeres, hombres, otroas, ancianos y ancianas, viv@s y muert@s, nos manifestaremos en nuestros territorios para abrazar así a todas las personas que tienen el dolor y la rabia a causa de la cárcel, la desaparición y la muerte impuestas por el de arriba.
Las abrazaremos también porque así nos abrazaremos nosotras, nosotros, zapatistas.
Y así llamamos a todas las personas honestas y cabales del planeta para que hagan lo mismo, en sus calendarios y geografías, según sus tiempos y modos.
Porque mientras se quieran suplir con mentiras y burlas las faltas de verdad y justicia, la humanidad seguirá siendo sólo una grotesca mueca en la faz de la Tierra.

Comunidado Publico (tirua)

DECLARACIÓN PÚBLICA
 GRAVES INCIDENTES EN LA COMUNA
Desde el día de ayer, como es de conocimiento público, ha habido bloqueos de la carretera que une Tirúa con Cañete, situación que tuvo su punto más álgido con la quema de dos viviendas en la localidad de Quidico: una perteneciente a cuidadores de Forestal Mininco, y la otra a un funcionario de salud, que arrendaba el inmueble.

Cada cierto tiempo, nuestra comuna se ve afectada por estos sucesos, que tienen su raíz más profunda en conflictos históricos entre el Estado, las empresas forestales y habitantes presentes en el territorio comunal. Estas diferencias, lamentablemente, no han sido abordadas, ni por los diferentes gobiernos de turno, ni por las empresas privadas, que poseen un gran porcentaje de la tierra de la Provincia de Arauco, lo que ha generado una compleja relación de convivencia entre los vecinos.

 Como alcalde de Tirúa, y en función de mis responsabilidades, no puedo estar ajeno a lo que vive nuestra gente. Entiendo los problemas, las injusticias, y la legitima aspiración de las comunidades mapuche de la comuna. Sin embargo, y con todo lo descrito, no comparto la manera de expresar el descontento, pues creo fehacientemente que existen otros métodos más inteligentes y efectivos de manifestación. 

El aislamiento en que quedamos cuando se producen los cortes en la ruta sólo nos daña a nosotros mismos, pues es como “poner un candado en la puerta de nuestra propia casa”. De esta forma se impide, tanto el acceso como la salida a Tirúa, lo que es muy perjudicial, sobre todo en caso de eventuales emergencias. Por otra parte, la quema de dos viviendas en la zona urbana de nuestra comuna, como ocurrió en la madrugada, en la localidad de Quidico, atenta gravemente contra la paz de los que vivimos en este territorio.

 Todo ello sólo provoca un perjuicio hacia nuestros habitantes y quienes compartimos un suelo común. Entiendo la legítima rebelión ante la injusticia, pero no comparto los métodos empleados y su naturaleza, pues no avalo la violencia. Finalmente, quienes ocupan los últimos eslabones en la cadena de poder -en este caso, trabajadores asalariados de una gran compañía forestal que construyeron sus casas, como tantos tiruanos, con mucho esfuerzo- han sido, en este caso, las víctimas en un problema que el Estado debiera tener la capacidad de solucionar de manera efectiva y eficiente.

 Los poderosos, en cambio, apenas se enteran en sus mansiones de lo que ocurre en las comunas que depredan. En todo este conflicto, no obstante, hay un hecho que provoca singular extrañeza: desde las 18 horas de ayer y hasta pasado el mediodía de hoy no hubo un despeje de la ruta. Por lo tanto, es mi deber reclamar públicamente ante esta situación, que tiene molestos y preocupados a todos los habitantes de mi comuna.

 En mi calidad de alcalde de Tirúa, y considerando las situaciones antes mencionadas, quiero invitar a cada uno de los habitantes de este territorio a buscar de forma conjunta una estrategia para expresar colectivamente nuestros problemas. Además, deseo recalcar con fuerza que no podemos cegarnos en nuestro legítimo derecho de protesta, y atentar contra nuestro propio territorio. Es como encerrarnos con llave y prender fuego a la casa que nos cobija.

 Por otro lado, apelo a la institucionalidad de nuestro país, para que entienda que la paz no se edifica sobre la injusticia ni sobre la represión. Las medidas y soluciones momentáneas y superficiales sólo contribuirán a que el conflicto permanezca en el tiempo, y a que éste recrudezca periódicamente, perjudicando a los habitantes de nuestra comuna. 


Todos quienes vivimos en Tirúa no deseamos que se produzca una desgracia de proporciones en el territorio, y es responsabilidad de todos los actores buscar soluciones profundas y consensuadas que traigan paz y prosperidad a la comuna. Desgraciadamente, el Estado chileno pareciera estar esperando una calamidad, que puede traducirse incluso en un incidente fratricida entre habitantes de un mismo suelo, para abordar el problema con toda la seriedad que merece.

 Adolfo Millabur Ñancuil
 Alcalde de la Comuna de Tirúa

24 sept 2015

Culpan a Guardia Venezolana por muerte de dos indígenas wayúu


Servindi.- Indígenas wayúu de Colombia denunciaron que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela asesinaron a dos jóvenes de su etnia en el estado de Zulia, cuando retornaban a sus hogares.  
Las víctimas identificadas como Dáiver Javier Fernández y Henry Ituana, de 28 y 29 años de edad, respectivamente, iban en motocicletas con destino al corregimiento de Winpeshi, en el municipio de Uribia, departamento colombiano de La Guajira.
En ese trayecto es que habrían sido alcanzados por los disparos de los miembros de la Guardia venezolana.
Así lo denunció Milithza Ramírez, familiar de los fallecidos, quien precisó que los hechos sucedieron el sábado 19 de setiembre, cuando los dos jóvenes regresaban a sus hogares luego de asistir a un funeral en la comunidad indígena venezolana de Cojoro.
Según la versión de la familiar, durante su regreso, ambos hicieron una parada para auxiliar un coche atascado en una quebrada.
En ese momento, un grupo de uniformados apareció y les disparó. “Sin mediar palabras, a sangre fría, les dieron a mi primo y a mi cuñado”, explicó Ramírez al diario El Tiempo.
Luego del ataque, Ituana fue trasladado al hospital de Paraguaipoa, en territorio venezolano, donde falleció horas más tarde.
Mientras que Fernández fue llevado de urgencia hasta el hospital colombiano de San José, en el municipio de Maicao, donde se le practicaron varias cirugías para salvarle la vida. Pese a los esfuerzos de los médicos, su deceso se confirmó la madrugada del domingo.
Milithza Ramírez pidió justicia para sus familiares. “La Guardia Venezolana siempre ha venido con su atrevimiento hacia la comunidad de nosotros. No sabemos el porqué, siempre nos tildan de que somos los que acabamos con la gasolina y la comida venezolana”, denunció.

Crisis en las fronteras

La península de La Guajira se sitúa entre el extremo nororiental de Colombia y el extremo noroccidental de Venezuela. En el caso del primer país cubre el departamento del mismo nombre y en el caso del segundo el estado de Zulia.
En esta área residen los nativos wayúu, quienes suelen trasladarse libremente por el límite fronterizo entre ambos países, por ser originarios de ese territorio.
No obstante, los problemas políticos y económicos de Venezuela han ocasionado que ciudadanos de ambas nacionalidades emigren a Colombia para huir de la escasez de alimentos y combustible.
Ante ello, el presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el pasado 19 de agosto, cerrar las fronteras bajo el supuesto plan de “erradicar el contrabando” y la presencia de presuntos paramilitares, causando un grave malestar, especialmente para los habitantes que se encuentran próximos a estos límites.
Esta situación ha provocado que decenas de familias se tengan que separar, causando un gran problema social en todos los pasos fronterizos, además del abuso que vendrían cometiendo los militares venezolanos al intentar controlar la seguridad.
Por este motivo, Rafael Correa y Tabaré Vásquez, mandatarios de Ecuador y Uruguay convocaron a sus homólogos de Colombia, Juan Manuel Santos, y Venezuela, Nicolás Maduro a una reunión de urgencia en el Palacio de Carondelet, en Quito.
En su calidad de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Correa y Vásquez pedirán que se solucione la crisis en las fronteras entre ambos países, para evitar que se sigan cometiendo atropellos.