Por: Simón Rodríguez Porras*
“… la caída de un combatiente popular es más dolorosa que el derrumbamiento de todas las imágenes”
Víctor Valera Mora
A lo largo de más de treinta años de
lucha por el derecho del pueblo Yukpa al territorio y al autogobierno,
Sabino Romero había sobrevivido a varios atentados. Al salir de la
cárcel, en marzo de 2011, sabía que continuaba en la mira de los
enemigos de su pueblo, un poderoso entramado de ganaderos ligados a la
MUD, militares, policías y burócratas rojos, pero en cada oportunidad
que se presentara expresaba con tranquilidad y firmeza su convicción de
luchar hasta la muerte.
Hijo de yukpas desplazados violentamente a las zonas altas de Perijá por
los latifundistas a mediados del siglo XX, Sabino admiraba a Chávez y
confiaba en sus intenciones, pero nunca se disciplinó al gobierno o al
chavismo. Desde el año 2004, cuando fracasó la primera tentativa de
demarcación territorial por parte del gobierno, se tornó evidente que
para materializar el derecho al territorio ancestral consagrado en la
Constitución, era indispensable la acción directa: ocupar las tierras
indígenas invadidas por el latifundio ganadero. El gobierno, a través de
las comisiones de demarcación, trató el problema territorial con un
criterio agrario, valorando las exigencias del pueblo Yukpa como la
aspiración de sustituir el latifundio ganadero por un “latifundio
indígena”. El fundamento de esta política de Estado está en
consideraciones de estrategia militar, tratándose de un territorio
fronterizo con Colombia, y en el orden económico, por los intereses
ganaderos y mineros en una región rica en yacimientos. La concepción
estratégica corporativista del gobierno, así como sus compromisos con la
burguesía nacional y las transnacionales mineras, siempre dejaron en un
segundo o tercer plano la cuestión de los derechos democráticos de los
pueblos indígenas. El discurso oficial ha logrado encubrir con cierto
éxito esta cruda realidad.
Fueron muchos los emplazamientos hacia
el gobierno, por medio de la movilización, para que honrara su
compromiso con los indígenas de Perijá. Por ejemplo, el 31 de marzo del
2005, decenas de yukpa, barí y wayúu marcharon hasta las puertas del
Palacio de Miraflores, acompañados de un nutrido grupo de activistas y
simpatizantes de la causa indígena, luego de recorrer más de 800
kilómetros de carretera, para solicitar que el presidente Chávez los
atendiera. No fue posible, el Presidente se encontraba reunido con el ex
futbolista Diego Maradona, quien luego se declararía “enamorado” de la
revolución bolivariana.
Luego de la reelección presidencial del
2006, la lucha entre los Yukpa y la santa alianza de ganaderos,
militares y burócratas se intensificaría. La creación del Ministerio
para los Asuntos Indígenas es una de las primeras acciones de gobierno
de Chávez en el año 2007. Incapaz de imponer una demarcación
insuficiente y rechazada por los Yukpa y los Barí, el gobierno se lanza
con todo a la cooptación de la dirigencia indígena, procurando aislar a
quienes no entraran en el redil. Son los tiempos de la creación del
Psuv, una gran aplanadora política para uniformar a las heterogéneas
bases chavistas. Con la creación de los centros piloto y los consejos
comunales indígenas, la asignación de cargos en el nuevo ministerio, y
el subsecuente condicionamiento de la asistencia social a la disciplina
política, se tensa el músculo clientelar del Estado. En el período
puntofijista, adecos y copeyanos nombraban a un comisario Yukpa para que
fungiera como emisario gubernamental ante las comunidades. La ministra
indígena Nicia Maldonado retoma esta práctica y va más allá, con el
nombramiento de caciques mayores, carnetizados y bajo las órdenes del
gobierno. El ministro del Interior y Justicia, Tarek El Aissami, lanza
el Plan Yukpa en 2008, con un presupuesto millonario para inversiones en
infraestructura policial y militar en la zona y se logra cooptar a más
indígenas para la política del gobierno de no demarcar los territorios.
Esa orientación del gobierno toma ventaja de la miseria y la dependencia
en la que se encuentra gran parte de un pueblo carente de territorio
para desarrollar proyectos productivos autónomos. De igual forma, la
burocracia saca provecho de las expectativas que la mayoría de los Yukpa
depositan en el liderazgo de Chávez.
En respuesta a la ofensiva
gubernamental, Sabino Romero encabeza entre enero y agosto de 2008 la
ocupación de una decena de haciendas. Las represalias del
paramilitarismo ganadero, con la complicidad y el apoyo de los
militares, hostigan a las comunidades rebeldes. El padre de Sabino, José
Manuel Romero, resulta gravemente herido el 7 de julio en un ataque
cuyo objetivo era el propio Sabino, y fallece quince días después. El
general Izquierdo Torres pasa a ponerse a la cabeza de una operación de
cerco a los Yukpa, que culmina con la agresión de los militares a un
grupo de activistas que se dirige a la zona desde Caracas en solidaridad
con la lucha indígena. En medio del escándalo nacional por los heridos y
detenidos, el presidente Chávez se pronuncia, asegurando que de escoger
entre los ganaderos y los indígenas, se pone del lado de los indígenas.
El ejercicio retórico no se tradujo en un giro en la política
gubernamental, y meses después Izquierdo Torres fue premiado con su
nombramiento en una plaza de mayor importancia en la ciudad de
Maracaibo. La ministra Maldonado, quien ocuparía el cargo hasta mediados
del año 2012, justificó la violencia contra los Yukpa alegando que la
comunidad de Sabino actuaba al margen de la ley y era manipulada por
“contrarrevolucionarios”. La muerte de José Manuel Romero quedó en la
impunidad.
A medida que los Yukpa recuperaban
tierras, la propaganda oficial y ganadera apuntaba cada vez más contra
Sabino, acusándolo de guerrillero y ladrón de reses. Con las amenazas de
represalias armadas lograron ir minando la unidad de los luchadores que
habían recuperado tierras. A finales de agosto de 2009, treinta y seis
comunidades Yukpa se movilizan y logran una espectacular victoria sobre
el gobierno al expulsar a los militares de la Base de Custodia Militar
del Tukuko, dando al traste con los planes de construir en el lugar una
fortificación para proteger los intereses ganaderos y mineros.
El gobierno necesitaba escarmentar en
Perijá luego de la humillación de sus militares. Se intensificó la
campaña contra Sabino Romero, atribuyéndole responsabilidad por
cualquier crimen cometido en la Sierra. El gobierno arreció sus ataques
contra los aliados de los Yukpa, como la ONG Sociedad Homo et Natura,
acusando a sus activistas de estar al servicio de intereses extranjeros y
de propiciar hechos violentos y delictivos en las comunidades
indígenas. Cuando los ministros de Interior y Justicia, Ambiente, y
Pueblos Indígenas viajaron a Perijá para entregar tres cartas agrarias a
las comunidades que no participaban de las tomas de haciendas y agitar a
los Yukpa contra Sabino, el 12 de octubre, la situación se había
enrarecido a tal punto que se advertía el peligro de un desenlace
violento. Un grupo de hombres armados, encabezados por el mestizo
Olegario Romero, quien había participado en la última campaña de
recuperación de haciendas, armó una provocación contra Sabino y luego
arremetió contra él y el grupo que lo acompañaba, la noche del 13 de
octubre. Olegario había sido visto frecuentando el Fuerte Macoa los días
anteriores al ataque en el que hirió de dos balazos en la espalda a
Sabino y asesinó al yerno del cacique, Hebert Romero. En la refriega
sufrieron heridas de bala Amarily, la hija de nueve años de Sabino, y su
sobrino Edixon. En el grupo que acompañaba a Olegario murió Nireya y
resultó herido Juan de Dios Castro, por disparos realizados en defensa
propia por Samuel, hijo de Sabino, y Hebert, quien ya había sido herido
mortalmente. Los hechos serían esclarecidos en el juicio indígena
realizado en junio de 2011. Pero entre octubre de 2009 y marzo de 2011,
estos hechos serían utilizados para convertir a Sabino Romero y
Alexander Fernández, perseguidos en virtud de su compromiso con la lucha
por el territorio, en los primeros presos políticos indígenas del
gobierno de Hugo Chávez.
Duró más de veinticuatro horas herido y
sin recibir asistencia médica, pero Sabino sobrevivió y fue trasladado
al Hospital Coromoto de Maracaibo. El fracaso del atentado no detuvo la
guerra sucia. Mientras se realizaba un violento allanamiento en la
comunidad de Chaktapa y varias casas eran destruidas por los militares,
un comando de la Guardia Nacional secuestraba al cacique y lo trasladaba
al Hospital Militar. Al no contar con una orden judicial para
detenerlo, los militares alegaron que Sabino era aislado por su propia
seguridad. Luego de cinco días de secuestro ilegal, el montaje judicial
estaba preparado y trasladaban a Sabino a instalaciones militares. Se le
acusaba sin pruebas y mediante actas falsificadas de ser el autor
material de los asesinatos. En su desesperación por fabricar testimonios
contra Sabino, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y
Criminalísticas (Cicpc) detiene a Alexander Fernández, un joven yukpa
involucrado en la lucha por territorio. Dos efectivos lo torturan
durante más de tres horas, golpeándolo y asfixiándolo con una bolsa
plástica. Al negarse a testificar en contra de Sabino Romero, también se
le arma un expediente y es acusado de homicidio.
Hasta agosto de 2010 los presos
políticos estuvieron recluidos en el Fuerte Macoa. Los militares los
obligaban a beber agua sucia, amenazaban a Sabino con montarlo en un
helicóptero y lanzarlo desde el aire, maltrataban sexualmente y
amenazaban a las hijas de Sabino y a su esposa cuando lo visitaban. En
algún momento le ofrecen dejarlo escapar si paga dos millones de
bolívares, pero Sabino sospecha que es un intento de aplicarle la ley de
fuga y ejecutarlo. El Ministerio Público asigna a un fiscal racista
para el caso, Américo Rodríguez, el mismo ejecutor de la criminalización
de los pemones que se oponían a la construcción en su territorio de un
tendido eléctrico hacia Brasil en el año 2001.
En vista de las maniobras de las
autoridades para dilatar el juicio, un grupo Yukpa instaló en julio un
campamento de protesta frente a la sede del Tribunal Supremo de
Justicia, para exigir una respuesta al recurso de amparo introducido a
comienzos del año 2010. El recurso planteaba que los indígenas debían
ser juzgados por sus propias comunidades, de acuerdo con sus usos y
costumbres ancestrales, una reivindicación que el gobierno se negaba a
admitir. Por apoyar la protesta, se le abriría posteriormente un juicio a
las organizaciones Provea y Sociedad Homo et Natura. Pero la represalia
más importante vino de la mano del magistrado Eladio Aponte, quien
dictó una sentencia ordenando el traslado de los presos políticos a la
cárcel de la ciudad andina de Trujillo, a más de trescientos kilómetros
en carretera desde Machiques. Sabino y Alexander pasaron a sufrir los
rigores del hacinamiento y la dinámica gangsteril propia de las cárceles
venezolanas. Aponte, uno de los principales operadores judiciales del
gobierno, huiría del país en el año 2012, por acusaciones relacionadas
con narcotráfico.
Corrían las últimas semanas del año 2010
y ya Sabino Romero tenía más de un año preso junto con Alexander
Fernández, cuando un compañero del partido y yo lo visitamos en la
Cárcel Nacional de Trujillo. Sabino estaba de buen humor. Le llevamos un
periódico en el que exigíamos su liberación y la del dirigente obrero
Rubén González, quien llevaba casi la misma cantidad de tiempo preso, en
su caso por haber encabezado una huelga en la empresa estatal
Ferrominera del Orinoco. También le comentamos que Rubén, en una
entrevista, se había solidarizado con él y había exigido su liberación.
Desplegué una hoja que llevaba doblada en la cartera y apunté lo que
comentó Sabino: “Yo digo que Rubén es un hombre luchador, yo quisiera
que lo suelten, igual que yo, que me quieren callar la boca”. Sabino era
optimista en relación con las protestas que se hacían en Trujillo y en
Caracas por su liberación, y se mostraba orgulloso de los métodos de
lucha por los cuales lo habían encerrado. “La demarcación, todavía no
está hecho. Si no la hacen, hay que hacer autodemarcación… Los indígenas
siguen luchando por su territorio y demarcación de tierras en la Sierra
de Perijá. Que el gobierno deje de comprar a los indígenas, que el
gobierno no manipule más a los indios, ¡ya basta!”. Al despedirnos, nos
animaba a seguir en la pelea y que el caso se conociera nacional e
internacionalmente. Parecía como si, en vez de nosotros, fuera él quien
estuviera a punto de salir de la cárcel. Finalmente, en marzo, se
conquistó el beneficio de continuar el juicio en libertad, luego de que
un amplio movimiento de solidaridad realizó decenas de movilizaciones,
denuncias, y una huelga de hambre. Estuvieron 17 meses presos por
acusaciones que luego fueron desestimadas por los tribunales ordinarios y
la propia justicia indígena. Una nueva derrota para el gobierno,
particularmente para la ministra Nicia Maldonado, quien había hecho
campaña a fondo para justificar el juicio y había acusado públicamente a
Sabino de ser un asesino.
La pelea por la tierra continuó. También
siguió intacta la poderosa alianza criminal contra los indígenas. En
agosto de 2011, cinco yukpas fueron heridos en una hacienda ocupada en
la comunidad de Toromo. En diciembre es asesinado Darío Segundo García, y
dos hermanos de Alexander Fernández son heridos en el Parcelamiento Las
Flores. En abril son asesinados Wilfrido y Lorenzo Romero. El 23 de
junio de 2012, Leonel Romero, Alexander Fernández y su hermano José Luis
son asesinados en Las Flores. Fabricándole coartadas a la canalla
ganadera y militar, diarios regionales como La Verdad describían los
asesinatos como ajustes de cuentas entre indígenas, acusando a Sabino
Romero nuevamente de ser un “bandolero”, al peor estilo de la retórica
antiguerrillera de los años 60. El 15 de octubre, apenas tres días
después de la segunda reelección del presidente Chávez, en un ataque
conjunto de militares y paramilitares, dos hijas de Sabino, Zenaida y
Leticia, resultan heridas con disparos por la espalda. En diciembre,
militares intentan asesinar a Franklin Fernández, hermano de Alexander.
Ninguno de los crímenes contra el pueblo Yukpa es investigado por las
autoridades.
Finalmente, el cerco se estrecha y
sicarios dan muerte a Sabino el 3 de marzo de 2013. Como los Yukpa se
han visto obligados a armarse para defenderse, y Sabino era famoso en la
Sierra por su puntería y temeridad, la operación para asesinarlo fue
sofisticada y debió requerir un financiamiento importante. Los sicarios
fueron un efectivo del Grupo Anti Extorsión y Secuestro (Gaes) del
estado Zulia, y cinco efectivos de la Policía de Machiques, cuerpo
represivo adscrito a la alcaldía encabezada por Vidal Prieto, del Psuv.
Luego de asestarle seis disparos al cacique y herir en un brazo a su
esposa, Lucía, los criminales se dieron a la fuga. Una cortina militar
les cubría la retaguardia, y los hijos de Sabino que intentaron
perseguirlos se vieron ellos mismos capturados en una alcabala. Los
efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana los amarraron y
trituraron una de sus motos con un carro Tiuna. Al cumplirse un año del
crimen, los presuntos autores materiales se encuentran detenidos, no así
los ganaderos que habrían concebido y financiado la acción, tampoco los
militares que cooperaron con los asesinos. Uno de estos ganaderos, José
Peña, habría aprovechado para huir a los EEUU.
El 8 de abril, cuatro semanas después
del asesinato, asistíamos al nombramiento de Sabino Romero (hijo) como
nuevo cacique del recién creado centro originario de Chaktapa. La
actividad se realizaba bajo el patio techado de una de las casas de la
comunidad y era custodiada por una decena de funcionarios de la policía
política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Una
funcionaria de ese cuerpo comentó, sin disimular una amplia sonrisa: “se
rindieron, entraron en el carril”. Sin duda abrigaba expectativas de
que con la creación del centro originario, figura análoga a los centros
piloto, la comunidad de Chaktapa claudicaría en materia de territorio, a
cambio de asistencia social y créditos. Luego de concluir el acto
conversé con Carmen Fernández, la madre de Alexander y José Luis,
víctimas del sicariato y la impunidad impuesta por el gobierno, pero su
discurso no era el de la resignación: “Nosotros estamos buscando
justicia, hay ocho muertos y no se ha hecho justicia. Estamos caminando,
estamos en la lucha como siempre cuando estaba Sabino, ahora estamos
con Sabinito, luchando todavía por la demarcación… Eso lo ha dejado el
difunto Sabino, como él decía, el día que yo me vaya de todo, luchen
esto, no lo dejen así, él siempre lo decía”. Mientras preparaban el
regreso para Machiques, dos funcionarios del Sebin cantaban canciones de
Alí Primera, acompañándose con un cuatro. En una choza se repartían
medicinas como parte de un operativo, y en un espacio abierto colgaban
dos piñatas, una con la forma de una botella de Cointreau. No es casual
la escogencia de esa curiosa donación por parte del Sebin: el
alcoholismo hace mella entre los Yukpa.
En enero de este año, otro hijo de
Sabino, Silverio, resultó herido en un ataque del sicariato. El gobierno
no honra su vieja promesa de pagar las bienhechurías de las haciendas
ocupadas por los Yukpa, y al garantizar la impunidad de cada ataque,
alienta nuevos crímenes. Tampoco cesan las agresiones de los militares,
quienes hacen llave con los ganaderos. El 19 de febrero, los uniformados
atacaron la comunidad de Kuse y casi matan a golpes a un menor de edad,
hijo de Carmen Fernández; un día después los militares detuvieron a
Leandro Romero, hermano de Sabino, y durante la operación un ganadero
llamado Alfredo Socorro lo amenazó de muerte y le colocó una pistola en
la cabeza. El Estado burgués venezolano muestra su faz más brutal contra
los indígenas, los campesinos y los trabajadores.
La historia del período que arranca con
la gran rebelión de El Caracazo es una gran madeja de resistencias,
derrotas y triunfos, cuyo protagonista no es un timonel iluminado, como
indica la narración oficial, sino un sujeto colectivo: miles de
luchadores poco conocidos fuera de sus localidades o sectores. A cada
vuelta de tuerca de los mecanismos de dominación política y económica,
ha respondido una nueva oleada de resistencia, y aunque muchos se han
quedado en el camino, molidos por la maquinaria clientelar, las luchas
han seguido, como una pulsión revolucionaria que se niega a morir por
más que la intente sofocar un régimen político en el que coexisten los
viejos puntofijistas y sus derivados, con los militares y la burguesía
roja, sectores enfrentados por el control del Estado y la cuantiosa
renta petrolera, pero unidos por intereses comunes si de aplastar a los
de abajo se trata.
En esa historia ha habido luchadores a
los que solo han podido callar con balas. Argenis Vásquez, dirigente
obrero de la Toyota asesinado por las mafias del tráfico de automóviles
ligadas al Psuv; Richard Gallardo, Luis Hernández, Carlos Requena, Luis
Delgado, Jerry Díaz, Esdras Vásquez y Ramiro Ponce, dirigentes
sindicales de la Unete-Aragua y C-cura, asesinados por las mafias
sindicales del gobierno; Nelson López, dirigente campesino asesinado por
los enemigos de la reforma agraria. Ellos, junto con Sabino Romero,
Alexander Fernández, y muchos más, forman parte de una memoria que habrá
que ir reconstruyendo, armándola de a retazos, para que no se pierda,
para que su ejemplo siga alumbrando la posibilidad de una verdadera
revolución socialista. La lucha mantiene a los Yukpa caminando, como ha
dicho Carmen Fernández, por el derecho a un territorio sin ganaderos,
militares ni transnacionales mineras; por justicia para los Yukpa
heridos y asesinados por militares y paramilitares. Algún día, Sabino
seremos bastantes, y no nos podrán comprar con su Estado corruptor,
ilusionar con líderes mesiánicos, ni amedrentar con militares o
sicarios.
* Simón Rodríguez Porras es militante del Partido Socialismo y Libertad (PSL).
