Frayba: Denuncia pública del ejido Cuauhtémoc Cárdenas, municipio de Palenque, Chiapas.

Denuncia pública del ejido Cuauhtémoc Cárdenas, municipio de Palenque, Chiapas

A la opinión pública
14 de agosto 2013.
El ejido Cuauhtémoc Cárdenas municipio de Palenque, Chiapas, denuncia públicamente las injusticias y atropellos sobre nuestros derechos agrarios.
La ubicación de nuestro ejido es a 8 km. De Palenque, Chiapas; frente a la zona arqueológica y a un costado del aeropuerto internacional;fue creado en 1989 por campesinos indígenas cho’l-tzeltal de distintas comunidades,buscamos este lugar para vivir y comer con nuestras familias, siempre caminamos y luchamos pacíficamente durante muchos años; sufrimos desalojos, cárceles, quemas de chozas y muertes.
Al inicio éramos un asentamiento humano irregular, pero por la lucha de años y la posesión, se logró que se legalizara y se constituyera como un ejido legítimo en común, esto fue el día 15 de febrero del 2010, contamos con una escritura pública de 92 hectáreas y que en su capítulo segundo establece que dichas tierras se compraban en términos de los artículos 90 y 91 de la ley agraria.
Desafortunadamente 4 de nuestros compañeros han sido utilizados y manipulados por personas ajenas a nuestra comunidad de nombres Lic. Sergio Nataren Gutiérrez que pertenece a la orgamización “puertas abiertas”, Sebastián Arcos Vázquez y Diego Arcos Vázquez que dicen ser pastores de la iglesia presbiteriana.
Las 4 personas que llegaron de último, no sufrieron como nosotros y ahora son los causantes de los conflictos en nuestra comunidad ellos son: Rubén Martínez álvarez, Juan álvaro López, Pascual Álvaro López y Micaela López Vázquez; estas personas no respetaron los términos del ejido, como el reglamento interno, actas de asambleas y sus obligaciones como ejidatarios; cambiaron su actitud se les olvido todo el sufrimiento que pasamos para lograr nuestra tierra, empezaron a generar mucha violencia, nos talaron parte de nuestra reserva, trajeron personas de otros ejidos para hacer milpas, aserrar maderas y leñas dentro de nuestras tierras, estas personas entraban a cualquier hora todo esto sin pedirle permiso a la asamblea ni a las autoridades, ya no respetaban y decían que ellos iban a hacer lo que ellos quieran por que los respalda la constitución política.
Intentamos dialogar con ellos dentro de la asamblea general durante 8 meses, haciéndoles ver que su conducta y comportamientos les traerían consecuencias, pero ellos siempre contestaban agresivamente con insultos y con amenazas de muerte a todos los ejidatarios, se aferraron a seguir revelándose en contra de la asamblea y se salían antes de que terminaran las reuniones y sin firmar las actas de acuerdo; también nos decían que tenían respaldo de los 3 niveles de gobierno y que a ellos nadie les puede hacer nada.
Fue así que después de agotar el diálogo y conciliación con las 4 personas para que rectificaran su comportamiento y no lo hicieron, la asamblea determinó desconocerles sus derechos agrarios que pudieran tener en el ejido conforme a nuestro reglamento interno; es decir se procedió a datles de baja el 30 de octubre del 2011.
Todo esto generó más violencia por parte de ellos, a partir de esa fecha Sergio Nataren Gutiérrez, Diego Arcos Vázquez y Sebastián Arcos Vázquez se hicieron presentes en las diferentes dependencias de gobierno: Presidencia municipal, Coordinador de asuntos religiosos, Subsecretaría de gobierno, Procuraduría agraria, Delegación de gobierno y Fiscalía del ministerio público para insistir en que los representantes de la comunidad se metieran a la cárcel.
Fuimos citados en cada una de esas dependencias de gobierno municipal, en donde ellos insistían todavía en una conciliación, pero la comunidad ya había tomado su decisión y queríamos que se nos respete, porque realmente son un peligro para la paz y la tranquilidad dentro de nuesra comunidad, de esto se les hizo saber claramente.
Por todo esto empezamos a enfrentar demandas por parte de Sergio Nataren Gutiérrez, Diego y Sebastián Arcos Vázquez ante el ministerio público de Palenque, Chiapas:
Acta administrativa N° 204, mesa 2, 23 de mayo del 2012.
Acta administrativa N°492, mesa 1, 25 de junio del 2012.
Acta administrativa N° 358, con fecha 19 de enero del 2012 ante la fiscalía especializada en atención a grupos sensibles, vulnerables, y en contra de la discriminación en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que en el mes de marzo del mismo año se elevó a averiguación previa.
Estas 3 tres personas que son ajenas a la comunidad han intervenido en asuntos agrarios del ejido y que en complicidad con el jurídico de le procuraduría agraria el Lic. Fernando García Martínez demandaron a la asamblea de ejidatarios ante el Tribunal agrario de Comitán de Domínguéz, Chiapas; nos acusan de despojo de 7.5 hectáreas de parcela y un solar de 50X50M. En lo individual; de lo cual no es posible que exista esto que dicen. Hemos sido citados en varias ocasiones desde noviembre del 2012 hasta la fecha seguimos en espera, nos han hecho gastar mucho en recursos económicos y tiempo. Aportamos las pruebas necesarias, pero parece que no han sido suficientes, el tribunal ha enviado un actuario al ejido para hacer inspección ocular, pero no acepta ir a donde son los terrenos del ejido, si no que a la fuerza quiere entrar en un terreno particular. La última vez que llego el actuario fue el 13 de junio del 2013 a las 12:00 horas, nos especificó que ya somos acreedores de una multa de 60 días de salario mínimo, por no permitir el paso al terreno que él quiere entrar.
El 28 de abril de 2013 enviamos un escrito al Tribunal superior agrario de México y a la procuraduría agraria, dándoles a saber cómo están manejando esta demanda por parte del Lic. Fernando García Martínez jurídico de la Procuraduría agraria de Palenque, Chiapas. Y del Tribunal unitario agrario de Comitán de Domínguez, Chiapas.
Nos preocupamos porque las 4 personas todavía están en nuestra comunidad y han aumentado las amenazas de muerte, insultos, burlas, provocaciones, también han intentado atropellas a unos compañeros y a sus familias; no vivimos tranquilos ni seguros porque pensamos que en cualquier momento puede pasar lo que ocurrió el 15 de enero del 2012 cuando llegaron 2 camionetas llenas de gentes traídas por las 4 personas y mandadas por el subsecretario de gobierno Juan Gabriel Robles Vallinas ára agredir y que surgiera un enfrentamiento dentro de nuestro ejido, pero nosotros somos una comunidad pacífica no caímos en las provocaciones, resistimos porque los que quedamos seguimos unidos como siempre.
Nos han amenazado con traer “Paz y Justicia” para hacer con nuestra comunidad un segundo Acteal, esto también nos lo dijo una persona cercana al gobierno pasado, dijo también que Sergio Nataren Gutiérrez es una persona muy poderosa y que estuvo involucrado en la liberación de los asesinos de Acteal, así como a Diego Arcos Vázquez.
Por todo eso hemos hecho denuncias ante el ministerio público y la PROFEPA, y nos dijeron que no procede porque no hay hechos de sangre.
Pedimos urgentemente al público en general, las distintas organizaciones civiles, gubernamentales y a los centros de derechos humanos nacionales e internacionales para que intervengan y nos apoyen para que respeten nuestros derechos como comunidad indígena, nuestros usos y costumbres y el convenio 169 de la OIT.
ATENTAMENTE
La comunidad de Cuauhtémoc Cárdenas, municipio de Palenque, Chipas.
Juan Díaz Guzmán Daniel Cruz Juárez
Miguel Martínez Gutiérrez Miguel Álvaro Méndez
Gregorio Vázquez Guzmán Nicolás Díaz Sánchez
Arturo Pérez Oleta Humberto Montes Vicente
David Álvaro Méndez Bartolo Gutiérrez Gutiérrez
Magdalena Gonzales Arcos Juana Martínez Arcos
Aleida Cruz Oleta Maurilia Martínez Arcos
Leonarda Damas Cruz Victoria Cruz Damas
Manuela Álvaro López Luisa Martínez Álvarez
Martha Cruz Juárez Rosa López Parcero
Baltazar Mendoza Méndez
(SELLOS COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA)

Crónicas desde el Wallmapu: Rutas de genocidio, resistencias y propuestas de vida (parte 1)

Es difícil intentar escribir en primera persona, creo, que desde los años que llevo en las comunicaciones y el activismo social, esta es una de las pocas veces, por no decir que quizás es la primera y lo hago con el propósito de compartir experiencias de vida, aprendizajes e historias ocultas en estos territorios.

Por Alfredo Seguel – Fuente: Radio del Mar

Serán las primeras crónicas desde mi propia mirada, desde mis sentidos, desde mis percepciones en estas tierras donde las historias se han cruzados con momentos llenos de contradicciones y antagonismos: Fuerzas, energías, alegrías, vida, libertad frente a invasiones, muerte, racismo y colonialismos. Me extraigo entonces de la mirada del mero observador, de la de un simple analista, de la del otro, para ser yo, para hablar como un actor que ha nacido y vive en el Wallmapu, tratando de tener conciencia sobre ello, tratando de ser libre en narrar.
Llevo más de 13 años en labores comunicacionales fundando y siendo parte de la editorial de un informativo, “Mapuexpress”, acompañando procesos sociales varios, integrando algunas organizaciones, denunciando violaciones y aberraciones, siguiendo diversidad de temas y luchando constantemente por la vida. Lo hago, porque siento que tengo un compromiso con la justicia, porque creo en las transformaciones y porque he descubierto un significado profundo en haber nacido en estas tierras.
Como muchos en este País llamado Chile, soy hijo de la mixtura, soy descendiente de una diversidad de orígenes, vengo de historias familiares cortas, amplias, ocultas y otras negadas, de pasados difíciles, de esfuerzos y sacrificios. Crecí, como una gran mayoría sin saber qué es el Pueblo Mapuche. Recién, bien adentrado en edad, en mis veintitantos, descubrí para mi fuero interno que también tengo raíces allí y no las oculté, no me lo silencié en medio de tanta negación oficial y prácticas racistas. Fue un punto de inicio, fue un nuevo ciclo para mí, un encuentro con mi esencia y un paso para una vida intercultural.
En estas búsquedas me he preguntado muchas veces ¿Por qué aún quedan personas que ocultan sus orígenes ancestrales en estas tierras? ¿Por qué existe aún discriminación, exclusión y barbarie cometida contra quienes asumen su condición de Mapuche y/o exigen sus derechos? ¿Por qué existe tanta reticencia, resistencia y resentimiento a los Estados (argentino y chileno)?
Asimismo, me he preguntado también con respecto a las identidades ¿Quiénes son y qué es ser Mapuche? ¿Ser Mapuche es tener un apellido, un vínculo con una Comunidad rural, es tener sangre, genes, hablar el idioma, tener una fisionomía? ¿O es un estado de conciencia arraigado a un territorio y una forma de relacionarse ahí con prácticas y conocimientos ancestrales y tradicionales?
Las mismas preguntas podrían situarse a las relaciones identitarias chileno-argentina cuyo desarrollo en estas tierras son muy recientes, sin embargo mi enfoque busca realzar esas historias de mar a mar, transfronterizas, esas que han sido desvirtuadas o tergiversadas por los oficialismos estatales y que he tenido la posibilidad de conocer por experiencias de vida o por labores comunicacionales.
De esta forma parte desde Ngulumapu (Centro sur de Chile), teniendo como puntos de referencia la situación política del caso de un prisionero político Mapuche, luego, un recorrido de mar a cordillera, desde aquellas tierras que hoy llevan el nombre del que encabezó la campaña genocida a nombre del estado chileno “Saavedra” en el LafkenMapu hasta los pasos milenarios de KalfvKura por la cordillera (PewenMapu) y los respectivos conflictos en el presente a causa de proyectos industriales. Asimismo, a causa del rodaje de una película por el lado de Puelmapu (argentina) está el recorrido de una diversidad de lugares y el contacto con mayores que reviven la historia de lo que fue la campaña de desierto y como hoy, desde esas rutas de genocidio, se ve el presente y se proyecta el futuro.
Con profundo respeto y humildad trataré de abordar estos y otros temas en las siguientes crónicas que he denominado “CRÓNICAS DESDE EL WALLMAPU: RUTAS DE GENOCIDIO, RESISTENCIAS Y PROPUESTAS DE VIDA” y que serán publicadas por partes.

La Confederación Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, frente a la entrega de Mandato de la Sierra Central.

La CONAIE, siempre ha actuado de manera democrática conjuntamente con las organizaciones de base, comunidades, pueblos y nacionalidades en defensa de los derechos de los pueblos indígenas, como son:

1.      Defender la biodiversidad del parque Yasuní y exigir una Consulta Popular sobre la explotación del bloque ITT; que sea el pueblo ecuatoriano quien decida.
2.      Amnistía para todos los enjuiciados y acusados de terrorismos.
3.      Defender la educación intercultural bilingüe y comunitaria y demandar que no se cierre ninguna escuela en las comunidades rurales.
4.      Demandar el reconocimiento y respeto a los sistemas de transporte comunitario.
5.      Exigir el inmediato tratamiento y aprobación de las leyes de aguas, tierras y territorios, y de comunas.
6.      Exigir el respeto a los sistemas de administración de justicia indígena.

Frente al anuncio de entrega de mandato de las provincias de la Sierra Central que son los Movimiento Indígena de Chimborazo, Movimiento Indígena de Tungurahua y Federación Organizaciones Indígenas y Campesinas de Bolívar este jueves 29, al Presidente de la República Rafael Correa - denominado el Mandato de los Pueblos de la Sierra Central para Sumak Kawsay-, como CONAIE apoyamos todas estas acciones de lucha de las organizaciones de base, teniendo presente que nuestro gran objetivo político es la construcción del Estado Plurinacional comunitario, que contenga un nuevo modelo socioeconómico equitativo, de justicia social, que nos permita sepultar de manera definitiva el viejo Estado neoliberal capitalista.

Estaremos vigilantes que el Presidente y su gobierno den las respuestas y soluciones a los planteamientos y no manipulen las necesidades de los sectores más pobres de nuestro país. Y exigimos que el Presidente pare la represión y judicialización a los líderes indígenas y convoque a  consulta popular sobre la explotación de petróleo en ITT.   


Por el Consejo de Gobierno
Humberto Cholango

Presidente
CONAIE

Pronunciamiento del GT No Estamos Todxs, ante la criminal decisión contra Alberto Patishtán Gómez.

San Cristóbal de Las Casas, 13 de septiembre de 2013

La vergüenza tiene nombres y apellidos y, a pesar de que ande por todos lados, ayer también se hizo persona en una geografía exacta: en el Primer Tribunal Colegiado del vigésimo circuito, Tuxtla Gutierrez, Chiapas. Los nombres que le prestaron rostro a la infamia son los de Freddy Gabriel Celis Fuentes, Manuel de Jesús Rosales Suárez y Arturo Eduardo Zenteno Garduño, todos ellos magistrados responsables de negar la verdad más evidente e institucionalizar la mentira a la hora de rechazar las pruebas de inocencia presentadas por los abogados de Alberto Patishtán Gómez,
nuestro hermano de lucha preso desde hace trece años.
Confianza en los tribunales jamás tuvimos: sea por la idea de justicia muy otra y libertaria que guardamos en los corazones, sea por la experiencia acumulada en estos años de lucha a lado de las personas que combaten en las prisiones. Una tras otra las sentencias condenatorias se han abatido sobre los y las compañeras adherentes a la Sexta que han pasado por la cárcel. Sin embargo, su lucha incansable desde adentro junto con la determinación del movimiento afuera, ha permitido desquiciar las puertas del infierno penal más veces, sacando en los años pasados a la gran mayoría de l@s compañer@s ahí caid@s. Desde la Sexta, sigue la organización y la esperanza para los que faltan.
La vergüenza tiene cara y la justicia de los pueblos tiene memoria. En el caso de Patishtán caben muchos rostros que no olvidamos por corruptos, torturadores, infames y traicioneros. Desde el presidente Municipal de El Bosque Manuel Gómez Ruiz, a quien Patishtán y su gente en el 2000 querían destituir y quien por primero acusó injustamente a Alberto Patishtán por venganza política, hasta los presidentes de la República como Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto – asesinos y represores – pasando por los Gobernadores de Chiapas como Juan Sabines Guerrero y Manuel Velazco Coello, quienes utilizaron al Profe para sus juegos políticos y nunca hicieron nada para liberarlo… a este álbum de la familia criminal del Poder hoy le agregamos los nombres de los burócratas en turno que, como los ministros de la Suprema Corte, avalaron la saña del mal gobierno contra un luchador social.

No termina aquí, por supuesto. Sabemos que Alberto seguirá luchando y denunciando las pésimas condiciones de las cárceles en las que lo tienen secuestrado. Seguirá organizando a más presos, haciendo de la prisión una fabrica de conciencia. Seguirá, pues, siendo un ejemplo para tod@s. De nuestra parte seguiremos, desde nuestra humilde trinchera, agrietando las paredes del infierno, para facilitar la digna libertad de los seres humanos en cautiverio. Por ello, invitamos a l@s miles y diferentes herman@s a seguir el camino juntos.

¡Libertad para Alberto Patishtán Gómez!

¡Libertad a tod@s l@s pres@s de la Sexta!

¡Abajo los muros de las prisiones!

Grupo de Trabajo “No Estamos Todxs”
de la Red Contra la Represión y por la Solidaridad

Masacre en comunidad maya opositora a la Mina El Tambor

La noche del 7 de septiembre de 2013, actores armados ingresaron en la comunidad maya kakchikel de San José Nacahuil,asesinando a 11 personas e hiriendo gravemente a otras 15, entre las que se encuentran varias niñas. La comunidad se ha caracterizado por una decidida defensa de su territorio ante las amenazas de las empresas extractivas, formando parte activa del movimiento de resistencia pacífica de La Puya contra la Mina "El Tambor".
Fuente: Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas
Según denuncia la comunidad, los hechos se produjeron tras una campaña de amedrentamiento contra los pobladores, en la que participó la Policía Nacional Civil (PNC).
La comunidad, que tiene sus propias autoridades y que desde 2005 es responsable de su seguridad interna -no había presencia policial desde entonces-, se ha caracterizado por una decidida defensa de su territorio ante las amenazas de las empresas extractivas, formando parte activa del movimiento de resistencia pacífica de La Puya contra la Mina "El Tambor".
La resistencia de La Puya
Los habitantes de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc se vienen organizando desde el año 2010 en un movimiento social de resistencia frente a los impactos que identifican y en base a derechos reconocidos en Guatemala. En el 2011 se inició la construcción de la Mina "El Tambor" -proyecto minero Progreso Siete Derivada- operada por la empresa norteamericana Kappes Kassiday & Asocciates KCA y la guatemalteca Exploraciones Mineras de Guatemala S.A. (EXMINGUA). Este proceso se vio paralizado por la resistencia pacífica de los pobladores de ambos municipios.
Desde marzo de 2012, el plantón pacifico en La Puya -el nombre con el que se conoce al campamento establecido a la entrada de la mina- es el principal instrumento que el movimiento de resistencia ha desarrollado frente al proyecto de minería. Dicho plantón se inició a raíz de que un vecino impidió el paso a un camión de la minera y se le sumaron otras personas del lugar. Desde entonces, vecinos y vecinas mantienen una presencia continua en La Puya. Su lucha se ha convertido, en poco tiempo, en un caso emblemático de resistencia pacífica frente a la minería en Guatemala, logrando hasta la fecha poner en cuestión la proyección minera en el área y evitar el avance de trabajos de explotación con los que no están de acuerdo. Una gran parte de la población perteneciente a pueblos cercanos potencialmente afectados por la minería, forma parte de la resistencia.
La comunidad de San José Nacahuil ha participado desde un inicio en este movimiento, habiendo participado en distintas acciones de resistencia pacífica (recientemente, impidieron el ingreso de los vehículos de la empresa distribuidora de electricidad).
El proceso de intimidación previo y las alertas comunitarias
El movimiento de resistencia pacífica de La Puya alertó en un comunicado que desde el 31 de agosto que los activistas contra la minera estaban siendo intimidados por la PNC, comprobándose la presencia de patrullas que no son de la jurisdicción a esos municipios. Ante estos hechos, representantes del movimiento acudieron a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), y presentaron una queja al Secretario del Director de la PNC, para pedir explicaciones, sin que estas instancias pudieran justificar la presencia irregular.
Los activistas señalan que, a partir de sus experiencia de resistencia pacífica, se han podido percatar de "que acciones como éstas sirven de preámbulo para ejecución de acciones represivas en contra de la resistencia: intentos de desalojos o bien acciones intimidatorias en contra de mujeres y hombres que hacemos parte de La Puya." En dicho comunicado denuncian que "con estas acciones, queda claro que las autoridades encargadas de la seguridad pública no tienen conciencia social y en lugar de optimizar los recursos puestos a su disposición para prevenir hechos delictivos, los están utilizando para intimidar a las comunidades que estamos en pleno uso de nuestros derechos."
La masacre del 7 de septiembre de 2013

Como relata el comunicado emitido por la comunidad y por distintas organizaciones sociales, el 7 de septiembre a las 22:45 horas ingresó una patrulla policial a las comunidad, "revisando tiendas de productos diarios y de bebidas alcohólicas, preguntando el nombre de los propietarios y exigiendo hablar con ellos, pusieron contra la pared y registraron a todas las personas que se encontraban en las tiendas", en una actitud que no es usual en Nacahuil -cabe recordar que la seguridad interna está en manos de las autoridades comunitarias, una vez decidieron expulsar a la PNC en el año 2005-. Poco tiempo después, ingresó al pueblo un grupo armado a bordo de un coche no identificado, que disparó indiscriminadamente sus armas en las principales calles de la comunidad, "con mayor atención a los negocios que estaban abierto a esa hora". El saldo que dejaron fue de al menos 11 personas muertas, y 15 gravemente heridas, entre ellas, dos niñas.
Si bien diferentes medios de comunicación adjudicaron en las primeras horas, la masacre a un enfrenamiento de pandillas, esta versión fue tajantemente negada por las autoridades comunitarias de Nacahuil, que denuncian la manipulación de los medios, rechazaron las declaraciones del Ministerio de Gobernación y exigen que estos hechos no sirvan de pretexto para militarizar el territorio. Recuerdan también que los índices de criminalidad en la comunidad se redujeron desde que la PNC fue expulsada, en 2005.
Estos hechos se dan a pocas semanas del aniversario de la masacre de Totonicapán -4 de octubre de 2012-, en la que miembros del Ejército asesinaron a 8 activistas indígenas, y en el marco de un proceso de criminalización de los movimientos sociales y de militarización de los territorios indígenas que ha dado lugar a la declaratoria de dos estados de sitio para defender los intereses de las transnacionales.

La Unidad Popular y el Pueblo Mapuche: Relato de un proceso

Cuando el 4 de Noviembre de 1970 la Unidad Popular se instala en La Moneda debe asumir muchas situaciones pendientes, entre ellas una que en aquellos días cumplía un siglo: la situación territorial del pueblo mapuche.

Por Martín Correa Cabrera, Historiador. (1) – Fuente: Mapuexpress

La Ocupación Militar de la Araucanía y el proceso de reducción territorial que ésta trajo consigo, significó para las familias mapuche la condena a subsistir en espacios cercanos al 5% de su ocupación efectiva, en las ‘reducciones’ (de ahí su nombre), mientras en sus ‘tierras antiguas’ se instalaban, con apoyo monetario y material del Estado chileno, los colonos europeos, en lo que constituye el origen de la gran propiedad agraria en la Araucanía, en hechos que perviven en la memoria comunitaria.

Un siglo después, en el año 1962, las organizaciones mapuches se reunían en el Ateneo Popular de Temuco y realizaban el Primer Congreso Provincial de Campesinos e Indígenas de Cautín, demandando al Estado chileno “La restitución de las tierras usurpadas por los dueños de fundos, los que mediante despojos han constituido los grandes latifundios que hoy poseen.”

El movimiento de reivindicación territorial mapuche comenzaba así un camino sin retorno, inaugurando este proceso la ocupación del fundo Chiguaihue, en 1962, ocupación que le costó la cárcel al Lonko Juan Millacheo y la muerte a Carlos Collío, quien fue baleado por el dueño del predio, Ignacio Silva Correa.

En el año 1967 ocurrirá un hito fundamental: se dicta la Ley de Reforma Agraria 16.640: “La tierra para el que la trabaja”, decían los inquilinos de los fundos, “Devolución de las tierras usurpadas”, decían los mapuches, que habían sido expulsados de los fundos, los que formaban parte de sus ‘tierras antiguas’.

En forma paralela, en diversas partes del territorio mapuche las comunidades ocupaban predios exigiendo al Estado chileno su devolución. Así lo hacían familias de Ranquilhue, Choque, Ranquilco, El Malo, quienes ingresan a la Hacienda Tranaquepe, sus tierras ‘antiguas’, en Arauco, “este fundo tiene 20.000 hectáreas, nace en el mismo mar y colinda en la Cordillera de Nahuelbuta, tiene escasos 29 inquilinos y 2 mayordomos, hay mucha tierra desocupada”, señalada entonces Lorenzo Carilao Tranamil. Dos años, después, en marzo de 1969, las comunidades de Quetrahue, Reñico, Maitén, Didaico, Pantano, ingresaban a los predios de la Sucesión Moena, en Lumaco, cuyos integrantes vivían en Inglaterra y tenían sus propiedades desocupadas.

Como respuesta al movimiento mapuche, en Agosto de 1969 arriban a Chiguaihue cientos de dueños de fundos, provenientes de Traiguén, Victoria, Collipulli, Angol, desarrollándose una batalla campal entre los mapuche –que habían ocupado nuevamente el fundo- y los latifundistas, en lo que constituye una advertencia y el origen de los Grupos de Retoma Patronales. El gobierno central, por su parte, declara Zona de Emergencia en Collipulli, en Julio de 1970, como respuesta a la ocupación de los fundos Chiguaihue, Alaska y Pidenco.

La Unidad Popular en la Araucanía

En este contexto asume el gobierno la Unidad Popular, que en su programa plantea la profundización del proceso de Reforma Agraria, la promoción del desarrollo económico y social del pueblo mapuche, además de reconocer la legitimidad de su demanda.

Como prueba de aquello, el Presidente Salvador Allende ordena, en Enero de 1971, que se instalen en Temuco funcionarios de todos los Ministerios y reparticiones públicas, el Cautinazoen la memoria histórica, y se crea la ‘Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas’, la que a Febrero de 1972 había restituido a los mapuche 68.341 hectáreas que faltaban a los títulos de Merced mapuches, y que con el paso de los años habían sido integradas fraudulentamente a los fundos vecinos. A ellas se agregan 70.103 hectáreas expropiadas en 1971 en Malleco y de Cautín, lo que constituía una cifra histórica en términos de recuperación territorial mapuche.

Al mismo tiempo, se crea el Instituto de Capacitación Mapuche, en Temuco, el que es inaugurado el 28 de Marzo de 1971 Allende, quien en su discurso describe sus objetivos centrales: “Proporcionar capacitación técnica y promoción profesional, con el objeto de preparar mano de obra calificada en cualquiera de los sectores de la producción y organizar su comercialización. En general, servir como un instrumento en la capacitación de todas las materias que sea necesario impartir.”

Por esos mismos días, El Diario El Mercurio comenzaba su ‘campaña del terror’: “50 fundos paralizados en Provincia de Cautín. Amenaza para el Granero de Chile… lo que significa que la producción habrá de disminuir notablemente, según cálculos en un 30%”.

La respuesta patronal al movimiento mapuche no se haría esperar. A fines de 1971 hacen su aparición los ‘Comité de Retoma’ latifundistas, inaugurando sus acciones en Huilío, Nueva Imperial, donde el militante del Partido Nacional Juan Antonio Navarrete y otros particulares, ingresan armados al lugar en el que se encontraban 15 familias mapuche del MovimientoNetuaiñ Mapu (recuperaremos la tierra), asesinando a balazos a los hermanos Ramón y Francisco Cheuquelen, y dejando un reguero de heridos: “Marcelina Quintulen Melin, sobrina de Francisco Cheuquelen Melin, relató “el rico y como 20 personas más entraron en un camión, desde dentro del fundo, se bajaron y empezaron a disparar con armas de fuego. Entonces los compañeros arrancaron, y otros, las mujeres, se escondieron detrás del árbol. Allí cayó Francisco y los otros. Estaban preparando el almuerzo. Después empezaron a incendiar el ruco, las carretas, la ropa, mantas, cueros, las cositas que se habían llevado. Robaron también las herramientas de trabajo. También apalearon a los heridos y palmotearon a los niños chicos y las mujeres. El fundo es de cómo 600 hectáreas, pero el rico tiene legalizado solamente 200, el resto es todo usurpado a los mapuches”, describía el Diario Austral.

Los grupos paramilitares se integran al panorama cotidiano. El mes anterior, mapuches del MCR ingresaron al fundo Chesque, ante lo cual Martín Doyarcabal y otros particulares, dieron muerte a balazos a Moisés Huentelaf. La Federación de Sindicato de Agricultores le brindó su apoyo “como lo ha hecho y lo hará con cualquier agricultor que, haciendo uso de su legítimo derecho de defensa, enfrente una agresión que le pueda costar la vida”.

Al año 1973 el proceso de reforma agraria había cumplido su objetivo -en cuanto a la restructuración del agro a través de la expropiación de los grandes latifundios, que sobrepasaban las 80 Hectáreas de Riego Básico- pero aún así quedaban numerosas situaciones territoriales pendientes.

El gobierno de la Unidad Popular decide no abandonar el proceso, y lo hace aplicando otra causal de expropiación, la ‘mala explotación y/o abandono de los predios’, también establecida en la ley de Reforma Agraria, contradiciendo a aquellos que alegaban (y alegan) la ‘ilegalidad’ del proceso. Como señalaba el Ministro de agricultura, Jacques Chonchol, “La decisión del gobierno es hacer la Reforma Agraria dentro de la ley, pero aplicando hasta el último artículo de la ley”.

El Diario Austral, como respuesta a la decisión del gobierno y de las organizaciones mapuche, creaba las condiciones para lo que vendría y titulaba en Agosto de 1973: “Una nueva escalada de tomas tiene planeada el Movimiento Campesino Revolucionario, filial agraria del MIR, que ya ha cumplido en 1971 y 1972 una impune y desquiciada acción en la actividad agrícola en Cautín.”

Como resultado final del proceso, a Septiembre de 1973 en las provincias de Malleco y Cautín se habían expropiado a favor de las familias y comunidades mapuches un total de 152.416,48 hectáreas, a las que se sumaron las 68.000 que fueron reintegradas a los Títulos de Merced por la Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas.

Muerte en la Araucanía

El Golpe de Estado llegó al territorio mapuche con anterioridad al resto del país, y prueba de ello es el allanamiento realizado por efectivos militares el 29 de Agosto de 1973 en elAsentamiento Loberías, el fundo de la familia del dirigente agrícola Domingo Durán, donde es brutalmente torturado el dirigente mapuche Segundo Quian, quien muere a consecuencia de aquello el 8 de Septiembre.

Sin embargo, es a partir del 11 de septiembre que la persecución y la muerte se expanden por toda la Araucanía, región en la que tuvo un carácter especialmente virulento y cargado de racismo. El Informe Rettig señala: “Es necesario destacar la dureza extrema con que se trató a los mapuches y a sus familias y la grave dificultad que ha significado para éstos en las zonas más rurales, tener que convivir, en la misma localidad a veces hasta el presente, con los agentes que causaron la muerte a sus seres queridos.”

Efectivamente, en no pocos casos participaron de la represión y de la muerte civiles vinculados a los Comité de Resistencia Patronales y al Movimiento Nacionalista Patria y Libertad, que luego de declararse en clandestinidad establece su cuartel general en Capitán Pastene, y con los cuales los sobrevivientes se seguirán encontrando, hasta la actualidad, y que significó que muchos de los desaparecidos, muertos y torturados no hayan sido denunciados. Se había inoculado el temor.

Fruto de la represión son asesinados y/o desaparecidos, entre muchos otros, Pedro Millalen, del asentamiento Elmo Catalán, en Lautaro;Andrés Levio; Jose Meliquen; Julio Paine, de Muco; Manuel Lizama Cariqueo; Segundo Lepin; Juan Segundo Nahuel; Heriberto Collío;Victor Llanquien, de Huircaleo; Gregoria Carilaf, de 73 años, quien murió fruto de los golpes propinados por carabineros que buscaban a su hijo; y en un caso emblemático, Julio Ñiripil Paillao, joven mapuche de 16 años de la comunidad de Huircaleo, quien es ejecutado en el patio de su casa, también por carabineros, para luego su madre recoger el cuerpo y sepultarlo.

En conjunto con la represión y la pérdida de tierras recuperadas y puestas en producción, los Asentamientos y Centros de Reforma Agraria mapuche sufrieron la confiscación de la totalidad de sus bienes, de maquinaria, animales, cosechas y de todas las mejoras realizadas.

En términos territoriales, el 65% de las tierras expropiadas a favor de mapuches fueron devueltas a los antiguos propietarios. Los predios que no fueron restituidos se parcelaron, en un proceso en que los mapuches, en su gran mayoría, fueron excluidas. El Ministro de Agricultura del gobierno militar, el Coronel de Aviación Sergio Crespo, al respecto declaraba que “La tierra será entregada a quien realmente la merece… No todos los asentados serán propietarios, ya que la tierra no alcanza. Una comisión hará una encuesta para determinar quiénes merecen ser propietarios”, privilegiando así en la asignación de parcelas a ex inquilinos, medieros o campesinos chilenos, no a los mapuche, y menos a los que participaron del proceso de Reforma Agraria.

El espíritu de la época es retratado por el nuevo director zonal de la CORA, Héctor Jensen:“Ustedes saben el castigo que tienen quienes toman, roban o usurpan. Perfectamente podríamos haber venido acompañados de un pelotón oficial o de militares para echarlos a la calle. Sin embargo, hemos preferido el diálogo y el arreglo a la buena, conscientes de que ustedes como nosotros desean un mismo fin, cual es el progreso y la recuperación del país”.

Por su parte, el Diario Austral de Temuco, en su editorial del 11 de Septiembre de 1974, señalaba: “En Cautín quiso el marxismo matar la propiedad agraria. Los campos de Cautín durante la anterior administración fueron escenario de una serie de atentados contrala propiedad privada y el MIR con la figura del Che Guevara llevó al odio como también a la anarquía y destrucción a complejos agrícolas. Los trabajadores envalentonados e ilusionados perdían el tiempo en huelgas, reuniones y concentraciones mientras la leche se perdía y los animales se morían sin que nadie se preocupara de nada.”

En contrario a lo que en los días posteriores al Golpe Militar declaraban los funcionarios de la naciente dictadura, el recuerdo del proceso de Reforma Agraria en la memoria comunitaria mapuche es altamente positiva, tanto desde la perspectiva de la recuperación de sus tierras como de la calidad de vida que se logró a través del trabajo comunitario.

Antonio Lolcolil, del asentamiento Loberías, recuerda “Todos trabajamos en común. Nosotros le dimos explotación al fundo, el fundo estaba sucio y no se hacía ni una huerta.” Pedro Raín, de la Cooperativa Lautaro de Lumaco, rescata del proceso “el derecho de vivir, de construir, el derecho de gozar la tierra”. Para don Reinaldo Penchulef, del Asentamiento Cuel Ñielol “El gobierno de Salvador Allende vive conmigo, vive con mi gente, vive con mi familia, vive aquella participación que nos dieron y las garantías que tuvimos como mapuches en aquellos tiempos, fueron cosas inolvidables.”

La Reforma Agraria, como proceso político, permitió la recuperación y ampliación de las tierras mapuches en un proceso que no tiene precedentes en la historia de la relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, y fue el resultado, sobre todo en el gobierno de la Unidad Popular, de la voluntad política de enfrentar y resolver la demanda territorial mapuche, poniendo para ello a disposición de las organizaciones mapuche los mecanismos contemplados en las leyes de Reforma Agraria, no obstante su origen más ‘campesinista’ que ‘indigenista’, y que ellos significara afectar el sacrosanto y decimonónico derecho de propiedad.

Nota: 1  Texto basado en “La reforma Agraria y las Tierras mapuches”, Martín Correa, Raul Molina y Nancy Yañez, LOM Ediciones, 2005.

Denuncia pública de los desplazados de Banavil

A 4 de septiembre de 2013, San Cristobal de Las Casas, Chiapas.

Al Congreso Nacional Indigena

A los Centro de Derechos Humanos onestos e independientes

A los medios de comunicación independientes

A la sociedad Civil nacional e internacional

A la Adherentes a la Sexta

A la red Contra la Represion

A las Juntas de Buen Gobierno

A la opinion publica

El pasado 4 de diciembre de 2011, fuimos agredidos y desplazados 13 personas por los priistas del paraje Banavil, municipio de Tenejapa, Chiapas, todo por ser creer en la autonomía zapatista. Allí a nuestro padre Alonso López Luna lo desapareciron forzadamente la gente de la comunidad y las autoridades comunitarias. Durante un año y nueve meses no nos han tomado en cuenta; el gobierno federal, estatal y el Fiscal Especializado en Justicia Indigena Cristóbal Hernández Lopez, es cómplice con los agresores y respalda a los asesinos. Nos preguntamos. ¿donde esta el estado de derecho? Que supuestamente esta para impartir justicia, para el la justicia es dejar libre a los asesinos y encarcelar a los inocentes como Lorenzo Lopez Giron y Francisco Santiz Lopez.

El viernes 30 de agosto, recordamos con gran tristeza el día del desparecido como nuestro padre Alonso Lopez Luna y muchos mas desaparecidos forzadamente por la guerra sucia del gobierno, este dia lo recordamos con tristeza y con valor en nuestros corazones, esperando que algún día llegue la verdad y la justicia. Porque la justicia no ha llegado como por ejemplo el amparo en el Juzgado Quinto en Tuxtla Gutierrez expediente 523/2013, han pasado meses y el pretexto, es que están saturados de trabajo. Este amparo es para que ejecuten las 11 ordenes de aprehensión contra los agresores y asesinos. Pero no hay respuesta la impunidad impera en contra nuestra como pueblos indígenas discriminados.

En estos últimos días nos enteramos de los hechos ocurridos en el Ejido Puebla, donde fueron desplazados 91 personas entre hombres, mujeres y niños, que tampoco el Fiscal Especializado en Justicia Indigena Cristobal Hernandez no aplica el estado de derecho, solo ve como los acaban a nuestros hermanos desplazados y por encima de eso les prohíben realizar denunciar publicas ya que es su única defensa de los hermanos católicos. Nos preguntamos donde esta nuestros derechos como pueblos indígenas. Y a nuestros hermanos del ejido Puebla cuanto tiempo va estar en la impunidad toda las agresiones en su contra.

Nosotros los desplazados de Banavil, vivimos en condiciones inhumanas compartimos con ustedes nuestra memoria de múltiples agresiones en nuestra contra y contra nuestros hermanos del ejido Puebla, estar desplazados es vivir no como seres humanos, porque los seres humanos tienen derechos.

Que digan los agresores que le hicieron a nuestro padre, porque los agresores saben lo que pasó y lo que le hicieron. Han pasado los meses y la justicia no llega. Porque estos agresores y asesinos están libres y no hubo castigo contra ellos no pisaron la cárcel, pero los inocentes los condenan y pasan muchos años en la prisión.

Al señor al presidente de la república Enrique Peña Nieto y el Gobernador Manuel Velasco Coello:

Exigimos la verdad sobre la desaparición forzada a nuestro padre Alonso López Luna

Exigimos justicia por los hechos ocurridos del 4 de diciembre de 2011.

Exgimos justicia para los hermanos desplazados del ejido Puebla

Exigimos la libertad a nuestro hermano Alberto Patisthan sentenciado a 60 años de prisión.

ATENTAMENTE

Los desplazados de Banavil, municipio de Tenejapa, Chiapas.

Simpatizantes del EZLN

Lorenzo Lopez Giron

Miguel Lopez Giron

Petrona Lopez Giron

Anita Lopez Giron

Comunicado del Consejo Regional Wixárika por la defensa de Wirikuta

12 de septiembre 2013

El Poder Judicial otorga al Pueblo Wixárika nuevas suspensiones a concesiones mineras en el territorio sagrado de Wirikuta, San Luis Potosí.

• Se suspenden los trabajos de los proyectos mineros Universo y La Maroma, y así suman 40 concesiones suspendidas en total.
• No se podrá otorgar ningún permiso de trabajo hasta que no se resuelva el juicio de amparo contra las concesiones mineras en el Área Natural Protegida de Wirikuta en San Luis Potosí.

Los tribunales federales otorgaron la suspensión de 40 concesiones mineras, entre ellas las de los proyectos Universo¹ y La Maroma, de Revolution Resources y Grupo Minero Frisco, que se suman a las 38 CONCESIONES SUSPENDIDAS en febrero del 2012, del proyecto minero La Luz.

Esta acción legal, otorgada por los tribunales federales detiene todos los trabajos mineros en el territorio sagrado de Wirikuta, que abarca los municipios de Catorce, Charcas, Matehuala, Villa de Ramos, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz en el Estado de San Luis Potosí (aproximadamente 140 mil hectáreas), en tanto no se resuelva la revocación o cancelación de 78 concesiones en el área natural protegida y sus alrededores.

Ante la SUSPENSIÓN FEDERAL ninguna entidad de gobierno ya sea Municipal, Estatal o Federal puede otorgar permisos (de exploración ni explotación) para que se realicen trabajos mineros en la zona, además que las autoridades del estado Mexicano deberán proteger la zona ante actos de terceros que puedan violar esta suspensión.

Con el objetivo de proteger de manera integral del territorio sagrado de Wirikuta, de las amenazas mineras y agroindustrial, el pueblo Wixárika presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación exigiendo el respeto a los derechos que el Estado mexicano se ha comprometido a proteger a nivel nacional e internacional.

El territorio de Wirikuta representa para el pueblo Wixárika el lugar en donde se encuentran las esencias de la vida y el nacimiento del Sol. Es un elemento indispensable de la cosmogonía e identidad cultural para la subsistencia y continuidad como pueblo originario de este país.

Wirikuta es un territorio vivo, indivisible y continuo, por lo que se exige la protección de este territorio ya que pone en riesgo la biodiversidad y la continuidad del ecosistema del Desierto Chihuahuense, la calidad del agua y de los suelos, así como pone en peligro la salud y la calidad de vida de los habitantes campesinos de este lugar sagrado, a quienes a través de este comunicado, el Pueblo Wixárika y la sociedad civil que conformamos el Frente en Defensa de Wirikuta enviamos un fraternal saludo a su digna lucha contra las amenazas mineras y reiteramos que no están solos y que juntos lograremos cuidar y salvaguardar esta herencia cultural, espiritual y de vida para las siguientes generaciones.

Por Wirikuta Matriz de Vida, Corazón Sagrado de México.

Wirikuta no se Vende, se Ama y se Defiende.

___________________________________

Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta.

Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa.

www.frenteendefensadewirikuta.org

wirikutatv@gmail.com

Para mayor información contactar:

Mesa de Comunicación Frente en Defensa de Wirikuta

1  El Proyecto Universo pretende explotar recursos minerales en 59,678 hectáreas dentro del Área Natural Protegida de Wirikuta, lo que representa el 42.56% de la superficie total del territorio de Wirikuta.

Atentan contra comunidad Mapuche de Neuquen opositora a acuerdo YPF-Chevron

El territorio que habita el lof Campo Maripe es, precisamente, en el que va a desembarcar la multinacional Chevron y donde ya está instalada la restatizada YPF. Allí, las y los mapuce vienen resistiendo el desplazamiento para instalar otra fuente de contaminación, saqueo y muerte. El espacio comunitario fue incendiado por la madrugada y se perdió todo el material que había en su interior.

Por 8300web

Tras el incendio de la ruka comunitaria en el lof mapuce Campo Maripe en la madrugada de ayer, durante las horas posteriores se quemaron intencionalmente cuatro viviendas familiares. La Confederación Mapuche de Neuquén informó hace unas horas que cortarán el acceso al campamento principal de Loma la Lata Norte.
Desde la Confederación Mapuche informaron que la medida, que comenzó a las 6 de la mañana, se realiza  “a raíz de los hechos lamentables ocurridos en la madrugada de ayer y hoy se sumó quemadas íntegras cuatro viviendas, pertenecientes a nuestras familias. El más alevoso e increíble ocurrió el día de ayer, con el atentado a la Ruka Comunitaria, que es el salón de encuentros y reuniones de la comunidad”.
También remarcaron que exigen “la presencia y compromiso del gobierno provincial, responsables de la seguridad y control de la zona”.
La Confederación Mapuche y la Multisectorial contra la Hidrofractura informaron que no permitirán ninguna tarea en la zona “hasta que no se identifique a los responsables y al autor ideológico de este atentado”.
Reproducimos comunicado:
Informamos que desde las 06 :00 de la mañana del día de la fecha, la comunidad Mapuche Campo Maripe y su organización mapuche, ha procedido a cortar el acceso al campamento principal de Loma la Lata Norte, a raíz de los hechos lamentables ocurridos en la madrugada de ayer y hoy se sumó quemadas integras 4 viviendas, pertenecientes a nuestras familias.
El mas alevoso e increíble ocurrió el día de ayer, con el atentado a la Ruka Comunitaria, que es el salón de encuentros y reuniones de la comunidad. Exigimos la presencia y compromiso del gobierno provincial, responsables de la seguridad y control de la zona. Hasta que no se identifique a los responsables y al autor ideológico de este atentado, no permitiremos ninguna tarea en la zona.
Estamos alarmados y movilizados ante lo que ocurre en nuestras propios ojos:
• Siendo el Estado Provincial el responsable de la seguridad de la zona las 24 hs del día, como es posible que hayan incendiado un local que esta a cientos de metros de los pozos y torres de perforación y nadie haya observado nada?
• Entendemos que quienes atentaron contra nuestras viviendas, tienen protección de las autoridades y la seguridad de la zona y actuaron como mano de obra de responsables políticos de este atentado.
• El propio intendente de Añelo, señala en los medios gráficos que tiene pistas sobre los autores …y las autoridades aun no lo identifican?
• Testigos del disparo de plomo que impacto sobre el docente Barreiro, señalan que el objetivo eramos los mapuche presentes en esta concentración pacifica realizada esta semana frente a la Legislatura. Este atentado contra nuestras viviendas tiene que ver con esa hipótesis ?…cual es entonces el próximo paso de este espiral de violencia?
• Nación acaba de respaldar la política represiva de Sapag, mientras por otro lado las mismas autoridades nacionales, cuestionan que Neuquen es la única provincia que no aplica el protocolo de seguridad ante las protestas sociales. Ese doble discurso también es parte de la política represiva.
Loma la Lata Norte, 31 de Agosto de 2013
Logko Albino Campo Maripe
Werken Mabel Campo Maripe

La ONU, Sabino y la estrategia ganadera/Polimachiques

El Comité de la ONU contra la Discriminación Racial, en las conclusiones de su 83º período de sesiones, expresa su preocupación por la impunidad con la que han ocurrido agresiones a miembros del pueblo yanomami y Yukpa. La ONU pidió hoy al Gobierno de Venezuela que investigue de manera exhaustiva y castigue los casos de violencia contra indígenas yanomami, de la región amazónica, y los Yukpa, un pueblo que habita la Sierra de Perijá, que marca la frontera con Colombia. (Fuente: EFE 02/10/13).

Para continuar con este mandato se requiere de inmediato que el Gobierno Nacional a través de sus instancias correspondientes le de protección a las familias de cada uno de los testigos, más cuando son víctima como Lucía Martínez Romero esposa de Sabino única testigo presencial. 

Quien por la figura Prueba Anticipada ya rindió declaraciones en el Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitano de Caracas por el temor que tiene el mismo Estado de que sea asesinada tal como ya ocurrió con un testigo valioso supuestamente involucrado en la muerte de Sabino Romero Isarra. Se trata del funcionario de Polimachiques Rónald Enrique Petit Robertis, de 30 años hermano de Jhoel Petit también funcionario de la Policía de Machiques (Polimachiques) asesinado el día 11 de junio de 2013 (http://www.laverdad.com/sucesos/29518-matan-a-polimachiques-junto-a-su-hijo-de-seis-anos.html).

Lucía según el OFICIO Nº: 805-13 de fecha 18 de julio del presente año firmado por el Juez (T) del Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitano de Caracas Dr. Gabriel A. Costanzo Savelli dirigido al Director General de División Julio Alberto Yépez Castro Director del Cuerpo del Cuerpo Policial Bolivariano del Estado Zulia, para que ordene medidas de protección con extrema urgencia, aún Lucía Martínez Romero está esperando su protección. El General de División Julio Alberto Yépez Castro no le ha ordenado brindarle protección a ninguno de los que como Lucía rindieron declaraciones el día 19 de julio de 2013. Nos dirigiremos a las Naciones Unidas a informar y a las instancias pertinentes internas a exigir responsabilidades, y las penas correspondientes.  

Además el Estado venezolano debe brindarle protección a Carmen Fernández Romero y a sus hijos e hijas ya que uno de ellos es testigo, y los ganaderos y sus sicarios/guardaespaldas ya tienen el expedite en la mano y saben ya quiénes son los testigos.

Por esta razón ya se entró en la fase inicial de otra forma de terrorismo. Se inició la primera fase de una campaña de amedrentamiento a los testigos, contra Lucía y sus hijos y  de Carmen y sus hijos, luego vendrán las amenazas, hasta llegar a nuevos hechos violento encontra de las familias indígenas. Esta una nueva fases de la crónica de una muerte anunciada. Si siguen asesinando o amedrentando a los testigos será el  Estado venezolano el principal culpable, por su negligencia al respecto, tal como ocurrió con la muertes de los ochos dirigentes Yukpa asesinados por esta misma situación  de violencia sembrada desde hace más de 20 años contra los indígenas desde la fundación de los parcelamientos las Flores y la Estrellas, y desde la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez en las haciendas del Yaza. O de no haber detenido años antes a Manguera con expedientes abiertos en el CICPC por estar involucrado en la muerte del hacendado Luis Elías Martínez Romero en junio de 2006 y de Juan Carlos Fernández un tío de Alexander Fernández Fernández en noviembre del mismo año. 

El domingo 1 de noviembre de 2013 en horas del mediodía llegó el padre del funcionado detenido Jhon Petit imputado por la muerte de Sabino acompañado con un policía de Polimachiques quien lo introdujo repentinamente  sin pedir permiso alguno en la comunidad de Chaktapa con la anuencia de los policías escotas de Sabino hijo, para abogar en favor de la inocencia de su hijo Jhon. Estos funcionarios encargados de la seguridad están tratando de manipular al hijo de Sabino en favor de Jhon Petit argumentando que gracias a ellos que lo están cuidando permanece salvo. Estos funcionarios deben ser amonestado y sustituidos de inmediato de las funciones por las cuales permanecen en la comunidad las 24 horas del día. Se espera problemas originados por estos funcionarios cuando se arrecie el juicio y familiares y Polimachiques se desesperen.

De igual manera el lunes a eso de las 4 de la tarde el señor Ronald Delgado hermano del Polimachiques apodado El Mantequilla, guardaespaldas del alcalde de Machiques y familiar de su esposa, también visitó en su hogar manejando un carro de color verde a una hija de Carmen Fernández tratándola de amedrentar afirmando que ellos son conocidos y vecinos, y en otro tono sus hermanos son testigos en contra de su hermano Giovanny José Delgado González y que en su familia Delgado González son muchos.

Detrás de este amedrentamiento a la familia de Sabino y Carmen Fernández está el miedo de los ganaderos que saben que van a ser detenido, juzgados y van a pasar varios años en la cárcel, a pesar que ya algunos están fuera del país.  

Exigimos que se abra una averiguación de inmediato al respecto, para garantizar la vida de los testigos y sus familiares y el ejercicio de las leyes en la República Bolivariana de Venezuela.      

  

Por: Sociedad Homo et Natura

Comunicado internacional de apoyo a l@s herman@s desplazad@s de Colonia Puebla, Chenalhó.

A la Sociedad Civil Las Abejas,
A las bases de Apoyo Zapatista,
A la Junta de Buen Gobierno de Oventik,
A nuestros herman@s de Colonia Puebla, Chenalho.
A la Sociedad Civil,
A los medios libres y rebeldes,
Nosotros, como individuales, colectivos Nacionales, Europeos, y del Mundo, una vez más nos movilizamos, y gritamos juntos nuestro YA BASTA frente a los últimos acontecimientos que pasaron en Colonia Puebla Chenalho. Nuestros corazones se quedan dolidos, por saber y por ver que de nuevo en Chiapas, tuvieron que desplazarse forzosamente familias de su comunidad. Compartimos el dolor de esos compañer@s quienes tuvieron que dejar sus pertenencias, su campo, su milpa, para salvar su vida de los altos peligros y amenazas de un grupo de 1000 personas en la comunidad de Colonia Puebla.
No sólo estos hechos nos hacen recordar el año 1997, donde todas las broncas y la militarización de Chenalho empiezo después de broncas en Puebla, pero igual nos hace parecer que las malas estrategias del PRI están de regreso.
Nos quedamos sensibles igual a la reactivación de los grupos paramilitares en la región. Y vigilamos bien que el desplazamiento de 80 personas no sea una etapa en una lógica de empoderamiento de guerra de contra insurrección. Denunciamos igual el enlace entre la liberación de los paramilitares autores materiales de la masacre de Acteal, y los actos que se están pasando.
Todo empiezo por la recuperación ilegal, de un grupo de evangelista del terreno de la ermita católica, ellos quienes rechazaron la construcción de una iglesia católica. Pero rápido las mentiras y las mañas re-empezaron, los evangelistas secuestrando y amenazando a 3 compañeros, de envenenar el agua. Ellos 3 tuvieron que desplazarse de la comunidad aunque por nada los hechos son reales. El día martes mientras que ellos habían anunciado su retorno, que una caravana civil les acompañaba pacíficamente, más de 100 jóvenes, unos de 12 años, acompañando por personas con corte militar, recibieron a la caravana con piedras. Tuvo que hacer vuelta. Por la noche quemaron a dos casas comunitarias de los católicos, quienes quedaron escondidos, y amenazados.
EL día miércoles 21 de agosto, un grupo de evangelista secuestraron al Padre Manuel, Sacerdote de la parroquia de Chenalho, durante más de 8 horas. Lo dejaron en las letrinas de la comunidad. Lo golpearon. Nunca el gobierno pudo contestar frente a esas amenazas, y nunca envió la fuerza pública para rescatar al Padre. El día jueves, después de asustar a todos los católicos por el día, secuestrándolos en sus casas, unas familias decidieron desplazarse. Tomando un camino altamente peligroso y difícil de noche con lluvia. Más de 40 demás les siguieron por la mañana. Por el día de viernes otros tomaron la decisión de quitar su casa y sus pertenencias. Nunca la fuerza pública, aun avisada, tomo las medidas para garantizar la seguridad física de las familias desplazadas.
Así nosotros exigimos, la inmediata detención a los y las que secuestraron al Padre Manuel. Exigimos la inmediata detención de los lideres morales, que son Agustin Cruz Gomez y Jacinto Arias Cruz, ex paramilitar, ex presidente municipal de Chenalho.
Exigimos que se garantice un pronto retorno con toda seguridad, en la comunidad de Colonia Puebla.
Por fin felicitamos la solidaridad entre los herman@s abejas y zapatistas quienes supieron apoyar al desplazamiento de sus hermanos oprimidos, organizando la solidaridad, desde abajo a la izquierda. Y nos solidarizamos al urgente llamado de acopio desde nuestros rincones.

NO MAS DESPLAZADOS EN CHIAPAS VIVAN LAS ABEJAS VIVAN LOS ZAPATISTAS

La Otra Europa:
Caracol Mundo-Eco de latido, Vienna Austria
Asocacion Espoir Chiapas / Esperanza Chiapas, Francia.
CEDOZ, Mexico.España,
Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid, España
Casa Nicaragua, Belgica
Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas, Pais Vasco
Grupo CafeZ de Lieja, Belgica
LaPirata (Plataforma Internacionalista por la Resistencia y Autogestion Tejiendo Autonomias)
Nomads (Italia, Berlin)
Nodo Solidario(Italia Mexico)
Colectivo Zapatista Mariso (Suiza)
Grupo de Solidaridad con Chiapas de Dorset, ingletera
Gruppe B.A.S.T.A., Münster, Alemania
CGT – Estado Español
Secretaria de la Mujer de la CGT España
Colectivo Tierra Lesbik,
Mut Vitz 13, Marseille, Francia
Comitato Chiapas ” Maribel ” – Bergamo, Italia
Secretaria de Accion Social, CGT ANDALUCIA
Ya Basta Netz Alemania,
Nodo Solidale (Italia y Mexico)
London Mexico Solidarity Group.
La red de Solidaridad Zapatista del Reino Unido
Caracol Zaragoza, España,
Colectivo Farma, Atenas Grecia
Accion Social Sindical Internacionalista ASSI
Plataforma de Solidaridad Con Chiapas de Aragan
Comité de Solidaridad con los Pueblos De Chiapas en lucha, Francia
La Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid,
Télé Directe, Francia,
ABCéditions Ah Bienvenus Clandestins, Francia
Caracol Solidario, Besancon, Francia
Icra International, Francia.
YoSoyUnDosTres, Lyon, Francia
El Otro México
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH )
Amig@s de Mumia Mexico,
Kolectivo Ik
Kaos Mexico
Movimiento Migrante Mesoamericano
Kolectivo boca en boca
Maderas del Pueblo del Sureste A.C.
Radio Zapatista
Sector Nacional Obrero y de Trabajadores de la Ciudad, el campo, el Mar, y el Aire, Adherente a la Sexta
Pozol Colectivo ,
Hijo de la tierra,
Organización Zapatista “Educación para la Liberación de nuestros Pueblos”
Pueblos, Barrios y Colonias en Defensa de Atzcapotzalco
Biblioteca popular, Df,
Ejido de Tila, Sexta.
Naranjas de Hiroshima
Cooperativas de Medios
El otro Mundo
Wellington Zapatista Support Group, Nueva Zelandia.
Servicio Paz Y Justicia, SERPAJ, America Latina
Casapueblos, Argentina
Campaña Internacional de apoyo a los juicios genocidas en Argentina
Revista Codo a codo, Argentina
Peace and Diversity Australia
Individuales:
Barabara Gammaracio, Italia
Julie Webb Pullamn, Neo Zelandia
Frederico Noriega, Sevilla, España.-
Grace Leung, Nueva Zelandia
Laure Glenain, France,
Alejandro Reyes Arias
Samira Biabi, France
Lorena Aguilar Aguilar
Marta Sanchez Soler, Coordinacion Ejecutiva, MMM
Gustavo García Rojas, Mexico
Leon Chavez Teixeiro
Joelle Gauvin Racine,
Genevieve Messier,
Alma Rosa Rojas Zamora
Cecilia Granados Salgado, Etnologa ENAH
Ericka Guttierrez
Priscilia Tercero, DF, Mexico
Rocío Servín, Guanajuato
Angel Benhumea
Pedro Rivero
Brenda Porras
Fernando Lopez
Jorge Herrera
Pietro Ameglio
Myriam Fracchia
Daniella Guarrior, Canada,
Tony boulo, France
Oscar Yomero,
Marie Helene Bourdages,
Annie Lapalme, Canada
Jean Lapalme, Canada
Hugo Absalon,
Alvara Gonzalez,
Jose Luis Carrasco,
Anais Gagnon,
Sista Innes
Ivonne Hernandez,
Emi Pot Baggins
Juan Imassi, Argentina, Artista y docente
Maria Amalia Garcia de Argentina
Rachel Fernandez Trujillo, Internacionalista Bolivariana
Felipe I. Echenique March
Cristina Delgado Hughes, Argentina
Daniel Vila, Periodista, Argentina
Isabelle Martineau, France
Hicham Lemlah, France
Lise GIllot, France
Ana Bianca Kludt
Nicte-Ha Dzib, Niñoas en la Otra Campaña, Df
Susana Grau, Jubilaba docente, Ensenada Argentina
Maximina Fueyo, Jubilaba docente, Ensenada Argentina
Carole Radureau, France,
Eve-lyne Clusiault, Canada,
Frédérique Parpouille, France,
Eugénie Taï, France,
Dayli Na, Periodista, France,
Maurixio Sur, Colombia,
Pablo Podesta, Mexico,
Guadalupe Lopez B,
Antonio Piñeiro Fernandez,
Ana Clou, Alemania,
Ana Emilia Palacios,
Viviana Valdovinos,
Liliana Prado,
Sara Garfias,
Maria Gracia Castillo Ramirez,
Fania Vandelay,
Carlos Alberto Jimenez,
Gaspard Ilom
Illiria Ninelth
Claudia Torres
Lucia Ar,
Fernando Villalobos,
Marco Antonio Landeros Rico,
Sandra Luz Garcia Parra,
Chio Martinez Prieto.
Javiera Araya

Rayen Mapu: “vivimos en nuestra propia comunidad en un verdadero toque de queda”

Hoy, viernes 30 de agosto, en el tribunal oral de Angol, se desarrollaron los alegatos de clausura del juicio, que acusa a los peñi Cristian Levinao, Fernando Millacheo y Guido Bahamondes, supuestamente de asalto con violencia a un parcelero en el sector Chiwaihue, mismo lugar en donde mataron a nuestro peñi Rodrigo Melinao Lican.

Foto (archivo) de Felipe Durán

El peñi Guido Bahamondes quedó libre de los cargos y el próximo miércoles 04 de agosto a las 17:00 hrs. se dictará sentencia a los otros dos peñi quienes arriesgan una pena mínima de 15 años.
En un proceso dudoso, los tres peñi que ya han cumplido prisión preventiva durante harto tiempo por otros delitos que no cometieron.
Esto es parte de la estrategia de judicialización que los tribunales hacen en contra de las comunidades que hacen efectivas sus demandas territoriales, en los distintos puntos del Wallmapu.
La defensa solicita la nulidad del juicio, misma instancia en que se encontraba nuestro peñi Rodrigo Melinao antes de ser asesinado.
A esta estrategia de judicialización, se suma el constante amedrentamiento a la comunidad, por civiles armados, junto con carabineros de infantería. Desde el asesinato del peñi Rodrigo Melinao se sienten disparos en la noche y gente rondando las casas de nuestra comunidad.
Nosotros somos gente natural… vivimos con la naturaleza y ella escucha que andan carabineros haciendo infantería. Se hacen rondas nocturnas, la comunidad ha visto uniformados y civiles, torturando a las personas, intentando inculpar a peñi, amedrentando.  Hacen llamadas telefónicas, amenazando a la comunidad, intentando sembrar desconfianza entre peñi.
No somos delincuentes, vivimos en nuestra propia comunidad en un verdadero toque de queda. La comunidad está con miedo de que asesinen a alguien más.
La gente a veces no cree, porque no sabe.
No sabemos cuál es su objetivo, de seguir así, pueden haber más muertos. Ellos van a seguir actuando así.
Nosotros los del pueblo mapuche no tenemos armas para matar a alguien, sólo tenemos nuestro newen y rakiduam. Ellos quieren matar al pueblo mapuche.
Reiteramos el llamado a estar atentos a la condena que le den a nuestros peñi, a los distintos procesos judiciales que se avecinan, al igual que a los constantes amedrentamientos a las comunidades en  procesos de recuperación territorial en los diferentes puntos del Wallmapu.

Sigue la violencia en la Sierra de Perija a pesar de la demanda de la ONU al gobierno venezolano de proteger a los pueblos indígenas.‏

A pesar del pronunciamiento del pasado 2 de septiembre por parte de la ONU donde pidió  al Gobierno de Venezuela que investigue de manera exhaustiva y castigue los casos de violencia contra indígenas yanomami, de la región amazónica, y los yukpa, un pueblo que habita la Sierra de Perijá, que marca la frontera con Colombia, en la noche de ayer fallecio el dirigente Yukpa José Antonio Gonzalez Vargas, de la comunidad Río Yaza de la Sierra de Périja, trás su convalecencia en el Hospital General del Sur de Maracaibo, por las heridas provocadas por familiares de los hoy detenidos en Caracas acusados del asesinato de Sabino Romero Izarra. La violencia en la zona es provocada por sectores de GADEMA, en complicidad de lideres Yukpa del centro píloto El Tokuko y organismos de seguridad que permiten hechos de violencia en la zona.

Exigimos la detención inmediata de los acusados por las comunidades Yukpa del río Yaza de este hecho y la protección de las familias de Lucia Martínez, Carmen Fernández y Mary Fernández, esposa del dirigente fallecido.

Les presentamos el documento oficial de la resolución de la ONU con respecto a Venezuela con respecto a los casos Yanomami y Yukpa, frecuentemente denunciados en distintas instancias locales e internacionales.

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU

Observaciones finales sobre los informes periódicos
19º a 21º de la República Bolivariana de Venezuela, aprobadas por el Comité en su 83º período de sesiones (12-30 del agosto de 2013)

1.   El Comité examinó los informes periódicos del 19º a 21° combinados de la República Bolivariana de Venezuela, presentados en un único documento (CERD/C/VEN/19-21), en sus sesiones 2241ª y 2242ª (CERD/C/SR.2241 y 2242), celebradas los días 15 y 16 de agosto de 2013. En sus sesiones 2257ª y 2258ª (CERD/C/SR 2257 y 2258), celebradas los días 27 y 28 de agosto de 2013, aprobó las siguientes observaciones finales.

Información sobre casos judiciales

15.                El Comité reitera su preocupación por la ausencia de información sobre casos judiciales de discriminación racial en el Estado Parte y señala que la ausencia de dichos casos no implica la inexistencia de discriminación racial sino que podría revelar la presencia de vacíos en el ámbito de la justicia (art. 5, inc. a, y art. 6).

El Comité reitera su recomendación anterior de presentar información estadística desglosada sobre los casos relacionados con la discriminación racial y las penas impuestas (CERD/C/VEN/CO/18, párr. 16). De igual forma, a la luz de su Recomendación general Nº 31 (2005) sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento del sistema de justicia penal, el Comité recomienda que el Estado parte incremente los esfuerzos para asegurar un acceso igualitario a la justicia para todos y difunda ampliamente información acerca de los recursos internos disponibles contra los actos de discriminación racial, las vías legales existentes para obtener reparación en caso de discriminación y sobre el procedimiento de denuncia individual previsto en el artículo 14 de la Convención.

Pueblo Yanomami
 

16.                A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado parte de brindar protección a los pueblos de la región amazónica, el Comité expresa su preocupación ante la situación que vive del pueblo Yanomami, particularmente por la presencia y agresiones de mineros ilegales contra los miembros de las comunidades indígenas habitantes en esa zona (art. 5, inc. b y art. 6).

El Comité urge al Estado parte para que intensifique la protección que brinda a los pueblos indígenas que se encuentran establecidos en la región amazónica y le recomienda que lleve a cabo una investigación exhaustiva de los hechos de violencia que se dan contra los miembros del pueblo Yanomami por parte de mineros ilegales. El Comité insta al Estado parte para que tenga en cuenta las Directrices de Protección para los pueblos en aislamiento y en contacto inicial en la región amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay, adoptadas como resultado de las consultas realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la región de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.

  

 Pueblo Yukpa

17.                El Comité expresa gran preocupación por los graves hechos de violencia ocurridos en la Sierra de Perijá, en los que ha habido enfrentamientos entre indígenas y ocupantes de las tierras de esta zona. El Comité lamenta que mediante tales hechos se ha atentado contra la vida e integridad física de miembros del pueblo Yukpa, entre los cuales destaca el homicidio del Cacique Sabino Romero y otros miembros de su familia y del referido pueblo y que tales hechos sean consecuencia de la falta de demarcación de la tierra (art. 5, inc. b y art. 6).

El Comité recomienda que el Estado parte realice una investigación exhaustiva sobre los hechos de violencia que afectan al pueblo Yukpa y particularmente de los homicidios acaecidos en miembros de esta comunidad. El Comité urge al Estado parte para que juzgue tanto a los autores materiales como intelectuales de estos hechos. El Comité exhorta al Estado parte para que tome las medidas necesarias para prevenir los actos de violencia en esta zona, incluyendo los mecanismos necesarios para acelerar la demarcación de la tierra y territorios de los pueblos indígenas.

 Justicia tradicional Indígena

18.                El Comité toma nota de la creación de Defensorías Especiales con competencia nacional para los pueblos indígenas, el cual constituye un órgano asesor que se encarga de promover la defensa y vigilancia de los derechos y garantías constitucionales que asisten a los pueblos y comunidades indígenas del país. De igual forma, el Comité toma nota de la existencia de un anteproyecto de ley de la jurisdicción especial indígena que se encuentra en proceso de discusión. Sin embargo, el Comité expresa su preocupación ante la falta de información sobre el respeto de los sistemas tradicionales de justicia indígenas y su armonización con el sistema judicial nacional  (art. 2, art. 5, inc. a, y art. 6).

Tomando en cuenta la Recomendación general N° 31 (2005) sobre la prevención de la discriminación racial en la administración y el funcionamiento del sistema de justicia penal, el Comité exhorta al Estado parte a velar por el respeto y reconocimiento de los sistemas tradicionales de justicia de los pueblos indígenas de conformidad con la normativa internacional de derechos humanos y recomienda al Estado parte para que vele por que el anteproyecto de ley de la jurisdicción especial indígena tenga por principal objetivo regular y armonizar las funciones, competencias y responsabilidades del sistema de justicia de los pueblos indígenas y las del sistema judicial nacional.

Consulta de pueblos Indígenas

19.                Si bien el Estado parte ha llevado a cabo esfuerzos para garantizar la participación de los pueblos indígenas y ha reconocido el derecho a la consulta previa en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas; el Comité expresa su preocupación ante la falta de información sobre cómo se ha implementado este derecho (art. 5, inc. c).

El Comité, tomando en cuenta su Recomendación general N.º 23 (1997) relativa a los derechos de los pueblos indígenas, recomienda que el Estado parte redoble sus esfuerzos para asegurar la plena participación de los indígenas, en especial de la mujer, en todas las instituciones de toma de decisión, en particular en las instituciones representativas y en los asuntos públicos, y que tome medidas efectivas para asegurar que todos los pueblos indígenas participen en todos los niveles de la administración pública. El Comité recomienda al Estado parte implementar medidas especiales (acción afirmativa), en los términos de la Convención y la Recomendación General Nº 32 (2009) del Comité, sobre el significado y avance de las medidas especiales en la Convención.

*Continúan otros ambitos evaluados por el comíte.

                    

Párrafos de particular importancia

29.                El Comité desea asimismo señalar a la atención del Estado parte la particular importancia de las recomendaciones que figuran en los párrafos 10, 15 y 17 pide al Estado parte que en su próximo informe periódico incluya información detallada sobre las medidas concretas que adopte para aplicarlas.

                         Preparación del próximo informe

30.                El Comité recomienda al Estado parte que presente sus vigésimo segundo a vigésimo cuarto informes periódicos en un solo documento combinado, a más tardar el 4 de enero de 2016, teniendo en cuenta las directrices relativas al documento específicamente destinado al Comité, aprobadas por este en su 71º período de sesiones (CERD/C/2007/1), y que en dicho documento se aborden todas las cuestiones planteadas en las presentes observaciones finales. El Comité también insta al Estado parte a que respete el límite de 40 páginas establecido para los informes de los órganos de tratados (véanse las Directrices armonizadas para la preparación de informes que figuran en el documento HRI/GEN.2/Rev.6, párr. 19).
 Redacción: Venezuela Originaria.

Comunidades Indígenas del Huila se movilizan en respaldo al Paro Nacional Agrario

Más de 300 campesinos  y comunidades indígenas del Huila llegamos  hasta  la quebrada y  puente El Pescador en la Vía a Hobo, a pesar de represión por parte de la fuerza pública quienes inmovilizaron los vehículos en los que nos transportabams. Hemos tenido que sufrir retenciones ilegales, en la que se nos  hostiga y fotografían.

Estas comunidades caminaron desde Paicol hasta el puente del pescador sin importar la lluvia y el fuerte sol con el firme propósito de mostrar su inconformismo por los tratados de libre comercio que tienen quebrado el agro colombiano llenando de miserias a las comunidades.  El día 20 de agosto en el municipio de la Plata, vía que conduce al terminal de Transporte, fueros inmovilizados varios vehículos tipo escalera donde viajaban cerca de 300 personas campesinos e Indígenas de las comunidades NASA del resguardo Potrerillos Miembros del Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), quienes se dirigían a participar de la jornada nacional de protesta. Miembros de la Policía Nacional quienes realizaron el procedimiento de inmovilización no se identificaron y retuvieron los documentos de los vehículos de manera irregular.

Comunidades indígenas del Crihu hacemos presencia en el lugar en compañía de la guardia Indígena y campesinos del proceso del Congreso de los Pueblos. . En  este video relatamos  las vicisitudes, y represión que hemos tenido que vivir la comunidad y las razones por la que nos movilizamos.