Estudio del INAH constató daños a la tribu yaqui por acueducto

Autoridades de la etnia entregaron los resultados al ministro Alfredo Gutiérrez

Las afectaciones de carácter ambiental, social y cultural ponen en riesgo la existencia del grupo indígena
El peritaje antropológico también fue proporcionado a la Semarnat

Integrantes de la tribu yaqui (al frente) y Alberto Vizcarra y Javier Castello, del Movimiento Ciudadano por el Agua (detrás), al término de la reunión con el ministro presidente de la Primera Sala de la SCJN, Alfredo Gutiérrez Ortiz MenaFoto Guillermo Sologuren

Gustavo Castillo García

 

Periódico La Jornada

Integrantes de las autoridades de la tribu yaqui, del estado de Sonora, acudieron este viernes a una audiencia con el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al término de la cual dieron a conocer que entregaron pruebas de que la operación del acueducto Independencia ha causado impacto ambiental y daños antropológicos de carácter social y cultural a esta comunidad indígena, por lo que está en riesgo la existencia de la misma.

Tomás Rojo Valencia, vocero de la autoridad tradicional de la tribu yaqui, informó: “Acudimos a la Corte porque en la sentencia aclaratoria que emitió dijo que el acueducto Independencia puede seguir operando, pero cuando se adviertan daños irreparables que afecten a la comunidad, que en este caso es la tribu yaqui, el acueducto tendrá que dejar de operar, aun cuando no concluya la consulta que se ordenó.
En ese sentido, llevamos el peritaje antropológico, que es uno de los documentos de la consulta ordenada, ya que se advierte que existen daños antropológicos irreparables. Es un estudio que hizo el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la instancia más capacitada para realizarlo.
Explicó que en el encuentro informaron al ministro Ortiz Mena que ese estudio arrojó que hay afectaciones a la vida cultural y social de nuestro pueblo y está en riesgo la existencia del mismo en esa región, por lo que solicitaron que atienda sus peticiones para que la Corte revise el caso.
Señaló que independientemente de la petición realizada al ministro, las autoridades tradicionales ya le hicieron llegar un documento al secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud, en el que se está pidiendo que el acueducto deje de operar por las mismas referencias técnicas y antropológicas que el documento arrojó.

Ante la resistencia que han encontrado entre las autoridades ambientales, solicitaron al integrante de la Primera Sala que el máximo tribunal del país inicie un procedimiento de atracción en este caso, por la inejecución de sentencia.
Asimismo, dio a conocer que la semana próxima sostendrán encuentros con los otros integrantes de la Primera Sala de la SCJN, para que atiendan sus peticiones de suspender la operación del acueducto e iniciar el procedimiento de inejecución de sentencia.

De efecto irreparable

El conflicto se inició en 2010, cuando fue anunciada la construcción de este conducto de agua, que recorre 150 kilómetros y se extiende desde la presa del Novillo hasta Hermosillo, la capital de Sonora.

En mayo de 2013, la Primera Sala la de Corte concedió un amparo a la tribu yaqui, a fin de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizara un nuevo estudio de impacto ambiental, con el fin de definir si esta obra causa efectos negativos en la comunidad indígena.
La tribu yaqui reclama el derecho a disponer del agua de la presa Angostura que por decreto presidencial del 30 de septiembre de 1940 les pertenece, y lo cual se vio impactado negativamente con la operación del acueducto Independencia.
Sin embargo, hasta el momento la sentencia del máximo tribunal del país no ha significado que se cancele el servicio que presta la obra pluvial, ya que solamente eso ocurrirá si la obra produce efectos que puedan considerarse de efecto irreparable y para ello se realiza el estudio ordenado por la Corte.

Ejército mexicano hostiga a la Junta de Buen Gobierno Zapatista de La Realidad

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 10 de marzo de 2015

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), ha documentado desde las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), sistemáticas incursiones del Ejército mexicano quienes están hostigando a las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), en el territorio de la Junta de Buen Gobierno de La Realidad, en la zona Selva Fronteriza, Caracol I “Hacia la Esperanza” (JBG).
Los actos militares en territorio de la JBG, consisten en incursiones en convoy con camiones, humers, jeeps y equipo motorizado; con elementos del Ejército mexicano que van desde cuatro a 30 personas. Asimismo, sobrevuelos rasantes de avionetas y helicópteros fotografiando y filmando a integrantes de las BriCO, a BAEZLN y a las instalaciones de la JBG. Desde julio de 2014, estas acciones han ido en aumento, tanto en números de efectivos como en la frecuencia con la que suceden. (Ver el historial de actividad militar en La Realidad).
El Frayba observa con preocupación el creciente hostigamiento que el Ejército mexicano está realizando en el territorio zapatista, ya que representa actos de provocación y acoso que vulneran los derechos a la autonomía y a la libre determinación estipulados en la Constitución mexicana, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de Los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los Acuerdos de San Andrés Sacamchem de los Pobres.
Por lo anterior, este Centro de Derechos Humanos exige que: Se respete la libre determinación y la autonomía de los pueblos zapatistas; y cese el hostigamiento perpetrado por el gobierno federal a través del Ejército mexicano.
Por último, cabe señalar que el 2 de mayo de 2014, personas integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica (CIOAC-H), emboscaron en el territorio de la JBG de La Realidad a BAEZLN; durante el ataque el grupo armado ejecutó extrajudicialmente a José Luis Solís López, “Maestro Galeano”, además destruyeron la Clínica y Escuela Autónoma. Cabe señalar que la organización mencionada es parte del gobierno municipal de Las Margaritas, con protección probada del gobierno de Manuel Velasco Coello, a quienes les han permitido realizar agresiones, desplazamientos forzados y asesinatos en la región. (Ver boletín 16 del Frayba sobre la agresión a bases del EZLN en La Realidad el 5 de mayo de 2014.)

LECCIONES DE LAS AGRESIONES CONTRA INDÍGENAS DEL CAUC

 

“Nosotros estamos pensando en el cuidado de la tierra y en el beneficio de todos. El mismo Gobierno sabe que si la agricultura se sigue dando en las montañas, las zonas bajas se irán quedando poco a poco sin agua debido a la deforestación”.

A la fecha, se reportan 57 indígenas heridos, producto de agresiones directas de la Fuerza Pública; nueve heridos por artefactos no convencionales utilizados por el ESMAD; varios por arma de fuego disparada de manera directa.
La situación en la zona es denunciada como crítica, donde se informa la desaparición y posterior asesinato de dos comuneros a mediados de febrero, y que se relaciona con el actual y “continuo patrullaje de hombres armados, presuntos paramilitares en las Haciendas La Emperatriz y el Municipio de Caloto”. Y se agrava por los actos de estigmatización del alcalde de Corinto, Oscar Quintero, quien califica de manera permanente de “terroristas” a las comunidades, y por las amenazas a la vida que se dan a través de “la circulación de panfletos emitidos por grupos paramilitares – Rastrojos y Águilas Negras – anunciando limpieza social y amenazando de manera directa a organizaciones y dirigentes. Quienes tildan a la comunidad y sus dirigentes de ‘Roba tierras’”.

Contradicciones del desarrollo. ¿De qué habla ´Asfaltar Bolivia`?

Servindi, 13 de marzo, 2015.- Ya se encuentra disponible en internet “Asfaltar Bolivia” un documental sobre el conflicto que cambió Bolivia y que explora la contradicción entre extractivismo y territorialidad indígena.
El documental del activista catalán Marc Gavaldá, miembro del colectivo Alerta Amazónica, se enfoca en el conflicto alrededor del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), que se desarrolla a partir de 2011.
Para Diego Andreucci, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), “Asfaltar Bolivia” es una contribución muy importante y necesaria que nos ayuda a pensar el proceso boliviano y sus contradicciones.
“Nos cuenta cómo la hegemonía capitalista, desarrollista y extractivista en Bolivia se ha reproducido a costa de los movimientos sociales emancipadores que trataban de desafiarlas”.
Asimismo “de cómo los protagonistas de una articulación hegemónica de fuerzas anti-imperialistas y anti-neoliberales se han convertido en agentes de desarticulación y represión política y social en defensa del desarrollo y del mito del “progreso” agrega Andreucci.
A continuación reproducimos un artículo sobre el documental del investigador:

El conflicto que cambió Bolivia

Un nuevo documental sobre la disputa por el TIPNIS explora la contradicción entre extractivismo y territorialidad indígena.

Por Diego Andreucci*
“Asfaltar Bolivia”—el último documental del activista catalán Marc Gavaldá, del colectivo Alerta Amazónica —es una historia sobre las contradicciones del desarrollo. “Asfaltar Bolivia” muestra las dificultades para escapar de imaginarios capitalistas y coloniales de modernización y progreso—y la importancia de seguir intentándolo, a pesar de todo.
En las últimas dos décadas, los pueblos indígenas de Bolivia han planteado la necesidad de repensar de manera radical la organización política del país y las relaciones entre sociedad y naturaleza. Fueron las luchas sociales indígenas las que permitieron derrotar al neoliberalismo, ayudaron a Evo Morales a tomar el poder en 2006 y las que más activamente propusieron el paradigma del “estado plurinacional”, que llegó a incluirse en la Constitución en 2009.
El paradigma plurinacional apunta al reconocimiento de la multiplicidad de formas sociales, económicas, políticas, jurídicas y culturales que existen en el país—aunque con varios grados de articulación con el modelo capitalista, liberal y colonial vigente. Es una propuesta política extremadamente innovadora de autonomía indígena y pluralismo radical, dentro y alrededor del mismo estado. Es decir, para repensar el mismo estado como “un mundo donde quepan muchos mundos”, como dirían los zapatistas.
Pero Bolivia es también ejemplo de la gran capacidad del capitalismo y su episteme colonial para defenderse y reproducirse. En estos últimos diez años, desde la derrota del neoliberalismo en 2005, las propuestas para un estado plurinacional con autogobierno indígena no sólo han llegado a convertirse en un discurso hegemónico; también han sido progresivamente vaciadas de su potencial transformador y emancipador, mientras los movimientos que los defendían han sido aislados, marginalizados y reprimidos.
Este excelente documental se enfoca en el conflicto alrededor del TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure), que se desarrolla a partir del 2011. La disputa por el TIPNIS fue un momento clave en Bolivia, en que la contradicción entre desarrollo extractivista y territorialidad indígena—ya latente en los primeros años de Evo—explota y se hace manifiesta e irreversible. A partir este conflicto, el discurso ambientalista, pachamamista y pro-indígena con que Evo Morales se presentaba al mundo se revela como una farsa.
La historia que nos cuenta el documental es aparentemente simple. El gobierno se plantea la construcción de una carretera para unir Villa Tunari, en el trópico de Cochabamba, con la región del Beni, en la Amazonía. La ruta de la carretera pasa por el corazón del TIPNIS, una reserva natural de altísima biodiversidad donde viven también más de 60 comunidades indígenas de los pueblos mojeño, chimane y yuracaré. Los indígenas se oponen a la construcción de la carretera por su posible impacto socio-ambiental y cultural. Pero la preocupación va más allá del impacto directo: abrir un camino en el corazón de la selva implicaría el aumento de las presiones existentes por parte de madereros y cocaleros y a la expansión de frontera petrolífera. Todo esto supondría la desaparición de las comunidades indígenas del TIPNIS y su lógica territorial.
Detrás de esta defensa del TIPNIS no está, pues, un conservacionismo estetizante de la naturaleza y la biodiversidad. Tampoco se puede reducir el conflicto a una mera defensa del acceso de comunidades a sus a medios de subsistencias—aunque esta sea una razón central. Lo que aparece como un clásico conflicto ambiental se convierte, en la coyuntura Boliviana, en un conflicto mucho más amplio entre el extractivismo y el plurinacionalismo como visiones opuestas e incompatibles.
Los intereses extractivistas para que se construya la carretera son muy evidentes. Por un lado, están los colonizadores, concentrados en el llamado “Polígono 7”, en el margen sur del TIPNIS. En su búsqueda de tierra para expandir la frontera agrícola, sobre todo para el cultivo de coca, los colonizadores defienden la propiedad individual de la tierra y tienen visión extractivista de la relación con la naturaleza—muy diferente de la territorialidad indígena.
Por otro lado, parte del TIPNIS también está concesionado para exploración petrolera. Según un estudio del CEDIB , la frontera de hidrocarburos en Bolivia creció siete veces entre 2007 y 2012, siendo las exportaciones de gas la principal fuente de ingresos del estado boliviano. Por el momento, la explotación en parte de la zona amazónica está parada por “estado de fuerza mayor”, por el alto riesgo de conflictos con comunidades. Sin embargo, hay mucha presión para que la frontera petrolífera se expanda en en esta zona. Además de la presión de inversores transnacionales, se teme que las reservas tradicionales de gas del Chaco, en el sureste del país, puedan agotarse en unos pocos años.
La construcción de la carretera facilitaría mucho la explotación de gas y la integración de los recursos de esta parte de la selva boliviana en el mercado mundial. No es casualidad que el proyecto fuera financiado inicialmente por el Banco de Desarrollo de Brasil, un país con creciente presencia política y económica en la región y con mucha influencia en Bolivia.

Caricatura sobre el TIPNIS. Fuente: bolivianthoughts.com

De la articulación a la represión
“Asfaltar Bolivia” narra otro importante aspecto del conflicto: las estrategias discursivas y de represión adoptadas por el gobierno Morales en contra de los indígenas del TIPNIS. Por un lado, se identifica un discurso racista y colonial que representa a los indígenas de la selva como en estado de “pobreza extrema”, por no tener acceso a bienes materiales. Así, la carretera se presenta como una apertura de posibilidades de integración al “desarrollo” y al “progreso”.
Esta lógica colonialista se basa en promover lo que Marx llamaba “ acumulación originaria ”; es decir, separar las comunidades de sus medios de subsistencia y al mismo tiempo crear para ellas la necesidad de acceder a bienes de consumo que solo se pueden adquirir por medio del dinero. Así, los indígenas son forzados a convertirse en trabajadores asalariados o pequeños capitalistas.
Por otro lado, se destaca la represión legal y policial de las organizaciones y marchas indígenas. La “VIII Marcha por el Territorio y la Dignidad” en defensa del TIPNIS, en 2011, fue intervenida violentamente por la policía en la localidad de Chaparina. Fue el más duro enfrentamiento del estado en contra de pueblos indígenas, que sufrieron golpes, maltratos y detención ilegal.
Tras la intervención policial se crea, paradójicamente, un efecto de unión entre los pueblos y organizaciones indígenas del país. La marcha se convierte en un momento fundamental de reacción ciudadana frente a la agresión estatal al territorio del TIPNIS y sus defensores, atrayendo la solidaridad de otras organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional.
Sin embargo, por desgracia, la represión no terminó ahí. Después de la exitosa marcha, el gobierno empieza a ver las organizaciones indígenas como una amenaza política y organiza su desmantelamiento. Se montan campañas difamatorias que definen a los dirigentes indígenas como agentes de la derecha y de Estados Unidos, y se invita a las organizaciones sociales que apoyan al gobierno a enfrentarse a ellas. Además, empieza un proceso de cooptación de parte del liderazgo de las organizaciones indígenas, que culmina con la expulsión de sus sedes y la creación por parte del gobierno de organizaciones paralelas a las dos principales centrales indígenas de Bolivia—la CIDOB y la Conamaq.
Esto marca el fin de las ambiciones plurinacionales del estado boliviano y el abandono de hecho del llamado “proceso de cambio”.
Este documental es, por tanto, una contribución muy importante y necesaria que nos ayuda a pensar el proceso boliviano y sus contradicciones. Nos cuenta de cómo la hegemonía capitalista, desarrollista y extractivista en Bolivia se ha reproducido a costa de los movimientos sociales emancipadores que trataban de desafiarlas; y de cómo los protagonistas de una articulación hegemónica de fuerzas anti-imperialistas y anti-neoliberales se han convertido en agentes de desarticulación y represión política y social en defensa del desarrollo y del mito del “progreso”.
El documental Asfaltar Bolivia es de acceso libre y se puede ver aquí.

Perú: “Existe una segregación institucional que anula la posibilidad de reclamar derechos”

Carlincatura de Carlos Tovar, el popular “Carlín”. Diario La República

- Inusual acuerdo histórico entre indígenas de las cuatro cuencas y el Estado, así lo confirma.
Servindi- “Hoy en el Perú existe una segregación institucional que anula la posibilidad de reclamar derechos”, sostuvo el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, al analizar el enorme padecimiento de las comunidades de las cuatro cuencas amazónicas declaradas en emergencia para poder alcanzar un acuerdo de compensación con el Estado.
“No se trata de casos aislados ni de una fatalidad histórica”, prosigue Ruiz Molleda. “La falta de presencia del Estado es un fenómeno sistemático y masivo, producto en buena parte de decisiones y políticas públicas, de priorizar unos sectores sobre otros y de abandonar otros, en función de determinado interés”.
“Lo que está en juego no es solo el respeto a determinados derechos afectados, sino algo más de fondo: el derecho a pertenecer a una comunidad política”.
Los pueblos indígenas que viven en territorios lejanos y apartados viven una situación de permanente vulnerabilidad en sus derechos y carecen de la posibilidad de ejercer su ciudadanía debido a la ausencia de instituciones públicas que hagan valer sus derechos.
El autor cita a Hanna Arendt quien se refería al “derecho a tener derechos”, que no es otra cosa que el “que tienen todos los ciudadanos a vivir en una sociedad en donde existían instituciones capaces de hacer valer sus derechos”.
“La dignidad y los derechos están en peligro no solo cuando el Estado es demasiado fuerte, sino cuando el Estado es demasiado débil, cuando este ha perdido su capacidad de hacerlos valer”, señala el jurista colombiano Mauricio Rodríguez, citado por el autor.
Lea a continuación el artículo completo de Juan Carlos Ruiz Molleda:

Dirigentes indígenas con presidente regional de Loreto, presidenta del Consejo de Ministros Ana Jara y Eduardo Vega, Defensor del Pueblo. Foto: Diario La Región

El “derecho a tener derechos”, a propósito del acuerdo entre el Estado y las cuatro cuencas de Loreto

Por Juan Carlos Ruiz Molleda
13 de marzo, 2015.- Los apus de las cuatro cuencas del Lote 192 y el Estado acaban de firmar un histórico acuerdo, en el marco del proceso de dialogo desarrollado a propósito de la Comisión Multisectorial de desarrollo de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, creada por R.S. N° 119-2014-PCM, con el objetivo de dar solución a los problemas dejados por más de 40 años de actividad petrolera irresponsable en el Lote 192. El objetivo principal de la Comisión Multisectorial fue dar respuesta a las condiciones mínimas que los indígenas habían planteado al Estado desde un par de años atrás: titulación, remediación, salud, compensación e indemnización(1).
Si uno observa lo que los pueblos indígenas (PPII) exigían y los acuerdos alcanzados, podrá advertirse que en el fondo lo que ellos exigían no solamente es la protección de derechos específicos, como el derecho a la propiedad, el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado, el derecho a la salud, etc.; lo que ellos han exigido es el derecho a contar con un Estado que proteja sus derechos, ser considerados y, sobre todo, ser tratados como ciudadanos.
El derecho a tener derechos de los PPII
Los pueblos indígenas que viven en territorios lejanos y apartados, se encuentran en una situación de permanente vulnerabilidad en sus derechos, debido a que no cuentan con instituciones que los hagan valer. Siguiendo al jurista colombiano Mauricio Rodríguez(2), los PPII carecen de aquello que Hanna Arendt llamaba el “derecho a tener derechos”; es decir, “el derecho a vivir en una comunidad política en donde se reconozcan y protejan tales derechos”. Siguiendo a este autor, ciertamente Arendt tenía en mente a los Estados totalitarios; no obstante, la vulnerabilidad en sus derechos también ocurre no solo cuando hay un Estado fuerte (totalitario) sino cuando hay un Estado débil, es decir, cuando no hay institucionalidad estatal capaz de hacerlos cumplir. Como señala Mauricio Rodriguez, la dignidad y los derechos están en peligro no solo cuando el Estado es demasiado fuerte, sino cuando el Estado es demasiado débil, cuando este ha perdido su capacidad de hacerlos valer(3).
El apartheid “estatal” en que viven los PPII
Mauricio Rodríguez(4) utiliza el concepto de “apartheid institucional” para señalar lo que ocurre en amplias zonas del territorionacional, donde el Estado o no existe o donde es muy débil su presencia y, como resultado, las poblaciones que habitan esos territorios(en nuestro caso los PPII)resultan discriminadas por el hecho de que sus derechos no son reconocidos ni protegidos.
Como bien precisa este autor, la palabra apartheid tiene un fuerte significado discriminatorio y esto se debe a que con ella se designaba una política de segregación racial promovida por el Estadoque tuvo lugar en Sudáfrica. Mediante esta categoría, se dividió a la población en categorías raciales y, en base a estas, se crearon regímenes separados de garantía de derechos.En el caso de los PPII peruanos, podemos utilizar esta palabra para designar un fenómeno diferente pero con resultados discriminatorios similares. Nos referimos al abandono institucional de grandes territorios del país donde viven PPII. El resultado es la segregación de los PPII que viven allí por falta de instituciones estatales.
Lo que han sufrido y sufren los pueblos de las cuatro cuencas NO es un caso aislado. Un porcentaje del pueblo indígena Candoshi murió hace unos años atrás por falta de vacunas contra la hepatitis B, ante la indiferencia del Gobierno Regional de Loreto. Del mismo modo, a pesar de los sistemáticos derrames de petróleo en el Marañón, el Estado y MINSA no ha hecho exámenes toxicológicos y epidemiológicos a los miembros de comunidades nativas kukamas; igualmente, a pesar que saber de la existencia de niveles de metales pesados en la sangre de la población cuzqueña de Espinar por encima de los límites biológicos permisibles, tampoco se les ha brindado atención médica; asimismo; una gran cantidad de comunidades nativas viene pidiendo que se titulen sus territorios, mientras el Estado prefiere guardar silencio;y así podríamos hacer una lista interminable.
Si en Sudáfrica existió una segregación fundada en la prevalencia de un raza, en Perú, en el caso de los PPII, existe una segregación fundada en la prevalencia de ciertos territorios sobre otros: la costa sobre la sierra y la selva, las grandes ciudades sobre el campo, lo urbano sobre lo rural y, sobre esa discriminación, se agrega una discriminación étnica y cultural del Estado a los pueblos indígenas(5).
Si la fuente de la discriminación en Sudáfrica fue el exceso de poder estatala través de la organización institucional de la segregación, la fuente de discriminación en Perú es el déficit de ese mismo poder, lo que entraña una imposibilidad general para hacer efectivo el derecho a tener derechos. Tanto como fue en Sudáfrica, hoy en el Perú existe una segregación institucional que anula la posibilidad de reclamar derechos.
No se trata de casos aislados ni de una fatalidad histórica, la falta de presencia del Estado es un fenómeno sistemático y masivo, producto en buena parte de decisiones y políticas públicas, de priorizar unos sectores sobre otros y de abandonar otros, en función de determinados interés. Ojo: no solo se trata de que el Estado abandone grandes porciones del territorio nacional, sino también del abandono de los millones de peruanos y peruanas que los habitan, en nuestro caso, los PPII.
Un tercio del territorio peruano no tiene presencia estatal(6)
Diversos autores, como Sinesio López, han sostenido que a mayor ruralidad menor ciudadanía, porque hay menos Estado. Sin Estado no hay derechos, pues él es su garante. Para este, en

“un tercio del territorio peruano hay una especie de vacío estatal, lo que abre la posibilidad de emergencia de otras formas de dominación (patriarcal, patrimonial, de bandas armadas, de grupos subversivos, etc.) ajenas a la dominación moderna, racional, legal y burocrática”(7).

Añade que

“la ausencia del Estado se siente en una gran parte del territorio de la sierra y de la selva. En varias centenas de distritos no hay comisarías, las escuelas son unidocentes, no existe personal médico ni centros de salud, no tienen agua potable ni desagüe, no hay luz eléctrica, no existen caminos rurales, la ley y la justicia no llegan a todos por igual. La ausencia del Estado arrastra otras ausencias: no hay mercado ni desarrollo. Existe una relación directa entre ausencia de Estado y falta de desarrollo”(8).

Agrega que

“en las zonas donde no está presente el Estado tampoco existe la ciudadanía. Existen electores, pero no ciudadanos. La ciudadanía civil (que tiene que ver con la libertad individual) es muy frágil y la ciudadanía social (que tiene que ver con el acceso al bienestar que produce el país) brilla por su ausencia. La mayoría de ellos demandan más Estado y más comunidad (son comunitaristas-estatistas) como formas de integración”(9).

El derecho a la protección estatal como ejercicio de ciudadanía
Ante esta situación, Mauricio Rodríguez, postula que las personas que viven en esos territorios, apartados y abandonados por el Estado,“tienen el derecho a invocar la protección estatal, y más concretamente, tiene el derecho al amparo institucional, un derecho al Estadio en definitiva. No a cualquier Estado, por supuesto sino a un estado Social que proteja su dignidad y sus derechos”(10).
En resumen, las poblaciones indígenas que viven en zonas de apartheid institucional están, de hecho, fuera del contrato social. Sus derechos son simplemente nominales, retóricos, no reales. No cuentan con una institucionalidad básica estatal que les permita hacer efectivos sus derechos y, en consecuencia, se encuentran en una situación deelevada vulnerabilidad en sus derechos (11).En las lúcidas palabras de Rodríguez, la calamidad de los sin-estado no es entonces, una simple pérdida de derechos específicos, es más que eso, es la pérdida de la pertenencia a una comunidad que garantiza tales derechos(12).
Así, de vuelta al caso del acuerdo entre el Estado y los apus de las cuatro cuencas, podremos ver que el Estado por primera vez ha cumplido con su función. La razón de ser del Estado es proteger y cuidar a las personas, no abandonarlas a su suerte, tal como hizo –y lo sigue haciendo– con estos pueblos por muchísimo tiempo.El Estado no les ha hecho un favor, no les ha dado regalos ni les ha otorgado concesiones políticas, simplemente les ha dado un amparo institucional a sus derechos, reparar las violaciones a los derechos de los PPII que su misma desidia e indiferencia causaron.
El derecho al amparo institucional está concebido como el instrumento jurídico destinado a incluir en el Estado constitucional a las poblaciones que habitan en zonas de apartheid institucional. Ese es su propósito, convertir a los habitantes que viven como parias en espacios desamparados, como lo de las cuatro cuencas, en ciudadanos de verdad, activos y participantes(13).
El “derecho a tener derechos”, evocado por Arendt, no es otra cosa que el “que tienen todos los ciudadanos a vivir en una sociedad en donde existían instituciones capaces de hacer valer sus derechos”(14). Y eso no es otra cosa que el ejercicio de ciudadanía. Las organizaciones indígenas de las cuatrocuencas (Acodecospat, Feconat, Feconaco y Fediquep) han exigido y han logrado ser tratados como ciudadanos.
Así, lo que está en juego no es solo el respeto a determinados derechos afectados, sino algo más de fondo: el derecho a pertenecer a una comunidad política, esta “especie de supra derecho fundamental inherente a la dignidad humana” (15), derecho del cual carecen buena parte de los PPII en nuestro país, que viven en zonas periféricas del Estado peruano, en donde, como hemos sostenido, las instituciones públicas son sumamente precarias e incluso inexistentes.
Notas:
(1) Respecto a la remediación ambiental el Estado ha señalado: “El Ejecutivo garantiza Remediación ambiental en el Lote 1AB con cargo a operador responsable y subsidiariamente el Estado”. Asimismo, PCM confirma la creación de un fondo “inicial”, “semilla”, de 50 millones de soles”. La matriz de acciones también incluye la realización de un estudio toxicológico y epidemiológico en las cuatro cuencas, así como la implementación de acciones de atención en salud en las cuencas. Educación, proyectos de desarrollo, saneamiento, entre otros ámbitos también forman parte de la matriz de acciones. El Estado calcula que los compromisos asumidos alcanzan los 100 millones de soles. Sin embargo, el apu Alfonso López aclara: “la principal demanda no es dinero, como han criticado algunos, que seguro no saben de nuestra real situación; este es un acuerdo social y ambiental“. Ver http://observatoriopetrolero.org/federaciones-indigenas-afectadas-por-actividad-petrolera-logran-compromisos-del-estado-para-enfrentar-historicos-problemas-sociales-y-ambientales-en-sus-territorios/.
(2) Utilizamos y tomamos prestado las categorías y los argumentos de esta excelente publicación: Mauricio García Villegas y José Rafael Espinosa R., El derecho al Estado. Los efectos legales del apartheid institucional en Colombia, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, De Justicia, Bogotá, 2013.
(3) Mauricio García Villegas, op. cit, pág. 12
(4) Utilizamos y tomamos prestado las categorías y los argumentos de esta excelente publicación: Mauricio García Villegas y José Rafael Espinosa R., El derecho al Estado. Los efectos legales del apartheid institucional en Colombia, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, De Justicia, Bogotá, 2013.
(5) Si alguien lo duda basta mirar La Paisana Jacinta o este video de Alan García:https://www.youtube.com/watch?v=2Vf4WfS5t08.
(6) Ver PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2009: Por una densidad del Estado al servicio de la gente http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/poverty/InformeDesarrolloHumano2009.html.
(7) Ver: http://www.larepublica.pe/columnistas/el-zorro-de-abajo/la-brecha-territorial-y-el-estado-movil-29-04-2012.
(8) Ibídem.
(9) Ibídem.
(10) Mauricio Rodríquez, op. cit, pág. 14.
(11) Ibídem, pág. 155.
(12) Ibídem, pág. 126.
(13) Ibídem, p{ag. 155.
(14) Ibídem, pág. 142.
(15) Ibídem, pág. 39.
—- Fuente: Boletín Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL): http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1571

'Le sacan territorios a los indígenas para entregárselos a las multinacionales'

Por Darío Aranda

Comunidades indígenas de Formosa marcharon por las calles de Buenos Aires. Entregaron petitorios en la Corte Suprema de Justicia, en el Congreso Nacional y en la Casa de Gobierno. Si no hay respuesta en 72 horas, cortarán la avenida 9 de Julio por tiempo indeterminado.

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Movilización Qopiwini en el centro porteño. Foto: Resistencia Qom

Obelisco porteño. Avenida 9 de Julio cortada. Y un grito poco común en el corazón porteño: “Territorio robado, será recuperado”.

Plaza Lavalle. Frente al Palacio de Tribunales. Un mensaje al más alto poder: “Señores de la Corte Suprema, hagan cumplir las leyes nacionales y tratados internacionales que nos protegen”.

Congreso Nacional. Frente de rejas y un mástil muy alto. Y una acción, mezcla de quimera y propuesta a futuro. Izan una Wiphala (la bandera multicolor de los pueblos indígenas) en el mástil principal del Poder Legislativo.

Plaza de Mayo. Ingresan a paso lento un centenar de indígenas. Las vallas frenan el paso. Una pequeña delegación ingresa a la Casa Rosada. Dejan un petitorio en mesa de entradas. Afuera, en la Pirámide de Mayo, el cacique Alfredo Rojas comienza un discurso que durará diez minutos y será todo en idioma wichí. Un contingente de turistas europeos le sacan fotos y lo observan sorprendidos. El cacique dirá sólo cuatro palabras en castellano, en distintos momentos del discurso: Buenos Aires, Presidenta, Justicia y (al final de la alocución) muchas gracias.

Los pueblos indígenas de Formosa marcharon por Buenos Aires. Exigieron el cumplimiento de derechos, señalaron inacción en los tres poderes del Estado y, si no hay respuesta, avisaron: cortarán la 9 de Julio por tiempo indeterminado.

Acampe

Avenida de Mayo y 9 de Julio. Fue el lugar elegido por la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) en 2010 para visibilizar la represión que sufrieron (con asesinatos incluidos). Más de tres meses de acampe, huelgas de hambre y cortes de la 9 de Julio. Lograron una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional. El ministro del Interior, Florencio Randazzo; funcionarios de Formosa, la comunidad qom y organizaciones garantes. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Nora Cortiñas y Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora).

Se firmó un acuerdo. Y, cuando los qom estaban por levantar el acampe, la agrupación kirchnerista La Cámpora llegó con camiones, micros y policías. Intimidaciones mediante, obligó a los indígenas a levantar las carpas y volver a Formosa.

Cuatro años después, la comunidad qom cortó la ruta nacional 86 en Formosa y, sin respuesta, comenzó en paralelo un nuevo acampe en Buenos Aires. En el mismo lugar que en 2010 y con los mismos reclamos: que se consulte y dé participación a la comunidad en las acciones que se desarrollan en el territorio, basta de represión y judicialización, reconocimiento a las autoridades votadas por la comunidad (Provincia y Nación siguen negando el liderazgo de Félix Díaz) y asistencia médica, entre otros puntos.

Qopiwini

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, suele afirmar que todas las comunidades indígenas de la provincia tienen tierra suficiente y que no tienen necesidades. La situación de Potae Napocna Navogoh puso en la vidriera nacional la real situación formoseña.

Desde 2013, Félix Díaz redobló las recorridas por toda Formosa, hizo de puente entre comunidades que no se conocían, promovió encuentros regionales y, en enero pasado, se realizó una gran asamblea en el extremo oeste de la provincia (Ramón Lista). Se coronó el espacio de articulación en una nueva organización: “Qopiwini Lafwetes”. La primera palabra es una sigla (primera sílaba de Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé, los cuatro pueblos indígenas que habitan Formosa). “Lafwetes” es una palabra wichí que no tiene traducción directa, pero significa “la raíz que está bajo tierra, esperando crecer a la superficie”.

48 comunidades forman parte de la organización.

Y muchos de ellos comenzaron a llegar la semana pasada el acampe en Buenos Aires. Ya no se trata sólo de un reclamo de La Primavera. Sino de los cuatro pueblos originarios de Formosa.

“Acá están las comunidades en lucha de Formosa, las que no nos dejamos comprar por el Gobierno”, anuncia Israel Alegre, referente de la comunidad NamQom.

Acampe II

El sol porteño castiga. El asfalto de Avenida de Mayo y 9 de Julio aumenta el calor. La marcha está convocada a las 9, pero se demora. Los líderes indígenas están reunidos, leen el petitorio final. Cada uno lo firma. Hay 26 comunidades representadas. Avisan que muchas no pudieron viajar por falta de dinero para los pasajes y explican que los Nivaclé no tienen DNI, no pueden dejar la Provincia.

Una carpa blanca, de diez metros de largo por cinco de ancho, es el centro del acampe. Adentro hay mujeres indígenas, carpas más pequeñas (tipo iglú) y alimentos.

Una mesa con planillas convoca a adherir al reclamo indígena. Algunos transeúntes ocasionales frenan, leen, preguntan y firman. La mayoría pasa de largo, rápido, al ritmo porteño.

Un prolijo cartel escrito a mano explicita las necesidades: alimentos, agua, fruta, elementos de aseo personal, útiles escolares, zapatillas.

Otro cártel señala la presencia de los cuatro pueblos indígenas y el objetivo: “En este camino estamos juntos por el cumplimiento de nuestros derechos”. En un plástico blanco, otro mensaje, menos poético y más político: “Gobernador Insfrán, deje de perseguir a las comunidades qom”.

10 M

No es el 18F, con el pedido por el fiscal Nisman y los candidatos opositores. Tampoco es el 1M, con el inicio de sesiones del Congreso y las banderas del kirchnerismo. No están presentes los que asistieron a esas marchas y tampoco están los medios que publicitaron y cubrieron con generosos espacios ambas movilizaciones. No se ven móviles de Canal 13 ni de la Televisión Pública. Tampoco hay multitud opositora ni oficialista. El padecer indígena no conmueve a la “gente”, ni a los “ciudadanos” ni a los “nacional y popular”.

La plazoleta de Avenida de Mayo y 9 de Julio está rodeada de policías. Pero el clima es tranquilo.

Jorge Palomo tiene 32 años, es wichí y vocero de la comunidad de Laguna Yema, donde viven 700 familias. Explica que es triste estar en acampando en Buenos Aires, que hay mucho ruido, que extraña la tranquilidad del campo y más extraña a su familia. Tiene esperanza de que la Presidenta los reciba. Viven cerca del Río Bermejo, pero no tiene agua. Tampoco tiene electricidad ni caminos para llegar al pueblo ni título comunitario de las tierras. Hace tres años que envían cartas al Gobernador, pero no tuvieron respuesta. “No queremos estar acá, pero es injusto las necesidades que pasan nuestros hijos”, explica.

A las 11 comienza la marcha. Una bandera-pancarta de un metro de alto y cuatro metros de ancho encabeza la caminata. En letras rojas destaca: “Qopiwini”. La sostienen una decena de líderes indígenas. Entre ellos, Félix Díaz, Agustín Santillán (wichí de Ingeniero Juárez), Alfredo Rojas (wichí de Laguna Yema) y Relmú Ñamku (mapuche de Neuquén).

La caminata promete ser larga. Se visitarán los tres poderes del Estado. Primera parada, la Corte Suprema (Plaza Lavalle). La marcha toma por 9 de Julio, ocupa toda una cuadra, difícil precisar. Seguramente poca convocatoria comparada con movilizaciones porteñas, pero la evaluación cambia con un parámetro de sentido común: hicieron más de 1200 kilómetros para reclamar sus derechos en Capital Federal.

Dos gritos se repetirán durante toda la marcha. “Insfrán/asesino” y “territorio robado, será recuperado”. Flamean las Wiphala, las Wenu Foye (bandera del Pueblo Mapuche, de colores azul, verde y rojo), una insignia roja de Potae Napocna, una color marrón del Pueblo Wichí, una celeste con letras negras de “comunidad wichí”, tres banderas argentinas y una pancarta extensa, blanca y de letras negras: “Devolución de nuestros territorios. Basta de persecución. Juicio y castigo a los responsables de represiones y asesinatos”.

Por Corrientes y 9 de Julio, bocinazos de algunos impacientes. Y, ya en el Obelisco, un grito que nunca se escuchó en el corazón porteño: “¡Pueblo Qom! ¡Pueblo Qom! ¡Pueblo Qom!”.

Cruzan toda la 9 de Julio hacia Cerrito. Toman la diagonal-peatonal y salen a Lavalle. Los saco/corbata y las mujeres de trajecito de oficina miran con sorpresa y hasta con simpatía. Media docena de indígenas se dirige a Tribunales, para dejar el petitorio y pedido de audiencia.

Se ve alguna bandera del Partido Obrero, del MST, de la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires) y de la ONG Conciencia Solidaria.

Israel Alegre, referente de la comunidad NamQom, tomó el megáfono y no duda: “No venimos a pedir, venimos a exigir. Todos los jueces deben aplicar las leyes que protegen a los pueblos indígenas y los tratados internacionales”. Y recuerda la Ley Nacional 26.160 (freno a los desalojos y relevamiento de territorios), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Y apunta a la máxima autoridad del Poder Judicial: “Señores jueces de la Corte Suprema, ustedes son los máximos responsables de que se cumplan las leyes. Actúen de una vez”.

Aplausos cerrados. Y canto de lucha: “Territorio robado, será recuperado”.

El líder qom detalla la injusticia: “Nuestros hijos toman agua de charcos. Los niños indígenas mueren. Eso no es casualidad”.

Poder Legislativo

Una cuadra por Talcahuano y luego por Corrientes, ocupan media calzada. Caminata hasta Callao y giro a la izquierda hasta la puerta del Congreso Nacional. Son las 12:10 del mediodía. Otra comitiva ingresa al Anexo del Congreso y deja el documento con los reclamos.

Un hombre delgado, gorro de visera, camisa de jean, sostiene una caña, de la que flamea una bandera improvisada que dice “Pueblo Wichí”. Saluda con apretón de manos, mira el grabador y se presenta: “Castro José, Colonia El Silencio, departamento de Bermejo”. Hace diez días que está en el acampe, advierte que no le gusta pero afirma que lo hace por sus hijos (de 2 y 8 años). “Es injusto como vivimos. Ni agua tenemos. Estamos cansados de pedir. Nos tienen olvidados”, resume la situación. Vuelve a saludar con apretón de manos, y sigue la caminata.

Pedro Ruíz tiene 42 años y es la primera vez que pisa la Ciudad de Buenos Aires. Es de la comunidad Lote 42, donde viven 78 familias, a cinco kilómetros de la ciudad de Lomitas (centro geográfico de Formosa). Avisa que le gusta el campo, pero se subió a un micro hasta Retiro por un motivo principal: “Vine a ayudar a mis hermanos. Queremos que respeten nuestro derechos”. Habla suave, casi no se lo escucha, la timidez (o quizá la desconfianza) hace difícil la entrevista. Cuenta que tiene cinco hijos, que siembra zapallos, maní y mandioca. Ante la pregunta de qué le diría a la Presidenta, mira a los ojos del periodista y habla con voz fuerte: “Le pediría un aljibe para la comunidad. Con agua podemos vivir mejor”.

Alguien observa que el mástil está sin bandera y alerta a un pequeño grupo. Una Wiphala comienza a ser izada. Dos policías amagan evitarlo pero el jefe del operativo (trajeado) los frena. La bandera de los pueblos indígenas flamea en el Congreso Nacional. Una acción que recuerda una sostenida demanda de las comunidades originarias: que se reconozca el Estado pluricultural, una nación con muchas naciones. Una reivindicación que asusta al conservadurismo, enoja a nacionalistas, interpela a más de un progre y deja en offside a alguna izquierda añeja.

Agustín Santillán, wichí de Ingeniero Juárez (Formosa), hace años que denuncia la violación de derechos. Pero tuvo la mala/buena suerte de detallar las injusticias en el programa de Jorge Lanata en Canal 13 (en 2014). Sobrevinieron, como nunca antes, amenazas e intentos de golpiza. No sonríe cuando lo recuerda, pero tampoco lo lamenta. “Sirvió para que otras provincias conozcan lo que pasa en Formosa”, evalúa. Y explica que está en la marcha por muchos motivos, pero precisa dos: “Que dejen de alambrar nuestras tierras y que los punteros dejen de querer manejarnos”.

Le acercan el megáfono a Félix Díaz: “¿Dónde están los legisladores cuando muere un niño indígena? ¿Dónde están los diputados y senadores cuando reprimen y matan a los indígenas?”. Exige que se respeten los derechos indígenas, reclama respuestas urgentes, lamenta que los gobernantes saquen territorios a los pueblos originarios “para entregárselos a las multinacionales” y reparte críticas sin distinción de colores partidarios: “Hace tres semanas que estamos acampando, pasando necesidades, denunciando violación de derechos humanos. Y ningún candidato se acercó, ni opositor ni oficialista. No estamos en su agenda, pero vamos a seguir luchando”.

Poder Ejecutivo

El sol del mediodía ya castigaba duro. Se notan deserciones en el camino. Hay menos gente en la marcha. Los indígenas siguen firmes.

Caminata por Avenida de Mayo, paso por 9 de Julio, y más caminata en dirección a Casa de Gobierno.

Relmú Ñamku es mapuche de la comunidad Winkul Newen (cerca de Zapala, Neuquén). Está procesada (junto a su compañero, Martín Maliqueo) por resistir un desalojo. Su territorio es preciado por las petroleras. La causa fue elevada a juicio oral. Se defendieron con piedras, pero los acusan de “intento de homicidio”. Pueden ir presos. “Sufrimos como diez intentos de desalojos, palos y balazos, pero no hay ni un policía imputado. A nosotros sí nos llevan a juicio, esa es la Justicia winka (blanca)”, denuncia y explica que acompaña a los indígenas de Formosa porque “están marcando una camino” para todos los pueblos originarios de Argentina.

La marcha llega a destino, la histórica Plaza de Mayo. Las vallas frenan casi a la altura de la Pirámide. Se repite la mecánica: un pequeño grupo ingresa a casa de Gobierno a dejar el petitorio y solicitar audiencia. El resto espera afuera.

Se suceden discursos. Todos rondan los mismos tópicos. Que se cumplan los derechos que el Estado escribió con la mano y a diario borra con topadoras, policías, balas y cárcel. También educación, salud, agua. Derechos básicos incumplidos.

Los marchantes dejan un aviso. Si en 72 horas no hay respuesta, cortarán la 9 de Julio por tiempo indeterminado.

María Luján tiene 12 años. Cabello azabache, remera blanca que dice “Resistencia Qom” y una sonrisa amplia. Cuando ve el grabador intenta una evasiva, pero una mujer mayor le pide que hable. El periodista le pregunta por qué está en Buenos Aires. Se pone seria. Y resume todo en cinco palabras: “Vine a luchar. Queremos respeto”. Y se escabulle entre los indígenas. Otro qom se acerca y aclara: la pequeña María Luján es nieta de Félix Díaz.

Alfredo Rojas (wichí de Laguna Yema) es un anciano, delgado, de pequeña estatura. Camisa celeste, pantalón de vestir gris y alpargatas. Imagen pocas veces vista: un cacique wichí da un discurso en Plaza de Mayo, habla con énfasis, gesticula con los brazos, todo en idioma originario. Frente a la Casa de Gobierno y frente a la Catedral. Los dos poderes que más hicieron para someter a los pueblos originarios, pero no pudieron. El abuelo wichí es la mejor imagen de un grupo indómito, llamado “Lafwetes” (la raíz que crece en idioma ancestral), que no desea cargos en el Estado, no acepta promesas de candidatos, no mendiga derechos ni aplaude discursos de funcionarios.

Los pueblos originarios exigen que se respeten sus derechos. Y, ante la indiferencia de los tres poderes del Estado, prometen solo una cosa: luchar.

Ver también:
Darío Aranda / ComAmbiental: "Territorio robado, será recuperado" (6-6-13) http://www.comambiental.com.ar/2013/06/territorio-robado-sera-recuperado.html

ComAmbiental: A 6 meses de la represión en Formosa: La cronología de la lucha Qom (2011) http://www.comambiental.com.ar/2011/05/6-meses-de-la-represion-la-cronologia.html

www.comambiental.com.ar/2015/03/donde-estan-los-legisladores-cuando.html

“Crisis” U$A-Venezuela: Entre la prepotencia de la Casa Blanca, la demagogia de Miraflores y las reyertas inter-imperialistas

 

Datos y hechos concretos desmienten la afirmación que los intereses “imperialistas” han sido amenazados en Venezuela con la llegada del llamado gobierno bolivariano. Como la realidad revela, las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han profundizado el rol extractivista asignado al país por la globalización capitalista, que junto al capital financiero y especulativo continúan obteniendo grandes ganancias en territorio venezolano. Indicaremos dos ejemplos: el primero se ve en el informe Chevron: La conexión bolivariana (ver http://bit.ly/1AeNjRt), que refleja la fabulosa expansión de esa transnacional de origen norteamericano bajo el llamado “Socialismo del Siglo XXI”; el segundo se evidencia en lo que sucede con el “fracking”, denunciado por el presidente de PDVSA como “arma del capitalismo”, pero usado sin reparos en Venezuela por la petrolera estatal (ver http://bit.ly/1E4AZoi y http://bit.ly/1l0RBr2).

El gobierno de Estados Unidos utiliza la excusa de los derechos humanos para castigar a funcionarios de un régimen que le resulta diplomáticamente incómodo, mientras al mismo tiempo restablece relaciones con el gobierno de Cuba; siendo ambas jugadas casi simultaneas en tanto se busca complacer a distintos factores de poder interno en los U$A. Las sanciones motivaron la respuesta oficial venezolana, exigiendo visado para todas las personas de origen norteamericano con intenciones de visitar el país (como antes Brasil y Bolivia lo establecieron) y la prohibición de entrada a algunos funcionarios norteamericanos. La réplica de la administración Obama fue sobredimensionada: Declarar a Venezuela como “una inusual y extraordinaria amenaza a la Seguridad Nacional y a la política exterior de los Estados Unidos”, activando mecanismos previstos en la llamada Ley de Emergencia Internacional de Poderes Económicos, mediante la cual el presidente puede imponer sanciones de tipo económico sin la aprobación del Congreso. En años recientes, Estados Unidos ha calificado de manera similar a  Irán, Birmania, Sudán, Rusia, Zimbabue, Siria, Bielorrusia y Corea del Norte. Toda una hipérbole que ni el mismo Jefe de Estado norteamericano se la cree. Además, se anuncian sanciones a figuras medias del Estado venezolano soslayando a los más relevantes.

Como libertarios latinoamericanos no podemos dejar de recordar todas las iniciativas de intervención imperialista llevadas a cabo por Estados Unidos contra los países de la región desde el S. XIX. Todas y cada una de ellas - invasiones militares con subsecuentes ocupaciones territoriales, golpes de Estado, financiamiento al paramilitarismo, cobros compulsivos de supuestas deudas, entre las más graves - han originado claro y contundente rechazo desde el anarquismo, repudio que sería el mismo si este tipo de situaciones se repitieran en el futuro contra cualquier área de América Latina.

El gobierno venezolano y su aparato de propaganda nacional e internacional afirman que dicha medida constituye una “declaración de guerra” contra Venezuela y es la antesala de un “ataque militar norteamericano”, muy poco factible. Sin embargo, a pesar de este pronóstico alarmista, Miraflores no toma ninguna acción político-diplomática coherente con lo que pregona, como la ruptura de relaciones, el cierre de sus embajadas y consulados en territorio gringo, o la suspensión de los negocios bilaterales. Por su parte, el presidente Obama aclaró que no se interrumpirán los nexos comerciales, que es bien sabido y documentado lo amplios que son (ver http://bbc.in/1EyLWDP).

Ciertamente, la reacción de la Casa Blanca le es funcional a Nicolás Maduro en tiempos en que la presidencia venezolana tiene los índices de popularidad más bajos desde 1999, cuando el país padece la inflación más alta del planeta y se viene aplicando de manera progresiva un paquete económico que descarga en la población el costo de la crisis. Maduro utilizará el argumento de la “invasión imperialista” como excusa para aumentar la represión, silenciar cualquier tipo de disidencia y aplicar medidas de ajuste estructural, enmascaradas con una retórica antiimperialista para caldear el teatro político y la  falsa polarización, haciendo tiempo para intentar convencer al cada vez mas desconfiado apoyo popular heredado de Chávez sobre las bondades de un proyecto que se jacta de ser socialista pero que, arrastrando los peores vicios de sus supuestos antagonistas, es claramente un capitalismo de Estado. En la solicitud de la ley habilitante “antiimperialista” a la Asamblea Nacional subyace la probabilidad de arreciar las medidas que dejan sobre las espaldas de las mayorías el peso de la crisis, solapando tras declaraciones tipo Cipriano Castro las decisiones urgentes rematando activos nacionales, como el swap o permuta financiera a materializarse con oro del Erario (ver http://bit.ly/1xc0d1q).

Venezuela padece intromisiones de signo imperial, silenciadas por el aparato de propaganda bolivariano pero patentes a quien quiera verlas: la entrega de territorios al capital chino para su explotación y la exorbitante compra de armas a la Federación Rusa son dos ejemplos. En ese mismo orden de ideas, no sería sorpresa si tras esta alharaca de embajadas y cancillerías, se encubre una respuesta preventiva de Washington ante la acción que llevan en diversos frentes de Latinoamérica sus eventuales adversarios por la hegemonía imperial. La real comprensión de la dinámica actual del capitalismo globalizado pasa por entender que si bien en Estados Unidos está el centro de la red de flujos de poder político, económico y financiero, ese rol se cumple en medio de amplias tensiones con otros estados aspirantes al trono o, por lo menos, a una mayor tajada en el pastel de la opresión y la explotación.

Por lo demás y como hemos hecho siempre, desde El Libertario denunciamos a ese sector de la oposición que aplaude cualquier iniciativa proveniente del gobierno yanki y aspira a su intervención más activa y directa en la situación venezolana, como si no valieran las experiencias terribles a las que nos referíamos al comienzo de esta declaración. Ante esa y otras propuestas que se afincan en la tradición estatista nuestra opción es clara: reiteramos la necesidad de la construcción de una alternativa social libertaria enfrentada no sólo al capitalismo autoritario bolivariano sino a la recomposición de los partidos políticos tradicionales – igualmente procapitalistas - y a sus juegos tramposos de representatividad con coartada electoral.

Colectivo Editor de El Libertario – Caracas, 11 de marzo de 2015

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“El Fondo Indígena de Bolivia nunca ha favorecido a los pueblos indígenas”

- Duras críticas formulan organizaciones reunidas en evento “Otro Fondo Indígena es posible sin corrupción”, donde más de 100 personas se reunieron para debatir sobre las irregularidades cometidas en el Fondo Indígena. Aquí reproducimos un artículo crítico sobre el tema.

El Fondo Indígena nunca ha favorecido a los pueblos indígenas

Por Equipo de Comunicación Indígena Originario
- Organizaciones indígenas legítimas de Bolivia realizaron la Cumbre Nacional “Otro Fondo Indígena es posible sin corrupción”, donde más de 100 personas se reunieron para debatir sobre las irregularidades cometidas en el Fondo Indígena.
Las y los presentes compartieron información técnica y administrativa sobre el devenir de los recursos del Fondo Indígena, constituido supuestamente por el 5 por ciento de lo que recauda el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Pero, en los papeles, el FONDIOC solamente recibe el 2,68 por ciento de esta suma.
“El Fondo es nuestro, de los pueblos indígenas, pero ha sido cambiado de rumbo. Con muchos decretos se nos ha cercenado ese 5 por ciento”, dijo Adolfo Chávez Beyuma, presidente de la Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) orgánica.
Hay otra CIDOB, una paralela creada en 2012 por el gobierno del MAS y dirigida por Melva Hurtado. Esta paralela recibe los recursos del FONDIOC, porque obedece cerrilmente a las decisiones del MAS y avala con su firma los desfalcos y proyectos fantasma actualmente investigados por la Justicia.
“El Fondo Indígena requiere una reestructuración administrativa. Se debe desconcentrar, para que los recursos económicos lleguen a las organizaciones de todo el país”, dijo Chávez.
En la Cumbre se evidenció que las tres organizaciones más obedientes al MAS: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB-BS) se quedan con el 76 por ciento de los fondos. El resto va para la CIDOB y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).
Desde 2010 hasta 2014, la CSUTCB recibió arriba de 189 millones de Bolivianos, los Interculturales 173 millones y las Bartolinas 105 millones.
Fueron menos beneficiados el CONAMAQ (que recibió 71 millones de Bolivianos) y la CIDOB más sus regionales, con Bs. 75 millones.
Todos estos datos pertenecen al Fondioc y al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
¿Y el 5 por ciento?
El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígena Originario Campesinos fue creado a pedido de la CIDOB y el CONAMAQ, mediante el Decreto Supremo Nº 28571 de 2005, durante el gobierno breve y “neoliberal” de Eduardo Rodríguez Veltzé.
Según un estudio de la ONG Oxfam, en el periodo 2010-2013 fueron asignados más de 2.200 millones de Bolivianos (aproximadamente 310 millones de Dólares), de los cuales se ejecutó el 66 por ciento, pero solamente la mitad en proyectos productivos.
Según disposiciones normativas, el 45 por ciento de los recursos fueron recortados, a través de decretos supremos y leyes. Una de ellas, la Nº 3791 de 2007, establece que el 30 por ciento del FONDIOC sea desviado para pagar la Renta Dignidad.
En 2008, mediante el decreto Nº 29664, se transfirió el 15 por ciento del Fondo a la UNIBOL. En 2009, 7 millones de Bolivianos fueron entregados al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
De esta manera, el 53,5 por ciento de los recursos fueron destinados a proyectos productivos y sociales comunitarios. El 1,5 por ciento restante fue destinado a gastos de funcionamiento del FONDIOC.
“Los procesos y mecanismos de gestión del Fondo no han logrado aún los niveles de eficacia y eficiencia necesarios, ya que los beneficiarios consideran en todos los casos que la gestión de proyectos es un proceso largo, penoso y costos para las comunidades”, dice el informe de Oxfam.
Y explica que el 1,5 por ciento dirigido a gastos de funcionamiento es “insuficiente. Con ello, las funciones del Fondo Indígena han tenido que centralizarse en la ciudad de La Paz, con sobrecarga de trabajo, con equipo técnico y administrativo muy reducido.
Debido a ello, los procesos burocráticos se han extendido exageradamente en el tiempo y la atención a las comunidades se han reducido al mínimo”, continúa el informe.
Esto se visibiliza en la forma en que son distribuidos los recursos: el 61 por ciento quedan en La Paz y Oruro, probablemente por la cercanía física que tienen con la oficina del FONDIOC, en la urbe paceña.
En definitiva, actualmente el Fondo Indígena dispone del 2,68 por ciento del IDH, casi la mitad del 5 por ciento inicial. Y ese 2,68 por ciento es manejado ineficientemente.
Las y los indígenas exigen que se haga auditoria a todo el 5 por ciento, para saber también cuál ha sido el destino de los recursos quitados por el Gobierno nacional.
“Si ha habido compra de movilidades, esas movilidades tendrían que retornar a los pueblos indígenas. Sobre otros recursos económicos que se han destinado a ministerios que han manejado plata a nombre de los hermanos, es necesario saber con exactitud qué se han hecho. Conminamos a la Comisión de Pueblos Indígenas de la Asamblea Legislativa a que se pronuncie. Es nuestro derecho saber qué está ocurriendo con los recursos del FONDIOC. Y si hay hermanos indígenas vinculados con este mal uso de recursos, tienen que responder ante la Justicia”, dijo el presidente de la CIDOB.
“A los pueblos indígenas nos han robado para usar los recursos en otros temas. Es obligación del Gobierno dar la Renta Dignidad, dar recursos a UNIBOL. Esos funcionarios públicos de Evo Morales deben asumir sus responsabilidades ante la Justicia y no estar repartiendo a su antojo la plata que ha costado a los pueblos indígenas”, agregó Nilda Rojas, arquiri apu mama t’alla del Consejo orgánico.
El directorio del Fondo está compuesto por representantes de ministerios del Gobierno y representantes de organizaciones campesinas e indígenas (aunque la CIDOB y el CONAMAQ orgánicos fueron excluidos de este espacio en 2012).
Desde 2010 hasta agosto de 2013, el directorio aprobó 3462 proyectos. De este total, 1340 están en proceso de ajustes y a la espera de su financiamiento, lo cual evidencia retrasos en la aprobación para el posterior desembolso. Sobre 635 proyectos no existe información.
Hay 592 que encaran “cambios de nombre” y 894 están en plena ejecución, con la transferencia de entre el 50 y 100 por ciento de recursos correspondientes. Solamente uno de los proyectos ha culminado. Con estos números, el grado de eficiencia del financiamiento es del 0,03 por ciento.
La Contraloría del Estado identificó 153 proyectos con irregularidades, que provocarían un daño económico de 71 millones de Bolivianos. Pero esta cifra puede crecer en la medida que avance la investigación.
Desde su creación, el FONDIOC sirvió al Gobierno nacional para presionar a las comunidades de Bolivia, las estaban obligadas a apoyar al MAS si querían recibir recursos para los proyectos productivos que –según la Constitución- merecen las familias indígenas campesinas.
La responsabilidad de estos desfalcos recae sobre ciertas autoridades indígenas campesinas aliadas al MAS y varios funcionarios del Gobierno nacional. La semana pasada, el Ministerio de Transparencia intervino la dirección del FONDIOC. Es decir que este impresionante robo promovido por el MAS será investigado por alguien también del MAS.
Las y los indígenas creen que el Gobierno nacional intentará echar toda la culpa a las y los indígenas, de modo que el MAS siga entregando plata del Fondo de acuerdo a lealtades partidarias.
“Eso es neocolonialismo. Van a culpar a los indígenas, van a decir que ‘los indios se roban el Fondo Indígena’, pero ¿quiénes están ahí? Los mismos ministros de Evo Morales. Se debe esclarecer lo que pasa en el Fondo Indígena caiga quien caiga. Todos los que integran el directorio deben rendir cuentas a Bolivia, porque son recursos de todos los bolivianos. Pero el Gobierno los ha utilizado para dividir a las organizaciones y chantajear con proyectos del Fondo, diciendo en los ayllus que si apoyan a Cancio Rojas no hay proyectos. Pero si apoyan a Hilarión Mamani (del CONAMAQ Paralelo) inmediatamente reciben recursos”, dijo mama Nilda.
“Queremos que se aclare, porque no pueden usar como caja chica al Fondo Indígena, que hasta ahora no ha favorecido a los pueblos indígenas. ¿Acaso es prioridad que pongan canchas de césped sintético en los ayllus? No tenemos para comer, no tenemos para curamos, no hay buena educación, pero tenemos césped sintético en las comunidades”, dijo la autoridad originaria en la cumbre, realizada el 26 y 27 de febrero en la ciudad de Cochabamba.
Descentralización
Las organizaciones consideran que deben visitar cada uno de los proyectos aprobados en el país para conocer su estado, para saber si es un fantasma o si realmente está en ejecución.
“Debemos hacer Control Social entre todos los beneficiarios. Creemos que eso va a dar resultado. Necesitamos avanzar porque tenemos proyectos aprobados a los que debe darse curso para poder ejecutarlos”, dijo Pablo Ibáñez, técnico de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).
En la APG consideran injusta la manera en que se distribuyen estos recursos. Desde que el Fondo existe, esta organización indígena recibió 3.666.818 Bolivianos para sus proyectos, que representan el 0,59 por ciento del total.
“Siempre habíamos planteado que en el FONDIOC haya equilibrio con descentralización. Esto contribuiría a la transparencia, porque tendríamos el control permanente de nuestras bases en el territorio chaqueño”, comentó.
“Ahora nos queda solamente reorientar el Fondo. Creo que debería hacerse un nuevo Decreto Supremo, porque el actual fue hecho con el presidente Veltzé y no está enmarcado en la Constitución. Queremos que la distribución de nuevos recursos sea descentralizada. Así nos fortaleceríamos, porque haríamos seguimiento desde la base, desde el beneficiario mismo, para que puedan acompañar todo el proceso y sepan cómo se hace un proyecto, cómo se ejecuta, cómo se hace la evaluación, con el apoyo técnico adecuado”, dijo el líder guaraní.
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Fuente: http://cambioclimatico.org.bo/website/index.php/modelos-de-desarrollo/pueblos-indigenas/321-qel-fondo-indigena-nunca-ha-favorecido-a-los-pueblos-indigenas

Amazonía: El rostro de tu olvido es la desnutrición y anemia

Por Elmer Antonio Torrejón Pizarro
09 de marzo, 2015.- La historia del Perú ha sido marcada por las paradojas y hemos transitado entre múltiples “booms” como del guano, salitre, caucho, anchoveta, petróleo, gas, entre otros; y lamentablemente muy poco se los supo aprovechar. La Amazonía peruana, es una de esas regiones con múltiples recursos naturales y diversas culturas; potenciales que resultarían un instrumento clave para el desarrollo de esta región históricamente desplazada.
Todavía en nuestra Amazonía hay muchos retos encaminados, como por ejemplo ampliar y mejorar la cobertura de los servicios de salud, nutrición y educación, en una zona donde las dificultades de acceso a sus comunidades son muy marcadas.
El rostro de la pobreza en esta región se materializa en los inadecuados y limitados que resultan ser estos servicios. Tan solo ver a un niño o niña de la selva caminando o en su bote, trasladándose a su escuela muy temprano en un viaje de dos horas, bajo la lluvia o un sol inclemente, con su estómago hinchado y el rostro pálido, síntomas de desnutrición y anemia; tan solo este hecho, nos indica que la Amazonía necesita ser vista con “otros ojos”, con otras estrategias. La intervención del Estado en esta región tiene que priorizar la articulación, bajo un enfoque intercultural, donde el diálogo horizontal entre sectores y comunidades permita el alivio de sus diversas problemáticas.
Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la desnutrición contribuye con la muerte de 2,6 millones de niños menores de 5 años, un tercio del total global. La última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) referida a la desnutrición, presenta resultados auspiciosos y tendencias descendientes de esta problemática a nivel nacional (se pasó de 17.5% en el 2013 a 14.6% el 2014), pero lamentablemente en regiones de la selva como Amazonas, San Martín o Ucayali la desnutrición aumentó en menores de 5 años; por ejemplo, en el departamento de Amazonas la cifra ha aumentado 3.7 puntos porcentuales pasando de 27.1% en el 2013 a 30.8% el 2014, una situación muy preocupante que debería llamar la atención efectiva de las autoridades nacionales, regionales y locales.
Si nos referimos al problema de la anemia en niños de 36 meses a 6 años en regiones amazónicas, la situación es más crítica porque departamentos como Amazonas, Junín, Loreto, Madre de Dios, San Martín o Ucayali presentan un promedio de anemia del 60%, muy superior al promedio nacional que alcanza el 46.8%. En Amazonas la anemia el 2011 era de 41.7% y esta cifra se incrementó al 60% aproximadamente el 2014, donde los principales afectados son los niños y niñas de las comunidades nativas y campesinas del departamento.
En lo concerniente a la educación, la última Evaluación Censal de Estudiantes del Ministerio de Educación realizada a niños y niñas de segundo grado de primaria, muestra resultados auspiciosos para regiones amazónicas. En Amazonas, Madre de Dios o San Martín el nivel de comprensión lectora ha mejorado para el 2014 en 12.3 puntos porcentuales en promedio si se tiene en cuenta el año anterior; aunque todavía en casi todos estos departamentos el nivel de comprensión lectora está por debajo del promedio nacional que es 43.5%. Sobre los niveles de logro en matemática el Censo indica que en Amazonas y Madre de Dios existieron avances auspiciosos. En Amazonas se mejoró 11.3 puntos porcentuales pasando de 23.8% en el 2013 a 35.1% el año pasado; y en Madre de Dios se mejoró 11.7 puntos porcentuales. Tanto en comprensión lectora y matemáticas dos departamentos amazónicos (Loreto y Ucayali) cuentan con los peores indicadores educativos.
Como se observa hay grandes desafíos y brechas que cumplir y cerrar para un sostenible desarrollo amazónico, todavía sus departamentos están sumergidos en el olvido. Es de suma necesidad no desmayar en los esfuerzos para contribuir a mejorar la nutrición y educación. Nuestro departamento es todavía una de las tres regiones más pobres del país y el actual Gobierno Regional, en lugar de desperdiciar el tiempo en contratos “ensombrecido de irregularidades” y el “pago” de favores políticos a sus seguidores “limitadamente preparados” para gestionar; deberían dedicarse a construir y fortalecer estrategias de intervención a nivel de salud, educación y seguridad alimentaria de esos niños y niñas de Condorcanqui, Cruz Pata o La Jalca que conviven cada día con la anemia y  desnutrición.
Allí un gran desafío para usted señor Presidente Gilmer Horna, su origen de cuna humilde, será un aliciente para que no desaproveche el tiempo y priorice la solución de estas problemáticas. Amazonas y sus niñ@s se los agradecerán.

Desajustes entre conservacionistas e indígenas en el terreno

La selva solía ser de los bakas, pero ya no. Andamos por ella, según la estación, pero ahora tenemos miedo, coincidieron integrantes de la comunidad baka de Camerún. Crédito: Survival International.

Por Lyndal Rowlands
IPS- Indígenas y defensores de la vida silvestre tienen objetivos y adversarios en común, pero parecen tener dificultades para coordinar la lucha por un uso sostenible de los bosques, según muestran diversas experiencias y estudios.
Un ejemplo es lo que sucede con el modo de vida de los pigmeos baka, en Camerún, que ayuda a preservar un hábitat mejor para los animales salvajes.
Cuando ellos limpian una parte del bosque, el claro se vuelve una espacio secundario preferido por los gorilas, dijo Mike Hurran, del capítulo africano de Survival International, al ser consultado por IPS.

“Cuando el tráfico de vida silvestre y el comercio de carne de animales salvajes hace que su número disminuya, los primeros que sufren son los pueblos indígenas que los necesitan para su supervivencia”: James Deutsch.

“Cuando recogen el ñame silvestre que crece en el bosque, siempre dejan una parte de la raíz intacta para que se propague por el bosque, pues le encantan a los elefantes y cerdos salvajes”, indicó.
Tienen “códigos sofisticados sobre conservación” y han vivido de manera sostenible por generaciones siguiendo “el camino de sus ancestros”.
Pero la selva donde viven los bakas está sometida a varias presiones: la tala, la minería y la caza furtiva.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el negocio del tráfico de vida silvestre asciende a unos 23.000 millones de dólares al año, lo que supone un riesgo para las especies en peligro y arruina las oportunidades de lograr un desarrollo sostenible.
En el terreno, luchar contra los delitos que atentan contra la vida silvestre es cada vez más difícil. Los cazadores furtivos, respaldados por las mismas organizaciones criminales internacionales que trafican drogas y personas, emplean técnicas cada vez más sofisticadas.
Además, los bosques sufren una presión cada vez mayor por la explotación de recursos. La minería y la tala destruyen los hábitats e instalan a miles de trabajadores que también cazan, comen y comercializan animales salvajes.
“Cuando el tráfico de vida silvestre y el comercio de carne de animales salvajes hace que su número disminuya, los primeros que sufren son los pueblos indígenas que los necesitan para su supervivencia”, explicó a IPS el vicepresidente de Wildlife Conservation Society, James Deutsch, quien también es estratega para la conservación.
Deutsch dijo que los conservacionistas y los pueblos indígenas tienen adversarios en común en las organizaciones para delinquir y en la industria extractiva.
A Survival International le preocupa que aunque los conservacionistas han expresado en los últimos años un mayor compromiso para trabajar con las comunidades indígenas, no siempre se cumple en el terreno.
“Lo que hacen los escuadrones que combaten la caza furtiva, y por extensión las organizaciones conservacionistas que los financian, es concentrarse en los más débiles, los que cazan para alimentar a sus familias, como lo vienen haciendo desde hace generaciones”, explicó Hurran.
“Las brigadas que hace cumplir las leyes sobre vida silvestre pueden ser corruptas o no tienen mucho respeto por los derechos humanos de pueblos autóctonos, como los bakas”, indicó.
“Nos dijeron que aun cuando cazan en zonas especiales con técnicas reconocidas como tradicionales y legales y cazan solo para su consumo, no para vender, a veces les confiscan la carne, los hostigan y los golpean”, añadió.
Survival International mencionó a organizaciones internacionales específicas que financian a las brigadas contra la caza furtiva, entre las que se encuentra el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en Camerún.
En una declaración entregada a IPS, WWF señala: “En el terreno, promover el estatus y los derechos de las comunidades indígenas a la vez que se protegen los recursos vitales para ellos y la comunidad global es extraordinariamente difícil”.
La organización reconoce que los parques necesitan gente, y que modelos como la Gestión Comunitaria de Recursos Naturales, perseguida por WWF desde hace años, ha permitido que muchos de ellos estén poblados.
“WWF está abierta a la colaboración en estos temas. (La organización) se compromete a ayudar con la investigación de la Comisión Nacional para la libertad y los Derechos humanos de Camerún sobre las presuntas violaciones perpetradas por Ecoguards y militares, y revisar la experiencia de campo y nuestras actividades de apoyo a los bakas y a la protección de los bosques”, señala.
Deutsch también coincidió en la necesidad de colaboración, pues se necesita una mayor asociación entre organizaciones de derechos humanos y defensoras del ambiente para atender los complejos desafíos que supone la conservación.
Survival International también dijo que Wildlife Conservation Society financia brigadas contra la caza furtiva similares en el Congo.
“Los conservacionistas deben comprometerse a asociarse con los pueblos indígenas porque es la única forma en que podamos encontrar un futuro para la vida silvestre. Pero también para hacerlo de forma que se respeten los derechos humanos y las comunidades tradicionales”, remarcó Deutsch, quien durante 11 años dirigió programas de la Wildlife Conservation Society en África.
También dijo que las soluciones no eran simples y requerían perseverancia y trabajar con las comunidades en el terreno.
Un aspecto en el que coinciden es en la falta de leyes nacionales e internacionales que protejan a los pueblos indígenas.
La declaración de WWF señala que entre las complicaciones se destaca la “falta de reconocimiento legal o en la práctica del derecho consuetudinario y la falta de conocimiento, compromiso e infraestructura necesaria para respaldar la agenda internacional de derechos humanos”.
Survival International también reconoce que las leyes nacionales e internacionales deben ofrecer una mayor protección a las comunidades indígenas, tanto en el papel como en la práctica.
“Los criterios que deben cumplir los bakas para poder cazar de forma legal son muy estrictos e irreales, por lo que suelen ser considerados cazadores furtivos, cuando no lo son”, explicó Hurran.
“Para muchas comunidades y pueblos indígenas, el uso sostenible de la vida silvestre y de la flora con fines medicinales y de alimentación es fundamental para su supervivencia”, explicó el director del Grupo de Desarrollo Sostenible del PNUD, Nik Sekhran, en el marco del Día Mundial de la Naturaleza, el 3 de este mes, en la sede del foro mundial.
Los beneficios económicos del turismo salvaje suelen identificarse como una de las razones importante para apoyar la conservación de la vida silvestre en los países en desarrollo. Sin embargo, los ingresos por esa actividad no siempre llegan a las comunidades más pobres.
“Es un desafío particular para muchos pueblos de cazadores recolectores”, subrayó Deutsch.
“Hay muchos casos en que se fomenta el turismo salvaje con la intención de beneficiar a los cazadores recolectores y, aun así, es difícil asegurarse de que reciban los beneficios porque tienen menos posibilidades para lidiar con la resultante melé por los recursos”, añadió.
Editado por Kitty Stapp / Traducido por Verónica Firme
__ Fuente: IPS: http://www.ipsnoticias.net/2015/03/desajustes-entre-conservacionistas-e-indigenas-en-el-terreno/