Federaciones indígenas reconocen a Pedro García como “hombre puente fraterno”

Servindi.- Tres federaciones indígenas amazónicas expresaron su profundo pesar por el fallecimiento del abogado Pedro García Hierro, a quién reconocieron como un hombre “que fue puente fraterno entre lo mejor de la cultura occidental y la vida plena en nuestras comunidades amazónicas”.

Las federaciones reconocieron “en gran asamblea” su labor como “jurista, escritor, pensador, guerrero, abre caminos, y como articulador y promotor de un sinnúmero de esfuerzos por conquistar Buen Vivir”.
El mensaje fue suscrit0 por la Federación de Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP), la Federación Nativa del Río Corrientes (FECONACO) y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (ACODECOSPAT).
A continuación el comunicado:

No perdamos la huella de nuestro hermano Pedro García Hierro Las federaciones indígenas FEDIQUEP, FECONACO y ACODECOSPAT, sus comunidades y equipo de asesores, expresan su profundo pesar por el fallecimiento de nuestro hermano Pedro García Hierro “Perico”, quien hizo de su invalorable vida una reunión fraterna y comprometida con los pueblos indígena amazónicos, un ejemplo de integridad, respeto, persistencia inagotable y tantas otras cualidades que se aprecian en personas imprescindibles como él. Este mensaje es un agradecimiento a Perico, a la fuerza, corazón y pensamiento que nos entregó, a la visión profunda de la cual fue parte y a los sueños que junto a nosotros soñó y vivió. Este mensaje además quiere ser un reconocimiento más, un reconocimiento en gran asamblea, a su labor como jurista, escritor, pensador, guerrero, abre caminos, y como articulador y promotor de un sinnúmero de esfuerzos por conquistar Buen Vivir, un hombre que fue puente fraterno entre lo mejor de la cultura occidental y la vida plena en nuestras comunidades amazónicas. Ofrecemos además un saludo especial a las personas que estuvieron junto a Pedro, a su señora esposa, que es una hermana nuestra del pueblo awajun, a su dedicada hermana y familiares que le asistieron, a sus amigos y amigas de principios inquebrantables, y al gran árbol de hermanos y hermanas indígenas que vemos en él un buen ejemplo. Un saludo y reconocimiento especial a Perú Equidad, institución donde Pedro se desempeñaba como director; los amigos y amigas de “Equidad” estuvieron con él en toda hora, con el corazón en la mano y con el mejor recuerdo cotidiano de un Perico divertido y comprometido, trabajador meticuloso y de rigor. Un nuevo abrazo a Perico. Queda de nosotros no perder su huella. Cuando un luchador muere, nunca muere. Iquitos, 15 de julio de 2015.

Perú: Inician contacto “controlado” con indígenas en aislamiento como decisión de Estado

Foto: FENAMAD

– Viceministra de Interculturalidad Patricia Balbuena sostiene que el Ministerio de Cultura “ya no puede seguir las reglas del no contacto” e informó que equipo de intérpretes y traductores “realiza trabajo de campo”.
Servindi, 17 de julio, 2015.- A pesar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda el respeto del principio de no contacto, el Ministerio de Cultura informó el jueves 16 acerca del inicio de un “plan de contacto controlado” con los grupos indígenas de la etnia Mashco Piro en el departamento de Madre de Dios.
Detalló que un equipo de intérpretes y traductores del Ministerio de Cultura “realiza un trabajo de campo con las comunidades de Mashco Piros, a fin de conocer más sobre sus inquietudes”, informó la agencia oficial Andina.

La viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena, informó que la decisión a nivel de Estado se adoptó debido a los reiterados avistamientos y encuentros entre indígenas aislados y comunidades en Madre de Dios.
Indicó que la finalidad es tener más información sobre las causas que han impulsado a estos grupos a salir de su aislamiento.
Balbuena detalló que durante el 2014 se han registrado 70 avistamientos y en lo que va del presente año se ha reportado cinco ingresos a poblaciones por parte de estos indígenas en contacto inicial.
“En esta situación estamos frente a una realidad en la cual existen elementos para poner y mirar el objetivo principal que tenemos que es salvaguardar su vida y su integridad. Y eso no la podemos garantizar si no entramos en una lógica de contacto controlado”, anotó Balbuena.
La viceministra dijo que una intervención sin control podría terminar en que estas personas de contacto inicial sean seriamente afectadas por el tipo de contagio que puede haber de los propios comuneros o de otros actores.
La funcionaria reveló que actualmente existen reportes de la existencia de aproximadamente 5,000 personas indígenas en condición de aislamiento o de contacto inicial en todas las regiones amazónicas.
Destacó que el Estado peruano, por primera vez, asume el reto de adoptar medidas para tener un “contacto controlado” con estos pueblos, pero sin afectar su autodeterminación de mantenerse en aislamiento.
“Hemos constatado que tenemos una situación particular que tenemos que abordar. Y es que esta familia o clan que ha salido, en realidad pareciera que no se está moviendo, [sino] que se está asentando en esa zona”, expresó.
“La permanencia y el número de salidas de esta población lo que está haciendo es someternos a un riesgo que el Ministerio de Cultura no puede controlar por la cantidad de actores en la zona”, subrayó.

Transgresión del principio de no contacto

La decisión del Ministerio de Cultura colisiona con las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el documento: Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Ampericas: recomendaciones para el pleno respeto a sus derechos humanos.
El texto publicado el 30 de diciembre de 2013 recomienda:

No contacto 19. Adoptar acciones dirigidas a asegurar el respeto y garantía del principio de no contacto de los pueblos en aislamiento por parte de cualquier persona o grupo, considerando la adopción de zonas de protección, así como la prohibición y sanción apropiada del contacto forzado, incluyendo el de organizaciones religiosas.

20. Tomar todas las medidas necesarias para asegurar que no se realicen en la práctica actividades ilícitas, incluido el narcotráfico y la extracción ilegal de recursos naturales, entre otras, en territorios con presencia de pueblos indígenas en situación aislamiento voluntario o contacto inicial, y respetar el principio de no contacto en el control de dichas actividades ilícitas.

En el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la sesión realizada en el 2014, la CIDH  expresó su preocupación por asegurar se implementen de forma efectiva los mecanismos de protección, se adopte el principio de no contacto y se opte por la interpretación que optimice la protección de los derechos humanos.
En aquel reporte afirma: “La CIDH enfatiza que toda medida que pueda afectar los derechos de los pueblos en aislamiento debe adoptarse en atención al principio pro persona y asumiendo el principio de no contacto como condición fundamental”.
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Con información de la Agencia Andina: http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-iniciaran-contacto-controlado-indigenas-avistamiento-inicial-565947.aspx

Chiapas, México, el Mundo. (fragmento del texto “Una Guerra Mundial” (mayo-junio 2015), del SupGaleano, en “Nuestra Mirada a la Hidra”, parte II del volumen I de “El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista”)

Primero nos llamó la atención la bulla de protestas e inconformidades en las redes sociales.  Luego lo que lograba colarse en las páginas de la prensa de paga independiente.  Entonces un equipo de Tercios Compas fue enviado a confirmar o descartar datos.
Si con su cámara toma usted una serie de imágenes “in situ” de una de las principales ciudades del suroriental estado mexicano de Chiapas, se dará cuenta del desorden, el abandono y el caos que reinan.
Pero si, en el tiempo, le da “zoom out” a su larga-vista, empezará a notar una cierta lógica y un orden dentro de ese caos.
Ahora bien si combina usted una vista panorámica en tiempo y espacio, tendrá una imagen bastante cercana a la realidad.  No a la que está representada, sino a la que se refiere a la genealogía de esa imagen.  Es decir, vea que la imagen incorpore el antes, durante y después.
Tomemos por ejemplo la ciudad capital de Chiapas, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.  Fundada originalmente por zoques, conquistada luego por los mexicas, fue nombrada por éstos “Tochtlán”, “lugar o casa de los conejos” o “donde abundan los conejos”.  Luego fue “Tuchtlán”.  La conquista española castellanizó la palabra y la hizo “Tuxtla”.   Luego tomaría el apellido del general Joaquín Miguel Gutiérrez Canales.  Durante un tiempo le disputó a San Cristóbal de Las Casas el dudoso honor de ser la capital del estado.
En la imagen que usted captura hay de todo, menos coherencia: supuestas obras urbanas, realizadas sin ton ni son, sin señalamientos, sin rutas alternas; calles que de tales sólo tienen el letrero que las nombra; grandes espectaculares donde el “rubio de categoría”, Manuel Velasco Coello, o alguno de sus cómplices reiteran que sí cumplen, mientras las principales vías de comunicación estaban o están destruidas.
Si usted se toma el tiempo de recorrer las calles de la ciudad, notará esa irracionalidad y le llevará a pensar que sí, que realmente se necesita ser un imbécil para realizar esas obras así.  Incluso podría usted pensar que quienes gobiernan Chiapas no son sino una bola de imberbes púberes e idiotas jugando, y mal, a Simcity en la ciudades de Tuxtla, San Cristóbal y Comitán.  Y no le faltarían ni razón ni argumentos.
Las “obras de urbanización” han hecho quebrar decenas de pequeñas y medianas empresas; han arrojado al desempleo a miles de chiapanecos; han provocado accidentes mortales, y son responsables de más de una desgracia en hogares chiapanecos por el retraso en el tránsito de ambulancias.  Los daños “no cuantificables” en vehículos y en tiempo son muy grandes.
Es más, las únicas pequeñas empresas que han sobrevivido a esta guerra urbana son las vulcanizadoras, las distribuidoras de llantas y amortiguadores, y los talleres mecánicos.  Las obras viales que ya se terminaron son flanqueadas por letreros de “se vende”, “se renta”, y por edificaciones abandonadas y flamantes construcciones nuevas.
Sería cómico si no fuera trágico.
Si usted platica con algún mediano o pequeño ex-empresario y éste le cuenta cómo se opusieron, acicateados por el gobierno municipal y estatal, a las movilizaciones del magisterio democrático, ahora le dirá:
“Hicimos el ridículo.  Nosotros protestando porque las marchas y bloqueos de los maestros hacían bajar nuestras ventas, y resulta que con sus obras el gobierno nos hizo quebrar.  Mire usted, todo ese circuito era de pequeño y mediano comercio y todos quebraron.  Ahora hay empresas extranjeras y abundan las franquicias.  La ciudad se cerró literalmente, como si estuviera sitiada, pero no fueron los maestros, ni los zapatistas, fue el gobierno.  Sí, los maestros bloqueaban unas horas, un día, una semana.  El gobierno cerró el transito en la ciudad por casi un año y en algunas partes todavía no se puede transitar.  Dígame usted, ¿qué comercio o empresa puede aguantar tanto tiempo?  Pues sólo los grandes, los que tienen capital para aguantar la baja de ventas.  O quienes se endeudan tanto que ahora están trabajando para pagarle al banco el préstamo que les hizo para trabajar.  Sí, absurdo.  Ahora se trabaja para pagarle al banco que nos presta para trabajar para pagarle.  Tuvimos que cerrar, despedir, vender.  Mire, ese lugar donde ahora hay una franquicia, fue de mi familia por décadas.  Y siempre nos dijeron que teníamos que tener miedo de los revoltosos, luego de los maestros, luego de los zapatistas, luego otra vez de los maestros, siempre de los maestros.  Porque nos querían robar lo nuestro, romper, saquear, arruinar.  Así nos dijeron.  Y quienes al final nos robaron, nos rompieron (señala la calle rota, peor que camino de terracería), nos saquearon y nos arruinaron, fueron los gobernantes.  No importa de qué partido.  Aquí han dicho que son de PRI, de PAN, de PRD, de Verde Ecologista, de lo que se les venga en gana.  Pero siempre son los mismos: los Sabines, los Velasco, los Albores, los Orantes.  Un día son de un color y otro día son de otro color.  Y nosotros de babosos poniendo nuestros cartelitos de “Demandamos la aplicación del Estado de Derecho” para que el gobierno pudiera reprimir alegando que nosotros lo exigíamos.  ¡Y quien nos acabó de amolar fue el mentado “Estado de Derecho”!  ¿Denunciar?  ¿Dónde?  Si los medios locales están bien comprados y los nacionales pues también se llevan su parte.  Sí, hay alguno que otro local que sí se arriesga y saca algo, pero nada o poco pueden contra los grandes medios, que ni son tan grandes, y son como los portavoces del gobierno en turno: antes fueron Alboristas, luego Mendeguchiistas, luego Sabinistas, y hoy son Velasquistas, y mañana lo que sea pero siempre son y serán unos sinvergüenzas.  No, no hay problema, a mí qué me importa que ponga usted que soy de la CANACO local, si el problema grave que tengo es cómo pagar las deudas con el banco.  Ya vendí todo y no me da, y no hay para dónde jalar.  Tanto miedo que tuvimos a los pobres y fueron otros más ricos y el gobierno los que nos jodieron.
   Ándele, dé una vuelta por donde sea.  Verá usted que no le miento.  Hay letreros anunciando que el gobierno pavimentó tal calle y ni escombro le pusieron a los baches.  Un fraude, un fraude total.  Nosotros con el miedo a los de abajo, y nos vinieron a conquistar los de arriba de otros lados.  ¿Empleo con las nuevas empresas?  Mentira.  Esas empresas ya vienen con su gerente, administrador, contador, jefe de piso.  Si acaso contratarán al que cuida el estacionamiento.  Ni la limpieza local contratan.  También llegan empresas de seguridad y limpieza de otros lados.  Esta ciudad ya no es lo que era, ya no volverá a serlo.  Está peor.  Cada vez es menos chiapaneca”
En efecto, la ciudad capital cambia de rostro: en lugar de sus empresas originales, aparecen por donde quiera nombres de franquicias y grandes comercios.  En los centros comerciales, las pequeñas empresas que tienen un diminuto local cierran casi inmediatamente y son suplidas por otras.  En los cruceros un ejército de limpiaparabrisas, vendedores ambulantes de lo que sea, se agolpan en torno a los vehículos pidiendo aunque sea una moneda.  La imagen se repite en las otras ciudades chiapanecas… y en el resto del rostro urbano del país.
¿Son torpes e imbéciles quienes aquí gobiernan y por eso este caos?
Sí, lo son.
Pero el desorden urbano y de asentamientos no se deben a esa estupidez común, aunque con siglas y colores cambiantes.
Lo que ha ocurrido y está ocurriendo aquí es una destrucción propositiva.  No viene el plan del muy limitado coeficiente intelectual de quienes dicen gobernar (o aspiran a hacerlo), de su ilimitada ambición para robar, de su ancestral corrupción.  Viene de más arriba.  Éstos que gobiernan son sólo administradores que se llevan una tajada por la destrucción, y otra tajada por la reconstrucción.  Las grandes empresas inmobiliarias y las usureras, donde también aparecen los nombres de la clase política local, esperan a que las obras urbanas, propositivamente lentas y sin lógica racional alguna, desquicien la frágil economía local y obliguen a la “gente bien” local a vender.  Esperan luego a que las obras se concluyan a su contentillo.  Y zas: lo que compraron a diez, ahora vale mil.  Claro, hay que darle algo a la autoridad, la que está con cargo y la que busca puesto.  ¿De dónde si no para la publicidad y para la compra de votos?
Una verdadera conquista se ha realizado y el empobrecimiento resultante ya no es sólo de indígenas, ni sólo de trabajadores y colonos.  Ahora una adelgazada clase media debe elegir entre la burocracia gubernamental o partidaria, el empleo mal remunerado, o el exilio.
Pero no es sólo en Chiapas.
En México los analistas de arriba se mesan sus cuidadas cabelleras viendo cómo las reformas, tan aplaudidas por ellos, lo único que han logrado hasta ahora es desordenar más la ya caótica economía nacional.
Se quejan, por ejemplo, de que la reforma energética no haya traído las mieles inmediatas que prometían.  Pero las reformas tenían precisamente ese objetivo: desordenar y destruir.
La reforma energética, por ejemplo, no es sino el clarín de arranque para una enloquecida carrera para el despojo.  Y no hablamos sólo de los territorios bajo custodia de los pueblos originarios.  Nos referimos también a los fondos de retiro, es decir, las pensiones de la clase trabajadora.
En fin, se entiende que allá arriba todavía haya quien crea que en las reformas está la salvación de México.  O que es sólo la venta del patrimonio nacional.
Pero abajo debe quedar claro que el objetivo de las reformas es acabar de destruir lo poco que queda en pie… para que sea reconstruido y repoblado.
La guerra urbana que ha modificado el “rostro” de las ciudades no sólo tiene como objetivo los terrenos y construcciones.  Los servicios son el plato fuerte.  El suministro de agua potable es manejado con calculada perversidad: la escasez alienta el surgimiento de empresas de pipas de agua que desplazan a las tradicionales y van monopolizando paulatinamente el mercado.  Así como con el agua: el transporte, las comunicaciones, la seguridad y hasta la basura.
Y aquí una acotación: el argumento falaz que suele “sostener” la necesidad de la privatización de los servicios es que así mejorará el servicio, será más barato y de mejor calidad.
No hay un solo caso que respalde esa afirmación.  Todos los servicios privatizados son más caros, de peor calidad y con pésima atención.
Acostumbrada a que la pobreza y la desgracia siempre pertenecían a otra geografía o a otro calendario, la mal llamada clase media comienza a darse cuenta de que su lugar está cada vez en las víctimas y no en los espectadores (en el papel de verdugo nunca, aunque suspire por estarlo).
El proceso de urbanización, lento si fuera racional, es ahora una locura.  Como si una guerra estuviera operando y, en lugar de blindados, fueran las maquinarias de construcción las que, paradójicamente, destruyeran.  Si un razonamiento lógico sería: crea los servicios y después urbaniza; la realidad es lo contrario: urbaniza y ya luego ve lo de los servicios.
Aquí usted puede elegir: atribuir este caos a la impericia, la corrupción  y la torpeza de quienes gobiernan; o a un caos administrado para luego reordenar.
La primera opción hará que la mayoría de la población busque cambios en los colores, con la esperanza de que llegue al gobierno alguien que no sea tan estúpido, tan ladrón y tan torpe, y que las ciudades recuperen la imagen idílica del pasado.  Ese ayer donde los problemas estaban fuera y el hogar no era también una prolongación de la pesadilla.
En esta opción aparecerán los mismos apellidos de la clase política, aduciendo experiencia y madurez, pero bajo nuevas siglas.  Y como las decisiones son sobre colores y promesas pues, bueno, si falló el rojo, vayamos al azul, al verde, al café, al naranja, al que vaya apareciendo con lo viejo ahora vestido de nuevo.
Aquí el problema es administrativo.  Así, los problemas sociales no son por un sistema sino por una mala administración, o corrupta, o torpe, o, como en México, con los tres calificativos.
Para esta apuesta de supervivencia hay calendarios.  Cada período usted puede intentar un cambio de color, a ver si ahora sí.  Pero la vida sigue su curso y las necesidades básicas no se sujetan a los calendarios electorales.  Entonces usted acude a quien le ofrece resolver lo inmediato, aunque eso incluya la ruina de su futuro.
Entonces usted entiende que el común de la gente reaccione así.  O no lo entiende y la considera ignorante, falta de dignidad, de conciencia, de vergüenza.
Así decide participar o no.  Con inflamada pasión, usted hace suyo el color como si el de un equipo deportivo se tratara.  Acude al juego, grita y se desgañita.  Termina el juego, gana quien gana, pierde quien pierde, y la vida sigue su curso.  Así hasta el siguiente juego.
No se trata de juzgar, sino de entender.  Y aquí está un problema que requiere del pensamiento crítico, aunque ya no sólo se trata de llegar a un conocimiento científico, sino de definir una estrategia de resistencia, de supervivencia, de vida.
Los problemas sociales, ¿se deben a una falta de capacidad administrativa, de oficio político, de probidad, de visión de Estado?  ¿O son consecuencia ineludible de un sistema social?
Es decir, las decisiones fundamentales, las que orientan el rumbo de una sociedad digamos nacional, ¿siguen en la esfera del Estado, del gobierno, de la administración pública?
Incluso los paliativos, los consuelos del “corto plazo”, ¿son posibles?
En buena parte del mundo, el problema ha sido ubicado en la administración pública.  Y es casi unánime el diagnóstico de que se trata de un asunto de corrupción de los aparatos gubernamentales.
Pero aquí el asunto es que, para disputar el combate a la corrupción, no hay una bandera definida políticamente.  Contra la corrupción administrativa está la derecha, la izquierda y la política “independiente”.  Todos se afanan por ofrecer probidad y honestidad… y todos terminan por ser alcanzados por algún escándalo.
Y aquí viene una pregunta fundamental, pensamos nosotros, nosotras, zapatistas: el Estado Nación, es decir, el Estado tal y como lo conocíamos, ¿ha permanecido intocado en la guerra del sistema?
¿O estamos frente a un holograma, una imagen de lo que fue, una figura de cartón piedra donde distintos personajes ponen el rostro para la foto de temporada?
¿O ni una cosa ni la otra: el Estado Nacional ya no es lo que era, pero mantiene alguna resistencia frente a los poderes supranacionales?
Cuando los representantes de algún estado europeo, digamos de Grecia, se sientan a hablar con la señora Ángela Merkel, ¿están hablando con el Bundestag o con el Fondo Monetario Internacional… o con el Banco Central Europeo… o con la Comisión Europea… o con los 4… o con ninguno?
Y para poder conocer la respuesta, pensamos, necesitamos reconstruir la genealogía del Estado Nación, y confrontar el resultado con la realidad actual.  Y entonces hacer preguntas:
¿Cuáles fueron sus bases, y cuáles se mantienen, cuáles desaparecieron, cuáles mutaron?
¿Cuáles fueron sus funciones, su lugar, su área de influencia, su área de interés?
Porque a primera vista parece evidente que algunas de sus características principales yacen ya como víctimas de la guerra en curso.  Es cada vez más difícil hablar de soberanía, de territorio, de autoridad, de monopolio de la violencia, de dominación jurídica, de independencia.
Claro, hay que tener cuidado de las evidencias, pero la clarificación del Estado es necesaria, y urgente.
Oh sí, lo siento, pero eso de “El Estado” es mucho más complicado que los renglones torcidos del Juego de Tronos.

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(…)
(precuelas y secuelas en el volumen uno de “El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista”)

ÍNDICE volumen Uno (participaciones de la Comisión Sexta del EZLN en el Seminario “El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista”.

.- Prólogo: De cómo llegamos a la Cofia del Vigía y lo que desde ahí miramos. SupGaleano.

I.- Nuestra mirada hacia dentro.

Algunas pistas:
.- La Tormenta, el Centinela y el Síndrome del Vigía. SupGaleano.
.- Ser Zapatista (palabras del Subcomandante Insurgente Moisés en el Homenaje a los compañeros Luis Villoro Toranzo y Maestro Zapatista Galeano. 2 de mayo del 2015).
.- Luis Villoro Toranzo, el zapatista (palabras del SupGaleano en el Homenaje a los compañeros Luis Villoro Toranzo y Maestro Zapatista Galeano. 2 de mayo del 2015).
.- Apuntes de una vida (palabras del SupGaleano en el Homenaje a los compañeros Luis Villoro Toranzo y Maestro Zapatista Galeano. 2 de mayo del 2015).
Algo de lo que ha cambiado:
.- Economía Política I. Una mirada desde las comunidades zapatistas. Subcomandante Insurgente Moisés.
.- Economía Política II. Una mirada desde las comunidades zapatistas. Subcomandante Insurgente Moisés.
Hacia una genealogía de la lucha de las zapatistas:
.- La lucha como mujeres zapatistas que somos I. Comandanta Miriam.
.- La lucha como mujeres zapatistas que somos II. Comandanta Rosalinda.
.- La lucha como mujeres zapatistas que somos III. Comandanta Dalia.
.- La lucha como mujeres zapatistas que somos IV. Base de Apoyo Lizbeth.
.- La lucha como mujeres zapatistas que somos V. Escucha Selena.
.- Visión de los Vencidos. SupGaleano.
Apuntes de resistencia y rebeldía:
.- Resistencia y Rebeldía Zapatistas I. Subcomandante Insurgente Moisés.
.- Resistencia y Rebeldía Zapatistas II. Subcomandante Insurgente Moisés.
.- Resistencia y Rebeldía Zapatistas III. Subcomandante Insurgente Moisés.

II.- Nuestra mirada a la Hidra.

.- El Muro y la Grieta. Apuntes sobre el método zapatista. SupGaleano.
.- El Método, la Bibliografía y un Drone en las profundidades de las montañas del Sureste Mexicano. SupGaleano.
.- Medios, Tercios, Cuartos. SupGaleano.
.- Etcétera. SupGaleano.
.- La Genealogía del Crímen. SupGaleano.
.- Una Guerra Mundial. SupGaleano.

III.- Qué hacer:

.- Organizarse. Subcomandante Insurgente Moisés.
.- Más Semilleros. Subcomandante Insurgente Moisés y SupGaleano.

IV.- Signos y Señales:

(participación de algun@s compas Artistas Musiqueros y Gráficos).

¿Cuál es la situación de los territorios indígenas en la coyuntura actual?

Alberto Chirif. Foto: Jonathan Hurtado / Servindi

Servindi.- Tenemos el enorme agrado de compartir la ponencia del antropólogo Alberto Chirif  titulada Territorios indígenas en la coyuntura actual que explica la concepción del territorio desde la cosmovisión indígena, la implicancia de la gestión territorial, los cambios operados y se plantea cómo entender hoy la situación actual del territorio.
La ponencia fue presentada en el curso taller “Políticas de desarrollo, territorio y consulta previa”, organizado por el Fórum Solidaridad Perú, realizado en Tarapoto, entre el 1 y 3 de julio de 2015.
La exposición describe además algunas de las principales amenazas tanto externas como internas y resume algunas conclusiones de sumo interés y actualidad como aquella que indica que hablar de territorio hoy “implica darle nuevo contenido al concepto”.
“Territorio hoy es un modelo por armar que tiene muchas posibilidades diferentes de realización. Las respuestas dependerán de cada situación en concreto”, afirma Chirif.
“El territorio es una utopía y su construcción debe partir de realidades concretas, a riesgo de incurrir en la fantasía, palabras que, aunque tenga sonoridad parecida, son diametralmente contrarias”, precisa Chirif quien culmina presentando cuatro situaciones diferentes de construcción territorial que el ha conocido en la práctica y que no agotan las posibilidades.
Saludamos este notable aporte que nos entrega el destacado antropólogo sanmarquino que publicamos a continuación.

Territorios indígenas en la coyuntura actual

Por Alberto Chirif
La demanda por territorios integrales que abarquen la totalidad del hábitat de cada pueblo indígena, se ha convertido en los últimos años en un argumento central de varias de sus organizaciones. Son objetivos de esta ponencia, en primer lugar, precisar el significado de territorio dentro de una concepción tradicional indígena y cuáles han sido las condiciones que hicieron posible su gestión. En segundo lugar, aportar elementos para definir el concepto de territorio en la coyuntura actual, cuando se han producido drásticos cambios en la ocupación de la región amazónica, alentados por leyes y políticas públicas, y en las propias normas tradicionales que han orientado las relaciones sociales de los pueblos indígenas. Por último, aportar algunas ideas acerca de cómo deben entenderse hoy los territorios y trazar algunos caminos posibles para construirlos, superando las limitaciones que presenta la realidad actual.

Mundo y territorio

Una revisión de las mitologías de las sociedades indígenas indica que ellas no se refieren a la creación del territorio de un pueblo determinado sino a la del Universo como espacio total de la creación en el que viven pueblos diferentes, algunos de los cuales establecerán relaciones de intercambio entre sí y otros no. Esta creación no parte de la nada, sino de algo preexistente que puede ser un mundo situado en otra dimensión cósmica o que está contenido como potencialidad en el caos. De este modo la creación se presenta como un acto de ordenamiento de la confusión preexistente. Observamos que existen así coincidencias entre lo que plantean algunas tradiciones indígenas con lo que señala la cristiana. En efecto, en esta Dios no crea el territorio de los cristianos sino el Universo en el que viven pueblos diferentes, y esta creación además se expresa mediante el acto de ordenar el caos existente originalmente en el que la noche no se diferencia del día, ni las aguas de la tierra. En estos eventos de creación y ordenamiento no solo aparecen los seres humanos sino también los animales, las plantas, las montañas, los ríos y las lagunas. También los astros, muchos de los cuales antes de establecerse en el firmamento han sido seres humanos, en especial, Sol y Luna, quienes posteriormente, por alguna razón específica, deciden subir al cielo. La creación no se acaba en un acto sino que continúa a través de la actividad de personajes mitológicos que van enseñando a la gente los fundamentos de la cultura: conocimientos, comportamientos, quehaceres, artes, reglas y otros, relacionados con las actividades productivas y con las normas de conducta que deben regir las relaciones entre los humanos y de estos con los no humanos.
Dentro de esta concepción, ¿qué vendría entonces a ser el territorio indígena? ¿Cómo definir y precisar este concepto? Intentaré una aproximación al concepto de territorio señalando, en primer lugar, que es la parte del Universo ocupada socialmente por un pueblo indígena, es decir, por gente que se reconoce descendiente de una misma tradición cultural, que habla una misma lengua, comparte normas de conducta y mantiene relaciones de reciprocidad, aunque en ocasiones el mismo espacio puede estar ocupado por más de un pueblo. Para esto históricamente ha sido importante que la gente comparta concepciones similares respecto a las relaciones entre los seres humanos y de ellos con la naturaleza. Un ejemplo de esto son los pueblos Bora, Huitoto, Ocaina y otros que, a pesar de tener lenguas distintas, comparten un territorio común ubicado entre los ríos Putumayo y Caquetá, en Colombia, y (aunque en espacios fraccionados en comunidades), también en la cuenca del río Ampiyacu, en Perú, adonde fueron llevados por patrones en la década de 1920, después del fin del auge de la explotación del caucho. En ambos casos aprovechan un mismo espacio mediante actividades de caza, pesca y recolección y mantienen relaciones de reciprocidad que se expresan a través de fiestas tradicionales que reviven la palabra del Creador y en las que intercambian productos de la caza o de la chacra por conocimientos. Así, las fiestas son un poderoso espacio de revigorización cultural.
La ocupación de ese espacio se define por la presencia social de la gente y no por razones de carácter legal. Y por presencia social me refiero no solo a asentamientos humanos sino también al sello cultural que esa gente imprime sobre el espacio al otorgar nombres a los ríos, cerros y demás elementos que la cultura occidental ha dado en calificar de “accidentes geográficos”. Un elemento más de dicho sello cultural son los relatos que ella teje sobre el paisaje, lo que hace que en las sociedades indígenas historia y geografía no sean cuestiones diferentes sino que hacen parte de una misma realidad.
La importancia de lo social como elemento característico de los territorios indígenas hace que ellos no se definan por límites físicos, por fronteras resguardadas, sino por influencia de la gente sobre  el espacio. Las luchas entre pueblos indígenas nunca han sido por ganarse unos kilómetros unos a otros sino por otras razones. Incluso las luchas contra los invasores coloniales no han tenido como objetivo central la recuperación de extensiones físicas determinadas sino el mantenimiento de la libertad frente a la opresión a la que habían sido sometidos.

La gestión del territorio

Llamo gestión a lo que otros denominan gobernanza. No veo diferencias, en la medida que por gestión no me limito al tema de “manejo de recursos” sino a las normas que una sociedad debe tejer para convivir en un territorio compartido, lo que incluye reglas de relación entre los seres humanos y de ellos con la naturaleza.
Quiero abordar ahora el asunto de cómo se han gestionado tradicionalmente los territorios indígenas, es decir, cómo la gente que los habitaba ha manejado el espacio y las relaciones sociales. Para explicar esto debo primero referirme a algunas de las características de las sociedades indígenas. Una de ellas es que han sido sociedades igualitarias en las cuales no existía diferenciación social entre sus miembros por el hecho de que unos poseyeran más y fuesen más ricos que otros. Todos los individuos disponían de similares instrumentos de producción y de libre e igualitario acceso a los bienes materiales de los cuales obtenían lo que requerían para vivir: suelos para cultivar, bosque para cazar y recolectar, y aguas para pescar; en suma, de todo lo que la naturaleza les ofrecía para alimentarse, vestirse, fabricar utensilios, cobijarse y mantener su salud. A su vez, su sociedad les ofrecía libre e igualitario acceso al conocimiento para fabricar los instrumentos necesarios para producir y vivir.
Se trataba de sociedades en las cuales los bienes tenían valor de uso y no de cambio. El valor de uso es la capacidad de un bien para satisfacer directamente una necesidad; mientras que el valor de cambio está determinado por el costo de producción de un bien y la ganancia que fija el productor al venderlo en el mercado. El valor de uso es característico de sociedades como las indígenas en las que todos sus integrantes producen lo que requieren para vivir: herramientas, alimentos, vestido y vivienda. Por el contrario, el valor de cambio es característico de sociedades especializadas en las que unos producen alimentos, otros vestidos y otros viviendas, herramientas, medios de transporte y bienes varios que luego se intercambian en el mercado mediante acuerdos comerciales de compra-venta. En las sociedades indígenas tradicionales una casa, una canoa o las herramientas de trabajo no producían rentas porque no estaban sujetas a transacciones comerciales de alquiler o venta. Por eso cada uno no tenía más que la casa, la canoa o las herramientas que necesitaba para producir y vivir. Los productos de la chacra no se vendían sino que se consumían y compartían mediante invitaciones, en forma de alimento o bebidas, mientras que los peces capturados y, sobre todo, los animales cazados estaban sujetos a normas de reciprocidad que obligaban al cazador a compartir la carne con sus familiares. Este hecho tenía dos efectos: reforzar las relaciones sociales entre los miembros del grupo familiar y dar cierta seguridad a las familias para disponer de carne de manera más o menos continua: si un cazador no tenía suerte en obtener una pieza, podía ser que un familiar suyo sí la tuviera y esto le aseguraba disponer de ese alimento.
Como primaba el valor de uso y no el de cambio, nadie cazaba, pescaba, sembraba o aprovechaba del bosque más recursos de los que necesitaba para vivir. En esto radica el fundamento de lo que actualmente se llama “manejo sostenible del medio ambiente” que en las sociedades indígenas no ha sido una teoría sino una práctica cotidiana internalizada por todos los pobladores. No talar más monte que el que se necesitaba para hacer una chacra u obtener materiales para la vivienda y demás utensilios o no capturar más peces y animales del bosque que los que se requerían para alimentarse, aseguraban el bienestar de la sociedad y garantizaban el mantenimiento de la capacidad productiva del medio ambiente.
Adicionalmente a las limitaciones impuestas por la tecnología y por el modelo social basado en valor de uso, las sociedades tradicionales indígenas han mantenido relaciones de reciprocidad con los “dueños” o “madres” de la naturaleza que tienen a su cargo la protección de árboles, lagunas y animales. A ellos, la gente les pedía permiso para aprovechar a sus “hijos”, dándoles las seguridades de que no matarían más animales ni tumbarían más árboles de los que necesitaban para vivir. El exceso de caza estaba sujeto a fuertes prohibiciones. Los que incumplían las normas quedaban expuestos a fuertes sanciones espirituales y sociales.
En cambio, en las sociedades en las que prima el valor de cambio el bosque no se aprovecha sino que se explota para acumular recursos con la finalidad de ganar dinero, y cuanta más ganancia puedan acumular, será mejor para ellas. El hecho de que en estas sociedades la finalidad primera no es satisfacer las necesidades del ser humano sino ganar dinero produce una serie de distorsiones en la economía. Menciono algunas. Una: como se producen más alimentos que los que la gente requiere para vivir, se incentiva su consumo. En otras palabras, la gente come más de lo que necesita con lo cual, contrariamente a lo que es la finalidad de la alimentación, en vez de salud se generan enfermedades como la obesidad, el colesterol y los males hepáticos y cardiacos. Dos: como la finalidad es ganar dinero y no servir al ser humano, para que los precios no bajen en caso de sobreproducción se queman cosechas o se arrojan al mar, sin importar que se trate de alimentos; y, en algunos casos, se siembra para que los suelos no aparezcan baldíos pero no se cosecha. Tres: se destruye la naturaleza para producir bienes que no atienden necesidades básicas del ser humano sino los imperativos de la vanidad y la moda de consumidores ricos. Por ejemplo, se cazan lagartos para hacer carteras, billeteras y calzado; huanganas y sajinos para producir guantes; y nutrias y lobos del río para fabricar prendas de adorno para mujeres.
Además de la sobreexplotación de los recursos, otra consecuencia de este tipo de economía de cambio es la contaminación ambiental generada por muchas actividades extractivas, en particular, por la minería metálica y la explotación de hidrocarburos.
Hasta aquí avanzo en esta rápida revisión acerca del territorio en la concepción de las sociedades indígenas tradicionales y su manera de gestionarlo. Sigo con una exposición acerca de los cambios más significativos que se han producido en ellas en los últimos siglos y la manera cómo estos obligan ahora a buscar nuevas definiciones sobre el territorio y su gestión.

Los cambios

El cambio más significativo producido durante la época colonial fue la reducción de los indígenas en misiones para evangelizarlos. Al respecto, es importante señalar que en el caso de la Amazonía peruana, salvo algunos pueblos asentados a orillas de los grandes ríos navegables (como los Shipibo en el Ucayali y los Kukama en el Marañón y Amazonas), el hábitat de los demás eran las zonas interfluviales de diversos ríos. Las reducciones implicaron la concentración de los indígenas en poblados y tuvieron tres consecuencias: una, pérdida de libertad por cambio drástico del modo de vida, ya que en ellas los indígenas debían trabajar para mantener a los misioneros, el culto y, en algunos casos, a las tropas coloniales; dos, limitación del acceso al territorio; y tres, disminución demográfica a consecuencia de nuevas enfermedades que se propalaron como epidemias desde las misiones, causando numerosas muertes. La concentración de personas de diferentes pueblos indígenas en una misma misión también tuvo consecuencias negativas debido a las peleas internas que se originaron entre ellas. La doctrina cristiana comenzó además a apartar a la gente de su propia concepción de relación con la naturaleza y los seres que la protegen. Para los misioneros, se trataba de una cuestión de superstición e idolatría que había que erradicar. Así se inició el proceso de pérdida de lazos éticos de relación de los seres humanos con la naturaleza.
El universo de los indígenas, que había sido ordenado por sus dioses y héroes culturales, se comenzó a volver un espacio de conflictos poblado por nuevas personas que los esclavizaban y destruían sus costumbres y creencias, imponiéndoles las que ellas traían.
Durante la Republica se profundizó la reducción de las sociedades indígenas. Desde la década de 1840 el Estado comenzó a  impulsar la colonización de la Amazonía con europeos, y para esto dio leyes y normas que fomentaban la inmigración extranjera. Esta política afectó sobre todo la llamada selva central ubicada en las regiones selváticas de los departamentos de Junín (Chanchamayo y Satipo) y Pasco (Oxapampa). El Estado fomento la formación de latifundios en dicha zona. El más importante fue el que obtuvo la Peruvian Corporation, con 500 000 hectáreas que incluyeron tierras habitadas por ashaninkas y yaneshas en la zona del Perené. A fines del siglo XIX tuvo lugar un fenómeno no previsto de colonización “espontánea” sobre extensas áreas de la región conocida como “selva alta”, tanto de los dos departamentos mencionados como en el Cusco. Este proceso fue impulsado por inmigrantes indígenas andinos que habían sido desplazados de sus tierras comunales por los latifundios y empresas mineras. Tanto los inmigrantes europeos como los andinos presionaron sobre los territorios ocupados por indígenas amazónicos y los obligaron a “reducirse” es decir, a concentrarse en áreas más pequeñas. Aunque la política de fomento a la inmigración europea fracasó antes de que termine el siglo XIX, la colonización andina continuó fortaleciéndose como estrategia de los gobiernos hasta fines de la década de 1980. El apoyo estatal consistió principalmente en la construcción de carreteras y en créditos para los colonos. En la década de 1990 se dio paso al impulso a la gran industria extractiva forestal y de minerales e hidrocarburos.
La caída de los precios del caucho a partir de 1914 significó la crisis del auge extractivo. Los patrones que habían trabajado en la extracción cauchera constituyeron entonces fundos en los cuales asentaron población indígena para aprovecharla como mano de obra. Estos fundos fueron otra forma de reducir a la población indígena. Uno de los casos más significativos fue el traslado de pobladores boras, huitotos y ocainas desde la margen izquierda del río Putumayo, en Colombia, hasta el río Ampiyacu para que trabajen en fundos dedicados a la ganadería y a la extracción de recursos de la fauna y flora del bosque. Los fundos se expandieron por varias zonas y afectaron a numerosos pueblos indígenas que quedaron enganchados como mano de obra. Así, yaguas del bajo Amazonas, kichwas del Napo y kukama-kukamirias del Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas quedaron sujetos a patrones que criaban ganado, sembraban caña de azúcar y extraían madera y otros productos del monte.
Lo mismo sucedió en el río Paranapura, poblado por gente del pueblo Shawi, y en la zona conocida como alto Ucayali, conformada en torno al centro poblado de Atalaya y configurada por la confluencia de los ríos Urubamba y Tambo que dan origen al Ucayali. Allí los patrones esclavizaron a pobladores indígenas, principalmente ashaninkas, a los que mantuvieron encerrados en galpones y sujetos a un régimen de terror que implicaba que cualquier intento de fuga fuera castigado con azotes o incluso la muerte. Esta situación se prolongó hasta 1989, cuando la organización Aidesep la denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y alertó al Estado peruano. A partir de esto Aidesep, en convenio con el Ministerio de Agricultura, realizó un amplio trabajo de demarcación y titulación de los asentamientos como comunidades y de promoción organizativa.
Aunque existían escuelas en caseríos indígenas fundadas por misioneros católicos y adventistas desde inicios del siglo XX, ellas se expandieron notablemente a partir de mediados de la década de 1950, cuando el Estado firmó un convenio con el Instituto Lingüístico de Verano para formar maestros bilingües y establecer centros educativos en asentamientos indígenas. Como su fundación dependía del hecho que los poblados tuvieran un número mínimo de alumnos, las escuelas fueron también una manera de reducir a la población.
Me he detenido en estos antecedentes para señalar la razón por la cual se dio, en 1974, una ley que reconocía la personalidad jurídica y derechos territoriales de “comunidades nativas”, nombre que englobo todos los tipos e reducciones existentes en aquel tiempo y que fueron fruto de concentraciones producidas por efecto de la colonización, los fundos y las escuelas. La titulación de comunidades se insertó en esta realidad y, por supuesto, la consolidó. En ese momento no existía aún en el Perú el discurso actual sobre territorio y pueblos indígenas con derecho a la autodeterminación. Este tipo de reflexiones tardó varios años en llegar al Perú, y fueron fruto del intercambio de ideas y reflexiones que establecieron organizaciones nacionales con las de otros países.
La concentración de la población indígena se ha exacerbado aún más en las últimas décadas a consecuencia de la influencia de las relaciones con las ciudades y el mercado. Si antes se concentraba a orillas de los ríos, la construcción de carreteras ha hecho que ahora se concentre a lo largo de ellas. La concentración ha tenido efectos muy negativos en el campo social y en la gestión territorial y manejo de recursos. Al juntar personas que antes vivían separadas, asentadas en unidades sociales con una lógica de organización determinada, se han producido serios desajustes por falta de normas que guíen el nuevo estilo de convivencia. Las llamadas “autoridades comunales”, que son enteramente nuevas, no han llenado los vacíos que permitan reconstruir las normas de gobernanza que antiguamente tuvieron las sociedades indígenas. El sistema de reciprocidad se ha debilitado por la irrupción de la economía de mercado. El modernismo introducido por la aparición de aparatos de radio y, en algunos casos, de televisión, ha alterado la tranquilidad de los asentamientos. La basura, que hoy se ha incrementado con desechos no orgánicos (latas, plásticos, vidrios), junto con la eliminación de excretas, ha creado problemas de saneamiento y de salud. Aunque en algunos casos las comunidades han hecho esfuerzos por enfrentar estos problemas, así como también los que implica el mantenimiento de nuevos servicios comunales (escuelas, local para asambleas, eventualmente botiquín comunal y puesto de salud, sistema de agua, radiofonía y otros), los retos siguen pendientes.
Tan serios como los antes mencionados son los problemas de gestión territorial y manejo de recursos. Al concentrase a la orilla de los ríos o, cuando existan, a lo largo de carreteras, la población ha perdido presencia y manejo de las zonas interfluviales en las que antes se asentaba. Es decir, ha perdido dominio sobre esos espacios y control sobre el manejo de los recursos que ahí se encuentran. Al mismo tiempo, la concentración ha puesto excesiva presión sobre áreas específicas y reducidas, como son las aledañas a las orillas de ríos y lados de las carreteras. Esto ha afectado la capacidad de disponer de alimentos de calidad, y ha tenido efectos negativos en la biodiversidad del medio. Ciertamente, la biodiversidad se ha visto también seriamente afectada por la tala a gran escala producida por las colonizaciones que ha dejado suelos descubiertos que luego han sido afectados por la erosión y ha implicado la pérdida de especies animales, tanto aves como mamíferos. La incursión de los indígenas en la economía de mercado y la pérdida de los controles éticos y sociales que normaban sus relaciones sociales y con la naturaleza, ha convertido a muchos de ellos en impulsores de este sistema destructor. De ahí que las actividades que realizan también afecten la biodiversidad.

¿Cómo entender hoy el territorio?

La pregunta que encabeza este acápite implica de por sí una primera respuesta: que territorio indígena es hoy un concepto que debe construirse a partir de la realidad existente. Es decir, se trata de un concepto nuevo que cada pueblo indígena debe construir desde el estudio y la reflexión de su realidad específica actual, influida por una colonización que dura cinco siglos y que ha causado impactos diferentes en cada uno de dichos pueblos, razón por la cual es necesario buscar soluciones novedosas adaptadas a cada contexto. Nada más errado que considerar que territorio es un concepto ya formado y manejado por los pueblos indígenas, y que solo requiere de un proceso de legalización por parte del Estado. La realidad territorial de cada pueblo indígena ha sido profundamente alterada por la colonización, y el cambio de patrones de asentamiento, de concepciones culturales y de comportamientos económicos de los indígenas. Afirmar que el problema se reduce a una cuestión de legal sin considerar los cambios radicales que se han producido en las sociedades indígenas a lo largo de los últimos cinco siglos es asumir un punto de partida equivocado que desconoce las transformaciones experimentadas por las sociedades indígenas y puede llevar a situaciones absurdas. Una de ellas sucedió hace algunos años. Mientras la regional de Aidesep Corpi (Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas) impulsaba una propuesta en demanda de territorios integrales entre sus bases, el dirigente encargado de territorio de la Federación Cocama Cocamilla (Fedecoca) promovía la conversión de los anexos en comunidades independientes y los estimulaba para que adquiriesen créditos, lo que implicaba, por un lado, la mayor fragmentación del territorio y, por otro, un riesgo para la propiedad porque los créditos requieren poner las tierras comunales como prenda agrícola. En este sentido, insisto que lo primero que debe trabajarse es el análisis de cada situación concreta para luego dar paso a la adopción de acuerdos sociales que apunten a la construcción del concepto en la práctica. Consolidados los acuerdos en una propuesta puesta en ejecución, se puede pensar en cómo legalizar el resultado.
¿Es posible construir territorios indígenas actualmente? Sí, pero en cada caso las respuestas deberán ser diferentes para responder a las especiales características de la realidad de cada zona. Presento cuatro situaciones diferentes, cada una de ellas con características especiales que requieren de una atención diferente.
Existen zonas en las cuales las comunidades están muy fragmentadas y apenas tienen acceso a pequeñas extensiones de tierras. Son zonas muy influidas por la colonización, en las que los indígenas comparten el espacio con inmigrantes andinos. Son los casos, por ejemplo, del Perené, Villa Rica, al menos una parte de Satipo, el alto Urubamba y otros.
Una respuesta frente a una situación parecida es la que conocí hace unos años en Ecuador, impulsada por el pueblo Kayambi de habla kichwa. En la década de 1960 la reforma agraria expropió las haciendas que se habían constituido sobre la base de tierras indígenas y creó cooperativas que después se convirtieron en parcelas con títulos individuales. No obstante la fragmentación, los Kayambi tienen una concepción muy sólida respecto a lo que es su territorio y han planteado medidas de manejo territorial como una manera de lograr el funcionamiento articulado de todos los actores en función de ciertos ideales de desarrollo, a pesar de que su propiedad esté limitada solo a parcelas. Esto se pone de manifiesto en su esfuerzo de manejar los páramos donde se encuentran los acuíferos. Lo importante no es la propiedad sino el manejo de los páramos por parte de actores diversos que incluyen a parceleros indígenas y cultivadores de flores para exportación, entre otros. El territorio según ha sido definido y delimitado por este pueblo es un gran espacio compuesto por tierras de diversos propietarios: parcelas de comuneros, páramos fiscales, propiedades agrícolas privadas, espacios urbanos de la propia ciudad de Cayambe y lugares ocupados por conjuntos de casas e instalaciones industriales ubicadas en el área rural. Para el pueblo Kayambi, ese espacio es su territorio a pesar que ya no le pertenezca y esté habitado, y mayoritariamente privatizado, por otra gente. Este hecho no le impide que quiera actuar, mediante normas que regulen el buen uso de todo el espacio. Y la manera fundamental de hacerlo es mediante normas de control social del agua, a fin de evitar que sea acaparada (mediante la privatización o beneficio de uso preferente) por quienes habitan en ese territorio compartido) o corrompida por la presencia de industrias que utilizan insumos tóxicos o generan contaminación por otros medios (producción de relaves, lodos o sedimentos de cualquier tipo que colmatan y ensucian cauces de ríos) o agotada por sobreexplotación.
Sin duda, una opción como la señalada implica un alto grado de conciencia de gente que no circunscribe el tema del territorio a la cuestión de la propiedad, sino que va más allá y apunta a lo medular que son las normas que deben regir su gestión.
Otro caso es el de comunidades ubicadas en zonas relativamente libres de colonos, en las cuales la población podría tomar el acuerdo de manejar el espacio total de dichas comunidades como un solo territorio. Esto no pasa por modificaciones legales, siempre difíciles y sujetas a la arbitrariedad de los gobernantes, sino de acuerdos sociales que los pobladores tienen todo el derecho de tomar, sin requerir de autorización del Estado, para manejar sus espacios territoriales como si se tratara de un territorio único e integrado. En caso de no existir colindancia entre ellas, la ocupación real de los espacios intermedios configuraría con claridad un territorio integrado. Es el caso, por ejemplo, de las comunidades asentadas en la cuenca del Cenepa (Condorcanqui) y al menos de parte de las ubicadas en las cuencas del Tigre, Corrientes y Pastaza.
Un caso similar al anterior es el de las comunidades boras, huitotos, ocainas y yaguas asentadas en la cuenca del Ampiyacu. Salvo en la desembocadura del río, en todo el resto de su curso, así como en sus formantes (Yaguasyacu y Zumún), la población es enteramente indígena, lo que garantiza cierta homogeneidad en la visión territorial. Todas las comunidades están tituladas y algunas tienen procesos en marcha de ampliación territorial. Adicionalmente, se ha creado el Área de Conservación Regional Ampiyacu Apayacu, con 434 000 hectáreas, para beneficio de dichas comunidades. La sumatoria de los territorios comunales cuando termine su ampliación con el del ARCRAA dará en total unas 500 000 has que constituyen un espacio que permite generar una buena estrategia de gestión territorial. Aunque las áreas de conservación regional son áreas protegidas de propiedad del Estado y las relaciones entre este y las comunidades son siempre tensas, el fortalecimiento organizativo de los indígenas basado en visiones sólidas sobre sus derechos y deberes puede dar como resultado una buena propuesta de gestión territorial.
Una variante de las dos situaciones anteriores, aunque con el beneficio de contar con un título que les garantiza el territorio, es la de los Matsés. En este caso una veintena de asentamientos, que podrían haber sido tituladas como comunidades independientes, se conformaron legalmente como una comunidad llamada Matsés que se maneja como una unidad jurídica, aunque cada uno de los asentamientos (“comunidades”) tiene su propia junta directiva. Las medidas que afectan al conjunto del territorio, que bordea las 400 000 hectáreas, se adoptan en asambleas en las que están representados todos esos asentamientos.
En suma, existen una serie de opciones para construir unidades territoriales integrales, a partir de las fórmulas legales vigentes. La concreción de estas dependerá de acuerdos internos de las comunidades y no de nuevas leyes. Consolidadas las propuestas sociales mediante una práctica que vigorice la visión territorial, se podrá platear, con fortalezas particulares, su legalización mediante normas ad hoc. Mientras tanto, nada impide aprovechar al máximo la oferta legal existente para dar paso a iniciativas como las mencionadas en las líneas precedentes.

Amenazas actuales al territorio

En líneas generales puedo clasificar las amenazas actuales en dos gran grupos: externas e internas. Las primeras vienen tanto de leyes como de políticas públicas y procesos sociales, algunos de los cuales se llevan a cabo fuera del Estado (lo que no lo exime de responsabilidad), como es el caso de ciertas colonizaciones y de la explotación aurífera ilegal.
Amenazas externas
1. Leyes y otras normas
En los últimos 20 años, la legislación destinada a proteger los derechos territoriales de los indígenas ha enfrentado una avalancha de normas cuya finalidad ha sido debilitar las garantías que les daban las anteriores Constituciones y la Ley de Comunidades Nativas, y que contradicen lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, vigente en el Perú durante esas mismas dos décadas.
La Constitución de 1993 eliminó el carácter que las tierras comunales tenían como inembargables (que nadie se podía apropiar de ellas para cobrase un préstamo) e inalienables (que no se podían vender o traspasar), a menos que dos tercios de sus miembros solicitaran su división y venta. Al mismo tiempo debilitó su carácter de imprescriptibles (que la propiedad es un derecho permanente), al condicionarlo al hecho de que las tierras no estuviesen “abandonadas”.
Apenas siete meses más tarde de la entrada en vigencia del Convenio 169, en julio de 1995, el gobierno de Alberto Fujimori, el mismo gobierno que lo había aprobado, promulgó el DL Nº 26505, “Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas”, que dio inicio a una etapa de feroces asaltos contra los derechos de los pueblos indígenas en el país y se propuso como objetivo destruir a las comunidades campesinas y nativas.
La estrategia general de dicha ley consistía en fraccionar la propiedad comunal. El primer paso era modificar su estructura organizativa. La ley establecía mecanismos para convertir a las comunidades en sociedades de personas, en empresas (Arts. 8-10), en las que cada “socio” (ya no comunero) pudiera disponer individualmente de la parte del patrimonio que le correspondiese. Este cambio debilitaba la organización social de las comunidades e individualizaba la participación de los “socios” en la “unidad productora”. Llegado ese momento, la ley planteaba otros cambios importantes relacionados con el régimen de tenencia de tierras y dictaminaba que ellos podían “…disponer, gravar, arrendar o ejercer cualquier otro acto sobre las tierras comunales de la Sierra o Selva [contando con el] acuerdo de la Asamblea General con el voto conforme de no menos de los dos tercios de todos los miembros de la Comunidad” (Art. 11º). Para las comunidades de la costa norte, se dispuso que para ejercer dichos actos o vender sus tierras a “miembros de la comunidad no posesionarios o a terceros, (…) se requerirá el voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los miembros asistentes a la Asamblea instalada con el quórum correspondiente” (Art. 10º, b).
Un nuevo embate llegó con los “decretos de urgencia” (algo más de 100) dados por el gobierno del presidente Alan García en 2008. Con el argumento falaz de que dichos decretos eran indispensables para facilitar la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio suscrito entre el Perú y los Estados Unidos, al menos una decena de ellos disparó a mansalva contra las comunidades con el objetivo de destruirlas, vulnerando sus derechos reconocidos por la legislación nacional e internacional. Esos decretos anulaban el proceso de consulta para suscripción de contratos petroleros y mineros en lotes ubicados en territorios comunales; rebajaban el quórum de la asamblea de dos tercios al 50% para la disolución de comunidades y la venta de sus tierras a terceros; permitían la privatización de los suelos forestales y el cambio de uso a agrícolas en caso de proyectos que fuesen declarados “de interés nacional” (el objetivo subyacente era apoyar plantaciones agroindustriales); determinaban la expropiación de terrenos comunales usados para servicios públicos; declaraban de propiedad del Estado todas las tierras eriazas no tituladas, aunque estuviesen poseídas y fuesen pretendidas por comunidades indígenas u otros pobladores locales; y permitía que invasores con cuatro años de establecidos se apropiasen de tierras comunales, con lo cual se anulaba la última garantía constitucional sobreviviente en la Constitución de 1993: el carácter imprescriptible de la propiedad territorial de las comunidades. Todos estos decretos tenían defectos formales que los hacían inconstitucionales por el hecho de no haber sido consultados y de legislar -algunos de ellos- sobre temas no permitidos mediante el procedimiento excepcional de delegación de funciones legislativas al Ejecutivo.
Otra andanada furiosa es la que sigue llegando con los llamados “paquetazos ambientales” (son cuatro hasta la fecha) que, según el actual gobierno, deben servir para reactivar el crecimiento económico. Destaca la ley Nº 30230, “Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”. En especial, el título III de esta ley que establece “Procedimientos especiales de saneamiento físico legal de predios para proyectos de inversión”, como lo ha señalado un pronunciamiento de un conjunto de organizaciones, encabezadas por la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Confederación Campesina del Perú (CCP), “desnaturaliza la finalidad del saneamiento físico-legal y en lugar de reconocer la titularidad de un predio privilegia el otorgar la titularidad de dominio a favor de intereses empresariales por encima de los derechos ancestrales de los pueblos originarios”; y “Deja a discrecionalidad del Estado y las empresas privadas identificar y decidir las áreas o predios que necesitan para ejecutar sus proyectos y que, por lo tanto, requieren ser “saneados”.
Junto con estas leyes existen una serie de normas administrativas que vulneran los derechos de las comunidades, como la de clasificación de suelos en los procesos de titulación, con la finalidad de otorgar en propiedad los que califiquen de agropecuarios y en uso los que sean considerados de aptitud forestal. El procedimiento es arbitrario en la medida que solo se aplica a las comunidades, no así a las empresas que acceden a grandes extensiones para desarrollar emprendimientos agroindustriales.
Uno de los problemas más graves que afectan los territorios comunales es la superposición de derechos. A las comunidades se les titulan las tierras agropecuarias pero no las forestales, determinadas mediante procedimientos arbitrarios y de dudosa objetividad, cuya propiedad la mantiene el Estado, mientras las comunidades solo obtienen la cesión en uso mediante contratos. Aunque se supone que no se pueden dar concesiones forestales sobre las áreas cedidas en uso, se trata de un recorte grosero al derecho de propiedad que asiste a los pueblos indígenas en su condición de pobladores ancestrales y de un mecanismo que se ha prestado a la arbitrariedad de los funcionarios y generado graves problemas.
Por su parte, el subsuelo es propiedad del Estado quien puede otorgar contratos a empresas mineras y petroleras para que extraigan los recursos, a pesar que las tierras hayan sido tituladas a comunidades. También pueden ser entregados a terceros los recursos mineros de superficie, como el oro existente en cauces antiguos o en ríos.
Por último, el Estado, como propietarios de las aguas superficiales, puede otorgar derechos de pesca en quebradas y cochas que las comunidades indígenas aprovechan para obtener su alimento cotidiano.
2. Políticas y procesos espontáneos
La colonización debida a la inmigración hacia la Amazonía de población andina ha sido el principal problemas que han enfrentado históricamente los pueblos indígenas amazónicos. Se trata de procesos que se iniciaron a fines del siglo XIX y que han afectado extensas áreas de la región amazónica que constituían territorios tradicionales de dichos pueblos. En gran medida la expansión del cultivo de coca con fines ilegales se debe a dichos colonos que ahora han sobrepasado los límites de la “selva alta” y se han expandido hasta el extremo nororiental de Loreto, en el triángulo formado por los ríos Amazonas y Yavarí. La colonización ha sido tan intensa en algunas zonas que la población indígena, de ser mayoritaria, ha quedado reducida a pequeñas islas rodeadas de inmigrantes.
No obstante que la intención de la Ley Forestal, DL Nº 27308, dada el año 2000, tenía como objetivo regular la actividad forestal, en la práctica el resultado ha sido otro. Los contratos de explotación forestal han servido únicamente para que los extractores puedan legalizar la madera que extraen de cualquier parte. Una de las modalidades de los extractores es hacer acuerdos con las comunidades. Como ellas desconocen el valor de la madera, los acuerdos son perjudiciales porque las empresas extraen más madera que la que establecen los contratos y además la pagan por debajo de su valor real. Por otro lado, como la madera se factura en documentos de las comunidades son ellas quienes deben pagar los impuestos. Al no hacerlo por desconocimiento, son sancionadas por la SUNAT que las considera evasoras.
La expansión de la actividad maderera ha afectado territorios de comunidades asentadas en casi todos los ríos  amazónicos. Para esto, en la zona de selva alta las empresas han construido carreteras de penetración sin autorización del Estado, quien sin embargo las ha dejado actuar, ni mucho menos estudios de impacto ambiental. En dicha zona, pero sobre todo en la selva baja, la presencia de tractores forestales permite a las empresas acceder a bosques que antes no podían explotar por estar lejos de los cursos de agua por donde se transportaba la madera.
La actividad minera se ha expandido por la región amazónica. La extracción aurífera, hasta hace unas décadas concentrada básicamente en los ríos de la región de Madre de Dios, se ha generalizado en diversas cuencas y, al igual que lo ocurrido en dicha región, muchos comuneros han incursionado en ellas atraídos por las ganancias que genera. Los estragos ambientales son graves por el uso de mercurio para amalgamar el oro que luego se quema para eliminarlo. A su vez, las dragas remueven los antiguos lechos fluviales y alteran el paisaje. Esta actividad es causa de graves disturbios sociales dado que produce buenas ganancias que la gente luego invierte en alcohol y prostitución. Las zonas influidas por la actividad aurífera suelen estar afectadas por la violencia social.
La actividad petrolera hoy afecta alrededor del 70% de la extensión de la Amazonía peruana. Las zonas más antiguas de explotación registran altos grado de contaminación de aguas y suelos. Se trata de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón donde se asientan comunidades de los pueblos Quechua, Achuar, Urarina y Kukama-Kukamiria. La contaminación ha afectado la salud de las personas, como lo demuestran diversos estudios realizados. Por otro lado, de acuerdo a estudios realizados por instituciones nacionales e internacionales, la población presenta altos índices de pobreza, a pesar de los grandes ingresos producidos por la explotación de petróleo. Frente a esta situación, no faltan quienes propongan que para salir de la pobreza los indígenas deben vender sus tierras, con la finalidad de tener dinero para invertirlo en negocios. Sin tierras y con dinero que gastarían muy rápidamente, los indígenas quedarían en total desprotección y mayor pobreza.

Amenazas internas

Todas las amenazas externas tienen repercusiones internas que generan divisiones en las comunidades a causa de peleas y ambiciones de la gente por querer acaparar los recursos de la comunidad. Es el caso, por ejemplo, de comuneros que quieren adueñarse de los bosques de una comunidad para comercializarlos por su parte con empresas madereras; o de dirigentes que engañan a los comuneros porque han recibido dinero de las empresas con esta finalidad. En suma, todas las actividades que he calificado como amenazas externas tienen repercusiones en la vida social de la población.
Un caso ya mencionado de amenaza interna es el del dirigente de una federación que promovió la titulación de anexos en un momento en que su organización regional impulsaba una demanda ante el Estado para conformar territorios integrales. Otro, es lo que sucedió en la provincia de Datem del Marañón, donde el pueblo Kandozi, involucrado en el mismo proceso de demanda territorial, duplicó sus organizaciones representativas de tres a seis, a causa de disputas de poder entre los líderes.
Otra expresión dramática de debilidades internas es lo que sucede en las comunidades awajun del alto Mayo (San Martín). Hace unos 30 años los moradores de la comunidad de Bajo Naranjillo, impulsados por sus propios líderes, tomaron la decisión de dividir la comunidad. Aunque no se trató de una parcelación legal, lo que la gente hizo fue lotizar el territorio comunal entre los comuneros que luego alquilaron sus tierras a colonos para que siembren arroz bajo riego. Como la comunidad fue declarada capital de distrito, muchos colonos instalaron en ella negocios de tiendas, restaurantes, hoteles y otros. De este modo, la comunidad poco a poco ha sido ocupada por gente de afuera que es cada día más numerosa y con mayor arraigo. Este modelo se ha propalado a otras comunidades de la zona. En los últimos años, los comuneros awajun han sido desplazados de sus comunidades por la creciente presencia de colonos y ahora temen perder la propiedad de sus tierras. Los intentos que han hecho para desalojarlos no han logrado éxito.
La cuestión de los alquileres de tierras se ha expandido hacia otras zonas y hoy afecta también a muchas comunidades ashaninkas de las cuencas del Perené y Satipo.
La presencia de empresas ha dividido a la población en muchas zonas, financiando nuevas organizaciones para que avalen sus propuestas. Hay muchos casos. Por ejemplo, en varias de las cuencas (Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón) donde actúa Puinamudt (Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios) han surgido federaciones al servicio de las empresas. También en el Cenepa existe el problema, aunque la mayoría de comunidades está alineada con Odecofroc (Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa) que lidera la oposición contra la actividad minera en la Cordillera del Cóndor. Asimismo, las comunidades asentadas en la cuenca del río Chirinos, en la provincia de San Ignacio (Cajamarca), están divididas: una parte de ellas, base de la Organización Fronteriza Awajun de Cajamarca (Orfac), se opone a la presencia de la minera Águila Dorada, mientras otra está a favor.

Otros problemas

Un problema adicional que enfrenta la propuesta de creación de territorios integrales es la falta de continuidad de los asentamientos de los pueblos indígenas. Se trata de hábitats segmentados no porque las comunidades hayan sido tituladas individualmente sino por la presencia de ciudades, pueblos y colonos en ellos. Esto es consecuencia de los procesos de colonización a los que ya antes me he referido. En algunos casos, la intrusión de colonos ha sido tan fuerte que ha obligado a los indígenas a emigrar hacia otras cuencas. Es lo que sucede, por ejemplo, con los ashaninkas del Perené y Tambo que se han desplazado hacia el alto Ucayali. Un proceso similar sucedió con awajun del alto Marañón que se desplazaron hace varias décadas hacia la zona del alto Mayo.
¿Cómo pensar en un único territorio ashaninka o awajun con asentamientos que se encuentran a los largo de cinco o seis cuencas distintas y distantes entre sí y además con ciudades y centros poblados intermedios, además de asentamientos de colonos?

Conclusiones

• Tradicionalmente el territorio ha sido la parte del Universo ocupada por un pueblo, no solo mediante asentamientos y desarrollo de actividades hortícolas y extractivas, sino también del sello cultural que significa darle nombre a los ríos, montañas y cochas y tejer historias enraizadas en el medio.

• En este sentido el territorio ha sido un espacio de ocupación física y de marca cultural antes que una superficie delimitada con exactitud. Por esto, los territorios se expandían en unos momentos y se contraían en otros.

• Cinco siglos de ocupación colonial y republicana y de expansión evangelizadora y de una visión económica que pone valor a las cosas por la posibilidad de hacer que produzcan ganancias y rentas han cambiado las concepciones y conductas de los indígenas. Los hábitats de los pueblos indígenas se han reducido a consecuencia del avance de la colonización. Ellos han sido reducidos de muchas maneras y hoy ocupan apenas una fracción de las áreas donde antes actuaban.

• Las propuestas actuales para conformar territorios étnicos deben partir del hecho que hoy las condiciones de vida de los indígenas son distintas a las de siglos atrás, no solo porque el espacio también está habitado por otras personas, sino porque ellos mismos han adoptado perspectivas distintas para pensar y actuar sobre la realidad.

• En este sentido, hablar de territorio hoy implica darle nuevo contenido al concepto. Territorio hoy es un modelo por armar que tiene muchas posibilidades diferentes de realización. Las respuestas dependerán de cada situación en concreto.

• El territorio es una utopía y su construcción debe partir de realidades concretas, a riesgo de incurrir en la fantasía, palabras que, aunque tenga sonoridad parecida, son diametralmente contrarias.

• En este texto presento cuatro situaciones diferentes que he conocido en la realidad, sin pretender que ellas agoten todas las que puedan existir. En una el territorio es la suma de espacios pertenecientes a diversas personas, algunas no indígenas, que se ponen de acuerdo en normas básicas de manejo territorial. En otra, se trata de comunidades más o menos colindantes que asumen normas comunes de gestión territorial de la totalidad de la superficie que ocupan. En la tercera son comunidades que complementan sus territorios particulares con un área protegida y definen de manera conjunta las normas de gestión. En la última, se trata de un conjunto de asentamientos que resuelven legalizarse como una sola comunidad que es gestionada por un organismo interno de toma de decisiones que representa a todos.

• En todos los casos, sin embargo, lo fundamental en el proceso de construcción territorial son los acuerdos sociales que pueda tomar la gente para gestionar el territorio sobre la base de criterios comunes. El énfasis en acuerdos y normas propias pone la responsabilidad de la construcción de territorios en la propia sociedad, en lo interno, en lo que ella puede hacer sin depender de decisiones de terceros. En cambio, el énfasis en la legislación pone la responsabilidad afuera, en lo que no depende de los pueblos sino del Estado, de un Estado que cada día es más agresivo y transgresor de los derechos de los pueblos indígenas.

• Los aspectos legales son importantes para consolidar los acuerdos que se hayan tomado. Son el paso final fundamental ya el territorio en la concepción actual no solo tiene que estar socialmente controlado, sino también legalmente reconocido y con límites precisos para poder defenderlo.

• Existen muchas amenazas y obstáculos externos que traban el desarrollo de propuestas territoriales. Entre ellos, están leyes abusivas, políticas antidemocráticas y normas que superponen derechos sobre los territorios comunales. En mi perspectiva, todas estas amenazas y obstáculos sólo pueden ser vencidos si primero se han superado las amenazas internas que debilitan y dividen las iniciativas que intentan desarrollar los pueblos indígenas.

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* Ponencia presentada en el curso taller “Políticas de desarrollo, territorio y consulta previa”, organizado por el Fórum Solidaridad Perú, realizado en Tarapoto, entre el 1 y 3 de julio de 2015.

Perú: Acusan al Gobierno de falta de voluntad para cumplir acuerdos

Hace cuatro meses, todo era motivo de alegría para el gobierno. Foto: Puinamudt

Servindi.- Hace exactamente cuatro meses, entre bombos y platillos, el Gobierno firmó un acuerdo con las federaciones nativas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, por el cual se comprometió a dar solución a la emergencia ambiental y social que desde hace décadas se vive en la zona. Ha pasado un tiempo prudencial desde entonces y el balance general de lo avanzado es negativo.
Esto se refleja en lo dicho por los apus o líderes de las federaciones del Pastaza, Corrientes y Marañón que formaron parte de una reunión de evaluación con representantes del Estado, el jueves último.
Como se comunicó en su momento, el acta firmada el 10 de marzo contemplaba acciones en los temas siguientes: remediación ambiental, titulación de tierras, estudios epidemiológicos y toxicológicos en la población, educación y proyectos de desarrollo (descargar aquí y aquí).
Para Alfonso López, presidente de la federación indígena del Marañón, Acodecospat, lo claro al día de hoy es que no se ha avanzado lo mínimo, y esto se ve –sostiene– en que “ninguna de las cinco condiciones está resuelta”.
No obstante, rescata sí la instalación de plantas de tratamiento de agua en varias de las comunidades afectadas por contaminación petrolera provocada por más de 40 años de actividad.
Dicho esto, la situación en las comunidades es delicada tomando en cuenta que la Comisión Multisectorial de carácter temporal que se creó para brindarles atención, y en cuyo marco se firmó el acta del 10 de marzo, se encuentra en su última etapa.
Cabe precisar que, en paralelo a las acciones que se supone debe hacer el Estado en las materias ya citadas, se viene acelerando el proceso de la consulta previa del Lote 192, nomenclatura asignada a la suma que dan el actual Lote 1AB y otras áreas fuera de este, en el departamento de Loreto.
En en citado proceso se encuentran las comunidades ubicadas en las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza y Tigre, que serán afectadas por la actividad petrolera en dicho lote.

Piden acciones concretas

La desidia que denuncian del gobierno ha motivado que en el caso del Marañón se tome la decisión de que en los próximos días tenga lugar una asamblea con las comunidades para decidir lo que se va a hacer al respecto.

Alfonso López Tejada. Foto: Servindi

El mismo camino podrían seguir las otras federaciones, con motivo de lo visto el jueves en la reunión con el Estado.
“Ellos han tratado de hacernos confundir con sus comentarios técnicos (…). Nosotros lo que queremos es escuchar sobre hechos concretos”, dijo Carlos Sandi Maynas, presidente de la federación del Corrientes, Feconaco, tras la reunión durante un encuentro con periodistas y organizaciones aliadas.

Para el gobierno todo está bien

Siguiendo esa línea, los apus cuestionaron que el gobierno diga que lo avanzado en torno al acta, es del 60 por ciento. Sobre este punto, señalaron que en ningún momento los funcionarios explicaron en base a qué criterios hicieron dicho cálculo.
López Tejada, de la Acodecospat, manifestó su extrañeza al respecto ya que –explicó– no se puede calificar de avance los discursos de buena intención del gobierno.
Otro hecho que motivó críticas fue que no se esté cumpliendo con convocar a las federaciones a los espacios de diálogo señalados en el acta.
Sostuvieron así que en el tema de educación llevan seis meses tratando de obtener una cita con el Ministerio. “Se están tomando decisiones sin la participación de las federaciones indígenas cuando esto estaba garantizado en el acta”, acusaron.
La cita con el propio Estado también se convirtió en blanco de críticas. Esto debido a que asistieron, en su gran mayoría, funcionarios de segundo y tercer rango, que no tienen poder de decisión y que no cumplían con despejar las interrogantes planteadas por las federaciones.
“Lo único que (ellos) dicen es que el Ministerio de Economía no nos aprobó, que no nos quiere dar plata”, apuntó López sobre el desarrollo de la cita con el gobierno en la sede de la PCM.
Por todo ello, la reunión fue calificada de poco productiva por lo que los apus anunciaron que ya vienen trabajando fechas para visitar las comunidades e informar sobre esta situación.
“Si el Estado no se pone la mano al pecho emprenderemos acciones”, sentenció Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep).

Cumbre Wampis reafirma territorio integral y gobernanza autónoma

Fotos: AIDESEP

Servindi, 8 de julio, 2015.- La Cumbre indígena del pueblo Wampis que reunió a más de 120 líderes indígenas provenientes de las comunidades de las cuencas de los ríos Morona y Santiago reafirmó su territorio integral, gobernanza autónoma y aprobó el Estatuto Autónomo del Gobierno Territorial de la Nación Wampis.
El evento de indudable significación histórica se realizó los días 29 y 30 de junio en la comunidad nativa Nueva Alegría y constituyó la comisión para la constitución del Gobierno Territorial Wampis en base a la ocupación y posesión ancestral de su territorio.
El evento contó con el respaldo de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas -San Lorenzo (CORPI-SL), base regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
La Cumbre discutió la situación interna del pueblo Wampis y además se presentó y avaló el proyecto de corredor biológico del territorio Wampis, el cual fue sustentado con el respaldo jurídico internacional y la propia autonomía interna del pueblo Wampis.
“Toda esta iniciativa surge en el marco de nuestra autonomía y el manejo de los recursos naturales, porque nos hemos dado cuenta que nunca hemos sido dueños de nuestros recursos en nuestros propios territorios” manifestó Jamner Manihuari, vicepresidente de la AIDESEP.
Los representantes indígenas consideraron que el primer reto será crear el Parlamento Wampis como una instancia de deliberación política propia, al amparo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Una de las demandas consensuadas por la Cumbre es solicitar la anulación de todas las concesiones mineras y petroleras existentes en sus territorios.

Fortalecer la unidad del pueblo Wampis

Parte importante de la agenda del evento se centró en la situación interna del pueblo Wampis, arribándose como acuerdo central promover la unidad de las comunidades Wampis de las zonas de Kankaim y Kanus, para luchar de manera conjunta en la defensa y protección del territorio integral Wampis.
Otro acuerdo fue rechazar el ingreso inconsulto de empresas extractivas en territorio Wampis y velar por la protección y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Respecto al tema organizativo se acordó evitar que sigan surgiendo nuevas organizaciones que fracturen y debiliten la representación indígena. Más bien, el consenso fue prepararse para afirmar una estructura propia de gobierno que responda a los intereses colectivos de desarrollo colectivo del pueblo Wampis.

Estatuto autónomo

La Cumbre debatió y aprobó el Estatuto Autónomo del Gobierno Territorial de la Nación Wampis y conformó una comisión de redacción final del Estatuto validado.
La comisión está conformada por Shapióm Noningo Sesen, Wrays Pérez Ramírez, Santos Núñez García y Gil Inoach Shawit.
La versión final del Estatuto será entregada oportunamente a los miembros de la Comisión de constitución del Gobierno Territorial de Kankaim y Kanus y será ampliamente difundida en todas las comunidades del pueblo Wampis.
La Comisión de constitución del Gobierno Territorial tiene como principal misión sensibilizar a las comunidades para la instalación del Gobierno Autónomo, organizar la instalación provisional del Gobierno Territorial y organizar las condiciones y logísticas necesarias para la realización del próximo evento.
El nuevo certamen Wampis tiene como fecha prevista del 27 al 29 de noviembre de 2015 en la comunidad Wampis de Soledad.
El Gobierno Territorial transitorio del pueblo Wampis se instalará mediante la realización de un evento a cargo de la Comisión coordinadora en acuerdo con CORPI – SL, el Consejo Especial Permanente de los Pueblos Indígenas Awajún y Wampis (CEPAW), la AIDESEP y otras organizaciones aliadas.

Comisión de constitución del Gobierno Territorial

Por el Kanus:

• Kefren Graña Yankur, coordinador.
• Gerónimo Petsain Yacum.
• Juan Noningo Puwai.
• Wrays Pérez Ramírez, asesor.

Por el Kankaim:

• Leonardo Espinar Vásquez, coordinador
• Rafael Mashingashi.
• Román Petsa Torres.
• Anibal Encinas García, asesor.

—- Con información de AIDESEP: http://www.aidesep.org.pe/territorio-integral-y-gobernanza-autonoma-es-el-resultado-de-la-cumbre-wampis/

Paraguay: Indígenas tomarán carreteras hasta que se cumpla sentencia de devolución de tierras

Imagen: Tierra Viva

Servindi.- Con el bloqueo de dos importantes carreteras,  indígenas de la región del Chaco iniciaron una serie de protestas para que el Estado cumpla una sentencia de  la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena la restitución de sus territorios ancestrales.
La demora del Estado en efectuar la compra de un predio de 7,700 hectáreas a un ganadero para devolvérselas a los indígenas de la comunidad Xákmok Kásek, tal como dispuso una sentencia de la Corte IDH en 2008, ha creado incertidumbre en los nativos y esto es lo que los ha llevado a emprender las medidas de fuerza.
Las movilizaciones se dan a solo días de la visita del Papa Francisco al país.
El predio ganadero, cuyo dueño es el empresario estadounidense  Roberto Eaton, se encuentra en el departamento de Presidente Hayes y ocupa la mayor parte de las tierras que se deben restituir a los nativos, las cuales abarcarían en total 10,700 hectáreas.
Tras un infructuoso pedido para que se cumpla con la sentencia, desde la mañana del lunes 6 de julio indígenas de la comunidad Xákmok Kásek cortaron la ruta Transchaco –principal vía de la región occidental del país–, a la altura del kilómetro 325.
Al mismo tiempo, otro bloqueo se realizó en el  kilómetro 369 de la ruta Coronel Franco, a la altura de la comunidad  indígena Sawhoyamaxa, del pueblo énxet.
El corte de  ambas vías se llevó a cabo en dos momentos del día, y fue organizado por la comunidad de  Xákmok Kásek con el apoyo de las comunidades enxet sur, sanapaná y angaité y con el respaldo de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh).
Ambos bloqueos son solo el inicio de una serie de protestas que no pararán hasta lograr una “respuestas clara” del Gobierno, declaró a la agencia EFE el abogado Ireneo Téllez, de la organización Tierra Viva, que representa a comunidades indígenas.
Advirtió que los bloqueos llegarían a durar seis horas continuas y afectarían la llegada de visitantes a Asunción con motivo de la visita del Papa Francisco, programada para el viernes 10 de julio.
Por su parte, la comunidad de Sawhoyamaxa, perteneciente al grupo énxet  se ha sumado a la protesta, pues también exige que se cumpla una sentencia de la Corte IDH, que en 2006 dispuso se le restituyan territorios ancestrales.