Oscar
Chigkun Mayan, jóven líder awajún escribió una deliciosa carta a Felipe
Cantuarias, presidente de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos (SNH)
respondiendo a la idea que señala que el fallo que anula el contrato del
Lote 116 por omitir la consulta previa "atenta con la seguridad
jurídica". ¡No se la pierda!
Según el señor Felipe Cantuarias, Presidente de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, y el Ministerio de Energía y Minas, la Resolución N° 13 del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima de fecha 28 de marzo de 2017, que anula el contrato de Lote Petrolero N° 116 “atenta contra la seguridad jurídica de las empresas”. Por lo que, según ellos dicha resolución debe apelarse y dejar sin efecto.
Esta tesis, al parecer, expresa el sentir del Estado y de las empresas en su mayoría privadas que operan en nuestro país, que se han visto tocados por la sentencia, pero no recoge mínimamente el sentir del pueblo Awajún y Wampis —en este caso— víctimas de violación de sus derechos fundamentales durante décadas por parte de las empresas y por parte del propio Estado.
En este sentido, como líder y presidente de la Comunidad Nativa a la que represento me siento moralmente obligado a responder esta postura: Desde nuestro punto de vista la resolución en mención es real y verdaderamente justa por varias razones: la resolución no inventa nuevos conceptos, simplemente desarrolla los conceptos jurídicos (consulta y consentimiento) que ya lo teníamos en la legislación nacional desde el 2 de febrero de 1995 fecha en que el Convenio 169 de la OIT entra en vigencia en nuestro país.
Sin embargo, tras la publicación de esta resolución vemos desesperación de las empresas que se han esforzado a presentar el recurso de apelación y pronunciamiento por todas partes, sobre todo utilizando los grandes medios de difusión a lo que llamo “medios de confusión” pero este esfuerzo nosotros los indígenas entendemos como intento de obstaculizar el principio de imparcialidad del Poder Judicial. Pues le están diciendo que la sentencia debió de favorecer, más que el interés, el capricho de las empresas que tratan de meter miedo para ser favorecidos sí o sí por el Poder Judicial Peruano. Y no dejan libre que el Poder Judicial como órgano autónomo del Estado cumpla su labor con objetividad.
Nosotros no tenemos miedo a la inversión privada, pero sí tenemos miedo que el Poder Judicial sea comprado por las empresas. Lo que generaría un triste antecedente histórico: generaría un aire de desconfianza en el Poder Judicial ya que dejaría de ser autónomo y pasaría a ser como instrumento de interés de los “poderosos”. Y en este suspenso solo existen dos opciones: o se garantiza el derecho humano o se garantiza el interés de las empresas. Si las empresas logran, los pueblos indígenas una vez más seguiríamos siendo privados de nuestros derechos fundamentales como personas humanas y como pueblos. Y no saldremos de ser víctimas de abusos de parte de las empresas y de parte del mismo Estado garante. Es decir sin seguridad jurídica siendo pueblos y siendo culturas…
En Condorcanqui claro que existen empresas como Petro Perú y las empresas madereras que operan desde décadas pero no cumplen la mínima exigencia legal. Estas empresas llenan de dinero sus bolsillos y a las comunidades las dejan llenas de basura y pobreza. Es decir, se enriquecen a costa de la contaminación de nuestras aguas y territorios que ellos mismo ocasionan. Y cuando esto se da nadie se preocupa de nosotros, ni el Estado mucho menos las empresas.
Para nosotros es muy importante el agua tan igual que la propia vida porque nuestro pensamiento es holístico y no lineal y todos los elementos que compone la naturaleza son tan importantes como nosotros. Por eso la defendemos tanto, porque sabemos que no podemos vivir sin agua o sin aire. Puesto que sin el territorio moriríamos como los peces sin agua. Esto les cuesta entender a los limeños porque no forma parte de su vida. Y como no entienden no lo valoran y no se dan cuenta que destruyendo territorios destruimos vidas. Pero ojalá puedan entenderlo siquiera un poquito con la lección que nuestra madre naturaleza les ha dado a principios de este año.
A pesar de todo y a pesar de esta coyuntura que parece tan confusa para muchas personas que no quieren entender de nuestra cultura queremos seguir confiando en la autonomía y en la imparcialidad del Poder Judicial de nuestro país.
En conclusión, como he dicho nosotros no tenemos miedo a la inversión privada. Lo que tememos miedo es que el Poder judicial sea comprado por los empresarios. Bienvenida la inversión que se sujete a la consulta previa y el consentimiento, y termino diciendo “si no nos dejan soñar no les dejaremos dormir”.
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* Oscar Chigkun Mayan es líder awajún y presidente de la Comunidad Nativa Antiguo Kanam, provincia de El Cenepa, Condorcanqui, Amazonas.
Carta a Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos
Por Oscar Chigkun Mayan*Según el señor Felipe Cantuarias, Presidente de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, y el Ministerio de Energía y Minas, la Resolución N° 13 del Cuarto Juzgado Constitucional de Lima de fecha 28 de marzo de 2017, que anula el contrato de Lote Petrolero N° 116 “atenta contra la seguridad jurídica de las empresas”. Por lo que, según ellos dicha resolución debe apelarse y dejar sin efecto.
Esta tesis, al parecer, expresa el sentir del Estado y de las empresas en su mayoría privadas que operan en nuestro país, que se han visto tocados por la sentencia, pero no recoge mínimamente el sentir del pueblo Awajún y Wampis —en este caso— víctimas de violación de sus derechos fundamentales durante décadas por parte de las empresas y por parte del propio Estado.
En este sentido, como líder y presidente de la Comunidad Nativa a la que represento me siento moralmente obligado a responder esta postura: Desde nuestro punto de vista la resolución en mención es real y verdaderamente justa por varias razones: la resolución no inventa nuevos conceptos, simplemente desarrolla los conceptos jurídicos (consulta y consentimiento) que ya lo teníamos en la legislación nacional desde el 2 de febrero de 1995 fecha en que el Convenio 169 de la OIT entra en vigencia en nuestro país.
Los pueblos indígenas no buscamos vetar la inversión privada, solo buscamos que nos consulten y obtengan el consentimiento como una forma de garantizar el tipo de proyecto que se quiere realizar en nuestra zona. Esto es una oportunidad de los dos lados,La sentencia nos recuerda que los pueblos indígenas somos sujetos de derecho constitucional e internacional como el derecho “al territorio, salud, identidad cultural, y vivir en ambiente sano y equilibrado”. Entonces señala que para promover cualquier actividad de gran escala dentro del territorio indígena hay que consultar y obtener el consentimiento. Desde luego, no nos mira como chiquititos e insignificantes. Nos mira como pueblos sujetos de derecho con quienes hay que debatir de igual a igual cualquier iniciativa legislativa o administrativa. Esto recupera la confianza de los Pueblos Indígenas en la labor imparcial del Poder Judicial. Pues realmente es por primera vez que el Poder Judicial ha puesto ojos en nosotros. Con esta sentencia el Poder Judicial está cumpliendo su principio de imparcialidad y no de la “ley del más fuerte” ni del “mejor postor” que imperaba durante mucho tiempo en nuestro país. Además la sentencia agrega que hay que sancionar a aquellas empresas que laboran de mala fe, de decir, que no han consultado ni obtenido el consentimiento. Por ende, cuyas actividades ponen en peligro a la vida y la subsistencia de estos pueblos. Y ¿por qué las empresas no quieren que sus proyectos se sometan a la consulta y consentimiento? Indudablemente porque saben que dichos proyectos están viciados, además, porque no quieren cumplir las exigencias legales. Los pueblos indígenas no buscamos vetar la inversión privada, solo buscamos que nos consulten y obtengan el consentimiento como una forma de garantizar el tipo de proyecto que se quiere realizar en nuestra zona. Esto es una oportunidad de los dos lados, donde el Estado y los Pueblos indígenas dialoguen de igual a igual sobre una medida que será beneficiosa para ambas partes. Pero bajo el principio de un diálogo de buena fe. Así lo entendemos. Por eso los Awajún y Wampis la respaldamos y la festejamos.
Sin embargo, tras la publicación de esta resolución vemos desesperación de las empresas que se han esforzado a presentar el recurso de apelación y pronunciamiento por todas partes, sobre todo utilizando los grandes medios de difusión a lo que llamo “medios de confusión” pero este esfuerzo nosotros los indígenas entendemos como intento de obstaculizar el principio de imparcialidad del Poder Judicial. Pues le están diciendo que la sentencia debió de favorecer, más que el interés, el capricho de las empresas que tratan de meter miedo para ser favorecidos sí o sí por el Poder Judicial Peruano. Y no dejan libre que el Poder Judicial como órgano autónomo del Estado cumpla su labor con objetividad.
Nosotros no tenemos miedo a la inversión privada, pero sí tenemos miedo que el Poder Judicial sea comprado por las empresas. Lo que generaría un triste antecedente histórico: generaría un aire de desconfianza en el Poder Judicial ya que dejaría de ser autónomo y pasaría a ser como instrumento de interés de los “poderosos”. Y en este suspenso solo existen dos opciones: o se garantiza el derecho humano o se garantiza el interés de las empresas. Si las empresas logran, los pueblos indígenas una vez más seguiríamos siendo privados de nuestros derechos fundamentales como personas humanas y como pueblos. Y no saldremos de ser víctimas de abusos de parte de las empresas y de parte del mismo Estado garante. Es decir sin seguridad jurídica siendo pueblos y siendo culturas…
No creo que la pobreza en Condorcanqui se deba porque las empresas no vayan a operar en nuestra zona.Exactamente, es esto lo que buscan las empresas. Y la explicación es sencilla, estas empresas han venido trabajando decenas de años y no han cumplido la mínima exigencia que obliga la Constitución. Hablo como testigo y no como tercero. Desde luego, la otra tesis del señor Cantuarias queda fuera de su asidero real. Dice que “"la explotación petrolera va a resolver la pobreza en Condorcanqui". Entonces, ¿De quién es la responsabilidad, de la empresa o del Estado? salvo que la empresa quiera sustituir el rol del Estado... pero, ¿eso es dable? No creo que la pobreza en Condorcanqui se deba porque las empresas no vayan a operar en nuestra zona.
En Condorcanqui claro que existen empresas como Petro Perú y las empresas madereras que operan desde décadas pero no cumplen la mínima exigencia legal. Estas empresas llenan de dinero sus bolsillos y a las comunidades las dejan llenas de basura y pobreza. Es decir, se enriquecen a costa de la contaminación de nuestras aguas y territorios que ellos mismo ocasionan. Y cuando esto se da nadie se preocupa de nosotros, ni el Estado mucho menos las empresas.
no tenemos miedo a la inversión privada. Lo que tememos miedo es que el Poder judicial sea comprado por los empresariosDesde el punto de vista del Estado y de las empresas somos gente minúscula de “segunda clase”, que no piensa y no se da cuenta de lo que pasa a su entorno, chiquititos, pobres y salvajes que merece ser “educados” y “civilizados”. Estos conceptos fueron superados por la evolución del derecho internacional. Nosotros somos un pueblo, tenemos nuestra propia cultura, identidad, cosmovisión y sabiduría en el manejo del bosque. Y vivimos alegres con este tipo de pobreza que nos atribuyen los grandes medios de "difusión" a lo que yo llamo “medios de confusión”.
Para nosotros es muy importante el agua tan igual que la propia vida porque nuestro pensamiento es holístico y no lineal y todos los elementos que compone la naturaleza son tan importantes como nosotros. Por eso la defendemos tanto, porque sabemos que no podemos vivir sin agua o sin aire. Puesto que sin el territorio moriríamos como los peces sin agua. Esto les cuesta entender a los limeños porque no forma parte de su vida. Y como no entienden no lo valoran y no se dan cuenta que destruyendo territorios destruimos vidas. Pero ojalá puedan entenderlo siquiera un poquito con la lección que nuestra madre naturaleza les ha dado a principios de este año.
A pesar de todo y a pesar de esta coyuntura que parece tan confusa para muchas personas que no quieren entender de nuestra cultura queremos seguir confiando en la autonomía y en la imparcialidad del Poder Judicial de nuestro país.
En conclusión, como he dicho nosotros no tenemos miedo a la inversión privada. Lo que tememos miedo es que el Poder judicial sea comprado por los empresarios. Bienvenida la inversión que se sujete a la consulta previa y el consentimiento, y termino diciendo “si no nos dejan soñar no les dejaremos dormir”.
Oscar Chigkun Mayan
---* Oscar Chigkun Mayan es líder awajún y presidente de la Comunidad Nativa Antiguo Kanam, provincia de El Cenepa, Condorcanqui, Amazonas.
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