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24 ene 2015

Chile: Indígenas de Arica rechazan consulta emprendida por el Gobierno

Servindi, 22 de enero, 2015.- Indígenas de la comuna de Arica, al norte de Chile, rechazaron el “cierre exitoso” de una consulta indígena emprendida por el Gobierno y exigen se deroguen las normas que la rigen porque consideran que no cumple con los “estándares internacionales”.
Este pedido fue hecho por la Asamblea Autoconvocada de Organizaciones de los Pueblos Aymara, Quechua y Mapuche.
Los miembros que integran este grupo rechazaron así el anuncio del representante del Ministerio de Desarrollo Social, Julio Verdejo, acerca de la realización del proceso de consulta.
En un comunicado ellos señalaron que el proceso de consulta -referido a la creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas y del Consejo de Pueblos Indígenas- no se ajusta a los estándares del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Por ello, tras enterarse, el pasado 19 de enero, del presunto “cierre exitoso” del proceso, anunciado por Verdejo, ingresaron a la sede de la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social en Arica y entregaron el pronunciamiento a la autoridad del sector, en el que se solicitan abrir una instancia de diálogo.
Esta tendría como fin debatir las propuestas generadas en la asamblea y garantizar la participación efectiva de los indígenas en el proceso, explicaron las organizaciones.

Cuestionan normativa

En el pronunciamiento pidieron también la “inmediata derogación” de los dos decretos que regulan la consulta -decretos Nº 66 y  Nº 40-, como “muestra de buena fe del actuar del Gobierno”.
Explicaron en el documento que se oponen al proceso de consulta basado en las regulaciones dispuestas en el Decreto Supremo N° 66  porque consideran que este “no garantiza el derecho a la consulta”.
Recordaron que en el informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), presentado en diciembre pasado, el organismo recomendó al Gobierno derogar ambos decretos.
Finalmente, emplazaron a la presidenta del país, Michelle Bachelet, a cumplir su “palabra empeñada” de “revisar y modificar la legislación vigente en el país, en función de adecuarla a los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas.”
El pronunciamiento fue suscrito por Silvia López Blanco, de la Asociación Indígena Yatiña Uta; Jacqueline Bustillos Mamani, de la Asociación Indígena de Allegados y Desarrollo de los Pueblos Originarios y Urbanos.
Así como por Hortencia Hidalgo Cáceres, coordinadora de la Mujer Indígena y Margot Ríos Mamani, de la Asociación Indígena Wiñay Inti-Sol Eterno.

Demarcación indígena se vuelve clave para Amazonia venezolana

Indígenas del sur de Venezuela reclaman la demarcación de sus territorios, mayor atención del Estado para sus carencias y protección ante la invasión fronteriza de mineros y grupos armados.
El chamán José Carmona rechaza a los grupos armados. Crédito: Humberto Márquez/IPS
El chamán José Carmona rechaza a los grupos armados. Crédito: Humberto Márquez/IPS
CAÑO DE UÑA, Venezuela, 19 nov 2013 (IPS) - “En todos los países de la cuenca amazónica hay un discurso ambientalista, pero todos tienen convenios con trasnacionales para carreteras, minería o explotación forestal”, dice a Tierramérica el indígena curripaco Gregorio Díaz Mirabal, habitante del sur de Venezuela.
En este país “hay más de 50 normas que favorecen los derechos de los indígenas, pero se hace difícil cumplirlas, y las decisiones sobre nuestros asuntos se consultan principalmente con los indígenas que tienen cargos en el gobierno”, añade Díaz Mirabal, coordinador de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA), que reúne a 17 de las 20 etnias de este estado sureño.
“Ese es el caso de la concesión a la empresa china Citic para que levante un mapa minero de Venezuela. No queremos desarrollos mineros, ni que se nos criminalice como desestabilizadores o agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) o que defendemos otros intereses extranjeros”, agregó.
Once organizaciones étnicas de Amazonas vienen solicitando desde junio una reunión con el presidente Nicolás Maduro para tratar una moratoria de la exploración minera acordada con Citic y que se acelere la demarcación territorial.
"Hemos encontrado a indígenas marcados con números en los brazos por mineros que los usan como propiedad". – Activista yanomami Luis Shatiwe
“No hay otra forma de sostener nuestra vida sino defendiendo el ambiente, nuestro hábitat, somos guardianes de la Amazonia para salvar al planeta”, dice a Tierramérica el dirigente Guillermo Arana, del pueblo uwottyja o piaroa, en la comunidad de Caño de Uña, con el tepuy (montaña de paredes verticales) Autana como telón de fondo.
Varias horas en bote desde Puerto Ayacucho, capital regional situada 400 kilómetros al sur de Caracas, remontando los ríos Orinoco, Cuao y Autana, permiten avistar el tepuy también llamado Wahari-Kuawai, “árbol de la vida” para los uwottyjas.
Las comunidades ocupan claros entre la selva y los ríos, caudalosos en esta temporada de lluvias, reflejando una flora de base frágil, pues sobre el lecho granítico es muy delgada la capa vegetal.
En Amazonas, de 184.000 kilómetros cuadrados, 54 por ciento de sus 180.000 habitantes son indígenas. La minería aquí está prohibida por ley desde 1989 y la mayor parte del territorio goza de alguna forma de protección ambiental.
La demarcación de los territorios indígenas está establecida en la Constitución de 1999, y una comisión nacional, encabezada por el Ministerio del Ambiente, debe llevarla a cabo. Su último informe, de 2009, dio cuenta de la entrega de 40 títulos de propiedad colectiva a 73 comunidades de una decena de pueblos, con unas 15.000 personas.
No se ha entregado ningún título a un pueblo entero, de los 40 que tiene este país, sino a ciertas comunidades, y ninguna de ellas está en Amazonas.
“Es un proceso complejo por la multietnicidad –varias etnias actúan sobre un mismo territorio—, y porque allí cabalgan mandatos legales sobre pueblos indígenas con normas sobre ambiente, seguridad, desarrollo y fronteras”, dice a Tierramérica el curripaco César Sanguinetti, diputado nacional por Amazonas del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela.
Sanguinetti asegura que “el Estado tiene disposición de proceder prontamente a la demarcación de territorios, ojalá antes de que finalice este año”.
Otro legislador indígena y oficialista, José Luis González, apunta que “podríamos servir de puente para una reunión con el presidente (Maduro) si es preciso”.
“Ahora bien, el título que resulte de la demarcación permitirá a las comunidades fortalecer su propiedad colectiva y exigir con más fuerza sus derechos, pero no es lo que va a acabar con la minería ilegal”, advierte González, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del parlamento e integrante de la etnia pemón, ubicada en el sudeste.
Demarcación indígena se vuelve clave para Amazonia venezolana
Niñas y niños uwottyja en la comunidad amazónica de Samaria. Crédito: Humberto Márquez/IPS
Mientras personal de Citic desembarca en varias regiones de Venezuela para estudiar el potencial minero, las “bullas” (rústicas minas de aluvión) se multiplican en la intrincada topografía de Amazonas, operadas casi siempre por buscadores de oro de Brasil, Colombia y otros países.
Testimonios recogidos por Tierramérica dan cuenta de decenas de estas explotaciones y de cientos de mineros trashumantes que deforestan trozos de selva, contaminan ríos con el mercurio para reducir el oro y explotan a la población local.
“Hemos encontrado a indígenas marcados con números en los brazos por mineros que los usan como propiedad, los hacen trabajar a cambio de casi nada: algo de comida, ron, unos machetes. Los emplean para llevar cargas, y a las mujeres para su servicio”, dice a Tierramérica el activista yanomami Luis Shatiwe, en el Alto Orinoco fronterizo con Brasil.
A estos pueblos “no se los ha consultado, como manda la Constitución, el acuerdo con Citic”, lo que “agrava un dato de la realidad: desde hace más de 30 años hay minería ilegal, sobre todo en el Alto Orinoco”, sostiene José Ángel Divassón, vicario apostólico de Amazonas.
El flanco oeste de Amazonas es una frontera fluvial con Colombia de 690 kilómetros. Aquí escasean bienes esenciales –alimentos, gasolina para las embarcaciones, utensilios y materiales— pues son pasto del contrabando, favorecido por la diferencia de precios entre los dos países.
Un litro de gasolina cuesta en Venezuela 1,5 centavos de dólar, y en Colombia, 100 veces más.
Los indígenas denuncian, además, que en sus territorios incursionan, acampan, se aprovisionan y hasta imponen su ley grupos de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
“El oro y la guerrilla causan estragos. La guerrilla se comporta como una vanguardia que protege el negocio de la minería ilegal, violando los espacios indígenas y dañando el ambiente”, dijo a corresponsales de la prensa extranjera el gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, indígena e izquierdista que se opone al gobierno central de Maduro.
Las comunidades uwottyja se reunieron en mayo con representantes de las FARC y les comunicaron su deseo de que abandonasen su territorio.
“Aquí han llegado los guerrilleros a decirnos que son revolucionarios y que luchan contra el imperio” dice a Tierramérica el chamán y dirigente del Consejo de Ancianos de Caño de Uña, José Carmona. “Pero nosotros somos gente de paz, no queremos armamento sino vivir pacíficamente en los territorios que nos pertenecen”.
Este artículo fue publicado originalmente el 16 de noviembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.

21 ene 2015

Policía y Seguridad de Yanacocha hostigan a Máxima Acuña – (Cajamarca, Perú)

Máxima-Acuña-de-Chaupe-denuncia-nueva-intimidación-de-Policía-Nacional-del-Perú-contratada-por-minera-Yanacocha


ALERTA Nro. 001 – 2015 Cajamarca, Perú. 20. Enero.2015.
A mediodía de hoy, aproximadamente 15 efectivos de la Policía Nacional del Perú en compañía de varios miembros de la empresa SECURITAS, que brinda servicios de seguridad privada a Minera Yanacocha, irrumpieron en el domicilio de Máxima Acuña Chaupe quien se encontraba con su esposo. El propósito de la intervención policial era para prohibirles que realicen actividades agropecuarias e impedir las obras de mejoramiento de su vivienda.
Ninguno de los efectivos policiales quiso identificarse ni mostrar si tenían una orden judicial para la mencionada intervención policial, tampoco estaban acompañados de alguna autoridad del Ministerio Público que justificara la violación del domicilio y la irrupción armada en el terreno ubicado en el sector de Tragadero Grande que es propiedad de Máxima Acuña y que ha sido motivo de acciones judiciales en los que la Minera Yanacocha pretendió despojarle de sus tierras durante los años 2010-2014.
Como se recuerda, en diciembre pasado, la Sala Judicial de Apelaciones de Cajamarca emitió una sentencia favorable a Máxima Acuña por la cual ella y su familia se sentían amparados legalmente para no seguir siendo hostigados por la empresa minera y su personal de seguridad. No obstante, el día de hoy el personal policial armado que irrumpió en propiedad de los Acuña Chaupe los amenazó cuando estos exigieron que se retiraran inmediatamente de su propiedad e incluso trataron de arrebatar el teléfono celular de Jaime Chaupe cuando éste procedió a fotografiar a sus agraviantes.
La defensa legal de Máxima Acuña y su familia procederá a realizar las denuncias correspondientes por esta evidente arbitrariedad policial que se da en el marco de los contratos que la minera tiene para pagar los honorarios de los policías quienes terminan actuando como un refuerzo de su cuerpo privado de seguridad SECURITAS y un instrumento de hostigamiento a campesinos que se negaron a vender sus tierras a Yanacocha.
Observatorio de Conflictos
GRUFIDES

Panamá: Vicepresidenta y ministros viajarán a la comarca Ngäbe Buglé ante ultimátum indígena

Imagen: Gabriel Rodríguez
Servindi, 20 de enero, 2015.- A través de una comisión presidida por la vicepresidenta Isabel de Saint Malo de Alvarado, el gobierno de Panamá dialogará con los indígenas Ngäbe Buglé que dieron plazo hasta el 15 de febrero para se que cancele el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco. 
La “comisión de alto nivel” conformada el lunes por el gobierno contará con la participación de los ministros de Seguridad, Rodolfo Aguilera; de Gobierno, Milton Henríquez; de Trabajo, Luis Ernesto Carles; y de la Autoridad Nacional del Ambiente; Mirei Endara.
También serán invitados el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) e iglesia locales, quienes junto a la comisión se presentarán en la comarca Ngäbe Bugle la próxima semana.
El objetivo del Gobierno será conversar con las partes “de manera que haya un punto de entendimiento”, precisó el presidente de la República, Juan Carlos Varela, en un comunicado.
Tras el anuncio oficial, el presidente regional de Codubri, en la comarca Ngäbe Buglé, Toribio García, indicó que las conversaciones deberán hacerse a orillas del Tabasará, frente a los pobladores que se encuentran concentrados en la zona denominada Caña Blanca, provincia de Chiriquí.
Advirtió que los únicos facultados para representar al pueblo movilizado son los dirigentes congregados en el referido lugar.

El ultimátum

Como se recuerda, el último fin de semana, los indígenas del pueblo Ngäbe-Buglé dieron un plazo hasta el 15 de febrero al presidente de Juan Carlos Varela, para que cancele el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en el río Tabasará que afectaría a más de dos mil familias.
De no acceder a su reclamo, advirtieron que tomarán medidas de fuerza, pues consideran que el río no se vende.
En Caña Blanca, los nativos han construido viviendas de ramas y pencas donde pernoctan y a donde han invitado al presiente Varela.
Algunos ya llevan más de un año en el citado lugar, para impedir que la empresa hidroeléctrica Generadora del Istmo S.A. GENISA, a cargo de la hidroeléctrica, siga deforestando.
De acuerdo a Bernardo Bejarano, de la iglesia Mama Tata, principal organización de la comarca, el movimiento contra la iniciativa empresarial es pacífico.
Sin embargo, indígenas consultados advirtieron que defenderán el río hasta las últimas consecuencias.
Por su parte, el Movimiento 10 de Abril (M10) que defiende los ríos de la Comarca Ngäbe Bugle, en Panamá, sostiene que el proyecto dejaría sin sustento y hogar a más de 2 mil familias que se dedican a la agricultura y pesca en áreas anexas a la comarca como las comunidades de Kiad, Nuevo Palomar y Quebrada de Caña.
En un comunicado emitido el pasado 13 de enero, el referido movimiento -considerado como la mayor agrupación ambientalista de la comarca-, hizo un llamado a organizaciones indígenas, campesinas, sindicales y otras a mantenerse en “estado de alerta” frente a “la problemática con Barro Blanco”.
Igualmente, rechazaron “cualquiera negociación que no sea la cancelación definitiva de barro blanco y la salida de la empresa hondureña GENISA del río Tabasará.”

El proyecto

El proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, cuyo inicio se remite al año 2011, represará el río Tabasará, lugar sagrado para los habitantes de la comarca Ngöbe-Buglé, quienes viven en las riberas del mismo.
Pese a que la figura jurídica de comarca reconoce el derecho de propiedad de los indígenas, la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) ordenó el desalojo de los indígenas del lugar.
Con el avance de las obras se hace más evidente la tala, quema y destrucción de la biodiversidad de esta región de la comarca indígena.

¿Por qué es esencial fortalecer la identidad como pueblos originarios?

Mesa de inauguración del evento con los representantes de FENMUCARINAP, ONAMIAP, IIDS, UNCA, FENAP, CNA, CUNARC y CCP (de izq. a derecha).
- Tarapoto es sede de Encuentro Macro Regional Nor Oriental.
PU- El lunes 19 de enero representantes de organizaciones indígenas nacionales del Perú iniciaron un encuentro de dos días con el fin de reafirmar una posición política estratégica y fundamental de cara al futuro.
De esa manera las organizaciones articuladas en el Pacto de Unidad fortalecen sus bases de unidad en la perspectiva de enfrentar las agresiones y amenazas que enfrentan los pueblos originarios y afirmar un camino de avance hacia el Buen Vivir.
Esclarecer la identidad de los pueblos y comunidades, desde una perspectiva histórica y comprometida con sus intereses, con un enfoque actual y moderno de derechos basado en la legislación nacional e internacional, resulta un ejercicio clave.
El evento se ha visto enriquecido por la participación de una delegación de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), que libra una batalla por su reconocimiento jurídico como nacionalidad y la defensa de su territorio integral.
Raquel Irigoyen del IIDS desarrollando la metodología en el tema de Identidad
Bajo la asesoría del equipo profesional y técnico del Instituto Internacional Derechos y Sociedad (IIDS) se aplica una metodología bastante didáctica y participativa, que involucra a los asistentes y los hace repasar la historia y la legislación.
La sede de la Federación Agraria Selva Maestra (FASMA) en la ciudad de Tarapoto, región San Martín, se convierte en un agitado escenario donde delegados nacionales y regionales dialogan, leen, participan y fortalecen lazos de unidad orgánicos y programáticos.

¿Porqué reafirmar un posicionamiento político?

Construir, validar y reafirmar una posición política estratégica frente al Estado y la sociedad en general es una tarea esencial para el Pacto de Unidad a fin de definir las bases de su unidad y cimentar de manera sólida una identidad propia de largo aliento.
Mientras mas claros y sólidos sean los objetivos generales y exista claridad y unidad en torno a los mismos más fuerte será la articulación que se construye entre las organizaciones nacionales del Pacto de Unidad.
Para que el proceso no quede a nivel de las dirigencias nacionales en los encuentros macro regionales descentralizados participan delegados de organizaciones de bases que enriquecen el debate y nutren las propuestas con experiencias y aportes locales.

El tema clave de la identidad

La identidad deviene un tema clave debido a que en el Perú los pueblos originarios han recibido diversas denominaciones las cuales han sido modificadas de manera unilateral por diversos gobiernos y actualmente existe la intención malévola de reconocer derechos colectivos a solo una parte de los mismos.
Tal es así que a pesar que las comunidades indígenas cambiaron su denominación a comunidades campesinas por una decisión política de gobierno ahora se les pretende menoscabar sus derechos colectivos indígenas.
El tema de identidad se relaciona de manera muy estrecha con el carácter constitutivo del Estado peruano, que fue forjado excluyendo y marginando la participación de las poblaciones originarias, que no han participado en su configuración.
De aquí surge la necesidad de proponer la refundación del Estado peruano en un proceso donde todos los pueblos participen como sujetos constituyentes de un nuevo tipo de Estado: el Estado Plurinacional.
Sin duda, ello conlleva la propuesta de reconstituir los territorios indígenas ancestrales de manera integral y descolonizar el modelo económico, político y cultural a fin de cimentar un  nuevo modelo basado en el Buen Vivir.

Aportes del panel Macro oriental

(De izq. a derecha) Representantes de UNCA, CNA, CCP, ONAMIAP, FENMUCARINAP, moderadora y CUNARC
Maximino Guevara, de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC), destacó el valioso rol que desempeñan las rondas en la región San Martín, donde contribuyen a solucionar los acuciantes problemas de seguridad sin recibir apoyo de las autoridades.
Manifestó que además del problema de violencia e inseguridad ciudadana otro gran problema es el abandono del sector agrario, y la deforestación que se atribuye a los campesinos cuando los verdaderos destructores son las empresas transnacionales.
Tampoco se respetan las áreas de conservación y existes numerosos problemas de salud y educación.
Guevara propuso que las autoridades respeten la estructura autonóma de las rondas y concierten con ellas las políticas de desarrollo.
José Chale Romero, de la Confederación Campesina del Perú (CCP), expresó su preocupación por que exista una mayor vinculación entre las organizaciones nacionales y sus bases por que existen diversos enemigos que corrompen las organizaciones y fomentan el divisionismo.
Pidió manifestar solidaridad con los asesinados por defender el bosque y los procesados por el Baguazo. Recordó que es el único mestizo -no nativo- procesado en el Baguazo a quién se ha pedido cadena perpetua.
Pidió que se convoque a las asambleas regionales del Pacto de Unidad y se invite a otras organizaciones agrarias, campesinas e indígenas para que el Pacto de Unidad se fortalezca como una creación heroica para solucionar los problemas de los pueblos y pueda cambiar la Constitución que nos ata de las manos.
José Mesías, presidente de la FASMA, puntualizó que el gran problema en la macro región es la deforestación y recalcó que no hay una política agraria regional que atienda al 73 por ciento de los productores que son agropecuarios.
Falta presupuesto para investigación y transferencia de tecnología, los intereses crediticios son altos, expresó. Informó que el nuevo gobierno regional tiene interés de apoyar el tema agrario y se ha instalado una mesa.
Propuso formar equipos técnicos con los mejores profesionales, promover cultivos alternativos y de mayor rentabilidad, aplicar tecnología innovadora en el campo productivo y agilizar la formalización de la tenencia de la tierra.
Lucy Salas, representante de Fenmucarinap denunció los problemas de inseguridad ciudadana, la discriminación en los servicios de salud debido a que por ejemplo existen postas sin medicamentos o donde los pacientes deben pagar la ambulancia.
También recalcó la tala indiscriminada de los bosques, la falta de mercado para los productos agropecuarios, la falta de mercados seguros para las artesanas quienes ven desvalorizados sus artesanías.
Demandó crédito para las mujeres, apoyo a la agricultura familiar y que se transparente el apoyo a los afectados por la plaga de la roya y se fiscalice el apoyo supuestamente brindado que no ha llegado a todos y todas.
Beatriz Caritimari, de Onamiap, coincidió en que el primer problema es la deforestación y tala indiscriminada de árboles debido a que las empresas se llevan casi regalada la madera por 50 soles.
Otro problema es la violencia contra la mujer que no es a nivel familiar sino que está arraigada culturalmente. Las denuncias se quedan en el teléfono por que la policía no tiene recursos para movilizarse a las comunidades.
Un tercer problema es la falta de titulación de las comunidades, y cuarto el problema de salud. Hacen llenar muchos papeles pero no brindan atención. Cada año aumenta la burocracia. También falta dinero para contratar maestros.

Aymaras en la selva

Si bien no tiene organizaciones de base en la macro región nor oriental se invitó a Andrés Mauro Cruz Layme, presidente de la UNCA, a compartir su experiencia con el auditorio.
El señaló que los aymaras suelen desplazarse siempre juntos por todo el territorio y está seguro que debe haber presencia aymara en estas regiones donde quizas se dedican al comercio o a brindar servicio.
Pero al margen de no tener una base regional explicó cómo la UNCA se ha constituido como una organización de tercer nivel. El primer nivel son las comunidades y parcialidades y el segundo nivel las organizaciones multicomunales.
Recordó que el gobierno de Fujimori intentó debilitar las multicomunales pero estas aun resisten. Sostuvo que el principal problema que atraviesa su pueblo es el asistencialismo. “Antes se participaba por propio interés. Hoy se ha debilitado la conciencia” manifestó.
Otro problema es la corrupción generalizada en los gobiernos locales que malogran a las organizaciones y dirigentes. Asimismo, la pérdida de identidad. “Por ejemplo el aymara ya no se habla tanto y menos los niños. Es un problema para nosotros”, expresó.
Habló del Parlamento Aymara como una forma de construir política aymara y narró cómo se trabajó un proyecto curricular para la región. Uno de los ejes es la propuesta de Universidad Aymara y han avanzado en el intercambio de experiencias con Bolivia, Ecuador y Colombia.

Orientaciones necesarias

Para cerrar un primer bloque de intercambio de experiencias Ydelso Hernández aclaró sobre la supuesta existencia de diversos grupos de rondas e hizo un deslinde con organizaciones de tráfico de tierras que usan el membrete de ronderos para cubrir sus fechorías.
Al respecto señaló la importancia de ser precisos y evitar distorsiones en la articulación organizativa de los ronderos y que ellos tienen claro a través de la CUNARC.
Por su parte, Antolin Huáscar pidió a los participantes no depender de las organizaciones nacionales para impulsar eventos regionales. Recordó la época en que había celos entre las organizaciones nacionales pero esas épocas ya se han superado, dijo.
Hoy estamos fortalecidos en el Pacto de Unidad como la única forma de incidir en la política nacional de acuerdo a nuestros intereses estratégicos como pueblos, comunidades, campesinos y productores agrarios. Esclarecer nuestras identidades y reafirmarnos como pueblos originarios es la base para fortalecernos desde las bases con perspectiva hacia el futuro.
En otro momento se refirió al proceso desarrollado en la organización de la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático y la Marcha Mundial en Defensa de la Madre Tierra, eventos en los que el Pacto de Unidad tuvo un rol importante al lado de otros sectores laborales y sociales.
Este es el camino indicó Huáscar, avanzar de la mano con otras organizaciones para enfrentar grandes objetivos comunes, pero sin perder nuestra identidad, parados sobre nuestras raíces, que es la base que nos da el norte hacia dónde avanzar, concluyó.
Mas fotos del evento en el facebook del Pacto de Unidad:

¡Alerta en Yanta!, comunidad aguarda llegada de contingente policial para desalojo

- A las 11 de la mañana se espera la llegada de los efectivos a la comunidad. Sala de Sullana dispuso la medida.
Servindi, 20 de enero, 2015.- La comunidad campesina de Yanta, ubicada en la provincia de Ayabaca, Piura, denunció una serie de irregularidades en el proceso judicial que enfrenta con un grupo de ex comuneros, y que ha dado como resultado la presencia, en algunas horas, de un contingente policial en la zona.
El origen inmediato de los hechos se remonta a julio de 2013, cuando la Asamblea General de la comunidad decide tomar posesión de las parcelas de Manuel Benigno Peña Jiménez, Efraín Yacsahuanga Otero, Armando Acha Jiménez y Artemio Jiménez.
A los cuatro se les acusó de no cumplir con sus obligaciones comunales por cerca de siete años y, lo que es aún más grave, de atentar contra la propia comunidad.
Sin embargo, uno de los cuestionamientos más llamativos que se les hizo en su momento tuvo que ver con el servicio que brindaron a la empresa minera Río Blanco (ex Majaz).
Según denuncias hechas por dirigentes de la comunidad, los cuatro sujetos recibían un pago mensual de la empresa a cambio de convencer a los comuneros de manifestarse a su favor, es decir, a favor de Río Blanco.
La respuesta de los cuatro ex comuneros no se hizo esperar a raíz de la medida tomada por la comunidad, es así que ellos presentan una denuncia en contra de 13 dirigentes de Yanta por varios delitos, entre ellos secuestro, coacción, violación de domicilio, usurpación, entre otros.
Ellos pidieron entre otras cosas, el “desalojo preventivo” de “sus parcelas”, las mismas que habían sido revertidas a la comunidad en el marco de lo que señala la Ley de comunidades campesinas, el estatuto de la comunidad y los acuerdos que se tomen dentro.
La respuesta de la Fiscalía de Ayabaca que recibió la denuncia, y luego de hacer la diligencias preliminares, no fue otra que la de archivar el caso.
Los problemas para la comunidad surgieron más tarde cuando los cuatro acusados deciden apelar esta decisión ante la Sala Penal de Apelaciones de Sullana, provincia al oeste de Ayabaca.
Dicha sala convoca a una audiencia para el 14 de octubre de 2014 pero sin notificar de la misma a los abogados defensores de los 13 dirigentes. Esta situación llevó a que se convoque a una nueva audiencia para el 23 de octubre. En este caso tampoco se notificó a los abogados.
Osman Mija Carrión, asesor legal de la comunidad de Yanta, precisó al respecto que al no estar presentes los abogados, lo que corresponde a la juez ponente del caso es oficiar a la Defensoría Pública para que esta se haga cargo de la defensa de los imputados.
No obstante, algo realmente sorprendente ocurrió el 20 de noviembre. La jueza Terrones Deza, a cargo del caso, decidió llevar una audiencia sin la presencia de ningún abogado defensor ni particular ni de la Defensoría Pública de los imputados.
En dicha audiencia se decidió por mayoría revocar el auto emitido por el Juzgado de Ayabaca, con fecha 19 de agosto del 2014 , en el que se señalaba que el “desalojo preventivo” no procede.
Cabe precisar que dicha orden de desalojo se da a favor de solo dos personas: Manuel Benigno Peña Jiménez y Efraín Yacsahuanga Otero.
No obstante, hasta ese momento nadie en la comunidad de Yanta estaba enterado de lo que venía ocurriendo en Sullana.
Según explica el asesor legal de la comunidad, recién el 14 de enero de este año, es decir hace menos de una semana, es que se enteran de la medida a raíz de un mandamiento de “desalojo preventivo” ordenado vía una resolución por la Sala de Sullana el cual debe cumplirse el 20 de enero de 2015 a las 11 de la mañana.
Lo llamativo de cómo se dieron las cosas causó indignación en Mija Carrión quien reclamó la arbitrariedad cometida por la Sala, más aún tomando en cuenta “que el nuevo Código Procesal Penal es un código garantista que establece derechos de los imputados que deben ser respetados”.
Si bien no tienen pruebas a la mano que lo demuestren, tanto Mija como el expresidente de la comunidad de Yanta, Magdiel Carrión Pintado, involucrado en el caso al ser uno de los 13 dirigentes acusados por los cuatro ex comuneros, están convencidos de que detrás de este hecho se encuentra Río Blanco.
Carrión Pintado se pregunta así cómo es que estas cuatro personas, que no cuentan con parcelas para producir u otros bienes, pueden pagarse abogados de Piura y más aún de una importante firma.
Por lo pronto, la comunidad ha anunciado que no permitirán el ingreso de los policías. En ese sentido, sostuvo el asesor legal, responsabilizan por lo que pueda ocurrir al juez a cargo de la diligencia.
“Se acordó en una reunión que hemos tenido el día 16 (de enero) en la comunidad que no se van a dar las garantías para que esto (el desalojo) se lleve a cabo”, explicó.
Seguidamente sostuvo que si el juez decide pese a ello llevar a cabo su mandato, responsabilizarán directamente al juez y a la policía por cualquier hecho de violencia que suceda.

Colombia: Testimonio personal sobre el drama del pueblo Nasa

Misión humanitaria de la Defensoría del Pueblos verifica desastre ambiental en el Putumayo
Hemos recibido el testimonio de Oscar Pisso Pisso, hermano indígena del pueblo Nasa, en la cuenca del Putumayo, en el que se relata la angustiosa situación que se vive en el Putumayo a causa de las empresas petroleras. Agradecemos su envío a Armando Valbuena Goauriyu:
Por Oscar Pisso Pisso
19 de enero, 2015.- El deterioro ambiental es fuerte por las políticas económicas del gobierno nacional, ya que ha concesionado al capital transnacional minero-energético zonas de estricta conservación y los territorios indígenas.
Es el caso de la zona del bloque San Juan del municipio de Orito Putumayo, territorio de los indígenas Awa, Inga y Nasa, zona estrátegica, ya que es un corredor biológico y cordillera oriental alta productora de agua pura, lo último que queda en el pie de monte amazónico. Pero se lo concesionaron a la compañía petrolera Gran Tierra y esta a su vez inicia el proyecto de estudios sísmicos en esta zona donde se hizo una consulta previa con unas comunidades Awa y una comunidad Inga, protocolizando acuerdos.
La comunidad Nasa que no fue consultada se opone a este proyecto ya que se violó este derecho. En protección de la Madre Tierra y los derechos colectivos, la vida y el agua, el pueblo Nasa, comunidades del bloque San Juan y unas comunidades Awa, nos movemos en protesta contra la empresa petrolera. Y esto ha generado desequilibrios, desarmonía entre los pueblos indígenas ya que nos hemos visto agredidos por nuestros mismos hermanos indígenas Awa y campesinos del sector. En este momento el pueblo Awa está dividido.
Del pueblo Nasa una comunidad se divide de la organización KWE’SX KSXA’W. De igual forma hay mucha tensión en la convivencia nuestra. Las comunidades Awa que defienden a la empresa como las que están en contra; de esta misma forma con los Nasa. Esto es lo que hacen las empresas en el Putumayo: dividir y romper los tejidos sociales, extraen todo lo que encuentren y luego se van sin responsabilidad de nada.
De esa misma forma ocurre en el corredor Puerto Vega-Teteyé con la ampliacion de la licencia ambiental 0555 de 2014 expedida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) permitiendo la perforación de 100 pozos petroleros mas fuera de los 32 ya existentes, violando la consulta previa de 4 comunidades Nasa, 1 Inga, 1 Awa y comunidades campesinas asentadas en esa zona.
La desterritorialidad alentada por parte de las empresas es cada día más fuerte por que se hace con la complacencia del gobierno nacional, departamental, municipal y Corpoamazonia como entidad encargada de proteger el tema ambiental. Por este motivo la titulación de resguardos, ampliación, saneamiento de los mismos no avanzan los procesos. Y de remate las fumigaciones, acabando con lo que queda. Pero sí aumenta el pie de fuerza MILITAR, la judicialización, los señalamientos, las amenazas, la estigmatización de líderes de las organizaciones que reclamamos nuestros derechos.

Pueblos originarios andinos y amazónicos inician encuentro en Tarapoto


Servindi, 19 de enero, 2015.- La amazónica región de San Martín recibe este 19 y 20 de enero a líderes y lideresas del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú con el objetivo de debatir y reafirmar una posición política frente a temas cruciales.
Entre ellos se encuentran temas como: identidad, Madre Tierra, territorio, consulta y consentimiento, jurisdicción indígena, criminalización de dirigentes e institucionalidad local y regional entre otros.
El encuentro de carácter macroregional se realiza en el local de la Federación Selva Maestra de San Martín (FASMA) y también contará con la participación de representantes de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP).
Los representantes del pueblo Achuar han sido invitados a compartir sus experiencias en la defensa de su territorio integral y de su personalidad jurídica como nacionalidad Achuar.
El evento cuenta con la facilitación de Instituto Internacional Derecho y Sociedad (IIDS).
De esta manera la articulación indígena nacional inicia el 2015 con un evento que servirá además para hacer un balance de las intensas actividades desplegadas el año anterior.
Entre ellas la organización -junto con otras entidades laborales y de la sociedad civil- de la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático y la gran Marcha Nacional en Defensa de la Madre Tierra.

El Pacto de Unidad realizó el 8 y 9 de diciembre el III Encuentro Nacional: “Territorio, Cambio Climático y Autodeterminación de los Pueblos Indígenas” en el marco de la Cumbre de los Pueblos.
En aquella oportunidad y con la participación de cerca de medio millar de delegados de todo el país adoptó un pronunciamiento frente al cambio climático donde se consignan una serie de exigencias al Estado peruano.
Una versión abreviada del pronunciamiento se publicó el viernes 16 de enero en el semanario “Hildebrandt en sus trece”, una de las pocas publicaciones que ejerce un periodismo crítico, serio e independiente de los poderes fácticos en el Perú.
El Pacto de Unidad está conformado por la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CPP), la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA).

Advierten posible enfrentamiento entre indígenas y colonos en San Lorenzo

Imagen: Diario Ahora
- Indígenas exigen a las autoridades una pronta solución pacífica.
Servindi- Mientras la capital peruana celebra un aniversario de su fundación española, a miles de kilómetros, en la ciudad de San Lorenzo, capital de la provincia Datem del Marañón, región Loreto, se incuba un conflicto de imprevisibles consecuencias.
El sábado 17 de enero se produjo una gresca entre representantes de la organización indígena Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL) y un grupo de colonos invasores de un predio de propiedad de la organización.
El hecho se produjo cuando el grupo indígena se acercó a radio Libertad a pedir explicaciones al abogado Cristóbal Silva Rosa, quién defiende la ocupación ilegal y aprovechó la transmisión radial para insultar e injuriar a los indígenas.
Sin respetar el estado de derecho y violentando el proceder de las autoridades el abogado de los invasores llamó a desconocer lo actuado por la fiscalía y exigió se retroceda en la planificación del desalojo preventivo.
Luego denostó duramente de la organización indígena, pretendiendo desacreditarla. Calificó a los indígenas de corruptos, oportunistas, incapaces, incivilizados entre otros términos peyorativos, según denunció el comunicado de CORPI SL.
La gresca dejó un saldo de tres heridos por parte de la organización indígena: Abelino Chimpa, que sufrió una fuerte lesión en la cabeza y golpes, así como Francisco Taish y Benito Vargas que recibieron golpes y cortes en el cuerpo.
Por parte de los usurpadores, se constató que Humberto Pizuri Huazangano se encontraba en la sala de emergencias del Hospital Santa Gema de Yurimaguas golpeado, pero estable. Hasta ahí había sido trasladado en una avioneta.

La invasión de Yachaycuna

La invasión del predio Yachaycuna de propiedad de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL) se efectuó en diciembre de 2014, mientras sus representantes se encontraban en Lima, con motivo de la COP 20.
En el terreno de 50 hectáreas se desarrolló por varios años un proyecto de huertos integrales comunales que permitió aumentar la productividad del suelo y reforestarlo. En él también se realizaron estudios sobre plantas medicinales y proyectos educativos para la población indígena de la zona.

Tras la ilegal ocupación, Marcial Mudarra Taki, presidente de CORPI SL denunció la ocupación ante el fiscal provincial de turno y el 9 de enero, Henry Cerna, fiscal de San Lorenzo, acompañado de la Policía Nacional, realizó una inspección al predio de CORPI.
Entonces los invasores se resistieron a abandonar las tierras y respondieron de forma hostil a la autoridad. Cabe precisar que el 30 de diciembre, representantes de CORPI solicitaron garantías personales, ya que habían recibido amenazas por parte de los invasores.

Tensión en Yurimaguas

Ubicación de pueblos indígenas representados por Corpi SL
CORPI SL es una organización regional descentralizada afiliada a la nacional Asociación Interétnica de Desarrollo de la selva Peruana (AIDESEP) y representa a nueve pueblos indígenas de las provincias Alto Amazonas y Datem del Marañón.
Su presidente Marcial Mudarra solicitó a las autoridades el desplazamiento de la fuerza policial de manera inmediata declarando San Lorenzo como una zona de emergencia y a fin de garantizar la recuperación pacifica del terreno comunal Yachaycuna.
Mudarra recuerda que el pueblo indígena agotará hasta la última posibilidad para una solución pacifica, siempre que se respete su dignidad y gobierno autónomo y las autoridades brinden una pronta solución para recuperar el terreno comunal a fin de asegurar los proyectos que allí deben ejecutarse el 2015.
Cabe destacar que la localidad de San Lorenzo se encuentra en un área inaccesible, a catorce horas desde Yurimaguas en deslizador que es el medio de transporte más rápido después del aéreo.
En la localidad solo hay seis policías y 150 indígenas, aunque se espera la llegada de más procedentes de otras zonas.

Autoridades se desplazan hacia la Yurimaguas

Funcionarios del Ministerio de Cultura se desplazaron hasta Yurimaguas para reunirse con representantes de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Juzgado Mixto en aras de propiciar un diálogo entre las partes en conflicto.
Mediante un comunicado el Ministerio de Cultura exhorta a la calma y a la búsqueda del diálogo y manifiesta que desarrollará las acciones necesarias en coordinación con los otros sectores del Estado a fin de evitar un conflicto mayor, con el objetivo de salvaguardar los derechos de la población de la zona.

18 ene 2015

Formas urbanas de preservar lo ancestral. Las vivencias de Reynaldo y Shunita en Lima

Shunita y Reynaldo, dos historias ejemplares
Por Jonathan Hurtado
Servindi- Una serie de factores desafían día a día a los pueblos indígenas en la búsqueda y redefinición de sus identidades. Esta situación la viven, por ejemplo, los indígenas amazónicos que llegan a Lima. Afortunadamente, desde distintos frentes asoman iniciativas inspiradoras que confrontan la realidad.
Es el caso de Shunita, joven indígena que hace algunos años llegó a Lima y que hoy ha asumido el papel de promover su cultura en aquellos espacios que se lo permitan.
Shunita es natural de la comunidad nativa asháninka San Miguel Centro Marankiari, ubicada en el distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, departamento de Junín. Su historia bien podría validar aquello de que solo salen adelante los que nunca se rinden.
Dejó la comunidad apenas culminó su educación primaria. Su primer destino fue el distrito de San Ramón donde acogida por su abuela empezó su educación secundaria. El cambio fue drástico para ella debido a que no sabía el castellano, lo que la matuvo aislada por algún tiempo de sus compañeros.
En más de una ocasión pensó dar marcha atrás y dejar los estudios. Sin embargo, este momento nunca llegó.
Los cursos que habitualmente reprobaba eran los de números. No obstante, llegó a equilibrar sus calificaciones gracias a sus habilidades en deportes como la natación y los cursos de formación laboral. “La gente se sorprendía de lo buena que era; soy asháninka, no le tengo miedo a nadar”, dice orgullosa.
El castellano lo llegó a dominar recién en cuarto grado lo que le permitió hacerse cargo de las traducciones al asháninka de fragmentos bíblicos que le encargaba su profesor de religión.
La llegada de Shunita a Lima se dio tiempo después cuando por medio de su hermana obtiene una beca de estudios que le permitía prepararse para postular a una universidad. La forma de enseñanza de la capital, muy diferente a como se da en la selva, no favoreció que culminará satisfactoriamente dichos estudios.
Tras un breve paso por la selva de Cerro de Pasco, Shunita retornó a Lima para prepararse una vez más. Pero en ese tránsito, sin proponérselo, su vida emprendió nuevo rumbos.



Desde que Shunita volvió nuevamente a Lima, sentía la necesidad de tomar contacto con sus pares de otros pueblos. Así llegó a participar el 2009 de la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala que se desarrolló en la ciudad de Puno.
Allí se encontró con indígenas de otros pueblos como el Yánesha, el Shipibo, entre otros. Pero también tuvo contacto con indígenas de otras naciones. Su ritmo de vida cambió entonces cuando animada por sus compañeros de mesa tomó la palabra para ante un auditorio de miles de personas dar cuenta de las amenazas que existen sobre la Amazonía y los pueblos que allí se encuentran.
Sus palabras calaron en el público de tal modo que al final del día algunos de los asistentes, entre ellos varios periodistas, establecieron contacto con ella para que participe en futuros encuentros sobre lo que se vive en la Amazonía.
Gracias a esos contactos y al apoyo de su comunidad Shunita pudo visitar una diversidad de países para dar a conocer su cultura y fortalecer la organización. “Siempre digo que mi federación es la Ceconsec, que agrupa a 123 comunidades, que su base nacional es Aidesep y la internacional es la Coica”, explica con determinación.
Hoy Shunita está abocada a la elaboración de un libro sobre pintura facial y corporal, y sobre la tradición oral de sus antepasados. Para ello viene recopilando información sobre el significado de las formas de cada pintura.
Según explica, las formas tienen su significado y se dibujan según la ocasión, el estado de ánimo y lo que se busca comunicar a otras personas. “Las solteras se pintan de una forma, por ejemplo”, precisa.
Para ella, promover la cultura es hacer política porque en las expresiones culturales se revelan aspectos como la economía, la educación, explica Shunita. Y a eso está dedicada hoy.
Pero las vivencias de Shunita no son las únicas que dan cuenta de todo por lo que tienen que pasar los indígenas amazónicos que llegan a Lima.

Reynaldo

Reynaldo es del pueblo Shipibo, de la comunidad Canaán de Cachiyacu, en Loreto. Él tuvo que atravesar por una serie de situaciones que afortunadamente, explica él, no mellaron su identidad indígena.
En el caso de Reynaldo, él si tuvo desde muy temprano la idea de salir de su comunidad para “salir adelante y ser un profesional”. Así llegó a Lima. No hablaba castellano y el primer trabajo que encontró fue en una fábrica de mochilas.
El proceso de socialización para él fue difícil. Si bien lleva varios años en Lima, señala que aún tiene que luchar con una serie de prejuicios que la gente de la capital tiene de los indígenas amazónicos, como que son flojos o no les gusta trabajar.
Para Reynaldo, estereotipos como estos tienen su raíz en la ignorancia, en el hecho de que la gente no quiere reconocerse como iguales.
Señala así que la presión a veces es tan fuerte que mucho jóvenes indígenas que llegan a Lima optan por asumir roles y apariencias solo con el fin de ser aceptados.
“Hay algunos que vienen de la selva, se cambian de peluca, se pintan la ceja, para parecer limeño”, advierte Reynaldo. Reconoce, sin embargo, que no todos son así y hay muchos que mantienen su originalidad sin darle mayor importancia a si están en Lima o fuera y se presentan ante los demás como lo que son.
Hoy Reynaldo viene culminando sus estudios de idiomas en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Tiene pensado conocer a profundidad todo lo que implica el derecho indígena con el fin de ayudar a las comunidades que hoy viven en peligro a raíz de una serie de amenazas.
También tiene el propósito de profundizar en la producción audiovisual para a través de este medio plasmar las problemáticas que afrontan hoy los pueblos indígenas u originarios del país.
Para conocer más de la vida de ambos personajes los invitamos a ver los videos que se elaboraron en base a sus vivencias en el marco de un taller organizado por el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y Terra Nuova.

Del nütram de los antepasados a la resistencia Mapuche actual

Entre los días 5 Y 10 de  enero del 2015 se llevó a efecto el 6° Festival de los Pueblos Originarios del Mundo organizado por el Colectivo Cine Forum, teniendo como consigna central del evento “Vivos se los llevaron, vivos los queremos- Ayotzinapa”.
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Por Guillermo Correa Camiroaga - Colectivo Cine Forum
Se exhibieron una cantidad importante de interesantes películas y documentales que normalmente no se proyectan en las salas comerciales. La muestra se concretó  en jornadas matinales y vespertinas, las cuales contaron con la asistencia de un significativo número de participantes. Una de las características de este Festival son los foros, conversaciones o discusiones que se generan al final de cada proyección, lo que permite una activa  y enriquecedora participación de los asistentes.
En esta sexta versión cabe destacar la presencia  de dos integrantes del Pueblo Mapuche, en jornadas diferentes, Segundo Llamin y Víctor Ancalaf.
Don Segundo Llamin, de avanzada edad, presentó un libro basado en sus recopilaciones conservadas y atesoradas durante largos años. Este valioso material fue rescatado  a través de un trabajo colectivo, encabezado por Marilen Llancaqueo y Andrea Salazar, desarrollado durante más de un año   y que se concretó en la edición del libro: “Las antiguas conversaciones de Segundo Llamin” (Ñi kuyfike nütram).
Don Segundo Llamin nos deleitó con una verdadera clase magistral sobre el significado de “nütram” ( conversaciones), resaltando la importancia del rescate de la historia oral del Pueblo Mapuche. Nos contó cómo fue recopilando  en manuscritos a lo largo de sus años un sinnúmero de conversaciones y relatos que  recogió de sus antepasados, quienes a su vez los recogieron de sus ancestros en una línea que se pierde en las profundidades del pasado. Pero no sólo de sus familiares directos provienen estos relatos, sino también de conversaciones multilaterales con otros miembro de su comunidad  y también de otras localidades conservadas y traspasadas oralmente de generación en generación. Resaltó el valor que tiene este rescate cultural y que el visualizó debía ser plasmado en la escritura, pues solo de esta manera, recalcó, pasan a ser permanentes, aún cuando reconoce las dificultades existentes para plasmar en el papel los sonidos del mapudungun, existiendo distintas aproximaciones o enfoques al respecto.
La escritura para Don Segundo representa, junto con la conservación de la oralidad , de su lengua, el mapudungun, una forma de resistencia cultural del Pueblo Mapuche.
En otra jornada del Festival, Víctor Ancalaf, quien fuera uno de los fundadores de la Coordinadora Arauco Malleco, un ex Preso Político Mapuche quien estuvo cinco años detenido en una cárcel de alta seguridad condenado el año 2002 mediante la utilización de la Ley Antiterrorista dictada durante la dictadura de Pinochet, por su lucha frontal en oposición a la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en el alto Bio Bio, entregó un testimonio relacionado con las luchas llevadas adelante actualmente por las Comunidades de Collipulli, puntualizando que hablaba como Dirigente específicamente de dicho sector, dándonos a entender que la lucha del Pueblo Mapuche hoy en día está lejos de ser unitaria y, por el contrario, presenta múltiples expresiones y complejidades.
Respecto de la autonomía manifestó que debe expresarse en diferentes planos como son el cultural y económico, teniendo presente la soberanía territorial y la libre determinación. Manifestó asimismo que hoy en día, tanto en el territorio Mapuche, como en el territorio chileno, se vive una situación de terrorismo pasivo que se manifiesta fundamentalmente en la desigualdad y el individualismo.
Por otro lado en el  territorio Mapuche, manifestó, hay una ocupación militarizada implementada por el  Estado Chileno mediante las fuerzas policiales de Carabineros e Investigaciones quienes a diario utilizan la represión y la violencia en contra de las comunidades y sus integrantes.
Esto significa, explicitó, que se encuentran efectivamente en lucha en contra de esta ocupación, definiéndose en reiteradas ocasiones como weichafe, kona, guerrero o combatiente. Ante una pregunta relacionada con la existencia o no de montajes en las acciones violentas que se realizan en la Araucanía quiso dejar claramente definido que “tratar de darle una connotación de montaje  a estas acciones sólo lleva a confundir y deslegitimar nuestro derecho como Pueblo a emplear el uso proporcional  de la fuerza en nuestra lucha de Resistencia”.
Par él, como Mapuche, lo importante en esta lucha no son los costos que se deban pagar en el ámbito personal, sino: “cuáles van a ser mis rastros, mis huellas, que dejo a futuro”.Consultado acerca de su opinión respecto del uso del diálogo, la vía pacífica o de la violencia, recalcó que no se trata de elegir una u otra forma de lucha, sino que son las circunstancias las que van determinando las que son necesarias utilizar. Nos contó que un peñi (hermano), mientras eran reprimidos durante una ocupación de tierras, graficó esta situación expresando que las balas no se pueden atajar con hojas de canelo. Víctor Ancalaf puntualizó que “...esta es una lucha de todos, de autodefensa y protección como Pueblo, de defensa del territorio y de protección de los recursos naturales; es una lucha general por el respeto a la naturaleza, por la igualdad de condiciones y por el respeto como Pueblo. Como decían los antiguos, de los valientes se cuentan historias, de los cobardes sólo calamidades”.
Dos historias aparentemente diferentes y desconectadas las de estos dos representantes del Pueblo Mapuche que estuvieron presentes en el 6° Festival de Pueblos Originarios, pero que de alguna manera se entrelazan y complementan dentro de la lucha general de Resistencia desarrollada a lo largo de su historia por el Pueblo Mapuche y que actualmente continúa adelante con fuerza y decisión en los territorios ancestrales de la Araucanía.

México: Totonakus exigen salida de empresa hidroeléctrica en Puebla


Por Leticia Ánimas
Regeneración, 18 de enero, 2015. Tras manifestarse por las calles de San Mateo Tlacotepec en Ahuacatlán más de un centenar de totonakus se reunió con Juan Sergio Rivas García, representante de Deselec-Comexhidro para reiterar su “no” a la construcción de la hidroeléctrica Puebla 1, rechazaron las dádivas y pintura que iba a entregarles y exigieron la salida inmediata de la empresa.
Cantando La Guadalupana, dedicada a Tonantzin nuestra madre la tierra, brotaron de la niebla a mediodía del martes, cargando tres banderas nacionales, como para que queden claras sus querencias. Llegaron hasta la cancha techada frente a la presidencia auxiliar donde, primero en español y luego en totonaku, dieron su palabra para pedir a los empresarios que se vayan de sus tierras, que no necesitan videos, ni explicaciones para saber qué es lo que quieren.
“Vamos a clausurar el paso al río Caltepetlacalco -como aquí le llaman al Ajajalpan-. Nosotros somos pobres, no tenemos nada, pero aquí se da plátano, se da café, se da maíz, el frijol, se da el chile. Y nuestra preocupación son nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos. Los que vienen atrás. No queremos a los ricos ni a los empresarios, queremos que se regresen de donde vinieron. No queremos hidroeléctrica”, dijo una abuelita.
Los indígenas que forman parte del Comité de Defensa del Territorio de Ahuacatlán aclararon que no están en contra del gobierno municipal del perredista Miguel Sebastián Santos, ni de su alcalde auxiliar José Sebastián Marcos, “únicamente estamos en contra de Enrique Peña Nieto que ha entregado nuestras tierras y los ríos a gente que les va a hacer mucho daño”.

Torteros y albañiles

Ésta, explicaron, es la primera vez que se van a encontrar con los ejecutivos de Deselec-Comexhidro que “ahora se quieren llevar nuestra agua, a lo mejor porque creen que el presidente auxiliar es tonto y les va a firmar”. No obstante el representante de la empresa, Sergio Rivas aseguró que su presencia en San Mateo data de hace cinco años y que han trabajado en el desarrollo comunitario.
Rivas explicó que no habrá contaminación de los cultivos, porque la presa será como una cisterna casera en la que almacena agua y luego se ocupa para lavar los trastes o cocinar. Que se generarán empleos para los jóvenes sobre todo de albañilería y que hasta podrán dar hospedaje y vender comida a quienes vengan de fuera a hacer la presa. “Yo les comento ¿a poco no pueden vender 50 aguas y 50 tortas para que los trabajadores se alimenten? Además les gestionamos proyectos productivos a través de una asociación a la que le pagamos para que haga eso.”
También a quienes no tienen tierras escrituradas, pues les hicimos sus papeles. “Estamos para expresar nuestro interés de platicar con ellos. No nos hemos escondido”.

La defensa

Los pobladores desmintieron a Rivas y dijeron que a lo mejor habrá algunos a quienes engañen con los apoyos, pero que ellos tienen muy claro el panorama. “Dijeron que nos van a hacer una carretera de ocho kilómetros desde Los Potreros hasta San Mateo, pero sabemos que la harán porque por ahí necesitan meter sus máquinas. Lo que queremos es seguir viviendo en paz como lo hemos decidido. Así estamos bien”.
La empresa, añadieron, ha tenido contacto con una decena de sus vecinos a quienes han beneficiado con algunos proyectos productivos, como la entrega de crías de cerdo y esta distinción ha provocado también divisiones entre los indígenas que antes de la asamblea reclamaron a sus vecinos “que se hayan vendido por unos puercos”, por lo que estos aclararon que provienen de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y no de los que quieren hacer la hidroeléctrica.
La afirmación sobre la procedencia de los proyectos no sería extraña. En octubre de 2013, Deselec-Comexhidro, junto con funcionarios de la Secretaría de Economía del estado de Puebla, entregaron a habitantes de Tlapacoya –municipio que se incluye en el proyecto hidroenergético-, una máquina para la elaboración de tortillas, una báscula y una bandeja; además de charolas para la recolección de miel y contenedores de acero inoxidable. Así como las crías para una engorda de cerdos. Todos ellos adquiridos con recursos públicos.
Pero los ánimos se calmaron y entonces volvieron al asunto que trajo sus pisadas sobre el lodo hasta la cancha municipal: “no queremos a la hidroeléctrica aunque hayan convencido al presidente municipal de que le van a dar la carretera, la clínica, la iglesia. Nosotros como ciudadanos tenemos derecho de hacer una reunión y decidir qué es lo que queremos y exigir que nos respeten los derechos que tenemos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.
“Vamos recibir lo que nos mande el gobernador, el presidente municipal, porque tienen obligación de hacernos las obras y dar los programas, pero a las empresas no les vamos a recibir nada. Porque vamos a defender al pueblo”, dijo Antonio López.
De acuerdo con información aportada por la empresa hace más de un año, la hidroeléctrica Puebla 1 consta de un embalse de 900 mil metros cúbicos de agua que estará en constante derrame, cuya cortina medirá 37 metros de altura; se construirá un túnel de agua de 4.4 kilómetros de longitud, por “debajo del cerro” hasta una tubería de presión que alimentará dos turbinas de 30 megawatts y una línea de transmisión de 42 kilómetros que llevará la energía hasta la subestación de El Entabladero en el municipio veracruzano de Espinal.
—- Fuente: Regeneración: http://regeneracion.mx/causas-justas/totonakus-exigen-salida-de-empresa-hidroelectrica-en-puebla/


Perú: Se reafirman como pueblos originarios con libre determinación

El Pacto de Unidad fue una de las articulaciones sociales que condujo y animó la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático y la Marcha en defensa de la Madre Tierra
- Organizaciones indígenas del Perú proponen Constitución Plurinacional así como programa nacional de adaptación comunitaria para enfrentar el cambio climático.
Servindi, 18 de enero, 2015.- El Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú difundió un pronunciamiento en el que reafirmó su identidad como pueblos originarios con libre determinación y planteó la descolonización de las relaciones entre los pueblos indígenas, el Estado y la sociedad.
También expresó su compromiso de trabajar la reconstitución y fortalecimiento como pueblos originarios, de sus territorios colectivos y una forma de vida armónica como parte de una propuesta de Buen Vivir para toda la humanidad.
En su posicionamiento político figura pugnar por una Constitución Plurinacional donde “todos los pueblos originarios participemos como sujetos constituyentes de un Estado plurinacional que reconozca la pre-existencia de los pueblos indígenas y su territorio ancestral integral”.
El Pacto de Unidad tiene como lema: “Camino a la libre determinación de nuestros pueblos” y está integrada por las organizaciones nacionales CNA, CCP, CUNARC-P, FENMUCARINAP, ONAMIAP y UNCA.
El Pacto de Unidad difundió una versión breve de su pronunciamiento el viernes 16 de enero en el semanario “Hildebrandt en sus trece”, una de las pocas publicaciones que ejerce un periodismo crítico, serio e independiente de los poderes fácticos en el país.
El comunicado fue adoptado en el III Encuentro Nacional: “Territorio, Cambio Climático y Autodeterminación de los Pueblos Indígenas” realizado el 8 y 9 de diciembre de 2014 en el marco de la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático. Una versión completa del documento puede leerse en el sitio web del Pacto de Unidad.

Exigencias al Estado peruano

El documento exige al Estado cumplir de buena fe, con responsabilidad y voluntad política, con el reconocimiento y aplicación de los derechos de los pueblos indígenas a las naciones o nacionalidades que se reconocen como originarias, indígenas, ancestrales o tradicionales.
Entre ellos se deben incluir a los pueblos autónomos -en aislamiento voluntario o contacto inicial-, a las comunidades campesinas y nativas, rondas campesinas, así como a las organizaciones locales, regionales y nacionales representativas y de autogobierno.
Para esto el Estado debe cumplir con las obligaciones del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y adecuar al Estado para materializar los derechos reconocidos.
Otra exigencia concierne al respeto a la participación de los pueblos originarios a todo nivel, así como un sistema de cuotas en todas las instituciones representativas del Estado.
Asimismo, la titulación y titularidad colectiva de la propiedad del territorio ancestral integral de los pueblos indígenas, incluyendo el hábitat, recursos naturales, bosques, aguas, flora y fauna; la derogatoria de la Ley 30230 y la eliminación de la figura de “cesión en uso” de los bosques entre otras demandas.

Propuestas frente al cambio climático


El Pacto de Unidad propone aprobar e implementar el Programa Nacional de Adaptación Climática Comunitaria (PRONACC), orientado a revalorar y potenciar el aporte de las comunidades, con presupuesto e indicadores medibles, como respuesta integral y realista al cambio climático.
Si bien a los países industrializados les interesa principalmente adoptar medidas de mitigación la coalición indígena destacó que la adaptación climática comunitaria busca atender principalmente a las poblaciones vulnerables aprovechando su capacidad organizativa y solidaria.
La propuesta surge al comprobarse la inter-relación ecosistémica y social entre las zonas altoandinas y la amazonía por lo que se necesitan no solo medidas de mitigación sino también de adaptación para atender y movilizar a las poblaciones vulnerables.
El programa propuesto responde a la urgencia de construir y desarrollar políticas, instrumentos de planificación y gestión coherentes y articulados, que dejen el sesgo unilateral, improvisado y centralista de las medidas que propone el gobierno.
El PRONACC tiene dos componentes sustanciales: seguridad territorial y soberanía alimentaria. La seguridad territorial comprende la titulación y titularidad de territorios ancestrales. La soberanía alimentaria se subdivide en los ejes: producción agropecuaria, pesca y agua.

Evento macro regional en Tarapoto

El Pacto de Unidad realizará los días 19 y 20 de enero en la ciudad de Tarapoto su IV Macroregional Nor Oriente a el fin de validar su posicionamiento político y poner en agenda pública los temas considerados prioritarios para los pueblos indígenas u originarios del país.
La jornada de dos días permitirá desarrollar el posicionamiento del Pacto en los temas de a) Identidad, b) Madre Tierra, territorio, consulta y consentimiento, c) Jurisdicción indígena y criminalización de dirigentes, y d) Institucionalidad: local, regional.
Asimismo compartirá información sobre la agenda de los pueblos frente al cambio climático, y el desarrollo de la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático realizado del 8 al 11 de diciembre en Lima.
Acceda a los documentos:

Organizaciones que integran el Pacto de Unidad:
- Confederación Nacional Agraria (CNA).
- Confederación Campesina del Perú (CPP)
- Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P)
- Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP).
- Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP).
- Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA)

Comunidades de Andoas reclaman cumplimiento de acuerdos por contaminación de Pluspetrol


- Después de la denuncia por contaminación en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, a causa de actividad petrolera, comunidades indígenas de Andoas continúan a la espera de una solución a su problemática.
- El presidente de la Federación de Indígenas Quechuas del Pastaza-FEDIQUEP, Aurelio Chino Dahua, reclamó la falta de voluntad del gobierno peruano para solucionar la feroz contaminación que la comunidad de Andoas y otras aledañas al proyecto petrolero en Loreto son víctimas.
Son cerca de 27 comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, declaradas en emergencia ambiental, tras los estragos que la explotación del lote petrolero 192 (ex 1AB de Pluspetrol) dejó en la zona.
Entre las demandas está la remediación de la laguna de Shanshococha con la debida indemnización, el pago justo por el uso de las canteras durante más de 46 años, de los cuales 15 está en manos de Pluspetrol.
Además, demandan la electrificación por parte del Gobierno Regional de Loreto y Pluspetrol, y la no presencia de personal de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, DINOES, pero sí la de una comisión de Alto Nivel con poder de decisión.
Chino Dahua explicó que los pobladores de las cuencas del río Corrientes, Marañón y Tigre, han llevado a cabo una serie de reuniones con representantes del Estado peruano pero sin llegar a buen puerto.
“Nos hemos sentado a dialogar con el Estado. Hemos empezado del río Corrientes, Tigre y Marañón. En Marañón se llegó a un acuerdo para sentarse con el presidente del Consejo de Ministros, la señora Ana Jara y con todos sus ministros. Y hasta ahora nada”, dijo.
Desde esa fecha (de la denuncia), continúa Apu Aurelio, la verdad es que nosotros seguimos tomando agua contaminada. “Nuestros peces y animales se siguen contaminando, y estamos notando que solo se ha tratado de dar un “antalginazo”. Calmar al pueblo la calentura, eso es lo que está pasando ahora”, consideró.
Por esa razón, el pedido de las comunidades indígenas es reunirse directamente con el presidente del Perú, Ollanta Humala, “para que nos escuche o invitarle a él mismo para que no se deje engañar de algunos funcionarios que le dicen “sí, claro, tenemos acuerdos”.”, precisó Chino Dahua.
El representante del FEDIQUEP también aclaró que de la reparación a que la empresa Pluspetrol se comprometió hasta ahora no se ha visto nada concreto. Como se recuerda, la empresa acordó pagar una compensación por el uso de tierras a las comunidades nativas que habitan el lugar.
Por lo pronto, las afecciones en la salud de los niños en las cuatro cuencas, continúan. “No esperen a que nos movilicemos, el gobierno peruano que no espere que empecemos a protestar”, advirtió Aurelio Chino Dahua.
Fuente: Consulta.la: http://consulta.la/prensa/peru-comunidades-indigenas-de-andoas-reclaman-cumplimiento-de-acuerdos-por-contaminacion-de-pluspetrol/

Comunicado emitido por la Comunidad Indígena de San Lorenzo Huitzizilapan ante los hechos graves ocurridos el día 11 de Enero de 2015.

A todos los medios de comunicación.
A los centros de derechos humanos.
Al Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra.
Al Congreso Nacional Indígena.
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.
A la sociedad en General.
A los 11 días del mes de enero de 2015 fue convocada una asamblea de bienes comunales por autoridades que el pueblo desconoce, que pretendía aprobar el reconocimiento de comuneros así como la entrada de diferentes proyectos de la iniciativa privada y otros puntos del orden del día de los cuales la comunidad no está de acuerdo.
La comunidad en su mayoría no permitió que se llevara a cabo la asamblea, resguardando las oficinas de bienes comunales desde un día anterior, siendo las 10 horas del día de hoy llegaron el supuesto comisariado y simpatizantes muchos de ellos en estado de ebriedad, además de ciudadanos del mismo pueblo engañados y utilizados como grupos de choque. Este grupo de choque empezó con agresiones verbales incitando a la violencia con la intención de realizar la asamblea y utilizaron pirotecnia explosiva para crear intimidación posteriormente se inició una confrontación tipo campal que ellos iniciaron, que tuvo como resultado lesiones con un arma blanca en la costilla izquierda a un joven padre de familia de nombre Miguel Salas, y además otras agresiones físicas a hombres y mujeres defensoras del pueblo.
Responsabilizamos directamente a Luis Enrique Ortinez Dorantes supuesto comisariado, así como sus familiares y gente del gobierno del Estado allegada a el, también a Saúl García Gonzales, 1er regidor del Municipio de Lerma de los hechos ocurridos y de los que pudieran ocurrir o cualquier otro daño contra algun@s de sus ciudadan@s que luchan y resisten por nuestra comunidad.
Pedimos a todas las comunidades de la región y al Congreso Nacional Indígena estén pendientes de los futuros acontecimientos.
No a las asambleas comunales abaladas por la ley agraria que solo sirven para despojar a las comunidades indígenas!!!
Nunca mas un México sin nosotros!!
Atentamente
Comunidad Indígena Ñatho de San Lorenzo Huitzizilapan a 11 de enero de 2015.

Denuncian la represión de los tres niveles del mal gobierno en contra de Bachajón

A las Juntas de Buen Gobierno y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A l@s BAZ
Al Congreso Nacional Indígena
Al Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías
A l@s compañer@s adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
A los Medios Libres e Independientes
A los defensores de derechos humanos
Al pueblo de México y el mundo

Hermanas, hermanos,
Compañeros, Compañeras,

El 9 de enero por la mañana casi 1000 efectivos de la policía Federal y Estatal desalojaron a los ejidatorios de San Sebastián Bachajon de una parte de su territorio. Estas tierras las habían recuperado el día 21 de diciembre del 2014 después de que el mal gobierno se las había robado de manera violenta el 2 de febrero del 2011. Además durante esta operación policial fueron retenidos 8 ejidatarios, que por suerte lograron regresar a salvo con sus compañeros unas horas después.
La recuperación del territorio donde están las muy turísticas cascadas de Agua Azul se hizo de manera pacífica, buscando el dialogo con el mismo pueblo. En ningún momento l@s compañer@s usaron la fuerza. El mal gobierno en ningún momento quiso facilitar el dialogo de las partes, su única respuesta fue enviar tres veces más elementos de la policía que lxs compañerxs que estaban resguardando sus propias tierras.
El gobierno de México roba las tierras a los campesinos para destinarlas a la implementación de megaproyectos. A este megaproyecto en particular lo denominan “Centro Integralmente Planeado Palenque” (CIPP). El mal gobierno quiere implementar en esa zona hoteles de lujos, campos de golf, una súper carretera, y por eso quieren desalojar y hostigan al pueblo de Bachajon.
Sobre dicho plan nunca hubo consulta con los ejidatarios de San Sebastián Bachajón, como se contempla en el Convenio 169 de la OIT y en los Acuerdos de San Andrés, Sólo hubo represión y despojo. Desde 2011 el gobierno y las empresas tratan de imponer su megaproyecto, desconociendo sus mismas leyes y un amparo que ganaron los ejidatarios a favor de su territorio.
¿Quién aceptaría que se le despojara de su tierra sin consentimiento? ¿A quién le agradaría que se le destruyera su tierra y que se le saqueara para el beneficio de unos millonarios? Ni en Chiapas, ni en ninguna parte del mundo donde exista todavía la dignidad, esa que no se compra y ni se vende, menos se canjea en nombre del llamado “progreso”, un disfraz más de la acumulación capitalista.
El gobierno de México y de Chiapas se burla de los pueblos originarios, provocando guerras y despojos, felicitándose de acciones de represión como el mencionado desalojo. Vimos como la secretaria de gobernación se enorgulleció de haber retomado la caseta, pero ¿de qué orgullo se trata? De haberles hecho otro servicio a los capitalistas que viven de la riquezas de México.
Denunciamos la represión de los tres niveles del mal gobierno, quienes no dejan vivir en paz al digno pueblo de Bachajon, parte del cual busca formas de vida autónomas y alternativas al modelo capitalista. Recordamos y denunciamos que el hostigamiento gubernamental a llevado a los asesinatos de dos compañeros de la organización local: Juan Vázquez Guzmán, el 24 de abril de 2013, y Juan Carlos Gómez Silvano, el 21 de marzo de 2014. El mal gobierno utiliza también la cárcel para perseguir a los ejidatarios organizados, recordamos de hecto la aprehensión injusta de: Santiago Moreno Pérez, Emilio Jiménez Gómez y Esteban Gómez Jímenez; así como Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano y Roberto Gómez Hernández, esos últimos tres fueron torturados por la Policía Municipal de Chilón el día 16 de septiembre del 2014.
Estamos al pendiente de la situación, no será un desalojo a parar la lucha de Bachajón y de tod@s l@s que en el mundo estamos defendiendo la vida y la naturaleza ante la muerte y la destrucción. No habrá lugar en el mundo donde estemos en qué no se sepa lo que ya es notorio: el gobierno mexicano asesina, reprima y usurpa.
¡Juan Vázquez Guzmán Vive, la Lucha de Bachajón sigue!
¡Juan Carlos Gómez Silvano Vive, la Lucha de Bachajón sigue!
¡No al despojo de los territorios indígenas!
¡Pres@s Políticos Libertad!
¡Si tocan a un@, nos tocan a tod@s!


Espoir Chiapas – Esperanza Chiapas
Frente Civico Tonalteco y el Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, Maderas del Pueblo del Sureste, Ac, México
Red Latinoamericana de Lille, Francia
Proyecto 20zln, Italia
ASSI (Acción Social Sindical Internacionalista) CGT – Estado español
Comitato Chiapas “Maribel” – Bergamo, Italia
Gruppe B.A.S.T.A., Münster, Alemania Solidaridad directa con Chiapas, Suiza. Red de Solidaridad con los Zapatistas del Reino Unido:
Colectivo Zapatista, Manchester
Colectivo de Aprendizaje y Enseñanza Zapatista del Reino Unido
Grupo Solidaridad con Chiapas, Dorset
Grupo Solidaridad con Chiapas, Edimburgo
Grupo Solidaridad con México, Londres
Grupo Solidaridad con los Zapatistas – Essex
KIPTIK, Bristol
Servicio de Traducción Zapatista del Reino Unido
Lento Pero Avanzo, Canada
Alternative libertaire, Francia
Ass. Solidaria Cafè Rebeldía-Infoespai,
Assocaciacion Espoir Chiapas / Esperanza Chiapas, Francia
Kolectivo BoCa En BoCa, Chiapas, México
Kolectivo Zero, Chiapas, México
Espacio Social y Cultural la Karakola, México
Centro de Documentación sobre Zapatismo -CEDOZ-
Associazione Ya Basta! Milano, Italia
Colectivo Azcapotzalco adherente a la Sexta, La Voz del Anáhuac,
Biblioteca Popular, México
Kolectivo Pozol, Chiapas México
Collectif bon pied bon œil, Francia
Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid
Union syndicale Solidaires, Francia
Fédération SUD éducation, Francia
Caracol Solidario, Francia
L’Adhesiva Barcelona
Movement For Justice In El Barrio, Nueva York, Estados Unidos
La Pirata:
*Nodo Solidale (Italia y México)
*Colectivo Zapatista de Lugano (Suiza)
*Nomads (Italia y Berlin)
*Adherentes individuales
Mut Vitz 13, Marseille, Francia,
Les 3 passants, Paris, Francia
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Grains de Sable (Francia-Mexico)
Colectivo Ik’
Beatriz Amor Vicepresidente APDH La Costa Buenos Aires-Argentina
Carole radureau, Francia
Ignacio Perez Perez
Adriana Garcia Ruiz
Héctor Miguel Sánchez Rodríguez, México
Lidiana Moreno Moreno
Juan Velasco Torre
Ernesto Torre Torre
Dionicio Escobedo Escobedo
Martin Ribera Torres.
Ector Mendoza Xochila.
Ernestina Rivera torres.
Alcachofa yano yanos
Antonio lucreci perez
Rogelio torre Rapid
Manuel Vadidio Doret.
Monica. Sfre. Medoza.
Marcos Vazquez Vaxquez.
Juan Gutierez Gutierrez
Eduardo Gutieres Torrez
Patrocino Hemir Torrrez
Alfredo Sanchez Lupillo
Carmela Mened Mened.
Chofis torrrez torrez.
Alberto Ruiz Ruiz
Margarita Ruiz Ruiz.
Eva. Llanos llanos.
Pascual toledo Toledo
Antonio Alvarez Alvarez
Beatris mojante Ruiz.
Xochil. Ruiz Petex
Tebeca Metello Montello
Ernesto Ponse. Ruiz.
Enrique Leon Ponce.
Jacobo Ronis Ruiz.
Octavio Ruiz Oryrga.
Unberto cholik cholik.
Fernando chikay chikay.
Oscar ruiz cikay.
Eucevio ruiz llanos.