Perú: Sobre las reparaciones con los pueblos nativos de las Cuatro Cuencas

Foto: Javier Dueñas

Mientras todos están enfocados en quién operará el Lote 192, las comunidades indígenas de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón continúan esperando que se le cancele una deuda histórica desde el Estado. Sobre cómo se deben fijar las reparaciones ambientales y la indemnización con los pueblos nativos.
Por José Carlos Díaz Zanelli
Servindi.- Con los reflectores concentrados en quién se quedará con la producción del Lote 192, pocos han reparado en la demanda de las comunidades indígenas afectadas por la extracción petrolera. Son cuatro cuencas las involucradas (Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón) y al parecer en el sector urbano hay poca claridad respecto a su demanda.
Las demandas de las federaciones de las cuatro cuencas se concentran en la titulación de las tierras, remediación ambiental, reparación por los pasivos de 40 años de extracción petrolera y pago por el uso de tierras.
Pero no es un antojo de los pueblos nativos estas exigencias hacia el Estado.

Las razones

Un informe del Instituto de Defensa Legal (IDL) sobre los hechos ocurridos en el Lote 192 da cuenta de que la negligente manera como operaron sus concesionarios –generando daños ambientales irreparables– constituye una violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas, amparados en el Convenio 169 de la OIT.
Ante esto, IDL explica que el Estado tiene la obligación de “prevenir, investigar, sancionar y reparar” las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.
Para efectos puntuales de la reparación, citando un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se señala que esto consiste en la “restitución, indemnización y rehabilitación” de las víctimas. En este caso todas y cada una de las comunidades de las cuencas ubicadas en el área de influencia del Lote 192.
Sobre el monto del pago por indemnización y valores de tierra, la Convención Americana de Derechos Humanos, habla de establecer un pago justo. Criterio que se condice con lo sugerido por la Comisión de Pueblos Andinos en su informe del periodo 2012-2013 en el que el territorio indígena debía ser cotizado aceptando el “valor intrínseco” y no el comercial que proponía el Ejecutivo.

Postura política

En el Ejecutivo continúan la mesa de diálogo, luego del fracaso de sus declaratorias de emergencia. Por el momento, la única medida que se ha realizado fue el bono que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), bajo el mando de Ana Jara, emitió para las cuatro cuencas.
Como se recuerda, en marzo de este año, se emitió un decreto que creaba un fondo de S/. 50 millones de soles para remediación ambiental en beneficio de las comunidades indígenas. Sin embargo, esta fue una medida apresurada del Ejecutivo para calmar las protestas que se venían realizando en la planta de tratamiento de Pluspetrol.

Bolivia: Guaraníes de Takovo Mora logran iniciar diálogo

Dura represión policial al bloqueo en Takovo Mora. Foto: OIEDC

Luego de los episodios de violencia que se vivieron el martes último en el departamento de Santa Cruz, con excesos confirmados por parte de la policía, los indígenas del territorio Takovo Mora anunciaron que tomaron contacto con el Ejecutivo. Ellos exigen se les consulte la realización de actividades hidrocarburíferas. A continuación una nota de Correo del Sur.

Guaraníes de Takovo Mora se abren a iniciar diálogo

Por Correo del Sur
- Los guaraníes se abrieron al diálogo con el Gobierno por el conflicto en la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Takovo Mora de Santa Cruz, tras la violenta represión policial sufrida el pasado martes 18 de agosto cuando bloqueaban la carretera Santa Cruz-Yacuiba.
Los comunarios demandan la aplicación del derecho constitucional a la consulta previa por la actividad hidrocarburífera en su territorio.
La vicepresidenta de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Salomé Castillo, informó que tomaron contacto con el Ejecutivo luego de la liberación de los indígenas capturados durante el desbloqueo.
Ayer quedaron en libertad los 26 guaraníes capturados y aún quedan cuatro personas hospitalizadas.
Por su parte, la empresa estatal de hidrocarburos YPFB señaló que la consulta previa no corresponde porque los cuatro pozos del bloque El Dorado se ejecutan en un predio privado.
Además denunció que algunos dirigentes indígenas “malversaron” recursos de la compensación ya desembolsada por actividades hidrocarburíferas en territorios indígenas.
Intervención violenta
La Policía intervino violentamente en dos oportunidades para disolver el bloqueo de los guaraníes de Takovo Mora contra la actividad hidrocarburífera sin consulta previa en su territorio.
La segunda intervención fue la más violenta y los indígenas denunciaron que los policías entraron a las casas para detener a los manifestantes.
Finalmente a las 18:05 fue desbloqueada la ruta y la Policía tomó el control para resguardar el paso de los vehículos detenidos en la zona por más de ocho horas.
Según informó el comunario Nicolás Pereira, los uniformados irrumpieron con toda su fuerza en el bloqueo a punta de gases lacrimógenos y dispersaron a los manifestantes.
También cometieron abusos en la zona urbana de Yateirenda, patearon y rompieron las puertas de las viviendas y destruyeron los vehículos en los que se transportaban los guaraníes, que se habían reforzado y sumaban unos 1000.
El fiscal asignado al caso de los indígenas detenidos, José Morales, indicó que hubo desproporcionalidad de la policía en el uso de la fuerza pública al momento de reprimir a los guaraníes.
“La policía cometió actos de violencia, utilizó media tonelada de proyectiles de gas contra los manifestantes, quienes solo contaban con agua y piedras”, señaló Morales a Eldia.com.bo.
Protestas y bloqueos
Los guaraníes de Takovo Mora bloquean el campo El Dorado, construido y operado por YPFB Chacos. La demanda principal es que la empresa no realizó la consulta previa a los indígenas de esa TCO para perforar los cuatro pozos.
También protestan porque están en contra de los decretos 2298, 2195, 2366 y 2368 que aceleran la exploración y explotación de petróleo en sus territorios y las áreas protegidas del país.
El presidente de YPFB, Guillermo Achá, rechazó el pedido de los guaraníes porque “solo el 15 por ciento del territorio en actual exploración petrolera sería parte del Territorio Comunitario de Origen”.
“El campo El Dorado donde se encuentran los cuatro pozos a exploración abarca una superficie con una extensión de 3 mil kilómetros cuadrados, de esto solamente un pequeño porcentaje del 15 por ciento es de la TCO Takovo Mora”, señaló al programa “Todo Pulmón” de Cadena A.
“Hemos hecho ya compensaciones desde el 2008 hasta el 2014 por el primer pozo porque sí aplicaba y sí estaba dentro de la TCO, se dio 1,2 millones de dólares por actividades exploratorias y 1 millón adicional por la planta Río Grande”, recordó el funcionario.
__ Fuente: http://www.correodelsur.com/20150821/politica/guaranies-de-takovo-mora-se-abren-a-iniciar-dialogo

Brasil: Indígenas de Roraima reclaman mejoras en educación y salud

Servindi.- Un fuerte paro se acata en la ciudad de Boa Vista, en el estado norteño de Roraima, para exigir mejoras en la educación indígena. La medida de protesta se inició luego de la IV Marcha de los Pueblos Indígenas efectuada el 10 de agosto.
La medida convocó a un gran número de personas, entre ellas varios maestros indígenas, para reclamar por la defensa de los territorios y exigir mejoras al gobierno en el sector educación y salud.
La carta divulgada durante el evento denunció la existencia de proyectos que atentan contra los intereses nativos, y pide la investigación sobre el desvío de fondos del gobierno para políticas públicas.
Asimismo, se exige la correcta utilización de los recursos de los Distritos Sanitarios Especiales Indígenas (DSEI), fondo creado por el Gobierno para cubrir las grandes demandas de salud de las comunidades originarias en Brasil.
Los huelguistas reclamaron por la poca cantidad de escuelas indígenas, la falta de infraestructura, la falta de alimentos y la escasez de transporte en las comunidades.
La marcha encabezada por el Consejo Indígena de Roraima (CIR), la Organización de Mujeres Indígenas de Roraima (OMIRR) y la Organización de los Profesores Indígenas de Roraima (OPIRR) se dirigió al local de la Secretaria Estatal de Educación y Deportes (SEED) para entregar el manifiesto con las exigencias.
No obstante, los líderes indígenas fueron impedidos de formalizar el documento en la sede de la Secretaria de Educación, puesto que las puertas permanecieron cerradas y la policía reprimió la protesta con el uso de armas, e incluso con el auxilio de perros.
Ello motivó que los manifestantes solicitaran la destitución de Selma Mulinari, secretaria de Educación, por haber presentado actitudes discriminatorias y prejuiciosas contra los pueblos indígenas.

Foto: Radioyande.com

Esto dejó como única opción que tuvieran que entregar el documento en la asamblea legislativa del Estado junto con los organismos públicos del Ministerio Público Federal (MPF) y el Ministerio Público Estatal (MPE).
En los días posteriores trascendió que las organizaciones representativas participaron de cuatro audiencias públicas en las cuales presentaron las pautas referidas a la educación escolar indígena.
Una comisión de líderes indígenas llegó a reunirse con Suely Campos, Gobernadora del Estado de Roraima, quién aprobó el pedido del Plano Estatal de Educación, con la inclusión de la modalidad de educación escolar indígena.
Sin embargo, ante el pedido de destituir a Mulinari, la jefa ejecutiva mostró su oposición y respondió que esa medida sería una condición inaceptable.
Ante esa actitud, el líder del pueblo Macuxi, Nelino Galé, de la tierra indígena Raposa Serra do Sol, comentó: “No negociamos nuestros derechos indígenas conquistados en la Constitución Federal, el gobierno tiene que atender y cumplir lo que ya nos está asegurado”,
Desde entonces, al menos 265 escuelas estatales indígenas mantendrán un cese en sus actividades hasta que el Gobierno atienda las demandas.
Es importante mencionar que estas escuelas atienden a más de 14 mil estudiantes indígenas de diversos pueblos como Macuxi, Wapichana, Taurepang, Patamona, Sapará, Ingaricó, Wai-Wai, Yanomami, Ye’kuana e Ingaricó.

Sabino, los ganaderos de Machiques y los 30 años de cárcel para Manguera

La ocupación y el despojo violento del territorio del pueblo Caribe Yukpa que se inician en 1600 con españoles y canarios durante los intentos de fundar la Villa del Rosario y posteriormente del poblado Machiques entra hoy en una etapa histórica extraordinaria marcada por la construcción de justicia sustentada en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas que se comenzó a gestar hace más de 30 años cuando profesores y estudiantes de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia iniciaron en mayo de 1985 el complejo camino de juntar fuerzas endógenas y exógenas para estructurar una fuerza capaz de romper este hilo histórico de despojo y violencia iniciada en el siglo XVII en Perijá.
El máximo representante de este devenir histórico local que atraviesa por igual toda la historia del continente americano lo representa hoy el Cacique Sabino Romero Izarra y su lucha por la defensa del territorio del pueblo Yukpa, que al ser asesinado por sicarios bajo las ordenes de ricos ganaderos de Machiques (descendientes de aquello españoles y canarios) para detener el avance Caribe de la ocupación y recuperación de una parte del territorio original despojado a sangre y fuego por ganaderos entre 1930-1970.
En la audiencia del viernes 14 de agosto de este año fue condenado en el Tribunal 17º de Juicio Itinerante del Área Metropolitana de Caracas a 30 años de cárcel el sicario y guardaespaldas de ganaderos de Machiques Ángel Antonio Romero Bracho, alias El Manguera por asesinar al Cacique Yukpa Sabino Romero Izarra el 3 de marzo de 2013, por herir a su esposa Lucía Martínez Romero y a su pequeño hijo Briceño Romero Martínez.
Esta audiencia señala tres caminos libertarios paralelos inmediatos a recorrer, la apertura del juicio a los actores intelectuales del asesinato del Cacique Romero Izarra, por otro lado, continuar el juicio contra los cinco policía de Machiques Rigoberto Socorro, Jhon Petit, Eusquides Derizan, Delvis Cárdenas y Giovanny Delgado que acompañaron ese día al sicario El Manguera, pues la sentencia a siete años de cárcel emitida por este mismo tribunal no satisface los requerimientos jurídico y de los familiares de una pena mayor a los 15 años de cárcel, y el tercer camino tiene que ver con las diligencias políticas y jurídicas para que el Ministerio Público retome los casos de los tres hijos de Carmen Fernández Romero asesinado, ordenando las investigaciones necesarias que lleven a juicio a los asesinos de José Luis, Alexander y Cristóbal Fernández Fernández.
Los dos primeros acaecidos el sábado 23 de junio de 2012 donde participaron cuatro encapuchados algunos de ellos con dialecto colombiano en la comunidad Kuse, antiguo Parcelamiento Las Flores. Y el tercero Cristóbal Fernández Fernández, el 24 de junio de 2014 en la hacienda las Delicias de Emer Darío López donde están involucrados los efectivos Marcos Fernández Fernández, Alfonso Pérez Yukosa, Wilfredo Cañizales Camacaro, Eduardo Sandoval Briceño y José Sayago Fernández, todos comandados por el Teniente Wilfredo José Carmona Silva, todos de guardia ese día en el puesto Fronterizo El Tukuko del Destacamento de Fronteras N° 36 del Comando Regional N° 3 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del estado Zulia.
La condena del sicario El Manguera, y la apertura del juicio a los ganaderos de Machiques sienta un precedente jurídico histórico, ya que por vez primera serán llevado a juicio y posiblemente condenados a unos ganaderos por "matar a un indio" en Venezuela.
Dada esta sentencia de pena máxima se espera nuevos hechos violentos por parte de los ganaderos y sicarios contra los familiares y amigos aliados indígenas y criollos de la familia de Sabino y Lucía. Ya fueron amenazados de muerte en la comunidad Tukuko Franklin Panapera y Adolfo Maikishi amigos de Sabino Romero.

Por: Sociedad Homo et Natura

SOLIDADRIDAD CON LOS COMUNEROS DE STA. MARÍA OSTULA Y LA COMUNIDAD DE POMARO

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO DE SANTA MARIA OSTULA Y COMUNEROS DE LA COMUNIDAD DE POMARO AL PUEBLO DE MÉXICO Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO. “TENEMOS UN ENEMIGO COMÚN: EL CAPITALISMO”
Hoy 16 de agosto de 2015 las autoridades agrarias y civiles de Santa María Ostula y un grupo de más de cincuenta comuneros de Pómaro que trabaja por la reconstrucción de su comunidad, ambas comunidades pertenecientes al pueblo nahua de la costa de Michoacán, sostuvimos una reunión de trabajo y acordamos hacer pública nuestra decisión de caminar y de unir a nuestro pueblo ante los embates del capitalismo en contra de nuestras comunidades por medio de los programas y acciones del mal gobierno en complicidad con los cárteles mafiosos y las empresas trasnacionales para despojarnos de nuestras tierras y robar nuestros recursos naturales; esta es nuestra palabra:
PRIMERO.- LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA OSTULA lucha por la defensa de sus tierras comunales y en contra de los grupos criminales que en los dos años anteriores se dedicaron a robar sus maderas con el apoyo del presidente municipal hoy en la cárcel, Juan Hernández Ramírez, quien también trató de asesinar al comandante general de la comunidad, Cemeí Verdía Zepeda. En estos momentos la comunidad, junto al reclamo primordial de que se le respete la totalidad de sus tierras, bosques y aguas, tiene las siguientes exigencias: 1) Libertad inmediata e incondicional del comandante general de la policía comunitaria de Ostula, Cemeí Verdía Zepeda; 2) Castigo a los integrantes del Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, la Policía Federal Preventiva y la Policía Estatal (denominada Fuerza Ciudadana), que participaron en el ataque perpetrado en contra de la comunidad el pasado 19 de julio del año actual, ataque en el que murió el niño Hidelberto Reyes García, y fueron heridos muchos comuneros; 3) Aprehensión de los jefes templarios en la región y desarticulación verdadera de dicho cártel; 4) Respeto y otorgamiento de garantías para la policía comunitaria de Ostula y para las policías comunitarias y autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana, Coalcomán y Chinicuila; 5) Castigo a los responsables de las desapariciones y asesinatos de comuneros de Ostula del año dos mil ocho a la fecha.
SEGUNDO.- LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA OSTULA comparte la experiencia de la división que existía hacia el interior de la misma con los partidos políticos interviniendo en la elección de sus autoridades agrarias y civiles, de modo que los grupos de poder patrocinaban actos con mariachis, comidas y hasta bebidas, en donde se realizaban campañas con triunfos y muchos sufrimientos en nuestra comunidad. La comunidad se organizó con voluntad y determino expulsar a los partidos políticos nombrando a encargados del orden, jefes de tenencia y comisaria de bienes comunales de manera tradicional y sin ningún compromiso con los grupos de poder, únicamente con la asamblea general bajo el principio de que el pueblo manda y el gobierno obedece.
TERCERO.- LA COMUNIDAD INDÍGENA DE PÓMARO siempre ha estado unida con su hermana comunidad de Ostula y en el año 2009 apoyó la lucha de esta última en la recuperación de las tierras de la hoy encargatura de San Diego Xayakalan; sin embargo las autoridades corrompidas de Pómaro, encabezadas por el que en ese entonces era su presidente del comisariado de bienes comunales y después presidente municipal de Aquila, Juan Hernández Ramírez, siempre han estado en contra de la UNIDAD entre ambas comunidades. Precisamente Juan Hernández Ramírez, siendo ya presidente municipal, se alió con Servando Gómez  Martínez, alias la Tuta, para robar el mineral que se localiza en las minas existentes dentro de la comunidad de Pómaro con la complicidad de las autoridades corrompidas de la comunidad. Ahora cada vez es mayor el número de comuneros de Pómaro convencidos de la defensa de sus tierras y decepcionados de que Juan Hernández Ramírez se haya convertido en un lugarteniente del crimen organizado.
CUARTO.- LA COMUNIDAD INDÍGENA DE PÓMARO no apoya el bloqueo de la carretera federal costera número 200 que existe a la altura de Maruata y que es encabezada por Mohamed Ramírez Méndez, primo de Juan Hernández Ramírez y ex candidato del Partido Verde Ecologista de México y de la mafia a la alcaldía de Aquila, aclarando que dicho bloqueo no fue consultado ni aprobado por la asamblea de Pómaro, pues, dicha acción tiene el fin de presionar para que el grupo templario de Juan Hernández Ramírez siga conservando el poder en el municipio de Aquila.
QUINTO.- AMBAS COMUNIDADES NOS COMPROMETEMOS A MANTENERNOS UNIDAS PARA HACER FRENTE AL CAPITALISMO Y A LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO QUE ATENTEN CONTRA EL RÉGIMEN COMUNAL, REALIZANDO REUNIONES PERIÓDICAS PARA FRENAR EN PRIMER LUGAR AL PROGRAMA PROCEDE Y/O FANAR, O COMO SE PUEDA DENOMINAR EN LO FUTURO, YA QUE SU PROPÓSITO ES EL EXTERMINO DE LAS COMUNIDADES DE LA REGIÓN Y DEL PAÍS.
Santa María Ostula, a 16 de agosto de 2015.
LAS AUTORIDADES AGRARIAS Y CIVILES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA
EL GRUPO DE COMUNEROS DE PÓMARO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE SU COMUNIDAD

Ecuador: Organizaciones de mujeres informan sobre protestas y represión en el país

Mujeres del levantamiento nacional

Quito, 19 de Agosto 2015

Dra. María Clara Martín
Directora de la Sección América Latina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de América Latina.

Dr. Diego Zorrilla
Coordinador Regional NNUU

Dr. José Martino
Coordinador Residente Encargado de la ONU en Ecuador
C/C Pedro Vera

Dra. Victoria Lucia Tauli Corpuz
Relatora de Pueblos Indígenas
C/CPatricia Borraz
Asesora

Dr. Maina Kiai
Relator Especial de la ONU sobre la libertad de asociación y reunión pacífica
De nuestras consideraciones :

Nos dirigimos a usted por la grave situación que se vive en el Ecuador en relación a los derechos humanos en el marco del paro nacional iniciado el día 13 de agosto y el levantamiento popular iniciado el día 2 de agosto de 2015.

En el contexto de la expansión de la frontera petrolera, del desarrollo de la minería a gran escala, y otros proyectos de alto impacto socio ambiental, y la restricción a los derechos sociales básicos . El Estado ecuatoriano ha violado sistemáticamente los derechos de asociación, libre expresión, derecho a la protesta, derecho a la defensa, derecho al debido proceso, derecho a la auto determinación, entre otros, y se ha criminalizado, amenazado, hostigado y desprestigiado a defensores y defensoras de estos derechos . Dentro de la crisis institucional y de legitimidad en la que se encuentra el régimen, el Gobierno ha propuesto canales de diálogo controlados y restringidos tanto en los temas a tratar como en las personas y organizaciones invitadas al diálogo. Por ello, se convocó a un paro y levantamiento indígena nacional pacífico. Sin embargo, la represión del Estado sobre estas medidas ha sido desproporcionada y varios derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales y en la Constitución han sido sistemáticamente violados.

Las medidas tomadas por el paro y el levantamiento han sido marchas, concentraciones y el bloqueo de carreteras. Todas estas medidas han sido pacíficas y tienen como objetivo que el Gobierno escuche las reivindicaciones de la sociedad civil y en particular de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. A pesar de ello, personas pertenecientes a pandillas violentas afines al régimen han agrediendo a los agentes de la fuerza pública, provocando la represión violenta de la policía y militares a marchas pacíficas. Estas mismas instituciones han reprimido con fuerza y violencia indiscriminada y desmedida a las personas que han estado manifestándose pacíficamente a lo largo del país.

Hasta el momento, en el marco del paro nacional y levantamiento popular, más de 130 personas han sido detenidas durante las manifestaciones y muchas más heridas por la policía y militares, muchas de ellas menores de edad y personas adultas mayores.



Las personas ha sido detenidas arbitraria e ilegalmente ya que no se encontraban cometiendo ningún delito, como por ejemplo Manuela Picq, periodista y académica franco-brasilera, esposa del Presidente de la ECUARUNARI, Carlos Pérez, y Margoth Escobar, defensora de los derechos humanos, y derechos colectivos y de la naturaleza, de 61 años de edad, que fueron detenidas y golpeadas por la policía sin haber cometido ningún delito. Asimismo, varias personas detenidas y agredidas físicamente nunca fueron puestas a orden de un juez competente, como Salvador Quishpe, Prefecto de la Provincia de Zamora, y Carlos Pérez.

Además, a muchas de las personas detenidas se les ha negado el derecho a un debido proceso. Por ejemplo, a Manuela Picq se le negó el derecho a presentar una acción de protección frente a un juez competente y a Margoth Escobar, que se encontraba hospitalizada por los golpes que le propició la policía, se le transfirió la audiencia judicial al hospital para dictarle prisión preventiva de 30 días.

En los procesos penales iniciados contra muchas de las personas detenidas, se está sistemáticamente haciendo , y el delito de sabotaje y terrorismo, un uso abusivo del derecho penal y se les está acusando de ataque o resistencia, como está tipificado en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal. El uso abusivo del derecho penal por parte del Gobierno ecuatoriano, en particular como una forma de criminalización de defensores y defensoras de los derechos humanos, ha sido denunciado reiteradamente en instancias internacionales y los hechos más recientes confirman las preocupaciones al respecto.

De forma distintivamente preocupante, cabe señalar que las agresiones contra personas en custodia policial o militar que se han dado, pueden constituir malos tratos, según se entiende en la Convención contra la Tortura, ratificada por el Ecuador, y están absolutamente prohibidos por la Constitución en su artículo 66.3 y el derecho internacional de los derechos humanos. Los atentados contra la integridad personal de una persona privado de su libertad constituye una violación grave a los derechos humanos y el Estado ecuatoriano tiene la obligación de investigar y sancionar a las personas responsables.

En particular, se conoce de agresiones discriminadas contra mujeres en el marco de las protestas y al momento de las detenciones. Es particularmente preocupante que se haya procedido a agresiones físicas a niñas, mujeres adultas mayores, mujeres embarazadas, madres de niños lactantes quienes se encuentran en prisión preventiva por 30 días esperando a ser juzgadas, y que se criminalice a mujeres pareja de defensores de los derechos humanos, derechos colectivos y de la naturaleza. Esto se da en un contexto de criminalización, hostigamiento, amenazas y desprestigio sistemáticos a mujeres defensoras desde hace algunos años. Casos emblemáticos como el de Esperanza Martínez, Paulina Mñoz , Margoth Escobar.

Cabe mencionar que el hostigamiento, la violencia y las agresiones tiene una particular direccionalidad en contra de los pueblos y nacionalidades indígenas, por ejemplo al detener a las mujeres les son arrancadas sus vestimentas tradicionales.

Por otro lado, el día 16 de agosto, por decreto ejecutivo, el Presidente Rafael Correa decretó el estado de excepción en todo el territorio nacional por el aumento de la actividad del volcán Cotopaxi en los Andes centrales. El Decreto 755 le concede poderes extraordinarios como el uso de todos los miembros de la fuerza pública, utilización de fondos públicos, suspensión “de los derechos constitucionales la inviolabilidad de domicilio, de tránsito, de reunión, y de correspondencia” y censura previa de los medios de comunicación, en el exclusivo marco del la emergencia de la erupción del volcán Cotopaxi. No obstante, en el territorio del pueblo indígena Kichwa Saraguro, Provincia de Loja al Sur del país y muy lejos del área de afectación del volcán, la policía y los militares han utilizado dicho Decreto para el allanamiento de viviendas sin orden judicial, es decir violando el artículo 66.22 de la Constitución, de personas que no han participado en las manifestaciones, y detener y golpear a sus ocupantes.

En este sentido, es de excesiva preocupación que las fuerzas armadas se encuentren ejerciendo la fuerza sobre la población civil desde hace ya varios años y en particular en días recientes. Últimamente han actuado en las movilizaciones conduciendo detenciones de civiles, como en la Provincia de Morona Santiago, Pastaza, Orellana, Cañar, Cotopaxi, Azuay, Imbabura, Loja, cuando no se les reconoce esas competencias constitucionales (artículo 158) y ha sido reconocido reiteradas veces en el derecho internacional que las fuerzas armadas no deben realizar labores de seguridad interna del Estado.

Igualmente, el derecho a la protesta pacífica está reconocido en el artículo 66.13, 95, 96, 97, 98 y 99 de la Constitución y en instrumentos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la práctica estatal ha sido el reprimir y criminalizar a personas que hacen un uso efectivo de este derecho, en particular a defensores y defensoras. Los eventos recientes son un ejemplo más de esta violación sistemática a un derecho fundamental en una sociedad democrática.

Por la gravedad de los hechos aquí expuestos se puede concluir que el Estado ecuatoriano está violando sistemáticamente el derecho a la protesta social, el derecho a no ser privado arbitraria o ilegalmente de la libertad, el derecho a no ser sometido a la tortura y otros malos tratos, el derecho al debido proceso, a la libre circulación, además del uso progresivo de la fuerza, está utilizando a la fuerza militar en labores de seguridad interna, está haciendo un uso abusivo del derecho penal y criminalizando a defensores y defensoras de los derechos humanos, derechos colectivos y de la naturaleza. Asimismo, el Estado ecuatoriano se encuentra agrediendo de forma discriminada a mujeres defensoras y desvirtuando los objetivos del Decreto 755 que declara el estado de emergencia nacional.

Por todo lo aquí expuesto, se le solicita urgentemente:

- Que condene la violencia desmedida, sistemática y arbitraria con la que el Estado ha agredido y criminalizado a defensores y defensoras y en general a las personas que han participado en el paro y levantamiento indígena.

- Que exija al Gobierno ecuatoriano el cese inmediato de todas las agresiones contra los y las participantes en el paro y en particular contra defensores, defensoras, mujeres y pueblos y nacionalidades indígenas.

- Que reclame al Gobierno ecuatoriano el respeto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales, en particular el derecho al debido proceso, a la protesta social, a la libre asociación, libertad de expresión, protesta pacífica, libre circulación, a no ser sometido a tortura y otros malos tratos, a no ser detenido arbitraria o ilegalmente.

- Que demande al Gobierno el cese del uso abusivo del derecho penal y de la criminalización, hostigamiento, amenazas y desprestigio de defensores y defensoras y de líderes de pueblos y nacionalidades.

- Que exhorte al Gobierno a que se restrinja el uso del Decreto 755 que declara el estado de emergencia nacional a su ámbito exclusivo de aplicación, la actividad del volcán Cotopaxi.

- Que exija al Estado actúe conforme a sus obligaciones constitucionales e internacionales e investigue y sancione a los y las responsables de todas estas violaciones en el marco
de los eventos recientes.

- Que soliste al gobierno de Ecuador que cese la militarización contra los pueblos indígenas y sus habitantes.

- Que solicite una observación especial al gobierno por los hechos ocurridos en contra de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador.

- Que se exija al Estado la reparación de los daños causados.

Agradecemos su pronta atención a nuestras demandas urgentes .

Atentamente:

Las Mujeres del Levantamiento Nacional
Katy Betancourt
Dirigenta de Mujeres de CONAIE
Carmen Lozano
Dirigenta de Mujer de ECUARUNARI
Catalina Chumpi
Presidenta de COMNAP
Patricia Gualinga
Dirigenta de Relaciones Internacionales de SARAYAKU
Nina Pacari
Consejo Político de Sabios de CONAIE
Blanca Chancosa
Consejo Político de Sabios de ECUARUNARI
Rocío Rosero
Coordinadora de la Coalición Nacional de las Mujeres de Ecuador
Lizi Ernesth
Coordinadora del Colectivo Nosotras
Ivonne Ramos
Saramanta Warmikuna
Ana Cristina Vega
Colectivo Surkuna
Omari Yeti
Dirigente de Territorios de las mujeres Huaorani
Maria Ushigua
Presidenta de la comuniada Sapara de Llanchama Cocha
Sisa García Parra
Mujeres de Frente
Liseth Coba
Revista Feminista Flor del Guanto
Elizabeth Arauz
Foro de Salud
Virginia Gómez de la Torre
Frente de Mujeres por los derechos sexuales y reproductivos
Ena Santi
Dirigenta de Mujeres de Sarayaku
Christiane d´ Espinay
Concha Batukeada
Norma Bayas
Josefina Lema
Pueblo Otavalo
Zoila Castillo
Dirigenta de Territorios Cuenca Bobonaza
Rosa Calosama
Manuela Loja Castro
Margarita Armijos
Carmen Guatemal
Tamia Lema
María Andrade
Vicenta Minga
Hilda Santi
Lizy Guayasamin
Belén Páez
Nidia Arrobo
Pueblo Indio
Ines Cotacachi
Lilian Herrera
Esperanza Martínez
Yasunidos
Paulina Muñoz
Ecuador Decide
Aurora Donoso
Ivonne Yánez
Gabriela Ruales
Yasunidos
Carla Kalapaki
María Paz Ordoñez
Estefi Altamirano
Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género
Carla Vega
Dolores Garcés
Judith Flores
Mujeres Populares y Diversas
Grace Guerra
María José Plaza
Lotty Andrade
Antonela Calle
Yasunidos

CONAIE Y CONFENIAE ante los sucesos ocurridos en Macas

Boletín de Prensa

D.M. Quito, 19 de Agosto de 2015

Ante los sucesos ocurridos en la ciudad de Macas, en donde compañeros indígenas Shuar y Achuar se han movilizado exigiendo una respuesta clara por parte de las autoridades públicas y el gobierno nacional, queremos expresar lo siguiente:

- Las exigencias de los compañeros y compañeras Shuar y Achuar, son exigencias legítimas, varias de ellas llevan años expresándose a través de diferentes acciones comunitarias, políticas, administrativas y legales que no han obtenido respuesta por parte del gobierno. Es así que las comunidades indígenas Shuar y Achuar han optado por realizar medidas de hecho.

-   El estado ecuatoriano ha generado un escenario de violencia en la Amazonia Sur que ha golpeado fuertemente a las comunidades Shuar y Achuar:

1. El permiso de concesión en territorio Shuar, especialmente para las empresas mineras chinas Ecuacorrientes ECSA y EXA que ya muestra las primeras señales de contaminación en los ríos que alimentan a las comunidades y ha generado el desplazamiento de comunidades enteras de su territorio ancestral (Comunidad San Marcos)

2. El retiro de la licencia ambiental para la carretera Macuma- Taisha impidiendo que el Prefecto de nacionalidad Shuar Marcelino Chumpi concluya una obra exigida por las comunidades Achuar, además de la criminalización y constante agresión a esta autoridad elegida por las comunidades y la mayoría de la población de Morona Santiago.

3. La XI Ronda Petrolera que intenta concesionar bloques petroleros en territorio comunitario a empresas trasnacionales sin consulta previa,

4. El asesinato de tres líderes Shuar José Tendetza, Freddy Taish, Bosco Wisuma sin respuesta de la justicia ecuatoriana,

Estas son solo algunas de las acciones del gobierno que han generado un escenario en el que el Pueblo Shuar y Achuar, ha tenido como última salida las acciones de hecho para hacerse escuchar y exigir el respeto a sus derechos.

Es así que la tensión que se vive en Morona Santiago es resultado de una violencia institucionalizada desde el estado hacia los pueblos indígenas amazónicos, que ha violentado los derechos colectivos y puesto en vulnerabilidad la vida de mujeres, niños, y hombres indígenas.

Las acciones de hecho en vez de tener una respuesta política y de acción han tenido como respuesta el uso de la fuerza policial y la fuerza militar, esta última de forma desproporcionada además de inconstitucional.

La presencia de militares en territorio de los pueblos indígenas, incluso antes de declararse el estado de excepción, son una provocación para el pueblo shuar y achuar, históricamente pueblos guerreros, además de ilegal ya que la presencia de militares en territorio comunitario contraviene los derechos colectivos de los pueblos (Art 57)

Esta militarización tuvo como resultado varios momentos de represión y enfrentamientos en Bomboiza, Gualaquiza, Logroño, Sucúa y la detención de varios compañeros indígenas y ahora en Macas.

El Domingo 16 de Agosto cuando estuvieron dadas las condiciones para un enfrentamiento que hubiese tenido resultados nefastos para nuestras comunidades, los dirigentes de las federaciones NAE, NASHE y FICSH, sabiamente decidieron retirarse voluntariamente de la vía y dirigirse en una caminata hacia Macas. Esta acción fue una muestra política evidente de la vocación de nuestro pueblo y nuestros dirigentes para encontrar soluciones. La respuesta del Gobernador de Morona Santiago fue la evasión del diálogo, mientras las fuerzas armadas militarizaron Macas.

Y la respuesta política del Ministro del Interior, José Serrano, fue responsabilizar a los dirigentes de CONAIE, Jorge Herrera y CONFENIAE, Franco Viteri, así como al Prefecto de Morona Santiago, Marcelino Chumpi, por los hechos suscitados.

Estas respuestas del gobierno solo demuestran su incapacidad para comprender las exigencias actuales e históricas del movimiento indígena, además de su falta de conocimiento sobre la cultura, sabiduría, necesidades y propuestas de los pueblos indígenas. Nos asombra que estas agresiones hacia nuestros dirigentes vengan del Ministro Serrano, quien trabajó de cerca con los mismos pueblos indígenas que ahora criminaliza y reprime.

Queda claro quién provoca y busca desenlaces que el pueblo Shuar y Achuar nunca han deseado.

Desde la dirigencia regional y nacional promovemos la adopción de medidas bajo la absoluta y consciente decisión de los pueblos. Nadie ha sido obligado a salir a las calles, a nadie se ha forzado a pronunciarse o tomar medidas. Es el pueblo consciente quien se expresa por propia voluntad, por defenderse, luchando por sus derechos y por su vida, desde sus territorios y desde el ámbito nacional a través del Paro y el Levantamiento en todo el país.

CONAIE

CONFENIAE

Ecuador: Estado de “decepción” e indignación popular + Cartografía de la protesta

Remo Cornejo
El Decreto 755, que declara el Estado de Excepción en todo el territorio nacional, a propósito de la alerta amarilla del Volcán Cotopaxi, otorga poderes al gobierno para movilizar militares y policías, manejar dinero a su arbitrio y controlar la información relacionada con el evento natural, pero, esencialmente, con esta declaratoria se suspenden los derechos y garantías constitucionales de todos los ecuatorianos/as.
Así entonces, el riesgo que provoca el Cotopaxi le cae como anillo al dedo al correísmo para intervenir comunicaciones, domicilios, medios de comunicación y para reprimir la lucha popular que se encuentra en auge. Esto es una muestra más de la naturaleza autoritaria y violatoria a los derechos humanos.

Lo cierto es que las aspiraciones de cambio social de los pueblos plasmadas, en cierta parte, en las ofertas electorales de 2006 y refrendadas luego en la Asamblea Constituyente, se quedaron en “cantos de sirena”.

Una de las esencias de Montecristi, el Buen Vivir, quedó en letra muerta. Han transcurrido más de 8 años y el costo de vida sigue su ascenso a las nubes. No hay sueldo obrero que cubra la canasta familiar básica, que bordea los USD 700. No hay reactivación del aparato productivo y el desempleo está a la orden del día.

Las trilladas escuelas del milenio son escasas, como inexistentes son los hospitales de cuarto nivel en nuestro país.

La Academia del “conocimiento” se quedó como vitrina del despilfarro y las componendas, mientras las acostumbradas universidades públicas se baten entre chantajes y amenazas para su acreditación y la asignación presupuestaria.

La meritocracia fue una ingenuidad vendida a los honestos, que sí somos más, y al mismo tiempo una sapada, bien arreglada, para los aduladores del oficialismo, que sí son menos. Todas las instituciones gubernamentales están copadas por adláteres del correísmo.

Con sólo estas muestras la expectativa de la mayoría de la población pasó pronto al estado de decepción y de ahí, muy pronto también, pasó al estado de indignación y protesta, que tras un importante proceso de reanimación social al fin desde el 8 de junio se  transformó en luchas constantes de resistencia popular.

Las acciones gallardas de lucha de los trabajadores y los pueblos del Ecuador, que tiene su pico alto en la Marcha indígena y popular que partió de Zamora Chinchipe el 2 de agosto, en el Levantamiento Indígena que estalló el 10 de agosto y en el Paro del Pueblo del 13 de agosto, son respuestas a la política antipopular y prepotente del correísmo.

El Paro del Pueblo congregó a más de cien mil manifestantes en las calles de Quito y a más de 400 mil personas en el resto del país, en campo y ciudades. Las carreteras de primer orden fueron cerradas por los luchadores sociales durante varias horas.

El correísmo intensificó la represión como en el pasado, durante y después del Paro. Se atacó a la periodista y catedrática Manuela Picq y a los dirigentes indígenas Salvador Quizhpe y Carlos Pérez. La resistencia popular, como respuesta a ello, se radicalizó en varias provincias de la sierra y del oriente. Hoy suman más de un centenar los detenidos y heridos en todo el país. Se ve venir la Primera Huelga General.

Los sectores sociales organizados, así como los partidos y movimientos de izquierda, continúan su lucha para echar abajo el paquete de enmiendas constitucionales; por el 40% del aporte del Estado para las pensiones jubilares; por la vigencia de los derechos y conquistas laborales; por el libre ingreso de los jóvenes a las universidades; por la aprobación de una Ley de Tierras y Aguas que observe los derechos de los indígenas y campesinos; por la recuperación del fondo de cesantía del magisterio y para que se acaben los impuestos desmesurados que afectan a la mayoría de la población.

Nuevas formas de protesta se han hecho evidente, principalmente desde las nacionalidades orientales, nuevos escenarios de organización unitaria y de resistencia están presentes y a la espera de un mayor concurso popular.

[Tomado de http://vozprotesta.blogspot.com/2015/08/estado-de-decepcion-e-indignacion.html.]

Ecuador: Protestas contra el gobierno son acalladas con violencia

– Convocan a participar de una “Gran movilización” el miércoles 19.
Servindi.- La violencia registrada en Quito la semana pasada se trasladó el lunes al norte de la provincia de Loja, en la ciudad de Saraguro, solo que con mayor ferocidad, a la luz de información proveniente de la zona.
Según denunció la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en esta parte de la Amazonía ecuatoriana, donde justamente habita el pueblo indígena Saraguro, se detuvieron a unas 30 personas que protestaban contra el gobierno del presidente Rafael Correa.
La violencia, señaló la organización, provino de las fuerzas policiales y militares que se presentaron por cientos y actuaron dejando varios heridos, y llegando incluso, según testimonios de la zona, a ingresar “a las casas de las familias a sacar a dirigentes, jóvenes y mujeres y llevarlos detenidos”.
“Estas detenciones son arbitrarias ya que varias de las personas detenidas fueron sacadas de sus casas y no estaban cometiendo ningún delito”, advirtió la Conaie a través de un comunicado.
Lo registrado el lunes en Saraguro (600 kilómetros al sur de Quito) forma parte de las acciones que vienen protagonizando los pueblos indígenas, así como diversos gremios y movimientos sociales, en casi todo el país.

Al igual que varios dirigentes indígenas en todo Ecuador, Margot Escobar, dirigente ambiental, fue detenida el 13 de agosto en la provincia de Pastaza. Hoy en la mañana, en Quito, decenas de indígenas y representantes del movimiento de mujeres llegaron hasta la Fiscalía General del Estado para exigir su libertad.

La respuesta del Gobierno, ante lo que viene sucediendo, y así se aprecia en las imágenes difundidas en las redes sociales y los medios nacionales e internacionales, ha sido de una violencia escalonada.
De acuerdo a estas imágenes, los enfrentamientos dejan ver la diferencia entre los recursos que usan para su defensa las llamadas fuerzas del orden y lo que llevan encima las personas que protestan.
Como es sabido, el 2 de agosto cientos de personas en la provincia de Zamora Chinchipe, sur de Ecuador, iniciaron una marcha con destino a la capital ecuatoriana, bajo, en un inicio, la mirada indiferente de Palacio de Carondelet.
El objetivo era llegar el 13 al centro del país para unirse al Paro nacional convocado por los sindicatos.

Del paro del pueblo a la represión de Estado. Mapa de la marcha en Ecuador. Elaboración: Colectivo Geografía Crítica. Para ampliar la imagen hacer clic aquí.

Una vez en Quito, los enfrentamientos con la policía se dieron ante el bloqueo de las vías. Al final del día, según reportaron medios internacionales, se detuvieron a una 15 personas.
En otras provincias, ante el llamado de la Conaie a persistir en la lucha, se tomaron medidas parecidas. Los hechos dejaron decenas de detenidos y varios procesados que no se ven libres hasta ahora.
En la provincia de Pastaza, por ejemplo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), regional amazónica de la Conaie, denunció hoy que de las 34 personas detenidas el 13 de agosto, “se encuentran con prisión preventiva 9 compañeros”.

Presencia de las llamadas fuerzas del orden en la vía que conecta a Macas con Puyo, en la provincia de Morona Santiago. Foto: Conaie

El sábado 16 en la provincia de Morona Santiago (sureste del país) también se registraron enfrentamientos que acabaron con efectivos del orden e indígenas heridos.
Según informó el gobernador Rodrigo López, la calma volvió al día siguiente luego de que unos 800 manifestantes del pueblo indígena Shuar desalojaron de forma pacífica la principal vía de la provincia.
En Azuay y Cotopaxi también se registraron enfrentamientos con más de una docena de detenidos. En la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador, también hubo protestas en rechazo a la minería y en contra del cierre de las escuelas comunitarias.
De acuerdo a medios locales, más de 70 personas están siendo procesadas por la Fiscalía a nivel nacional producto de las protestas iniciadas el 13 de agosto.
Por lo pronto los manifestantes que permanecen en Quito, hicieron un llamado la noche del lunes a participar de una “Gran movilización” el próximo miércoles 19 de agosto.
Las protestas en Ecuador surgen en rechazo, entre otros puntos, a las enmiendas a la Constitución que podrían ampliar el mandato de Rafael Correa.
Otro punto central es el rechazo a la minería a gran escala y a las nuevas leyes de agua y de tierras.

Correa sin máscara decreta la censura. El levantamiento contra el régimen de derecha se fortalece

A Rafael Correa se le cayó la máscara. Su verdadero rostro autoritario y neoliberal queda a la vista. Solamente quienes insisten en ver lo que quieren le defienden de su propio quehacer. Ecuador se equivocó con el. Así lo cantan en las calles del Quito insurrecto. Habíamos querido un Presidente indígena y popular que mandara obedeciendo y en cambio, a nombre de todas las luchas y de la resistencia al capitalismo, hay un régimen que entrega el país a manos llenas. Ahora, en la desesperación que le causa la razón de los pueblos de pie decreta el  estado de excepción y censura. Este es el "izquierdista" Rafael Correa y esto lo que ordenó con el pretexto de la erupción del volcán Cotopaxi; ¡incluye la censura sobre toda la información relacionada sobre la erupción! No necesitamos denunciar a Correa, él lo hace. Quienes lo apoyan y nos señalan como de derecha y desestabilizadores, son de derecha y no quieren que se desestabilice el sistema de opresión que en Ecuador ha tenido nuestro discurso. Correa ha entregado el país al extractivismo transnacional. Está desnudo. Si los demás son de derecha en Colombia, Honduras, Guatemala, Colombia, Correa de hecho gobierna para las transnacionales y espera que el pueblo se someta y lo respalde como si fuera anti-sistémica. Entre dos derechas del capitalismo hay que escoger ser nosotras y nosotros y ponernos de pie en todas partes. No nos sigan robando el derecho a la lucha y a la dignidad acá y allá.

 

Compartimos la respuesta de la Conaie ante esta absurda medida y un par de videos de actividades este sábado que hablan por sí mismos. Centro Social Ruptura, Guadalajara, México. En Tiempo Real. Pueblos en Camino

 

 

El Levantamiento y la Movilización de los Ecuatorianos continúa

 

https://www.youtube.com/embed/GgBbfOhRLTw

https://www.youtube.com/embed/hSotZd7VR0g

 

 

Boletín de Prensa

 

D.M. Quito, 15 de Agosto del 2015

 

Ante el incremento de la actividad en el volcán Cotopaxi, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, los movimientos sociales y sindicales, y la ciudadanía que participamos en el paro y levantamiento nacional expresamos nuestra solidaridad con las poblaciones que podrían ser afectadas ante una eventual erupción.

 

Dejamos en claro que no se justifica una declaratoria de Estado de Excepción a nivel nacional para enfrentar la emergencia presentada por el Volcán Cotopaxi y mucho menos la restricción de los derechos constitucionales, la inviolabilidad del domicilio, de tránsito, de reunión y correspondencia, en la totalidad del territorio ecuatoriano.

 

Nos causa sorpresa que esta declaratoria incluya zonas que no están en áreas de afectación, sobre todo cuando se desarrollan movilizaciones en demanda de rectificaciones por parte del Presidente de la República y su Gobierno, frente a una política que impacta de manera directa a los derechos y libertades de los Pueblos y Nacionalidades, así como de todo los ecuatorianos en general.

 

Correa declara estado de excepción

 

Las organizaciones hacemos un llamado a la Corte Constitucional para que se pronuncie de manera inmediata e independiente y apegada a la Constitución, en virtud de que no existe justificación para una medida de esta naturaleza en todo el territorio nacional.

 

Además, manifestamos que nos mantendremos vigilantes a nivel nacional, para que el decreto no se constituya en un instrumento de violación de los derechos y libertades de la población ecuatoriana y no sea utilizado para reprimir a quienes se manifiestan de manera pacífica, ni sea la antesala de una dictadura.

 

Tras la represión, rueda de prensa y anuncio:Con el respaldo de Quito, continúa el levantamiento

 

Al considerar que este decreto está orientado a enfrentar un evento de la naturaleza, RATIFICAMOS que el levantamiento y movilización indígena y del pueblo ecuatoriano en general se mantienen, tanto en la ciudad de Quito como en las provincias, a pesar del estado de excepción. Por lo tanto convocamos a las organizaciones de base de la CONAIE y otros sectores sociales y ciudadanos de las provincias a mantenernos firmes en el ejercicio de nuestro derecho Constitucional a la resistencia; igualmente hacemos un llamado al pueblo de Quito a continuar en las jornadas de lucha que llevamos adelante.

 

Condenamos la represión sufrida en Logroño y Bomboiza, en donde existen varias personas heridas y detenidas; exigimos la libertad inmediata de nuestros compañeros y compañeras detenidos en todo el país durante las jornadas de movilización, levantamiento y Paro Nacionali, y responsabilizamos al gobierno por los actos de represión y violencia generados en contra de la población ecuatoriana.

 

SECRETARIA DE COMUNICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO

CONAIE

Quito, Ecuador

Agosto 15 de 2015

Comunidades Mapuche de Malleco ocupan oficinas de Conadi en Temuco (video)

Por ADKIMVN

Comunidades Mapuche de Malleco llegaron a la ciudad de Temuco para ocupar dependencias de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena/CONADI, con el objetivo de dar a conocer y denunciar el clima de violencia y represión que les afecta. También para exigir la restitución del territorio ancestral usurpado por el Estado chileno y entregado a colonos y empresas forestales.

Comunicado Público Comunidades Mapuche en Resistencia de Malleco
En Temuco, hoy 17 de Agosto de 2015, las Comunidades Mapuche en Resistencia de Malleco hemos decidido ocupar indefinidamente las dependencias de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), con el objetivo de dar a conocer nuestra situación y denunciar el clima de violencia y persecución que se ha desarrollado en las últimas semanas:
1.-        Las Comunidades Mapuche en Resistencia de la Provincia de Malleco venimos desde hace 14 años demandando la restitución de las tierras usurpadas por el Estado chileno y entregadas a colonos  y a empresas forestales, y hemos puesto en conocimiento de la CONADI nuestras demandas y antecedentes, y  solo hemos recibido como respuesta burocracia, engaños y violencia policial.
2.-        Nuestra demanda territorial continúa siendo la restitución de las tierras antiguas, de las cuales exigimos su devolución a la brevedad.
3.-        Denunciamos el grave clima de represión hacia nuestras comunidades, sin hacer distinción de la presencia de niños, mujeres y ancianos, en el que incluso se ha utilizado armamento de guerra de grueso calibre, como lo reconoció el General de Carabineros Nabih Soza a Evelyn Matthei, quien exigía mayor represión hacia nuestras comunidades.
4.-        Ante todo lo señalado, y la nula respuesta de las autoridades chilenas a nuestras demandas, que no sea el envío de Fuerzas Especiales de Carabineros y GOPE  a nuestras comunidades, exigimos la visita a nuestras comunidades del Ministro de Desarrollo Social, en el objetivo de llegar a un pronto y concreto acuerdo, y para tratar las siguientes temáticas:
– Devolución de nuestro territorio ancestral, en la brevedad posible y dejando de lado de una vez por todas el sistema de la aplicabilidad impuesto por la CONADI como respuesta para nuestras antiguas demandas territoriales, ya que solo ha significado dilatar la solución por más de 14 años.
– Fin a la violencia policial, a la militarización en nuestras comunidades y al uso de armamento de guerra y de grueso calibre sobre nuestras familias.
– Libertad a los presos políticos mapuche y basta de montajes judiciales.
Comunidades Mapuche en Resistencia de Malleco

• Lof Rankilko
• Coñomil Epuleo
• Comunidad Autónoma de Temucuicui
• Comunidad Huañaco Millao Autónoma
• Trangol 2 Boyen Mapu, de Victoria
• Pullil Mapu
• Comunidad Wente Winkull Mapu
• Lof Mallecoche, Ercilla.

Temuco, 17 de agosto de 2015.

De arriba, nunca, jamás llegarán la verdad y la justicia. EZLN

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.

MÉXICO.

16 de Agosto del 2015.
A la Sexta Nacional e Internacional:
Al Congreso Nacional Indígena:
A l@s de abajo en el mundo:
A quien corresponda:
Una vez más se remarca que, de arriba, no vendrán la verdad ni la justicia.
Nunca.
Jamás.
De arriba sólo hay que esperar simulación, engaño, impunidad, cinismo.
El criminal de arriba siempre tendrá absolución y recompensa.  Porque quien lo juzga es el mismo que le paga.  Son los mismo criminales y jueces.  Son cabezas venenosas de la misma Hidra.
Y ahora tenemos un nuevo ejemplo:
Como zapatistas que somos, nos hemos dado cuenta de que, gordos y contentos, han regresado a sus casas en el poblado de La Realidad, dos de los autores intelectuales del asesinato del compañero maestro Galeano.  Supuestamente estuvieron presos por el asesinato de nuestro maestro y compañero.  Sabemos ya que han sido declarados inocentes del crimen por los mismos que los financiaron y apoyan: los gobiernos federal y estatal de Chiapas.  El autodenominado “juez” Víctor Manuel Zepeda López, del ramo penal de Comitán de Domínguez, Chiapas, el día 12 de agosto de este año, sentenció que los señores Carmelino Rodríguez Jiménez y Javier López Rodríguez son inocentes, a pesar de que ellos y sus cómplices de la CIOAC-Histórica saben que son culpables de organizar el crimen.  No los únicos, pero también lo son.
A escondidas los llevaron de vuelta a La Realidad.  Les dijeron que no se mostraran mucho y fueran discretos, pero la soberbia de quien se sabe impune frente a la justicia de arriba, les suelta la lengua.  Ahí declaran, a quien quiera escucharlos, que no estuvieron presos, sino guardados en una casa donde recibían todas las atenciones y la felicitaciones del gobierno estatal de Manuel Velasco y de los líderes de la CIOAC-Histórica por el asesinato del maestro Galeano, y que les dijeron que tenían que esperar un tiempo para volver a su pueblo “y seguir con lo que quedó pendiente”.
Ahora falta que salgan a declarar a su favor sus cómplices: Pablo Salazar Mendeguchía, Luis H. Álvarez, Jaime Martínez Veloz, Juan Sabines Guerrero, Manuel Velasco, Manuel Culebro Gordillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Rosario Robles.  Estas personas son algunas de quienes domaron a la CIOAC-Histórica y la convirtieron en lo que es ahora: una banda paramilitar útil para el acarreo de votos y para el asesinato de luchadores sociales.
También falta que los periodistas progres los entrevisten y los presenten como víctimas del “feroz” Galeano (él solo contra más de dos decenas de criminales cioaquistas), reediten la mentira de un enfrentamiento, publiquen sus fotos amañadas, y cobren con la mano derecha el servicio prestado, vehículos con chofer incluidos, mientras en sus medios ensalzan el “gran” desarrollo del suroriental estado mexicano de Chiapas y, con la mano izquierda, celebran su “compromiso con las luchas sociales”.
Pero…
Como zapatistas que somos, miramos y escuchamos no sólo nuestra rabia, nuestro coraje, nuestro odio hacia quienes allá arriba se sienten dueños y señores de vidas y destinos, de tierras y subsuelos; y hacia quienes se venden, con sus movimientos y organizaciones, traicionando su historia y principios.
Como zapatistas que somos, también miramos y escuchamos otros dolores, otras rabias, otros odios.
Miramos y escuchamos el dolor y la rabia, hechos reclamo en los familiares de miles de desaparecid@s y asesinad@s nacionales y migrantes.
Miramos y escuchamos la tenaz búsqueda de justicia de los familiares de los niños y niñas asesinadas en la guardería ABC en Sonora.
Miramos y escuchamos la rabia que se hace digna y rebelde huelga de hambre de anarquistas pres@s en México y en otras partes de mundo.
Miramos y escuchamos la rabia en los pasos incansables de los familiares de los 47 ausentes de Ayotzinapa.
Miramos y escuchamos la rabia en el pueblo hermano Nahua de Ostula, agredido por el ejército.
Miramos y escuchamos la rabia en el pueblo hermano Ñahtó de San Francisco Xochicuautla por el despojo de sus bosques.
Miramos y escuchamos la rabia del pueblo hermano Yaqui por los presos injustamente y por el robo descarado de su territorio.
Miramos y escuchamos la rabia por la burla que es la investigación por el asesinato de Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Atziry Quiroz Alfaro, Nadia Dominicque Vera Pérez, Mile Virginia Martin Gordillo y Rubén Espinosa Becerril, en la Ciudad de México.
Miramos y escuchamos la rabia del magisterio democrático que resiste la guerra mediática, policíaca y militar que padecen por el delito de no rendirse.
Miramos y escuchamos la indignación de quienes, en el norte revuelto y brutal, son atacados por el color de su piel y por ese color son sentenciados y condenados.
Miramos y escuchamos la rabia y el dolor por las mujeres desaparecidas, asesinadas por el delito de ser mujeres; por l@s diferentes atacad@s porque el Poder no tolera lo que se sale de su estrecho pensamiento; por la niñez que es anulada sin que siquiera alcance una cifra en las estadísticas de la macroeconomía.
Miramos y escuchamos que sólo se reciben mentiras y burlas de quienes dicen administrar la justicia y en realidad sólo administran la impunidad y fomentan el crimen.
Miramos y escuchamos en todas partes las mismas promesas de verdad y justicia, y las mismas mentiras.  Ni siquiera cambian las palabras, como que ya tienen un escrito que leen, y mal, todos los de arriba.
Ya es el tiempo en que, cuando el de abajo pregunta por qué se le ataca, la respuesta del de arriba es “por ser quien eres“.
Porque en este mundo que dolemos, el criminal está libre y el justo está preso.  Quien asesina es premiado y quien muere es calumniado.
Pero también miramos y escuchamos que cada vez son más las voces que desconfían, que no se dejan, que se rebelan.
Nosotras, nosotros, como zapatistas que somos, ni confiamos antes, ni confiamos ahora, ni confiaremos después en los de arriba, cualquiera que sea el color de su bandera, cualquiera que sea el modo de su palabra, cualquiera que sea su raza.  Si está arriba, lo está porque oprime a los de abajo.
No tiene palabra el de arriba, no tiene honor, no tiene vergüenza, no tiene dignidad.
De arriba, nunca, jamás llegarán la verdad y la justicia.
Tendremos que construirlas desde abajo.  Entonces el criminal pagará hasta que quede cabal la cuenta.
Porque lo que arriba no saben es que cada crimen impune no hace sino enardecer el odio y la rabia.
Y cada injusticia cometida no hace sino abrir el camino para que esos odio y rabia se organicen.
Y en la balanza romana de nuestros dolores, pesaremos lo que nos deben.
Y pasaremos la cuenta… y la cobraremos.
Entonces tendremos, sí, la verdad y la justicia.  No como una limosna de arriba, sino como una conquista de abajo.
La cárcel será entonces para los criminales y no para l@s just@s.
Y la vida, digna, justa y en paz, será para tod@s.
Eso, sólo eso.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés.                Subcomandante Insurgente Galeano.

México, agosto del 2015.