La
última detención de un indígena Tupinambá que lucha por la restitución
de su territorio fue la del cacique Luciano Akauã el pasado 21 de
octubre. La demanda legal para demarcar esta Tierra Indígena en el sur
del estado de Bahía, noreste brasileño, comenzó hace 15 años, pero su
lucha lleva por lo menos 80 desde que finqueros y hacendados fueron
despojando a los indígenas de la tierra que la ocupaban. Una historia
que se repite en todo Brasil al igual que sus consecuencias actuales.
El
arresto del cacique fue el mismo día que el Superior Tribunal de
Justicia descartó el recurso interpuesto por los finqueros para evitar
la entrega del territorio a los indígenas dentro del procesos legal que
ya ha pasado todas las etapas de prueba.
Esta última querella comenzó en 2013 con el argumentando racista de que
las poblaciones Tupinambá no tendrían el derecho a la tierra pues, en
palabras de la defensa de los hacendados, se trata de “mestizos resultantes del cruce que ocurrió entre indios y no indios que (…) llegaron a la escena más tarde“.
En
las noticias de aquel día no se informó la decisión del Tribunal de
Justicia contra el recursos legal que impidió durante tres años la
restitución del territorio. Una votación que favoreció a los Tupinambá,
entre otros motivos, por no ser discutible legalmente el cuestionamiento
a la identidad indígena.
Sin
embargo, en los medios locales salió en la nota roja la versión oficial
de la detención del cacique Akauã, donde describieron como en un
operativo de la 69ª Compañía Independiente de Policía Militar se habían parado al cacique en un camino vecinal, encontrando en la motocicleta que viajaba marihuana por lo que fue detenido por el delito de posesión de drogas.
Los indígenas en un comunicado denunciaron que la detención del cacique
no fue fortuita, sino en represalia al falso rumor de que ellos harían
retomadas haciendas, frente a lo cual los finqueros, con el respaldo de
la Policía Militar, habrían transitaron días antes del arresto por la
región intimidado a los indígenas con mensajes como los de “no se metan
con nuestra gente” o “díganles que tienen hijos para criar”, como relatan en el comunicado.
La
situación no fue diferente a la de siete meses antes (7/04/2016) cuando
detuvieron al cacique Babau y su hermano por “portación ilegal de
armas”. Del mismo modo, se divulgó en los medios locales el relato
oficial en el que decían como durante un operativo llevado acabo también
por 69ª
Compañía Independiente de Policía Militar, los agentes habrían sido
agredidos iniciando una persecución que terminó con la detención de los
indígenas, encontrando en su carro armas de fuego por lo que fueron detenidos “en flagrante”.
La versión oficial es también distinta al relato de los indígenas
quienes explican que la detención fue en respuesta a la oposición que
él y otros caciques mantienen contra el lucrativo negocio de extracción
de arena en el territorio indígena para la industriara de la
construcción, explotación que provocó ya la erosión del delicado suelo
de la selva en esta zona y la sedimentación en los ríos cercanos.
En la noticias tampoco se informó que la relatora especial de la ONU
para los derechos indígenas visitó unas semanas antes a los Tupinambá
para constatar la recomendaciones previas y recibir nuevas imputaciones
de violaciones a los derechos humanos indígenas, cuan denunciaron, entre
otras cosas, precisamente la extracción ilegal de recursos naturales en
el territorio indígena con el respaldo de las autoridades, como lo
muestran los videos que se han producido para divulgar el problema.
En aquel momento, la relatora de la ONU declaró que advertía en su
viaje de trabajo por Brasil la repetición y la semejanzas entre los
casos, lo cual la llevó a recomendar en su informe final la “realización de una Investigación Nacional para medir las denuncias
de violaciones de (…) derechos [indígenas] y (…) reconocer los errores
de Estado y proporcionar reparación por violaciones de derechos humanos”.
En
el encuentro con la relatora, los Tupinambá también denunciaron la
permanente criminalización de sus caciques y representantes por
gobiernos, jueces y corporaciones policíacas en contubernio y a favor de
los intereses de los finqueros, como se constata en la imputación de
todo tipo delitos y flagrantes preparados para detener a sus líderes,
configurando una forma de control policíaco del movimiento indígena por
el territorio.
Fue bajo ese modus operandi
que la cacique Maria Valdelice fue detenida en 2011 por formación de
pandilla y despojo, en represalia a su postura de continuar retomando
haciendas para garantizar tierra a los indígenas sin ella y presionar el
impasse gubernamental para demarcar la Tierra Indígena. Solo liberada
después de un mes de cárcel y cuatro meses de arresto domiciliario.
Fue también el modus operandi con
el cual Babau fue acusado, en 2014, del asesinato de un agricultor a
unos días de su viaje al Vaticano para entregar al papa informes de la
violencia a los pueblos indígenas en Brasil, el cual no pudo realizar.
Siete días después fue liberado de la prisión por falta de pruebas,
sumando una detención al expediente que junto a otras acusaciones
infundadas mantienen al cacique en el Programa de Protección del
gobierno federal a los Defensores de Derechos Humanos.
En
ese ambiente no es difícil escuchar de cualquier Tupinambá que está en
la lucha por el territorio que hay que perder el miedo de ser detenido,
pues la mayoría se encuentran con expedientes policíacos abiertos por
delitos forjados o acusados de ocupar las tierras que se encuentran ya
delimitadas y solo esperan la publicación oficial del informe para
comenzar el proceso de demarcación e indemnización de los finqueros.
La persecución y criminalización de los representantes Tupinambá
configura en la formalidad legal violencia de Estado por acción y
omisión de las autoridades, lo que ha notado ya la relatora de la ONU.
Violencia por la que han pasado la mayoría de los caciques y líderes
acusados de crimines como los de robo, asesinato, violación, tráfico de
drogas, portación ilegal de armas, etc., reduciendo la lucha indígena
por el territorio y sus derechos actuales e históricos a la nota roja,
contribuyendo a la estereotipada imagen que los no indígenas de la
región y el país tienen sobre estas poblaciónes.
Estos actos abiertos de discriminación y racismo son practicados por
las propias autoridades que se niegan a reconocerlos como pueblos
originarios por tratarse, en sus palabras, de “mestizos”, para lo cual
buscaron en un última jugada legal y política a favor de los finqueros
fragmentar el territorio ya delimitado en áreas descontinuas que serían
cedidas a cada cacique, manteniendo así las exenciones de las haciendas.
Contrario a la demanda de las 47.376 hectáreas ocupadas
tradicionalmente por ellos.
También son prácticas comunes en los finqueros que a través de su
Asociación, irónicamente llamada de Pequeños Agricultores (Asociación de
Pequeños Productores Agricultores de Ilhéus, Una y Buerarema),
afirma que restituir las tierras a los indígenas es desperdiciar la
capacidad productiva de ese suelo y un atentado a la propiedad privada,
en concordancia al discurso nacional del agro negocio y su bancada en
las cámaras de diputados y senadores.
Confrontación
que ha llevado a ataques fiscos contra los Tupinambá por personas
comunes que consideran a estas poblaciones delincuentes y por las
propias guardias blancas que han financiado los finqueros, que en los
momentos más álgidos llevó a la necesidad de militarizar la zona para
evitar las escaladas de violencia contra los indígenas.
El
escenario cíclico de enfrentamientos pudo evitarse por el gobierno
Dilma en 2012 cuando no había impedimento legal para demarcar la Tierra
Indígena, pero, por la omisión y el desinterés gubernamental en aquel
momento, los finqueros consiguieron tiempo para interponer recursos
legales que solo fueron descartados en fechas recientes, alargando hasta
ahora el tenso conflicto.
En este contexto, la detención del cacique Akauã podría ser la última o
solo una más en la lista. Esto porque, por un lado, sin el actual
impedimento legal para demarcar la Tierra Tupinambá por la decisión del
Superior Tribunal, las autoridades federales deberían restituir el
territorio en los próximos meses, iniciando el proceso de demarcación e
indemnización que, por los tiempos y obligaciones legales, debería
haberse realizado desde 2012.
Pero,
por otro lado, el gobierno de Brasil, tomado por el conservador
vicepresidente, podría continuar alargando la restitución del territorio
incumplimiento las obligaciones del Estados Brasileño para con los
indígenas, pues se ha manifestado contrario a cualquier propiedad social
y tradicional, así como favorable a la revisión de las prerrogativas
legales de los pueblos indígenas.
El rumbo que tome la demarcaciones de esta Tierra Indígena y otras que
están en esta misma condición, permitirá también saber si el discurso de
legalidad que el gobierno marca en todas sus comunicaciones para
legitimar sus políticas se refiere a acatar la constitución brasileña
que garantiza a los indígenas derechos como pocas legislación en el
mundo, o se refiere solo a las leyes que favorecen su proyecto
abiertamente neoliberal
y conservador, colaborara a la violencia de Estado que los Tupinambá
han expresado en todas sus denuncias, resumida en su último comunicado:
“Estamos
todos oprimidos y preocupados con lo que pueda pasar de ahora en
adelante, pues sabemos que de la misma forma traicionera que sucedieron
la detenciones del cacique Babau y Luciano pueden crear delitos a
cualquier miembro del movimiento indígena (…), pedimos que se toman las
medidas necesarias sobre los policías que actúan como milicias”.
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