Comunidades achuar anunciarán resultado de juicio a Oxy en Estados Unidos

- Atención medios de comunicación: resolución del caso Maynas vs. Occidental Petroleum.
Servindi.- Representantes de cinco comunidades indígenas del río Corrientes, junto a sus abogados de la organización EarthRights International, anunciarán el resultado de una demanda legal contra Occidental Petroleum (Oxy) iniciada en 2007.
La rueda de prensa para informar sobre el caso Maynas vs. Occidental Petroleum tendrá lugar el jueves 5 de marzo en la Casa Andina, Av. La Paz 463 de Miraflores, a las 08:45 de la mañana. El evento se transmitirá en vivo por YouTube.

Breve historia del litigio

En 1971 la estadounidense Oxy firmó un contrato con el gobierno peruano para buscar hidrocarburos en la cuenca del río Corrientes a lo largo de una extensa concesión llamada desde entonces Lote 1AB.
El proyecto ocupó unas 400 mil hectáreas de bosques primarios e incluyó la perforación de más de 150 pozos y la construcción de casi 500 kilómetros de caminos y ductos.
Las imágenes de los trabajadores cubiertos de petróleo celebrando el hallazgo eran transmitidas día y noche por los medios de comunicación controlados por el régimen de Juan Velasco Alvarado.
Oxy nunca buscó ni obtuvo el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas.
En 2001 Oxy vendió sus operaciones a Pluspetrol, que continuó operando con las mismas técnicas de producción y transporte de hidrocarburos.
“Se está extrayendo petróleo a costo de vidas humanas y la integridad del medio ambiente,” denunciaba en 2004 Lily La Torre, abogada de las comunidades con reconocida trayectoria de acompañamiento a los pueblos indígenas de la Amazonia.
En 2006, la Federación de Comunidades del Río Corrientes (FECONACO) solicitó a EarthRights International (ERI) llevar a cabo una misión para investigar los impactos sociales, ambientales y sobre los derechos humanos de más de 30 años de extracción petrolera en la cuenca del Corrientes.
El año siguiente, ERI presentó una demanda contra Oxy en una corte legal de Los Ángeles por abusos a los derechos humanos, incluyendo la violación del derecho a la vida, la salud y la seguridad de las personas, asociada a la contaminación petrolera.
Las comunidades acusaron a Oxy de ignorar los estándares de la industria y utilizar métodos obsoletos. Se estima que durante tres décadas vertió cerca de 9 mil millones de barriles de residuos tóxicos en arroyos y ríos, cantidad comparable a la del desastre de Texaco en Ecuador.
El objetivo de la acción legal fue conseguir justicia y lograr una reparación para las víctimas de la contaminación según las leyes del Estado de California.
Además, buscó establecer un sólido precedente en favor de la defensa de los derechos humanos y la responsabilidad de las empresas multinacionales.
El caso fue desestimado por una Corte Federal de Los Ángeles en 2007 porque, según el fallo, debía litigarse en el Perú y no en los Estados Unidos. En 2010, el Noveno Circuito de Apelaciones revirtió la decisión y determinó que el caso debía quedarse en Los Ángeles.
En 2013 el caso retornó al Noveno Circuito para continuar el curso del proceso, cuyo resultado se anunciará públicamente el próximo jueves 5 de marzo en Lima.

Cuencas en emergencia

Las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, al norte de la región de Loreto, conforman en la actualidad los lotes 8 y 1AB, la zona de extracción petrolera más importante de la Amazonia peruana.
En septiembre de 2013, después de conocerse los resultados del monitoreo ambiental realizado en la cuenca del río Corrientes por una comisión multisectorial y técnica del Estado, el Ministerio del Ambiente determinó declarar a la cuenca del Corrientes en emergencia ambiental.
La declaración de emergencia se extendió a las cuencas del Pastaza, Tigre y Marañón como efecto dominó en abril de 2014.
El 16 de enero de 2013, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) impuso una multa de más de S/. 29 millones a Pluspetrol Norte S.A. por no cumplir con las actividades de remediación ambiental en el Lote 8, ubicado en la Reserva Nacional Pacaya Samiria.
“Si ellos fueron hasta mi tierra a trabajar, sacar petróleo durante años y dejaron contaminados nuestros ríos, nuestros acuíferos y enfermedades como el cáncer en nuestra población, yo ahora vengo a la tierra de ellos para que la justicia los obligue a limpiar mi casa”, explicó el Apu Tomas Maynas en marzo de 2008 a la agencia AFP en Los Ángeles, con la ayuda de una traductora del achuar al español.
“Oxy se fue de Perú en el año 2000 cuando el barril de petróleo estaba muy bajo, a unos 12 dólares, y el lote ya estaba maduro”, explicó Lily La Torre en la misma nota.

EarthRights International (ERI)

EarthRights International (ERI) es una organización no gubernamental sin fines de lucro que combina el poder de la ley y el poder del pueblo en defensa de los derechos humanos y el medioambiente. Se especializa en la investigación y acción legal sobre casos de abusos a los derechos humanos y cuenta con oficinas en Tailandia, Estados Unidos y Perú.
ERI es una institución pionera en el litigio estratégico en Estados Unidos y la responsabilidad corporativa de las empresas estadounidenses que operan en el exterior. El director de ERI, Ka Hsaw Wa, es un activista por los derechos humanos originario del pueblo Karen en Birmania.
Para mayor información sobre la demanda legal puede consultarse el informe: “Un legado de daño. Occidental Petroleum en territorio indígena de la Amazonía peruana”, elaborado por EarthRights International, Racimos de Ungurahui y Amazon Watch en 2007, el cual puede descargarse en el siguiente enlace: http://www.earthrights.org/publication/legacy-harm

Escuche nuestro resumen internacional de noticias: Mundo Indígena al Día

Servindi- Entregamos a nuestra audiencia un boletín semanal, edición Internacional, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental, principalmente de la región. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.
- Mundo Indígena al Día, 2 de marzo, 2015. (Archivo mp3, 7 minutos, 22 segundos. Descargar con un clic en el enlace y luego elegir guardar como).
Mundo Indígena al Día – 1 de marzo de 2015
Banco Mundial. Dalee Sambo Dorough, presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, pidió al Banco Mundial revisar su propuesta de nuevo Marco Ambiental y Social, especialmente el Estándar Socio-Ambiental sobre Pueblos Indígenas.
Sambo manifestó que resulta preocupante que la propuesta no haga expresa referencia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas ni a ningún otro instrumento internacional de derechos humanos de relevancia para los pueblos indígenas.
Puntualizó que aspectos claves de la nueva Política de Salvaguardas del banco están por debajo de los estándares de derechos humanos, incluyendo los contenidos en la citada Declaración.
Mujeres indígenas. Si bien para la ONU la pobreza en América Latina se ha reducido considerablemente, aún persisten grandes problemas de acceso a la salud y la educación para las mujeres indígenas, quienes son además las principales víctimas de la violencia sexual y la discriminación.
Estos temas se abordarán en el encuentro denominado “Mujeres Indígenas y Beijing+20? que se realizará del 2 al 4 de marzo en Lima con delegaciones de mujeres indígenas de más de veinte países de norte, centro y Sudamérica.
El evento tiene como objetivo evaluar los avances y desafíos en la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing, que define un conjunto de objetivos estratégicos y explican las medidas que deben adoptar los gobiernos para eliminar los obstáculos que entorpecen el desarrollo de la mujer.
México. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró un fracaso el Programa de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático implementado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Según el organismo, este resultado se dio por la falta de una matriz de indicadores y no mostrar resultados efectivos.
El programa se ejecutó durante el 2013 por un monto de 701 millones 573 pesos para contribuir a la adaptación y mitigación mediante subsidios para la ejecución de proyectos por parte de diferentes sectores y organizaciones de la sociedad civil.
Venezuela. Indígenas de los pueblos Sanema, Yek’wana y Pemón acordaron con el Gobierno nacional y el Ejército el desalojo de dos puestos militares y la normalización del suministro de combustible para las comunidades del río Caura.
Asimismo, pactaron el libre tránsito de sus habitantes por ese río.
De este modo, los indígenas aceptaron liberar a los nueve militares que, entre el 19 y 21 de este mes, retuvieron en una zona del municipio de Sucre, en el estado de Bolívar.
Julio Abreu, vocero del pueblo indígena Sanema, precisó que la retención de los militares se dio luego de que estos incendiaran una instalación indígena.
Colombia. Enfrentamientos entre indígenas del resguardo Páez de Corinto con la Fuerza Pública han dejado más de 20 heridos en el norte del departamento del Cauca.
Los hechos de violencia se registraron el 26 de febrero. Los nativos exigían que el Gobierno  dé cumplimiento al decreto 982 de 1999, que dispone la entrega a los indígenas de territorios en la zona baja del departamento  como reparación por la masacre del Nilo.
Con este fin, cerca de 10,000 indígenas han tomado cuatro haciendas del ingenio Incauca y se han enfrentado a la policía con piedras, bombas incendiarias y armas de fuego.
Mientras los indígenas demandan una mesa de diálogo, el Gobierno no ha enviado a ningún emisario para entablar conversaciones con los nativos que han decidido mantener su protesta.
Bolivia. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia  inhabilitó al delegado ante el Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), Joel Guarachi, de la reunión del Directorio de esa entidad estatal.
Según el secretario Ejecutivo de la organización aliada al gobierno del presidente Evo Morales, Rodolfo Machaca, la decisión fue del Comité Ejecutivo.
Como se recuerda, Guarachi denunció en 2014 el caso “26 Julio del Fondioc”, para el cual dos años atrás se desembolsaron 600 mil bolivianos, para un criadero de cerdos, pero que hasta la fecha no se ha concluido.
Guarachi aseguró que por este caso recibió amenazas de muerte e incluso fue golpeado.
Dijo también que la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, lo amenazó en plena reunión del Directorio del Fondioc, con procesarlo.
Chile. La contaminación de las aguas de La Araucanía a consecuencia del depósito de residuos de varias ciudades, como el vertedero de Boyeco, afecta gravemente a las comunidades mapuches de la región.
La problemática es agudizada por las descargas contaminantes que hacen las plantas de piscicultura con alimentos artificiales, así como las descargas de orina y antibióticos, que causan lodos crudos contaminantes para las aguas y los territorios, alterando considerablemente su calidad.
A todo el daño ocasionado se suman los residuos arrojados por la industria agrícola, así como la forestal.
Ante esta situación, las comunidades afectadas de La Araucanía solicitan que las La autoridades de Salud transparenten los estudios realizados en el sector.
Paraguay. La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) consideró intolerable que el odio racial se manifieste impunemente en Paraguay, a raíz del artículo “Indios de Mierda” publicado en el diario Última Hora el 26 de febrero.
Mediante un comunicado, la FAPI consideró deshonroso para la República de Paraguay ese tipo de expresiones, cuando el país integra el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
“Si existe entre la población paraguaya, personas a quienes no le agradamos o les resulta incontenible expresar su rencor genocida hacia los pueblos indígenas, nos asiste la convicción que el peso de los valores democráticos habrá de imponerles a través de la Ley y de la censura pública y ciudadana, el respeto a nuestra dignidad humana”, señaló la FAPI.

 

Convocan al Festival Internacional de Cine de Neuquén 2015

Se convoca a directores, realizadores, profesionales e independientes, integrantes de asociaciones civiles o de organizaciones no gubernamentales, que hayan producido cortos y largometrajes de ficción, animación, documental y experimental y que deseen compartir sus historias en el Festival Internacional de Cine de Neuquén 2015.

El Festival de Cine organizado por TAILU Documentales Educativos, en colaboración con Filmoteca Mar del Plata, A Sala Llena y ADKIMVN Cine y Comunicación Mapuche, a realizarse en la ciudad de Neuquén, está dirigido al público en general, amante del séptimo arte.
El cine es un verdadero arte desde sus comienzos y también documento de la vida de momentos históricos. Una de las características del cine es su capacidad de fascinar que se manifiesta en la atracción que ejerce, junto a los códigos que se ponen en juego, el realismo de las imágenes y las especiales condiciones de situación que operan en el acto de la comunicación, propicia un alto grado de identificación y participación emocional por parte del receptor respecto al mensaje.
OBJETIVO
Fomentar espacios artísticos culturales, a los cuales los jóvenes de la ciudad puedan acceder con facilidad e impulsar procesos de capacitación, en los cuales puedan distinguir sus talentos y cimentar valores altruistas para empezar a desarrollarlos en comunidad a partir de los temas que trabajamos en el festival.
La proyección de filmes de distintas procedencias regionales, interprovinciales, nacionales e internacionales, permitirá tener una mirada más amplia sobre las costumbres y culturas de acuerdo a su lugar de origen, valorando las realizaciones que abordan la perspectiva de los Pueblos Indígenas del mundo, generando así una invitación al diálogo intercultural.
Descarga el Formulario de Inscripción AQUÍ
Descarga las Bases AQUÍ
Plazo de inscripción: desde el 2 de marzo hasta el 17 de julio de 2015.
Más información en: https://fecineu.wordpress.com

Estado no reconoce valor intrínseco de territorio indígena en Lote 192

Existe una guía de valorización aprobada pero el gobierno no quiere aplicarla.

- Negociación para compensar el uso de tierra está bloqueada porque el Estado propone una valorización del territorio con criterio comercial. Propuesta aún no es aceptada por las federaciones y desconoce el valor de los ecosistemas de la zona.
Por José Carlos Díaz Zanelli
Servindi- Un nudo impide culminar con éxito las negociaciones que se llevan a cabo desde hace algunos años entre las federaciones de las cuatro cuencas afectadas por los impactos en el Lote 192 (ex Lote 1AB) de Loreto. Como se sabe, el equipo técnico de las cuatro federaciones indígenas implicadas buscan cerrar una serie de acuerdos con el Estado y la compañía Pluspetrol Norte S.A.
Uno de estos temas es la valorización de las tierras afectadas por la extracción petrolera y por las cuales se debe compensar a las comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Tigres, Corrientes, Marañón y Pastaza. Sin embargo, justo respecto a qué criterio utilizar para darle un valor a estas tierras es donde ha surgido el nudo.
En declaraciones para Servindi, distintos asesores de las federaciones comentan que el entrampamiento parte por el hecho de que el Estado pretende darle un valor comercial al metro cuadrado de las tierras de las comunidades. Y este criterio, no sería bien recibido por todas las federaciones de las cuencas. Llegado a este punto aún no se firma ningún acuerdo para dar inicio a la compensación por el uso de tierras, una de las demandas más apremiantes en torno a la problemática por el Lote 192.
“El Estado no quiere aceptar que haya una valorización de los servicios ambientales. Están utilizando una lógica catastral de predios y no realmente la de un territorio indígena donde hay muchos ecosistemas. No se quiere reconocer a las cochas y los lagos”, cuenta el abogado Jorge Tacuri, uno de los asesores de la Federación Indígena de Quechuas del Pastaza (Fediquep).

Posición de comunidades

Ante esta situación, los apus de las comunidades han asumido diversas posturas. Por ejemplo, Aurelio Chino Dahua, de la cuenca del Pastaza, se niega en primera instancia a firmar un acuerdo bajo esos términos. En tanto que en la cuenca del Tigre ya han anunciado que se piensan tomar su tiempo para analizar la propuesta del Ministerio del Ambiente (Minam).
En la federación del Corrientes parecen estar más de acuerdo con recibir una compensación bajo estos términos y aún es una incertidumbre lo que se haya decidido en el Marañón. La única certeza que existe hasta el momento, es que no existe ningún acuerdo firmado por las federaciones.

Niega valor intrínseco

A todo esto, el criterio de valorización comercial de los predios propuesto por el Estado contraviene íntegramente los principios que deben regir sobre un territorio indígena. Esto además de desconocer la propia recomendación que hiciera al caso la Comisión de Justicia del Congreso en un informe sobre las cuatro cuentas elaborado entre el 2012 y el 2013.
En dicho documento se afirma lo siguiente:

“…queda clara la obligación legal de indemnizar y compensar a las comunidades nativas si existieran daños y perjuicios y al igual que para el caso de remediación, la valoración de las tierras, deberá considerar no solo el valor comercial de las mismas, sino también el valor intrínseco que tienen para los pobladores indígenas”.

Ese valor intrínseco que, en las negociaciones, los representantes del Gobierno no quieren reconocer.

Estado rehusa aplicar valoración ecosistémica

Minam aprobó Guía de Valoración Económica del Patrimonio Natural pero no lo quiere aplicar para valorar los daños al territorio indígena.

Cabe destacar que en el Perú existe una Guía Nacional de Valorización Económica del Patrimonio Natural aprobada por el ministerio del Ambiente mediante la RM 409-2014-MINAM, que según algunos especialistas no es la más avanzada en su género.
Aun así el gobierno mantiene una postura muy dura como inexplicable y sostiene que es imposible de aplicar para determinar el pago por la biodiversidad y servicios ambientales perdidos por la servidumbre petrolera.

Colombia: Represión estatal causa dos indígenas muertos y 40 heridos en el Norte del Cauca

Contagioradio

Más de 5.000 indígenas habitantes del Norte del Cauca se encuentran desde esta semana en un proceso de liberación de la Madre Tierra en 6500 hectáreas, ubicadas en Miranda, Corinto y Santader de Quilichao, tierras usadas como productoras de caña para los ingenios del Valle del Cauca. Los indígenas afirman que  durante 6 meses han esperado que el gobierno cumpla lo que prometió en torno a la asignación de tierras para las comunidades indígenas, asignación que asciende a las 20 mil hectáreas.

Según Feliciano Valencia, vocero de las comunidades, en la primera jornada de represión por parte del ESMAD, la Policía Nacional y el Ejército, 40 indígenas resultaron heridos,  3 de ellos con impactos de arma de fuego. Según Valencia, las fuerzas de seguridad del Estado, actúan de manera conjunta, “el ESMAD viene adelante con gases y bombas recalzadas, detrás la policía disparando armas de fuego  por el otro lado está el ejército disparando contra los indígenas en retirada”. De acuerdo al último reporte de la comunidad, durante el trancurso de la tarde de hoy, ya hay 2 indígenas muertos.

Por su parte, Oscar Quintero, el Alcalde de Corinto, señaló a las comunidades indígenas de destruir el puente que conduce de Corinto a Miranda, destruir el acueducto en construcción e incendiar los cultivos de caña que ocupan las fincas reclamadas por los indígenas.

Sin embargo, Feliciano Valencia afirma que es una lástima que el Alcalde justifique la represión, que las comunidades no destruyeron el puente, que no han disparado  que si algún policía resultó herido fue por las balas del ejército que dispara de frente a los indígenas cuando huyen de la policía y que el ESMAD con las bombas aturdidoras y los gases son los que prendieron fuego a los cultivos.

Según Valencia, estas tierras deben estar en manos de los indígenas como parte del acuerdo al que se llegó con las víctimas de la masacre del Nilo, que incluye una extensión de 20.000 hectáreas de tierras para las comunidades indígenas en la región del Norte del Cauca.

Se espera que en el trascurso del día se haga presente una comisión de gobierno que frene la represión, evite más víctimas y de respuestas efectivas a las demandas de los comuneros y comuneras.

[Tomado de http://www.contagioradio.com/nacional/40-indigenas-heridos-deja-la-primera-jornada-de-represion-del-esmad-en-el-norte-del-cauca/.]

NO AL DECRETO 1.60

Sociedad Homo et Natura
Entre dos bandos, los chinos y la gobernación del Zulia se movió el carbón para el nacimiento de este Decreto Presidencial publicado en Gaceta Oficial Nº 40.599 del martes 10 de febrero de 2015, pasando por Cancillería, Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, Pdvsa/Carbozulia y la Comisión de Minas de Soto Roja/Fernando Travieso, principalmente.
Ya en tiempos del Ministro del Poder Popular para las Industrias Básicas y Minería José Khan y del presiente de Corpozulia del General Carlos Eduardo Martínez Mendoza los asiáticos del Centro Internacional de Intercambio Económico y el Banco de Desarrollo de China conocían a Guasare. Acordaron “los planes de una Línea Férrea, Mina Paso Diablo y Mina Norte, Terminal de Embarque, Planta de Arrabio, Planta Carboeléctrica, Gas Metano en Mantos de Carbón y Planta de Carburo de Calcio” (Prensa CVG / Maracaibo 18/05/2010 http://www.mibam.gob.ve/portal/index.php….).

Estos proyectos fueron retomados, llevados a Caracas e impulsados por Arias Cadenas/Soto Luzardo una vez llegados de nuevo a la Gobernación del Zulia en el 2012. Con estas intenciones portuario vial minero energético carbonífero contemplado en los planes de la IIRSA Arias Cárdenas volvió a la Gobernación del Zulia, luego del perdón del Presidente Chávez. En estos proyectos impulsados en su pasada gestión están todos los dólares de este mundo. Quedaron inconclusos, y ahora necesita de un tercer período para monitorearlos y llevarlos a feliz términos. Ni un voto más para este señor.
Los considerando del acuerdo firmado por el Presidente Maduro Moro no tiene asidero científico, económico y social. El Presidente muy posiblemente fue engañado. A ver:
1. Explotar 24.192,1460 hectáreas en cuenca de ríos, cercas de embalses nada tiene que ver con “con la construcción del socialismo y el engrandecimiento de la patria” ni con “los más altos intereses nacionales”, ni mucho menos está inscrito en “un plan integral de desarrollo y de reactivación económica”.
2. Con los “yacimientos minerales de carbón” y con estos de los municipios Guajira y Mara del estado Zulia que representan el 82% del total de carbón existente en la República Bolivariana de Venezuela seguido de Táchira con el 12% y Anzoátegui con el 3% no “representa una fuente de ingreso considerable para el país”, sólo el 0,34% del P.I.B Nacional.
3. Este carbón venezolano no se usa para “potenciar la industria metalúrgica, siderúrgica, del cemento”, si sirve “como para la generación de energía”, y para eso tenemos el gran proyecto de energía limpia el Parque Eólico de la Guajira que dará al país 10.000 mega vatios, por esta razón denominado ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jesse Alonso Chacón Escamillo el “Gurí del occidente del país” en el I Congreso Venezolano para el Uso Racional y Eficiente de la Energía Renovable y Poder Popular, que se realizó en Maracaibo el miércoles 30 de octubre de 2013. Este parque está abandonado bajo el consentimiento del Ministro Chacón Escamillo y el Gobernador Arias Cárdenas para salirse con el cuento del carbón y su carboeléctrica aupado por Soto Luzardo y Fernando Travieso coordinadores de los operadores minero en Maracaibo y Caracas.
4. Esta explotación carbonífera ni en Venezuela ni en el mundo nada tiene que ver con una “explotación racional”, ya las aguas del río Guasare y su biota están contaminada por metales pesados, tal como constan en estudios científicos del departamento de Limnología de la Facultad de Ciencias y de estudios de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia.
Explotar esta enorme superficie de tierras del piedemonte de la Sierra de Perijá significa mermar y contaminar las fuentes hídricas dadoras de agua para Maracaibo y otras ciudades y poblados del Zulia, así como seguir afectando su biodiversiadad y expulsar de sus tierras originales y tradicionales a comunidades del pueblo Wayuu en resistencia contra estos proyectos extractivistas portuarios viales, más cuando su vía ferroviaria y su puerto serán ubicado en sus tierra de libre pastoreo y en la costa del poblado Pararú.
En contraposición proponemos la reforestación de la Sierra de Perijá que dará miles de empleo a indígenas y campesinos de estos municipios fronterizos, la inmediata prohibición de tóxicos para uso agrícola y pecuario, y por tanto fortalecer y financiar la agricultura orgánica, así como las actividades turísticas de baja densidad, controladas por las comunidades, entre otras actividades tendientes a atar el desempleo, principalmente entre jóvenes y adolescentes.
Nos movilizaremos en función de detener este nefasto decreto depredador hasta lograr que el Presidente maduro lo anule.

Resguardo territorial de comunidad Paicil Antriao (video)

Por Paichil Antriao

La comunidad mapuche Paicil Antriao decide continuar resguardando su territorio, invadido mediante fraudes por empresas inmobiliarias, particulares, burócratas del estado, etc.
A la comunidad se le reconocieron 625 hectáreas en el año 1902, por el naciente estado argentino, tras la invasión del territorio de la nación mapuche, libre hasta ese tiempo en el sur del continente.
Actuales dirigentes explican la acción de resguardo territorial en que se encuentra el territorio.
Más información en: http://paicilantriao.blogspot.com.ar/

Paraguay: Indígenas rechazan apología al crimen de genocidio

Indígenas Ayoreo de Paraguay. Imagen: Paraguay Sozial

- Federación Indígena responde al artículo “Indios de Mierda” que da cuenta de expresiones con odio racial y rencor genocida por sectores retrógrados.
Servindi, 27 de febrero, 2015.- La Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) consideró intolerable que el odio racial se manifieste impunemente en Paraguay, a raíz del artículo “Indios de Mierda” publicado en el diario Última Hora el jueves 26 de febrero.
Mediante un comunicado la FAPI consideró deshonroso para la República de Paraguay ese tipo de expresiones, cuando el país integra el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
“Si existe entre la población paraguaya, personas a quienes no le agradamos o les resulta incontenible expresar su rencor genocida hacia los pueblos indígenas, nos asiste la convicción que el peso de los valores democráticos habrá de imponerles a través de la Ley y de la censura pública y ciudadana, el respeto a nuestra dignidad humana” señaló la FAPI.
El artículo escrito por Miguel H. López denuncia y reproduce gravísimas expresiones atribuidas a Luis Aníbal Schupp, y ha dado lugar a que se expresen comentarios de rechazo así como agravios por personas antidemocráticas e incivilizadas.
“Algunos preguntarán, sorprendidos, ¿quién en su sano juicio puede prohijar ideas que son delitos comunes, apologías criminales, que cualquier fiscal debería perseguir de oficio, como el claro llamado a matanza colectiva o a castración masiva para que un grupo humano desaparezca, no se reproduzca más?” se interroga Miguel H. López.
“En los tiempos que corren, en que las cavernas ya no tienen –aparentemente– ocupantes humanos como en los albores de la humanidad, todavía hay recodos en las sociedades donde, por lo menos en pensamientos y acciones, estos seres habitan” prosigue López.
Y concluye: “Paraguay sigue siendo uno de esos refugios cavernarios. Un lugar donde en la práctica un ser humano todavía no es igual a otro ser humano…”
La FAPI invoca a las autoridades nacionales a intervenir a fin que Paraguay brinde “signos inequívocos de la vigencia de una Sociedad y Estados democráticos, tolerantes y  pluralistas, organizados como Estado Social de Derecho tal como lo establece nuestra Constitución Nacional”.
A continuación el comunicado completo de la FAPI, una federación indígena autónoma y representativa, conformada por doce organizaciones de pueblos originarios de Paraguay, de las dos regiones del país: Oriental y Occidental o Chaco:

Comunicado a la opinión pública

Con ocasión del artículo de prensa publicado bajo el título ‘INDIOS DE MIERDA’, en el cual el periodista Miguel H. López denuncia y reproduce expresiones graves atribuidas a Luis Aníbal Schupp, en el periódico Ultima Hora, en fecha 26 de febrero del corriente año, la FAPI manifiesta cuanto sigue:
Rechazamos de la manera más firme, el odio racial y la apología al crimen de genocidio que públicamente se han puesto de manifiesto en las grabaciones reproducidas a través de dicho medio de prensa escrita. La FAPI, convencida de que toda expresión de superioridad basada en la diferenciación racial es científicamente falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y peligrosa, y de que nada en la teoría o en la práctica permite justificar, en ninguna parte, la discriminación racial.
En este sentido, en virtud de la Ley 2128/03 “Que Aprueba La Convención Internacional Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De Discriminación Racial“, condenamos en los términos expuestos, la discriminación racial y recordamos a las autoridades del Estado paraguayo, su deber al ratificar dicho Tratado de la ONU, de eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a erradicar todo acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, en particular personas individuales, actúen en conformidad con esta obligación; incluyendo conforme el artículo 4 de dicho instrumento internacional, la sanción penal de toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, toda incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia o toda incitación a cometer tales actos contra cualquier raza o grupo de personas de otro color u origen étnico, y toda asistencia a las actividades racistas.
En consonancia con el preámbulo de dicha Convención, la República del Paraguay se encuentra en el deber de proceder inmediatamente ante todo tipo de acto de discriminación racial en todas sus formas y manifestaciones y a prevenir y combatir las doctrinas y prácticas racistas con el fin de edificar una comunidad internacional libre de todas las formas de segregación y discriminación raciales. A su vez, afirmamos que el país no puede vivir una vida plenamente democrática cuando existen personas que menoscaban y discriminan a otros seres humanos, en términos resabiados que se fundan en una palpable cuanto soez ignorancia respecto al valor y riqueza de las culturas ancestrales que poseen por naturaleza los Pueblos Indígenas que habitan este país.
Más preocupante aún, este tipo de actos, que son punibles por el propio sistema penal de nuestro país, son realizados por personas que fungen de representantes de un sector de la sociedad paraguaya y son electos por el mismo, lo cual es aún más grave.
Nosotros los Pueblos Indígenas, tenemos derechos colectivos, tenemos derechos a vivir de formas diferente y diversa acordes a nuestra Cultura y ese reconocimiento no sólo lo hace la Constitución Nacional del Paraguay, sino varias leyes internacionales vigentes.
Si existe entre la población paraguaya, personas a quienes no le agradamos o les resulta incontenible expresar su rencor genocida hacia los Pueblos Indígenas, nos asiste la convicción que el peso de los valores democráticos habrá de imponerles a través de la Ley y de la censura pública y ciudadana, el respeto a nuestra dignidad humana, dado que resulta intolerable que el ODIO RACIAL  se manifieste impunemente en nuestro país, que actualmente es integrante del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y actitudes como esta lo deshonra.
Instamos a las autoridades nacionales, que tomen intervención a fin de que en el Paraguay pueda dar signos inequívocos de la vigencia de una Sociedad y Estados democráticos, tolerantes y  pluralistas, organizados como Estado Social de Derecho tal como lo establece nuestra Constitución Nacional.

Reto 1: Titulación del territorio ancestral integral

Protesta del pueblo Achuar. Foto: Amazon Watch

- Retos de la Agenda Indígena del 2015.
Servindi, 1 de marzo, 2015.- Los funcionarios del Perú deben titular las tierras indígenas, incluyendo bosques, aguas y demas recursos naturales necesarios para la existencia de los pueblos originarios sostuvo la experta en derechos indígenas Raquel Yrigoyen Fajardo.
Los funcionarios no pueden seguir excusándose en la Ley de Comunidades Nativas, la nueva ley forestal o cualquier otra norma legal nacional y deben cumplir con rigor con el mandato que deriva de los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), indicó la especialista.

Raquel Yrigoyen expone un brillante alegato jurídico a favor de la titulación ancestral integral de los pueblos originarios

En la primera edición de la Revista Alertanet de 2015  Yrigoyen expone como primer reto de la Agenda Indígena del 2015: Titulación del Territorio ancestral integral como propiedad originaria, incluyendo bosques y recursos naturales, al cual se puede acceder virtualmente.
De otro lado cuestionó que los funcionarios solo intenten titular las tierras de vocación agrícola y ganadera -aproximadamente el 5 por ciento del territorio comunal- mientras que los bosques o área de uso forestal (95 por ciento aproximadamente) se les preste mediante la modalidad de “cesión en uso”.
Yrigoyen destacó la necesidad de que la titulación sea de los pueblos y no solo de las comunidades, tal como lo ha formulado la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) en la cuenca del Pastaza, y que expresa un proceso de reconstitución a pesar de la fragmentación a la que han sido sometidos históricamente.
En casos como el del pueblo Achuar, donde el pueblo tiene una instancia de autogobierno, es más fácil y económico titular un pueblo que decenas de comunidades.
La propuesta indígena “busca recuperar y afirmar su unidad étnico-linguística y política, y es más eficiente en términos económicos para el Estado” el boletín Alertanet.

Principio de ancestralidad

Yrigoyen argumenta que algunos gobiernos regionales alegan que no pueden titular territorios cuando los mismos ya han sido otorgados a terceros por otros títulos.
Sin embargo, ello colisiona con el principio de ancestralidad que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad originaria con el fundamento de que los poseen ancestralmente o los ocupan desde antes que exista el propio Estado.
Recuerda que el Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) protege como “propiedad” las tierras de ocupación ancestral.
Asimismo, la Corte IDH garantiza la propiedad de los territorios ocupados ancestralmentre, según se desprende de la sentencia en el Caso Awas Tingni versus el Estado de Nicaragua, o la setencia en el caso Saramaka contra el Estado de Surinam, engtre otros.

Alto Tamaya-Saweto

El análisis jurídico que efectúa Raquel Yrigoyen desvirtúa las excusas del Gobierno Regional de Ucayali quién adujo no tener base legal para titular la Comunidad Alto Tamaya-Saweto bajo la excusa de que se habían otorgado concesiones forestales sobre el territorio comunal.

Incluir propiedad de bosques y recursos naturales

En relación al argumento de las autoridades que les impide titular las áreas forestales de las tierras comunales porque según la Constitución Política (art. 66) “los recursos naturales son patrimonio de la Nación” a pesar que el artículo 89 reconoce el derecho de reconocer y titular las tierras que ocupan las comunidades.
Yrigoyen sostiene que la interpretación de los derechos constitucionales debe efectuarse “no desde la mirada restrictiva de las leyes” sino de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos.
Precisa que la distinción del uso de las tierras -para agricultura, ganadería o uso forestal- para efectos de determinar la propiedad la hace la ley no la Constitución.
Son los funcionarios quienes excluyen los bosques en la titulación de las comunidades nativas desde las limitaciones impuestas por la Ley de Comunidades Nativas.
De otro lado, Yrigoyen observa que la propiedad de las tierras indígenas reconocida en el artículo 89 de la Constitución Política indígenas constituye una excepción al artículo 66 sobre el patrimonio natural de los recursos naturales.
Si bien el Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales (tierras, bosques, aguas, flora, fauna, etc.) los pueb los tienen el derecho de gozar de sus recursos naturales como parte de su derecho a la libre determinación.
Se debe recordar una vez más que la propiedad originaria se produce no porque alguien se las haya entregado, vendido, cedido sino que los poseen ancestralmente. No es el Estado quién otorga ni configura esta propiedad, “sino que la reconoce como originaria”.
Acceda al boletin Alertanet con un clic en el siguiente enlace:
- Alertanet 1-2015 (PDF, 6 páginas)

Los derrames de petróleo son negligencia de Petroperú y no sabotaje indígena

- Informe de organismo supervisor comprueba que Petroperú incumple con adecuar oleoducto a especificaciones técnicas del 2007.

Servindi, 28 de febrero, 2015.- Los continuos derrames de petróleo no son consecuencia de un supuesto sabotaje indígena como suelen deslizar las autoridades o empresas para desviar la atención sino de la falta de adecuación del oleoducto a normas de seguridad.

Así lo exponen Juan Carlos Ruiz Molleda y Rita Ruck Viera quienes sustentan que existe “negligencia y responsabilidad funcional” de Petroperú y del organismo de supervisión OSINERGMIN.

OSINERGMIN descubrió recién en diciembre de 2014 que Petroperú no cumplió con adecuar el Oleoducto Norperuano (ONP) al Reglamento de transportes de petróleo a través de ductos a pesar que éste fue aprobado en noviembre de 2007.

Mientras que la falta de Petroperú es por la falta de adecuación la responsabilidad de OSINERGMIN se debe a no haber hecho un seguimiento al cumplimiento a pesar de los constantes derrames de petróleo.

Lea a continuación el artículo completo:

Tubos viejos y parchados del oleoducto

Derrames de petróleo: ¿Negligencia o sabotaje?, OSINERGMIN reconoce que Petroperú no adecuó oleoducto a las normas de seguridad vigentes

Por Juan Carlos Ruiz Molleda (IDL) y Rita Eldica Ruck Riera, Vicariato de Iquitos*

Cada vez que ocurría un derrame de petróleo en el Perú una excusa recurrente era acusar a los nativos de actos de sabotaje contra los oleoductos. Hecho que venía acompañado de denuncias ante el Fiscal provincial de turno. Sin embargo, un reciente informe de OSINERGMIN demuestra que no siempre se trata de un tema de sabotaje, sino que estamos ante una grave negligencia de la empresa Petroperú, toda vez que reconoce que Petroperú no cumplió con adecuar el Oleoducto Norperuano (ONP) al D.S. N° 0081-2007-EM que aprobó el Reglamento de transportes de petróleo a través de ductos(1).
Este reconocimiento lo ha hecho OSINERGMIN en respuesta al requerimiento que las comunidades nativas kukamas hicieron a este órgano del Ministerio de Energía y Minas, como requisito para presentar la demanda de cumplimiento contra Petroperú, por no adecuar el Oleoducto Norperuano al referido Reglamento de transportes de petróleo a través de ductos, toda vez que el petitorio de esa demanda es, precisamente, que se cumpla con adecuar el ONP al mencionado decreto (ver carta). Esta demanda se presentó hace unas semanas, luego de sufrir cinco derrames de petróleo solo el año pasado en la zona del Río Marañón, en el distrito de Urarinas, provincia y Región de Loreto.
1. El Oleoducto Norperuano tiene serios problemas de corrosión
OSINERGMIN reconoce en su comunicación literalmente lo siguiente:

“en el perfil de la zona de fractura se observó que el espesor de la tubería se había reducido en aproximadamente 70 por efectos de un proceso de corrosión exterior”. (página 4)

“La fractura inicial se debió a la pérdida de material de la tubería causada por un proceso corrosivo exterior, el cual a su vez fue originado por la pérdida del recubrimiento protector de la tubería”. (página 4)

“La zona de tubería donde se registro la falla, se reparó provisionalmente mediante la instalación de un grapa metálica (Plidco) que contuvo el derrame y cubrió todo el tramo de tubería comprometido”. (página 4)

“Durante la visita de supervisión a la zona, efectuada el 22 de noviembre del 2014, se constató que la grapa del 24” de diámetro mantiene la tubería hermética”. (página 4)

Varias cosas se advierten de esta comunicación: Un primer incumplimiento administrativo es el nivel de corrosión del ducto. Es grave y escandaloso que el espesor de la tubería se haya reducido en un 70. El segundo incumplimiento es que la grapa ha permanecido por demasiadas semanas en el sitio del derrame, a pesar que es una medida temporal. En efecto, si se tiene en cuenta que el derrame ocurrió en junio del 2014 y que la supervisión realizada en noviembre y diciembre del año 2014, encontró la grapa, supuestamente temporal, podemos concluir que esta ha permanecido por demasiadas semanas en el sitio del derrame, a pesar que la grapa solo es una medida temporal.
2. Petroperú incumplió con adecuar el oleoducto Norperuano al DS 081-2007-EM, dentro del plazo que le dio OSINERGMIN
Pero no solo eso, OSINERGMIN reconoce algo más grave:

“En diciembre del 2014 se venció el plazo de adecuación del ONP a las disposiciones de seguridad de los Anexos 1 y 2 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 081-2007-EM, aprobado por OSINERGMIN” (página 6).

“la solicitud de ampliación de plazo de adecuación al Reglamento aprobado por Decreto Supremo 081-2007-EM, mencionada en el punto anterior, fue declarada improcedente” (página 6).

“Se inició procedimiento administrativo sancionador por no haber cumplido con las actividades de Adecuación del ONP a las disposiciones de seguridad del Anexo 1 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 081-2007-EM, dentro del plazo otorgado” (página 6).

Tres cosas revela la carta de OSINERGMIN: primero, que a Petroperú se le venció el plazo de adecuación; segundo, que se rechazó la ampliación del plazo de adecuación a Petroperú, y tercero que se inició el procedimiento administrativo sancionador a Petroperú por no haber cumplido con las actividades de adecuación del ONP.
Queda en evidencia entonces que una de las principales causas de tanto derrame de petróleo es que Petroperú, a pesar de la antigüedad del oleoducto, no adopta las medidas de seguridad y de mantenimiento indispensables para evitar estos derrames, pues al parecer le sale más barato mitigar los impactos, tal como ocurrió en Cuninico (Ver: La contaminación producida por el derrame de Cuninico no ha terminado: la obligación del Estado de prevenir la violación del derecho a la salud).
3. La posibilidad de nuevos derrames de petróleo ha aumentado
La posibilidad de derrame de petróleo ha aumentado cuando ha entrado en operaciones en diciembre pasado el Lote 67 a cargo de la empresa Perenco, lo cual ha aumentado la cantidad de petróleo a ser bombeada por el oleoducto NorPeruano, con más de 40 años de antigüedad.
En efecto, según información obtenida de especialistas, actualmente se bombean por el ONP, 25,000 barriles al día provenientes del Lote 192 y 12,000 barriles al día provenientes del Lote 8. El nuevo pozo a cargo de Perenco producirá entre 80,000 a 70,000 barriles al día. Es evidente, si es que se quiere evitar nuevos derrames, que se dé mantenimiento al Oleoducto NorPeruano, y se cumpla con adecuar el ONP al DS 081-2007-EM.
4. ¿Por qué es importante la adecuación del ONP al D.S. N° 081-2007-EM?
La demora en la adecuación no tiene la mejor justificación, si tenemos en cuenta las graves consecuencias que cada derrame tiene para los PPII que viven en el territorio, por el que pasa el ONP. Cada derrame significa que por mucho tiempo, los PPII no podrán tomar esa agua, no podrán comer ese pescado que está contaminado, y lo que es peor, la principal actividad económica de los PPII rivereños, que es la pesca desaparece. Es como si nos quedamos sin trabajo. Todo ello no hace otra que poner en peligro la subsistencia física y cultural de los PPII afectados. No solo es injustificable la desidia y la negligencia, linda con lo criminal, si advierte la cantidad de gente afectada y los derechos fundamentales afectados. El peligro de afectación, se traduce en una exigencia en el deber de prevención de violaciones a los derechos, el cual se concreta precisamente en la adecuación del ONP a la referida norma.
5. Palabras finales
De otro lado, a pesar que el D.S. No 081-2007-EM fue publicado el 11 de noviembre del año 2007, recién en diciembre del año pasado 2014 OSINERGMIN descubrió que Petroperú no adecúo el ONP a dicha norma. No hizo el menor seguimiento, a pesar de los constantes derrames de petróleo. Es clara la responsabilidad no solo de Petroperú sino de OSINERGMIN, por no haber fiscalizado la adecuación, por más que ahora intenta salvar su responsabilidad. Hay negligencia y responsabilidad funcional de Petroperú y de OSINERGMIN.
Finalmente, parece que comienzan a verse los primeros resultados de la demanda de cumplimiento de la comunidad nativa kukama del Río Marañón Cuninico y otras comunidades vecinas, contra la Empresa Petroperú, a propósito del derrame de petróleo en la Quebrada de Cuninico en junio del año 2014 (2)
Notas:
(1) Agradezco a Wendy Pineda por la información brindada en materia de actividad hidrocarburífera.
(2) Esta demanda fue elaborada por el Vicariato de Iquitos y el Instituto de Defensa Legal, habiéndose sumado al equipo legal de defensa, los amigos de IDLADS.
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Fuente: Publicado el 26 de febrero de 2015 en el sitio web Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL): http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1558

Mujeres indígenas de América alzarán sus voces por la igualdad

- Cita en Lima será preparatoria a la próxima reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas y la revisión de la Plataforma de Acción de Beijing.
Servindi- Si bien para la ONU la pobreza en América Latina se ha reducido considerablemente, aún persisten grandes problemas de acceso a la salud y la educación para las mujeres indígenas, quienes son además las principales víctimas de la violencia sexual y la discriminación.
Estos temas se abordarán en el encuentro denominado “Mujeres Indígenas y Beijing+20″ que se realizará del 2 al 4 de marzo en Lima con delegaciones de mujeres indígenas de más de veinte países de norte, centro y sudamérica.
El evento tiene como objetivo evaluar los avances y desafíos en la implementación de la Plataforma de Acción de Beijing, que define un conjunto de objetivos estratégicos y explican las medidas que deben adoptar los gobiernos para eliminar los obstáculos que entorpecen el desarrollo de la mujer.

En 2015 se conmemora el 20 aniversario de la adopción de este plan, aprobado por 189 Estados del mundo, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.
La reunión será inaugurada por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Marcela Huaita y la directora regional para las Américas y el Caribe de ONU MUJERES, Luiza Carvalho.
Entre las participantes figuran lideresas indígenas de reconocidas redes como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), y la Asociación de Mujeres Indígenas de Canadá (NWAC), entre otras.
Asimismo, representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU (UNPFII).
Los resultados del encuentro en Lima serán presentados por estas lideresas indígenas en el quincuagésimo noveno período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, a realizarse del 9 al 20 de marzo de 2015 en Nueva York.
La cita se realiza como antesala del Día Internacional de la Mujer bajo la organización del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) y la asociación CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú, con el apoyo de la Fundación Ford.

Carta del EZLN a Doña Emilia Aurora Sosa Marín, compañera del Mayor Insurgente Honorario Félix Serdán Nájera. Subcomandante Insurgente Moisés y Subcomandante Insurgente Galeano

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.

MÉXICO.

Febrero del 2015.
Para: Doña Emilia Aurora Sosa Marín.
De: Subcomandantes Insurgentes Moisés y Galeano.
EZLN, Chiapas, México.
Compañera Emilia:
Hace algunas horas supimos la noticia. No sabemos cuánto tarden estas líneas en llegar hasta sus manos, pero sabemos que, sin importar el calendario, sabrá usted leer en ellas el abrazo colectivo que le damos.
Porque acá también duele y da pena el fallecimiento, la madrugada del pasado 22 de febrero, de Don Félix Serdán Nájera, oficial honorario que fue de nuestro Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Acá recordamos la mirada tierna y firme de Don Félix, pero también su presencia de usted. Como si en ambos se completara el andar. Por eso le decimos que nos duele su ausencia de él. Pero también nos duele el dolor que ahora duele en su corazón, Doña Emilia.
Por eso en estas letras no sólo queremos saludar la memoria del compañero Félix Serdán, también queremos abrazarla a usted.
Usted y él nos han mostrado en vida, que el compromiso y el ser consecuentes no se alardea, que no se mide en templetes, reflectores, grandes discursos y calendarios fatídicos.
Porque la lucha no es un relámpago coyuntural que ilumina todo y desaparece sin más. Es una luz que, aunque pequeña, se alimenta todos los días y a todas horas. Una luz que no se pretende única y omnipotente. Una luz que tiene como objetivo el unirse a otras, no para alumbrar un monumento, sino para iluminar el camino y no perdernos.
En pocas palabras: la lucha no se vende, no se rinde y no claudica.
Él, como usted, siempre nos hablaron y hablan con la palabra sencilla y verdadera de quienes comparten sueños, dolores y empeños.
Y cuando lo escuchábamos, los escuchábamos a ambos. Y era a los dos a quienes veíamos, y vemos, a nuestro lado en el largo camino de la resistencia.
Porque aunque no hay palabra que calme el dolor, ustedes dos nos han heredado el compromiso de ser zapatistas hasta el último aliento.
Ese ejemplo de ustedes dos, que se repite y refleja en mujeres, hombres y otroas en todos los rincones del planeta, nos demanda y obliga en los dos pasos en los que insistimos quienes luchamos por justicia, libertad y democracia: la resistencia y la rebeldía.
Y así como los miramos a ustedes, en su mirada nos vemos. Porque ustedes dos han estado de este lado sin depender de modas y coyunturas. Están porque reconocieron que el camino de acá y el de allá tienen el mismo destino.
Sin desgastarse en las miradas y palabras de arriba, ustedes dos han tenido siempre el corazón abierto para quienes son como nosotras, nosotros. Para quienes no confiamos para nada en el sistema que nos oprime, engaña, ataca. Para quienes, con la misma tierna rabia que se adivinaba en la mirada del Mayor Insurgente Félix Serdán y en usted, Doña Emilia, construyen sin aspavientos, sin ceremonias inútiles y sin declaraciones estruendosas, los mil espejos de la libertad.
Vimos que una bandera, la rojinegra del EZLN, arropó el reposo final de nuestro compañero. Con ella y en ella estuvimos y estamos las mujeres, hombres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Con ella y en ella estamos con usted, Doña Emilia.
Y en quienes se cobijan bajo esa bandera, seguirá su ejemplo de ustedes. Seguirá la lucha. Porque es cierto que la muerte no encuentra alivio si nuestra mirada se detiene en el final. Pero acá pensamos que la muerte sólo se cura con vida, y la vida sólo vale la pena con lucha. Y la lucha sólo es fértil en colectivo.
Así que no nos morimos con Don Félix. Con su vida vivimos. Con su vida y con la de muchas, muchos y muchoas que se mueren resistiendo y rebelándose. Porque aunque parece que nadie lleve la cuenta de las ausencias, hay quien es nadie para no olvidarla.
Reciba nuestro abrazo que, aunque no cure las ausencias, alivie al confirmarles, a usted y a Don Félix, que sus miradas acá se reflejan porque también se andan los mismos pasos.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

A nombre de las mujeres, hombres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

         Subcomandante Insurgente Moisés         Subcomandante Insurgente Galeano.

México, Febrero del 2015.

P.D.- Según nos dicen compas del Equipo de Apoyo de la Comisión VI del EZLN, ya le entregaron una pequeña ayuda que le mandamos en cuanto supimos la triste noticia. Con esta carta le deben entregar otro tanto. No es mucho porque nuestras posibilidades son reducidas. Pero el apoyo entre compas no tiene medida. Conocemos bien que eso no alivia el dolor de la ausencia, pero sabemos que padece también dificultades económicas por la larga enfermedad de nuestro compañero. Estamos seguros de que l@s compas de la Sexta en todo el mundo, estarán, como nosotros, pendientes de apoyarla en lo posible.

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Nota del Equipo de Apoyo a la Comisión Sexta.- La cuenta bancaria por si desea apoyar a la compañera es de Banorte, a nombre de Aurora Sosa Marín, número de cuenta 0245483284. 9676 Plaza Cuernavaca, sucursal 2507 Jojutla, clabe 072544002454832840

Después de Pichanaki, los conflictos que se vienen

Conflicto dejó el saldo de un civil muerto y decenas de heridos.

Por Otra Mirada
- Lo que sucedió en Pichanaki es un llamado de atención para el gobierno que debe escuchar y atender las demandas de las diferentes comunidades, si es que no quiere volver a vivir episodios de confrontación. Actualmente hay varios conflictos (210 de acuerdo al último informe de la Defensoría del Pueblo) que no se han solucionado y podrían estallar en cualquier momento.
Entre los casos que apuntan a desencadenar en un conflicto serio está el del lote 1 AB, del que se extrae el 25% del petróleo que produce el país, ubicado en el distrito de Andoas provincia de Datem del Marañón (Loreto). Recientemente los pobladores tomaron 16 pozos y paralizaron la producción en demanda de un mejor pago de compensaciones por el uso de sus tierras e indemnizaciones por derrame de crudo. El problema es delicado pues la confianza en la empresa Pluspetrol se ha roto hace tiempo.
Una situación similar se vive en las cuatro cuencas aledañas al Lote 192 (Corrientes, Tigre, Pastaza y Marañón) en el que los pobladores exigen a Pluspetrol un pago justo por sus tierras. Los indígenas tomaron las instalaciones de esa empresa y todo indica que los problemas recién empiezan.
En Andoas, el último sábado un grupo de indígenas tomó la planta principal de PlusPetro Norte y una de PetroPerú, reclamando el abandono del que son víctimas tanto de la empresa como del Estado.
No menos preocupante es la situación del proyecto minero Tía María de la Southern Perú Copper Corporation en la provincia de Islay en Arequipa. Las autoridades de la zona han manifestado que no permitirán que se realice este proyecto que afectará al agro y aseguran que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que le dio viabilidad está mal elaborado. La empresa trata de dialogar, pero la negativa de los alcaldes y pobladores es firme.
El caso del proyecto minero las Bambas, ubicado en la provincia de Cotabambas en la región Apurímac, merece una atención especial por tratarse del proyecto más importante del Perú (con una inversión de US$ 5,200 millones) incluso por encima de Conga. En las últimas semanas Las Bambas se ha visto envuelta en una situación de conflicto debido a que se ha terminado la etapa de construcción, que es la que genera mayor demanda de mano de obra en la zona y la población se ha empezado a inquietar.
Recientemente fueron retenidos unos 100 trabajadores de las empresas contratistas en rechazo a la empresa china MMG, que se hizo cargo del proyecto minero Las Bambas luego de la salida de Glencore-Xtrata. Un paro convocado por la comunidad campesina fue suspendido, pero lo más probable es que se retome.
En la provincia de Chumbivilca del Cusco el proyecto minero Constancia es otro de los que puede desencadenar en un problema social. Los comuneros sostienen que hay un incumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa y vienen preparando las medidas de lucha que realizarán.

El sur se calienta

Va depender mucho de la capacidad del gobierno evitar que los conflictos lleguen a las calles. José de Echave Cáceres, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, no oculta su preocupación pues considera que no hay capacidad del gobierno para manejar estas situaciones y, por otro lado, hay una presión muy fuerte del empresariado minero y de hidrocarburos para que el gobierno genere las condiciones para que las inversiones fluyan.
“Se ha registrado un desplazamiento al Sur. Entre las cuatro regiones con mayor número de conflicto, tres son del sur andino: Puno, Cusco y Apurímac. La otra región es Áncash”, comentó a otramirada.pe
Dijo que, además, hay fuertes tensiones en la Selva Central, Amazonía Norte, la frontera con Ecuador, Condorcanqui, el Cenepa, donde aún hay heridas abiertas y los conflictos pueden estallar de un momento a otro.

Incapacidad

De Echave dijo no tener la menor duda que hay un descuido del gobierno. “Lo ocurrido en Pichanaki y otras zonas muestra que la estrategia preventiva no funciona. Más bien hay una estrategia reactiva. Pichanaki refleja la incapacidad para la prevención y la poca inteligencia para saber lo que está pasando. Sin una real estrategia preventiva los conflictos no solo van a seguir, si no que aumentarán en número e intensidad”, advirtió.
En torno a Pichanaki el caso aún no está resuelto. En la última movilización que dejó el saldo de un muerto, se creó la ficción de que la empresa se iba a retirar en tres días, cuando en realidad se iba a retirar de todas maneras al terminar la etapa de exploración, para luego seguir con el trabajo de gabinete en Lima.
Los voceros de Pluspetrol dejaron en claro que no han renunciado al lote, sino que están en una nueva etapa. “Ha habido una suerte de verdades a medias que se dijeron para salir del entrampamiento en el conflicto”, añadió de Echave.
En la población queda la sensación que hubo un engaño. El gobierno ha programado la mesa de diálogo para el 24 de marzo en Satipo y el presidente del Frente de Defensa Ambiental, Carlos Chavarría, convocó a una asamblea general para el 8 de marzo. El clima de confrontación persiste y sería bueno saber ¿cuál es la estrategia del gobierno frente a esta escalada de conflictos?
—- Fuente: Otra Mirada: http://www.otramirada.pe/content/despu%C3%A9s-de-pichanaki-los-conflictos-que-se-vienen

Se debe reconocer el valor ecosistémico de los territorios indígenas afectados

Desaparecida Laguna de Shanshococha en Capahuari Sur, Andoas, Cuenca del río Pastaza. Compensación de la afectación se haría a valor de un predio rural sin reconocer valor ecosistémico

- Quién rompe el diálogo no son los indígenas. Es el Estado que no acepta pagar por los daños ambientales a sus territorios, afirma IDLADS.
Servindi- Si las negociaciones entre la parte indígena y el Estado no avanzan no es por falta de voluntad de diálogo de las organizaciones nativas sino por la renuencia del gobierno a reconocer algún pago por el valor ecosistémico de los territorios afectados por la servidumbre petrolera.
Así lo sostuvo el instituto IDLADS quién detalló que la versión difundida por medios informativos el domingo 22 de febrero hizo aparecer a los jefes indígenas como renuentes al diálogo cuando esto no es cierto.
Recuerda que son las organizaciones indígenas las que han iniciado y sostienen el diálogo. Solo esperan que las autoridades del gobierno tengan la apertura suficiente para reconocer el derecho de los pueblos indígenas a una compensación justa por el uso de su territorio ancestral.
Se trata de un derecho colectivo al cual las organizaciones nativas y -en consecuencia su equipo técnico- no pueden renunciar.
La posibilidad de alcanzar un acta histórica y reivindicativa de acuerdos es posible pero con remediación ambiental, compensación ecosistémica y desarrollo social amazónico con participación indígena.
Los pueblos originarios no se oponen de manera intransigente al desarrollo y pueden aceptar convivir con las actividades de hidrocarburos pero con mayores estándares socio ambientales, remediación ambiental integral y desarrollo social.

Cruel actitud del Estado peruano

Minam aprobó Guía de Valoración Económica del Patrimonio Natural pero no lo quiere aplicar para valorar los daños al territorio indígena.

El viernes 20 de febrero luego de 18 horas de intensa negociación casi se escribe una histórica página orientada a intentar curar 43 años afectación social y ambiental en las cuatro cuencas de la región Loreto.
Sin embargo resulta cruel que “el Estado condicione el 95 por ciento de acuerdos a que [los indígenas] renuncien a su compensación histórica por la pérdida de servicios ambientales y biodiversidad” y acepten “solo recibir el mísero valor comercial de un predio ajeno al mercado inmobiliario”.
Fue increíble escuchar de parte del ministro del Ambiente, antes reconocido ambientalista, la propuesta oficial de que los indígenas se olviden de la compensación por el valor económico de los servicios ecosistémicos en las cuatro cuencas.
El flamante ministro sostuvo la imposibilidad de aplicar la Guía Nacional de Valorización Económica del Patrimonio Natural aprobada por su sector (RM 409-2014-MINAM) para determinar el pago por la biodiversidad y servicios ambientales perdidos por la servidumbre petrolera.

Indiferencia clamorosa

Para IDLADS existe una clamorosa indiferencia del Estado expresada en sus tantas veces negativas a reconocer o hacer algún esfuerzo por analizar y declarar la emergencia ambiental de las cuencas denunciadas por las federaciones indígenas.

Recuerda una reunión del 8 de octubre de 2011, cuando luego de casi diez horas sin descanso ni alimento, en la instalaciones del Ministerio del Ambiente, se confrontó al funcionario del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para que asuma su obligación de identificar los pasivos ambientales de hidrocarburos.
El funcionario se negó categóricamente hasta que se le muestre la norma que se lo ordenaba específicamente. Cuando se le explicó que se desprendía de su Reglamento de Organización y Funciones (ROF), mantuvo su reticencia para aceptar su competencia.
Tuvo que expedirse una Sentencia Judicial del Segundo Juzgado Constitucional de Lima (Exp. No 07808-2012) para que el OEFA se hiciera cargo de reconocer lugares contaminados por petróleo antes del inicio de las operaciones de una empresa concesionaria.
Ese fallo judicial sería la base para el histórico Informe N° 411-2014- OEFA/DS/HID que identifica 92 pasivos ambientales no declarados, y que actualmente Pluspetrol quiere dejar sin efecto por la vía judicial.
Por esto cuando el 20 de febrero el ministro del Ambiente concluyó de manera abrupta la reunión sin arribar a acuerdos recordó la misma escena del 2007 cuando funcionarios del OEFA desconocían su competencia para reconocer lugares contaminados.

Perú: Indígenas de Pampa Hermosa suscriben acuerdo con Pluspetrol

- Empresa desembolsará más de un millón de soles por concepto de pago por uso de tierras y por implementación de un aserradero comunal, informó hoy Carlos Sandi, presidente de la Feconaco. 
Servindi- La comunidad nativa de Pampa Hermosa y la empresa Pluspetrol llegaron a un acuerdo sobre el pago que esta última debe hacer a la comunidad por el uso de su territorio ancestral para actividades petroleras.
La acción motivó que se levante la medida de fuerza que se inició hace un mes en la base petrolera de Jibarito, en el lote 1-AB.
La reunión entre ambas partes tuvo lugar la tarde de ayer, 24 de febrero, en el campamento de Huayurí, en la cuenca del río Corrientes, departamento de Loreto.
Según informó Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del río Corrientes (Feconaco), la empresa se comprometió a dar cumplimiento a las demandas presentadas en enero por la comunidad y que tienen que ver, entre otras cosas, con la contratación de personal de la zona, por parte de una empresa subcontratista de Pluspetrol, y la implementación de un aserradero comunal.
El logro más importante, sin embargo, tuvo que ver con el pago por compensación de uso del territorio de la comunidad para actividades petroleras.
Según el dirigente, por este concepto y para la implementación del aserradero la empresa destinará un fondo de un millón 100 mil soles.
Como se mencionó al inicio, lo conseguido ayer, tras varias horas de diálogo, se dio a un mes de que se tomara la base petrolera de Jibarito, en el lote 1-AB.
El derrame de crudo reportado el lunes 23 de febrero en el marco de una inspección comunitaria, también fue objeto de un acuerdo. Sandi explicó al respecto que se ha acordado el ingreso a la zona de un valorizador independiente.
De este modo culminó un primer proceso de diálogo entre comunidad y empresa. Aún no hay fecha para un nuevo encuentro.
Por lo pronto los 14 pozos de la base de Jibarito ya no se encuentran bloqueados, lo mismo ocurre con la carretera que se ubica en la zona y que también fue objeto de un bloqueo por parte de los nativos.
De otro lado, la comunidad de Nueva Jerusalén, continúa con su medida de fuerza en la base petrolera de Dorissa. Ellos exigen el pago de una compensación por todo el daño sufrido a raíz de un derrame ocurrido el año pasado.
Representantes de la comunidad y de la empresa sostuvieron una reunión el sábado 21 sin lograr ningún acuerdo. Se espera que en los próximos días se retome el diálogo.

Venezuela: Indígenas del Caura acuerdan libre tránsito fluvial y desalojo militar

Foto: Yavenezuela.com

Servindi- Indígenas de los pueblos Sanema, Yek’wana y Pemón acordaron con el Gobierno nacional y el Ejército el desalojo de dos puestos militares, la normalización del suministro de combustible para las comunidades del Caura y el libre tránsito de sus habitantes por ese río. Más información vía la Red Indígena de Radio Fe y Alegría de Venezuela.
Boletín de la Red Indígena de Venezuela, 23 de febrero, 2015. (Archivo mp3, 04 minutos,  33 segundos. Descargar con un clic en el enlace y luego elegir guardar como. Propiedad de la Red Indígena Venezuela).
De este modo, los indígenas que habitan en la cuenca de ese río aceptaron liberar a los nueve militares que, entre jueves y sábado, retuvieron en una zona del municipio de Sucre, en el estado de Bolívar.
Julio Abreu, vocero del pueblo indígena Sanema, aclaró que lo ocurrido no fue un secuestro como se ha venido diciendo, sino “una retención”.
Precisó así que la medida se tomó luego de que los militares incendiaran una choza. “El comandate (Gianfranco Giordani Leal) cometió un delito a los ojos del pueblo”, afirmó Abreu.
Según el sitio web de noticias Ya Venezuela, la “retención” concluyó después de que la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, se reunió con el grupo y prometió hacer efectivos los acuerdos alcanzados.
Abreu recordó en otro momento que en el año 2011 ocurrió un caso similar en el Alto Paragua, también en el estado de Bolívar, y que culminó con el desarme de veintidós militares por parte de las comunidades indígenas.
La situación que afrontan los indígenas del Caura ha sido motivo de varias llamadas de atención. Los indígenas piden se tomen medidas para frenar los atropellos de mineros ilegales y militares, a los que acusan de estar asociados.

No al Carbon, a difundir