Ecuador: “Rechazamos la burda acusación de que estamos haciéndole el juego a la derecha”

Foto: CONAIE

Con fuerte resguardo policial, la denominada “Marcha por la dignidad, la democracia y contra el extractivismo” que lidera la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) sigue su camino a Quito para participar del inicio del Paro Nacional convocado por diversas organizaciones sociales.
Servindi.- Ante las serias acusaciones hechas por el Gobierno a la marcha que se inició el pasado 2 de agosto en el sur del país, la CONAIE salió al frente y acusó a éste de querer deslegitimar sus  reclamos con “acusaciones temerarias y sin fundamento”.
“Rechazamos la burda acusación del gobierno de que estamos haciéndole el juego a la derecha, de que nuestras movilizaciones están siendo financiadas por estos sectores e incluso desde el extranjero”, informa la organización en un reciente pronunciamiento firmado por su presidente Jorge Herrera.
Herrera recordó que la denominada “Marcha por la dignidad, la democracia y contra el extractivismo”, en la que no solo participan indígenas sino también diversos frentes sociales, es en contra de los grupos de poder económico y político.
“Nuestra lucha ataca por igual a las derechas representadas por Álvaro Noboa, Jaime Nebot, Mauricio Rodas, los hermanos Alvarado, los Eljuri, Nataly Cely, Alexis Mera, etc.”, señala.
Agrega seguidamente: “Nuestra crítica al actual gobierno es justamente porque las políticas estatales han estado destinadas a beneficiar a las grandes empresas y que al pueblo apenas le ha llegado una pequeña parte de la gran bonanza petrolera, ya sea en servicios públicos básicos, infraestructura, siendo esto es un derecho humano básico y no una dádiva del presidente”. 
En torno a la movilización, ésta se encuentra cada vez más cerca de Palacio de Carondelet. Según información de algunos medios, la marcha llegó anoche a la población de Machachi, en las afueras de Quito, y prevé completar su recorrido hasta la capital mañana miércoles 12 de agosto.
El presidente de la CONAIE ha señalado por su parte que no volverán de la capital “con las manos vacías”.
Se espera ahora que el bloque movilizado forme parte en dos días del Paro Nacional convocado por los sindicatos, entre otras organizaciones sociales del país. En respuesta, el presidente Rafael Correa reiteró el pedido a sus simpatizantes de, de ser necesario, salir a las calles a defender el actual régimen.
Entre las demandas indígenas y sociales figura la derogación del polémico Decreto 16 del año 2013, que condiciona a la sociedad civil al control gubernamental, a través de una serie de cambios al Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS).
Asimismo, reclaman el archivamiento del proyecto de enmiendas constitucionales por atentar contra la democracia, la plurinacionalidad y los derechos de los trabajadores.
De igual modo, piden ponerle un alto al modelo extractivista y a los proyectos de mega minería, por atentar contra la vida, los derechos territoriales de las comunidades, pueblos y nacionalidades, y los derechos de la naturaleza. Según el pronunciamiento son 10 las demandas.
A continuación el pronunciamiento completo de la CONAIE:

Porque nuestra lucha histórica es junto a las comunas, pueblos y nacionalidades

¡¡¡Vamos todos al levantamiento indígena y popular!!!

Desde que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE anunció el levantamiento, acción que se junta al paro nacional del 13 de agosto propuesto por distintas organizaciones sociales, de trabajadores y populares, que inició el 2 de agosto con la “Marcha por la dignidad, la democracia y contra el extractivismo”, todos los sectores políticos, incluido el gobierno, se agitaron y tomaron posiciones. Cada uno trata de aprovechar las acciones del movimiento indígena para sus propios fines. Pero las voces de nuestros dirigentes y nuestras organizaciones de base han sido firmes y claras al declarar cuales son las razones y los objetivos del levantamiento.
La sociedad ecuatoriana está reaccionando, y no es reciente. Correa y Alianza País llegaron al gobierno ofreciendo una revolución, pero lo que han construido es un ropaje engañoso para encubrir un nuevo sistema de dominio y de opresión para favorecer a las grandes empresas y a los nuevos empresarios en perspectiva de una violenta modernización del capital. Los grandes grupos económicos han obtenido en estos ocho años mayores ganancias que en la época neoliberal; la riqueza sigue concentrada en pocas manos; la economía ecuatoriana sigue dependiendo de los vaivenes del precio del petróleo; se han puesto aún más trabas para el desarrollo de las economías familiares, populares, campesinas y comunitarias; los impuestos y los trámites agobian las economías populares. La tierra y el agua siguen concentradas en pocas manos; el Estado se ha apoderado de la educación intercultural bilingüe para menoscabarla y volverla dócil a sus intereses. La democracia ha sido lesionada por el autoritarismo y la represión: el gobierno criminaliza la protesta social y persigue a los dirigentes y los luchadores sociales; divide las organizaciones; atrae dirigentes ofreciéndoles puestos en el Estado; todos los sábados hay que escuchar ataques en contra de las organizaciones y de la lucha social; el despilfarro del dinero de los ecuatorianos ha alcanzado cifras
inauditas y la corrupción campea.
Como ha sido costumbre en estos ocho años de gobierno de Alianza País las reacciones del régimen han sido el insulto, la descalificación, la amenaza. Como intento para frenar estas jornadas de lucha, se anunció la convocatoria oficial de un diálogo nacional “por el país que queremos”. En todos estos años las organizaciones sociales, y el movimiento indígena en particular, nos hemos cansado de pedir diálogo, hemos enviado constantemente propuestas a la Asamblea Nacional; participamos en consultas pre legislativas, solo nos escucharon pero no tuvieron la sensatez democrática de recoger nuestras propuestas. Por eso rechazamos la propaganda oficial de que no tenemos propuestas y declaramos que el gobierno ha cerrado toda posibilidad de diálogo democrático, hoy no están dadas las condiciones.
Con la misma energía rechazamos la burda acusación del gobierno de que estamos haciéndole el juego a la derecha, de que nuestras movilizaciones están siendo financiadas por estos sectores e incluso desde el extranjero. Ante la falta de argumentos el camino más fácil es la deslegitimación y las acusaciones temerarias y sin fundamento. Nuestra lucha, tanto hoy como a lo largo de la historia, ha sido y es en contra de los grupos de poder económico y político; nuestra lucha ataca por igual a las derechas representadas por Álvaro Noboa, Jaime Nebot, Mauricio Rodas, los hermanos Alvarado, los Eljuri, Nataly Cely, Alexis Mera, etc. Nuestra crítica al actual gobierno es justamente porque las políticas estatales han estado destinadas a beneficiar a las grandes empresas y que al pueblo apenas le ha llegado una pequeña parte de la gran bonanza petrolera, ya sea en servicios públicos básicos, infraestructura, siendo esto es un derecho humano básico y no una dádiva del presidente. Pero en los mercados los precios de los alimentos e insumos para la vida han subido sistemáticamente; sumado a esto la subida de la luz y de los pasajes, con mínimos incrementos del sueldo básico, han ido acorralando la economía familiar.
Los afectados del modelo correísta somos la mayoría de ecuatorianos; entendemos que la unidad con los sectores populares: trabajadores, estudiantes, ambientalistas, organizaciones de mujeres es fundamental. Este proceso de unidad se ha venido fortaleciendo en los últimos meses y conjuntamente impulsamos importantes jornadas de lucha y hemos construido una plataforma conjunta. Es en este marco que también hacemos estas nuevas jornadas de movilización.
La marcha, el levantamiento indígena y el paro expresan la recuperación de la dignidad; los pueblos levantamos nuestra propia voz. Los objetivos por los que continuamos en la lucha son:

1. El archivo del proyecto de enmiendas constitucionales por ser inconstitucional, por atentar contra la democracia, la plurinacionalidad y los derechos de los trabajadores.
2. Derogatoria del Decreto 16 por ser inconstitucional, destruye la autonomía de las organizaciones sociales y afecta los derechos colectivos de las comunas, pueblos y nacionalidades.
3. Exigimos el respeto pleno por parte del Estado al ejercicio de los derechos colectivos en distintos ámbitos como la educación, la salud, la gestión del agua y de nuestros territorios como una manera concreta y legitima de construir la plurinacionalidad, de acuerdo a lo que manda la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. Por lo tanto, exigimos el restablecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la reapertura de la Universidad Amawtay Wasi. Exigimos el fortalecimiento de los modelos de educación comunitaria, nos oponemos rotundamente el cierre de las escuelas comunitarias. Nuestra defensa no es de la infraestructura en su situación actual, defendemos un modelo pedagógico y de generación de conocimientos y saberes acorde con la realidad cultural y local.
4. Por el libre ingreso a las universidades. Los exámenes de ingreso y demás trabas administrativas y burocráticas no ha mejorado la educación superior, lo único que está provocando es la elitización de la educación; los principales afectados son las y los jóvenes de los sectores rurales, particularmente de los pueblos y nacionalidades indígenas.
5. Exigimos el inicio urgente de un real proceso de desprivatización y redistribución del agua, el fortalecimiento de los sistemas comunitarios de administración de los recursos hídricos. La actual Ley de Aguas no soluciona estas cuestiones estructurales, menos aún su Reglamento, que va en contra de la Constitución y los derechos colectivos, por eso demandamos su inmediata derogatoria.
6. Exigimos que se dé inició a un proceso de reforma agraria, con base en la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la pequeña y mediana producción, que promueva la democratización del régimen de tenencia de la tierra, del control y desacaparamiento del mercado, de los recursos naturales, principalmente el agua, se fortalezcan los sistemas comunitarios de tenencia de la tierra, de producción, de acceso al mercado y de administración territorial. El proyecto de Ley de tierras y territorios que está para segundo debate no cumple con estos objetivos, por lo tanto exigimos su archivo.
7. Rechazamos el alto costo de la vida, la subida de las tarifas de la luz eléctrica y el alto costo de los pasajes. Rechazamos la imposición de las cocinas de inducción como condición para el cambio de matriz energética. Además de ser una medida forzada, tal cual está concebido solo beneficia a dos empresas vinculadas al gobierno a costa de los bolsillos de los usuarios y de dineros públicos. Rechazamos también medidas antipopulares como agro calidad que pone condiciones de producción y comercialización que perjudican a las pequeñas economías familiares y comunitaria, y que en última instancia beneficia a las empresas agroindustriales.
8. Exigimos la no firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, porque afecta de manera directa a la pequeña y mediana producción agropecuaria, se mercantiliza la propiedad intelectual colectiva y comunitaria.
9. Alto al modelo extractivista y a los proyectos de mega minería, por atentar contra la vida, los derechos territoriales de comunas, pueblos y nacionalidades, y los derechos de la naturaleza. Exigimos el cese de la persecución a los dirigentes sociales y el archivo de todos los procesos judiciales en su contra.
10. Derogatoria de la “ley de justicia laboral” y de los decretos anti obreros 1701 225 y 813 por atentar contra los derechos de los trabajadores. Demandamos también nuevo Código de trabajo en armonía con la normativa internacional del trabajo, la devolución del Fondo del Magisterio a sus legales y legítimos administradores. La reintegración de la obligatoriedad del Estado a aportar con el 45% de las pensiones jubilares.

Estas son las razones de nuestra lucha y del levantamiento del 10 de agosto, en unidad con el paro nacional de los trabajadores del 13 de agosto en el que participaremos activamente. El gobierno en lugar de acusarnos de tirapiedras, golpistas y de que estamos haciéndole juego a la derecha, debería, de manera democrática y sensata, dar respuestas urgentes ya que beneficia a la mayoría de la sociedad ecuatoriana.
Atentamente,
Jorge Herrera
PRESIDENTE DE LA CONAIE

Al descubierto daño que ocasiona el turismo “ecológico” a indígenas de la India

Servindi.- A fin de incrementar el número de visitantes al Parque Nacional de Kanha, el Departamento de Bosques de la India puso en marcha una política de reasentamiento de las tribus ubicadas en el lugar. Transcurridos varios años desde que se implementó este plan, un reportaje reveló sus aciagas consecuencias. 
El Parque Nacional de Kanha se ubica en el estado de Madhya Pradesh y abarca un área de más de 2 mil kilómetros cuadrados de bosque. Su mayor atractivo son los tigres de Bengala, una especie en peligro de extinción.
Como se sabe, desde hace años la presencia de estos felinos es aprovechada por las empresas de turismo para ofrecer expediciones que incluyan su avistamiento.
No obstante, estas empresas vieron como un obstáculo desde un inicio la presencia de tribus en el lugar, por lo que necesitaron de la intervención del Estado para desplazarlas del lugar.
Cabe precisar, como se verá más adelante, que dicha preocupación de las empresas no tenía sustento.
Finalmente, con la colaboración de algunos funcionarios, las tribus fueron expulsadas y hoy las condiciones en que viven fuera del parque son, prácticamente, de abandono total.
De eso trata uno de los más recientes trabajos de Spécial Investigation, programa que se emite por el medio de comunicación francés CanalPlus.
El reportaje cuestiona lo que algunos denominan “turismo ambiental o ecológico”, y que en el caso de la India ha causado que miles de nativos sean obligados a dejar sus zonas de origen.

La Reserva de Tigres de Kanha recibe 100 mil turistas al año aproximadamente. Foto: theholidayindia.com 

Nouvelles Frontières

El trabajo periodístico se centra en cómo laboran  las empresa de turismo en el mundo y pone como ejemplo el caso de Nouvelles Frontières, cuestionando que esta no sea transparente con relación al impacto que ocasiona su actividad.

El caso de los indígenas de la India expulsados de sus tierras aparece en el documental a partir del minuto 37, cuando la reportera incursiona en el circuito del turismo que ofrece la citada empresa en este país, y termina convirtiéndose en testigo del descuido en que viven los nativos.

De acuerdo a una denuncia de Survival International, en el 2014 el Departamento del Bosques emprendió acciones para reubicar a las tribus del pueblo Baiga que habitaban el Parque.
Debido a la negativa de éstas a ser trasladadas fuera, dicho departamento incurrió en amenazas y hostigamiento, pese a que el derecho nacional respaldaba la posición nativa de no moverse del lugar.
“Recibimos algún dinero, pero nos encontramos perdidos, deambulando en busca de tierra. Aquí solo hay tristeza. Necesitamos la selva”, declaró para Survival, recientemente, uno de los afectados.

Hombre de la tribu baiga que fue expulsado de la Reserva de Tigres de Kanha en el 2014. Foto: Survival International

Abandono de las autoridades

En su recorrido la reportera visita las “casas” que actualmente ocupan los nativos a las afueras del parque, e incluso junto a ellos descubre que el pariente de uno de estos -expulsado en 2014- pierde la vida, justamente, por causa del reasentamiento y posterior abandono.
“Éramos una de las últimas familias en resistir. Pero las personas de la reserva nos forzaron a marcharnos. Nos dijeron que cuidarían de nosotros durante tres años, pero no hicieron nada. Incluso cuando mi hermano fue asesinado nadie vino a ayudarnos”, declaró el sujeto para el reportaje.
De acuerdo con Survival International, existen estudios que demuestran que los tigres logran mantener su especie en zonas habitadas por personas.
Stephen Corry, director de Survival, declaró al respecto que las tribus nunca han sido una amenaza para estas especies, que estarían mejor si aún continuaran habitando en la zona, y se detuviera la entrada de turistas.

Datos:

– En diciembre de 2013, 32 familias khadias fueron expulsadas de la Reserva de Tigres de Similipal, en el estado de Odisha, y pasaron a vivir en condiciones miserables bajo refugios de plástico. No recibieron la compensación que se les prometió.
– El escritor indio-británico Rudyard Kipling, ganador del premio Nobel de Literatura, inspiró los cuentos de su famosa obra “El libro de la selva” en la extraordinaria belleza de la flora y fauna de Kanha.

Ecuador: ¡Vamos todos al levantamiento indígena y popular!

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador - CONAIE
 Desde que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE anunció el levantamiento, acción que se junta al paro nacional del 13 de agosto propuesto por distintas organizaciones sociales, de trabajadores y populares, que inició el 2 de agosto con la “Marcha por la dignidad, la democracia y contra el extractivismo”, todos los sectores políticos, incluido el gobierno, se agitaron y tomaron posiciones. Cada uno trata de aprovechar las acciones del movimiento indígena para sus propios fines. Pero las voces de nuestros dirigentes y nuestras organizaciones de base han sido firmes y claras al declarar cuales son las razones y los objetivos del levantamiento.

La sociedad ecuatoriana está reaccionando, y no es reciente. Correa y Alianza País llegaron al gobierno ofreciendo una revolución, pero lo que han construido es un ropaje engañoso para encubrir un nuevo sistema de dominio y de opresión para favorecer a las grandes empresas y a los nuevos empresarios en perspectiva de una violenta modernización del capital. Los grandes grupos económicos han obtenido en estos ocho años mayores ganancias que en la época neoliberal; la riqueza sigue concentrada en pocas manos; la economía ecuatoriana sigue dependiendo de los vaivenes del precio del petróleo; se han puesto aún más trabas para el desarrollo de las economías familiares, populares, campesinas y comunitarias; los impuestos y los trámites agobian las economías populares. La tierra y el agua siguen concentradas en pocas manos; el Estado se ha apoderado de la educación intercultural bilingüe para menoscabarla y volverla dócil a sus intereses. La democracia ha sido lesionada por el autoritarismo y la represión: el gobierno criminaliza la protesta social y persigue a los dirigentes y los luchadores sociales; divide las organizaciones; atrae dirigentes ofreciéndoles puestos en el Estado; todos los sábados hay que escuchar ataques en contra de las organizaciones y de la lucha social; el despilfarro del dinero de los ecuatorianos ha alcanzado cifras inauditas y la corrupción campea. 

Como ha sido costumbre en estos ocho años de gobierno de Alianza País las reacciones del régimen han sido el insulto, la descalificación, la amenaza. Como intento para frenar estas jornadas de lucha, se anunció la convocatoria oficial de un diálogo nacional “por el país que queremos”. En todos estos años las organizaciones sociales, y el movimiento indígena en particular, nos hemos cansado en pedir diálogo, hemos enviado constantemente propuestas a la Asamblea Nacional; participamos en  consultas pre legislativas, solo nos escucharon pero no tuvieron la sensatez democrática de recoger nuestras propuestas. Por eso rechazamos la propaganda oficial de que no tenemos propuestas y declaramos que el gobierno ha cerrado toda posibilidad de diálogo democrático, hoy no están dadas las condiciones. 

Con la misma energía rechazamos la burda acusación del gobierno de que estamos haciéndole el juego a la derecha, de que nuestras movilizaciones están siendo financiadas por estos sectores e incluso desde el extranjero. Ante la falta de argumentos el camino más fácil es la deslegitimación y las acusaciones temerarias y sin fundamento. Nuestra lucha, tanto hoy como a lo largo de la historia, ha sido y es en contra de los  grupos de poder económico y político; nuestra lucha ataca por igual a las derechas representadas por Álvaro Noboa, Jaime Nebot, Mauricio Rodas, los hermanos Alvarado, los Eljuri, Nataly Cely, Alexis Mera, etc. Nuestra crítica al actual gobierno es justamente porque las políticas estatales han estado destinadas a beneficiar a las grandes empresas y que al pueblo apenas le ha llegado una pequeña parte de la gran bonanza petrolera, ya sea en servicios públicos básicos, infraestructura, siendo esto es un derecho humano básico y no una dádiva del presidente. Pero en los mercados los precios de los alimentos e insumos para la vida han subido sistemáticamente; sumado a esto la subida de la luz y de los pasajes, con mínimos incrementos del sueldo básico, han ido acorralando la economía familiar. 

Los afectados del modelo correísta somos la mayoría de ecuatorianos; entendemos que la unidad con los sectores populares: trabajadores, estudiantes, ambientalistas, organizaciones de mujeres es fundamental. Este proceso de unidad se ha venido fortaleciendo en los últimos meses y conjuntamente impulsamos importantes jornadas de lucha y hemos construido una plataforma conjunta. Es en este marco que también hacemos estas nuevas jornadas de movilización. 

La marcha, el levantamiento indígena y el paro expresan la recuperación de la dignidad; los pueblos levantamos nuestra propia voz. Los objetivos por los que continuamos en la lucha son: 

1. El archivo del proyecto de enmiendas constitucionales por ser inconstitucional, por atentar contra  la democracia,  la plurinacionalidad y  los derechos de los trabajadores.

2. Derogatoria del Decreto 16 por ser inconstitucional, destruye la autonomía de las organizaciones sociales y afecta los derechos colectivos de las comunas, pueblos y nacionalidades. 

3. Exigimos el respeto pleno por parte del Estado al ejercicio de los derechos colectivos en distintos ámbitos como la educación, la salud, la gestión del agua y de nuestros territorios como una manera concreta y legitima de construir la plurinacionalidad, de acuerdo a lo que manda la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. Por lo tanto, exigimos el restablecimiento del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la reapertura de la Universidad Amawtay Wasi. Exigimos el fortalecimiento de los modelos de educación comunitaria, nos oponemos rotundamente el cierre de las escuelas comunitarias. Nuestra defensa no es de la infraestructura en su situación actual, defendemos un modelo pedagógico y de generación de conocimientos y saberes acorde con la realidad cultural y local. 

4. Por el libre ingreso a las universidades. Los exámenes de ingreso y demás trabas administrativas y burocráticas no ha mejorado la educación superior, lo único que está provocando es la elitización de la educación; los principales afectados son las y los jóvenes de los sectores rurales, particularmente de los pueblos y nacionalidades indígenas.    

5. Exigimos el inicio urgente de un real proceso de desprivatización y redistribución del agua, el fortalecimiento de los sistemas comunitarios de administración de los recursos hídricos. La actual Ley de Aguas no soluciona estas cuestiones estructurales, menos aún su Reglamento, que va en contra de la Constitución y los derechos colectivos, por eso demandamos su inmediata derogatoria.

6. Exigimos que se dé inició a un proceso de reforma agraria, con base en la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la pequeña y mediana producción, que promueva la democratización del régimen de tenencia de la tierra, del control y desacaparamiento del mercado, de los recursos naturales, principalmente el agua, se fortalezcan los sistemas comunitarios de tenencia de la tierra, de producción, de acceso al mercado y de administración territorial. El proyecto de Ley de tierras y territorios que está para segundo debate no cumple con estos objetivos, por lo tanto exigimos su archivo.

7. Rechazamos el alto costo de la vida, la subida de las tarifas de la luz eléctrica y el alto costo de los pasajes. Rechazamos la imposición de las cocinas de inducción como condición para el cambio de matriz energética. Además de ser una medida forzada, tal cual está concebido solo beneficia a dos empresas vinculadas al gobierno a costa de los bolsillos de los usuarios y de dineros públicos. Rechazamos también medidas antipopulares como agro calidad que pone condiciones de producción y comercialización que perjudican a las pequeñas economías familiares y comunitaria, y que en última instancia beneficia a las empresas agroindustriales.

8. Exigimos la no firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, porque afecta de manera directa a la pequeña y mediana producción agropecuaria, se mercantiliza la propiedad intelectual colectiva y comunitaria. 

9. Alto al modelo extractivista y a los proyectos de mega minería, por atentar contra la vida, los derechos territoriales de comunas, pueblos y nacionalidades, y los derechos de la naturaleza. Exigimos el cese de la persecución a los dirigentes sociales y el archivo de todos los procesos judiciales en su contra. 

10. Derogatoria de la “ley de justicia laboral” y de los decretos anti obreros 1701 225 y 813 por atentar contra los derechos de los trabajadores. Demandamos también nuevo Código de trabajo en armonía con la normativa internacional del trabajo, la devolución del Fondo del Magisterio a sus legales y legítimos administradores. La reintegración de la obligatoriedad del Estado a aportar con el 45% de las pensiones jubilares.       

Estas son las razones de nuestra lucha y del levantamiento del 10 de agosto, en unidad con el paro nacional de los trabajadores del 13 de agosto en el que participaremos activamente. El gobierno en lugar de acusarnos de tirapiedras, golpistas y de que estamos haciéndole juego a la derecha, debería, de manera democrática y sensata, dar respuestas urgentes ya que beneficia a la mayoría de la sociedad ecuatoriana.

[Tomado de http://www.pueblosencamino.org/index.php/asi-si/resistencias-y-luchas-sociales02/1425-ecuador-conaie-vamos-todos-al-levantamiento-indigena-y-popular.]

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Bolivia: Evo desafía autonomía y derechos del pueblo Guaraní

Servindi.- La promulgación de normas a favor de la exploración de hidrocarburos y el apoyo en dirigentes ilegales ha generado la indignación de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) que anunció una Acción Popular contra tres decretos por afectar áreas protegidas y territorios indígenas.
La decisión se adoptó en la magna asamblea realizada entre el miércoles 29 y el viernes 31 de julio en Macharetí, Chuquisaca, donde participaron representantes de 25 capitanías zonales guaraníes de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz.
Además de consensuar el pedido de Acción Popular, rechazaron el acuerdo firmado en Ñaurenda por la APG-IG.
En Macharetí, los guaraníes recordaron todos los artículos de la CPE y normas de las Naciones Unidas que tienen fuerza de ley en el país, que defienden su derecho “a la autonomía, autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales”.
Los decretos son el 2366, que posibilita la exploración y explotación de hidrocarburos en áreas protegidas; el 2195, relacionado con la exploración, explotación e industrialización de recursos naturales estratégicos; y el 2298, que se refiere a sistemas de consulta a los pueblos indígenas.
La APG aún no ha establecido cuándo se presentará la Acción Popular para demandar la anulación de los decretos mencionados.
Cabe precisar que la Constitución Plurinacional establece que dicho recurso constitucional “procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución”.
El 1 de julio, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso de inconstitucionalidad en contra del Decreto 2195 de compensación a indígenas por los impactos ambientales de la explotación minera e hidrocarburífera, con el argumento de que viola el derecho a la libre determinación.

Divisionismo oficialista

Una facción de los guaraníes, autodenominada APG Itika Guasu (APG-IG), simpatizante del gobierno, recibió al presidente Evo Morales la semana pasada en Naurenda, Tarija, y dijo que respalda los tres decretos.
El Presidente dijo que ellos “serán compensados” por la actividad petrolera y que debe “acelerarse” el proceso de consulta previo.
La APG-IG organizada por Walter Ferrufino suscribió una declaración de apoyo al presidente Evo Morales, en la que permiten la exploración y explotación de recursos naturales en áreas protegidas, pero como lo precisó Celso Padilla, ex presidente de la APG se trata de una dirigencia “paralela”.
La declaración de apoyo se firmó en la comunidad de Ñaurenda, en el marco del encuentro nacional del pueblo guaraní y el encuentro con Morales fue transmitido por Bolivia TV. El firmante es el dirigente Hugo Arebayo, quien declaró que alrededor de 37 comunidades apoyan la actividad hidrocarburífera en áreas protegidas.
Sin embargo, Padilla afirmó que se trata de una dirigencia “paralela” cuya autoridad está legitimada sólo por cuatro comunidades y que el presidente legítimo de la APG Itika Guazú es Neber Barrientos.
“Lo que está haciendo (Morales para convencer al pueblo guaraní) es elegir a autoridades truchas para que le aplaudan y para que firmen ese tipo de declaraciones donde están de acuerdo con los decretos y de acuerdo con las consultas (para explorar en parques), pero son gente del Gobierno y así están trabajando”, afirmó Padilla.
Según Morales, la declaración de apoyo “es un hecho histórico para el pueblo guaraní” y “sin ningún intermediario”, en alusión a las ONG, por lo que es necesario acelerar y facilitar los procesos de consulta para beneficiar a los pueblos guaraníes.
Por su parte, el presidente de YPFB, Guillermo Achá, agradeció el respaldo del pueblo guaraní y dijo que los beneficios retornarán en proyectos productivos.

Antecedentes

Los cuestionados tres decretos supremos fueron firmados en menos de 60 dias por el presidente Evo Morales. Estos buscan garantizar a YPFB y a los operadores privados la exploración y explotación hidrocarburífera en las 22 áreas protegidas nacionales.
El 18 de marzo de 2015 se promulgó el decreto que modifica la ley de consulta previa a pueblos indígenas en proyectos de explotación. Ésta otorga poder al Ministerio de Hidrocarburos para emitir la primera convocatoria a los pueblos indígenas a una reunión informativa y si no hay respuesta escrita fijará metodología y cronograma de consulta.
Pero si aun así los pueblos indígenas rechazan la consulta, ese ministerio tiene la opción de emitir una resolución administrativa informando de todos los esfuerzos realizados para cumplir con la consulta previa.
Dicha resolución será comunicada a los indígenas que viven en las reservas y será incorporada en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental para continuar con el trámite de obtención de la licencia ambiental.
Sin embargo, este procedimiento no toma en cuenta el artículo 352 de la Constitución, que dispone la consulta libre, previa e informada. “En las naciones y pueblos indígenas originario campesinos (la consulta) tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios”.
El 20 de mayo se aprobó el decreto 2366 que permite el desarrollo de actividades hidrocarburíferas de exploración en las diferentes zonas y categorías de áreas protegidas.
La norma del Ejecutivo señala que las empresas que desarrollen actividad, obra o proyecto hidrocarburíferos en áreas protegidas destinarán el 1% del monto de inversión para que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua realice el fortalecimiento de la zona intervenida.
El 10 de junio se emitió el decreto 2400 que complementa el Reglamento Ambiental para el sector hidrocarburos. La norma fue promulgada por el vicepresidente Álvaro García Linera, cuando el presidente Morales se encontraba de gira por Europa.
El último decreto incorpora los límites máximos permisibles para descargas líquidas en cuerpos de agua, emisiones atmosféricas y contaminantes hidrocarburíferos en suelos.
“Los volúmenes que establece son altos, como para que las petroleras no sean sancionadas cuando exista un daño ambiental”, advirtió al respecto Norma Piérola, jefa de bancada del PDC en Diputados.

Justificación del gobierno

El procurador, Héctor Arce, afirmó que la norma es “simplemente una interpretación de lo que manda la Constitución y el pueblo boliviano tiene derecho a utilizar sus recursos naturales para construir un Estado social”.
También dijo que el uso de los recursos naturales no debe ser condicionado por intereses “mezquinos” y “sectarios” cuando existen países que generan la mayor contaminación.
Piérola informó que el MAS en la Asamblea ya aprobó varios contratos de exploración y explotación en áreas reservadas, sin tomar en cuenta lo que establece la Constitución, de que toda actividad en zonas protegidas debe ir a consulta previa. “Un tercio del TIPNIS ya fue entregado a una empresa petrolera”, denunció.
El presidente de la Subcentral del TIPNIS, Emilio Noza, señaló que los indígenas “resistirán” cualquier “intento de forzar su proyecto extractivista y destructor de la vida”.

La Asamblea del Pueblo Guaraní

La APG se creó en 1987 y es la máxima representación de los pueblos guaraníes de Bolivia. La población está compuesta actualmente por 25 capitanías distribuidas en cinco provincias de tres departamentos del país: la Cordillera en el departamento de Santa Cruz, Hernando Siles y Luis Calvo del departamento de Chuquisaca y Gran Chaco y O´Connor en el departamento de Tarija.
Sus objetivos son:

• Salvaguardar y defender los principios y la ideología de la nación guaraní en los aspectos territoriales, de organización política y económica-productiva.
• Respetar y exigir el respeto por la forma de vida guaraní de la vida.
• Garantizar el acceso igual y suficiente a la tierra y territorio.
• Velar por su propia administración y la gestión sostenible de los recursos naturales.

Anexos:

i) La Nación Guaraní rechaza los Decretos 2195, 2298, 2366 por los que el Presidente Evo Morales elimina el derecho a consulta y quebranta principios básicos de la CPE.
Resolución Nº 1 de la magna Asamblea Nacional de la Nación Guaraní
La Magna Asamblea de la Nación Guaraní de Bolivia, llevado a cabo en la localidad de Machareti los días 29, 30 y 31 de Julio del año en curso, con la participación de las 25 Capitanías Zonales, Consejos Departamentales de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, Dirección Nacional de la APG, en uso y ejercicio de sus atribuciones otorgado por nuestra normas y procedimientos propios.
Considerando:
Que, la Constitución Política del Estado Plurinacional, señala en su Art 2º, la libre determinación de los Pueblos Indígenas Originario y Campesinos, señalando en su exordio: “Dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus Instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley”. Norma que concuerda con lo establecido dentro del Numeral 4º del parágrafo II; del Art. 30º el cual señala entre los derechos esenciales: A la libre determinación y el ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión derechos constitucionales que la misma carta magna proclama como garantía y protección señalando cabalmente dentro del parágrafo III del Art. 30º, que “El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley”.
Que, al mismo tiempo el Articulo 290º en su parágrafo II, de la Constitución Política del Estado; define el ejercicio de la autonomía indígena originaria campesina como la expresión del derecho al autogobierno, estableciendo en su parte pertinente que: “El autogobierno de las autonomías indígenas originario campesinas se ejercerá de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos, conforme a sus atribuciones y competencias, en armonía con la Constitución y la ley”.
Que, el Artículo 4º de la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); norma que forma parte del Bloque de Constitucionalidad, en relación a los derechos de os pueblos indígenas, especifica el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas que tiene como marco su derecho a la libre determinación, señalando concretamente: “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno, en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos locales…”. Así mismo la precitada declaración de la ONU; sobre derechos de los pueblos indígenas, reconoce el derecho de los Pueblos a conservar y reforzar sus instituciones sin que eso los prive de su derecho a participar de la vida política del Estado, por ser parte del mismo y tener igual derecho de los demás sectores o miembros de la sociedad boliviana, derechos que son de aplicación preferente dado el carácter benigno producido por el Articulo 256 de la Constitución Política del Estado de Plurinacional.
Que, de igual manera el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado en nuestro país, a través de la Ley 3027, cuyas disposiciones tiener efecto vinculante para el Estado, establece como una obligación para nuestro Estado que: “Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales”.
La Asamblea del Pueblo Guaraní, en sujeción a los preceptos legales establecidos dentro de la presente Resolución y bajo el mandato ordinario contando con el quórum correspondiente de la asamblea convocada para asumir determinaciones;
Resuelve:
Artículo primero.- La Magna Asamblea Ordinaria determina Tomar Las acciones constitucionales de defensa y restitución de derecho de la nación guaraní a través de la ACCION POPULAR dirigida a lograr la protección inmediata y expedita de los derechos y garantías determinados por la Constitución Política del Estado donde establece y determina que la acción popular podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos e intereses colectivos, no siendo necesaria, para su interposición, agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir.
Artículo segundo.- La magna Asamblea Ordinaria instruye al Directorio actual de la Nación Guaraní; Domingo Julián Torrico en su calidad de Presidente Nacional de la A.P.G, llevar adelante la acciones constitucionales mediante la ACCION POPULAR determinada.
Artículo tercero.- La magna Asamblea Ordinaria a través de todos los hermanos y hermanas, autoridades de las Capitanías, autoridades departamentales de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija se declaran ser parte activas de la Acción Popular en defensa de nuestras derechos que vulneran los Decretos 2195, 2298, 2366 emitido por el gobierno central.
Es dado en Territorio de la Nación Guaraní, localidad de Machareti, a los 31 dias del mes de Julio del 2015.
“POR LA NACION GUARANI”
Nota: En la Asamblea estuvieron presentes y representadas todas las organizaciones guaranís del Estado Pulurinacional de Bolivia, las que adoptaron este documento por unanimidad.
ii) La Nación Guaraní condena la actuación del Pte. Evo Morales, quien desconoce la CPE y las estructuras de las naciones y pueblos indígenas y advierte de vicio de nulidad en todo “acuerdo” por fuera de las mismas.

Resolución de la Magna Asamblea Ordinaria de la Nación Guaraní
La Nación Guaraní de Bolivia condena la actuación del Presidente Juan Evo Morales Ayma, quien viene desconociendo la CPE y las estructuras de las naciones y pueblos indígenas.

La Magna Asamblea de la Nación Guaraní como máxima autoridad del pueblo Guaraní, reunida en la localidad de Machareti, manifiesta lo siguiente:
Nos sentimos ofendidos y traicionados con la actitud del Gobierno Nacional, conocedor de la estructura organizativa del Pueblo Guaraní, al llevar adelante un acuerdo con personas guaraní que no son reconocidas como autoridades legítimas, ni legales, ni tampoco han sido delegadas por nuestras organizaciones para representar la Nación Guaraní.
Ante estos hechos:
Resuelve:
Primero.- Desconocer los actos públicos propiciados por la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia el 30 de julio de 2015, en la Comunidad de Ñaurenda de la TCO Itika Guasu, e invalidar todo acuerdo, documentación y cualquier acto jurídico que se hayan generado en dicho acto dado que desconoce la jurisdicción indigena originaria y territorial de cada una de las organizaciones guaranís de Bolivia.
Segundo.- Declarar y recordar que cualquier acuerdo y acto jurídico que de los actos públicos mencionados pudiera derivarse, es nulo de pura nulidad como consecuencia de que la representación alegada por parte de los guaranís presentes en tales actos se basa en la usurpación de autoridad, falsedad material e ideológica y en el uso de instrumentos falsificados, todos ellos delitos tipificados en el Código Penal vigente.
Tercero.- Denunciar y ratificar públicamente que el Sr. Hugo Arebayo Corimayo ha sido castigado con las más altas sanciones por usos y costumbres por la Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu el 2012, no pudiendo este señor ser o fungir cualquier cargo de representación guaraní a ningún nivel, ni en nuestra jurisdicción indígena, ni ante ninguna instancias del Estado Plurinacional en supuesta representación del pueblo guaraní.
Cuarta.- La participación del Señor Celestino Rojas en el acto del 30 de julio de 2015 en la comunidad de Ñaurenda de la TCO Itika Guasu, es a título meramente personal, pues las autoridades comunales del Concejo de Capitanes de Chuquisaca, no autorizaron ni delegaron, su representación en esta actividad, ni autorizaron la firma de documentación o acuerdo alguno, propiciada por la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
Quinta.- Consideramos que los presentes como Celestino Rojas, Bonifacio Rivera en el acto mencionado han cometido una falta grave y el más grave delito posible en nuestra jurisdicción indígena originaria tal es el de traición a nuestro pueblo y a sus autoridades.
La Magna Asamblea de la Nacion Guaraní ratifica que las autoridades legalmente establecidas son las presentes en la Gran Asamblea Ordinaria de la Nación Guraní, en la localidad de Machareti, los días 29, 30,31 de Julio del 2015 y ninguna otra persona puede asumir la representación del Pueblo Guaraní, más que las autoridades presentes en nuestra máxima instancia de decisión.
Es dado en territorio guaraní de Machareti, a los 31 días del mes de Julio del 2015
“POR LA NACION GUARANI”
Nota: En la Asamblea estuvieron presentes y representadas todas las organizaciones guaranís del Estado Pulurinacional de Bolivia, las que adoptaron este documento por unanimidad.
iii) Organizaciones guaranís rechazan nueva legislación que anula el derecho a consulta, los sitios protegidos y utiliza doctrina de seguridad nacional.

Resolución de la Nación Guaraní

En la comunidad Indígena de Caraparicito, de la TCO Alto Parapeti, Provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz, la Nación Guaraní en pleno con la presencia de los consejos de Capitanes Guaraní de Santa Cruz, Chuquísaca y Tarija APG Nacional, Capitanía y Comunidades, responsable de relaciones internacionales y cooperación de la COICA y el Presidente de la CCNAGUA reunidos en Magna Asamblea nacional, en fecha 17 y 18 de Junio del 2015 en instalaciones del salón de reuniones de la comunidad de Caraparicito.

Previo análisis los Decretos Supremos No. 2195, que regula de manera porcentual de los recursos de compensación, el DS No.2298 que modifica la consulta y participación de los PIOs en actividades Hidrocarburiferas establecidos inicialmente en el D.S. No. 29033, el D.S. No. 2366 que autoriza las actividades hidrocarburiferas en áreas protegidas y el D.S. No. 2368 que establece un procedimiento para declarar ductos de Interés nacional.
Consideramos;
Que; La Constitución Política del Estado, establece que los pueblos Indígenas tenemos derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevea medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco se respetara y garantizara el derecho a la CONSULTA PREVIA, OBLIGATORIA, REALIZADA POR EL ESTADO, DE BUENA FE Y CONCERTADA, respecto a la aplicación en el territorio que habitan.
Que; Nuestro estado Boliviano a suscrito los convenios internaciones respecto a los derechos de los Pueblos Indígenas; Convenio 169 de la OIT ratificado por ley No. 1257 y la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas ratificada por la ley No. 3760, los cuales establece la obligatoriedad de su aplicación y cumplimiento, respecto a la consulta
Resuelve.-
Primero: Declarar que los decretos promulgados son atentatorios y vulneran el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas a ser consultados y participar en la toma de decisiones que afecten sus territorios. Identificando INDICIOS DE INCONSTITUCIONALIDAD.
Segundo: Paralizar a partir de la fecha todos los procesos relacionados con los Decretos observados por la nación Guaraní.
Tercero: Se convoca a las autoridades competentes de; Ministerio de Hidrocarburos y Energía, Medio Ambiente e YPFB y al Defensor del Pueblo a una reunión con carácter de urgencia para abordar la demanda de la nación guaraní en fecha 1 y 2 de Julio del 2015 en la ciudad de Camiri-Casa Grande de la Nación Guaraní.
Es dado en la comunidad de Caraparicito, a los dieciocho días del mes de Junio del dos mil quince años.
“Por la auto determinación de la Nación Guaraní”
[Fuente: Consejos de Capitanes Guaraní de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija y APG Nacional, Capitanía y Comunidades de la TCO Alto Parapeti, Comunidad Caraparicito, 17 y 18jun15]

CIDH llama a Estados a garantizar derecho de pueblos indígenas a vivir en su territorio ancestral

– En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Servindi- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a garantizar en forma efectiva el derecho de los pueblos indígenas a vivir en su territorio ancestral y poder realizar sus actividades tradicionales de subsistencia, así como también preservar su identidad cultural.
En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto, la CIDH destaca que las tierras tradicionalmente utilizadas y ocupadas por los pueblos indígenas son un factor primordial de su vitalidad física, cultural y espiritual.
Por ese motivo, para dichas comunidades la relación con la tierra no es meramente una cuestión de “posesión” y “producción” sino un elemento de importante contenido material y espiritual del cual deben poder gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.
En tal sentido, la CIDH manifiesta su preocupación por el desarrollo de actividades empresariales e industriales en la región que tengan un efecto negativo sobre el goce de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
La CIDH ha recibido información de violaciones del derecho al acceso a la información, a la consulta libre, previa e informada y al consentimiento de los pueblos indígenas, así como vulneraciones al derecho a la participación ciudadana, en el desarrollo de estos proyectos.
Incluso, la CIDH ha recibido información preocupante sobre situaciones en que comunidades enteras se ven forzadas a desplazarse ante la ocupación de sus territorios o por la afectación de recursos naturales vitales, tales como cursos de agua, acuíferos o tierras utilizadas para actividades de subsistencia.
“Es imperativo que los pueblos indígenas sean consultados de manera previa, libre e informada sobre cualquier proyecto que pueda afectar sus derechos”, indicó la Presidenta de la CIDH y Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Comisionada Rose Marie Antoine.
“Los pueblos indígenas deben participar en la toma de decisiones para el goce efectivo de su derecho a la propiedad comunal y a la identidad cultural. Resulta indispensable que los Estados Miembros de la OEA implementen de manera urgente las medidas necesarias para que todos los proyectos sean implementados con el consentimiento de las comunidades y los pueblos indígenas afectados” aseguró.
Asimismo, la CIDH insta a los Estados Miembros a obtener el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas, el cual debe ser previo a la licitación y ejecución de planes o proyectos que puedan afectar sus derechos sobre sus territorios ancestrales y recursos naturales que en ellos se encuentren.
“Los proyectos empresariales e industriales que contribuyan al desarrollo económico de los países son una pieza clave para avanzar en el combate contra la pobreza y en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de la población”, señaló el Comisionado Paulo Vannuchi, encargado de la Unidad sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIDH.
“Sin embargo, estos proyectos deben desarrollarse siempre en estricto y total respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas afectados por dichos emprendimientos”, agregó.
“Los emprendimientos de las industrias extractivas, forestales, hidroeléctricas, mineras y alimenticias, entre otras, deben desarrollarse en beneficio de las poblaciones y no perjudicarlas. Para lograrlo, los Estados deben asegurarse de cumplir con el requisito de consulta previa, libre e informada para obtener su consentimiento”, prosiguió el comisionado.

Criminalización de la protesta

La Comisión Interamericana también ha recibido información sobre supuestos actos de violencia perpetrados contra los pueblos indígenas, en especial contra las personas que asumen roles de liderazgo en la oposición a dichos proyectos. Esto incluye asesinatos, agresiones físicas, violencia sexual y destrucción de viviendas.
En algunos casos, la información recibida indica que algunos de estos hechos habrían sido perpetrados por agentes de las fuerzas estatales de seguridad, mientras que en otros los autores habrían sido personas contratadas por las empresas e industrias.
Según la información recibida, las autoridades en algunos casos no han adoptado las medidas adecuadas ante agresiones y ataques contra pueblos indígenas y sus líderes perpetrados por parte de agentes privados de seguridad o empleados de seguridad de algunas empresas encargadas de proyectos de extracción, desarrollo o inversión.
En adición a ello, la Comisión ha recibido información relativa al uso excesivo de la fuerza en operativos de fuerzas estatales de seguridad para disolver manifestaciones y protestas contra este tipo de proyectos que afectan a pueblos indígenas.
En tal sentido, la CIDH reitera enfáticamente que la desconcentración de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las personas, y deben utilizarse las medidas más seguras y menos lesivas para los manifestantes.
El uso de la fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos, indicó la CIDH.

La Comisión Interamericana

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Máxima amenazada de muerte

Por Rocío Silva Santisteban*
- El 1º de agosto recibí una llamada desde Cajamarca advirtiéndome que Máxima Acuña de Chaupe ha recibido serias amenazas de muerte. Muchas veces aquellos que quieren congraciarse con la empresa puedan pretender “hacer trabajos sucios”, pero en este caso, una persona de la comunidad de Lámaro, cuyo nombre me reservo, se acercó a la casa de Máxima y le dijo directamente lo siguiente: “No salgas de tu casa, que si sales y regresas, será que yo no valgo nada. Porque eres una pendeja que no quiere salir de ese terreno para que la mina no siga con sus trabajos”.
El día 16 de julio, asimismo, durante la noche un grupo de 6 personas encapuchadas, armadas y a caballo se acercaron a la casa de Máxima, pero ella no se encontraba. Salió su nuera a hacerles frente y ellos solo se la quedaron mirando un largo rato de manera amenazante. Una semana después en la propia zona de Tragadero Grande “desaparece” su celular y en la misma semana fue robada la moto china que la CNDDHH le había comprado para que pueda desplazarse. ¿Todo es casualidad?
Desde esta modesta columna exijo que la empresa Minera Yanacocha rechace cualquier amenaza de esta índole o cualquier apoyo a quien amenace a doña Máxima. Los comuneros de Lámaro, Chugurmayo u otros caseríos que están a favor de la empresa deben saber que cualquier tipo de amenaza no será recompensada, sino por el contrario, debería ser repudiada. La empresa y sus funcionarios deben dejar de hostigar a la familia Chaupe con una supuesta “defensa posesoria” que les impide cualquier acción dentro de su terreno. Y si algo le sucede a Máxima Acuña de Chaupe, la responsabilidad política será del Ministro de Justicia Gustavo Adrianzén y del Procurador Supranacional Luis Alberto Huerta por no haber implementado las medidas cautelares que la CIDH le ha otorgado en mayo del 2014.
Como es sabido, la empresa perdió un juicio de usurpación agravada que les entabló a cuatro miembros de la familia pero ha presentado un recurso de casación ante la Corte Suprema que ha sido considerado válido. Yanacocha además ha insistido en plantear otras denuncias penales de diverso tipo (ocho denuncias más) pero además ha interpuesto una demanda civil por reivindicación y les ha cerrado los “caminos reales” o caminos ancentrales que Máxima y su familia usaban para movilizarse a la zona de Sorochuco. En este momento el terreno que la familia posee está totalmente alambrado. Obviamente es derecho de la empresa alambrar sus tierras, pero no impedirle el libre tránsito.
Mirtha Vásquez, abogada defensora de la familia Chaupe, ha interpuesto un hábeas corpus que ha sido rechazado por la jueza de Celendín. Ante esta situación, la defensa ha apelado; pero la empresa ha solicitado una medida cautelar para impedir que Máxima haga cualquier actividad en su terreno y la jueza de Celendín se la ha otorgado. Máxima no solo está impedida de construir siquiera un corral para sus cuyes, sino incluso está impedida de sembrar papas. Hace una semana la empresa entró al terreno de Máxima para destruir los sembríos de papa, hace un mes destruyeron el corral de cuyes y se llevaron los 13 cuyes que ella tenía. La empresa dijo que los tenían “en custodia”, luego le devolvieron ¡nueve animales!
Se trata de una orquestación cuasi sinfónica judicial para que no haya siquiera un resquicio a través del cual Máxima Chaupe y su familia puedan permanecer en su terreno. “Estoy cansada, las autoridades se burlan y encima me denuncian. Me siento avergonzada de que no trabajo, pero si salgo de aquí me desaparecen con todo”, me repite Máxima entre sollozos. Esta lucha es la de David contra Goliat pero, además, con un Estado que canta a coro los himnos de muerte con su pasmosa indiferencia.
—
*Rocío Silva Santisteban (Lima, 1963). Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es Doctora en Literatura por la Universidad de Boston. Ganó el Premio Copé de poesía con su poemario Ese oficio no me gusta (1990). Otras publicaciones: Mariposa negra (1993), Condenado amor y otros poemas (1995) y Turbulencias (2006). En 1994 publica su libro de relatos Me perturbas (1994). Actualmente es periodista y docente universitaria. Además se desempeñó hasta hace poco como secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

¿Qué nos pueden enseñar nuestros ancestros sobre adaptación al clima?

– Aprovechando la riqueza de su patrimonio cultural, Guyana y Perú aplican su conocimiento ancestral para desarrollar un estilo de vida sustentable.
El Perú está mirando a su rica herencia cultural para recuperar la producción de terrazas agrícolas precolombinas, o “pata-pata” en lengua quechua.
Tanto en el pasado como ahora, estas terrazas son una manera de expandir las posibilidades de cultivos, adaptándolos a los cambios climáticos, controlando la erosión y previniendo desastres naturales mientras se garantiza la seguridad alimentaria.
El proyecto es ambicioso. Primero se realizó una lista y luego el georreferenciamiento de 340.719 hectáreas de terrazas a lo largo de las 11 regiones del país. Encontramos que el 75% del “pata-pata” está actualmente en uso, pero en algunas zonas la productividad es especialmente baja debido a su deterioro.
De los agricultores que participaron en la prueba piloto, el 84% ha visto mejorías en sus ingresos gracias al aumento de la productividad y en el caso de la quínoa por ejemplo se duplicó.
Por el momento el BID se enfocará en 16.000 familias que residen en un 6% de dichas terrazas, utilizando los recursos naturales para equilibrar la agricultura hidropónica así como elementos de pequeñas infraestructuras hídricas y a la vez reforzar las capacidades técnicas, promoviendo el conocimiento cultural y creando un sello de “cosecha tradicional” para aumentar los ingresos.
Guyana está implementando un esquema revolucionario de viviendas en el interior del país para mejorar la calidad de vida de las poblaciones indígenas, un grupo caracterizado por altas tasas de desempleo y pobreza. Las viviendas asequibles presentan un problema incluso donde existen los subsidios.
La solución que está siendo probada en dos regiones de Guyana es un sistema en el cual la comunidad afronta el costo de las viviendas nuevas o las mejorías con su propio tiempo y trabajo.
Hasta el momento, 208 familias ya han compartido y preservado conocimientos tradicionales de construcción que se han plasmado en viviendas hechas con materiales locales y asequibles que cuentan con sistemas de saneamiento y agua potable gracias a los sistemas de recolección de agua de lluvia.
Esto es solo el comienzo, pero este tipo de programas pueden generar esperanza por un futuro mejor.
—- Fuente: BID Cambio Clima: http://blogs.iadb.org/cambioclimatico/2015/08/05/que-nos-pueden-ensenar-nuestros-ancestros-sobre-adaptacion-al-clima/

El grito de alarma de la etnia guaraní kaiwá en París

AFP / Jody Amiet - Vista de una parte de la selva amazónica en Guiana francés

Fuente : deperu.com
La deforestación del Mato Grosso del Sur para el cultivo de soja y caña de azúcar está provocando el lento genocidio de los indígenas que habitan ese estado del suroeste de Brasil, denunciaron este miércoles en París miembros de la etnia guaraní kaiwá.

"Estamos aquí para pedir socorro y ayuda, no sólo para los bosques y la naturaleza, sino también por la vida", dijo en rueda de prensa Valdelice Veron, hija de un cacique de la etnia asesinado por un agricultor en 2003.

Al igual que su padre, 299 indígenas de esa comunidad murieron en los últimos 10 años a raíz de los conflictos que genera la expansión de las plantaciones.

"En Mato Grosso del Sur, se está derramando sangre guaraní kaiwá", dijo la portavoz de esta etnia, la segunda población autóctona de Brasil que cuenta unos 45.000 miembros destribuidos en 42.000 hectáreas.

Amenazada de muerte en su país, Veron viajó por primera vez fuera de Brasil compañada por el cacique Natanael Vilharva-Cáceres.

Ambos participaron el martes en la "cumbre de las conciencias", un foro de reflexión convocado por Francia al margen de las negociaciones para un acuerdo global sobre el cambio climático a fin de año.

Acusan de esas muertes a las milicias privadas por los grandes propietarios de las plantaciones de soja y caña.

"Estamos vivos, pero nos están matando de a poco y de muchas maneras", dijo el cacique Vilharva-Cáceres, que ostentaba al igual que Veron la tradicional corona de plumas de su etnia. 

En el banquillo de los acusados están las plantaciones extensivas de soja transgénica que prosperaron impulsadas por la demanda masiva china y las grandes empresas que explotan el "petróleo verde" de los agrocarburantes.

"La soja y el etanol que ustedes consumen están mezclados con sangre guaraní-kaiwá", dijo Veron, que se expresó en portugués, asistida por un traductor. 

A fines de la década pasada se produjo una explosión de la demanda mundial de agrocarburantes como el etanol fabricado con caña de azúcar cuya producción se multiplicó por 6 entre 2000 y 2010, pasando de 19 a 100 millones de metros cúbicos.

La ONG Planète Amazone cita a las transnacionales Raizen, Breyfuss, Bunge, Syngenta y a la franco-suiza Louis Dreyfus Commodities por intermedio de su filial Bioenergía, entre los "causantes de la desgracia de los guaraní-kaiwá".

"Asesinatos, apropiación de tierras, subalimentación, salud precaria, vivienda insalubre, accidentes de trabajo y salarios impagos son cuestión de todos los días para el pueblo guaraní kaiwá", según la ONG.

- Sobre el escritorio de Dilma -

El cacique Vilharva-Cáceres admitió que la Constitución brasileña garantiza los derechos de los pueblos indígenas. "Es sólo un papel, pero al menos está escrito", dijo el líder guaraní, antes de denunciar varios proyectos de enmienda constitucional que amenazan la perennidad de esos derechos.

"La discriminación en Brasil es muy importante", deploró el cacique. "Nosotros a menudo no podemos entrar a un restaurante o pasear libremente por la calle".

Valdelice Veron explicó que el proceso de atribución de tierras a los indígenas se realiza en tres etapas: la identificación antropológica, en la que deben aportar pruebas de que les pertenecen, un análisis por el Tribunal Supremo Federal, encargado de redactar el decreto de demarcación, y el aval final de la presidencia.

"La presidenta Dilma Rousseff es cómplice de estos crímenes porque sobre su escritorio desde hace años hay 22 decretos de homologación en espera de su firma", dijo. 

Los indígenas fueron recibidos el lunes en el palacio presidencial del Elíseo por el ecologista Nicolas Hulot, emisario especial de François Hollande para la protección del planeta y por la tarde tenían previsto defender su causa ante parlamentarios franceses en la Asamblea Nacional.

Ecuador: Marcha indígena cada vez más cerca de Quito

Foto: @EGudynas

Por Jonathan Hurtado
Servindi.- Bajo la atenta mirada del gobierno, la marcha que se inició el domingo en la provincia de Zamora Chinchipe no se detiene en su objetivo de llegar a la capital Quito. Participan en ésta organizaciones indígenas, campesinas, gremios de trabajadores, grupos de jóvenes, entre otros.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), organización que a mediados de julio lanzó la convocatoria, planteó los principales puntos por los que consideraron necesario salir a las calles en un recorrido de cientos de kilómetros con destino al Palacio de Carondelet.
Exigen al gobierno la derogación del polémico Decreto 16 del año 2013, cuestionado desde un inicio porque subordinaría a la sociedad civil al control gubernamental, a través de una serie de cambios al Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS).
Sobre este punto cabe precisar que hace solo unos días, faltando poco para el paro nacional indefinido convocado por los sindicatos para el 13 de agosto, el presidente Rafael Correa dio un paso atrás.
A través de un decreto ejecutivo modificó la polémica norma, lo que no le valió para ganarse la aprobación de las organizaciones, que, por el contrario, se reafirmaron en su denominado “Levantamiento Indígena y Paro Nacional”.
Otra de las críticas fuertes hechas al gobierno tiene que ver con un paquete de 17 propuestas de enmiendas para que lo trate la Asamblea Nacional. Entre ellas figura una sobre reelección indefinida para cargos de mandato popular, lo que incluye el cargo de presidente de la República.
En otros puntos, la marcha busca un cambio en las políticas relacionadas con el medio ambiente.
Según reportes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), que participa en la marcha, un punto central es el rechazo a la minería a gran escala y especialmente a la empresa china ECSA, a cargo del proyecto Mirador.
Este proyecto es visto como aquel que inaugurará la minería a gran escala en la nación.

La marcha

La movilización que se inició el 2 de agosto y que tiene previsto llegar a Quito el 10, partió de Tundayme, en el corazón de Zamora Chinchipe, sur de Ecuador, en plena selva amazónica.
A fin de cumplir con los plazos establecidos, los marchantes se han movilizado a pie y en algunos tramos en buses. Según reportan medios ecuatorianos, en el trayecto a la capital -tiene que recorrer en total ocho provincias- y dependiendo del lugar es grande o menor el apoyo que se ve a la marcha.
Los incidentes con la policía no faltaron y tuvieron que ver con el bloqueo de los vehículos que los trasladaban.
De acuerdo a La República de Ecuador, a su paso por Saraguro (provincia de Loja), Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari, afirmó que “mientras (Rafael Correa) hace declaraciones de guerra, nosotros hacemos la declaratoria de la paz. No le tenemos miedo a Correa y vamos a llegar a Quito”.
Cabe recordar, como señala el mismo diario, que, con motivo de la marcha, Correa llamó esta semana a los militares y policías a “combatir por la Patria sin esperar recompensa” y enfrentar los intentos desestabilizadores “con las armas de la Ley y la Constitución”.

División

Sobre el grado de participación de las organizaciones indígenas no hay un acuerdo. Mientras que la CONAIE señala que la movilización cuenta con el respaldo de la mayoría de indígenas, pronunciamientos surgidos desde diversos frentes -al parecer, incluso desde sus propias bases– ponen en duda que sea así.
Algo de esto se vio ayer viernes a su llegada a Guamote, en la provincia de Chimborazo, a unos 250 kilómetros de Quito. Allí, un grupo de simpatizantes del gobierno acusó a los que marchaban de “golpistas”.
No se trata de un hecho aislado. Desde mucho antes, exdirigentes de la Conaie, como Antonio Vargas, Miguel Lluco y Gilberto Talahua, afirmaron su apoyo al Gobierno.
En Chimborazo, la Confederación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Licto (Coical), a través de su representante, sostuvo que no apoyan la marcha ni el paro convocado para el 13.
Ante este cuadro, tal como informa Ecuavisa, la CONAIE se ha defendido señalando que “el Movimiento Indígena reconoce como únicos aliados históricos a todos los sectores provenientes de las clases populares: trabajadores, estudiantes, maestros y otros gremios que conforman la gran base social popular del Ecuador”.
Por lo pronto, no han estado ausentes los incidentes con la prensa, que acusaron agresiones durante la marcha. Al final del viernes la marcha llegó a la ciudad de Riobamba, ubicada a unos 200 kilómetros de la capital ecuatoriana.

Locas, brujas y pelagatos en defensa de la Amazonia

Alicia Cahuiya (izquierda) y Omari Yeti, defensoras waorani del Ecuador. Foto: Ximena Warnaars

– Somos defensoras desde que dejamos de preguntarnos, como en el Chapulín Colorado, “Y ahora, ¿quién podrá defendernos?” 
Por Ximena Warnaars
- A comienzos de julio de 2015, el equipo de abogadas y antropólogas de ERI Perú participó del Encuentro de la Red de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Medioambientales realizado en Quito.
El evento fue una excelente oportunidad para conocer las valientes historias y frustrantes testimonios de mujeres indígenas defensoras de los derechos humanos y el medioambiente provenientes de Honduras, Guatemala, México, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Uruguay.
Esta red internacional nació con el propósito de visibilizar los impactos de la minería sobre las mujeres, apoyar sus luchas, cuestionar el sistema colonizador de los pueblos, sus territorios y la naturaleza, y el voraz saqueo de los recursos minerales en beneficio de las corporaciones mineras.
Los detalles de cada historia varían según el tipo de represión, actividad extractiva, afectación de los territorios, daños ambientales y a la salud humana. Pero una cosa tienen en común: sus adversarios siempre las califican de “locas y brujas que defienden a unos pocos pelagatos”.
No es noticia que las actividades extractivas a gran escala como el petróleo y la minería provocan daños ambientales irreparables. Muchas veces, estas industrias vienen acompañadas de conflictos sociales, acciones de resistencia y campañas de cabildeo por parte de las comunidades afectadas.
También ellas se movilizan para visibilizar situaciones de tremenda injusticia social a nivel internacional. Con ERI esta semana solicitaron una audiencia temática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para dar a conocer la situación de represión que viven las mujeres defensoras en el Ecuador.
Muchas compañeras cuentan que se vieron obligadas a jugar un rol público más protagónico frente a la frustración por la creciente corrupción de los líderes hombres, quienes “son capaces de vender su conciencia y nuestras tierras”.
Las mujeres salen a la calle con sus wawas en las espaldas, dejando otros hijos pequeños en casa y sus chacras desatendidas para defender los territorios.
Si para los líderes, abogados y activistas hombres la defensa de los derechos humanos y el medioambiente es un camino plagado de retos, las defensoras enfrentan esos mismos retos y muchos más, por el hecho de ser mujeres.
La visita a Ecuador me hizo pensar que, como mujeres, no debemos esperar que un príncipe azul, verde o rojo salve a la Madre Tierra. Somos defensoras desde que dejamos de preguntarnos, como en el Chapulín Colorado, “Y ahora, ¿quién podrá defendernos?”
Quizás los críticos no contaban con nuestra astucia. Pero nosotras sí. Contamos con nuestros propios saberes de locas y brujas, de madres y abuelas, gordas y flacas, sanas y enfermas, y las mil formas en que decidimos ser mujeres defensoras.
—- Publicado originalmente en: http://www.earthrights.org/es/blog/locas-brujas-y-pelagatos-en-defensa-de-la-amazonia

“Las Juntas de Buen Gobierno nos están diciendo que ya se necesita otra instancia”, Subcomandante Moisés

Chiapas México. “Los compañeros de las Juntas de Buen Gobierno nos están diciendo que ya se necesita otra instancia”, compartió el Subcomandante Insurgente Moisés del EZLN, el pasado mes de mayo, durante el Seminario semillero: El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista.
El vocero zapatista abundó que cuando la Junta de Buen Gobierno (JBG), se formó “empezó a controlar los municipios para que sea parejo, igual”, los proyectos realizados en las comunidades autónomas. Ahora otra vez como JBG, se están dando cuenta que “no es igual”, abundó Moisés, porque “unos sí tienen más proyectos porque están más a la mano, en pie de carretera o más cerca y los otros que están muy lejanos, no”.
“Los compañeros ahora dicen: ya es su momento que tiene que haber otra instancia, porque vamos a tener que empezar a actuar en la resistencia y rebeldía, ahora sí que inter zonas, todos los miles de zapatistas tienen que luchar con resistencia y rebeldía, entonces se tienen que organizarse”, añadió el rebelde chiapaneco con respecto a lo que en las diferentes JBG le han comentado.
“Tenemos que someter en la asamblea y en la compartición de las zonas, ahí se tiene que discutir si ya es momento que tenemos que formar otra instancia, porque además estamos organizando esta resistencia y rebeldía contra esta tormenta que viene”, afirmó el Subcomandante Moisés.
Lejos de la coyuntura electoral del suroriental estado de México, los insurgentes chiapanecos se preparan para celebrar este ocho de agosto, el doceavo aniversario de los Caracoles Zapatistas y sus Juntas de Buen Gobierno, en cada una de sus cinco cedes, La Realidad, Oventik, Morelia, La Garrucha y Roberto Barrios.
Otra de las formas en como las comunidades autónomas han demostrado su organización, ha sido mediante la escuelita zapatista, cuyo segundo nivel se realizó a distancia el pasado 31 de julio y uno y dos de agosto, mediante un video, donde un grupo de “maestros y maestras zapatistas especiales”, continuaron con el curso iniciado en el 2013.
Fuente: Resistencia y Rebeldía I. Subcomandante Insurgente Moisés. 6 de mayo de 2015.

Comunero Mapuche Cristian Levinao se pronuncia en un vídeo desde la clandestinidad y reitera inocencia

CLANDESTINIDAD/ Mediante un vídeo enviado desde la clandestinidad a werken.cl el comunero mapuche Cristian Levinao asegura que él se encuentra bien y explica que decidió fugarse de la CET de la cárcel de Angol por que él es inocente y y por haber hecho victima de un montaje político del ex fiscal Chamorro.

Recordemos que  Levinao, el pasado 15 de julio se fugó desde el CET de Angol, Al momento de su escape, se encontraba cumpliendo una condena de 10 años de presidio por el delito de robo con intimidación que le fueron inculpado por una estrategia orquestada entre el ministerio publico representada por Chamorro y los latifundista de la zona de la Araucania.

En el video Levinao expresa que “A mí me persiguen porque estoy llevando un proceso de reivindicación de tierras a la comunidad y eso no lo niego. (En el CET) estaba viviendo hostigamiento por parte de funcionarios de gendarmería, por eso también decidí de echarme en la clandestinidad”
Además, en el video el comunero instó a continuar con la causa mapuche en pie. “Hago una llamado a que sigan con el proceso de reivindicación de tierras, porque sabemos que es una causa justa, no tengamos miedo de seguir luchando y a seguir alzando la voz”.

Guatemala: Mujeres indígenas que se oponen a la minería son criminalizadas

Fotos: Oxfam

Servindi.- Mujeres indígenas de Guatemala que se oponen a la presencia de proyectos mineros en sus comunidades denunciaron la situación de criminalización que afrontan por parte del Gobierno y empresas, así como la discriminación de la que son objeto al interior de sus comunidades.
En el foro público denominado “Mujeres en Defensa de la Vida, el Agua y el Territorio”, realizado en Guatemala, con el apoyo de la organización Oxfam, mujeres víctimas de acoso y persecución judicial relataron parte de su lucha contra las grandes empresas.
Es el caso de Crisanta Pérez, de la comunidad San Miguel Ixtahuacán, en el departamento de San Marcos, que denunció las violaciones a los derechos humanos de su comunidad cometidos por la transnacional canadiense Goldcorp y su proyecto minero Marlin.
Crisanta es parte del grupo de ocho mujeres de la comunidad que fueron “perseguidas durante cuatro años” y detenidas por oponerse al proyecto que contaminó fuentes de agua y afectó la salud de la población, lo que fue demostrado a través de estudios hechos por la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) de la Diócesis de San Marcos.
El referido análisis descubrió altas concentraciones de cobre, aluminio, manganeso y arsénico en los ríos Quivichil y Tzalá.

Crisanta Pérez

Sentenciada en Canadá

Otro testimonio de violaciones a derechos humanos fue relatado por Angélica Choc, del municipio de El Estor, en el departamento de Izabal.
Se trata del proyecto minero Fenix, de la empresa rusa Solway Investment Group, que actualmente es operado por su subsidiaria Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN).
Angélica relató que desde que la empresa se hizo cargo del proyecto, en 2011, se han reportado casos de abuso sexual contra mujeres de la comunidad, entre otras agresiones que incluyen la destrucción de propiedades.
Sin embargo, su lucha empezó dos años atrás, cuando su esposo, Adolfo Ich Chamán, fue asesinado, según ella, por personal de la empresa.
En aquellos años, la mina era operada por la transnacional canadiense HudBay Minerals, que cometió una serie de violaciones a los derechos humanos de los comuneros, y por lo cual fue llevada a tribunales canadienses y hallada responsable por la Corte Suprema de Justicia de Toronto.
“Esta lucha que hago no es de ahora, esta lucha la traigo en la sangre y la seguiré haciendo para seguir logrando justicia”, señaló Angélica.

Balas en el cuerpo

Por su parte, Yolanda Oquelí , de San José del Golfo, empezó su activismo desde el año 2010, cuando la comunidad se enteró de los planes mineros del proyecto El Progreso Derivada VII, operado por Exmingua, subsidiaria de Kappes, Cassiday & Associates (KCA).
En marzo de 2012, la comunidad realizó su primer plantón pacífico, haciendo visible la lucha contra la minera con una resistencia que tenía mujeres en el frente, relató.
Sin embargo, Yolanda sufrió un intento de asesinato en junio del mismo año. Fue agredida por desconocidos, quienes le dispararon. El hecho le ha dejado hasta la actualidad dos balas alojadas en el cuerpo.
Días antes del atentado, Oquelí García y otros líderes sociales habían presentado una serie de denuncias ante el Ministerio Público por recibir intimidaciones y amenazas al ejercer su derecho a la resistencia pacífica.
El atentado motivó que la organización Amnistía Internacional se pronunciase y exigiera que se investigue el caso.
Asimismo, la organización demandó al Gobierno de Guatemala que consulte a los pueblos sobre las iniciativas extractivas, como lo disponen el Código Municipal y los instrumentos del derecho internacional.
Pese a la intimidación y agresiones, la resistencia al proyecto sigue vigente, dice la lideresa.
“Hasta el día de hoy, a pesar de tanta represión que ha habido para la resistencia, y gracias a las comunidades y a la gente que hace sus turnos, la resistencia de La Puya sigue en pie”, afirmó.

Yolanda Oquelí

La otra lucha

Yolanda se pronunció también contra el machismo que muchas veces existe dentro de las organizaciones indígenas y campesinas y se hace visible en el marco de las luchas ambientales.
“En esta defensa de la vida duele también cuando no solo tenemos que pelear contra la empresa, no solo tenemos que pelear contra el Gobierno, sino muchas veces también contra los propios compañeros por el machismo”, afirmó.
Consideró que las mujeres defensoras del ambiente sufren mayor impacto en la lucha porque también están pendientes del cuidado de sus hijos y familiares y porque son objeto de críticas cuando están al frente de movimientos y consiguen victorias.
“Es muy difícil la difamación, que tanto las empresas como el gobierno nos hacen, cuando creen que nuestra participación puede ser manipulada, sólo por el hecho de ser mujer”, anotó.