"Para Tod@s, Todo. Para Nosotr@s NADA" web de solidari@s con la insurgencia chiapaneca y las luchas indigenas en Venezuela y otras partes

23 nov 2015

RvsR: Feliz cumpleaños EZLN: 32 años mirando un horizonte

El 17 Noviembre de 1983 es una fecha entrañable que convoca a la memoria, a la historia y a la rebeldía. Son ya muchas las lunas que han testimoniado el empecinamiento de mujeres y hombres a lo largo de este extenso lugar en el tiempo y de este prolongado andar en tantos espacios.
Gracias compañeras y compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional por compartirnos generosamente un presente de lucha diferente. Un presente siempre es un regalo, en este caso, el de provocarnos el coraje de retomar la capacidad de decidir el qué, el cómo y el con quiénes queremos construir nuestras vidas y mundos en colectivo.
De su experiencia organizativa seguimos aprendiendo. Desde sus inicios ustedes han demostrado que se puede conjugar la teoría y la práctica de manera consecuente, con la imprescindible compañía de la ética y lo imposible, para así intentar llegar a la transformación cabal de las distintas realidades que padecemos y vivimos.
Nunca con mentiras, jamás con engaños, sino, por el contrario, con la claridad de sus pensamientos y de sus acciones, han andado, nos han acompañado. Son actualmente uno de los referentes globales más importantes contra del sistema capitalista y uno de los movimientos políticos cuya organización apunta a la construcción de otro mundo y otra vida ajena a la guerra, la destrucción y la muerte. Compañeras y compañeros zapatistas ustedes son para millones de personas en el mundo un ejemplo, una inspiración, una historia viva que de día y de noche sigue adelante.
No olvidamos que la semilla que hoy festejamos la dieron a conocer peleando, tomando plazas y ciudades de manera organizada, desafiando al enemigo, derrumbando los muros y los tiempos del poder. Estamos convencid@s que sin el trabajo paciente y callado de compañeros como Don Luis Villoro y el Maestro Galeano, resultaría impensable que en un mismo tiempo y espacio se encontraran así mismas cinco generaciones de mujeres y hombres con un horizonte en común. Con esto se demuestra que la sencillez y el sigilo son la raíz del sonido que puede hacer resurgir al mundo.
Recordamos también que sus enseñanzas han alcanzado tamaños y dimensiones que difícilmente podríamos expresar tan sólo unas líneas. La complejidad de sus comunidades, el trabajo colectivo y cotidiano que se vive en ellas, dan cuenta que la autonomía es un proceso que va y viene constantemente, cargado siempre de preguntas, a veces encontrando sus asideros en la producción material o intelectual de la vida, pero siempre en la rebeldía, la resistencia y la organización.
Hoy de nueva cuenta ustedes nos lanzan una advertencia: la tormenta política, económica e ideológica que ya está se hará más fuerte y la crisis integral del capital nos golpeará a millones de seres humanos. En cada una de sus escuchas, miradas y voces nos insisten en el diálogo con vecinos, familiares, compañer@s de escuela y trabajo; su experiencia nos dice que hay que ir más allá de la clase política, que el camino del poder no tiene remedio, está acabado y que tenemos que construir con la gente de a pie desde su espacio de vida, en el barrio, la comunidad, la familia, la escuela o el centro de trabajo el futuro que nos corresponde.
Compañeras y compañeros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, desde la Red contra la Represión y por la Solidaridad queremos expresarles que seguimos empeñad@s con los compromisos adquiridos junto con ustedes como adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, iniciativa que se alimenta con la experiencia del ejercicio del Pensamiento Crítico como arma contra la Hidra Capitalista.
Pero principalmente queremos abrazarlas y abrazarlos, decirles que no l@s olvidamos, que no están sol@s. Que su lucha ha sido y será el motor de otras más. Somos muchas y muchos los irreductibles que hemos decidido a organizarnos con otr@s.
Hoy la roja estrella y su bandera negra están de fiesta, algo que también hemos aprendido de sus comunidades es contagiarnos de esa alegría. Por ello, celebramos con gusto los 32 años de este camino insurrecto pero tambien nos felicitamos a nosotr@s por tener como maestr@s y compañer@s a las comunidades indígenas zapatistas, mismas que son raíz y fruto de los sueños y anhelos de libertad, justicia y democracia.
¡Vivan las comunidades indígenas zapatistas!
¡Vivan las Bases de Apoyo Zapatistas!
¡Viva la Escuelita Zapatista!
¡Vivan las Juntas de Buen Gobierno!
¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional!
¡Contra el despojo y la represión: ¡la Solidaridad!
Red contra la Represión y por la Solidaridad
(RvsR)

17 nov 2015

Mujeres indígenas de América plantean nuevos desafíos en Guatemala

VIIencuentro
Por Pamela Leiva Jacquelín
IWGIA.- Con una amplia agenda de debate por delante, se inauguró el VII Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA). Alrededor de 300 lideresas de 22 países del continente americano se reunieron hoy en Guatemala con el objetivo de compartir buenas prácticas y experiencias en cuanto al reconocimiento de sus derechos.
A través de grupos de trabajo, representantes indígenas de diferentes pueblos y étnias debatirán acerca de salud sexual y reproductiva, violencia y discriminación, participación política, cambio climático, derecho a la comunicación y acceso al territorio. El debate busca compilar recomendaciones para los Estados, organizaciones internacionales y el movimiento indígena en su conjunto.

Diálogo constructivo para alcanzar metas

La inauguración del Encuentro se llevó a cabo luego de una ceremonia espiritual Maya en el territorio ancestral de Kaminal Juyú.
Allí, representantes locales del pueblo Maya guiaron el ritual con el objetivo de agradecer los 20 años recorridos con ECMIA en la lucha por efectivizar los derechos de las mujeres indígenas en la región.
Durante casi cuatro horas de ceremonia, las lideresas reflexionaron en cuanto a la necesidad de unidad y diálogo constructivo para alcanzar metas conjuntas.
Las palabras de bienvenida durante la inauguración oficial estuvieron a cargo de Rosalina Tuyuc Velásquez representante de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), Tarcila Rivera Zea representante de Chirapaq y la reconocida líder indígena Guatemalteca Rigoberta Menchú.
También estuvieron presentes representantes de la Embajada de Canadá y Suecia, junto con la Presidenta de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala Gloria Patricia Porras Escobar, la Alcaldesa indígena de Nebaj Ana Lainez, la representante del Programa de Naciones Unidas en Guatemala Valerie Julliand y la representante de ONU Mujeres en Guatemala María Machicado.
“Desde Guatemala les decimos a todas las hermanas, con el corazón lleno de esperanzas, que alcancemos todas las metas que nos propusimos”, abrió la representante de CONAVIGUA. Mientras que la Subsecretaria Presidencial de la Mujer, Clotilde Vásquez Lucas, llamó a buscar “conclusiones que respondan a transformar realidades en las comunidades”.
Por su parte la Presidenta de Chirapaq, Tarcilia Rivera Zea, remarcó que son los países nórdicos los que siempre han respaldado de forma efectiva las demandas de los pueblos indígenas dentro del sistema de Naciones Unidas.
También agregó que el camino para llegar al VII Encuentro ha sido largo y en ese caminar ha llevado casi 10 años para definir el significado de la libre determinación para los pueblos indígenas.

Pluralidad de voces nutrirán el debate

Minutos después de la apertura, varias de las representantes de las delegaciones de ECMIA presentaron su perspectiva de abordaje para el encuentro y calificaron de positivo todos los esfuerzos llevados a cabo para posibilitar el Encuentro Continental.
La activista de derechos humanos Otilia Lux de Coti tuvo palabras alentadoras para todas las participantes: “De aquí van a salir transformadas. Van a salir con herramientas y fortalezas para llevar ideas, conocimientos y experiencias exitosas a sus comunidades”.
En cuanto a la delegación Norte de ECMIA, la representante de Estados Unidos Rosalee Gonzalez de Red Xicana Indígena agregó que es la primera vez que ésta región del continente trae al Encuentro representantes de todos los pueblos.
Para ella la posibilidad de contar con la presencia de diversas representantes “reafirma la unión como enlace”.
Representando a la delegación Sur, Eva Gamboa de CONAMI, resaltó los avances concretos alcanzados mediante el trabajo conjunto. La representante de la región Chaqueña ejemplificó que “ahora se respetan las autonomías de los pueblos indígenas en cuanto a la realización de sus propios rituales en espacios públicos”.

El gran desafío: el legado a las próximas generaciones

Para el cierre del primer día del Encuentro, Rigoberta Menchú llevó a cabo una conferencia magistral donde hizo un recuento del camino recorrido por el movimiento indígena y específicamente la lucha de las mujeres.
La lideresa puso énfasis en la necesidad de educar a las nuevas generaciones a través de las experiencias de las mujeres y su sabiduría.
“Hoy nos toca un traspaso intergeneracional de poderes”, señalo Menchú al comienzo de su ponencia. Para ella este poder se describe en términos de espiritualidad ancestral, pertenencia identitaria y respeto. Subrayó también la necesidad de transmitir los saberes devenidos de las experiencias colectivas de organización para potenciar los saberes con los que ya cuenta el movimiento de mujeres indígenas.
“Debemos realizar recomendaciones cortas y darle viabilidad a nuestro poder como mujeres, pero sobre todas las cosas queremos proyectar nuestra felicidad como mujeres y como pueblos”, cerró.

Comunidades indígenas deben ser indemnizadas y compensadas por los daños ambientales


Servindi.- Las comunidades afectadas por 43 años de contaminación por la actividad petrolera en los lotes 1AB y 8 “deben ser indemnizadas, compensadas, o, para mejor comprensión, equilibradas, con el patrimonio del dañador, en este caso, con el patrimonio de la empresa Pluspetrol Norte S.A.”
Así lo fundamenta Vidal Ccoa Mamani quién desde la perspectiva del derecho civil observa que existe un menoscabo de los bienes patrimoniales y extrapatrimoniales de las comunidades.
A continuación el artículo en referencia:

Responsabilidad por los daños ambientales por contaminación y pueblos indígenas del lote 1ab y lote 8 en el departamento de Loreto

Por Vidal Ccoa Mamani*
Desde el ámbito del Derecho civil, para abordar los daños ambientales por más de 43 años en el Lote 1AB y 8, selva norte del Perú, producidos de manera continuada en el territorio de los pueblos indígenas de la amazonia, a estas alturas, de lo único seguro que podemos estar es que existen daños, aunque no sabemos con exactitud la magnitud de estos daños.
Desde el ámbito del Derecho civil, nos interesan aquellos daños ambientales que afectan a la persona, sus bienes patrimoniales y extrapatrimoniales, jurídicamente tutelables. Sabemos que la Responsabilidad civil extracontractual tiene por finalidad la reparación del daño, reparación en el sentido de equilibrar el patrimonio del dañado o perjudicado (las comunidades indígenas) con el patrimonio del dañador (la empresa Pluspetrol Norte S.A.) y por supuesto este daño debe ser cierto y afecte a una persona (natural y jurídica) determinada.
Con este fin, señalaremos algunos de los últimos hechos sucedidos y debidamente documentados, entre ellas tenemos desde el Legislativo dos informes sobre la situación ambiental y social en las cuencas afectadas (Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón) por la actividad petrolera.
El Congreso, en su informe final del año 2012, hace constar que los Programas de Vigilancia Territorial Indígena han identificado, a julio del 2012, 25 pasivos ambientales no remediados, todas en el lote 1AB. A su vez, la propia empresa Pluspetrol Norte ha informado, a la comisión del Congreso que, entre el 2011 y 2012 se han vertido 2644 barriles de crudo, afectando un área de 22, 510 m2 aduciendo que la causa sería atentados por personas ajenas a su operaciones(1).

Lote1ABFoto: Andina
Por otro lado, desde el Ejecutivo tenemos, consecuencia de una movilización pacífica de la población quechua del río Pastaza, el año 2011, la constitución de una Comisión Multisectorial mediante Resolución Suprema N°200-2012-PCM. Esta comisión, conformada por diversos organismos administrativos competentes, realizados los estudios técnicos ambientales, emitió tres resoluciones ministeriales en las que se declaró la emergencia ambiental de las tres cuencas (río Corrientes, Pastaza y parte alta del río Tigre)(2)

“por existir riesgo significativo a la salud de la población por las elevadas concentraciones de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos que superan los estándares ambientales nacionales, los cuales estarían asociados al impacto ambiental ocasionado por la actividad hidrocarburífera en las zonas”.
Siendo 34 las comunidades afectadas por la contaminación que genera la actividad hidrocarburifera en esa zona; cabe mencionar que las comunidades afectadas por la misma causa, ubicadas en las riveras del río Marañón, aún esperan similar declaratoria.
Un video que muestra la realidad:



Señaladas estas pinceladas de evidencia de daños ambientales, desde el Derecho Civil nos interesa identificar los daños ambientales que vulneran bienes o intereses jurídicos de las personas en su entorno patrimonial y extrapatrimonial.
Los daños patrimoniales serían, de lo expuesto en la parte superior, los 25 pasivos ambientales no remediados, los 2644 barriles de crudo vertidos que han afectado un área de 22, 510 m2. Como podemos evidenciar, el bien jurídico patrimonial tutelado sería el territorio de las 34 comunidades afectadas.
Y por supuesto se ven reforzados estos daños patrimoniales por las declaratorias de emergencia ambiental que advierten la existencia de

“riesgo significativo a la salud de la población por las elevadas concentraciones de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos que superan los estándares ambientales nacionales, los cuales estarían asociados al impacto ambiental ocasionado por la actividad hidrocarburífera en las zonas”.
¿Y cuáles serían los daños extrapatrimoniales? Para responder esta pregunta es necesario definir qué son los daños extrapatrimoniales, según Albert Ruda González(3), quien en su análisis de la responsabilidad extracontractual por daños ambientales en el caso del hundimiento del barco petrolero Prestige en los mares de España, insiste que en materia de responsabilidad extracontractual por daños ambientales, se persista ante los tribunales la reparación por daños morales. Con esto quiero decir que comparto la definición de daños extrapatrimoniales como daños morales que para Albert Ruda sería el “sufrimiento o dolor causado a alguien”, “se trata de daños a las creencias, a los sentimientos, la estima social, la salud psíquica y similares”.
Dicho esto, consta a quienes hemos trabajado directamente con las comunidades afectadas por la actividad petrolera en el lote 1AB (ahora 192) y lote 8, los “sufrimientos o dolores” causados a los indígenas de esa zona, los daños a sus creencias en el yacumama (cochas – lagunas), en el bosque, su salud psíquica afectada por estos daños ambientales. Sin embargo a fin de acreditar estos daños será necesario ofrecer como medios probatorios, pericias antropológicas, estudios psicológicos de profesionales conocedores del sector, estudios sociológicos, testimonios como las que se puede acceder vía internet (video: Muerte en Sion)(4).
A manera de conclusión, las comunidades afectadas por 43 años de contaminación por la actividad petrolera en los lotes 1AB y 8, son víctimas, cuyo menoscabo de sus bienes patrimoniales y extrapatrimoniales deben ser indemnizadas, compensadas, o, para mejor comprensión, equilibradas, con el patrimonio del dañador, en este caso, con el patrimonio de la empresa Pluspetrol Norte S.A.
Bibliografía:
(1) Congreso de la República del Perú, Comisión de Pueblos, Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Grupo de Trabajo Sobre la Situación Indígena de las Cuencas de los Ríos Tigre, Pastaza, Corrientes y Marañón, disponible en http://www2.congreso.gob.pe/sicr/comisiones/2011/com2011pueandamaaframbeco.nsf/pubs1foto/7C6EA2CE879846F505257A440053CE21/$FILE/INFORME_FINAL.PDF  01/periodo legislativo 2011 – 2012, p. 126
(2) Resolución Ministerial Nº 370-2013-MINAM, Declaratoria de Emergencia ambiental de la Parte Alta del Rio Tigre. 29 de Noviembre, 2013; Resolución Minnisterial Nº 094-2013-MINAM, Declaratoria de Emergencia ambiental de la cuenca del Rio Pastaza. 22 de Marzo, 2013; Resolución Ministerial Nº 263-2013-MINAM, Declaratoria de Emergencia ambiental de la cuenca del Rio Corrientes. 06 de Setiembre, 2013.
(3) Albert Ruda González, “La tipología de los daños causados por el Prestige”, en María Paz García Rubio (Coordinadora),  La responsabilidad por los daños causados por el hundimiento del Prestige, Iustel, Madrid, Pág. 56
(4) https://www.youtube.com/watch?v=AJz23hZZefM

* Vidal Ccoa Mamani, Quechua puneño; realiza un Doctorado en Derecho Privado Patrimonial de la Universidad de Salamanca – España. Trabajó como asesor de federaciones de comunidades indígenas de la Amazonía.

Wayúu en la frontera: “Todos los día tenemos que pelear con el Ejército”

Sailyn Fernández

En Guarero, a pocos kilómetros de la línea fronteriza en el municipio Guajira [Edo. Zulia], está ubicada la parada de los autobuses de la línea Metromara que cubré la ruta  asignada para el llamado corredor humanitario habilitado por el gobierno nacional para la población wayuu.

Este corredor se instaló luego del  anuncio  del cierre de la frontera el pasado 7 de septiembre del 2015, dicho paso peatonal se habilitó con la finalidad de evitar que el pueblo indígena quedará totalmente incomunicado y dividido por la frontera, por lo que se les garantiza el paso por ahí luego de cumplir varios protocolos de seguridad impuestos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB),  organismo que se encarga de resguardar la zona.

Los autobuses que se utilizan para el traslado tienen en un horario establecido de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y tienen una capacidad para transportar entre 40 a 60 personas,  haciendo un recorrido de aproximadamente 3 kilómetros hasta llegar al último poblado de la zona fronteriza en el sector La Raya.

En esta unidad vehicular se encuentra un funcionario de la GNB que supervisa que las personas que abordan este vehículo tengan rasgos indígenas o pertenezcan a la etnia;  así como también se aseguran que quien aborde debe llegar hasta la parada final ya que los autobuses no hacen ningún tipo de parada durante su recorrido.

Sin embargo, en esta zona existen 6 comunidades que cuenta con un aproximado de 340 familias, cuyos habitantes manifestaron que deben ingeniárselas para poder circular dentro y fuera de sus sectores, ya que existen varios puntos de controles del Ejército Venezolano que restringen la circulación en el área.

A más de 62 días del cierre de la frontera la población que habita en el ámbito del corredor humanitario denuncia que  se les viola el derecho al libre tránsito, violación de su uso, costumbre y tradiciones.

“Ahí hay un bus rojo que no nos traslada, tenemos que caminar durante varias horas”, aseguró uno de los pobladores.

La convivencia con los militares degenera en conflictos constantes para quienes tienen que transitar en sus en su propio territorio.

“Peleando para salir, peleando para entrar, todos los día tenemos que pelear con el Ejército”, comentó Del Valle González.

“No nos dejan salir con nuestros vehículos, allá exigen carta de residencia y si no la tenemos no podemos salir”, añadió.

Mientras que se extiende otros 60 día el estado de excepción, la población vive en una especie de zona en reclamo, ya que los habitantes tienen que exigir constantemente sus derechos como indígena y como venezolanos que habitan en esta zona fronteriza.

[Tomado de http://www.derechos.org.ve/2015/11/13/noticias-fe-y-alegria-todos-los-dia-tenemos-que-pelear-con-el-ejercito/.]

13 nov 2015

Presentan plataforma que muestra problemática de tierras indígenas a nivel global

LanMark
Servindi.- Ante un auditorio numeroso, el martes 10 de noviembre se presentó en Lima la Plataforma Global de Territorios indígenas y Comunitarios LandMark, plataforma interactiva que da cuenta de forma detallada sobre las principales amenazas y presiones que existen hacia las tierras de los pueblos originarios en todo el mundo.
De igual modo contiene información sobre los niveles de seguridad jurídica que existen sobre dichas tierras.
Se trata de “un esfuerzo por volver transparente y visible la situación de éstas a nivel global”, explicó Richard Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común (IBC), organización que participó en la construcción de la citada plataforma junto a otras instituciones de diversos países.
Destacó que esta nueva herramienta se presenta en un contexto en el cual “la protección de los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades rurales a sus tierras está en la agenda de los gobiernos, de las organizaciones, de la sociedad civil y de las agencias de desarrollo tanto públicas como privadas.”
No obstante, cuestionó que pese a ello las comunidades se mantienen hoy invisibles y sumamente vulnerables.
Richard_SmithRichard Smith, director ejecutivo del IBC
“LandMark es un producto colectivo que inició como un sueño en una reunión de 18 expertos” en Italia en el año 2012, relató Smith. Participaron en su cimentación 13 organizaciones de países como Indonesia, Inglaterra, India, Italia, Filipinas, Francia, Kenia, EE.UU. y los países amazónicos.
LandMark le da voz a los pueblos indígenas para que digan “aquí estamos, éstas son nuestras tierras y somos muchos en el mundo”, se destacó durante la presentación.
Una vez en el sitio web de la plataforma, Smith hizo una demostración de lo que ésta ofrece. Por ejemplo, con la ayuda de los mapas se puede apreciar con gran exactitud las zonas donde habitan los pueblos indígenas y las comunidades rurales.
“Le estamos diciendo al mundo (con esta plataforma) que estas tierras no son libres ni sin uso”, enfatizó en representante del IBC.
ErmetoTuestaErmeto Tuesta, experto en SIG. También estuvieron el experto en temas de hidrocarburos Humberto Campodónico y el abogado constitucionalista Juan Carlos Ruiz Molleda
Consideró en otro momento que LandMark es una obra en proceso y que poco a poco se sumará más contenido. Esto dependerá, en algunos casos, de que la información se halle disponible.
A su turno, Ermeto Tuesta, especialista awajún en Sistemas de Información Geográfica (SIG), también del IBC, destacó el valor de esta plataforma.
“Esta información confiable sirve para hacer proyectos más reales y también sirve para afirmar los derechos al territorio de los pueblos indígenas”, explicó.
En otro momento, destacó la importancia del trabajo de campo para la correcta elaboración de los mapas. Asimismo, informó que en el caso de Perú a la fecha se ha georreferenciado aproximadamente el 95 por ciento del total de comunidades nativas.
Cabe precisar que la mañana del martes, en Washington, Estados Unidos, esta misma plataforma también contó con una ceremonia de presentación.
PlataformaLandMarkPublicoPúblico participó con sus comentarios y preguntas
Puede acceder a la plataforma haciendo clic en el siguiente enlace:

Informe revela altos índices de analfabetismo en niños y adolescentes indígenas de Panamá

DEFICIENCIA-Varios-estudiantes-indigenas-PRENSAArchivo_LPRIMA20150629_0196_25Foto: prensa.com
Servindi.- Las cifras de analfabetismo en comarcas indígenas que muestra el último “Atlas de Desarrollo Humano Local: Panamá 2015” elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) son alarmantes.
Según este informe, más de 21 mil niños, niñas y adolescentes indígenas panameños entre los 4 y 17 años de edad que viven en provincias y comarcas no asisten a la escuela.
Entre los principales obstáculos que evitan su desarrollo educativo se menciona el trabajo infantil, la falta de ingresos y las largas distancias que deben viajar para llegar a la escuela.
El informe explica que esta situación se explica en parte en la reducida cobertura estatal que se le da a la educación secundaria en áreas rurales e indígenas y en el ingreso temprano al mercado laboral.
En declaraciones recogidas por el diario La Estrella, Nelva Reyes, secretaria general de la Central General de Trabajadores, pidió al Ministerio de Educación poner más atención a los resultados de los estudios sobre educación como el difundido por el PNUD.
pnudpanama
“Se requiere una mejor infraestructura educativa. Hay que pensar en internados en las comunidades indígenas”, propuso.

Otros análisis

El estudio del PNUD también revela una alta tasa de desigualdad de la riqueza y de la productividad económica entre las comarcas indígenas y las provincias del país.
Esto se ve en los casos de las comarcas Ngäbe Buglé, Guna Yala y Emberá Wounann que tienen índices de pobreza multidimensional y vulnerabilidad de 98%, 90% y 80%, respectivamente, a diferencia de las provincias de Panamá, Los Santos, Herrera y Colón que presentan un índice menor a 10%.
Puede acceder al informe haciendo clic en el siguiente enlace:

11 nov 2015

Campaña exige que hidroeléctrica española abandone territorio indígena en Guatemala



Servindi.- En base a una serie de cuestionamientos que incluyen el encarcelamiento de varios líderes indígenas, organizaciones de la sociedad civil lanzaron una campaña para exigir se cancele la construcción de una hidroeléctrica de la empresa española Ecoener-Hidralia.
Según explicaron las organizaciones Alianza por la Solidaridad, Amigos de la Tierra y Mujeres de Guatemala, dicha construcción ha ocasionado desde el 2008 graves conflictos, tantos sociales como ambientales, en el municipio de Santa Cruz de Barillas, en el noroeste de Guatemala.
A la citada empresa se le acusa de apropiarse del agua del río Canbalam, afectando el derecho a este recurso de miles de personas.
De acuerdo al sitio web Consumer.es, al menos la fase de construcción ocasionó diversos impactos a los pueblos indígenas Q’anjob’al, Chuj, Akateko y Popti’.
Se habla de movimientos de tierra, inundación de una amplia zona, pérdida de biodiversidad y destrucción de sitios sagrados.
Según el portal web, en mayo de 2011 el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala concedió a la empresa Ecoener-Hidralia una autorización para construir la Hidroeléctrica Canbalam I.
Dicho permiso le dio vía libre a la instalación de una unidad generadora y la empresa construyó un cerco con malla y postes en el que se colocaron minas antipersona, explica el medio.
A la fecha, debido al mayoritario rechazo que generó el proyecto y a la actuación del Gobierno, han sido encarceladas este año dos líderes opositores. Sobre ellos pesan penas de más de 30 años.
De otro lado, el 2012, producto del rechazo se produjo la muerte de un dirigente comunario.
Con la campaña las organizaciones no gubernamentales exigen que Ecoener-Hidralia abandone el territorio de Barillas, y retire las acusaciones penales contra las personas defensoras del medio ambiente.
Para conocer más de la campaña y sumarse hacer clic en el siguiente enlace:

10 nov 2015

Lanzarán plataforma de información global sobre territorios indígenas y comunidades

lanzamiento – Lanzamiento será simultáneamente en Lima y Washington.
Servindi.- El martes 10 de noviembre se realizará el lanzamiento mundial de Landmark-Plataforma Global de Territorios indígenas y Comunitarios, que reúne mapas e información clave sobre las tierras que son propiedad colectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales del mundo.
La plataforma será lanzada simultáneamente en Lima y en Washington DC. El evento de Lima será organizado por el Instituto del Bien Común (IBC), una de las organizaciones impulsoras de la iniciativa y tendrá lugar en el hotel Casa Andina, Av. La Paz 463, Miraflores, a las 6 de la tarde.
En Washington DC, el lanzamiento estará a cargo de World Resources Institute y Rights and Resources Initiative (RRI).
LandMark

Esfuerzo conjunto

En menos de dos años de labor conjunta, trece organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos a la tierra y los recursos de las comunidades y pueblos indígenas en decenas de países de los cuatro continentes hicieron realidad la plataforma interactiva Landmark.
Ella responde al gran desafío global que plantean, de un lado la inseguridad jurídica e invisibilidad de las tierras comunitarias y, de otro, la creciente demanda de tierras y recursos naturales por parte de grandes corporaciones privadas.
Según los impulsores la plataforma se perfila como una poderosa herramienta, que contribuirá a empoderar a la población rural y fortalecer su tenencia de la tierra.
También podrá orientar las decisiones de los gobiernos nacionales y agencias de desarrollo respecto de nuevas inversiones orientadas a mejorar el manejo de las tierras y los recursos naturales, con un enfoque de aumento de la productividad y reducción de la pobreza.

Presentarán Estrategias del despojo

En el evento de Lima participarán expertos como Humberto Campodónico, docente de la Universidad Nacional Mayor San Marcos; Alejandro Diez, docente de la Pontificia Universidad Católica; Juan Carlos Ruiz, abogado del Instituto de Defensa Legal; Richard Chase Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común; y Ermeto Tuesta, técnico SIG awajún de la misma organización.
En este marco, también se presentará el libro titulado Estrategias del despojo. La propiedad comunal en el Perú. Análisis jurídico de la Ley 30230, elaborado por el Colectivo Territorios Seguros para las comunidades del Perú.

9 nov 2015

Amnistía Internacional: Restitución de tierras a indígenas de Colombia avanza con “gran lentitud”

amnistia internacional colombiaFamilias indígenas desplazadas acampan bajo un edificio en Alto Andágueda, departamento de Chocó. Foto: Steve Cagan
Servindi.- Un informe de la organización Amnistía Internacional (AI) critica las demoras en el proceso de restitución de tierras a indígenas y afrodescendientes, que fueron desplazados a consecuencia del conflicto armado interno.
La publicación titulada “Colombia: Restituir la tierra, asegurar la paz” calcula que el número de personas que se han visto obligadas a huir de la guerra interna, que lleva más de 50 años, asciende a seis millones.
Además, estima que producto de las acciones de la guerrilla, los paramilitares, las redes del narcotráfico y de empresas dedicadas a la minería ilegal*, “al menos 8 millones de hectáreas de tierras (aproximadamente el 14 por ciento del territorio de Colombia) han sido abandonadas o adquiridas por la fuerza.”
En ese marco, y teniendo en cuenta que se cumplen casi tres años del inicio del llamado proceso de paz, el informe explica que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448), que se aprobó en 2011 y entró en vigor al año siguiente, solo ha afectado a una pequeña parte de los legítimos ocupantes, principalmente campesinos.
Y que los decretos conexos 4633 para los indígenas y 4635 para los afrodescendientes -en vigor ambos desde el 2012- tampoco lo han hecho, por lo que el proceso de restitución avanza con “gran lentitud”.
En ese sentido, sostiene que el éxito del proceso “dependerá en gran medida de si las autoridades pueden garantizar el derecho de las víctimas a un recurso efectivo.”

Graves amenazas al proceso

Según explica el informe de Amnistía Internacional, disposiciones legales promovidas por el gobierno amenazan con menoscabar aún más el derecho de las comunidades indígenas y afrodescendientes a la propiedad colectiva de sus territorios.
Es el caso de la Ley 1753, aprobada por el Congreso en junio de este año, que “amenaza con legitimar las apropiaciones de tierras al facilitar la continuidad de la explotación del potencial económico de tierras adquiridas indebidamente”.
Citando a la Defensoría del Pueblo de Colombia, el informe recuerda que los títulos mineros otorgados por el Estado en territorios indígenas o afrodescendientes también pueden ser “ilegítimos” si se conceden sin la consulta válida y el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas.
De hecho, esto ha venido ocurriendo, explica el informe. Por ello la organización autora del mismo insta al Gobierno a “anteponer el derecho a decidir sobre la tierra al deseo de las empresas que quieren explotar estas zonas ricas en recursos naturales”.
Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía, del Programa Regional para América, sostuvo que “cualquier acuerdo de paz carecerá de sentido a menos que los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes a regresar a sus tierras y a decidir cómo se usan, tengan prioridad sobre el deseo de las empresas de explotar esas tierras en su propio beneficio.”
Según cifras oficiales, en Colombia viven casi un millón y medio de indígenas, más del 70 por ciento habitan en zonas rurales.
En el caso de los afrodescendientes, el censo del 2005 registró que estos eran más de 4 millones. No obstante, las organizaciones que los representan estiman que la cifra es de 10 millones, aproximadamente el 25 por ciento de la población total.
Puede acceder al informe de Amnistía Internacional a partir del siguiente enlace:
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*Por minería ilegal se entiende en el documento aquella que a menudo es respaldada por fuerzas guerrilleras o paramilitares, que entran en zonas sin solicitar derechos de explotación minera o que llevan a cabo actividades mineras en zonas no abarcadas por títulos mineros.

En Guatemala se realizará Encuentro Continental de Mujeres Indígenas


Servindi.- Del 16 al 19 de noviembre se realizará en la ciudad de Guatemala el VII Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. El evento es impulsado por el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) junto con la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA).
El encuentro se enmarca en la celebración de los veinte años de existencia del ECMIA, un espacio integrado por más de treinta organizaciones indígenas de veintitrés países del continente americano.
El evento abrirá una plataforma para analizar temas relacionados a las condiciones de vida de las mujeres indígenas, adultas y jóvenes. Asimismo, reflexionar sobre su empoderamiento, articulación y participación en procesos relacionados con sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales.
En tal sentido permitirá hacer un balance de cuánto han logrado las mujeres indígenas en el marco de los procesos internacionales que se vienen desarrollando con miras a la agenda Post 2015, el cumplimiento de las metas del milenio, los resultados de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas y el Plan de Acción producto de la Conferencia Global de Mujeres Indígenas.
Cabe destacar que el impacto del cambio climático en la vida de las mujeres indígenas demanda una mayor incidencia y participación en los procesos internacionales, donde no se ha tenido mayor presencia por falta de información previa y apropiada, y de recursos económicos.
El encuentro permitirá además compartir logros y visiones con aliados estratégicos como las fundaciones, organismos internacionales, la academia, centros de investigación, el sistema de las Naciones Unidas, organismos regionales y el movimiento social comprometido con los derechos humanos, la justicia social y la equidad.
También permitirá desarrollar la agenda de las mujeres indígenas y jóvenes con participación intergeneracional, definiendo temas y escenarios estratégicos y establecer un posicionamiento político consensuado.

Delegación peruana

Foto: Onamiap
Mujeres indígenas de diferentes regiones e integrantes de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) se preparan para representar a sus pueblos en el VII Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas.
Las lideresas de ONAMIAP llevarán sus experiencias y propuestas a las diferentes mesas de trabajo y espacios que giran entorno a los ejes temáticos: derechos humanos y mujeres indígenas; género, pobreza, derechos económicos y mujeres indígenas; empoderamiento de las mujeres y jóvenes indígenas; y cambio climático, recursos naturales.
Acceda a la convocatoria con un clic en el siguiente enlace:

“El pueblo indígena y su territorio es uno solo” sostiene pericia antropológica en caso Bagua


– “Los awajún y los wampis, suelen decir que el pueblo y el territorio son una sola cosa. Hay una identidad entre el pueblo y su territorio, por lo tanto y su bosque” señala la antropóloga Frederica Barclay Rey de Castro.
Radio Marañón, 8 de noviembre, 2015.- Con el espeluznante calor que comenzaba a arreciar en Bagua, la audiencia N°41 del juicio oral por el caso “Curva del Diablo” del denominado Baguazo, dio inicio alrededor de las 9:30 am de hoy miércoles 4 de noviembre, una cita para escuchar a peritos balísticos y antropológicos.
La audiencia desarrollada en la Sala Penal de Apelaciones Transitoria del Poder Judicial comenzó con la presencia de los tres magistrados del colegiado, sólo 16 de los más de 50 procesados, seis abogados de defensores en la sala y dos en Lima por video conferencia, el representante del Ministerio Público y procuradora de la fiscalía, procurador del Estado también por video conferencia.
A través de video conferencia desde Lima, el primero en declarar fue el perito balístico César Tejada Valdivia, Médico Legista de Tanatología Forense del Instituto de Medicina Legal, quién participó con su opinión sugerente, sobre los análisis que otros especialistas le hicieron al cadáver del Sub Oficial PNP Jhonny Salcedo Meza, uno de los caídos en la curva del diablo, y que presentaba una herida perforante por proyectil de arma de fuego.

La perita antropológica

Tras culminar la breve declaración del perito Tejada, el colegiado llamó a la Dra. Frederica María Pía Barclay Rey de Castro, antropóloga, especialista en estudio de los pueblos indígenas de la Amazonía, quién ha realizado investigación antropológica en los pueblos awajún-wampis.
Barclay permaneció por más de tres horas rindiendo su manifestación especializada, resolviendo primero las interrogantes de los abogados de la defensa.
“Los awajún y los wampis, suelen decir que el pueblo y el territorio son una sola cosa, hay una identidad entre el pueblo y su territorio, por lo tanto y su bosque, porque un pueblo indígena no podría subsistir sin ese acceso al territorio, sin ese acceso al bosque”, respondió ante la pregunta de por qué el pueblo awajún dice que ‘el bosque es su mercado’.
Refiriéndose a la cosmovisión awajún-wampis, Barclay, señala que “la búsqueda de [lo que denominan] la ‘visión’, es un proceso, un mandato de hombres y mujeres, pero solo en el caso de los hombres es un complejo cultural, institucionalizado, entonces en ella buscan la visión cerca de cataratas, conocidas como ‘tuna’ (awajún), esa visión es el momento en que se le revela a la persona como va a ser su vida en el futuro, si va a ser un guerrero, una madre, si sus hijos van a crecer bien, si sus chacras van a estar bien. La búsqueda de la visión, es un aspecto importante, en términos de la continuidad cultural”.
La especialista, señaló que lo que ocurrió durante los meses de mayo y junio del 2009 durante el paro amazónico, especialmente la toma de carretera, “de ninguna manera se puede considerar, como una acción de guerra; todos los pueblos indígenas amazónicos y todas sus organizaciones a nivel del país, habían estado protestando desde el 2008 por los distintos decretos que se habían promulgado y que se percibían como (…) por la continuidad del territorio colectivo y el régimen comunal”.
“Cuando las comunidades envían gente, familias de las comunidades deciden ir a la carretera para manifestarse o llamar de esa manera la atención del gobierno nacional, de la prensa, no lo hacen con el ánimo de guerra. Estaban haciendo uso de mecanismos que han ido aprendiendo, para protestar” dijo.
En otra parte de su exposición, Frederica Barclay, fue explicando aspectos que tienen que ver con la organización al interior de la comunidad y la organización entre comunidades, además de los castigos aplicados a personas que no realizan acciones acordes con las decisiones colectivas, entre ellas la labor del apu y dirigentes de organización.
Recordó también que el hecho de que los awajún-wampis porten lanzas durante acciones de protesta, estas “no están en uso para la guerra (…), se usan como un aditamento que completa la presentación de una persona”.
Tras la 1:30 pm, luego de haber respondido a todas las preguntas derivadas de su informe pericial antropológico alcanzado previamente, la Dra. Frederica Barclay, culminó su exposición ante el colegiado y la sala.
Al finalizar, el presidente de la sala, Dr. Gonzalo Zabarburú, instó al Ministerio Público a hacer un llamado a sus peritos antropológicos que de todos modos deben presentarse en Bagua o a través de video conferencia desde Lima, para la próxima audiencia que se realizará el 18 de noviembre.
—- Fuente: Radio Marañón: http://www.radiomaranon.org.pe/index.php/secciones/especial-baguazo/908-antropologa-frederica-barclay-el-pueblo-indigena-y-su-territorio-es-uno-solo

México: Responsabilizan al presidente Peña Nieto por atentado contra tres indígenas

Imagen: La Jornada
Servindi.- Tres indígenas que llegaron a la Ciudad de México para denunciar ante organismos de derechos humanos la muerte de un miembro de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), fueron heridos a balazos por desconocidos, el sábado siete de octubre.
Las víctimas fueron Jesús Hernández Reyes, quien recibió un disparo en el glúteo y Matías Flores, con un impacto en el costado derecho del tórax. Ambos pertenecen al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (SFNL).
Asimismo, el indígena náhuatl Rubicel Hernández García, del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHHSO), recibió un impacto en el costado izquierdo del tórax.
De acuerdo a los indígenas, el atentado ocurrido a las 7:20 horas fue perpetrado por “un hombre vestido de civil con corte de cabello tipo militar” que les disparó desde un vehículo negro cuando caminaban por la calle, luego de gritarles “por andar de chismosos”.
El hecho ocurrió en la esquina de Manuel Escandón y Transportistas, colonia Ex Lienzo Charro, lugar donde recibieron atención médica para luego ser derivados a un hospital.
La delegación se encontraba en la ciudad para denunciar ante organismos de derechos humanos y Amnistía Internacional el asesinato, por grupos paramilitares, de Héctor Santis López, integrante de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), ocurrido el pasado 29 de setiembre.
Asimismo pretendían denunciar otras agresiones en Michoacán e Hidalgo.

Responsabilizan a Peña Nieto

En un comunicado, el FNLS exigió al gobierno federal protección para los indígenas ante posibles ataques en el hospital donde fueron conducidos y calificó el atentado como un “intento de ejecución extrajudicial”.
Consideró que el suceso “obedece a la respuesta del Estado mexicano ante la Jornada de lucha nacional de lucha por el juicio y castigo a los responsables de la agresión paramilitar de la que fueron objeto los compañeros de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-FNLS)”.
Indicó también que el atentado es una “represalia ante la denuncia constante contra las desapariciones forzadas y demás crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado.”
Finalmente, responsabiliza al presidente de México, Enrique Peña Nieto y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal Miguel Ángel Mancera, del Distrito Federal, por el “aberrante crimen” y por la “integridad física y psicológica” de los indígenas heridos y de “cualquier integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.”
Invocó a las “organizaciones hermanas” a “cerrar filas” y pronunciarse contra el “terrorismo de Estado” a fin de detener la “la campaña represiva del Estado contra el FNLS y el conjunto del movimiento popular.”
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exhortó a la Procuraduría capitalina, mediante medidas precautorias, que se investigue y sancione lo ocurrido.
En tanto que la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, indicó que no se han efectuado detenciones por el atentado.

Sikuanis, acorralados a punta de ‘bala’ y ‘resoluciones’

La comunidad indígena del Resguardo de Caño Ovejas fue confinada en el sur del Meta por los actores armados ilegales y por titulaciones contradictorias del Incora y del Incoder. Espera que un Juez dicte medidas que protejan sus derechos territoriales.
sikuanis 1La comunidad indígena Sikuani de Caño Ovejasespera que un Juez de Restitución emita órdenes que les permita recuperar sus derechos a cazar, pescar, recolectar y celebrar ceremonias en su territorio colectivo, que fue reducido por el conflicto y por resoluciones del Incora e Incoder. Foto: suministrada Unidad de Tierras Meta.Por lo menos 687 indígenas de la etnia Sikuani sobreviven confinados en el corregimiento de Caño Ovejas, en el municipio de Mapiripán, en el sur del Meta, pese a que en varias oportunidades la Corte Constitucional advirtió que esta comunidad indígena está en riesgo de desaparecer por el conflicto armado y la violencia generalizada. Sus esperanzas están en el Juez Segundo de Restitución de Tierras de Villavicencio, quien conoce la demanda de restitución de derechos territoriales que reclaman desde hace más de tres décadas y de quien se espera dicte medidas que ponga en cintura a varias instituciones, entre ellas, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
La reclamación de la comunidad indígena no es de poca monta. Desde los años 70 llevan rogándole primero al Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) y luego al Incoder que les reconozca con títulos su territorio colectivo, que fue reducido a su más mínima expresión y que por el contrario, fue feriado en diversas adjudicaciones a varios colonos, que según el testimonio de los indígenas, ni siquiera cumplían con los requisitos de la reforma agraria pues no vivían en la región o ya tenían tierra. Mientras el Incora y el Incoder se escudaban en que por causa del conflicto no podían atender al llamado de los índigenas; sí lo hacían con celeridad y de forma express otorgándole títulos a foráneos.
La dimensión de la reclamación es la siguiente: de 317 mil hectáreas que originalmente integraban el resguardo; el Incora en los años 80 apenas les reconoció 1.720 hectáreas y además fracturadas, porque el territorio quedó integrado por dos predios incomunicados. Esas 1.720 hectáreas son ínfimas para la supervivencia Sikuani, pues el mismo Incora determinó que para que una sola familia pueda sobrevivir en Mapiripán debe tener entre 1.300 y 1.800 hectáreas. Es decir, 90 familias indígenas están condensadas en un área que corresponde al de una sola.
Los problemas del Resguardo de Caño Ovejas no se limitan únicamente a que ha tenido que vivir en un puñado de hectáreas, a que espera desde el año 90 que le amplíe el resguardo y a que tenga efectos el estudio socio-economómico que desde 2008 realizó el Incoder para determinar dicha ampliación, sino a que no puede transitar libremente por su territorio, ni celebrar sus ceremonias, y mucho menos sembrar o cazar su comida. Prácticamente sus sitios espirituales como Peyatsevitsuto, Yavetsaniiboto y las Lomas de Makokobá fueron borrados.
“Aunque la Constitución de 1991 nos reconoce e indica que debe respetarse nuestra autonomía, acá por ejemplo la Alcaldía nos desconoce. Hay muchos problemas que se están derivando de la empresa de palma de aceite que se instaló en el municipio”, dice el Gobernador José Díaz, líder del resguardo indígena, refiriéndose a los problemas más recientes.
El caso del Resguardo Sikuani fue documentado por la Unidad de Restitución de Tierras de la Territorial del Meta y presentado en demanda ante el Juez Segundo Especializado en Restitución de Villavicencio. Una vez el Juez conoció la reclamación ordenó a la Unidad documentar los casos de posibles segundos ocupantes, es decir, particulares que consideren que tienen derecho sobre estas tierras. En la actualidad, el caso está en juicio: los indígenas son representados por la Unidad y los posibles segundos ocupantes, por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, quién tiene la razón y quiénes y cómo deben ser restituidos está en manos del Juez, quien tiene la última palabra.
“Durante la etapa administrativa (documentación y contextualización de la demanda) lo que pudimos evidenciar es que hay una afectación histórica a esta comunidad, que además está en riesgo porque el conflicto ha cambiado sus prácticas culturales, que necesita una intervención urgente del Estado en relación con la ampliación de su territorio para garantizar su superviviencia”, explica Diana Herrera, directora de la Unidad de Restitución en Meta.
Esta no es la única demanda de restitución étnica en los Llanos Orientales. Según la Dirección Territorial de la Unidad, en junio radicaron también ante el Juzgado Segundo la reclamación de derechos territoriales de la comunidad indígena de Kanalitojo, en Vichada. “Estamos próximos a presentar otra demanda de la comunidad Jiw, del Guaviare, y estamos documentando el caso de la comunidad Sikuani del Alto Únuma, de Puerto Gaitán”, indica Herrera.

Incora, ¿despojador?

sikuanis 2La imagen más recurrente con la que se asocia a los Llanos Orientales es la de un vaquero. Nunca, la de indígenas Sikuanis como los de esta fotografía. Conocidos como Guahíbos eran quienes vivían en estos territorios pero que tras la colonización y violencia fueron reducidos y dispersos en distintos departamentos: unos en Meta; otros en Guaviare; otros en Vichada y unos más en Arauca. Foto: suministrada Unidad de Tierras Meta.Los indígenas Sikuani son nómadas, es decir, se caracterizan por recorrer extensos territorios a pie y a vivir temporalmente en algunos puntos del territorio donde siembran y cazan, para luego continuar su tránsito y permitir que las especies cazadas se reproduzcan y los suelos cultivados no se deterioren, promoviendo así el equilibrio ambiental. Su vida gira en torno además de los ríos, por lo que ancestralmente anduvieron a lo largo de los cauces de los ríos Meta, Vichada, Guaviare, Tomo y Orinoco en la región de los Llanos Orientales.
Uno de los territorios de mayor asentamiento fue el que bautizaron como Tsuwakia, desarrollado a lo largo de la cuenca del Caño Ovejas, un afluente del río Guaviare en actual jurisdicción del municipio de Mapiripán. Allí los Sikuani desarrollaron un punto de intercambio con sus hermanos, los indígenas Jiw, del Guaviare, quienes también han sufrido los azotes de la guerra. Por lo menos mil indígenas de esta etnia han sido acogidos por los Sikuani en Mapiripán, en los predios Zaragozas continuos al resguardo de Caño Ovejas.
Según el censo realizado por la comunidad, el Resguardo Sikuani está compuesto por casi 700 personas, distribuidas en 90 familias en las comunidades de Betania, Corocito y Olvido. Y son quienes han logrado sobrevivir a prácticas de mediados del siglo XX como las ‘guahibadas’ (cacería de indígenas) propiciada por colonos, así como a la violencia desatada por las guerrillas, los narcotraficantes, los paramilitares y de forma más reciente, por las bandas criminales.
El territorio ancestral de los Sikuani en Caño Ovejas comprende por lo menos 137 mil hectáreas, pero el resguardo sólo está reconocido en menos de 1,2 por ciento según un título otorgado por el antiguo Insitituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora). Este reconocimiento ha pasado por “las duras y las maduras”, pues los líderes relatan cómo el Incora fue adjudicando su territorio a colonos, incluso en medio de la violencia, y en la actualidad siguen en la lucha para que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) reverse esos errores del pasado.
La historia de los títulos data de 1979 cuando 75 familias Sikuani comenzaron la reclamación de cómo mínimo 89 mil 300 hectáreas para que el Incora se las titulara mediante resolución. Pero tres años después, en diciembre de 1982, el Instituto les otorgó una resolución por tan sólo 1.720 hectáreas, dividas en dos globos de tierra además incomunicados: uno de 1.280 hectáreas, donde está el caserío de Betania, y uno de 440 hectáreas, donde está el caserío de Corocito. A partir de esa fecha lo que vino fue una serie de resoluciones emitidas desde los escritorios del Incora que no fueron para indígenas, sino para colonos que ni siquiera habían vivido en esta región, según lo advierte la comunidad indígena.
Así fue como en 1983 ya los Sikuani de Caño Ovejas no tenían en el papel 1.720 hectáres sino 1.053 porque al Incora se le ocurrió titularle 667 hectáreas a dos colonos para que desarrollaran allí las fincas Camaura y Camaguay. Como si fuera poco, en 1984 el mismo Instituto tituló otras tierras ancestrales a dos finqueros, entre ellas 1.116 hectáreas -que no quiso reconocérselas al pueblo indígena en el 82-. Ese mismo año llegaron los cultivos de coca a la región, complicando el panorama de las reclamaciones Sikuani.
Cansados del abuso, en 1986 la comunidad indígena le pidió al Incora revocar los títulos de las fincas Camaura y Camaguay, pero en lugar de que esto sucediera en 1988 la Gerencia General del Instituto determinó que quienes tenían razón eran los colonos. La comunidad indígena de Betania fue desalojada varias veces por la fuerza pública, por lo que en 1989 los Sikuani solicitaron la ampliación del resguardo. Pero una vez más el Incora no escuchó razones y tituló otras 2 mil 291 del territorio ancestral indígena para el desarrollo de la finca Casuarito, de otro colono, afectando el Peyatsevitsuto, un sitio sagrado de los Sikuani y los Jiw.
En 1990 el Incora es aún más incongruente. Mientras el 14  de abril de ese año acepta comprar tres fincas que anteriormente les adjudicó a finqueros prometiendo devolver las tierras al Estado para ampliar el resguardo; seis días después les tituló otros dos predios -pertenecientes también al territorio ancestral- a otro colono, esta vez borrando el Yavetsaniiboto, otro sitio sagrado indígena.

Farc, Auc y glifosato

Las fumigaciones con glifosato han afectado los cultivos de los indígenas en Mapiripán. Foto: archivo Semana.Mientras los indígenas trabajan de reclamar lo propio; las Farc habían encontrado en esta zona selvática un lugar perfecto para ampliar sus cultivos de coca. Desde principios de los 80 comenzaron a secuestrar y a desarrollar ‘cocinas’, que terminaron nutriendo las ‘finanzas’ y las filas del Frente 44. En medio de esa violencia, en 1991 los Sikuani seguían insistiendo en la ampliación del resguardo, pero el Incora se negaba a actuar bajo el pretexto del conflicto.
Aunque en 1995 Mapiripán era prácticamente un ‘laboratorio’ de droga, una funcionaria del Instituto de Tierras atendió la solicitud de los indígenas y recomendó que dicha ampliación debía ser como mínimo de 13 mil hectáreas, distribuidas en dos globos de tierra. Pero una vez más, en 1996, otro funcionario de la misma institución le tituló otro predio a un nuevo finquero. Ese mismo año los Sikuani casi quedan reducidos a su mínima expresión, pues las fumigaciones con glifosato afectaron sus medios de sustento: cultivos, caza y pesca.
El Incora les seguía respondiendo a los indígenas que no podía hacer nada porque el conflicto aumentaba; pero no tenía la misma respuesta para los colonos que les pedían más tierra. En enero de 1997 entregó parte de las Lomas de Makokobá, parte del territorio ancestral, a tres finqueros. Para los Sikuani dicha decisión fue otro golpe a su espiritualidad, pues para los indígenas son estas lomas el lugar donde se reproducen espiritualmente los cafuches, los animales de su dieta básica.

El panorama fue de mal en peor. Por orden de los hermanos Carlos y Vicente Castaño y con la complicidad de militares, según fue documentado por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, 120 paramilitares llegaron a San José de Guaviare y se movilizaron por el río hasta el casco urbano de Mapiripán, cometiendo una masacre que se prolongó entre el 15 y el 20 de julio de 1997. La masacre fue perpetrada a tan solo 10 kilómetros del resguardo.

Cuatro días después de la barbarie y sin usar el pretexto de que la violencia arreciaba, el 24 de julio el Incora tituló otro predio del territorio ancestral a un finquero. El resguardo calcula que sólo en 1997 el instituto de tierras adjudicó 28 predios a foráneos, pese a la masacre ocurrida en el municipio. La historia se repitió durante los siguientes años: en 1998 el Incora siguió con estas adjudicaciones a colonos, incluyendo un predio que en los años 90 había comprado para supuestamente ampliar el resguardo.
El Bloque Centauros de las Auc se instaló en Mapiripán quitándole el negocio de la cocaína a las Farc y amedrentando a los Sikuani, que trataban de resistir en las comunidades de Betania y Corocito. Una delegación de Caño Ovejas viajó hasta el Incora Bogotá, pero la respuesta fue igual: “no podemos intervenir. Hay conflicto en la zona”. El Bloque Centauros de las Auc se desmovilizó en septiembre de 2005, pero algunos paramilitares de este grupo se rearmaron y formaron la banda criminal de ‘Los Cuchillos’, que luego se hicieron llamar Erpac, para quedarse con las rentas del narcotráfico en el sur del Meta y el Guaviare.
Para ese año el Incora ya había sido liquidado y convertido desde 2003 en Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incora), pero su comportamiento no fue distinto al de la vieja institución, pues desde ese año hasta 2009 siguió adjudicando las tierras ancestrales de los Sikauni a los colonos. Fue solo hasta 2006 que un funcionario ordenó un nuevo estudio socioeconómico con miras a ampliar el resguardo, que sólo comenzó a realizarse en 2007 sin que a la fecha el Incoder haya tomado una decisión definitiva. En otras palabras, el resguardo de Caño Ovejas lleva 26 años esperando que el gobierno les dé una razón sobre su territorio que fue reducido a punta de resoluciones y armas.
Para los líderes del resguardo es contradictorio que desde 2009 y 2012 la Corte Constitucional haya ordenado al gobierno (mediante los Autos 004 y 173) desarrolllar un plan de salvaguarda especial para el pueblo Sikuani, tras reconocer que este hace parte de los pueblos que junto con el pueblo Jiw están a punto de desaparecer por causa del conflicto y el abandono del Estado.
En Caño Ovejas sobreviven casi 700 Sikuani originarios de Mapiripán y unos mil indígenas Jiw, desplazados del Guaviare. Los líderes de estas comunidades aseguran que sus problemas se han atizado con la agroindustria de la palma y el caucho, y las expectativas de empresas minero-energéticas. La prostitución de niñas, la fragmentación familiar y la vinculación laboral a las empresas agroindustriales y petroleras son tragedias que se suman a la lista de males que han tenido que afrontar.
La comunidad Sikuani en Mapiripán exige en la actualidad la ampliación a por lo menos 120 mil hectáreas, la mitad de estas como reserva ambiental. Los Sikuani, cuya vida gira alrededor de la caza, la pesca, la siembra y la espiritualidad, concluyen que se sienten “desconocidos. Nos sentimos como secuestrados por la política”. Y tienen razón, pues siguen esperando que la ampliación del resguardo, solicitada desde los años 90, deje de ser una promesa fallida.

Perú: Mujeres indígenas anuncian tercer Congreso Nacional

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– Más de doscientas mujeres andinas y amazónicas de distintas regiones del Perú se reunirán en Lima del 25 al 27 de noviembre.
Servindi.- Con el lema “ONAMIAP caminando hacia el Buen Vivir” la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) organizará su III Congreso Nacional del 25 al 27 de noviembre de 2015, en la ciudad de Lima.
Este evento que se desarrolla cada tres años tiene como objetivo contribuir a fortalecer y empoderar a las mujeres indígenas del Perú y sus procesos organizativos a nivel local, regional y nacional.
Durante los días del congreso, más de doscientas lideresas andinas y amazónicas de quince regiones del país compartirán los avances en la agenda política de la ONAMIAP haciendo visibles sus demandas y propuestas.
OnamiapICongreso_ok (Copy)Foto del I Congreso Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Fuente: ONAMIAP

Fortalecimiento y renovación dirigencial

El Congreso Nacional permitirá que se incorporen oficialmente a las organizaciones de base que han solicitado su afiliación a la ONAMIAP. Además, en una muestra de ejercicio democrático se renovará el Consejo Directivo para el periodo 2016-2018.
El magno evento se iniciará con una ceremonia ancestral de agradecimiento a la Madre Tierra, para de inmediato realizar la celebración conmemorativa del sexto año de vida institucional de la ONAMIAP.
A la celebración están invitados dirigentes de otras organizaciones indígenas nacionales, directivos de asociaciones e instituciones aliadas de la sociedad civil, y representantes de diversos sectores públicos.
Durante el segundo día, las delegadas de ONAMIAP participarán en cinco espacios para compartir experiencias y debatir organizados en torno a cinco ejes temáticos.
Los ejes son: a) Tierra y territorio; b) Cambio climático y soberanía alimentaria; c) Participación política de las mujeres indígenas; d) Lucha contra la violencia sobre la mujer; y e) Identidad, autoidentificación e institucionalidad indígena.
Finalmente, el pleno de las delegadas de ONAMIAP elegirán a sus representantes para el nuevo Consejo Directivo Nacional y a las coordinadoras regionales que asumirán sus funciones del 1 de abril de 2016 hasta el 31 de marzo de 2019.
Consejo directivo de ONAMIAP 2013-2015
  • Presidenta: Luz Gladis Vila Pihue (Huancavelica)
  • Vicepresidenta: Ketty Marcelo López (Junín- Selva Central)
  • Secretaria de Economía: Clelia Flora Rivero Reginaldo (Ayacucho)
  • Secretaria de Actas y Archivo: Beatriz Caritimari de Llaury (Loreto)
  • Secretaria de Organización: Angela Chislla Palomino (Puno)
  • Secretaria de Juventud y Niñez: Zimi Chota Mozombite (Loreto)
  • Secretaria de Prensa y Propaganda: Dalila Morales Quintana (Cajamarca)
Mayor información en: Jr. Mariscal Miller 932, Jesús María. Teléfono 433-5714. Correo: onamiap@gmail.com, sitio web: www.onamiap.org

Perú: ¡Triunfa campaña a favor de Parque Nacional Sierra del Divisor!



Servindi.- Han tenido que pasar nueve años para que el Estado peruano declare a la zona reservada Sierra del Divisor como Parque Nacional, una demanda que originó una campaña nacional e internacional a fin de proteger una zona de extraordinaria biodiversidad de amenazas como la tala ilegal y el cultivo ilegal de hoja de coca.
El domingo 8 el Presidente de la República, Ollanta Humala, entregó el decreto supremo que crea dicho parque nacional que tiene una extensión de 1’354,485.10 hectáreas y permitirá reforzar el nivel de protección de una zona relevante de biodiversidad y un lugar único en la Amazonía.

El anuncio oficial se efectuó en la comunidad nativa Nuevo Saposoa, ubicada en el distrito de Callería, provincia Coronel Portillo departamento de Ucayali, a donde llegó el mandatario para formalizar esta gran noticia.

“Hubo mucha expectativa por este reconocimiento y vamos a darle esta buena noticia a todo el pueblo peruano y a la comunidad internacional. Vamos a preservar esta área geográfica como una parte importante que nos permite purificar el aire del mundo y proteger a nuestros bosques de actividades ilícitas”, dijo Humala.
La medida se adoptó luego de varios años de acciones y campañas intensas emprendidas a nivel nacional e internacional por diversos sectores como pueblos indígenas, sociedad civil y la Defensoría del Pueblo, organismo autónomo del propio Estado.
Cabe precisar que la Defensoría presentó además una acción de amparo contra dos entidades del Ejecutivo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el propio Ministerio del Ambiente para que se cumpla con emitir el decreto supremo que crea la citada área protegida, ubicada en las regiones de Loreto y Ucayali.
La creación de este parque se dará a 22 meses de haber culminado la consulta previa hecha a los pueblos indígenas que allí habitan.


El Parque Nacional

El Parque Nacional se ubica entre las regiones Loreto y Ucayali, sobre la frontera con Brasil, y forma parte de un corredor biológico internacional protegido que se extiende sobre el Perú, Brasil y Bolivia.
Sierra del Divisor es el segundo Parque Nacional establecido por el actual gobierno. En el 2012 se estableció el Parque Nacional Güeppi-Sekime en Loreto.
Según una encuesta nacional urbana elaborada por IPSOS en octubre de 2015 el 86 por ciento de los peruanos están de acuerdo con la categorización de Sierra del Divisor.

Sobre el proceso de categorización


  • En abril de 2006 se crea la Zona Reservada de Sierra del Divisor.
  • En julio de 2012 se reactiva la comisión de categorización. Liderada por Sernanp y con la representación de 14 sectores y niveles de gobierno además de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones indígenas, la comisión alcanzó una serie de acuerdos entre los que figuran categorizar a Sierra del Divisor como Parque Nacional y respetar los derechos adquiridos con anterioridad al establecimiento del Parque Nacional.
  • Se realizaron más de 20 talleres informativos, y se implementó un proceso de consulta previa que culminó en enero de 2014.

Venezuela: La revitalización de la lengua yekuana a través de un lente académico

Saúl López es autor de una tesis de grado sobre la relación entre oralidad y tecnologías de la información y la comunicación.
Por Fernando Carias
- Saúl López, o Kuyujani, su nombre indígena, es un joven yekuana que ha dedicado la mayor parte de su formación a estudiar e investigar sobre las realidades de su etnia.
En sus conversaciones con ancianos y líderes de su comunidad supo que uno de los principales problemas era el peligro que corre la lengua yekuana de desaparecer. Ante esta situación decidió enfocar su tesis desde el particular interés que tiene por los medios de comunicación y las tecnologías.



Los yekuana son un pueblo indígena de la familia caribe, conocidos también como maquiritare o makiritare, que ocupan principalmente el alto Caura, los ríos Erebato y Nichare, el alto Ventuari y los ríos Parú y Cuminá en Venezuela. Actualmente, su población se estima los entre 5.000 y 10.000 habitantes.

Desde hace cinco años Saúl estudia en la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca (UNEIT) en Venezuela. Desde que ingresó a esta institución, mostró un especial interés por los medios de comunicación social y las TIC.
Ha sido común verlo por el campus universitario, videocámara en mano, registrando las clases, las reuniones estudiantiles, los actos culturales, elaborando entrevistas y hasta haciendo pequeñas transmisiones simuladas de los juegos de fútbol que cada domingo realizan los jóvenes indígenas de la UNEIT.
Así, produjo una importante cantidad de material audiovisual (pequeños documentales, cortometrajes, registro de actividades comunitarias, material informativo de la UNEIT y videoclips) que han sido el preludio de su trabajo de investigación para optar al título de educador bilingüe con especialización en Comunicación Indígena otorgado por la UNEIT.




Mapa político del Estado Bolívar, donde se realiza el trabajo de investigación.
La tesis lleva por título: “Influencia de las Tecnologias de la Información y la Comunicación (TIC) en la oralidad Ye´kwana. Caso comunidad Jüwütünña del Alto Erebato – estado Bolívar”, con el fin de conocer cómo ha sido la relación de las nuevas tecnologías y los fenómenos de la comunicación con la cultura yekuana, principalmente desde la perspectiva de los jóvenes y en especial de esta aldea.
La tesis se encuentra en etapa final de revisión por lo que aún no ha sido publicada.
El trabajo supone un aporte importante para la revitalización de la oralidad Yekuana, pues brinda una importante serie de reflexiones y puntos de vista sobre el valor del idioma para este pueblo indígena de Venezuela que vive a lo largo y ancho del río Caura y el cuenca del río Ventuari.
La investigación contiene conversaciones y entrevistas con ancianos y altos representantes del mundo yekuana, así como diálogos con especialistas sobre comunicación, educación y tecnologías, lo que indica que el trabajo es un importante esfuerzo por mostrar miradas interculturales y multidisciplinares sobre los fenómenos estudiados.
Saúl nos comenta lo que ha significado realizar esta investigación:
Ha sido un trabajo particularmente interesante. He podido sentarme a conversar por largas horas con los ancianos de mi comunidad y conocer parte de la historia de mi pueblo, cosas que no sabía y que ahora quedan registradas en mi tesis.
Sobre la importancia del idioma yekuana nos dice:  Nuestra cultura es principalmente oral, todo lo que somos es gracias a nuestra lengua, es en esencia nuestra cultura.
Es importante entender que las tecnologías y los medios de comunicación social pueden estar al servicio de nuestros pueblos y cosmovisiones, revitalizando y resguardando nuestra oralidad mediante el registro y documentación de nuestras historias, mitos, tradiciones etc. y claro, desde la educación a los más jóvenes.
El trabajo fue presentado el 13 de octubre ante ancianos y sabios de distintas etnias, en el marco de la celebración de la semana de la Resistencia indígena 2015, que se lleva a cabo todos los años en el campus de la Universidad Nacional Experimental Indígena del Tauca. La tesis fue aprobada de manera unánime.
Saúl pasará ahora a formar parte del equipo de profesores de la UNEIT y ya realiza talleres de formación en algunas comunidades indígenas del sur de Venezuela.
Nos dice que: La idea es multiplicar e informar entre las demás etnias, la importancia de nuestras lenguas aborígenes y buscar los mecanismos que nos permitan defenderlas y mantenerlas vivas.
—- Fuente: Publicado el 31 de octubre por el portal Global Voices: https://es.globalvoices.org

Perú: Indígenas de selva central señalan que no cejarán en sus demandas por titulación



– Accedieron a suspender medida de fuerza que se inició el 4 de noviembre, pero aclaran que ésta se retomará en mes y medio de no lograrse avances. 
Servindi.- Luego de casi dos días de protestas, nativos asháninkas de la provincia de Chanchamayo, en la selva central, llegaron el jueves a un acuerdo con el Ejecutivo para que se atiendan las demandas de titulación de las comunidades nativas. 
Con este acuerdo se consiguió desbloquear la Carretera Longitudinal de la Selva Sur, también conocida como Carretera Marginal, la cual se encontraba obstruida en el tramo que pasa por el distrito de La Merced hacia Pichanaki, en dirección a Satipo, en la región Junín.
La decisión de suspender la protesta, que se inició el 4, se tomó tras la reunión que sostuvieron autoridades del Estado con los dirigentes de las comunidades nativas en La Merced.
Trascendió que en la mesa participaron Lindon Pishagua, coordinador de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI – SC) y Javier Lam Figueroa, representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Asimismo, Hung Won Jung, alcalde provincial de Chanchamayo; el coronel PNP Jorge Valenzuela, jefe de la VIII DIRTEPOL Junín; y Gustavo Mendoza, representante de la Defensoría del Pueblo.
Según un reporte de Canal N, los nativos acordaron dar un plazo de 45 días calendario a los gobiernos regional y nacional para que puedan cumplir sus promesas de “titulación de los territorios de las comunidades nativas, derecho a la vida y al medio ambiente”.
No obstante, advirtieron que de no cumplirse los acuerdos establecidos, se retomará la protesta pero esta vez de forma más contundente.

12184962_10208421216874990_6770605656170176533_oFoto: fb.com/jose.alegrellanco

Respaldo

La protesta nativa que habría convocado a cientos de indígenas, recibió al final de su primer día el respaldo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que a través de un comunicado pidió al gobierno de Ollanta Humala atender de manera urgente el pedido de titulación de comunidades.
“Lamentamos que el gobierno de turno pretenda ignorar nuestro justo reclamo territorial, lamentamos que las autoridades regionales estén de espaldas a las demandas de los pueblos indígenas (…), la cual es justa y necesaria”, reza el comunicado.
Asimismo, aclaró que ARPI-SC representa a los pueblos Asháninka, Ashéninka, Machiguenga, Yanesha, Nomatsiguenga y Kakinte que se encuentran en la selva central.

Promesa pendiente

En mayo de 2015, el Estado anunció a través del Viceministerio de Interculturalidad que al menos 500 territorios comunales de la Amazonía iban a recibir este año su título de propiedad.
Este proceso debía estar a cargo del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el caso de la región Junín, la ausencia de un catastro oficial que muestre cuántas comunidades nativas y campesinas faltan titular se convierte en un obstáculo, advirtió Ronald Zúñiga Ramos, director de Titulación de Tierras y Catastro Rural de la Dirección Regional de Agricultura – Junín (DRAJ), en una entrevista al diario Correo en agosto de este año.
Igualmente son impedimentos para la titulación, la ausencia de una delimitación de los terrenos, lo que genera conflictos con terceros por usurpación, tráfico de tierras y otros.

4 nov 2015

Protestas marcan los primeros Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas

Indígenas de Brasil protestan contra los polémicos planes para debilitar sus derechos territoriales.
Indígenas de Brasil protestan contra los polémicos planes para debilitar sus derechos territoriales.
© Agência Brasil
Cientos de indígenas brasileños protestaron la semana pasada durante los primeros Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas que se desarrollan en la Amazonia brasileña.
Los manifestantes exigieron la detención de los planes para debilitar sus derechos territoriales. Advirtieron que de aprobarse acarrearán un desastre para las tribus a escala nacional.
El poderoso grupo de presión del agronegocio en Brasil está impulsando una serie de propuestas que podrían abrir las tierras indígenas a proyectos industriales y evitar el reconocimiento de nuevos territorios. Los pueblos indígenas dependen de su tierra para sobrevivir.
Una comisión parlamentaria dió luz verde hace unos días a una de estas propuestas, la conocida como PEC215, que se encuentra ahora un paso más cerca de ser aprobada. Esta enmienda constitucional otorgaría poder al Congreso de Brasil (altamente influenciado por el lobby agroganadero) para decidir sobre el reconocimiento de territorios indígenas.
Por todo el mundo, simpatizantes de Survival presionan para poner fin a estos polémicos planes.
Para los guaraníes son medidas particularmente peligrosas ya que casi toda su tierra ha sido robada para dejar paso a haciendas y plantaciones, desplazándolos a reservas y a campamentos en los bordes de las carreteras en condiciones de hacinamiento. Los guaraníes registran una de las tasas de suicidio más altas del mundo.
Narube Werreria, una mujer indígena karaja, declaró durante la protesta: “Cuando nosotros estábamos aquí en los juegos, ellos estaban allá en el Congreso confabulando para robar nuestras tierras. Pronto no habrá más pueblos indígenas, ni más selva, ni más animales”.
La presidenta Dilma Rousseff fue abucheada durante la ceremonia de inauguración. También recibió abucheos la polémica ministra de Agricultura, Katia Abreu, apodada “la reina de la motosierra”, por su oposición a los derechos territoriales de los indígenas.
Cerca de 2.000 indígenas de más de veinte países participan en los juegos, entre ellos mujeres sakhas de Siberia, maoríes de Nueva Zelanda, kembatas de Etiopía y varios pueblos indígenas de América del Norte y del Sur.
El juego de tirar la cuerda fue uno de los deportes jugados en el torneo
El juego de tirar la cuerda fue uno de los deportes jugados en el torneo
© Agência Brasil
Carlos Terena, del Comité Intertribal, uno de los organizadores de los juegos, dijo que con ellos se aspira a fortalecer la cultura de los pueblos indígenas alrededor del mundo.
Para muchos participantes los juegos son una oportunidad de demostrar sus proezas en arquería, el juego de tirar de la cuerda, lanzamiento de lanzas, piragüismo, fútbol indígena, lucha y la “corrida de tora”, disciplina en la que los atletas corren con troncos de 120 kg sobre sus espaldas.
Pero los indígenas krahos y apinajes de Brasil boicotearon los juegos. “No podemos aceptar la participación en un evento de carácter mediático y sensacionalista que tiene por finalidad usar la imagen de los pueblos indígenas para distorsionar los hechos y mentir al exterior ocultando la verdadera realidad y el sufrimiento de los pueblos indígenas de Brasil”, explicaron.
Otros objetaron la cuantiosa cantidad de dinero gastada; cerca de 41 millones de US $. Antonio Apinaje señaló que este dinero “pudo haber sido invertido en salud, en la demarcación de tierras indígenas y en la protección de territorios, muchos de los cuales están invadidos.”