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Servindi. Las instituciones de derechos humanos de Argentina
repudiaron la brutal represión contra la comunidad mapuche Pu Lof, en la
provincia de Chubut. Exigen al Presidente, a la Ministra de Seguridad
de la Nación y al Gobernador de la Provincia el cese inmediato de tales
acciones represivas.
Remarcan que la única acción tolerable "es aquella que se ajuste a la de un Estado de derecho respetuoso de los derechos constitucionales del pueblo mapuche y todos los pueblos originarios".
El enseñamiento contra la comunidad y que mostró su peor rostro de violencia se inició el martes 10 de enero cuando las fuerzas de gendarmería efectuaron dos intervenciones violentas que se extralimitaron y desbordaron en ilegalidad.
El miércoles, sin orden judicial de por medio, volvieron a crear un clima de terror al agredir con numerosos disparos de balas de goma a la población, creando una conmoción en mujeres y niños.
Numerosos varones fueron esposados y detenidos y otros terminaron en centros de salud debido a las heridas y contusiones recibidas.
La primera orden judicial del día martes era para desalojar las vias del tren y realizar identificación. La segunda orden buscaba constatar presuntos hechos de abigeato o robo de ganado.
En ambos casosm y en particular el miércoles, las fuerzas de gendarmería provincial actuaron con violencia desproporcionada,
A continuación el comunicado de las instituciones de derechos humanos de Argentina:
Desde hace dos días estas fuerzas de seguridad vienen ejerciendo operativos de control y represión sobre esta comunidad, cercando los asentamientos como zona liberada para el accionar de las fuerzas represivas, con evidente criminalización de la protesta social y bajo la idea de que son grupos terroristas que ponen en riesgo la seguridad nacional.
Es inminente que en el día de hoy se siga profundizando el accionar represivo, dado que el Estado nacional y el provincial continúan movilizando nuevos contingentes de personal de las fuerzas hacia la zona de Vuelta del Río.
Exigimos al Presidente, a la Ministra de Seguridad de la Nación y al Gobernador de la Provincia el cese inmediato de estas acciones. La única acción tolerable es aquella que se ajuste a la de un Estado de derecho respetuoso de los derechos constitucionales del pueblo mapuche y todos los pueblos originarios.
La orden judicial del Juzgado Federal consistía en el desalojo de las vías del tren e identificación de personas. Pero la gendarmería a cargo del operativo del martes se extralimitó claramente entrando en las viviendas, destruyendo y persiguiendo despiadadamente a sus ocupantes. Como si esto fuera poco, momentos después, durante el mismo día martes, un operativo de fuerzas provinciales (policía montada e infantería) ingresó al predio con una orden judicial del juez José Colabelli, para constatar presuntos hechos de abigeato (robo de ganado).
Nuevamente represión, balas de goma y una desproporción exorbitante de fuerzas armadas contra una comunidad que acababa de ser reprimida por la gendarmería.
Foto: http://www.elancasti.com.ar/
El día miércoles una fuerza de infantería de la policía provincial, sin ninguna orden judicial, volvió a agredir al Lof: llegados en móviles, atacaron a la comunidad con armas, disparando una gran cantidad de balas de goma. Como resultado final, hubo numerosos heridos de golpes y balas, algunos de los que debieron ser internados en El Bolsón y Bariloche, unos diez detenidos, una enorme conmoción social, angustia de los niños y de sus madres, niños y niñas golpeados y esposados, destrucción de bienes, gran cantidad de animales robados por las fuerzas estatales, y un despliegue de fuerzas armadas atacando innecesariamente a miembros de la sociedad, a la que deberían defender y custodiar.
Foto: https://twitter.com/CEL
Nos gustaría saber: ¿Cuántos recursos humanos y materiales está destinando el Estado Provincial y Nacional para atender las demandas territoriales de las Comunidades Mapuche Tehuelches? ¿Cuáles son las vías pacíficas que el Estado está aplicando a resolver este y otros conflictos territoriales? ¿Cuándo se terminarán de relevar los Territorios Indígenas, con los enormes recursos aportados a través de la Ley Nacional 26.160 de Emergencia Indígena? ¿Dónde están los funcionarios y poderes del Estado que deberían garantizar el respeto de los Derechos Humanos y las demandas territoriales?
Repudiamos enérgicamente la utilización de la violencia institucional para resolver conflictos territoriales y sociales, la aplicación de métodos propios del Terrorismo de Estado para defender intereses de grupos económicos multinacionales, reprimiendo a la población más vulnerable. El Estado Argentino defiende los intereses de empresas como Monsanto, Barrick Gold, Chevron, Benetton o Lewis, reprimiendo y castigando a la ciudadanía que defiende el territorio.
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Remarcan que la única acción tolerable "es aquella que se ajuste a la de un Estado de derecho respetuoso de los derechos constitucionales del pueblo mapuche y todos los pueblos originarios".
El enseñamiento contra la comunidad y que mostró su peor rostro de violencia se inició el martes 10 de enero cuando las fuerzas de gendarmería efectuaron dos intervenciones violentas que se extralimitaron y desbordaron en ilegalidad.
El miércoles, sin orden judicial de por medio, volvieron a crear un clima de terror al agredir con numerosos disparos de balas de goma a la población, creando una conmoción en mujeres y niños.
Numerosos varones fueron esposados y detenidos y otros terminaron en centros de salud debido a las heridas y contusiones recibidas.
La primera orden judicial del día martes era para desalojar las vias del tren y realizar identificación. La segunda orden buscaba constatar presuntos hechos de abigeato o robo de ganado.
En ambos casosm y en particular el miércoles, las fuerzas de gendarmería provincial actuaron con violencia desproporcionada,
A continuación el comunicado de las instituciones de derechos humanos de Argentina:
Los organismos de derechos humanos repudiamos la represión contra la comunidad mapuche Pu Lof
Los organismos de derechos humanos abajo firmantes repudiamos firmemente la violenta represión ejercida por las fuerzas de Gendarmería Nacional, apoyados por efectivos policiales provinciales, contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut.Desde hace dos días estas fuerzas de seguridad vienen ejerciendo operativos de control y represión sobre esta comunidad, cercando los asentamientos como zona liberada para el accionar de las fuerzas represivas, con evidente criminalización de la protesta social y bajo la idea de que son grupos terroristas que ponen en riesgo la seguridad nacional.
Es inminente que en el día de hoy se siga profundizando el accionar represivo, dado que el Estado nacional y el provincial continúan movilizando nuevos contingentes de personal de las fuerzas hacia la zona de Vuelta del Río.
Exigimos al Presidente, a la Ministra de Seguridad de la Nación y al Gobernador de la Provincia el cese inmediato de estas acciones. La única acción tolerable es aquella que se ajuste a la de un Estado de derecho respetuoso de los derechos constitucionales del pueblo mapuche y todos los pueblos originarios.
- Abuelas de Plaza de Mayo
- Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
- Asociación Buena Memoria
- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
- Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
- Fundación Memoria Histórica y Social Argentina
- HIJOS Capital
- Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH)
- Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora
- Memoria Verdad Justicia Zona Norte
- Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH)
- Servicio de Paz y Justicia (SerpaJ)
A la Opinión Pública – Los sucesos ocurridos en Lof Cushamen entre 10, 11 y 12 de Enero de 2017
Durante tres días el Lof en Resistencia Cushamen fue escenario de los más diversos hechos de violencia y represión, con o sin orden judicial: destrucción de viviendas, mujeres, niños y adultos fuertemente golpeados, arrancados de sus casas, y perseguidos, con el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y de plomo, palos y todo tipo de elemento de represión contra personas desarmadas.La orden judicial del Juzgado Federal consistía en el desalojo de las vías del tren e identificación de personas. Pero la gendarmería a cargo del operativo del martes se extralimitó claramente entrando en las viviendas, destruyendo y persiguiendo despiadadamente a sus ocupantes. Como si esto fuera poco, momentos después, durante el mismo día martes, un operativo de fuerzas provinciales (policía montada e infantería) ingresó al predio con una orden judicial del juez José Colabelli, para constatar presuntos hechos de abigeato (robo de ganado).
Nuevamente represión, balas de goma y una desproporción exorbitante de fuerzas armadas contra una comunidad que acababa de ser reprimida por la gendarmería.
El día miércoles una fuerza de infantería de la policía provincial, sin ninguna orden judicial, volvió a agredir al Lof: llegados en móviles, atacaron a la comunidad con armas, disparando una gran cantidad de balas de goma. Como resultado final, hubo numerosos heridos de golpes y balas, algunos de los que debieron ser internados en El Bolsón y Bariloche, unos diez detenidos, una enorme conmoción social, angustia de los niños y de sus madres, niños y niñas golpeados y esposados, destrucción de bienes, gran cantidad de animales robados por las fuerzas estatales, y un despliegue de fuerzas armadas atacando innecesariamente a miembros de la sociedad, a la que deberían defender y custodiar.
Nos gustaría saber: ¿Cuántos recursos humanos y materiales está destinando el Estado Provincial y Nacional para atender las demandas territoriales de las Comunidades Mapuche Tehuelches? ¿Cuáles son las vías pacíficas que el Estado está aplicando a resolver este y otros conflictos territoriales? ¿Cuándo se terminarán de relevar los Territorios Indígenas, con los enormes recursos aportados a través de la Ley Nacional 26.160 de Emergencia Indígena? ¿Dónde están los funcionarios y poderes del Estado que deberían garantizar el respeto de los Derechos Humanos y las demandas territoriales?
Repudiamos enérgicamente la utilización de la violencia institucional para resolver conflictos territoriales y sociales, la aplicación de métodos propios del Terrorismo de Estado para defender intereses de grupos económicos multinacionales, reprimiendo a la población más vulnerable. El Estado Argentino defiende los intereses de empresas como Monsanto, Barrick Gold, Chevron, Benetton o Lewis, reprimiendo y castigando a la ciudadanía que defiende el territorio.
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