Denuncia de la comunidad Wixárika de Tuapurie- Santa Catarina Cuexcomatitlán

A LA SOCIEDAD CIVIL NACIONAL E INTERNACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LAS ORGANIZACIONES CIVILES DE DERECHOS HUMANOS.
Las autoridades tradicionales y agrarias de la comunidad Wixárika de Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán por medio del presente hacemos del conocimiento de sociedad civil en general la situación actual que prevalece en nuestra comunidad indígena tras 04 años que se hubieran detenido los trabajos de construcción de la carretera Amatitán – Bolaños – Huejuquilla El Alto, la cual atravesaría en un tramo de 19 kilómetros nuestro territorio comunal.
Antecedentes
En febrero de 2008, los ayuntamientos de Mezquitic, Bolaños y Huejuquilla implementaron una campaña de presión y hostigamiento (incluso policiaco) en contra de las en aquel entonces eran autoridades agrarias de nuestra comunidad para tratar de lograr la autorización del trazo carretero dentro de nuestro territorio comunal de Tuapurie. Posteriormente los ediles de dichos ayuntamientos implementaron una campaña de desprestigio hacia las Autoridades y asesores comunitarios.
Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Jalisco se sumó la campaña antes dicha y sin el menor respeto a nuestros derechos, inició los trabajos de construcción del tramo carretero, ocasionando con ello graves daños y perjuicios a nuestra comunidad indígena, mismo que al día de hoy no han sido reparados. Además de lo anterior, dicha Secretaría se condujo con falsedad al afirmar ante un Juez Federal, que la Comunidad Indígena que representamos supuestamente había dado su anuencia para la construcción del tramo carretero, basándose para ello en un documento apócrifo mintiendo sistemáticamente al asegurar que con su ilegal actuar no había cometido daños en daños en nuestro territorio, a pesar de que dichos daños y perjuicios se encuentra debidamente verificados y documentados de manera técnica y han sido denunciados por nuestra parte las instancias correspondientes.
De igual forma hemos denunciado la participación activa de funcionarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) perteneciente al Gobierno Federal, en el intento de imposición a nuestra comunidad del proyecto carretero, demostrándose con ello la falta de interés en su supuesta comisión de velar y atender las necesidades y reclamos reales de nuestra comunidad y en general de los pueblos indígenas, dado que con su actuación únicamente pretendió solapar y ser partícipe de la conducta ilegal de los gobiernos municipal, estatal y federal, consistente en engaños, presión, falsificación y represión, que lo mismo pasa en todas las comunidades donde la CDI interviene para imponer megaproyectos que violan los derechos indígenas,
Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente desde el inicio de nuestra lucha comunitaria en defensa de nuestras tierras y territorios nunca ha cumplido con la función que se supone tiene en materia ambiental, pues lejos de castigar la serie delitos, ambientales y penales cometidos por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Rural, únicamente se concretó a emitir opiniones que de igual forma pretenden convalidar y minimizar los daños causados por el ilegal actuar de la SEDEUR, dejado con ello patente su desinterés de coadyuvar para que nuestra comunidad pueda ser restituida de los daños y perjuicios sufridos.
Situación actual:
A pesar de todo lo anterior, el 24 de junio de 2011 después de cuatro largos años de litigio legal, organización autónoma y resistencia indígena nos fue concedido el amparo y protección de las instancias judiciales, con la finalidad de que el proyecto carretero de referencia fuera cancelado en el tramo que atraviesa nuestras tierras comunales, determinándose por el Juez Federal que dicha concesión de amparo se hacía extensiva para el que las cosas fueran regresadas al estado en el que se encontraban hasta antes de la violación de nuestros derechos colectivos, cometida por parte de la SEDEUR, para de esta forma restituir a nuestra comunidad indígena el daño causado.
Es importante resaltar el hecho de que los daños causados a nuestra comunidad comprenden afectaciones a bienes, derechos y creencias, y por ello la SEDEUR se encuentra obligada a reparar de dichos daños ocasionados dentro de nuestro territorio comunal entre los que se comprenden, los cientos de Pinos derribados de manera ilegal, la apertura y explotación de bancos de material pétreo, las cárcavas creadas que producen erosión y azolvamiento de arroyos y manantiales, la destrucción de la antigua brecha que trajo como consecuencia la creación de zonas intransitables en tiempo de lluvias, mangueras y alambres de púas cortados, cercos derribados, una casa destruida y el sitio sagrado “Paso del Oso” sepultado bajo toneladas de escombro.
Asi pues, nuestra comunidad indígena a través del procedimiento legal del juicio de amparo demostró el derecho que nos asiste a los wixaritari de ser previamente escuchados, no solo en la implementación del proyecto carretero que no ocupa, sino de cualquier otro que pueda tener como consecuencia una afectación de nuestros derechos, así mismo quedó demostrado que el documento mediante el cual la Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDEUR) intentaba sustentar una supuesta autorización otorgada por nuestra parte para la implementación de la obra carretera RESULTA SER FALSO y no fue autorizado por nuestra asamblea de comuneros, ni resulta suficiente para justificar los daños y perjuicios causados con el inicio de actividades tendientes a la construcción del proyecto carretero de referencia.
A pesar de lo anterior, la SEDEUR nuevamente intenta evadir la responsabilidad que le resulta para reparar los daños ocasionados a nuestra comunidad, tratando de hacer uso para ello de nueva cuenta de mentiras y verdades a medias, al alegar en su defensa que el proyecto carretero nunca había iniciado dentro de las tierras de nuestra comunidad y que por ello no existían daños materiales que resarcir. A lo cual nuestra Comunidad se ha manifestado en el sentido de negar las afirmaciones de la SEDEUR, en virtud de que, contrario a lo que falsamente pretende sostener el gobierno, que los daños causados se encuentran vigentes y plenamente documentados.
Así pues, continua la lucha por hacer valer la razón que asiste a la palabra colectiva de nuestra comunidad Tuapurie, frente al intento renovado de las autoridades para tratar de desvirtuarla y dicha lucha se sustenta y tiene su raíz en el respeto al derecho inalienable que tiene nuestra Comunidad a decidir sobre sus propias formas de desarrollo y de gobierno, basado en convenios internacionales y los Acuerdos de San Andrés, que sustentan nuestro derecho de que sean reparados los daños y perjuicios causados en los términos que establece la sentencia de Amparo; reclamos que para nuestro pueblo son inclaudicables y sabremos sostener hasta sus últimas consecuencias.

Atentamente Por Tuapurie- Santa Catarina Cuexcomatitlán, a 10 de mayo de 2012
Juan Torres González
Presidente de Bienes Comunales
Marcos Cosío de la Rosa
Secretario
Samuel Carrillo Valenzuela
Tesorero

Colectivos de mujeres de La Grandeza, Aguacatenango, La Merced, El puerto y Napité denuncian militarización en comunidad del Madronal.

A los Medios de Comunicación
A la Sociedad Civil
A las Organizaciones No Gubernamentales
A las compañeras y compañeros solidari@s
Los colectivos de mujeres de La Grandeza, Aguacatenango, La Merced, El puerto, Napité
Desde nuestra palabra y corazón, denunciamos que la madrugada del 2 de febrero el ejército federal (Marina) se posicionó en tierras ejidales instalando tiendas de campaña en el parque de los invernaderos cerca de la comunidad del Madronal, Municipio de Amatenango del Valle, sin consultar a la gente de la comunidad. Al presidente municipal le notificaron una hora antes de que llegaran los militares que para resguardar la “seguridad” se instalarían en esta zona. Las autoridades avalan la invasión de los militares.
Las mujeres de los colectivos de estas comunidades estamos en desacuerdo porque la presencia de los militares está metiendo miedo a la gente, a las mujeres, hombres, niñ@s, ancian@s, las mujeres tenemos inseguridad de salir a traer leña, no podemos ir a la parcela, no entendemos que están haciendo los militares (marina) en la comunidad. Los militares han entrado a las casas para buscar armas, van a otras comunidades cercanas, en las noches andan rondando dentro del pueblo, se meten a las parcelas en el regadío, no se sabe que hacen ahí.
Nosotras no necesitamos que el ejército nos venga a cuidar. Lo que queremos es que respete nuestra autonomía como pueblos indígenas, que respete nuestra identidad, nuestra lengua, nuestra cultura como indígenas que estamos luchando para transformar el mundo donde quepan muchos mundos.
Nuestr@s abuel@s lucharon por estas tierras y nosotr@s las defenderemos.
EXIGIMOS:
• Alto a la militarización en Chiapas y en México
• Que los militares salgan de las comunidades y de las ciudades, que se regresen a sus cuarteles.
• Que los pueblos indígenas sean respetados y sean quienes tomen las decisiones en sus comunidades.
• Libertad de caminar donde nosotras queramos sin que nos estén vigilando.
• Castigo a todos los militares, por las agresiones y violaciones a mujeres, hombres y niñ@s.
Rechazamos:
• El acuerdo de Felipe Calderón con Obama y otros países que avalan políticas: como el Tratado de Libre Comercio, el TLCAN, ASPAN, Plan Mérida, ETC. que le da entrada a los militares de Estados Unidos, al armamento, aviones, camiones y entrenamiento militar al ejército mexicano.
• La invasión y despojo por parte de los militares de la riqueza de las comunidades indígenas.
• La ley de seguridad, y la reforma de la militarización
–
Centro de Derechos
de la Mujer de Chiapas
http://www.ddhhmujerchiapas.org/lavoz/index.html
Tel: 967 631 60 75

Frente común para evitar desvío del Ranchería

Con una gran marcha la sociedad civil y la dirigencia política de La Guajira espera cambiar la decisión del Cerrejón de desviar el río Ranchería en 26 kilómetros, como parte del proceso de expansión de la empresa. Así se decidió después de una reunión donde participaron 21 organizaciones que decidieron que la manifestación sería en veinte días.

El Comité prodefensa del Río Ranchería y del Manantial de Cañaverales organiza un frente común para oponerse a este proyecto y seguir creando argumentos técnicos y políticos para que se pueda rebatir con mayor propiedad las razones de la empresa carbonífera.

“La marcha del primero de mayo, evento conmemorativo de las luchas obreras, debe ser un espacio que el Comité debe aprovechar para que también sea una jornada de rechazo al desvío del rio”, dijeron los miembros del Comité.

En el encuentro, en el que estuvo presente la Defensoría del Pueblo, sindicatos, partidos políticos, organizaciones indígenas, concejales, ediles, estudiantes y los Representantes a la Cámara de este departamento, se concluyó que inicialmente se le enviará una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos y al Cerrejón, exigiendo el no desvío de la principal arteria marítima con que cuenta La Guajira, por los perjuicios sociales, ambientales y económicos que esto traerá para la región.

El Cerrejón ha anunciado la ampliación de la mina con el objetivo de duplicar su producción anual, la cual llegará a unas 60 toneladas cada año y teniendo en cuenta que bajo el Ranchería hay 500 millones de toneladas del mineral, tendría necesariamente que desviar su cauce en su trayecto por los municipios de Barrancas, Albania y Hatonuevo, según lo ha informado en las socializaciones que lleva a cabo en estas regiones.

Los representantes a la Cámara Alfredo De Luque y Jimmy Sierra Palacio coincidieron en que hay que realizar en el Congreso un gran foro de la minería, que incluya este tema del desvío del río Ranchería. Deluque mostró preocupación por las consultas previas que se están haciendo por cuanto, considera que en las comunidades indígenas se carece de claridad acerca de los efectos que pueda acarrear el desvío.

A pesar de las manifestaciones de rechazo, el presidente de la carbonífera, quien asumió el cargo hace dos meses Roberto Junguito, afirmó recién que es un proyecto que apenas está en proceso de evaluación para establecer si es conveniente o no para la región y la empresa. Indicó, además, que estudian otras alternativas para establecer todos los impactos de carácter ambiental y comunitario que puedan tener.

Por Sandra Guerrero Barriga

Tomado de:  http://www.elheraldo.co/region/frente-comun-para-evitar-desvio-del-rancheria-64737

Neuquen: El modelo petrolero se cobra otra vida en Territorio Mapuche

Cristina Cherqui tenía 55 años, y era miembro de la Comunidad Mapuche de Añelo, zona ubicada a 100 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Falleció el lunes pasado, después que le detectaran plomo y otros metales pesados en la sangre, fruto de la contaminación que YPF y otras petroleras generan en el agua que se consume en la región.

La investigación arrancó con una denuncia penal de la Asociación de Superficiarios de Petróleo de la Patagonia (ASSUPA), a la cual se sumaron 200 pobladores en calidad de querellantes. Cristina era uno de ellos. El escrito acusa como responsables a todo el directorio de la empresa, pero además a los otros grupos que explotan pozos en el lugar: Pan American, Chevron, Total Austral (de capitales franceses) y Medanito.

Después de analizar distintas muestras en superficie y en napas subterráneas, la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal y el Laboratorio de Toxicología y Química Legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinaron que  los 4000 habitantes del “Desierto de Añelo”, como se lo conoce, presentan medidas alarmantes de mercurio, cromo y plomo en la sangre, y que el agua del lago de la región está contaminada 500 veces más de lo permitido para uso recreativo.

“En realidad –dice Ricardo Apis, presidente de ASSUPA–, el problema es mucho más grave, porque además del terreno hay que sumar la contaminación en dos lagos: Los Barreales y Marimenuco, de donde sale el agua supuestamente potable para la ciudad de Neuquén y el área del Valle de Río Negro.”

El reclamo se basó en dos tipos de muestras: la “calicata”, que consiste en una perforación realizada para evaluar la calidad del agua de las napas freáticas, y la toma de aguas de superficie, efectuada generalmente en espejos naturales. Para esto último se eligió Los Barreales (uno de los tres del complejo Chocón-Cerro Colorado), que finalmente resultó contaminado 500 veces más del límite aconsejable.

Para Luis Arellano, apoderado legal de la Asociación y experto en temas ambientales,  “los niveles de hidrocarburos en el agua que toma la gente son alarmantes. En un sector de Loma de la Lata, por ejemplo, la cifra es de 150 microgramos por litro”.

Otra de las localidades perjudicadas es San Patricio del Chañar, lo que también demuestra que “los daños pueden seguir extendiéndose, si no se toman medidas de reparación”, afirma Arellano. Y agrega: “La acción tiene en cuenta delitos penados en el artículo 200 del Código Penal y en los artículos 55,56 y 57 de la Ley 24.051. Estamos hablando de penas de hasta diez años de prisión. Aunque con un agregado: Cherqui era querellante en la causa penal, y su fallecimiento puede implicar un agravamiento de la figura, hasta alcanzar una pena de 25 años de prisión por envenenamiento seguido de muerte”.

En medio de la investigación, Neuquén renegoció los contratos con las petroleras en 2009, y solicitó a YPF un listado para que la propia empresa informara cuáles eran sus focos de conflicto. El grupo reconoció 233 hechos contaminantes, cantidad muy por debajo de la real. En Loma de la Lata, por ejemplo, 13 episodios de distinta gravedad descubiertos por la Policía Federal  no habían sido comunicados.

“Frente a este escenario –afirma Arellano–, puedo asegurar que si cualquiera hace una mínima perforación, encuentra agua contaminada rápidamente. Para colmo, el crudo no es lo único que contamina, porque a eso le tenés que sumar la llamada agua de formación. Para ser más claro: el petróleo no está en una pileta subterránea, puro y listo para ser extraído. Es una mezcla de arena, barro, piedra, tierra, que se saca inyectando líquidos, para buscar fluidez. Ni bien ese lodo aparece en la superficie, comienza un proceso de división y limpieza: petróleo propiamente dicho, pero además tierra, gasolina, diferentes productos químicos, y agua de formación, altamente tóxica y contaminante, en ocasiones siete veces más salada que el agua de mar. Agua que, por supuesto, las compañías tiran en los campos, arruinándolos por completo, y matando a los animales que se acercan.”

El abogado reconoce que lo ocurrido en Los Barreales “fue de casualidad, porque la muestra que tomamos del lugar y mandamos a Buenos Aires surgió en realidad como ‘blanqueo’, es decir, una porción que suponíamos apta para el consumo y planeábamos usar como contraste de la contaminación de las napas. Pero para sorpresa nuestra, los estudios demostraron que también los índices contaminantes del lago eran gravísimos. Si esas 500 veces más de lo permitido son  perjudiciales para la actividad recreativa, como puede ser la natación, imaginemos qué pasaría si alguien toma el agua.”

“Si la justicia federal de Neuquén actuara como corresponde –finaliza Apis–, (Antonio) Brufau debería estar preso. Están muriendo seres humanos, y nosotros lo advertimos antes de que ocurriera.”

La cifra de la contaminación

500 veces por encima del límite de lo aconsejable es la contaminación que se detectó en el agua de Los Barreales en Chocón-Cerro Colorado.

 Por Tiempo Argentino

Emboscan a dos ejidatarios de San Sebastian Bachajón, Chiapas.

SAN SEBASTIAN BACHAJON ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA DE LA SEXTA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA. CHIAPAS, MEXICO. 10 DE MAYO 2012

_ A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL.
_AL MOVIMIENTO POR JUSTICIA DEL BARRIO DE NUEVA YORK ADHERENTES A LA OTRA CAMPAÑA Y SUS ALIADOS DE TODO EL MUNDO.
_A LAS ORGANIZACIONES CIVILES E INDEPENDIENTES DE MEXICO Y EN EL MUNDO.
_A LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO.
_A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS E ALTERNATIVOS.
DENUNCIAMOS ENERGICAMENTE LOS HECHOS SUCITADOS DEL PASADO 6 DE MAYO 2012 EN EL TRAMO CARRETERO CHILON A CARMEN XAQUILA, DONDE FUE ENBOSCADO 2 COMPAÑEROS CUANDO SE DIRIGIAN A SUS CASAS, CUANDO DE REPENTE SIN SABER LOS MOTIVOS, A SANGRE FRIA SALIERON ENTRE LAS MALEZAS 4 PERSONAS FUERTEMENTE ARMADOS CON RIFLES EN LA MANO DISPARARON CONTRA LOS COMPAÑEROS.
DICHOS ACTOS NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SUCEDE EL 29 DE ABRIL DE 2011, FUE VIOLENTAMENTE AGREDIDO EL C, FLORENTINO PEREZ GOMEZ , SE LLEVO LA TRISTE EXPERIENCIA DE PERDER ALGUNOS DE SUS MIEMBROS DE SU CUERPO QUE HASTA EL MOMENTO LO TIENE CONCERVADO EN UN RECIPIENTE DE CRISTAL, PRODUCTO DE LAS AGRESIONES QUE LE PRODUJO CON UN OBJETO DE ARMA BLANCA SIN SABER LA RAZON EN LA CUAL FUE VICTIMA DEL AGRESOR DE NOMBRE VICTOR MANUEL VAZQUEZ LOPEZ.
SOBRE ESOS HECHOS LAMENTABLES EXISTE UNA ORDEN DE APRENSION EN CONTRA DEL C. VICTOR MANUEL VAZQUEZ LOPEZ Y QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, EL COMPAÑERO FLORENTINO PEREZ ESA VEZ CORRIO CON LA SUERTE DE SEGUIR VIVIENDO PARA CONTAR SU TRISTE EXPERIENCIA.
TUBO LA OPORTUNIDAD DE PODER EXIGUIR UNA JUSTICIA POR LO QUE LE HABIA PASADO, PERO NUNCA LLEGO, COMO SON PERSONAS CON ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS UN DIA ACUDIERON EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA DE JUSTICIA DE YAJALON CON LA FINALIDAD DE SOLICITAR LA COLABORACION DE LAS AUTORIDADES PARA EJECUTAR LA ORDEN DE APREHENSION EN CONTRA DE LOS RESPONSABLES, LO CUAL, FUE LA SORPRESA DE LAS AUTORIDADES QUE PARA IR A DETENER AL RESPONSABLE SE NECESITA $6000 PESOS M/N PARA CAPTURAR AL RESPONSABLE LA JUSTICIA COSTABA UN DINERO, EN ESE CASO REGRESARON MAS TRISTES, POR QUE NO ENCONTRARON LA JUSTICIA ESTABAN EN EL OLVIDO.
AHORA ESTA VEZ EL LA LIBERO SU HERMANO MENOR DE NOMBRE JAVIER PEREZ JIMENEZ DE 17 AÑOS DE EDAD NO CORRIO CON LA MISMA SUERTE HOY ESTA AGONIZANDO EN EL HOSPITAL DE LAS CULTURAS EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIS.
SE REPITE LA MISMA HISTORIA, EL PASADO 6 DE MAYO 2012 A LAS 4:40 PM FUE EMBOSCADO Y LE PROPINAN UN BALASO, SU HERMANO MAYOR SALIO ILESO RECONOCIO A LOS AGRESORES LA MISMA PERSONA DE NOMBRE VICTOR MANUEL VAZQUEZ LOPEZ, ORIGINARIO DEL POBLADO SAN JOSE CHAPAPUYIL MUNICIPIO DE CHILON Y TRES MAS QUE YA NO SE LOGRO IDENTIFICAR, EN ESE POBLADO EXISTE UN GRUPO DE 12 PERSONAS LIDERADOS POR MANUEL VAZQUEZ RUIZ DIRIGENTE DE LA ORGANIZACIÓN (UCIAF) CON ANTECEDENTES COMO LAS PERSONAS PARTICIPES DE BARIOS ACTOS VIOLENTOS Y ACTUAL INTEGRANTES DEL PRI VERDE ECOLGISTA DE MEXICO, PRINCIPAL AGITADORES DE LA SOCIEDAD DE ESE POBLADO, PRODUCTO DE LAS INTENSAS CAMPAÑAS DEL PARTIDO PRI-VERDE EN ESA LOCALIDAD QUE LOS A ORILLADO EN DIFERENTES HECHOS VIOLENTOS.
AHORA ESTA CON NUESTROS COMPAÑEROS, PERO EL PRINCIPAL RESPONSABLE SON LAS AUTORIDADES DE LA INPARTICION DE JUSTICIA CUANDO LES PEDIMOS JUSTICIA NOS DAN LA ESPALDA, SIN PENZAR QUE POR ESOS ACTOS NOS ESTAN ORILLANDO EN LA VIOLENCIA PARA EXIGUIR LA JUSTICIA CON NUESTRAS PROPIAS MANOS, PORQUE NO VAMOS A SEGUIR TOLERANDO MAS REPRESION Y AGRESIONES DE PARTE DE INTEGRANTES PARTIDISTAS.
ESTA MUY CLARO QUIENES SON LOS RESPONSABLES, PORQUE ESTOS ACTOS NO VA QUEDAR IMPUNE HASTA DAR CON LOS RESPONZABLES, SI LA AUTORIDAD COMPETENTE NO TOMA CARTAS EN EL ASUNTO, NOSOTROS LA VAMOS HA SER, PORQUE NO ES LA PRIMERA VEZ QUE COMO ORGANIZACIONES HEMOS SIDO VICTIMAS DE LA INJUSTICIA CON EL UNICO PROPOSITO DE DESINTEGRAR NUESTRA ORGANIZACIÓN E INTIMIDARNOS PARA NO SEGUIR NUESTRAS LUCHAS EN LA DEFENSA DE NUESTRAS TIERRAS Y TERRITORIOS, ESTE ES UN EJEMPLO MAS DE QUE LOS PARTIDOS POLITICOS ESTAN GENERANDO VIOLENCIA, CONFRONTACION Y DESINTEGRACION DE LA SOCIEDAD, ETC. CON SUS PROYECTOS POR CONDICION POLITICA.
POR TAL RAZON EXIGIMOS JUSTICIA PARA LOS RESPONSABLES INVOLUCRADOS EN LOS ACTOS DEL PASADO 6 DE MAYO DE 2012.

ATENTAMENTE TIERRA Y LIVERTAD
ZAPATA VIVE LA LUCHA SIGUE

Indígenas de Zahino rechazan construcción de ferrocarril y desvío del río Ranchería

La presencia por segunda vez de funcionarios de los ministerios del Interior y Ambiente, Cerrejón y la empresa MPX, en la zona de Zahino, solo dejó en claro que esa comunidad no aceptará la construcción de una red férrea, ni mucho menos el desvío del río Ranchería, porque afectaría totalmente su región.

Al encuentro celebrado en el resguardo indígena wayuú Zahino, asistieron Mauricio Meneses, como delegado de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, el personero de Barrancas, José Elías Zárate, y otros funcionarios, entre ellos, la actual secretaria de Asuntos Indígenas del Departamento, Yelenka Gutiérrez.

Los líderes wayuú fueron claros al señalar que solo se aceptaba el diálogo con los representantes del Gobierno, pero no se podría considerar como una reunión determinante, ya que ellos simplemente escucharían la propuesta.
Igualmente, para ellos quedó claro que existe un propósito de desviar el río y construir una red férrea en toda la zona, hecho que causará una alteración en toda la región, por lo que debe ser estudiado y analizado, pero por el momento no aceptarán estos proyectos.

Tomado de:  http://www.diariodelnorte.net/noticias/politica/11613-ind%C3%ADgenas-de-zahino-rechazan-construcción-de-ferrocarril-y-desv%C3%ADo-del-r%C3%ADo-rancher%C3%ADa.html

Panamá: Indígenas son reprimidos en el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco, Martinelli favorece empresa acusada de asesinatos en Honduras

Declaraciones del compañero Celio Guerra

En Tabasará indígenas fueron reprimidos por unidades antimotines de la Policía Nacional.  El señor Juan Mendoza resultó herido.

Los indígenas protestan contra este proyecto que afecta a numerosas comunidades.

La empresa GENISA, de origen hondureño, es favorecida así por el Gobierno de Ricardo Martinelli en contra del sentir despueblo Ngäbe Buglé.

Socios de GENISA, de acuerdo a informes, son acusados de asesinato de trabajadores en un proyecto de palma aceitera en Honduras y estuvo involucrada en el Golpe de Estado de Micheletti contra el Presidente Constitucional Manuel Zelaya.

Tenemos declaraciones del compañero Celio Guerra, Presidente del Congreso General Tradicional del Pueblo Ngäbe Buklé.

Nota:

En medio de un paro de personal administrativo y médico contra la privatización y el desgreño administrativo de la CSS y protestas de los pescadores que están en la mira de la expropiación de sus tierras, la Unión Europea anuncia que Panamá tiene índices demasiado altos para recibir ‘ayuda’ económica de esa entidad política en peligro de extinción. Lo que no dice la información sobre la posición de los europeos, es que esos mismos bancos del ‘viejo mundo’ están financiando numerosas actividades en Panamá, destinadas a destruir los pocos bosques húmedos que quedan en el Istmo.

Según una información difundida por los medios de comunicación, ‘dos bancos europeos, uno alemán y el otro holandés, se unen al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para financiar una obra hidroeléctrica en tierras comarcales de los pueblos Ngäbe-Buglé. Grandes intereses económicos pretenden inundar una parte de la misma para generar la llamada energía ‘limpia’.’. El proyecto es el mismo que generó un conflicto que le costó la vida a dos jóvenes víctimas de la represión policial en febrero de 2012. Los ngäbes, afectados por la construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, se oponen a la construcción de hidroeléctricas en su comarca y en las áreas anexas.

La red internacional ambientalista Salva la Selva ha iniciado una protesta internacional, exigiendo que se retire la financiación alemana al proyecto. Según la red, los otros bancos deben retirarse también. El bosque húmedo de los ngäbes alberga una gran biodiversidad. La sierra del Tabasará, en provincia de Chiriquí, es un paraíso para anfibios y reptiles, entre ellos muchos que sólo se encuentran en este lugar y que están amenazados de extinción. Entre ellos, la rana azul del Tabasará, que sólo vive en las orillas del río que quedarán inundadas por el embalse. El territorio ngäbe está reconocido legalmente por el gobierno de Panamá como propiedad colectiva. Los indígenas no han dado su consentimiento para el proyecto hidroeléctrico. Al menos dos muertos y más de un centenar de heridos y detenidos y otros abusos fueron el triste saldo de las manifestaciones de febrero 2012 en contra de los proyectos hidroeléctricos y mineros en la Comarca Ngäbe-Buglé.

El proyecto Barro Blanco, es muy cuestionado por corrupción en Panamá. El estudio de impacto ambiental (EIA) original nunca se consultó con la población. Tras la concesión, sus responsables decidieron unilateralmente aumentar el tamaño del embalse, sin realizar las consultas pertinentes ni un nuevo EIA, como requiere la Ley. El costo de la obra es de 120 millones de dólares. Tres bancos de ‘desarrollo’ han aprobado 25 millones de dólares para financiar el proyecto: el Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft GmbH (DEG), el Netherlands Development Finance Company (FMO) y el BCIE. Tanto los bancos como la empresa GENISA se amparan en un cuestionado estudio de impacto ambiental, donde los conflictos y la población afectada son apenas mencionados. Además, se justifican esgrimiendo múltiples ‘estándares’ sin sentido ni significado alguno para los pueblos indígenas. Raúl Moreira, presidente del Colegio de Economistas de Panamá, señala ‘la existencia de una mayor oferta (de energía eléctrica) en relación con la demanda’. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), elaborado en 2008, determinó que el 98% del agua que corre por un solo río, el Chiriquí Viejo, fue concesionada para el uso de hidroeléctricas, quedando sólo el 2% libre para otros usos.

Aún así la constructora GENISA, propiedad de un grupo económico hondureño (que la compró a la empresa especuladora de los socios panameños Virzi y Btesh), construye una hidroeléctrica de 28MW en el valle del río Tabasará. Todos los involucrados en el proyecto —empresa constructora, gobierno, autoridades locales— han sido severamente cuestionados. También la ONU y el esquema de compensación de carbono, con el argumento de que la energía obtenida será ‘sostenible’ y ‘limpia’. Nada más lejos de la realidad. ‘La población indígena y campesina se enfrenta al desarraigo y a la pérdida de sus bienes y su sustento, ya sea directamente por la inundación o por los llamados proyectos de reforestación de la empresa constructora. Estos proyectos consisten básicamente en talar árboles que se encuentran en las márgenes del río y replantar en las faldas de las laderas especies no nativas de teca y otras maderas comerciales. Los indígenas serán desplazados de hecho, ya que serán expropiados’, denunció el ambientalista Oscar Sogandares.

Salva la Selva ha iniciado una protesta online dirigida al banco alemán DEG. Más de 20,000 personas ya se han unido a la protesta con su firma, exigiendo que retiren la financiación al proyecto. Los bancos alemanes son los mismos que financiaron los años ‘gloriosos’ de la periferia europea. Ahora quieren que los pueblos afectados les paguen y exigen que se eliminen puestos de trabajo, seguridad social, educación y servicios de salud en Grecia, Portugal, Irlanda y otros países. Son los programas de austeridad que han sido rechazados por los afectados. No cabe duda que Panamá está en la lista de estos bancos alemanes, cuya avaricia no se detiene ante cualquier negocio. (Marcos Gandasegui)

 por FRENADESO (fuente Kaos en la Red)

Denuncia de Miguel Demeza Jiménez, preso injustamente en Cintalapa, Chiapas.

A LA JUNTAS DE BUEN GOBIERNO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIVAS E INTERNACIONALES.
AL MOVIEMIENTO POR JUSTICIA DEL BARRIO DE NVA YORK ADHERENTE
A L A OTRA CAMPAÑA Y SUS ALIADOS DE TODO EL MUNDO
A LAS ORAGNIZACIONES INDEPENDIENTE DE MEXICO DE TODO EL MUNDO
A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES
A LA SOCIEDAD CIVIL DE MEXICO Y DE TODO EL MUNDO
A través de este comonicado y pido al mandatario Chiapaneco. C. Juan Sabines Guerrero que me tome en cuenta y asi escuche mi petición y brindarle solución inmediata en otorgarme mi libertad inmediata y absolverme por los delitos que me acusan que no es justo que yo pague un delito en la cárcel lo que no debo.
Y asi también como los otros compañeros de la voz del amate asi como Rosario Diaz Mendez preso político de la voz de amate Pedro Lopez Jimenez, Afredo Lopez Jimenez, Alejandro Lopez Santiz, juan Diaz Lopez y Rosa Lopez Diaz, recluido en el cereso num. 5 cinco de san cristobal de las casa Chiapas y Enrique Gomez Hernandez solidario de la voz del amate. Recluido en cereso num. 14 “AMATE” Cintalapa Chiapas. En la isma circunstancia se encuentra privada de su libertad de una manera injustamente que a sido objeto de la detención arbitrarias y abuso de autoridad por parte de la corporaciones policiacas en los tres niveles de gobierno municipales estatales y federales, tanto como pagar “ DEUDAS AJENAS”
Porque están privadas de su libertad por actos de injusticia donde algunos sefueron fabricados de delitos y los hicieron ser responsables en causas penales y en delitos que jamás cometieron es ha base de esto le hago un incapie al mandatario chiapanecos que tome cartas a junta por lo que tanto asi también pido para el compañero Alberto Patishatn Gomez lo que se encuentra recluido en el cereso num. 8 de guasave Sinaloa mexico de la misma manera que es perteneciente de la misma organización preso político de la voz de amate y asi como los otros integrantes que se encuentran en diversas penales en el estado.
FRATERNALMENTE
Miguel Demeza Jimenez
Cintalapa Chiapas a 8 de mayo de 2012
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Este es un espacio abierto para pueblos y organizaciones
que buscan compartir su palabra. La postura difundida,
no necesariamente constituye la valoración de este Centro.
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CDH Digna Ochoa: Acción urgente por detenciones a integrantes de Alianza Unica del Valle

Centro de Derechos Humanos
Digna Ochoa AC AU-11
Tonalá, Chiapas a 08 de Mayo del 2012

Detención arbitraria por Elementos de la Policía Estatal y municipal en contra de 15 Integrantes de Alianza Única del Valle.
Este Centro de Derechos Humanos a recibido información por parte de los integrantes de la dirección política de Alianza Única del Valle que el día 06 de Mayo del 2012, alrededor de las 11:00 pm elementos de la Policía Estatal, municipal, llevando agitadores y golpeadores a desalojar con lujo de violencia a habitantes del Predio Guadalupe, Ubicado en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, dando como resultado 15 detenidos y mas de 70 personas golpeadas, así mismo destruyeron viviendas del campamento instalado en dicho predio.
Hasta el día de hoy los detenidos se encuentran en la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Tierra y la Propiedad, misma que se encuentra ubicada en Av. San José s/n, Fraccionamiento Industrial La Presa, Tlalnepantla, Estado de México y ha sido acusados de Despojo y de Fraccionamiento Ilegal considerados como delitos graves dentro de la legislación penal vigente en el Estado de México. Y aun no han rendido su declaración ministerial.
Entre las personas que se encuentran detenidas: José Antonio Lara Duque, quien fue gravemente golpeado por la policía y en estos momentos se encuentra en el ministerio público de Atizapán de Zaragoza junto con los compañeros María Aguilar, Patricia Rodríguez, Fausto Hernández, Gustavo de Cristóbal, Amador Gaspar, Juan López Robles, Pablo Chaparro, Ramón Bernal, Pedro Luis Méndez, Felipe Nieto, Salomón Morales, Daniel González, Antonio Hernández y Carlos Velázquez.
Las detenciones se realizaron de manera violenta y usando la fuerza pública, lo cual en ningún momento contaban con órdenes de aprehensión para realizar dichas detenciones.
Por lo que este Centro de Derechos Humanos exige a las autoridades del Estado de México:
Se garantice en todo momento la integridad física y psicológica de los 15 detenidos integrantes de la Alianza Única del Valle.
Se ponga en inmediata libertad a los 15 detenidos por tratarse de una detención arbitraria.
Se ponga fin a toda clase de hostigamiento, incluyendo el judicial en contra de los integrantes de Alianza Única del Valle.
Se garantice el derecho al debido proceso y
Antecedentes:
Alianza Única del Valle es una organización social, adherente a la Otra Campaña del EZLN, y su lucha se ha centrado por la Vivienda Digna y una Vida Mejor para sus integrantes.
El 19 de julio del 2011 los gobiernos del Estado de México y del Municipio de Nicolás Romero emprendieron un operativo a las 2 de la madrugada, encabezado por funcionarios de gobierno y operado por una columna de 150 golpeadores, apoyados por la policía municipal.
El 29 de abril de 2012 la Alianza Única del Valle organizó la reocupación de sus terrenos en el predio Guadalupe, para ello realizaron una marcha pacífica, desde la explanada del palacio municipal de Nicolás Romero, hasta el predio “Guadalupe”. Ahí hubo talleres, música y actividades para celebrar el día del niño. Diversas organizaciones solidarias se sumaron a la marcha y a las celebraciones.
Envié sus llamamientos a:
Señor Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de los
Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México
DF. Tel.: + 52 5527891100 FAX: + 52 5552772376; + 52 5527891113. E-mail:
felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Dr. Alejandro Poiré, Secretario de Gobernación (Ministro del Interior) Bucareli 99,
1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600,
México, FAX (55) 5093 34 14 E-mail: secretario@segob.gob.mx
Lic. Omeheira López Reyna. Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de
los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación E-mail:
romeheira@segob.gob.mx; upddh@segob.gob.mx
Licenciada Marisela Morales Ibañez, Procuradora General de la República. Av.
Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16 Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc
México D.F., C.P. 06500, México. Teléfono: +52 55 53 46 01 60. Fax: +52 55 53
46 09 08. E-mail: ofproc@pgr.gob.mx
Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, Edificio “Héctor Fix Zamudio”, Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso,
Col. Tlacopac San Angel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040, Tels. y fax:
(55) 56 81 81 25 y 54 90 74 00 Fax: + 52 0155 36 68 07 67 E-mail:
correo@cndh.org.mx
Sr. Embajador Juan José Gómez Camacho, Misión Permanente de México ante
las Naciones Unidas en Ginebra, 15 chemin Louis-Dunant. 1202, Ginebra, Suiza.
FAX: + 41 22 748 07 08 E-mail: mission.mexico@ties.itu.int
Sra. Sandra Camila Fuentes Berain Villenave, Embajadora de México en las
Comunidades Europeas, y Observadora Permanente de México ante el Consejo de Europa 94 avenue F.D. Roosevelt, 1050 Bruselas, Bélgica. Fax: +32 2 644 08
19. Tel. + 32 2 629 07 77 E-mail : embamex@embamex.eu
Lic. Eruviel Ávila Villegas.- Gobernador Constitucional del Estado de México. Palacio del Poder Ejecutivo. Colonia Centro. Código Postal 50000 E- mail.- eruviel.avila@edomex.gob.mx
Lic. Ernesto Javier Nemer Álvarez.- Secretario General de Gobierno. Teléfono. 2760052. Lerdo Poniente Número 300. Primer Piso. Puerta 233. Palacio del Poder Ejecutivo. Colonia Centro. Código Postal 50000.E-mail gemsecgg@edomex.gob.mx
Lic. Alfredo Castillo Cervantes.- Procurador General de Justicia del Edo. Mex. Teléfonos: 2261616 Dirección:  AVENIDA MORELOS ORIENTE NUMERO 1300, SEXTO PISO, CENTRO ESTATAL DE JUSTICIA, COLONIA SAN SEBASTIAN, CODIGO POSTAL 50090     2261600 E-mail:  gempgj@mail.edomex.gob.mx
Con copia a:
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC
Calle Primero de Mayo Numero 73
Colonia Evolución
E-mail: centrodignaochoa@hotmail.com
Teléfono y fax: 01 966 66 3 57 79

En Atenco, “sólo podemos reparar lo roto si continuamos organizándonos”

*Plan de exterminio: arrasar la hierba, arrancar de raíz hasta la última
plantita viva, regar la tierra con sal. Después, matar la memoria de la
hierba. Para colonizar las conciencias, suprimirlas; para suprimirlas,
vaciarlas de pasado. Aniquilar todo testimonio de que en la comarca hubo algo más que silencio, cárceles y tumbas. Está prohibido recordar…*

Eduardo Galeano

*México*. En el  2002, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT),  con la solidaridad de organizaciones y colectivos, logró detener el proyecto económico más ambicioso del sexenio de Vicente Fox Quesada, entonces presidente de México: la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en 4 mil 550 hectáreas  de tierras de cultivo expropiadas por el gobierno federal al ejido de San Salvador Atenco, con una indemnización de siete pesos por metro cuadrado. La lucha de los campesinos del FPDT se convirtió en un referente de organización y, sobre todo, de victoria; la legitimidad de su lucha, la capacidad de organización y la solidaridad nacional e internacional fueron elementos clave que permitieron detener no sólo al Estado y toda su maquinaria sino además  al capital, traducido en cientos de empresas que se frotaban las manos esperando obtener grandes ganancias a costa del despojo de los bienes ejidales.

En 2006 surge La Otra Campaña, un movimiento nacional que aglutina a miles  de personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional; en toda la geografía del país brota como una propuesta organizativa que confronta las campañas políticas de los candidatos y la lógica electoral, irguiéndose desafiante y peligrosa para el poder.

Es en este contexto que el 3 y 4 de mayo de 2006 el terrorismo de Estado se  ejecutó en Texcoco y San Salvador Atenco. Mediante la represión política, el poder decidió detener el camino de La Otra Campaña con sangre y cárcel.
Todo vino de un conflicto focalizado entre pequeños productores de flores y hortalizas y las autoridades municipales de Texcoco, quienes les negaban su justo derecho al trabajo mediante la comercialización de sus productos en la vía pública. El FPDT, solidario siempre con otras luchas, acompañaba a los productores y fungía como su interlocutor.
El saldo represivo: Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea asesinados por la policía, 207 personas torturadas y encarceladas, cientos de
allanamientos, cinco personas de otros países -sobrevivientes de la
represión- expulsadas del país, la persecución política y judicial de los
miembros del FPDT, la utilización de la tortura sexual en contra de
nosotras, las mujeres detenidas. La clase política en su totalidad legitimó lo ocurrido de diversas maneras, hubo aplausos  estridentes y silencios cómplices.

La represión política tiene finalidades muy concretas que se pueden
traducir expresamente en la desarticulación, mediante el horror, de toda organización que suponga contraposición a los intereses del Estado y el poder económico. El objetivo principal radica en imposibilitar a  las personas para identificar las razones que persigue la represión, con lo que se anula la capacidad de defensa y afrontamiento.

La utilización de la tortura sexual es una herramienta de control social
tan poderosa que no solamente afecta de manera directa a las mujeres
sobrevivientes, además genera un impacto en la familia, colectivo u
organización y, por supuesto, en la sociedad. Desde que ocurrieron los
operativos en Atenco, el Estado negó que hubiese mujeres torturadas
sexualmente; frente a pruebas irrefutables, ha insistido en que lo que
ocurrido con las mujeres en los traslados al penal de Santiaguito, en
Toluca, Estado de México, se trataba de hechos aislados cometidos por un par de policías que estaban nerviosos y actuaron por cuenta propia, aún cuando el uso de este mecanismo contra las mujeres se dio en los operativos en ambos días.

La premeditación, intencionalidad e impunidad nos muestran que la
utilización de esta herramienta es puesta en práctica en momentos muy
concretos, buscando someter  al “enemigo” mediante un brutal mensaje a través del cuerpo de las mujeres. Los ejes principales de este instrumento son generar  culpa, estigmatización y miedo.

En nuestra experiencia, el apoyo mutuo nos permitió desentrañar las
finalidades y ejes de la tortura sexual. Mientras estuvimos juntas en el
penal de Santiaguito, muchas decidimos escribir nuestros testimonios;
elegimos convertir la culpa y vergüenza en responsabilidad y evidenciar a los perpetradores. La reivindicación de nuestros cuerpos, rostros y nombres nos permitió romper el silencio. Sabíamos que no bastaría con eso, pero fueron nuestros primeros pasos en un camino tan largo y sinuoso que sólo se podría recorrer colectivamente.

El papel de la denuncia social, tanto en 2006 como ahora, ha sido
fundamental. Mientras estuvimos aisladas, fueron trozos de papel los
vehículos de comunicación, cientos de voces fueron altavoz de nuestra
palabra, los relatos de horror cobraron un valor reparador: lo innombrable, lo inenarrable se escuchaba en voz alta, poco a poco se desvanecía el tabú que supone hablar de algo tan íntimo; la vergüenza desaparecía. Rechazamos el papel que los perpetradores nos designaban y fuimos gestionando la culpa y el miedo a través de acompañamiento psicológico y trabajo colectivo.

Frente a la represión se realizaron incontables movilizaciones de repudio,  y los esfuerzos organizativos se concentraron en la liberación de las y los presos. El miedo cobraba fuerza y muchas personas tomaron distancia de la participación política, algunos grupos se desarticulaban, se desquebrajaba el tejido social. El mensaje se había enviado: intimidar a la sociedad a través del castigo ejemplar de los que luchan, reforzado esto por la implantación  de la impunidad, la dilución de la responsabilidad de los perpetradores, y la imposición de la idea de que “nada hay que hacer frente al poder del Estado”.

Descubrir los alcances de la represión fue realmente devastador. ¿Cómo
recomponer el tejido social? ¿Cómo combatir el miedo? ¿Cómo reconstruirnos?
Algunas apostamos a hacer un esfuerzo por visibilizar las herramientas de control social del Estado y fomentar las discusiones en torno a esta
problemática. En ese sentido, impulsamos desde el verano de 2008 la
“Campaña contra la represión política y la tortura sexual”, caminando de la mano de organizaciones y colectivos que abrían sus espacios a estas reflexiones para intentar desentrañar los efectos que experimentaron de forma individual y colectiva.

Redimensionar los mecanismos represivos nos permite recolocarnos en un  papel activo y con capacidad de hacerles frente sin abandonar nuestras luchas e ideales.

Los mecanismos represivos se configuran en estrategias definidas según los  efectos que se busca que causen a la población, a las organizaciones e individuos. Dichos mecanismos no son furtivos y mucho menos al azar. La represión en San Salvador Atenco no fue casualidad: transformar un referente de organización, resistencia y victoria, en muerte, tortura y cárcel nos pone de manifiesto el interés del Poder por deformar nuestra percepción, detener a toda costa a La Otra Campaña y tatuar en nuestra piel el mensaje de derrota.

Tras seis años de resistencia seguimos construyendo la memoria
colectivamente, buscando reparación no sólo de nosotras mismas, sino del tejido social de las organizaciones y colectivos que nos acompañan, y buscando justicia, pero no sólo en la judicialización de nuestro caso a
través de instrumentos internacionales, pues sabemos que a través de las
instituciones no habrá justicia. Sólo podemos reparar lo roto si
continuamos organizándonos, luchando por autonomía y libertad.

Hoy, igual que hace seis años, los políticos lanzan sus campañas
electorales llenas  de mentira y simulación; hoy, como hace seis años,
insistimos: nuestra lucha no se ciñe a los tipos políticos de arriba,
seguimos sin conformarnos con el menos “peor”. El ideal de libertad no se arrebata a pesar de la represión, seguimos en pie.

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Cruz Negra mexico
*NOTICIAS ANTI REPRESIVAS*
*http://abajolosmuros.jimdo.com*
*Las noticias, denuncias y campañas difundidas por este medio son
responsabilidad de quien las firma.*

¡Presos anarquistas a la calle!
¡Abajo los muros de las prisiones!

Bienvenido sea: “Tierra para los Yukpa… 249 millones de bolívares para comprar haciendas”

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Luego de la última jornada de movilizaciones, desde noviembre de 2011 – mayo 2012 por parte de dirigentes Yukpa, de colectivos sociales, de derechos humanos, universitarios de todo el país y de comunicadores sociales y de páginas web aliadas a la causa indígenas, a raíz de una campaña de criminalización contra el líder indígena Yukpa Sabino Romero por parte de un grupo de hacendados, parceleros y empresarios del diario La Verdad que trajo un saldo de tres indígenas muertos y dos heridos, el Gobierno sabiendo que el fondo de todas esta campaña la origina y sustenta el problema de la tierra que desde hace más de 50 años protagoniza los líderes Yukpa de las comunidades asentadas en el piedemonte de la Sierra de Perijá no le quedó otra opción que anunciar la compra de las haciendas prometidas el 15 de diciembre de 2010 y entregadas en títulos colectivos de tierra el 12 de octubre de 2011.

De nuevo es el Presidente de la República, Hugo Chávez, quien informa “que este lunes revisó un punto de cuenta para cancelar, después de haber hecho los avalúos de todas las fincas recuperadas en el municipio Machiques de Perijá, en el estado Zulia, unos 249 millones de bolívares, para que esas tierras sean convertidas en propiedad social directa. "Esto es socialismo. Claro, no se declara el socialismo, esto es para construirlo con la cultura ancestral de nuestros aborígenes que siempre vivieron en socialismo hasta que llegó el capitalismo europeo", dijo Chávez, en un contacto con VTV.” (Caracas, 07/04/12. http://www.avn.info.ve/node/111356,

http://noticiaaldia.com/2012/05/chavez-anuncio-inversion-de-bs-249-millones-para-cancelar-pagos-a-productores-expropiados-en-machiques-de-perija/ y La Verdad, 08/05/12: 3 Política http://www.laverdad.com/politica/1553-presidente-habla-en-vivo-desde-cuba.html).

Desde mayo de 2012 tomará fuerza acciones movilizadoras ya anunciadas desde diciembre de 2010 y durante toda la jornada de movilización noviembre 2011 – mayo 2012 que expresa los siguientes planteamientos de las comunidades y sus líderes: 1) Que estas 25 haciendas no satisface en nada las aspiraciones del pueblo Yukpa, ni mucho menos que se hayan dejado fuera de la poligonal propuesta y acordada con las comunidades indígenas durante el proceso de demarcación 2004 – 2012 haciendas y parcelas donde hoy se libran las principales batallas entre hacendados, parceleros criollos y wayuu invasores y grupos armados al margen de la ley contra los Yukpa movilizados para expulsar en acción directa de su territorio acordados con la Comisión de Demarcación de Hábitat y Tierras del Estado Zulia, 2) Los líderes Yukpa y un centenar de Caciques de la base, no los cinco Caciques Mayores, han manifestado no estar de acuerdo ni aceptar los supuestos derechos de terceros ni mucho menos de las empresas mineras privadas o estatales en su territorio reconocido en el título entregado por el Presidente Chávez el 12 de Octubre de 2011, tal como se manifestó en Toromo el pasado sábado 5 de mayo en Asamblea General de Caciques con la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas de la Asamblea Nacional, mientras la ministra Nicia Maldonado para debilitar la convocatoria parlamentaria en un acto paralelo entregaba nerviosamente con sus cinco Caciques Mayores bolsas de comidas y prometía millones de bolívares en ayudas misionales (como casa bien equipadas) y créditos agrícolas y pecuarios, y 3) Conversar con el Gobierno si el territorio Yukpa es para monocultivos o para empresa socialista lechera, o para la diversidad económica y biológica.

Se le propone de nuevo al Gobierno:

1.- Ampliar el lindero Este de la poligonal demarcadora del territorio Yukpa acordado con el Estado a través de la Comisión de Demarcación de Hábitat y Tierras del Estado Zulia.

2.- Elaborar un cronograma de pago de las bienhechurías de todas las haciendas y parcelas invasoras a su territorio.

3.- Acordar con cada una de las comunidades si en verdad desean una empresa lechera socialista, pues existen comunidades que no quieren criar vacas, ni arrimar la leche en caso tal a la empresa mal administrada y quebrada Los Andes de Machiques. Por ejemplo, la comunidad Chaktapa le entregó al Ministro de Tierra para aquel entonces Juan Carlos Loyo, al candidato a la Gobernación del Zulia Francisco Javier Arias Cárdenas y a la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas de la Asamblea Nacional su plan de vida para una gestión pública desde abajo y no desde arriba como hoy pretende imponer el Gobierno.

Sociedad Homo et Natura

Sabino evadió una emboscada y sufrió un intento de detención por parte del Ejército en Machiques

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Desde junio permanecía sin salir de Chaktapa, desde que sufrió 18 meses de cárcel, luego fue declarado inculpable en el juicio montado, inconstitucional e ilegal en su contra; lo que obligará a sus abogados privados nuevas acciones jurídicas en su defensa, ante esta nueva situación de acoso y la negativa de dotación de tierras, y para exigirle además al Estado gobierno una indemnización para compensar tanto sufrimiento personal y el de su familia.

Sabino, su hijo Sabinito Cacique de Chaktapa y diez hombres de su comunidad salieron en la madrugada el pasado sábado 5 a la reunión de dirigentes y Caciques del pueblos Yukpa de toda la Sierra de Perijá en el Centro Piloto Toromo convocada por los diputados José Luis González y Gregorio Mirabal, entre otros parlamentarios de la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas de la Asambleas Nacional, para conversar sobre la negativa del pueblo Yukpa a convivir con terceros y prestar sus territorios para la extracción minera tal como reza el título de tierra otorgado por el Presidente Chávez el 12 de octubre del año pasado y firmado por el ex Procurador General de la República Carlos Escarra Malave. Así mismo presentar un informe de las gestiones que dicha comisión parlamentaria ha realizado ante la Fiscalía Nacional y otras instancias estatales solicitando abrir una investigación de los asesinatos con armas de guerra de los dos jóvenes Yukpa Wilfrido Romero de la comunidad Shuata del Centro Piloto Toromo y Lorenzo Romero del Centro Piloto Kasmera donde vive la funcionaria del MINPI Amalia Pérez, familiar de la víctima.

Sabino y su grupo se retiraron a Machiques luego de concluida la reunión interna de Caciques y mucho antes de la asamblea con los diputadas de la Asamblea Nacional, donde también se discutió la necesidad de eliminar la figura de Cacique Mayor, por no ser representativas, ni originarias e históricas, por haberse convertido en un azote contra su propio pueblo Yukpa, favoreciendo y sometidos a los intereses de Gadema y a la mala política de la Ministra Indígena Nicia Maldonado, así como servir de Caballo de Troya al interior de las comunidades de la política de ambos sectores para dispersar y frenar el auge y la combatividad de la lucha del pueblo Yukpa encabezada por sus 160 Caciques exigiendo sus reivindicaciones históricas territoriales, de autonomía y dignidad ante el Estado, las empresas mineras y los grupos armados generados por el Plan Colombia.

En un paraje de la larga y solitaria carretera que va de Toromo a Machiques un grupo de hombres en la vía trataron de impedirles el paso, sólo que no pudieron al acelerar sus motos donde se desplazaban y saltaron los obstáculos, pero en toda la entrada de Machiques, en la Plaza El Carmen, estaban esperándolos más de 30 efectivos del Ejército a eso de las 8 y 20 de la noche, lanzando en primer lugar de manera intimidatoria la pregunta “¿Quién de ustedes es Sabino?”, como es de esperar daban nombres que no eran los propios y manifestaron no tener cédula de identidad, en ese momento un efectivo lo reconoció y le obligó a quitarse el casco de la moto que llevaba Sabino puesto. “Están detenidos por no tener cédula y papeles de las motos”, pese al fuerte aguacero la gente se fue aglomerando al escuchar los gestos y gritos.

Un hombre mayor blanco que bajaba con ellos de la reunión de Toromo les trataba de explicar a los dos Tenientes de donde venían, mientras realizaba llamadas nombrando a diputados y otros políticos de Caracas, o de funcionarios públicos nacionales, cuando al fin logró comunicarse con uno de ellos y le solicitó al militar que atendiera la llamada, se negó y de inmediato autorizó dejarlos ir, al instante uno de los efectivos dijo “suelten a Tiro Fijo”.

Para ponerle fin a esta peligrosa situación, sería necesario que el Gobierno de inmediato haga tres acciones de política centrales:

1.- Autorizar pagar las bienhechurías de haciendas y parcelas invasoras del territorio reconocido en titularidad el 12/10/11 a través de la presentación pública de un cronograma de pago.

2.- Dar custodia a Sabino y su familia, ya que han comenzado a ser amenazados de muerte, como hace dos semanas en un lugar llamado la Morena su hijo Samuel fue víctima de una amenaza por parte dos hombres de las parcelas vecinas donde en diciembre mataron a un Yukpa e hirieron a dos más. Se tiene los nombres de algunos de estos personajes.

3.- Cesar la criminalización por parte de los funcionarios del Ejército Venezolano, o de la Misión Cultura como Inelda Madina, o del MINPI que trabajan en la zona como Amalia Pérez, Antonio Romero, Alfonzo Iknopa, entre otros. Se deben tomar medidas contra estos funcionarios sustentadores de una campaña selectiva que podría desencadenar en asesinatos en serie contra Sabino, sus hijos y las distintas familias de la comunidad Chaktapa.

Sociedad Homo et Natura

* Pronunciamiento a seis años de las agresiones contra la Otra Campaña en San Salvador Atenco*

Hace seis años la Otra Campaña fue brutalmente agredida en San Salvador
Atenco. Nuestros compañeros y compañeras fueron injustamente a prisión;
compañeras nuestras fueron agredidas, torturadas sexualmente; los cuerpos
de muchos compañeros fueron ultrajados con golpes, patadas y odio que solo
puede surgir de esas policías auspiciadas por los de arriba. Ese  3 y 4 de
mayo es un crimen que no olvidamos.

No olvidamos la complicidad del gobierno local del PRD de Texcoco, con el
estatal del PRI y con el federal del PAN, felizmente articulados en este
crimen. No es de extrañarse que así sea, pues pertenecen al mismo sistema,
viven de ese sistema y, si lo ven amenazado, olvidan sus diferencias y se
articulan, pues en el fondo son lo mismo.

Pero tampoco olvidamos aquel 5 de mayo de 2006. San Salvador Atenco se
mantenía ocupado por la Policía Federal Preventiva. Así, miles de
integrantes de la Otra Campaña, incluido el delegado Zero de la Comisión
Sexta del EZLN, el Subcomandante Insurgente Marcos, marchamos de la
Universidad Autónoma de Chapingo rumbo a Atenco. La policía abandonó el
poblado y la rebeldía nuevamente recorrió las calles. Los medios
comerciales presentaban cómo héroes a la policía federal y estatal. El
gobierno estatal, encabezado por Enrique Peña Nieto y el federal,
encabezado por Vicente Fox, se sentían orgullosos de su crimen, mientras
López Obrador guardaba un silencio cómplice, o quizá compartía la postura
del PRD, que en su desplegado del 4 de mayo  del 2006 apoyaban las acciones
de Peña Nieto. Muy bien, expresó el Subcomandante Marcos aquel 5 de mayo en
San Salvador Atenco:* *

*"... “Qué héroes”, “qué estado de derecho”, ¡qué mierda! y todavía lo
están pavoneando por todas partes, ¿cuál es el privilegio?, ¿cuál es el
honor que tiene el gobierno de matar a un niño?, ¿cuál es el honor de
golpear y violar mujeres?, ¿cuál es el honor de tener presos ancianos
golpeados?, ¿qué honor tiene ese estado de derecho?, ¿dónde está el estado
derecho a la hora que el gobernador Marín lo compra con dos botellas de
coñac, a la hora que la señora Sahagún le compra un pedazo de país a sus
hijos, a la hora que toda esa bola de ladrones que están allá arriba, roban
y son exhibidos en grabaciones y videos y nos quieren decir acá abajo que
“el estado de derecho”, que “no a la violencia”, la violencia la vino aquí
a traer el gobierno no la gente." SCI Marcos
*

Es fundamentalmente ese 5 de mayo digno que también recordamos. Día en que
la organización se mueve y construye las estructuras que desde abajo y a la
izquierda, no permitieron que la represión destruyera la organización que
los pueblos habían construido: el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
y que además le permitió recuperar la plaza y asi, que salieran los
compañeros que estaban siendo perseguidos. Y liberó a los presos y presas
de aquel 3 y 4 de mayo.  Con esto no queda más qué decir:

¡Viva la Otra Campaña!

¡Viva la organización de abajo y a la izquierda!

¡Viva el EZLN!



Contra el despojo y la represión…

la Solidaridad.

*Red Contra la Represión y por la Solidaridad (RvsR)*

NUESTRA LUCHA POR LA VIDA Y NUESTRO TERRITORIO

 Documento presentado por la dirigente del pueblo Yukpa ZENAIDA ROMERO, Sierra de Perijá, Venezuela, en el Onceavo período de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Naciones Unidas, New York, 7 al 18 de mayo de 2012.

Nosotros como pueblos (Caribe) Yukpa estamos viviendo desde hace más de 2.500 años en las montañas de la Sierra de Perijá y en las tierras bajas más allá de su piedemonte, estos últimos espacios de selva y ríos los comenzamos a perder sostenidamente a sangre y fuego desde mediados de 1920 con la dictadura de Juan Vicente Gómez hasta el presente en pleno Socialismo del Siglo XXI por el crecimiento de las fronteras agropecuarias en manos de privados con el estímulo y apoyo directo del Estado Venezolano.

Desde 1920 hasta mediados de 1980 nos despojaron de las tierras planas para criar vacas; ya sin selvas para vivir nos refugiamos entre las montañas siendo hoy espacios con suelos agostados y pequeños para el desenvolvimiento de nuestras vidas dado el crecimiento poblacional. Pero a mediados de los años 90 comenzamos, a costa de nuestras vidas, un complejo proceso de recuperación de nuestros territorios invadidos anteriormente por hacendados y parceleros.

Siempre el Estado y los Gobiernos se colocaron del lado de los violentos invasores de nuestro territorio original creando leyes a favor de los ocupantes y otorgándoles dineros (créditos que no pagaban) para un mejor usufructo de nuestro territorio despojado denominado ahora tierras baldías o sin dueños, deteniendo nuestras iniciativas de recuperación y ocupación a través de acciones de los militares y policías, realizando detenciones, o permitiendo que nos asesinen a través de sicarios ganaderos, porque ahora somos llamados invasores.

Durante el año 1997, en el segundo mandato del Presidente Rafael Caldera acordamos con el Gobierno nacional y regional del estado Zulia que ambos pagasen a través de un cronograma de pago las bienhechurías de todas las haciendas y parcelas que solicitábamos para ampliar nuestro territorio y continuar bajando de las altas montañas de la Sierra de Perijá hacia nuestros espacios despojados. Este convenio fue también extensivo al pueblo indígena Barí. Se comenzaron a pagar las haciendas El Trébol y Los Chorros, pero al llegar Chávez a la presidencia de la república, el Ejecutivo determina a través de la Comisión Nacional de Demarcación de Hábitat y Tierras Indígenas que demarcar tierras no era pagar las bienhechurías de las haciendas, como tantas veces afirmó públicamente el Ing. Sergio Rodríguez Viceministro del Poder Popular para el Ambiente, órgano rector para aquel entonces de la demarcación de las tierras, hoy la Vicepresidencia y el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

El proceso de demarcación de nuestras tierras por presiones de los ganaderos y parceleros fue detenido en dos oportunidades y duró 7 años, desde el 2004 hasta el 15 de diciembre del año 2011, cuando a nuestras espaldas en un acto político con el Gran Polo Patriótico el Presidente de la República Hugo Chávez firma con un ciudadano Yukpa llamado Ciro Landino, quien no es autoridad alguna ni escogido por el pueblo Yukpa para que nos representara, nuestro título de tierra. Documento de cuatro páginas, que al final de la tercera página le reconoce a los terceros también derechos, y a los mineros; y al no entregarse el documento acompañado por un mapa no sabemos cuáles son los linderos de nuestros territorio reconocido al fin por el Estado gobierno (ver anexo).

El 12 de octubre del 2011 el Gobierno sorpresivamente acepta nuestra posición de pagar las bienhechurías de las haciendas invasoras de nuestro territorio, pero caprichosamente asegura que sólo adquirirían 25 haciendas, principalmente las que están ya recuperadas y ocupadas por nosotros, no sabemos porque no todas, y esto lo que ha servido es para complicar más las cosas con los ganaderos y parceleros vecinos, ya que las comunidades continuarán intentando recuperar nuestras tierras ocupadas por haciendas y parcelas invasoras. 

Once haciendas aproximadamente fueron rescatadas definitivamente por nuestro aguerrido pueblo Yukpa entre un sinnúmero de intentos fallidos de ocupación de muchas otras haciendas y parcelas, porque los hacendados contratan sicarios y cuentan con el Ejército y la Guardia Nacional Bolivariana para neutralizarnos. Varias haciendas son custodiadas por soldados de la república.

Entre los hechos violentos contra nuestra gente y grupos aliados –que nos auxilian y buscan la no agresión y sí la dotación y adquisición de tierras invadidas a través de la adquisición de bienhechurías de haciendas y parcelas campesinas por parte del Estado gobierno–, se encuentran estos suficientemente recogidos por los medios de comunicación:

1.- Más de 300 disparos por armas de guerra por parte de unos 50 efectivos del Ejército de Venezuela y la Guardia Nacional Bolivariana para amedrentar a nuestras familias acompañadas con niños de tres comunidades e interrumpir el acceso de unos treinta activistas sociales aproximadamente que venían de todo el país para traernos comida y medicinas a una cien familias Yukpa que estábamos aisladas y cercadas por soldados y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, luego de una jornada de movilización por nosotros para la recuperación y ocupación de tres haciendas en el piedemonte de la Sierra de Perijá en la cuenca del río Yaza donde hoy se asientan las comunidades Chaktapa, Guamo Pamocha y Shiraji. Hecho ocurrido el viernes en la noche 22 de agosto de 2008, esto obligó el domingo 24, para evitar una posible matanza de indígenas, al Presidente Chávez a pronunciarse por la emisora del Estado “Venezolana de Televisión o VTV” en un programa dominical denominado “Aló Presidente” a favor de los indígenas Yukpa. Chávez prometió retomar de nuevo el proceso de Demarcación del hábitat y Tierras Yukpa y pagar las haciendas (Ver video: Los Yukpa luchan por su tierra). Luego de terminado el proceso de demarcación tres años después con la entrega de malos títulos el 15 de diciembre de 2011, aún no se ha adquirido la primera hacienda para el pueblo Yukpa, deshonrando así la palabra comprometida públicamente por el presidente ese domingo 24 de agosto de 2008, afianzando de nuevo dicho compromiso el 12 de octubre de 2011.

2.- Ante la violencia ganadera el Gobierno no ordenó al Ejército, a la policía o a la Guardia Nacional Bolivariana la custodia para resguardar la integridad física de las familias Yukpa ocupantes de la hacienda El Rincón (desde el 13 al 20/08/11) y tampoco ordenó la investigación de quiénes hirieron el 20 de agosto del 2011 a los indígenas Yukpa de la comunidad Toromo ocupantes de dicha hacienda: Abraham Romero (60 años), Rodrina Romero (60 años), Luz Marina Romero, Redrina Romero y Juan Carlos Montiel Montiel (28 años), pero si ordenó la custodia inmediata hasta la fecha de dicha hacienda luego de desalojar los ganaderos a los Yukpa por la fuerza.

 3.- El Gobierno no investigó quiénes asesinaron al indígena Yukpa Darío Segundo García Fernández (32 años), el 19 de diciembre de 2011, en el parcelamientos Las Flores, sector La Estrella, además quién hirió a sus acompañantes los hermanos Alberto Fernández Fernández (20) y Gerardo Fernández Fernández (19), hijo de Anita Fernández, Cacique de la comunidad vecina de Kuse.

4.-  El Gobierno no investigó quienes asesinaron esta vez con armas de  Fusil a dos jóvenes Yukpa: Wilfrido Romero y Lorenzo Romero, en el mismo sector ganadero. Hasta la fecha nada ha dicho el Gobierno, somos nosotros quienes hemos denunciado el caso en Caracas en la Defensoría del Pueblo y en la Comisión Indígena de la Asamblea Nacional.

5.- La situación de violencia de los ganaderos y el Estado venezolano contra Sabino Romero Izarra: encarcelado durante 17 meses y sometido a juicio arbitrariamente con pruebas montadas en base a suposiciones que tuvo como resultado final declarado INCULPABLE el 10 de mayo de 2011 por el Juez de Juicio Nº 2 Abog. Antonio J. Moreno Matheus por el tribunal Penal de Juicio del Estado Trujillo de la República Bolivariana de Venezuela, intento de asesinato, quema de sus viviendas de palma, asesinato a su padre José Manuel Romero fue conocida:

5.1. Por el Relator de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas Dr. James Anaya, quien nombró una asistente Maia Campbell para conocer del caso. Estas actuaciones se conocieron en el documento de la ONUPROMOTION AND PROTECTION OF ALL HUMAN RIGHTS: ECONOMIC, SOCIAL, CIVIL AND POLITICAL, INCLUDING THE RIGHT TO DEVELOPMENT: Report by the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous people, James Anaya: A/HRC/12/34/Add.1 18 September 2009, y

5.2. Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos el viernes 25 de marzo de 2011 durante 141 período de sesiones de la CIDH, llevado a cabo del 21 de marzo al 1ro de abril 2011 en la ciudad de Washington. Que emitió una declaración de prensa en los siguientes términos: “En un comunicado de Prensa difundido recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha pronunciado sobre la obligación de los estados de respetar el “ejercicio de la jurisdicción indígena”. Dicho comunicado da cuenta de las conclusiones del 141 período de sesiones de la CIDH, llevado a cabo del 21 de marzo al 1ro de abril 2011 en la ciudad de Washington (Anexo del Comunicado No 28/11 del 1-4-2011). El caso de los caciques Yukpa de Venezuela. El caso de los caciques Yukpa de Venezuela fue presentado por su abogado defensor, Ricardo Colmenares, juez jubilado y profesor de la Universidad del Zulia, y por el antropólogo y Coordinador de la ONG Homo et Natura, Lusbi Portillo. El caso parte de un conflicto entre indígenas que resulta en homicidio y lesiones. A pesar de que el caso tuvo lugar en territorio indígena y que tanto agraviados como denunciados han solicitado que el caso sea visto por la jurisdicción indígena, como corresponde según la Constitución y la ley, la jurisdicción ordinaria ha sustraído el caso de dicha jurisdicción indígena. Entre otras irregularidades, los indígenas acusados sufrieron más de 10 meses de reclusión en un cuartel militar, sometidos, ellos y sus familiares, a todo tipo de maltratos y vejámenes. La defensa ha reclamado la aplicación de la jurisdicción indígena, cuestionado tanto en la vía ordinaria como en la constitucional la competencia de la jurisdicción ordinaria, sin éxito a la fecha, y con peligro de la condena de los caciques Yukpa por la justicia ordinaria.”

Solicitamos:

1.- Que se le haga un llamado al Presidente de la República Hugo Chávez, al Ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia Tareck El Aissami y a la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado abrir las investigaciones respectivas para determinar quiénes son los responsables de los asesinatos y de las heridas a los familiares y compañeros indígenas Yukpa que luchan por recuperar sus tierras.

2.- Que se sugiera al Ministro del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia Tareck El Aissami custodia para los habitantes de la comunidad Chaktapa, muy en especial para Sabino Romero Izarra, su Cacique fundador.

3.- Que se le haga un llamado al Vicepresidente Ejecutivo de la República Elías Jaua y a la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado para que se reformule el título de tierra para el pueblo Yukpa eliminando derechos de terceros y se pueda dar el reconocimiento de los linderos acordados por las comunidades.

4.- Que se manifieste la preocupación al Presidente de la República Hugo Chávez, al Vicepresidente Ejecutivo de la República Elías Jaua y a la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado de iniciar lo más pronto posible la compra de las bienhechurías de las haciendas y parcelas ubicadas en el territorio Yukpa reconocido por el Estado el pasado 12 de octubre.

5.- Que se sugiera al Presidente de la República Hugo Chávez, al Vicepresidente Ejecutivo de la República Elías Jaua y a la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado el pago de las bienhechurías a través de un cronograma de pago de todas las haciendas y parcelas campesinas ubicadas en el territorio Yukpa reconocido por el Estado el pasado 12 de octubre.

 6.- Que se inste al Presidente de la República Hugo Chávez, al Vicepresidente Ejecutivo de la República Elías Jaua y a la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado a que se crea un plan de salud indígena Yukpa, un sistema de alimentación para madres y niños para comenzar a solventar los índices de desnutrición y muerte infantil por enfermedades respiratorias y digestivas, muy en especial en las comunidades de la cuenca del río Yaza, por ser la zona menos asistida por el Estado gobierno.

7.- Que se convoque al Presidente de la República Hugo Chávez, al Vicepresidente Ejecutivo de la República Elías Jaua y a la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado a que respete la figura del Cacique (160 en total) máxima autoridad de dirección comunitaria, y no sólo a los 5 Caciques Mayores que en su mayoría, actualmente, no viven en las comunidades.     

Zenaida Romero Martínez