Minería ilegal amenaza a indígenas yabarana, hoti y panare

Foto: web.laclase.info

Servindi, 10 de febrero, 2016.- La contaminación por mercurio y otras sustancias tóxicas en los principales ríos del municipio de Manapiare, en el estado federal de Amazonas, en el sur de Venezuela, se incrementa debido a la continua invasión de mineros ilegales y grupos armados.       
Así lo indicó la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) mediante un comunicado en el que advirtió el incremento de la actividad ilegal en los ríos Parucito, Caño Majagua, Caño Mosquito, Caño Corobita, Serranía de Maigualida, Caño Asita y Río Parú.
De acuerdo con las organizaciones nativas, los niveles de contaminación perjudican el ecosistema fluvial y ponen en peligro a los pueblos indígenas Yabarana, Hoti y Panare, incluyendo a la capital provincial San Juan de Manapiare.
Pese a que la situación ha sido reportada reiteradas veces por la Organización Indígena Yabarana del Parucito Medio (OIYAPAM) y la Organización Ye’kuana (KUYUNU) ante la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) de Amazonas, aún no existiría un control de vigilancia efectivo.
Asimismo, los dirigentes de OIYAPAM expresaron su rechazo a las recientes agresiones que sufrió Benjamín Pérez, defensor indígena yabarana, por parte de los mineros ilegales, quienes sumados a grupos violentos, quemaron su vivienda.
Ante la vulneración de sus derechos constitucionales al territorio, integridad personal y cultura, las organizaciones nativas demandaron la intervención de las autoridades civiles y militares del Estado para la ejecución de medidas urgentes y coordinadas.
Por ello también se solicitó una investigación de los hechos y se identifique a los responsables.

Minería ilegal avanza

Cabe mencionar que desde el 2013, el Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV) identificó la expansión de la minería ilegal en la región conocida como la Guayana venezolana, que incluye los estados de Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas.
Durante aquel tiempo, el CIEV registró 40 por ciento más hectáreas destruidas por mineros ilegales en Bolívar, siendo afectadas las áreas de Sierra Imataca en El Palmar, Paragua, Upata y El Manteco.
Esta situación ha llegado incluso a amenazar el importante Parque Nacional Canaima, ubicado en Bolívar junto al límite con Guayana y Brasil, tal como lo denunció Andrés Izarra, ministro de Poder Popular para el Turismo, en junio de 2015.
Según el funcionario la depredación que ocurre en el parque trae consecuencias para el Embalse del Gurí, debido a que los ríos Carrao y Caroní se unen en esa parte, provocando que los sedimentos afecten las turbinas que da electricidad al 70 por ciento de la población. 

Amenazan a indígenas tras condenar a miembros de las FARC

Indígenas del norte del Cauca. Imagen: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca

Servindi.- Autoridades indígenas del resguardo y municipio de Jambaló, en el departamento del Cauca, declararon la “emergencia territorial” por las amenazas que reciben de parte de “grupos armados” presentes en la zona.
Mediante un comunicado emitido el 5 de febrero, las autoridades originarias advirtieron que personas encapuchadas y armadas han sido vistas en las vías del municipio-resguardo de Jambaló,
Asimismo denunciaron que los líderes del resguardo han recibido amenazas que ponen en riesgo “el gobierno propio que realiza el Cabildo Indígena”.

Presunta represalia

Los nativos explicaron que las acciones de intimidación empezaron luego de que las comunidades de Tacueyó, Toribio y Jambaló aplicaron la “justicia propia” a "integrantes de las guerrillas FARC “.
Como se recuerda, el 31 de enero, en una asamblea indígena, cinco presuntos guerrilleros fueron condenados a 12, 30 y 60 años de prisión por el asesinato del dirigente Alfredo Hernán Ríos y de su chofer, en julio de 2011.
Asimismo, se los sentenció por el asesinato del ex concejal de Jambaló Mauricio Girón, en enero de 2013.

Medidas de control

Frente a las amenazas, las comunidades adoptaron medidas como la restricción de “la movilidad de vehículos y motos de 9:00 p.m. a 4:00 a.m. en Jambaló”.
Asimismo, indicaron que la Guardia Indígena reactivará los puntos de control “como ejercicio de control territorial”.
Las comunidades hicieron un llamado urgente a varias organizaciones indígenas y de derechos humanos, así como a organismos internacionales y a la opinión pública para que difundan la situación que afrontan.
Los dirigentes de Jambaló consideraron que las amenazas que reciben de parte de las FAR contravienen las negociaciones que se llevan a cabo en Cuba así como las intenciones de las FARC por “construir un país en paz”.
Por ello conminaron “a la opinión pública y a la sociedad en general”, para que se haga un seguimiento “a este tipo de situaciones que ponen en riesgo a las comunidades y autoridades indígenas”, antes de que se firme la paz con el referido grupo armado.

TPP amenaza derechos de los pueblos indígenas y soberanía

Luis Hallazi recordó el caso Chevron en Ecuador para advertir sobre posibles peligros para la soberanía nacional y los pueblos indígenas. Foto: Servindi

Servindi.- El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) afectará los derechos de los pueblos indígenas y la soberanía nacional debido a que las inversiones extranjeras protegidas promoverán megaproyectos extractivos sobre comunidades campesinas y nativas vulnerables.
Así lo afirmó Luis Hallazi, abogado integrante del Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, quién advirtió que el Estado peruano carece de información oficial acerca de la totalidad de comunidades campesinas y nativas, y muchas están pendientes de reconocimiento y demarcación territorial.
“Tenemos alrededor de 10,500 comunidades [entre nativas y campesinas] que poseen alrededor del 40 por ciento del territorio nacional. Estamos hablando de casi la mitad del país, según datos del Instituto del Bien Común (IBC)", mencionó.
En ese sentido, comentó que el TPP maneja un capítulo íntegro enfocado a las inversiones donde se proponen medidas y cláusulas que eviten obstaculizarlas; consiguiendo que el propio Estado no pueda promover políticas públicas en diversos sectores, entre estas, medidas que impulsen el desarrollo de las comunidades.
“Es decir, se renunciaría a la soberanía del Estado-nación para favorecer a las empresas transnacionales”, sentenció.

Transnacionales protegidas

Hallazi también indicó que si se llega a ratificar el TPP, las empresas transnacionales que se vean afectadas en sus inversiones podrán denunciar al Estado en fueros internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
“Esta es una gran amenaza y no solo para temas de pueblos indígenas, sino para toda la ciudadanía en temas distintos como derechos a la salud, derechos medioambientales, derechos a la seguridad alimentaria, entre otros”, dijo.
Para ilustrar la situación, Hallazi comentó el caso del lago Agrio situado en la provincia de Sucumbíos, en Ecuador, en el cual el gobierno de Rafael Correa denunció a la empresa petrolera Chevron por contaminar el Amazonas ecuatoriano.
No obstante, la empresa valiéndose de un Tratado Bilateral de Inversión (TBI) firmado en 1995 entre Ecuador y Estados Unidos consiguió que el CIADI, organismo del Banco Mundial, suspenda el pago de la penalidad y castigó al país sudamericano a pagarle una indemnización.
Hallazi declaró que el caso de Chevron es muy emblemático en Ecuador. Además, relacionó al TBI como un antecedente del TPP. Por ello pidió a la ciudadanía reflexionar sobre los peligros de la soberanía nacional si se ratifica este acuerdo comercial.
Luego que el Perú firmó el TPP el 4 de febrero por medio de Magali Silva, ministra de Comercio Exterior y Turismo, Luis Hallazi invocó a la ciudadanía a participar de las acciones sociales contra la ratificación del acuerdo que efectuaría el Congreso de la República en los próximos meses.

Denuncian coacción y engaño para favorecer Canal Interoceanico

Servindi.- Representantes de organizaciones indígenas presentaron el 5 de febrero un recurso de amparo contra cuatro funcionarios por aplicar la coacción y el engaño a fin de obtener el consentimiento para la constrrucción del Gran Canal Interoceánico.
La denuncia fue efectuada por representantes del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) en el Municipio de Bluefields, en la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS) y de los gobiernos comunales de Monkey Point, Wiring Cay y Bangkuku Talk.
El recurso alude a la responsabilidad de Johnny Hodgson Deering, delegado de la Presidencia de la República en la RACS; Michael Campbell, funcionario de ProNicaribe; Danilo Chang, delegado del megaproyecto del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua (GCIN) en la RACS y Rubén López, ejecutivo del Gobierno Regional de la RACS.

Ruta definitiva del canal interocéanico según estudio de impacto aprobado por el gobierno

Los representantes indígenas acusan a los funcionarios por vulnerar la autodeterminación del pueblo Rama y Kriol al haber presionado a miembros del GTR-K a firmar un acta expresando falsamente que se realizó una “consulta libre, previa e informada” en el territorio.y se otorgó el “consentimiento” para negociar con la Autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua.
Mediante un comunicado el Gobierno Territorial Rama y Kriol señala que la presión para suscribir el acta fue intensa durante la asamblea del 8 al 10 de enero de 2016 y los funcionarios ignoraron el pedido de los demandantes para ejercer su derecho a la asistencia de un abogado de su elección "para comprender adecuadamente el contenido" del acta a suscribirse.
Las autoridades también ignoraron la solicitud para que observadores internacionales participen en todo el proceso y profesionales independientes los asistan en la explicación técnica del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del canal, y que fue aprobado por el Gobierno de Nicaragua en 2015.
La asamblea concluyó con la firma de un acta suscrita por algunos miembros del GTR-K a la cual posteriormente se le agregó una cláusula en la que supuestamente se "aprueba el convenio de consentimiento previo, libre e informado para la Construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua y Sub Proyectos en el Área Requerida (263Km2) del Territorio Rama y Kriol”.

El artículo 12 de la Ley del Gran Canal dispone que se expropiará cualquier bien inmueble que sea necesario para el proyecto, ya sea privado, comunal, de las Regiones Autónomas o que tenga cualquier entidad gubernamental. Archivo: La Prensa

Según la representación indígena ellos nunca dieron ningún consentimiento, no han sido debidamente informados sobre los impactos del proyecto en sus comunidades y solamente se les dijo que los dieciocho miembros del GTR-K tenían que ir a Managua a “negociar” con la Comisión Nacional de Desarrollo del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua.
Cabe recordar que dirigentes del GTR-K expresaron públicamente su rechazo a los supuestos acuerdos con los funcionarios y ahora lo hacen de manera formal ante el sistema judicial de Nicaragua mediante el recurso de amparo.
Los demandantes consideran que el proceso realizado hasta ahora "no cumple con los estándares nacionales e internacionales de una consulta libre, previa e informada y mucho menos se ha llegado al Consentimiento".
Consideran que es esencial que el Estado de Nicaragua conduzca un proceso de "buena fe", por lo que instan al presidente de la Republica, Comandante Daniel Ortega, a no permitir estas ilegales y opresivas prácticas en su gobierno.
Estiman que, por el contrario, debe ser una oportunidad "para construir un nuevo modelo de relación con los pueblos indígena Rama y Kriol, propiciando un modelo de desarrollo con respeto a los derechos humanos de estos pueblos".
Los titulares de la demanda de amparo son Santiago Emmanuel Thomas, Rupert Allen Clair Duncan, Víctor Hulse Clair y Alvin McCrea Billis, miembros de los Gobierno Comunales de Monkey Point, Wiring Cay, Bangkuku Taik y del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) en el Municipio de Bluefields.

Desatención agrava crisis humanitaria en el Chocó y La Guajira

El hambre y la pobreza azotan Chocó / Foto: El Tiempo

Servindi.- Al menos 37 menores han fallecido en el último año después de haber ingerido agua contaminada con mercurio del rio Atrato en el Chocó, el departamento colombiano con el 79 por ciento de su población con necesidades básicas insatisfechas.
En el Chocó, los niños son los más golpeados por la desnutrición. Según el Ministerio de Salud, en el 2013, 35 de cada 100 mil niños mueren por desnutrición aguda severa en el Chocó, cifra superior a La Guajira donde 32 de cada 100 mil fallecen por la misma causa.
Según la Defensoría de Pueblo, lo más lamentable es que la muerte de alrededor de 18 niños y niñas en el municipio de Riosucio, se produjo por enfermedades como la diarrea que se podrían haber evitado
Los informes de la Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo señalan que los beneficios del Programa de Alimentación Escolar que deberían recibir los colegios se han perdido a consecuencia de la corrupción y la politiquería.
El problema no solo es la contaminación del agua, sino también las deficiencias en la manipulación de alimentos, parasitismo intestinal y desnutrición.
En un vídeo grabado por el diario El Tiempo de Colombia, se observan las diferentes falencias en cuanto a prevencion y presencia del estado en el Chocó. Además se recogen testimonios de los indigenas sobre los diversos problemas que aquejan a su comunidad.

Sequía y desnutrición

Por otro lado, en La Guajira, ubicada al noreste de Colombia, donde viven cerca de 30 mil indígenas de la etnia Wayúu, ya han fallecido seis niños por falta de alimentación y la sequía que azota esta región.
Los Wayúu viven en condiciones precarias debido a la falta de agua y alimentos. El último caso de muerte reportado por desnutrición fue la de un bebé de tres meses.
Por ello, el director de la Federación de Departamentos, Amilkar Acosta, solicitó al gobierno la adopción de medidas de urgencia debido a la crisis humanitaria que se registra en la región.
“Estamos haciendo un llamamiento al presidente Juan Manuel Santos para que se proceda de forma inmediata y urgente el cumplimiento de esas medidas, para darle amparo a esa niñez que sufre el flagelo de hambre” manifestó Acosta.
En la comunidad indígena Hitnü también se están presentando casos de desnutrición infantil que el 28 de enero provocó la muerte de un menor. Así lo confirmó una comisión del departamento de Arauca tras una visita humanitaria.
Según el Instituto Nacional de Salud colombiano, cada semana mueren al menos cinco niños a causa de la desnutrición en el país, situación preocupante en el departamento de La Guajira.

COMUNICADO DE LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA VENEZOLANA (COIAM) y ORPIA SOBRE LA MINERÍA ILEGAL EN EL RÍO PARUCITO Y LAS AGRESIONES AL PUEBLO YABARANA

En el día de hoy 01 de febrero de 2016, nosotros, pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía venezolana, agrupados en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) y la Organización  Regional Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), reunidos en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, queremos expresar nuestra profunda preocupación sobre la invasión de mineros ilegales en la zona del río Parucito y sus afluentes (Municipio Manapiare) y las AGRESIONES Y AMENAZAS de que están siendo víctimas los PUEBLOS YABARANA, HOTI Y PANARE, habitantes originarios de esa zona, afectando sus derechos constitucionales al territorio (Art.119), al ambiente sano (Art.127) y a la integridad personal y cultural (Art. 121), declarando lo siguiente:

1.-  Las organizaciones indígenas de base quieren expresar su profunda preocupación debido a la creciente actividad minera ilegal (minería de oro) en el Municipio Manapiare, la cual afecta a numerosas comunidades indígenas de la región (ríos Parucito, Caño Majagua, Caño Mosquito, Caño Corobita, Serranía de Maigualida, Caño Asita y Río Parú) y a la propia población de San Juan de Manapiare, quienes vienen denunciando la minería ilegal en estos ríos y la invasión de sus territorios por un número importante de mineros ilegales y grupos armados.

2.- Esta situación ha sido denunciada ampliamente por la Organización Indígena Yabarana del Parucito (OIYAPAM) y la Organización Ye´kuana KUYUNU y es conocida por las autoridades militares (ZODI – Amazonas) y civiles de la región, a quienes se les ha solicitado en varias oportunidades el desalojo de los mineros,  labores de vigilancia y control del área para evitar la entrada de los mineros ilegales. Sin embargo, durante el último año (2015-2016) se ha observado un incremento de la minería ilegal en el cauce del río Parucito y sus afluentes, y en el río Parú, sin que haya un control efectivo del problema. El resultado de esta actividad ha sido una evidente contaminación de las aguas de los ríos Parucito, Manapiare, Ventuari y Parú, por presencia de mercurio y otras sustancias tóxicas, así como la alteración del ecosistema fluvial en general, incluyendo la vida de numerosos peces que son fuente de alimento para las comunidades indígenas ribereñas y la capital del Municipio, San Juan de Manapiare.

3.-  Por su parte, en toda la zona de la Serranía de Maigualida, hábitat del pueblo Hoti, continúan  las agresiones a este pueblo, en la zona de Caño Mosquito, con actividades de extracción ilegal de oro y otros minerales, en su mayoría realizadas por ciudadanos extranjeros provenientes de Colombia, causando graves daños ambientales como la destrucción de grandes extensiones de selva y bosque, alteración del curso de los ríos y contaminación por mercurio, y la afectación de numerosos ecosistemas amazónicos.

4.- La actividad minera ilegal en todo el Municipio Manapiare va acompañada de otras muchas ilegalidades, que han causado graves perjuicios a los pueblos indígenas de la zona, tales como el contrabando de extracción de productos nacionales, tráfico de combustible, prostitución y trata de personas, la entrada ilegal al territorio nacional de personas foráneas, la presencia de grupos armados generadores de violencia y el tráfico de sustancias prohibidas por la ley.

5.- Durante la última  semana del mes de enero de 2016, un grupo de indígenas Yabarana de la Organización OIYAPAM, liderados por el Ex – Alcalde Indígena Benjamín Pérez fueron agredidos y amenazados por los  mineros  ilegales, y la casa de Benjamín Pérez fue quemada por grupos generadores de violencia.

6.- Hacemos un llamado a las autoridades civiles y militares del Estado venezolano, para que tomen acciones y medidas urgentes y coordinadas, destinadas a controlar la minería ilegal en el Municipio Manapiare, especialmente mediante acciones y actividades de vigilancia y control permanente. Igualmente solicitamos se inicie una investigación sobre los hechos denunciados y se determinen las responsabilidades. Especialmente pedimos la protección de los líderes de la Organización OIYAPAM amenazados por estos grupos de mineros armados. Todas estas medidas contribuirán a la calidad de vida de nuestros pueblos que en la actualidad corre peligro si no se toman medidas urgentes.

Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA)

Kurripaco, Baniba, Warekena y Yeral del Guainía, Río Negro y Atabapo (KUBAWY)

HORONAMI Organización Yanomami

Organización Indígena Piaroa Unidos del Sipapo (OIPUS)

Organización Ye´kuana del Alto Ventuari (KUYUNU)

Organización Mujeres Indígenas de Autana (OMIDA)

Organización Uwottüja del Cataniapo “OPUHC”

Cabildo Inga de Amazonas

Organización Yabarana del Parucito (OIYAPAM)

Organización Piaroa de Manapiare

Red de Jóvenes Indígenas de Amazonas (RAJIA)

Organización de Mujeres de Amazonas (Wannaleru)

Organización del Pueblo Baré (OPIBA)

Postulan comunicador indígena criminalizado a premio Martine Anstett

Servindi.- César Estada Chiquilín ha sido preseleccionado para ser acreedor del Premio Marine Anstett 2016 en renocimiento a su labor como periodista y comunicador indígena en la denuncia de los abusos de la empresa minera Yanacocha. Actualmente, vive una gravísima situación pues se ha convertido en víctima de persecuciones, amenazas y ataques directos tanto hacia su persona como a su familia.
Su caso fue presentado por Michael Frost, Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, ante la Asociación Marine Anstett, entidad que reconocerá a hombres y mujeres que luchan por la defensa de los derechos humanos alrededor del mundo.
Estrada Chuquilín, miembro de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP) comparte la nominación con cuatro defensores más. Los cinco fueron preseleccionados por un comité el pasado 12 de enero para su revisión y selección final el próximo 7 de febrero por un jurado especial.
El ganador será anunciado y recibido el 29 de abril en la ciudad de París, Francia, para la entrega del galardón.

Grave situación de persecusión y ataques

César Estrada, junto a 46 personas opositoras al proyecto Conga, son beneficiarios de una medida cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual obliga al Estado a proteger la vida e integridad de quienes son víctimas de diversos ataques y agresiones por la defensa del agua y de sus tierras.
Entre diciembre de 2011 y febrero de 2014, el comunicador indígena sufrió ataques físicos, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, recurrentes robos de sus herramientas de trabajo, cortes de línea telefónica y la obstrucción de su labor periodística. Los ataques fueron perpetrados por la seguridad privada de la empresa minera como también por efectivos policiales.
Estos hechos le merecieron ser acreedor de la medida cautelar el 5 mayo de 2014 mediate la Resolución 9/2014. Sin embargo, la situación no ha variado en absoluto pues el gobierno peruano no ha implementado la medida. Incluso, pocos días después de obtener la medida cautelar, Estrada Chuquilín fue detenido arbitrariamente por seis horas y luego denunciado penalmente.

Su vida está en peligro

Entre marzo y noviembre de 2015, Estrada fue víctima de nuevos ataques que amenazaron tanto su integridad como la de sus familiares.
Según señala el mismo comunicador, a la violencia física y el acoso se ha sumado ahora el hostigamiento judicial pues en agosto del año pasado fue acusado por los supuestos delitos de secuestro y hurto agravado por los que se le puede imputar hasta 33 años de pena privativa de la libertad.
En lo que va del proceso judicial, Estrada ha sufrido atentados gravísimos. El 15 de setiembre, junto a su esposa y otro defensor de los derechos humanos, cuando dos sujetos no identificados dispararon armas de fuego y arrojaron piedras contra el carro en el que se transportaban.
Situaciones similares se dieron el 26 de setiembre y el 31 de octubre cuando sujetos no identificados le amanezaron con disparos en la primera ocasión e insultos y amedrentamiento en la segunda.
Cinco días después, el 22 de setiembre, encontraron el frontis de la casa de su padre pintada con la frase "Disfruta tus últimos días. A la cárcel o mueres" tal como puede apreciarse en el siguiente video que registró el incidente:

El juicio oral por los cargos que se le imputan debió llevarse a cabo el pasado 5 de enero pero fue suspendido debido a la ausencia del representante del Ministerio Público en Celendín. El proceso se ha postergardo hasta el próximo 5 de abril.
Actualmente, César Estrada Chuquilín se ha visto en la obligación de detener su labor de comunicador social mientras vela por su integridad y la de su familia llegando incluso a vivir en la clandestinidad para no ser víctima de más ataques.
Al verse impedido de laborar y no obtener ingresos económicos Estrada carece de recursos para su defensa legal y la manutención personal y la de sus familiares. 

Biopiratería: La biodiversidad y los conocimientos ancestrales en la mira del capital

Servindi.- Los conocimientos ancestrales que aún mantienen diferentes pueblos indígenas en el mundo, son robados por empresas transnacionales que los patentan y los comercializan en un fenómeno denominado biopiratería. A este tema se consagra una publicación con una diversidad de aportes compilado por Alberto Acosta y Esperanza Martínez.
Se trata del libro Biopiratería: La biodiversidad y los conocimientos ancestrales en la mira del capital en el que los autores destacan cómo esta forma de piratería ahora se consolida con acuerdos asimétricos, como los Tratados de Libre Comercio (TLC), que institucionalizan la usurpación de conocimientos en nombre de un inexistente libre comercio.
Se trata de conocimientos que luego regresan en forma de paquetes tecnológicos o de recetas incuestionables e irrepetibles, es decir, patentadas. Esta ha sido y es la práctica imperial que ha dominado y domina el mundo.
Quienes desean acceder a la publicación completa, publicada el 2015, pueden hacerlo con un clic en el siguiente enlace, compartido por el portal Biodiversidad en América Latina y el Caribe:

• Biopiratería. La biodiversidad y los conocimientos ancestrales en la mira del capital (PDF, 366 páginas).

A modo de prólogo: Los coletazos del colonialismo senil

Alberto Acosta
12 de mayo de 2015

Serían, sin embargo, más felices
si solamente fueran charlatanes
y no también camorristas, como lo son,
que por un quítame las pajas,
arman feroces peloteras, y muchas veces,
a fuerza de porfiar,
la verdad se les escapa de las manos.
Erasmo de Rotterdam,
El elogio de la locura (1511)

Con la expansión del capitalismo europeo del siglo XVI, en medio de crecientes rivalidades entre las potencias hegemónicas de entonces, se potenció la piratería. Los corsarios, que contaban con financiamiento y con la “patente de corso” de sus Estados y en su beneficio, atacaban a los navíos enemigos y se quedaban con una parte de la carga. Los piratas propiamente dichos trabajaban por cuenta propia. Y entre ellos podríamos distinguir a los filibusteros y a los bucaneros que, de una u otra manera, buscaban hacerse de riquezas asaltando los buques o los puertos. Corsarios, piratas, filibusteros o bucaneros fueron una suerte de avanzadillas de las transnacionales contemporáneas, en tanto se desplegaban por el mundo conocido entonces, tratando de lucrar a como dé lugar de las múltiples oportunidades de “negocio” que ofrecían la conquista y la colonización.
Aunque poco conocido es el capítulo del robo de semillas y conocimientos ancestrales, la biopiratería ya era una práctica en esas épocas. Estas prácticas de apropiación indebida de conocimientos están documentadas en las acciones de los conquistadores e inclusive de varios de los famosos piratas y corsarios. Hoy su accionar se mantiene con otras formas.
Joan Martínez Alier (2012 diciembre 14) se pregunta ¿qué significa la biopiratería? Y responde: “se trata de una práctica extendida sobre todo a partir de la colonización europea, mediante la cual los misioneros, los representantes de los Estados, los encargados de las empresas, los biólogos y los antropólogos dan a conocer y se aprovechan de los conocimientos ancestrales” de campesinos indígenas sobre plantas medicinales y agrícolas para su explotación económica, sin reconocer ni remunerar a quienes poseen esos conocimientos ancestrales.
“Los españoles, por ejemplo –nos dice Martínez Alier–, se llevaron de América las semillas y el conocimiento de la papa, el maíz, el jitomate, sin dar ni las gracias, y se llevaron también muchas toneladas de corteza del árbol de la quina o cascarilla y el conocimiento de sus efectos contra las fiebres. En la actualidad, empresas o investigadores extranjeros patentan esos conocimientos; la ayaguasca, por ejemplo. De la India –sigue Joan– se llevaron conocimientos sobre el arroz basmati y sobre las propiedades del árbol del Nim, y quisieron patentarlas”. Se conocen intentos famosos de biopiratería disfrazados de contratos de bioprospección. Y Joan concluye con un cálculo monetario para dar incluso un cariz crematístico a su argumentación: se calcula que África pierde al año 15 000 millones de dólares por los pagos no recibidos de empresas que patentan conocimientos agrícolas y medicinales indígenas.
En concreto, de sir Francis Drake, uno de los corsarios más afamados, hasta Monsanto, Syngenta, Bayer y otras empresas que siguen usurpando semillas y conocimientos ancestrales, y que buscan atar a los campesinos y agricultores a sus paquetes tecnológicos de transgénicos, hay un hilo conductor: el deseo de acumular capital, sea de forma irregular, como lo hacían los piratas, o sea protegidos por los gobiernos y sus leyes, como los corsarios.
De esta manera, aunque la piratería todavía se mantenga en algunos lugares, su ocaso en los mares no significó su fin. La biopiratería, desembozada o no, ilegal o no, se mantiene presente en el mundo de la ciencia y la tecnología. Y ahora se consolida con acuerdos asimétricos, como los Tratados de Libre Comercio (TLC), que institucionalizan la usurpación de conocimientos en nombre de un inexistente libre comercio, conocimientos que luego regresan en forma de paquetes tecnológicos o de recetas incuestionables e irrepetibles, es decir patentadas. Esa ha sido y es la práctica imperial que ha dominado y domina el mundo.
De la capacidad que tengamos para proteger los conocimientos ancestrales de este tipo de atracos, legales o no, para liberar a las semillas y a los conocimientos ancestrales de la dominación biotecnológica para la acumulación de capital, dependerá nuestro futuro. Eso implica, para empezar, echar abajo aquella charlatanería tecnocrática, repetida cansinamente por gobernantes progresistas y neoliberales, que a fuerza de porfiar en las ventajas indiscutibles de la ciencia y la tecnología nos mantienen atados a prácticas que aseguran la colonización imparable de la vida en función del capital.
Es común asumir al progreso tecnológico como un elemento siempre al servicio de la Humanidad. Poco se dice sobre las contradicciones que este puede generar en el ámbito de la inequidad social, la degradación ambiental, el desempleo y subempleo, y otros elementos que ponen en peligro la continuidad de la vida comunitaria en el planeta. Este cuestionamiento no margina las ventajas que se pueden obtener de los avances tecnológicos, pero sí quiere superar visiones ingenuas y hasta simplonas con las que se reciben a los “avances tecnológicos”. Véase, a modo de ejemplo, lo inútiles que han sido la “revolución verde” o los transgénicos como herramientas para erradicar el hambre.
En suma, hay que tener la capacidad de entender lo que representan los elementos fundacionales de aquella idea de progreso y civilización dominantes aún. Ideas que han amamantado al desarrollo, convirtiéndolo en una herramienta neocolonial e inclusive imperial.
Entonces, sin menospreciar los avances científicos y tecnológicos genuinos, debemos aceptar que gran parte de la ciencia y la tecnología –comprada o simplemente pirateada– norma la organización de nuestras sociedades. En este contexto surge el pobre discurso del bioconocimiento como alternativa, pues más que desarrollarlo o fomentarlo supone crear condiciones para la apropiación. Es un esfuerzo reiterado de mercantilización a ultranza, que inclusive llega a mercantilizar el clima o los genes mismos. El papel de Yachay e Ikiam está en esta línea. Se presentan como centros de investigación, pero seguramente serán reserva de recursos genéticos, o patio trasero para la investigación de las transnacionales; es decir, nuevas formas de extracción de recursos primarios. Parece que se ha aceptado que todo se compra, todo se vende. Así, para alcanzar el paraíso del desarrollo prometido –en nuestro caso por el sendero del extractivismo–, debemos obtener el conocimiento de manos de las naciones poderosas y sus empresas, inclusive negando el potencial de nuestros propios conocimientos y prácticas ancestrales.
Bien sabemos que el camino seguido para alcanzar el inalcanzable desarrollo ha sido complejo y subdesarrollador. Sabemos bien que los resultados obtenidos no resultaron satisfactorios por la búsqueda misma de ese desarrollo. A pesar de que es evidente la inutilidad de seguir corriendo detrás del fantasma del desarrollo, todavía hoy se sigue insistiendo en la necesidad de copiar a los países que consideramos exitosos y que, en realidad, como con claridad afirma José María Tortosa (2011), están mal desarrollados. Y en ese empeño, haciéndole el juego a los grandes intereses transnacionales, no solo que se abre la puerta a la megaminería o se amplía la frontera petrolera, sino que se apuesta simplonamente por los agrocombustibles y los transgénicos, al tiempo que se quiere propiciar la mercantilización de los conocimientos ancestrales. Todo se mide en resultados monetarios, en la posibilidad de incrementar la tan cacareada productividad, en la certeza de la acumulación del capital.
Resulta frustrante constatar que ese empeño se expande en Ecuador incluso en contra de avances constitucionales que han sido asumidos internacionalmente como cimientos para una transformación civilizatoria; por ejemplo, los Derechos de la Naturaleza, o la prohibición de los cultivos y las semillas transgénicas. En la lista de retrocesos está una nueva ronda de reformas a la Constitución, en la cual se incluirían temas que permitirán consolidar el modelo de piratería previsto con los TLC y los requerimientos transnacionales en materia de propiedad intelectual. Cediendo posiciones a las demandas de la piratería del siglo XXI, como lo exige un TLC con la Unión Europea, ya se trabaja en nuevas enmiendas constitucionales para echar abajo la protección de los conocimientos ancestrales o colectivos. Según la Constitución de Montecristi, estos conocimientos están protegidos por derechos imprescriptibles, inembargables, inalienables y no patentables. El Gobierno pretende ahora que las comunidades autoricen a terceros el acceso y uso de conocimientos tradicionales, previo a su consentimiento libre e informado: esto les permitiría participar en la distribución de los supuestos beneficios que –según el régimen– se lograrían por su mercantilización. El empeño oficial apunta a normar el funcionamiento del mercado de dichos conocimientos, abriendo la puerta a las patentes como una herramienta para frenar la biopiratería, dirán. En realidad, a través de dichas prácticas mercantiles se beneficiará a los corsarios modernos.
Esta posibilidad de patentar los conocimientos ancestrales –que se analiza desde diversos ángulos en el presente libro de la serie sobre los debates constituyentes, que editamos con Esperanza Martínez desde el año 2009– podría implicar un retroceso para una cantidad de derechos constitucionales. Y por esa razón se precisa abrir la puerta a un amplio debate. Esto es lo que se busca con esta publicación.
Para empezar, el libro arranca con un análisis de lo que representan los derechos ancestrales y su protección en la Constitución de Montecristi. Pero antes de hacerlo de manera detallada, Esperanza Martínez nos recuerda que el conocimiento se construye con la interacción de muchas personas, viviendo en comunidad. Es más, se trata de un conocimiento que circula libremente en las comunidades, es decir entre las culturas existentes. Reconociendo que el conocimiento y la cultura son construcciones esencialmente sociales, nadie individualmente puede reclamar la originalidad de ningún conocimiento colectivo y, menos aún, su propiedad. Son conocimientos construidos colectivamente y diseminados de la misma manera. Su utilización, entonces, es o debería ser también colectiva. No puede darse una apropiación individual y menos aún un beneficio económico concentrador y excluyente.
A partir de este principio fundamental se construyó el marco constitucional. Uno de sus principales objetivos radica en recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. De esta manera, la sociedad puede gozar de los beneficios y aplicaciones de estos saberes, así como del progreso técnico. El eje de este objetivo radica en mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y flora.
En consecuencia, se prohíbe toda forma de apropiación sobre los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos. Se prohíbe, por igual, toda forma de explotación excluyente de conocimientos colectivos: ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad.
El Estado, entonces, tiene la obligación de promover los saberes ancestrales y, en general, las actividades de la iniciativa creativa comunitaria y asociativa. Es también obligatorio para el Estado recuperar y preservar los saberes ancestrales y los recursos genéticos como patrimonio del pueblo ecuatoriano, para garantizar el derecho al uso y conservación de las semillas. En este punto encaja otra prohibición, la de importar semillas transgénicas y permitir cultivos transgénicos.
En línea con lo expuesto aparecen otras amenazas desde el exterior. Esta no es una simple cuestión de percepciones. El riesgo es inminente en la medida en que el Gobierno ecuatoriano, atrapado por el desarrollismo senil, se ha adherido a un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, suscrito años atrás por Perú y Colombia. Atrás quedaron los compromisos políticos adquiridos con el pueblo ecuatoriano de no dar paso a este tipo de tratados, que –como decía Rafael Correa en el año 2006– se sostienen en “la idea de que el libre comercio beneficia siempre y a todos, [pese a que esta idea] es simplemente una falacia o ingenuidad extrema más cercana a la religión que a la ciencia, y no resiste un profundo análisis teórico, empírico o histórico”.
Para discutir estos temas, el libro abre todo un capítulo en donde Catalina Toro analiza los impactos del TLC suscrito por Colombia con los Estados Unidos y la Unión Europea (UE), que son detonantes importantes de la crisis de la integración andina. La cuestión de la propiedad intelectual es un asunto complejo, no cabe la menor duda. Hasta ahora el sistema dominante se ha centrado en favorecer la acumulación de capital mucho más que en promover realmente el desarrollo tecnológico y científico. Lo que principalmente interesa a los TLC es la facilitación del acceso a recursos genéticos y el patentamiento de plantas y animales, nos recuerda Catalina Toro. Ella, además, demuestra cómo este tipo de acuerdos de “libre comercio” han dividido las posiciones en la región andina, con un grupo de países, como Colombia y Perú, que pliegan sin reparos al librecambismo y los otros que han establecido una serie de reservas.
Téngase presente que un TLC condiciona –como señala Toro– “la adhesión de los países andinos a la [Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales] UPOV 91, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) y el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del Depósito de Microorganismos a los fines de procedimientos en materia de patentes y su extensión en el tiempo.”
Uno de los puntos críticos tiene que ver con la introducción de este sistema de patentes, que inclusive incorpora la cuestión de los conocimientos ancestrales como uno de los puntos medulares. Esta pretensión permitiría consolidar el tradicional sistema transnacional de apropiación de conocimientos: la tan difundida biopiratería. Y por eso sorprende que ahora el Gobierno ecuatoriano esté empeñado en desmontar los logros constitucionales mencionados anteriormente, que procuran mantener los conocimientos ancestrales y la biodiversidad al margen del saqueo de las transnacionales. Catalina Toro es muy clara al concluir que si se quiere “proteger y defender la biodiversidad y el conocimiento tradicional de la biopiratería [solo será] posible mediante la no aplicación de ninguna forma de propiedad intelectual sobre cualquier forma de vida y sobre el conocimiento.” Juan Cuvi nos ofrece otro texto sugerente. Se adentra en un mundo más personal, el de la enfermedad y por ende el de la salud. Reconoce que la “relación del ser humano con la enfermedad tiene una trascendencia y un dramatismo que superan a los de cualquier otro factor de carácter natural, social, político o económico”. Y añade que “en la historia de la humanidad, la medicina –en tanto lucha contra la enfermedad– debe ser una de las primeras actividades estructuradas del ser humano”. Desde esa perspectiva entra con pie firme a analizar el modelo andino de salud, que se caracteriza por su integralidad. Ese es, según él, el meollo del asunto.
Esa integralidad permite ver la salud como “un componente inseparable de esa totalidad socio-espiritual, su interpretación y manejo incluye no solo a aquellos elementos naturales relacionados con el cuerpo, el entorno y los síntomas de la enfermedad, sino también a las instituciones sociales, a los valores culturales y a los referentes históricos de la comunidad. En estas condiciones, la enfermedad tiene orígenes multicausales: individuales, familiares y comunitarios; en tal virtud, las respuestas exigen una visión holística al proceso salud/enfermedad”. Esta realidad choca con la visión occidental biomédica incapacitada para entender y asumir esta categorización, “porque segmenta la realidad, desintegra su dinámica y parcela al individuo”.
Entonces, de lo anterior, luego de que el autor despliega los entretelones de la colonialidad del saber, en particular, se desprende la necesidad de desmontar la lógica de la industria farmacéutica, cuya estrategia de control monopólico del mercado implica “la obtención de patentes sobre medicamentos, especialmente si estos llegan a adquirir estatus estelar”. En particular sobre los conocimientos ancestrales de pueblos y comunidades que, según Cuvi, constituyen uno de los recursos más codiciados para las transnacionales del sector. No solo que investigar a partir de saberes acumulados por siglos reduce el tiempo y los costos, sino que asegura el control sobre esos conocimientos y sus derivados.
Los cambios propuestos con un TLC, sea con los Estados Unidos o con la UE, posibilitan patentar los conocimientos ancestrales y representan el cumplimiento de los requerimientos del capital transnacional, particularmente del farmacéutico, nos comenta Cuvi. Esto asegura, además, la imposibilidad de introducir medicamentos propios o alternativos (fundamentalmente genéricos) que puedan forzar a la baja los precios al consumidor. La secuela obvia es la restricción en el acceso a medicamentos para una gran parte de la población de escasos recursos y el correspondiente beneficio para las empresas farmacéuticas, grandes ganadoras de la política de salud del Gobierno. Por lo tanto, esta es “una medida que se contrapone abiertamente no solo con los intereses del país, sino con los derechos inalienables de nuestros pueblos indígenas y originarios”.
Alejandro Nadal nos invita, con un texto corto pero contundente, a ampliar la mirada. Nos propone una lectura de lo que representaría el acuerdo Trans-Pacific Partnership (TPP), que está siendo construido en respuesta a los intereses de las grandes empresas transnacionales y no en función de las necesidades de los países involucrados. Según él, el capítulo sobre patentes del TPP lo demuestra. “No solo consolida un abusivo sistema de patentes construido como obsequio para las grandes corporaciones transnacionales; también introduce mecanismos que afectarán el conocimiento tradicional de los pueblos y comunidades y otros que pueden perjudicar el medio ambiente”.
En las negociaciones del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, los impactos de las patentes a favor de las grandes corporaciones transnacionales serán inocultables. Silvia Rodríguez Cervantes se adentra con un análisis de lo que representa el Tratado de Budapest, teniendo como referencia el impacto sobre Costa Rica. Ella establece una serie de reflexiones que conducen a preguntas que, a su parecer, no tienen respuestas convincentes. Y expresa su desacuerdo con el otorgamiento de propiedad privada y monopólica sobre cualquier microorganismo o material biológico químico que constituyen a los seres vivos, humanos o no. Hay razones y objeciones lógicas e implicaciones éticas, que le llevan a la autora a asumir una clara posición en contra de la mercantilización de la vida misma, es decir la Naturaleza.
El análisis sobre el acceso a los recursos genéticos y sus implicaciones enriquece las páginas de este libro. Aquí el debate nos conduce al mundo de los corsarios y filibusteros modernos, al de la biopiratería. Silvia Ribeiro, una de las mayores especialistas en la materia, confronta la privatización de los conocimientos ancestrales con la vida comunitaria, y desnuda este sistema que concentra los beneficios en el Norte global y que da paso a la recolonización del Sur.
Solo esta información, presentada por la autora, sería suficiente para comprender de qué estamos hablando:

"Las medicinas tradicionales y el conocimiento indígena y local han adquirido, además de su valor intrínseco, un alto valor comercial. Aproximadamente tres cuartas partes de los medicamentos de receta derivados de plantas en el mundo fueron utilizados primero por indígenas, lo que permitió su “descubrimiento” posterior por empresas y laboratorios de países industrializados. Se calcula, según cifras de 1996, que la industria farmacéutica global tiene ganancias por más de 32 000 millones de dólares anuales gracias al uso de remedios tradicionales que incorporó a medicamentos de receta.

"Entre 1950 y 1980, las medicinas derivadas de plantas utilizadas en la industria farmacéutica significaban más del 25% de los fármacos de receta vendidos en los Estados Unidos. Actualmente, aproximadamente el 40% de las pruebas clínicas para medicamentos en Estados Unidos se basan de alguna forma en productos naturales. Se estima que el valor económico total anual de las drogas derivadas de plantas es más de 68 000 millones de dólares anuales, solamente en Estados Unidos.

Silvia nos confronta con una conclusión categórica: “El verdadero sistema para conservar y usar sustentablemente la biodiversidad y ‘compartir sus beneficios en forma justa y equitativa’ reside, entre otros puntos, en restringir toda forma de propiedad intelectual sobre seres vivos y tecnologías, y en afirmar efectiva e integralmente –es decir económica, social, política y culturalmente– los derechos indígenas, campesinos y de pueblos pescadores y forestales, incluyendo el derecho a la tierra y al territorio. Mientras esto no sea así, toda bioprospección seguirá siendo biopiratería.”
Elizabeth Bravo, otra de las investigadoras de renombre en esta materia, analiza lo que ella, con razón, considera la falacia de la repartición de beneficios. Para demostrarlo abre la puerta a un análisis de varios casos paradigmáticos, en los que se trata de transformar en mercancía a la biodiversidad y a los conocimientos asociados a su uso, teniendo como marco referencial al Convenio sobre Biodiversidad que empezó a negociarse en el seno de las Naciones Unidas desde los años ochenta, y luego el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. Bravo incursiona también en el caso de Ecuador, antes de analizar la mencionada falacia en la distribución de los beneficios.
En complemento con lo anterior, un trabajo colectivo de Acción Ecológica da cuenta del controvertido dictamen de la Corte Constitucional sobre el Protocolo de Nagoya. El Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, recordémoslo, fue adoptado en Nagoya, Japón, el 30 de octubre 2010, durante la COP 10 del Convenio sobre Diversidad Biológica. Este Protocolo, que no ha entrado aún en vigencia y en el que no ha sido posible introducir una cláusula anti biopiratería, presenta una lista de inconstitucionalidades para el caso ecuatoriano. Debe quedar claro que el objetivo del Protocolo de Nagoya no es promover las prácticas propias de los pueblos indígenas y otros pueblos portadores de derechos colectivos, sino asegurar la repartición de las aplicaciones (comerciales o científicas) que se hagan a partir de dichos conocimientos.
Nicolás Cuvi escribe poniendo los pies en la coyuntura política que se vivió en el Ecuador a comienzos de 2015, cuando circularon intenciones de reformar algunos aspectos de la Constitución de 2008. En particular, se refiere a las declaraciones realizadas hace algunos meses por el presidente Rafael Correa, sobre la posibilidad de cambiar los artículos 57.12, 322 y 402 de la Constitución, que aluden principalmente a la prohibición de apropiación de la propiedad intelectual y los productos asociados con ella mediante patentes.
En un ejercicio de provocadora honestidad intelectual, argumenta que “las meras prohibiciones no garantizan la protección de esos derechos”. En ese sentido, aboga por redefinir las políticas de regulación desde la reflexión y el diálogo con los actores involucrados, “construyendo mecanismos finos de regulación que  garanticen que su apropiación no se convierta en un expolio, y que realmente los beneficios se materialicen localmente, no en favor de monopolios, compañías y corporaciones multinacionales y/o nacionales”. En otras palabras, desde una lógica que podría asumirse como pragmática, plantea la posibilidad de incursionar en los terrenos pantanosos del mercado de los conocimientos ancestrales, asumiendo que ese sería el único camino posible en un mundo globalizado.
Nicolás Cuvi termina sus reflexiones señalando que “[habrá] que dialogar y lograr acuerdos sobre el tema, que no pasan por reformar de un plumazo la Constitución. De otro modo, quienes llevan ventaja en la carrera del bioconocimiento –corporaciones multinacionales, universidad e institutos del Norte global– serán una vez más quienes se apropien del grueso de los réditos.”
Otro campo de reflexión se centra en el libre acceso a las semillas. Este es un tema crucial. El avance de la ciencia al servicio de la acumulación del capital, en donde marchan a paso acelerado los transgénicos, ha conducido, desde inicios del siglo XX, a la pérdida de un 75% de la diversidad genética de las plantas. En la actualidad, de conformidad con datos del Ministerio de Agricultura de Alemania, el 30% de las semillas están en peligro de extinción. Mientras el 75% de la alimentación del mundo se asegura con doce especies de plantas y cinco de animales, solo tres especies –arroz, maíz y trigo– contribuyen con cerca de 60% de las calorías y proteínas obtenidas por los humanos de las plantas. Apenas el 4% de las 250 000 o 300 000 especies de plantas conocidas son utilizadas por los seres humanos. Y en este escenario, cuando el hambre azota a unos 1000 millones de personas en el mundo, vemos cómo los grandes conglomerados transnacionales de la alimentación, como Monsanto, siguen concentrando su poder a través del control de las semillas.
Este tema es abordado por La Vía Campesina con un artículo decidor que se opone a la comercialización de la biodiversidad, es decir que demanda la desmercantilización de la Naturaleza; así como por Carlos Vicente, que expresa su preocupación por el trato que se da a las semillas en tanto patrimonio de los pueblos, que tiene que estar al servicio de la Humanidad y no de la acumulación de capital; y también Germán Vélez del grupo Semillas de Colombia, que analiza cómo las leyes de semillas están aniquilando la soberanía alimentaria de los pueblos.
El esfuerzo editorial que aquí se presenta abre también espacio a una serie de estudios de caso. Aproximarse a esta interesante, compleja y muy conflictiva realidad resulta aleccionador cuando se analizan situaciones concretas. Los aportes del Grupo ETC, los artículos de Edward Hammond, Isabel Delgado y de Japhy Wilson, Manuel Bayón y Henar Diez, así como de Andrés Barreda, dan cuenta de situaciones específicas, en donde la piratería de los conocimientos ancestrales y de la biodiversidad demuestran que muchas veces la misma normativa con la que se quiere enfrentarla, abre las puertas a otras formas legalizadas de apropiación, saqueo y colonización.
En el primer caso, analizado por el Grupo ETC, se presenta el acto casi pirata de un equipo de investigadores de Venter, financiado por el gobierno de Estados Unidos, que había completado un “muestreo extensivo” de la biodiversidad en las Galápagos, acción considerada como una violación a las leyes nacionales y un ataque a la soberanía ecuatoriana. En el segundo, Edward Hammond incursiona en un caso paradigmático sobre cómo se han conseguido informaciones y patentes sobre diversos tipos de tomate, lo que, según él, representa una suerte de regalo sudamericano para los gigantes agroquímicos. Isabel Delgado, en tercer lugar, se adentra en el terreno de la biopiratería como una práctica mediante la cual investigadores o empresas utilizan ilegalmente la biodiversidad de países empobrecidos y los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas o campesinos, para explotarlos comercial e industrialmente sin la autorización de sus verdaderos creadores o innovadores: las comunidades ancestrales. El cuarto aporte, el mismo Edward Hammond demuestra cómo el sistema de vigilancia global de la Organización Mundial de la Salud (OMS) actúa como colector gratuito de virus, y cómo su departamento de investigación aporta conocimientos a los fabricantes de vacunas más grandes del mundo sin brindar mayores beneficios a los países subdesarrollados, que tienen muy poca disponibilidad de estas vacunas.
Japhy Wilson, Manuel Bayón y Henar Diez analizan los alcances de Ikiam, una universidad en la Amazonía ecuatoriana que está en línea con el proceso de modernización tecnocrática del capitalismo que lleva adelante el Gobierno de Correa. Este centro de educación superior ha sido planificado como un espacio de investigación y enseñanza, que tendría como objetivo exportar secuencias genéticas y otras formas de conocimiento a partir del aprovechamiento de la biotecnología. Lo que se pretende es catalizar lo que el régimen considera será un gran cambio de la economía nacional desde los “recursos finitos” a los “recursos infinitos”. Esto representaría, en palabras de los autores, “la fantasía nacional de la competitividad sistémica basada en el bioconocimiento”. En realidad, “la verdadera función económica de Ikiam puede consistir en su contribución a la expansión de la frontera extractiva. Como otras utopías de forma espacial, Ikiam amenaza entonces con combinar la materialización de una ideología utópica con la reproducción de las relaciones sociales que se está tratando de superar”.
Finalmente, este capítulo de ejemplos concretos lo cierra Andrés Barreda, un conocedor profundo de estas cuestiones. Introduce la biopiratería en México, como uno de los casos paradigmáticos de este saqueo sistemático de saberes y conocimientos. Y lo hace describiendo un proceso que arrancó con la primera patente permitida por la Corte Suprema de los Estados Unidos, en 1940, de una rosa híbrida. Luego describe el boom de la biotecnología, de manos de grandes consorcios transnacionales para, a continuación, preguntarse quiénes son y cómo actúan los biopiratas en el mundo contemporáneo. Y concluye con una aseveración que no puede caer en saco roto: “la mayor parte de los conocimientos productivos y reproductivos de los pueblos y culturas indígenas del mundo, culturas que, por esta misma dinámica de globalización y privatización comercial, se encuentran en estado de liquidación.”
Cerramos el libro, que está editado de manera muy prolija, con un análisis sobre los conocimientos ancestrales en riesgo dentro de la lógica de los TLC.
Elizabeth Bravo explica como un TLC puede transformar esos conocimientos en objeto de la biopiratería.
Finalmente, Lorenzo Muelas, líder indígena colombiano, con esa sencillez y profundidad propia de quien realmente conoce del tema, nos dice que las semillas transgénicas atan la

identidad cultural; fueron creadas para esclavizarnos. Para nosotros, los guambianos, las semillas no sirven solamente para nuestro sustento, para nuestra alimentación y para nuestro vestir. Ellas tienen un papel importante en la comunicación con nuestros antepasados y con el mundo espiritual. Tienen un valor simbólico importante, como ofrenda para los espíritus que están en lo alto de las montañas y en los lagos.

…
Nosotros hemos probado nuestras semillas por miles de años. Si se quiere ver las semillas solo como algo económico, yo le puedo garantizar que nuestras semillas son muy buenas y resistentes. Pero esa es la visión de los capitalistas. Para nosotros, nuestras semillas no pueden ser reducidas a lo económico.

En este punto emerge con fuerza la necesidad de dar paso a la búsqueda de alternativas a estas lógicas mercantilistas. Esto parte por negar su imposición de manera categórica. Es decir, debemos buscar formas de organizar la vida fuera del mercado total, superando, además, las ideas del desarrollo convencional entendido como la realización del concepto del progreso impuesto desde hace varios siglos.
Esto necesariamente implica superar el capitalismo y sus lógicas de devastación social y ambiental. Además, nos obliga a abrir la puerta hacia el posdesarrollo y, por cierto, al  poscapitalismo. Los límites de los estilos de vida sustentados en esta visión ideológica del progreso clásico son cada vez más evidentes y preocupantes.Los recursos naturales no pueden seguir siendo asumidos como una condición para el crecimiento económico, como tampoco pueden ser un simple objeto de las políticas de desarrollo.
La Humanidad, no solo los países empobrecidos, se encuentran en una encrucijada. La promesa hecha hace más de cinco siglos en nombre del “progreso”, y “reciclada” hace más de seis décadas en nombre del “desarrollo”, no se ha cumplido. Y no se cumplirá. Precisamos construir otra civilización, en donde, para empezar, la Naturaleza no sea la víctima de la mercantilización y la piratería.
Debemos evitar la biopiratería y el biocolonialismo en todas sus formas, si no queremos que la historia nos juzgue como a aquellas personas y pueblos que no supieron combatir a los colonizadores y piratas de antaño.
Referencias bibliográficas
- Correa, Rafael (2006). El sofisma del libre comercio. En Acosta, Alberto; Falconí, Fander; Jácome, Hugo y Ramírez, René. El rostro oculto del TLC. Quito: Abya-Yala.
- Martínez Alier, Joan (2012 diciembre 14). Biopiratería: una palabra que triunfa. La Jornada, México. Recuperado de: http://www.jornadaunam.mx/2012/12/14/opinion/018a1pol
- Tortosa, José María (2011). Maldesarrollo y mal vivir - Pobreza y violencia a escala mundial. En Acosta, Alberto y Martínez, Esperanza (eds.) Serie Debate Constituyente. Quito: Abya-Yala.

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Fuente: Biodiversidad en América Latina y el Caribe: http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Biopirateria_La_biodiversidad_y_los_conocimientos_ancestrales_en_la_mira_del_capital

Un relato sobre el coraje indígena en el Nudo de Paramillo

Por Cristina Esguerra
- “Ese día fui testigo de cómo los Embera imponían su autoridad sobre la guerrilla, a pesar de la evidente diferencia de fuerzas –cuenta el director del Parque Nacional natural Paramillo-. Ahí me di cuenta de que había mucho trabajo por hacer y que era posible hacerlo”.
Antonio Martínez, director del Parque Nacional Natural Paramillo, que se extiende por vastas zonas de Córdoba y Antioquia, no se va de este paraíso natural a pesar de la crudeza de la guerra que desde hace 60 años vive el territorio del río Sinú. Martínez llegó al parque en 1996 y en su primer recorrido por el área protegida, ubicada en el extremo norte de la cordillera Occidental, se enamoró del tapete de árboles de verdes de todos los colores y del agua esmeralda que cae por las cascadas.

“Cuando uno ve semejante maravilla dice: aquí es donde yo quiero estar”, narra el director del parque. El heroísmo de este hombre, que no tiene más protección que la emblemática camisa azul de Parques Nacionales, le mereció en el 2012 el premio anual que otorga la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y que es uno de los galardones de medio ambiente más importantes del mundo.
Además de la majestuosidad natural de ese lugar del norte de Colombia hay un motivo más profundo por el que el jefe del parque aún permanece allí, pese a las fuertes amenazas hechas realidad cuando en el 2011 la guerrilla asesinó a su compañero de trabajo por la espalda.
La razón no es otra que la inspiradora humanidad que encontró en aquel remoto territorio. “A pesar de las atrocidades vividas y del profundo dolor –explica Martínez- esa gente sigue mirando hacia delante y pensando en un futuro mejor”. Se refiere a los habitantes del sonado nudo del Paramillo.
Tal vez una de las más conmovedoras experiencias que lo llevó a ver y apreciar el potencial humano de la región del Sinú, la vivió pocos meses después de llegar al cargo de director del Parque Nacional natural Paramillo, cuando los indígenas Embera lo convocaron a una asamblea general. “Ese día fui testigo de cómo los Embera imponían su autoridad sobre la guerrilla, a pesar de la evidente diferencia de fuerza –cuenta Martínez-. Ahí me di cuenta de que había mucho trabajo por hacer y que era posible hacerlo”.

“Ese día fui testigo de cómo los Embera imponían su autoridad sobre la guerrilla, a pesar de la evidente diferencia de fuerza –cuenta Martínez-. Ahí me di cuenta de que había mucho trabajo por hacer y que era posible hacerlo

La reunión fue un domingo –comenzó a contar el director del Paramillo aún con una sonrisa de incredulidad y fascinación por lo sucedido-. El sábado habían llegado desde Bogotá funcionarios públicos de varios ministerios que también debían atender la asamblea. En un momento de la reunión un indígena le comunicó a los reunidos, un tanto angustiado, que un grupo armado se acercaba a la comunidad con la evidente intención de rodearla. Al poco tiempo se supo que era una disidencia del Ejército de Liberación Nacional que iba a ajusticiar a un asesor indígena con quien tenían una cuenta pendiente.
Con la comunidad rodeada por dos filas de guerrilleros armados, los Embera y los asistentes a la reunión fueron obligados a salir a una cancha de fútbol y quedarse allí parados. “Por la crudeza del lenguaje que utilizaban y la violencia con que nos trataban, yo pensé que iba a haber una masacre –explica el de Parques-. Además, eso parecía ser el pan de cada día en esa época. Por lo menos eso era lo que uno oía.” Cuando llegó el momento de ajusticiar al líder los guerrilleros lo llamaron al frente. “En ese instante la comunidad entera reaccionó de forma increíble. Al principio yo no podía creer de lo que era testigo.”
Las mujeres Embera comenzaron a acercarse al asesor y a abrazarlo por la cintura. Al abrazo protector femenino se unieron los niños y luego los hombres. La comunidad entera se aferraba a su asesor haciéndole saber que ellos estaban con él y que no iban a permitir que algo le pasara. “La muestra de apoyo era magnífica. Era como ver hormigas agarrando un objeto. Los unos se aferraban de los otros y no permitían que su guía se moviera”. Después de un tiempo, al ver que era completamente inútil exigirles que se retiraran, los guerrilleros decidieron negociar la situación con los jefes Embera.
“Para mí fue increíble ver cómo la comunidad reaccionaba como si fueran uno sólo, como si fueran un órgano. En vez de salir corriendo y cada uno buscar proteger su propio pellejo, se plantaron con valentía ante el grupo armado arriesgado su vida para salvar la del asesor”. Mientras la negociación tenía lugar, el jefe del Parque fue testigo de una segunda demostración de poder y autoridad. El cerco impuesto por el grupo guerrillero estaba demasiado cerca a los miembros de la comunidad y a los demás asistentes a la asamblea. “Sentía uno que le respiraban en la nuca”, dice.
Entonces el ‘jenené’, el líder de la guardia indígena’, dio una orden en lengua y los hombres de la guardia indígena, bastones de mando en mano, se pararon ante los guerrilleros y comenzaron a obligarlos a retroceder. Ante los fusiles y la actitud hostil de los guerrilleros no tenían más que un palo de madera en la mano. Los integrantes del grupo armado les apuntaban con el fusil y se lo restregaban por el pecho y por la cara. Los agredían verbalmente y les gritaban que los iban a matar, pero la guardia indígena no se inmutó con las amenazas y siguió avanzando y empujando a la guerrilla hacia atrás.
La región, conocida también como Nudo de Paramillo, fue ‘cuartel’ también de la casa paramilitar de Carlos Castaño, quien, junto con sus hombres, también la emprendió fuertemente contra la comunidad Embera.
“Los obligaron a retroceder como 30 o 40 metros –explica Martínez- hasta que la guardia consideró que era suficiente y allí se plantaron. Yo estaba esperando un tiro o que en cualquier momento se armara una balacera. Pero nadie disparó. Lo que más me sorprendió fue la solidaridad espontánea con que reaccionaron todos los Embera. Se comportaron como una verdadera comunidad y no como individuos egoístas que sólo buscaban salvar su propio pellejo. Esa experiencia me fortaleció y me enseñó que cuando un grupo humano se comporta como un solo hombre tiene un poder enorme”.
La conmovedora y generosa reacción de los Embera le salvó la vida al líder a quien al día siguiente lograron sacar ileso del territorio.

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Fuente: Reconciliación Colombia: http://www.reconciliacioncolombia.com/historias/detalle/131

Destacan iniciativas para revitalizar lenguas originarias

Servindi.- El Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) destacó las propuestas presentadas por representantes de pueblos indígenas de Perú, Chile y Ecuador con la finalidad de preservar y revitalizar sus lenguas originarias.
De esta manera en la reunión convocada a pedido del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas se destacaron la iniciativa de la joven peruana Renata Flores y su madre Patricia Rivera, de la región Ayacucho, quienes producen canciones modernas en lengua quechua.
Un ejemplo de su trabajo es el videoclip de la canción The way you make me feel de Michael Jackson interpretado por la “Academia de Música Formas y Sonidos” y cantado en quechua por Renata. El video fue publicado en julio de 2015 y en la actualidad ya superó el millón de vistas.
“La idea era fusionar lo antigua con lo moderno y que ambas expresiones pueden coexistir”, expresó la joven de 14 años en una entrevista radial producida por Radio ONU en español.
Asimismo, Renata explicó que tiene la expectativa que el quechua se ponga de moda en las grandes ciudades, así los niños indígenas que llegan podrán tener la libertad de expresarse en su idioma materno sin víctimas de desprecio o discriminación.

Educación mapuche

De igual forma, la propuesta educativa de acercar la lengua mapudungun del pueblo mapuche al ámbito académico universitario le valió el reconocimiento a Elisa Loncon Antileo, coordinadora de la  Red por los Derechos Educativos y Lingüísticos de los Pueblos Indígenas de Chile.
Los directivos de la ONU también valoraron la iniciativa de  un proyecto de ley que aboga por los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile.
“Los hablantes de lengua mapudungun somos aproximadamente 150 mil hablantes, y sobre todo son hablantes sobre los 50 años. Con los procesos de revitalización que hemos generado a partir del 2010 hemos logrado neohablantes (nuevos hablantes)”, contó Loncon.

Cine kichwa de Ecuador

Por su parte representando a Ecuador, el cineasta Alberto Muenala de Otavalo presentó la primera película en lengua kichwa titulado Killa Ñawpumukun (Antes que salga la luna).
A través de este y otros trabajos audiovisuales como documentales y cortometrajes, Muenala ha logrado interesar a más jóvenes en aprender la lengua de sus antepasados.
Alberto comentó que los problemas con el idioma empiezan cuando los padres envían a los niños kichwa hablantes a las escuelas donde enseñan en español.
“Es muy fácil renunciar a ser indígena pero los pueblos indígenas tenemos en nuestra sangre un compromiso con nuestra identidad. Nuestra identidad está muy inmersa dentro de nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad con el futuro de nuestros hijos en heredarles la lengua”, finalizó.

Las noticias más importantes de la región: Mundo Indígena al Día

Servindi.- Entregamos a nuestra audiencia un nuevo boletín semanal, edición Internacional, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental, principalmente de la región. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos
- Mundo Indígena al Día, 27 de enero, 2016. (Archivo mp3, 6 minutos, 38 segundos. Descargar con un clic en el enlace, luego clic derecho y elegir ´guardar como´).
Mundo Indígena al Día - 27 de enero de 2015
Naciones Unidas. "El TPP... una seria amenaza para los derechos de los pueblos indígenas" afirmó la relatora especial sobre derechos de los pueblos indígenas Victoria Tauli-Corpuz.
Muchos de los acuerdos internacionales de inversión y de los tratados de libre comercio son negociados sin tomar en cuenta los derechos humanos en general y sin ninguna participación de los pueblos indígenas, indicó la relatora.
“Con el pretexto de crear nuevas fuentes de trabajo, me temo que con este acuerdo se debilitan los derechos humanos” expresó.
Tratados internacionales. Las autoridades encargadas de negociar los nuevos tratados internacionales como el TPP, el TTIP, el TISA o el CETA no solo ignoran el sistema internacional de los derechos humanos sino que están profundizando la fragmentación del Derecho Internacional.
Así lo sostuvo Juan Hernández Zubizarreta, profesor de la Universidad del País Vasco e investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina.
Hernández argumenta que dichos tratados privilegian los acuerdos de comercio e inversiones y los intereses privados corporativos sobre el interés público trasgrediendo los Principios Generales del Derecho.
Los tratados de comercio e inversiones son jerárquicamente inferiores y deben respetar y someterse a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la Carta de Naciones Unidas y a los tratados de Naciones Unidas, aseveró.
México.- Organizaciones sociales, indígenas y campesinas, sindicatos y redes de acción social en derechos humanos y ecología, convocan al Encuentro Internacional de la Sociedad Civil que tendrá lugar en México del 27 al 29 de enero de 2016.
El 27 de enero se dará inicio al Encuentro mediante una plenaria de organizaciones sociales que tendrá lugar en la sede del sindicato de la UNAM (STUNAM), en la Ciudad de México y que proseguirá el 28 de enero mediante el desarrollo de mesas temáticas.
De manera paralela en Chapingo, Estado de México, se llevará a cabo el foro especializado: "Biodiversidad, semillas nativas y propiedad intelectual".
El mismo 28 en el Senado de la República tendrá lugar un Foro parlamentario con participación de legisladores de diferentes países.
El 29 de enero se debatirán las conclusiones de todas las actividades y se efectuará una reunión plenaria en local del Sindicato Mexicano de Electricistas  para suscribir un pronunciamiento hemisférico contra el TPP.
Cuba. La Casa de las Américas, con sede en La Habana, convoca a la segunda edición del Coloquio sobre Culturas Originarias de Américas, que tendrá lugar del 11 al 14 de octubre de 2016.
El tema central es: Saberes y expresiones artísticas de los pueblos indígenas de América en el horizonte del Buen Vivir.
Los interesados tienen plazo para enviar ponencias hasta el 20 de julio.
Chile. Organizaciones sociales a lo largo de todo Chile se movilizaron el viernes 22 para rechazar la eventual firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.
La convocatoria fue realizada por el Colectivo Ecológico y la plataforma Chile Mejor Sin TPP, y contó con una amplia acogida en las ciudades de Iquique, Valparaíso, Santiago, Concepción, Los Ángeles, Angol, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Chiloé y Chaitén.
México. Un suplemento especial dedicado a explicar las nefastas implicancias del Acuerdo Transpacífico o TPP publicó el periódico La Jornada, de México.
Cumbre continental. Bolivia oficializó la realización de la III Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala, que tendrá lugar en la ciudad de Cochabamba, del 14 al 18 de noviembre de este año. 
El evento reunirá a medios de comunicación indígena, periodistas de la región y representantes de organizaciones sociales. 
El encuentro se realizará a tres años de su última edición. La primera se celebró el 2010 en Colombia, en el departamento del Cauca, y la segunda, el 2013 en la ciudad de Oaxaca, México.
Brasil. Una jueza de Altamira, en Pará Norte, ordenó el 11 de enero paralizar el reservorio de la hidroeléctrica Belo Monte, y sancionó a la empresa constructora Norte Energía SA y al gobierno de Brasil por incumplir con atender a indígenas afectados por su construcción.
La orden judicial concedió un plazo de cinco días desde que reciban la notificación judicial para que la empresa y el Instituto Nacional de Ambiente (Ibama) paralicen el llenado del reservorio que tiene 87 por ciento de sus obras civiles concluidas y está en fase de llenado.
La paralización dispuesta multó con 230,000 dólares al consorcio por incumplir con la obligación de reestructurar la Fundación Nacional del Indio (Funai) en la región, una agencia nacional creada en 1967 para proteger los derechos de los indígenas brasileños.
Según la justicia los indígenas están “abandonados a su propia suerte” negociando directamente con el consorcio sus demandas.
Titicaca. En los últimos 15 años, el Lago Titicaca, que comparten Perú y Bolivia, ha visto desaparecer dos especies de peces: la Boga y el Umanto.
Las causas principales son la contaminación y la sobreexplotación. 
Según Edwin Alvarado, coordinador de la Liga de Defensa del Medio Ambiente, la introducción de especies piscívoras como el pejerrey y la trucha también habrían contribuido a la desaparición de la Boga y el Umanto.
Nicaragua. El megaproyecto Gran Canal que pretende conectar los océanos Pacífico y Atlántico, está dividiendo las posiciones entre los representantes del Gobierno Territorial Rama y Kriol, ubicado al oriente de la Región Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua.
El 8 de enero de 2016 un grupo de dirigentes suscribió un comunicado en el que denuncian a funcionarios del gobierno por presionar a los líderes indígenas rama y de las comunidades kriol para firmar un convenio que otorgue el “consentimiento previo, libre e informado” al megaproyecto.
El texto explica que de ratificarse el convenio se procederá a suscribir un contrato de arrendamiento perpetuo, cediendo una superficie de 263 kilómetros cuadrados del territorio Rama y Kriol, que abarca áreas terrestres y marítimas.
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¿Ciencia para el cambio climático? Pregúntele a los pueblos indígenas

Expertos proponen considerar las observaciones sobre el cambio climático de los pueblos indígenas para planes de adaptación en la Amazonía.
Por Yoly Gutierrez
- ¿Quién es un científico? pregunta Foster Brown investigador del Woods Hole Research Center quien durante más de 20 años viene estudiando las implicancias del cambio climático en la Amazonía.  
“Alguien que está produciendo conocimiento”, responde de inmediato y agrega “para eso no se necesita un título y los pueblos indígenas, que están observando y cuantificando el impacto del cambio climático en esta región, están produciendo conocimiento”.
Brown, quien también se desempeña como catedrático de la Universidad Federal de Acre, Brasil, presentó la ponencia “Cambio climático amazónico: sequía, inundación y adaptación” en la conferencia internacional Fortaleciendo Capacidades para la Conservación de una Amazonía Cambiante, organizada por la Universidad de Richmond y la Universidad Nacional de Ucayali, con el apoyo del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), el Woods Hole Research Center, el Instituto del Bien Común y ProPurús.
Una de las observaciones más evidentes que los pueblos indígenas amazónicos han recogido es que las estaciones están cambiando y ellos ya están actuando frente a estos cambios”
“Estamos enfrentado un cambio en la composición de la atmósfera y es un hecho que las sequías y las inundaciones aumentarán en frecuencia e intensidad, pero estos cambios y sus consecuencias ya están siendo observados por las comunidades indígenas”, afirmó.
Pero para los pobladores indígenas de la Amazonía los cambios que menciona Brown se traducen en eventos que viven cotidianamente y afectan de forma directa a sus medios de vida.

Expertos proponen considerar las observaciones sobre el cambio climático de los pueblos indígenas para planes de adaptación en la Amazonía. Foto CIFOR.

Aumento y disminución

Reunidos en el 2014 en Puerto Esperanza, una ciudad fronteriza entre Perú y Brasil, 75 representantes de 32 comunidades nativas de la zona de Purús emitieron una declaración conjunta reconociendo los desafíos del cambio climático para sus formas de subsistencia: aumento de calor, aumento de inundaciones, aumento de enfermedades y aumento de plagas agrícolas conforman los eventos que enuncian en  la Declaración de los Pueblos Indígenas de Purús Sobre el Cambio Climático 2014, que fuera presentada durante la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de la ONU en Lima (COP20) para la consideración de los gobernantes del mundo, una acción promovida en el marco de la Iniciativa para la Conservación de la Amazonia Andina de USAID, a través del programa Higher Education for Developtment (HED).
Pero los sucesos que ya están contemplando los pobladores de Purús también involucran la disminución de peces, animales silvestres y alimentos, los que constituyen “una amenaza a una zona rica en alta diversidad biológica y cultural”, según cita la misma declaración.
“Una de las observaciones más evidentes que los pueblos indígenas amazónicos han recogido es que las estaciones están cambiando y ellos ya están actuando frente a estos cambios”, agrega Brown.
Según el investigador, el nuevo conocimiento climático que los pueblos indígenas están desarrollando podría ser corroborado y cuantificado y servir para implementar planes de adaptación, locales y globales, que preparen a la comunidad mundial para manejar los efectos de los eventos extremos que se avecinan.

Adaptación y colaboración

“Este año estamos sembrado el maní en las alturas porque el año pasado el río creció de pronto y se llevó la cosecha. Perdimos las semillas, perdimos la estación”, afirma Flora Rodríguez, pobladora de la etnia Asháninka de la comunidad de Purús, quien participara como invitada en la misma conferencia.
“Ahora sabemos que no podemos confiar en el río como antes, por eso sembramos más alto”.
El conocimiento tradicional de los pobladores indígenas y su capacidad de reacción ante las nuevas circunstancias ofrece lecciones que podrían ser tomadas en cuenta en las políticas de adaptación ante el cambio climático, según ha explicado Miguel Pinedo-Vasquez, científico principal de CIFOR: “Los conocimientos y prácticas tradicionales sobre los bosques constantemente se actualizan y adaptan a situaciones diferentes.
Esto ofrece una serie de oportunidades en las iniciativas de adaptación para los entornos y sociedades de la Amazonía”.
Anteriores investigaciones de Pinedo-Vasquez han recogido testimonios respecto a cómo los pobladores ribereños de la Amazonía están cambiando sus formas de producción, de agricultura a sistemas agroforestales, o modificando prácticas silviculturales hacia especies más resistentes a las inundaciones y sequías.
Gran parte de lo que llamamos conocimiento tradicional se basa en observaciones, interrogantes y experimentación de largo plazo, que harían sentirse muy orgulloso a cualquier científico”
Los líderes indígenas de Purús no son ajenos a ello y han contemplado un plan de acción para el 2015 en el que también incluyen actividades organizadas de preparación.
En esa meta, indica Flora Rodríguez, requieren de la ayuda de los científicos y académicos: “Necesitamos más capacitación, más talleres, más información.
A veces yo escucho ´los indígenas se oponen al desarrollo, no quieren carreteras, no quieren ayuda’, pero lo que nosotros queremos es colaboración porque también conocemos el bosque y lo hemos cuidado durante mucho tiempo. Queremos desarrollo, pero sostenible”.

Conocimiento, no folklor

El conocimiento tradicional sobre los bosques, practicado desde tiempos remotos por las poblaciones nativas, no involucra solamente la forma en que las personan usan los recursos, sino también cómo los perciben y regulan en sus medios de vida y sus comunidades.
Diversas declaraciones globales, desde el Convenio sobre la Diversidad Biológica hasta el Informe sobre las herramientas para el uso y conocimiento sobre el cambio climático de la Conferencia de las Partes 2014, han destacado los múltiples beneficios que la utilización del conocimiento y prácticas indígenas generaría en un contexto de cambio climático, pero la pregunta sigue siendo ¿cómo incluirlos en las políticas locales, nacionales y globales?
“Gran parte de lo que llamamos conocimiento tradicional se basa en observaciones, interrogantes y experimentación de largo plazo, que harían sentirse muy orgulloso a cualquier científico”, dice Pinedo-Vásquez.
Explica, además, que muchos funcionarios gubernamentales ven los conocimientos tradicionales como algo folclórico, sin embargo, necesitan valorarlos como un recurso para el cambio.
“Los modelos e instituciones de desarrollo necesitan alejarse de la idea de que existe un modelo único para todos cuando se trata de la adaptación, o que las soluciones locales son inferiores a otros enfoques instituidos desde niveles altos. Los conocimientos locales o tradicionales ofrecen modelos que se pueden aprovechar al enfrentar estos cambios”.
“Para mí, los pobladores indígenas también son científicos”, afirmó Brown en su ponencia, y mientras sus estudios confirman que las sequías e inundaciones serán cada vez más frecuentes y severas e impactarán cuantiosamente a las poblaciones amazónicas y el ecosistema regional, también concluye que “hay esperanza y estamos juntos en este viaje”.