Sin los indígenas, conservación de naturaleza se queda a medias

El indígena brasileño Srewe Xerente realiza un ritual durante un foro sobre derechos ancestrales, en el Congreso Mundial de la Naturaleza. En esta cumbre que se celebra en Honolulú, en Hawái, los pueblos indígenas reclaman mayor participación en las políticas sobre el cuidado de la riqueza biológica. Crédito: Emilio Godoy/IPS

Por Emilio Godoy
IPS.- “Tu propia casa no puede ser un sitio turístico”, exclama el líder indígena de Benín, Oussou Lio Appolinaire, enfundado en su traje tradicional de vivos colores amarillo y verde, respecto a la apertura indiscriminada de lugares sagrados para los grupos ancestrales.
Appolinaire, indígena goun que preside el no gubernamental Grupo de Investigación y de Acción para el Bienestar de Benín (Grabe), planteó a IPS que “la gente sufre el destierro de los sitios sagrados. Si perdemos el conocimiento, nos perdemos nosotros. Lo sagrado es como la vida. La conservación es el respeto de la ley natural, de cada elemento en la naturaleza”.
Gracias al trabajo de Grabe y otras organizaciones, el gobierno de Benín  aprobó la Orden Interministerial 0121, la primera de su tipo en África y que estipula su manejo sostenible, reconocimiento legal y categorización como áreas protegidas.

“La conservación se centra solo en los Estados, a pesar del pobre desempeño. El derecho de los pueblos indígenas a sus tierras no está reconocido o protegido adecuadamente”: Victoria Tauli-Corpuz.

La nación del oeste africano alberga más de 2.900 bosques sagrados, de los cuales solo 90 han sido protegidos formalmente.
El reclamo de Appolinaire de mayor participación de los grupos originarios en el cuidado del tesoro natural es una demanda común de los representantes indígenas en el Congreso Mundial de la Naturaleza, que entre el 1 y el 10 de septiembre acoge esta capital del estado estadounidense insular de Hawái, en el océano Pacífico.
La cita, que se realiza cada cuatro años, organizada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UINC), congrega en Honolulú a 9.500 participantes de 192 países y territorios, entre delegados de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, científicos y empresas.
La queja de los representantes indígenas se concentra aquí en problemas para sus pueblos vinculados a las Metas de Aichi, como se conocen los 20 puntos del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, adoptado en 2010 los Estados parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB).
De hecho, una evaluación del Órgano Subsidiario sobre la Aplicación de la CDB, realizada en mayo, plasmó su preocupación por “los escasos progresos alcanzados” en cuanto a la creación de capacidad y la participación de los pueblos indígenas y las comunidades locales en esas metas.
La Meta 14 estipula la restauración y protección de ecosistemas que ofrecen servicios esenciales, tomando en cuenta las necesidades de los pueblos indígenas.
La 18 se refiere al respeto a los conocimientos, las innovaciones y las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales pertinentes, para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y la participación plena y efectiva de esas comunidades en todos los niveles.
La Meta 11 indica que al menos 17 por ciento de las zonas terrestres y de aguas continentales y 10 por ciento de las zonas marinas y costeras se conservarán mediante sistemas de áreas protegidas para 2020, lo que los indígenas temen que entre en colisión con sus derechos en lo que son sus territorios ancestrales.

Dirigentes indígenas de todos los continentes escucharon el reporte de la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la filipina Victoria Tauli-Corpuz, durante el Congreso Internacional de la Naturaleza en Honolulú, que se celebra en la capital de Hawái entre el 1 y el 10 de septiembre. Crédito: Cortesía de Emilio Godoy
“Estamos de acuerdo con la conservación, pero se tiene que tocar el tema de una conservación con derechos, desde los pueblos indígenas”, dijo el peruano Julio Cusurichi, presidente de la no gubernamental Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes y representante del pueblo shipibo-conibo.
“El gobierno ha creado áreas naturales en nuestros territorios y nos están limitando nuestras actividades. Parece que los indígenas son obstáculos y que hay que sacarlos de los territorios”, se lamentó con IPS.
En el sudoriental departamento de Madre de Dios, en la Amazonia peruana,  60 por ciento del territorio es área natural protegida (ANP), al albergar una riqueza de biodiversidad con la que conviven unos 10.000 indígenas de siete de los 54 pueblos originarios de la nación sudamericana.
Una de los problemas comunes es la tendencia de los gobiernos a crear ANP que se extienden sobre territorios indígenas sin un adecuado proceso de consulta.
El Congreso, cuyo lema en esta edición es “Planeta en la encrucijada”, culminará con Los Compromisos de Hawái, de los que 85 resoluciones ya llegaron a Honolulú aprobadas por la Asamblea de la IUCN, con sede en Suiza y con 1.200 miembros gubernamentales y no gubernamentales.
Aquí el debate se concentra en 14 mociones sobre temas polémicos, como la compensación por destrucción de riqueza biológica, el cierre de mercados domésticos para el comercio de marfil y mejores estándares para ecoturismo. De las 99 resoluciones, solo ocho se vinculan con los pueblos indígenas.
“Hay poca participación en la ejecución en las políticas de conservación, que un indígena dirija una instancia no significa que los pueblos indígenas participen”, cuestionó la q’eqchí’ Dolores Cabnal, directora del Área de Incidencia en Políticas de la no gubernamental Asociación Ak’Tenamit, de Guatemala.
Esa agrupación opera en el oriental departamento de Izabal, donde existen tres ANP y en las que conviven indígenas y afrodescendientes. En esas zonas, la población sobrevive con actividades agrícolas y pesqueras, que suponen choques con las autoridades porque la ley impide el aprovechamiento en esas reservas biológicas.
Activistas y expertos consideran que sin el involucramiento de los pueblos originarios difícilmente se materializarán las Metas de Aichi, por la ciudad japonesa donde se establecieron.
En ese sentido, la relatora especial sobre Los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la filipina Victoria Tauli-Corpuz, del pueblo kankanaey igorot, emitió durante el Congreso una “tarjeta amarilla” para los Estados que ignoran el papel de los grupos nativos.
Con base a visitas a Brasil, Colombia, Finlandia, Guatemala, Honduras, Noruega, Paraguay y Suecia, Tauli-Corpuz halló violaciones a derechos a la consulta previa, libre e informada a la tierra y territorio, a la participación, a los recursos naturales, a remediación del daño y a derechos culturales.
“La conservación se centra solo en los Estados, a pesar del pobre desempeño. El derecho de los pueblos indígenas a sus tierras no está reconocido o protegido adecuadamente”, expresó la relatora durante un encuentro con dirigentes indígenas en Honolulú.
Se estima que 50 por ciento de las zonas protegidas del mundo se ha establecido en tierras indígenas, una proporción que es mayor en América Latina y el Caribe y en países como Filipinas, India y Nepal, en la región de Asia-Pacífico, y en Botsuana, Camerún, Kenia, Namibia, Sudáfrica y Tanzania, en África.
“Los problemas de los pueblos indígenas no son solo de un país, son globales. Tenemos que reconocer la ley indígena, no podemos cambiar las leyes de la naturaleza”, señaló Appolinaire.
Por su parte, Cusurichi, ganador del Premio Ambiental Goldman, plantea la necesidad de una cogestión entre gobierno y comunidades. “Necesitamos certeza jurídica de tenencia de la tierra y debe incluir el manejo de recursos y la seguridad alimentaria”, postuló el dirigente.
En Guatemala, las organizaciones indígenas planean presentar una iniciativa de ley ante el Congreso legislativo para regular los derechos indígenas, las ANP y las actividades extractivas.
“El gobierno debe analizar cuáles pueblos están en las áreas naturales, por qué están allí y qué necesitan, en vez de buscar cómo expulsarlos”, cuestionó Cabnal.
El reclamo difundido en Honolulú también se trasladará a la 13 Conferencia de las Partes del CDB, que se desarrollará en el balneario mexicano de Cancún entre el 4 y el 17 de diciembre.
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Editado por Estrella Gutiérrez

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Fuente: IPS: http://www.ipsnoticias.net/2016/09/sin-los-indigenas-conservacion-de-naturaleza-se-queda-a-medias/

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La militarización acecha a los pueblos indígenas de Asia

Apertura de la decimoquinta sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Rick Bajornas/ONU.

IPS.- La militarización de los territorios indígenas en Asia agrava los conflictos armados y viola los derechos humanos, denunció la secretaria general del Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia, Joan Carling, durante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas.
El foro anual, que este año se celebra en la sede del foro mundial en Nueva York del lunes 9 hasta el 20 de este mes, reúne a más de 1.000 participantes de todo el mundo para discutir asuntos como los conflictos armados, la paz y la resolución y sus consecuencias para las comunidades indígenas.

"Después de que los mataran, (los paramilitares) nos dijeron que teníamos que evacuar en dos días y si no lo hacíamos, nos masacrarían a todos”: Josephine Pagalan.

En los tres primeros días de la decimoquinta sesión del Foro Permanente un grupo de delegados se reunieron en un evento paralelo para llamar la atención sobre el tema en el contexto asiático.
Aproximadamente dos tercios de la población indígena del mundo vive en Asia, lo que la convierte en la región con mayor diversidad cultural del planeta. Entre los mayores problemas de la zona están la militarización y la privación de los derechos sobre la tierra y de la autodeterminación indígena.
Hogar de 11 grupos indígenas, la Región de las Colinas de Chittagong (CHT) de Bangladesh sigue siendo una de las zonas más militarizadas del mundo.
De acuerdo con el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), se estima que un tercio del ejército de Bangladesh se encuentra en la CHT, un área donde vive uno por ciento de la población del país distribuida en nueve por ciento de su masa terrestre.
Las bases militares se instalaron inicialmente como consecuencia del conflicto armado que enfrentó entre 1977 y 1997 las fuerzas del gobierno con el Partido Popular Unido de CHT (PCJSS) por los derechos indígenas y la autonomía de la región.
Aunque en 1997 se firmó un tratado de paz, que estipulaba el retiro de las fuerzas militares y el autogobierno, en los hechos la presencia militar y el control gubernamental persisten.
“Han pasado 18 años y no se han cumplido los principales compromisos”, afirmó el secretario general del Foro Popular indígena de Bangladesh, Sanjeeb Drong, durante el evento en la ONU.
Drong subrayó que las comunidades indígenas no son contrarias a los militares, pero que no apoyan el régimen militar.
“Puede haber presencia militar, pero el gobierno civil gobernará el área”, declaró. Sin embargo, este no ha sido el caso en CHT donde las instituciones indígenas siguen proscritas, agregó.
Un informe del relator especial del Foro Permanente para CHT, el sueco Lars Anders Baer, también expresó preocupación por el incumplimiento del tratado y el despliegue de fuerzas armadas en la región.
“La falta de progreso sustancial conduce a una mayor sensación de frustración y desilusión entre los pueblos indígenas en la región”, sostiene el informe.
“Hechos e iniciativas que violan o atentan contra el espíritu del tratado añaden combustible a la menguante confianza en la intención sincera o la capacidad política del gobierno para aplicarlo”, añade Anders Baer.
Entre las violaciones de derechos humanos en la zona se incluyen la tortura y las detenciones arbitrarias cometidas por personal militar, como forma de reprimir las voces disidentes. Otro problema es la apropiación de tierras, según Drong.
Más allá de los desalojos por la fuerza de los residentes indígenas y de los arrendamientos ilegales de tierras a personas que no son de la zona, el activista indicó que la participación de los militares en la industria del turismo contribuyó a la expropiación y destrucción de las tierras indígenas en CHT.
Sena Kalyan Sangstha, el ala empresarial de las fuerzas armadas de Bangladesh, es uno de los protagonistas en el mercado de la construcción y gestión inmobiliarias. Con la ayuda de subsidios públicos y los fondos obtenidos con las misiones de paz de la ONU, el grupo opera centros turísticos de lujo, incluido el complejo de Nilgiri en CHT.
Para su construcción el ejército habría eliminado el huerto de un grupo indígena local, así como tiendas y una escuela cercana.
Del mismo modo, la dirigente indígena Josephine Pagalan denunció la apropiación de tierras en la isla filipina de Mindanao, rica en recursos naturales.
La isla es especialmente conocida por sus recursos minerales, como el cobre y el oro. En Mindanao están desplegadas 60 por ciento de las fuerzas armadas de Filipinas, con exclusión de los grupos paramilitares, aseguró.
El sur de Filipinas también alberga a la mayoría de los grupos indígenas del país, colectivamente llamados los lumads.
Las fuerzas militares del país desalojaron y desplazaron a numerosos lumads, en lo que muchos creen es un intento de proteger y permitir la expansión de la industria minera de gran escala.
Los militares también están involucrados en la matanza de líderes indígenas.
Pagalan, que fue testigo de los hechos, recordó la incursión de un grupo paramilitar. “El pasado 1 de septiembre, a las 3:30 de la mañana, nos despertaron y obligaron a salir de nuestras casas… a 150 de nosotros”, relató.
Frente a ella, los paramilitares apuñalaron al director ejecutivo de una escuela lumad, Emerico Samarca, varias veces, así como al líder indígena Dionel Campos y su primo Aurelio Sinzo.
“Después de que los mataran, (los paramilitares) nos dijeron que teníamos que evacuar en dos días y si no lo hacíamos nos masacrarían a todos “, denunció a los asistentes.
Los hechos habrían provocado la evacuación de casi 3.000 lumads.
Un mes antes de esos crímenes, la organización Human Rights Watch informó que los soldados filipinos mataron a cinco miembros de una familia lumad, entre ellos jóvenes de 13 y 17 años, lo que refleja mayores y sistemáticas violaciones de los derechos humanos.
El presidente Benigno Aquino III negó las acusaciones y afirmó que “no existe una campaña para matar a los lumads. Estamos al servicio de la gente”.
Pagalan reclamó que el gobierno asuma la responsabilidad y que se haga justicia con los pueblos indígenas afectados, incluida la devolución de sus tierras ancestrales.
El político y activista de Bangladesh, Devasish Roy, destacó especialmente la necesidad de que haya justicia en CHT, en una conferencia de prensa celebrada el lunes 9. “Tenemos que mirar hacia la paz… y a la justicia como una parte necesaria de la misma. Se puede tener el cese de las hostilidades… pero eso no significa que sea una solución real”, advirtió.
Carling expresó su esperanza a IPS que el Foro Permanente sensibilice a los Estados miembros para que respeten y hagan cumplir la resolución de los conflictos y los derechos indígenas.
“Salvo que los Estados tomen este asunto en serio y tengan la voluntad política de abordar el tema de la militarización… entonces no podemos esperar una mejora de la situación”, expresó.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en un mensaje de video transmitido en la apertura del foro, anunció el lanzamiento de un plan de acción coordinado y sistemático en materia indígena.
“Una paz duradera requiere que los pueblos indígenas tengan acceso a la justicia cultural, social y económica… es esencial que trabajemos juntos para realizar los derechos plenos de los pueblos indígenas”, exhortó Ban.
Traducido por Álvaro Queiruga

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Fuente: Inter Press Service: http://www.ipsnoticias.net/2016/05/la-militarizacion-acecha-a-los-pueblos-indigenas-de-asia/

Importante: Esta nota ha sido reproducida previo acuerdo con la agencia de noticias IPS. En este sentido está prohibida su reproducción salvo acuerdo directo con la agencia IPS. Para este efecto dirigirse a: ventas@ipslatam.net

Mujeres denuncian que proyectos extractivos generan violencia

Mujeres de Cajamarca subiendo a la laguna El Perol. Foto: Salva la selva

Servindi.- La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales exige a las empresas y gobiernos responsabilidad para el cese de un tipo particular de violencia que va en aumento: la violencia contra las mujeres en el contexto de las actividades extractivas. Invitan a suscribir una petición a en la dirección web de Salva la selva.
La red indica que mientras preparaban el texto de la petición se vieron golpeadas por el terrible asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Pueblos Indigenas de Honduras (COPINH), defensora de derechos humanos, madre, y una gran mujer.
Indican que su asesinato "es un crimen atroz que cae sobre la conciencia de las empresas mineras e hidroeléctricas ilegalmente autorizadas por el Estado sin consentimiento de los pueblos indígenas. Los gobiernos corruptos que permiten y que dejan crímenes como el de Berta en la impunidad son cómplices de su muerte".

No es un caso aislado

La Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales señala que las mujeres están especialmente expuestas a diversas formas de violencia que causan las actividades extractivas.
Entre ellas están las agresiones físicas, sexuales y psicológicas que ponen en riesgo sus vidas, sus cuerpos y sus territorios; la contaminación que afecta a su salud; la criminalización que afecta a su integridad; y el despojo de sus territorios.
Obviamente, los impactos del extractivismo sobre las vidas de las mujeres se extienden a sus familias y comunidades.
La situación de violencia se extiende más allá de América Latina a otras partes del mundo. "Para nosotras la explotación minera es la expresión de un modelo de desarrollo que está de espaldas y en contraposición con todo lo que sirve para mantener materialmente la vida, que ignora que los seres humanos somos naturaleza, y que dependemos totalmente de ella".
La violencia contra las mujeres por actividades mineras cumple el mismo patrón en todos los países con la vulneración de los derechos humanos y derechos específicos de la mujer.
En el siguiente reporte la Red identifica y comparte algunos casos muy representativos, por país:

Reporte sobre la violencia de las industrias extractivas hacia la mujer elaborado por la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales

Honduras:
Además del profundo shock que supone la muerte de Berta Cáceres, todo Honduras está concesionado y es el país del mundo en el que mas personas son asesinadas por oponerse a proyectos extractivos. Una minera canadiense denominada Entre Mares, se instaló sin consulta a las personas afectadas, explotaron a cielo abierto con cianuro por 10 años, botando el agua contaminada al rio. Las mujeres del valle de Siria han estado expuestas a los metales pesados y los estudios demuestran la presencia de plomo en la sangre de las mujeres, abortos, daños en la vista, en la piel, caída de cabello y violencia psicológica. Con las movilizaciones se logró el cierre de las instalaciones pero los daños en la salud permanecen, es una clara forma de violencia a la que están expuestas las mujeres.
Ecuador:
Una estrategia de despojo frecuentemente utilizada por las empresas mineras es la compra de tierras a través de terceros, el proyecto minero Mirador no es la excepción. Mujeres cargando a sus hijos fueron desalojadas con sus familias de sus hogares por la fuerza pública en septiembre y diciembre del 2015. Sucedió en la Parroquia de Tundayme, al sur de la Amazonía en la que se encuentra el proyecto cuprífero Mirador en manos de la Empresa Ecuacorriente S.A. actualmente de capitales chinos. Pese a tener las escrituras de sus tierras fueron desalojadas de su territorio a la fuerza por supuestas órdenes de la empresa minera China.
Las mujeres de Tundayme han sufrido agresiones, violencia física y psicológica, sobre ellas pesa la carga de trabajo en buscar nuevas condiciones para mantener a sus familias. Organizaciones de derechos humanos documentan que se viola su integridad, su derecho a la tierra y territorio, a la vivienda, su derecho de propiedad, su derecho al trabajo, a la salud, educación de sus hijos. Hay que señalar que mientras una empresa extranjera ocupa territorios ancestrales se vulneran los derechos Humanos y de la Naturaleza. El proyecto minero Mirador es presentado por el gobierno ecuatoriano como minería sustentable que va a acabar con la pobreza en el país.
Un muy reciente caso de despojo: el de la señora Rosa Ware, indígena Shuar de más de 100 años. Vivía en la zona de Tundayme, con su hijo Mariano Mashendo de 60 años en las inmediaciones del campamento minero y la comunidad indígena de Yanúa. Él relata que en el año 2006 una persona propuso comprarles la finca familiar en la que vivían. Como se negaron a venderla, a decir de Mariano esa persona notarizó la huella digital de una empleada en un documento para hacerla pasar por propietaria de la tierra familiar. Ese documento que dicen fue falsificado lo habría puesto la empresa minera como respaldo para comprar la tierra. Sigue contando que "como la familia se negó a salir de la finca, la empresa quemó la casa y procedió al desalojo violento de los habitantes de la finca". Este hecho ha quedado invisibilizado, en la impunidad absoluta. Según informaron autoridades indígenas Shuar, a partir de ese momento la Señora Rosa Ware sin lugar en donde vivir se instaló en las inmediación donde fue hostigada para ser finalmente desalojada forzosamente el 4 de febrero del 2016 por la empresa minera Ecuacorriente S.A. junto a la policía y la abandonaron en un parque.
Guatemala:
Diodora Hernández y familia están sufriendo la obstrucción al acceso al agua potable. Pero la violencia contra Diodora no se limita a la privación de este derecho fundamental. El 7 de julio de 2010, Diodora Antonia Hernández Cinto, mujer campesina Maya-Mam del pueblo de San José Nueva Esperanza, fue víctima de un ataque por parte de dos hombres de su aldea, quienes le dispararon dos veces en la cabeza, dándola por muerta.
Según informa la organización de derechos humanos Rights Action/Derechos en Acción, los hombres intentaron matarla porque se había negado a vender su tierra a Montana Exploradora, empresa subsidiaria de Goldcorp que opera la mina de oro “Marlin”, conformada por túneles subterráneos y un tajo abierto que filtra cianuro, en el municipio de San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos, Guatemala. Afortunadamente, Diodora sobrevivió. La bala entró por su ojo derecho y salió detrás de su oreja derecha. Después de pasar tres meses en el hospital, Diodora regresó a casa – pero con una prótesis ocular y sordera en un oído – a su terreno donde continua viviendo con su esposo, hija, hijo y nietos.
Después de este atentado a su vida, Derechos en Acción envió una carta pública a la minera Goldcorp, denunciando este intento de asesinato. Como respuesta el 20 de julio 2010, David Deisley, el abogado principal de la empresa, reconoció que los dos hombres que fueron detenidos, interrogados y después liberados, habían trabajado para Goldcorp. A pesar de ello, han pasado casi seis años y aún no se investiga el hecho.
Al igual que la mayor parte de los crímenes y casos de represión importantes que se producen en Guatemala, el caso sigue abierto, sin resolverse. La impunidad y la corrupción siguen profundamente arraigadas en el sistema legal y político en Guatemala. En este contexto, las presiones a Diodora para que venda sus terrenos han continuado. Y también sus negativas. Tal vez por eso, el agua potable de Diodora (existe un grifo para agua potable afuera de cada casa) ha estado obstruido casi continuamente por la dirigencia local de su pueblo, el COCODE. Por razones obvias, la obstrucción del acceso al agua potable genera muchas dificultades a ella y a su familia, y a sus cultivos y animales, particularmente en la temporada seca.
Diodora es una de las personas de las que habla el premiado documental Goldfever.
Perú:
La empresa minera Yanacocha, denunciada por contaminar el medio ambiente y por la persecución a quienes se opongan a su proyecto quiere apoderarse del predio de la familia Chaupe Acuña, que se encuentra entre las montañas, en el centro de lo que constituye el proyecto Conga, de la citada minera. Más de 4 años dura lo que Máxima Acuña y toda su familia han sentido como un auténtico hostigamiento. La familia quiere utilizar su tierra para desarrollar la agricultura,la ganadería y sobre todo para continuar en relación directa con la Madre Tierra.
Distintas organizaciones peruanas que les apoyan en su resistencia denuncian la vigilancia extrema incluso con cámaras y hasta drones, ataques a su perro Cholo y hasta les quitaron su cosecha de papas sin ningún reparo. La autoridad hace la vista gorda ante estos atropellos. Ya con anterioridad tuvieron que asistir a la destrucción de sus propiedades, matanza de sus animales, amenazas, insultos y otras vejaciones. La injusticia es tal, que muchas organizaciones internacionales como actualmente Amnistía Internacional se han hecho eco del cas sin que las propias autoridades peruanas pongan remedio a la situación. Pero Máxima y su familia tienen claro que a pesar de las agresiones a las que están siendo sometidos y a todas las adversidades que han tenido que pasar, como diversas denuncias injustificadas de parte de la minera: ¡Conga no Va!
Un cercano ejemplo adicional de lucha, resistencia e incansable defensa de los derechos sociales y ambientales de las mujeres es Mirtha Vásquez, joven abogada y directora de la organización GRUFIDES que inspira esperanza con el enorme compromiso y consistencia profesional con la que asume la defensa de las poblaciones vulneradas y la afectación al ambiente. Apoya a la familia de Máxima y muchas otras en su batalla frente a la minera Yanacocha. Por este rol se ha convertido en el blanco de campañas mediáticas de desprestigio, desinformación, ha sido víctima de intimidación, amenazas, de seguimientos tanto ella como a su familia. Por la gravedad de los hechos la CIDH otorgó a Mirtha Vásquez Medidas cautelares. Mirtha es miembro de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales.
Uruguay:
En la comunidad de Cerro Chato, la empresa minera Aratiri pretende instalar una operación minera a cielo abierto. Ello ha generado la destrucción del tejido social y violencia psicológica hacia las mujeres quienes manifiestan su permanente preocupación por perder su territorio, su forma de vida, la herencia de sus antepasados, su producción y el derecho a vivir en un lugar sano y saludable. Continúan en la resistencia.
Bolivia:
País en el que existe tradición minera, la violencia medioambiental se da porque les han quitado a las mujeres las condiciones de vida. Los suelos, el agua están altamente contaminados, no se puede producir en el campo. Desde el año 2006, una empresa minera transnacional subsidiaria de la Glencore ha dejado a la comunidad de Totoral sin agua, han secado los pozos y vertientes, reciben de otra comunidad una hora de agua a la semana que no abastece para vivir. Las mujeres han sido violentadas quitándoles el derecho humano y fundamental al agua, expulsándolas forzosamente de su territorio, afectando su derecho a trabajo, a la salud, alimentación, poniendo en riesgo su vida.
El Salvador:
No podemos dejar de nombrar a Dora Recinos Sorto, una mujer joven, luchadora y defensora de vida, madre de 7 hijas e hijos. Participaba desde el año 2006 en la defensa del medio ambiente y el territorio con el Comité Ambiental de Cabañas por las amenazas que el proyecto minero representaba para la comunidad El Dorado. Fue asesinada en 2009 regresando de lavar ropa en el río. Y con ella el bebé de 8 meses de gestación que llevaba en su vientre, y resultando herido el hijo más pequeño de dos años. Se ha violado el derecho a la vida, el derecho a la justicia y a la reparación. El asesinato queda hasta ahora en impunidad.
En otros países:
En Colombia, Chile, Mexico, Argentina, Venezuela, Brasil y en general en todos los países de Latinoamérica, este tipo de violencia contra las mujeres se repite.
Y también fuera de América Latina se registran casos de enorme violencia, de los que reporta la red global Sí a la Vida No a la Minería YLNM (por sus siglas en inglés)
Como en Asia el fatal desenlace de Teresita Navacilla en Mindanao, Filipinas. Recientemente, la defensora de derechos humanos se expresó en contra del proyecto King-King en Pantukan, por considerar que afectaría al modo de vida y a la salud de las comunidades de la región, y afectaría a la biodiversidad y a los ecosistemas marinos y costeros. Tres días después de recibir tres disparos de parte de dos hombres armados que entraron en su tienda, Teresita Navacilla murió en el hospital de Tagum City, al sur de Mindanao. Sus asesinos escaparon y no han sido identificados. Teresita era miembro del Movimiento Salvar Pantukan, una red indígena de la región de Pantukan en el valle de Compostela, quienes defienden su derecho a sus tierras ancestrales, protección del medio ambiente y opuestos a la minería a gran escala y a cielo abierto por mineras transnacionales. La organización de derechos humanos Front Line Defenders considera que su asesinato -que no es único en Filipinas y sólo en enero de 2016 ascienden a cuatro asesinatos- está relacionado con esta resistencia. Y también se han producido diversas agresiones a opositores a este proyecto en concreto que es el segundo mayor proyecto de cobre y oro en las Filipinas y se encuentra en expansión.
En muchas partes de África sucede otro tanto de lo mismo: Myness Musaamba sufrió desplazamiento junto a su comunidad en 2010, porque una empresa minera comenzó a extraer diamantes en el lugar, llamado Marange, en su país Zimbabwe. Sus estructuras tradicionales comunitarias fueron destruídas y el lugar en el que fueron relocalizados, llamado Arda Transau fue estructurado como un asentamiento semi urbano. En lugar de líderes tradicionales, el gobierno designó un coordinador, un General retirado externo a la comunida, quien exige que cada visita le sea 'presentada' antes de interactuar con la comunidad, lo cual intimida a algunas personas. Pero no a Myness Musaamba, defensora de los derechos humanos de autoridades contra defensoras de la vida, los derechos humanos quien denuncia las injusticias que sufre la comunidad en Arda.
El 23 de septiembre de 2015, en un encuentro comunitario convocado por el Administrador del Distrito, esta autoridad se ensañó públicamente con Myness por sus actividad den defensa de la comunidad, diciendo que "iba a morir en prisión por hablar supuestamente en contra del gobierno". Myness no se deja intimidar y se compromete a continuar hablando en contra de las injusticias, especialmente el incumplimiento del gobierno y las mineras sobre la promesa de relocalizar a las familias. Myness conjuga sus responsabilidades como madre con el cumplimiento de las expectativas de su comunidad para que les preste su voz corriendo un gran riesgo personal y familiar. Esta denuncia ha sido facilitada por el Centro para la Gobernanza de los Recursos Naturales - Centre For Natural Resource Governance (CNRG) CNRG and the Chidazwa Community Development Trust de Zimbabwe y la red global Sí a la Vida No a la Minería YLNM.
Las organizaciones, instituciones y personas firmantes de la petición nos dirigimos los gobiernos de Latinoamérica para denunciar estos casos y la existencia de un patrón que tienen que identificar y detener.
Exigimos NO MAS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ocasionada por las empresas mineras y extractivas. Y exigimos también medidas de protección para todas estas mujeres y otras que como ellas están sufriendo el mismo tipo de violencia.
Si tienes una historia similar, compártela (info[at]salvalaselva.org) o súmate a la red Sí a la Vida No a la Minería.
Mediante las firmas recogidas la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales quiere expresar solidaridad internacional a las mujeres que han sufrido violencia en América Latina y en el mundo y hacer llegar el mensaje de urgencia a los gobiernos responsables.
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Con información de Salva la Selva: https://www.salvalaselva.org/peticion/1044/mujeres-denuncian-que-proyectos-extractivos-generan-violencia#more

Asia: Convocan a Feria de Comunicación Alternativa Voces Indígenas 2015

Imagen: IVAN

Servindi.- Del 4 al 7 de noviembre próximo se realizará en la ciudad de Chiang Mai, Tailandia, la Feria de Comunicación Alternativa Voces Indígenas 2015 “Nuestras voces, nuestros derechos”.
Así lo anunció el Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia en un comunicado emitido el 25 de agosto pasado.
Con el objetivo de promover los derechos de los pueblos indígenas a través de los medios de comunicación, AIPP estableció la Red Voces Indígenas de Asia “Nuestras voces, nuestros derechos”.
La red comenzó con cinco socios de cinco países, pero gradualmente se fue expandiendo a toda Asia. Sus actividades cuentan con el apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA) desde diciembre de 2012.
La Red Voces Indígenas de Asia (IVAN) se formó como plataforma regional para avanzar las cuestiones de derechos humanos en los medios de comunicación, en los planos mundial y regional.
Desde su creación, la feria de IVAN se ha organizado anualmente con creciente interés para profesionales de los medios, activistas de los derechos indígenas, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones.
IVAN es una red informal de personas indígenas y no indígenas comprometidas con hacer más visibles a los pueblos indígenas de Asia y fortalecer su voz en todas las formas de comunicación para la promoción de sus derechos, problemas y aspiraciones.
La red cuenta actualmente con participantes de Bangladesh, Camboya Medio, Timor Oriental, India, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Birmania, Nepal, Filipinas, Taiwán y Tailandia.
Derechos silenciados
Los pueblos indígenas del mundo se concentran en gran medida (70%) en la región de Asia, donde más de 200 millones de hombres y mujeres indígenas siguen sufriendo la injusticia social y la discriminación.
Sus identidades y derechos colectivos siguen siendo negados por los Estados, en particular los derechos a sus tierras, territorios y recursos, el patrimonio cultural y la autodeterminación.
Al mismo tiempo, los pueblos indígenas contribuyen a la conservación de la naturaleza, la seguridad alimentaria, la diversidad cultural y la resolución de conflictos, entre otros, pero sus aportes no son reconocidos, particularmente las contribuciones de las mujeres indígenas.
Debido a la marginación histórica y la discriminación en todas sus formas, los pueblos indígenas tienen una representación muy limitada en los procesos democráticos, incluyendo los medios masivos y otros canales de comunicación social.
La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) adoptada en 2007 reconoce los derechos de los pueblos indígenas a participar efectivamente en los asuntos nacionales, así como tener acceso a la información y los medios de comunicación, y establecer sus propios medios de comunicación. El artículo 16 estipula explícitamente que:
• Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación.
• Los Estados adoptarán medidas eficaces para asegurar que los medios de comunicación de propiedad estatal reflejen debidamente la diversidad cultural indígena. Los Estados, sin perjuicio de asegurar plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de comunicación a reflejar debidamente la diversidad cultural indígena.
Objetivos de la Feria de Comunicación Alternativa
Fortalecer el aprendizaje, intercambio de conocimientos y la colaboración entre los medios de comunicación, defensores de los derechos indígenas, comunicadores y comunicadoras sociales, instituciones educativas indígenas y otros actores relevantes.
Fortalecer la Red Voces Indígenas de Asia (IVAN) y avanzar los derechos de los pueblos indígenas en solidaridad con los profesionales de los medios de comunicación y los defensores y defensoras de los derechos indígenas.
Para más información sobre este evento contactar a: dipta@aippnet.org, khunaung@aippnet.org
—- Fuente: http://iva.aippnet.org/indigenous-voices-in-asia-media-showcasing-fair-2015/