Waramasen | Comunidades indígenas expresamos descontento ante el incumplimiento del gobierno.

DECLARACIÓN DE ASAMBLEA DE WARAMASEN

Comunidades Indígenas del Pueblo Pemón, Akawaio, Arawako, Kariña   pertenecientes a los sectores III, IV, V, VI, VII, y VIII, manifestamos nuestro descontento ante la falta de palabra por parte de los funcionarios de los diversos ministerios, en virtud de su burla sistemática ante las solicitudes elevadas a las instancias correspondientes para abordar el Título de Propiedad Colectiva de nuestras tierras y hábitats, según lo consagran los artículos 119 de nuestra Carta Magna, Art. 20 y 28 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.La reunión fue acordada con la Ministra Aloha Núñez, quien menciono la ida de los funcionarios con competencia en las diversas materias planteadas más los funcionarios delegados por los Ministerios han demostrado su falta de conocimiento en el tema. A excepción de los funcionarios del Ministerio de Petróleo que buscaron solución conjunta a las situaciones planteadas, irrespetando los esfuerzos de las autoridades legítimas en los costos realizados para trasladarse a la reunión, especialmente las comunidades que se trasladan en avión, más los costos de alimentos y logística en general.
Por otro lado, nos preocupa sobre manera el intenso lobby que algunos funcionarios de MINPPPI y Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico han estado realizando en comunidades indígenas entre diciembre 2016 y enero 2017 para buscar la aceptación de ciertas empresas encargadas de procesamiento de oro con cianuro, interés que no se ve reflejado en la búsqueda de soluciones para resolver la deuda asociada a la titularidad así como la atención hacia temas relacionados con la salud, educación, seguridad, turismo y el buen vivir del pueblo Pemón. Los protocolos de consulta libre previa e informada, que forman parte de las leyes de vanguardia de la Revolución Bolivariana en materia cultural y ambiental no han sido asumidos por el ente rector de la materia.
Expresamos nuestro carácter de pueblo de paz, chavista y revolucionario, lo cual no puede ser usado más como chantaje para encubrir la omisión de los Ministerios del Poder Popular de nuestro gobierno, como garante del cumplimiento de los derechos indígenas han incursionado.
Se plasma en esta situación un mecanismo de doble moral. Por una parte, los pemones somos acusados de mineros y que por esa razón, el MINPPPI y otros entes argumentan que de allí surge nuestro interés de la titularidad, y por otro lado, vemos en la acción, una exagerada atención hacia buscar entre algunos sectores indígenas, proyectos para el desarrollo minero.
Estamos cansados de ser utilizados, del vilipendio al que hemos sido objeto de forma reiterada ante las autoridades. Y sobre todo estamos cansados de que no se busque una solución estructural al tema de Titularidad de Propiedad Colectiva.
Hemos hecho entrega de proyectos en el área de turismo y agro productivo para contribuir a la diversificación económica, pero el apoyo ha sido muy poco para no decir nulo.
Denunciamos además que pese a las innumerables solicitudes para abordar la situación de violencia producto de bandas armadas que han cobrado la vida de indígenas, además de instaurar espacios donde solo la ley del pran manda, los esfuerzos para garantizar la paz han sido insuficientes.
Reconocemos como ningún otro actor lo ha hecho, la participación de algunos sectores del Pueblo Pemón en la actividad minera. Hemos sido nosotros los que hemos tomado la iniciativa ante las autoridades para denunciar de forma categórica la situación actual, sin embargo, esto parece no ser relevante a la hora de buscar soluciones.
La minería no permisada al sur del Estado Bolívar, ha estado siendo ejercida por años por parte de personas no indígenas. Hasta permisos ambientales fueron otorgados para vulnerar espacios indígenas. Han pasado los años y la migración del Pueblo Pemón hacia la minería es multifactorial, con esto queremos decir, que no obedece a un patrón espontáneo de unos indígenas a los que no les duele su tierra. Hemos sido testigos de la impunidad ante el contrabando de combustible, mercurio, alimentos y otros, hemos sufrido la ausencia de políticas sociales garantes de nuestro desarrollo como pueblo indígena venezolano, nos indigna que en la coyuntura actual seamos acusados de responsables de la actividad minera no permisada, quedando invisibilizado las mafias armadas, los mineros no indígenas de diferentes nacionalidades entre otros sujetos.
Deploramos las amenazas por grupos armados a los hermanos indígenas en el Municipio Sifontes, al Capitán General del Sector 7 y sus comunidades a lo largo del rio Ikabaru, también la omisión de las Fuerzas Armadas para el desalojo de mineros en tierras y habitas indígenas y la no consulta en elaborar políticas conjuntas en materia de Seguridad y Defensa en todo lo que afecte a los Pueblos y Comunidades indígenas según el art 11 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.
Exigimos la presencia del Presidente Nicolás Maduro Moros o en su defecto del Vicepresidente ejecutivo, igualmente al Ministro del Poder Popular para la Defensa o alguien que designe para abordar los temas expuestos y pedimos que se realice un llamado de atención para los Ministerios competentes, sobre su actuación ambigua ante las comunidades indígenas y de una vez por todas, sincerar y socializar toda la información sobre los planes y proyectos que el Estado venezolano pretende ejecutar en territorio del Pueblo Pemón. Y damos un plazo de 15 días continuos, a partir de hoy para que se instale:
1.- La Comisión de Demarcación y Titularidad de Tierras y Habitas Indígenas
2.- La Comisión de la Seguridad para combatir la inseguridad en Territorios Indígenas, y el seguimiento para el desalojo de los mineros no indígenas en territorio indígena.
3.- El Sector 7, en conjunto con los demás Sectores van a intervenir a lo largo del Rio Ikabaru ya que las Fuerzas Armadas omiten su función de protección y resguardo a las áreas indígenas.
4.- Designación de una comisión conjunta entre el Pueblo Pemón, Akawaio, Arawako y Kariña con el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas para la evaluación de las Políticas Públicas en materia indígena que afecte nuestras áreas.
Declaración emitida en Waramasen a los Diecisiete días del mes de febrero del Año Dos Mil Diecisiete.
Asamblea de Waramasen

Indígenas de la cuenca del Caura rechazan la implementación del arco minero

Los indígenas Sanema, Ye’ kwwana y Pemón de la cuenca del Caura de la amazonía venezolana se pronunciaron a través de un comunicado donde rechazan la implementación de las políticas mineras adoptadas por el gobierno del Presidente Nicolás Maduro. El comunicado surgió de la XX asamblea general ordinaria de la Organización Kuyujani, quienes se reunieron los días 21 a 24 de abril en la comunidad El playón.  Apoyamos a los y las hermanas indígenas del Caura en su lucha.

Si quieres estar al día con las acciones de la organización Kuyujani te invitamos a visitar:
https://www.facebook.com/coordinacion.kuyujani
Centro Indígena Ye’kwana Kuyujani Mai. Av. San Vicente de Paúl con callejón Los Teques. Barrio Hueco Lindo. Ciudad Bolívar. Edo-Bolívar.Cel. 04167929079, 0416-2460349. E-mail: kuyujani2010@gmail.com

PRONUNCIAMIENTO DE LOS PUEBLOS YE’KWANA-SANEMA Y PEMON DE LA CUENCA DEL CAURA SOBRE EL DECRETO NÚMERO 2.248 DEL “ARCO MINERO ORINOCO” EN EL MARCO DE LA XX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ORGANIZACIÓN KUYUJANI. PLAYÓN, 21 AL 24 DE ABRIL DE 2016.

Esta carta es elaborada por todas las autoridades legítimas de 49 comunidades Ye´kwana y Sanema participantes a la XX Asamblea General Ordinaria de la Organización KUYUJANI, organización de base comunitaria indígena del poder popular ancestral, originario y tradicional de los pueblos antes mencionados, quienes acordamos en plenaria dirigir la presente comunicación en atención a las siguientes consideraciones y en consecuencia solicitar su actuación conforme a las leyes indígenas y de la República Bolivariana de Venezuela.

La XX Asamblea General Ordinaria reunida en la fecha 21 a 24 de abril de año 2016 en la comunidad El Playón se pronunció sobre el Decreto del Arco Minero que afecta directamente a las poblaciones de la cuenca del Caura y en especial las comunidades indígenas de los Pueblos Ye´kwana–Sanema y pemon el cual RECHAZAMOS DEFINITIVAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARCO MINERO EN NUESTRO TERRITORIOS y HÁBITATS.

En el caso particular del Caura y es de preocuparse los resultados de los estudios científicos del año 2010 y del 2011 reportan el impacto ambiental en nuestro territorio tradicional incluyendo, el incremento de contaminantes químicos y sedimentos en suspensión en el río Yuruani y en el río Caura, así como bioacumulación de mercurio en tejido muscular de los principales peces de consumo masivo por parte de nuestras comunidades indígenas, especialmente en niños, niñas y adultos mayores. El resultado de los estudios científicos reportan bio-acumulación de mercurio en tejido humano (cabellos) en miembros de las comunidades indígenas Ye´kwana y Sanema de la cuenca del río Caura.
La cuenca del río Caura tiene en su ordenamiento territorial vigente diversas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) incluyendo el Parque Nacional Jaua-Sarisariñama, Reserva Forestal El Caura, Monumentos Naturales Ichún-Guanacoco, Cerro Guiquinima y Zona Protectora Sur del estado Bolívar, los cuales consagran la protección y salvaguarda de los bosques, recursos hídricos, suelos agrícolas y demás recursos de la biodiversidad, regulando para ello el uso y aprovechamiento bajo normas de manejo con fines de desarrollo sustentable de las poblaciones autóctonas, indígenas y de la nación venezolana, prohibiendo taxativamente la actividad minera.

Para los pueblos antes mencionados consideramos que el Arco Minero es una violación de nuestro derecho legítimo a la salud y a un territorio seguro, propio y con calidad de vida.

Consideramos incoherente la decisión tomada sobre la política minera dentro de territorios indígenas desestimando los derechos indígenas consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente desde el año 1999, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el Convenio sobre los Derechos Humanos Universales, en la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas, en la Ley Ordinaria de Demarcación de Tierras y Hábitats Indígenas y todas las demás leyes, convenios, pactos y tratados debidamente suscritos y ratificados por la República y de obligatorio cumplimiento por todas las autoridades nacionales civiles y militares sin excepción.

Las culturas Ye´kwana y Sanema dependen de los bosques, caños y demás ecosistemas y recursos naturales de la cuenca del río Caura para poder seguir existiendo, y como consecuencia de la actividad de minería ilegal en nuestro territorio se han dado los primeros impactos ambientales y de salud humana que constituyen pasos tempranos de un proceso que a nivel internacional se tipifica como etnogenocidio, el cual estamos a tiempo todavía de evitar. La conservación de los recursos naturales del territorio ancestral son fuente de alimentación y necesidades vitales manejadas desde nuestro origen, los cuales están en grave peligro por la presencia de la minería ilegal y el decreto del arco Minero del Orinoco. Yaajö Sawedi, nos dijo que cuidáramos a Atukaadoda (hierro), Adeumoiyana (agua), Enuujukuñamana (aire) como él los cuidó. Las tierra es fundamental para el pueblo Ye´kwana y Sanema, donde nace nuestro patrimonio cultural: educación propia, la cultura y garantiza nuestra seguridad alimentaria, la de nuestros hijos y futuras generaciones.

Exigimos que en representación de todas las autoridades legítimas de esta XX Asamblea General Ordinaria de la Organización KUYUJANI, debidamente constituida, sea presentada en punto de cuenta ante el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y comunique por vía escrita a las demás autoridades del consejo de ministros y, en especial, al ministro de Defensa y a la Procuraduría General de la República.

Es el deseo expreso de esta XX Asamblea General Ordinaria de la Organización KUYUJANI no al ARCO MINERO SI AL ¡BUEN VIVIR! en los territorios indígenas, solicitamos actuar conforme al marco legal previsto en la Constitución, las leyes, convenios, pactos y tratados de la República Bolivariana de Venezuela, y en consecuencia exigimos que mediante la presente, el Alto Mando Militar y la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela también cumplan con sus obligaciones según dictan las Leyes.

¡QUEREMOS SEGUIR EXISTIENDO! ¡EXIGIMOS NUESTRO TERRITORIO PARA SEGUIR VIVIENDO BIEN ¡   ¡La vida vale, más que El oro!

Carlota Rojas:Modifican la comisión de demarcación de tierras indígenas

Carlota Rojas
Extraído de Radio Fe y Alegría
La decisión fue tomada el mes de abril y entró en vigencia el pasado 27 de mayo de 2016 cuando fue publicado en la gaceta oficial n° 40.913.
La Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas está presidida por el Vicepresidente Ejecutivo Aristóbulo Izturiz, además  una representación institucional de alto nivel integrada por representantes de ministerios y representantes indígenas por estados .
En la Comisión Nacional los pueblos y comunidades indígenas están representados por un vocero principal y un suplente para los estados Anzoátegui, Apure, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Bolívar y Zulia.
Por el estado Amazonas la representación es más amplía participan un voceros principal y un suplente por el Alto Orinoco, además de 2 voceros más – principal y suplente – por las comunidades del Medio Orinoco.
La Secretaría Ejecutiva de la comisión según la gaceta oficial la llevara la representante del Ministerio del Poder Popular para los pueblos indígenas Clara Josefina Vidal, mientras la secretaría técnica queda en manos de Yamil Salim Madi Tojeiro, representante del Ministerio para Ecosocialismo y Aguas.
La Comisión Nacional de Demarcación de Habitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas fue conformada en el 2011, según la Gaceta Oficial número 39.800 del martes 15 de noviembre de 2011. Esa comisión fue presidida por el Vicepresidente de la República, Elías Jaua.

Minería ilegal amenaza a indígenas yabarana, hoti y panare

Foto: web.laclase.info

Servindi, 10 de febrero, 2016.- La contaminación por mercurio y otras sustancias tóxicas en los principales ríos del municipio de Manapiare, en el estado federal de Amazonas, en el sur de Venezuela, se incrementa debido a la continua invasión de mineros ilegales y grupos armados.       
Así lo indicó la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) mediante un comunicado en el que advirtió el incremento de la actividad ilegal en los ríos Parucito, Caño Majagua, Caño Mosquito, Caño Corobita, Serranía de Maigualida, Caño Asita y Río Parú.
De acuerdo con las organizaciones nativas, los niveles de contaminación perjudican el ecosistema fluvial y ponen en peligro a los pueblos indígenas Yabarana, Hoti y Panare, incluyendo a la capital provincial San Juan de Manapiare.
Pese a que la situación ha sido reportada reiteradas veces por la Organización Indígena Yabarana del Parucito Medio (OIYAPAM) y la Organización Ye’kuana (KUYUNU) ante la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) de Amazonas, aún no existiría un control de vigilancia efectivo.
Asimismo, los dirigentes de OIYAPAM expresaron su rechazo a las recientes agresiones que sufrió Benjamín Pérez, defensor indígena yabarana, por parte de los mineros ilegales, quienes sumados a grupos violentos, quemaron su vivienda.
Ante la vulneración de sus derechos constitucionales al territorio, integridad personal y cultura, las organizaciones nativas demandaron la intervención de las autoridades civiles y militares del Estado para la ejecución de medidas urgentes y coordinadas.
Por ello también se solicitó una investigación de los hechos y se identifique a los responsables.

Minería ilegal avanza

Cabe mencionar que desde el 2013, el Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV) identificó la expansión de la minería ilegal en la región conocida como la Guayana venezolana, que incluye los estados de Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas.
Durante aquel tiempo, el CIEV registró 40 por ciento más hectáreas destruidas por mineros ilegales en Bolívar, siendo afectadas las áreas de Sierra Imataca en El Palmar, Paragua, Upata y El Manteco.
Esta situación ha llegado incluso a amenazar el importante Parque Nacional Canaima, ubicado en Bolívar junto al límite con Guayana y Brasil, tal como lo denunció Andrés Izarra, ministro de Poder Popular para el Turismo, en junio de 2015.
Según el funcionario la depredación que ocurre en el parque trae consecuencias para el Embalse del Gurí, debido a que los ríos Carrao y Caroní se unen en esa parte, provocando que los sedimentos afecten las turbinas que da electricidad al 70 por ciento de la población. 

Las autodefensas indígenas se levantan al sur de Venezuela

MARÍA A . SEGOVIA

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A orillas del río Paragua, en el estado Bolívar, un grupo multiétnico de aborígenes desarmó a los militares y enfrenta al crimen organizado

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Desde que hace cuatro años, la tarde del 27 de octubre de 2011, centenares de indígenas sometieron a 22 comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército que se habían dedicado a explotar el oro de la mina Toronó, a orillas del río Paragua en el estado Bolívar, se desencadenó la secuencia de hechos que daría origen a la comunidad de Musukpa y su virtual independencia del Estado venezolano.

Hoy sus habitantes explotan la mina Toronó por su cuenta y de acuerdo a reglas que ellos mismos definieron. Cobran tributos para sufragar los gastos de salud y educación.

Y organizan, bajo el asedio simultáneo y asimétrico de cazadores de fortuna y de la estructura del Estado, rondas de seguridad.

DESPIERTA EL CAMARÓN
Musukpa significa "camarón" en idioma pemón. Un cartel tallado en madera y atado a un árbol, anuncia la llegada a la comunidad de Musukpa. A primera vista se abre una extensa porción de selva deforestada. Amplios bancos de arena, imposibles de abarcar de un solo vistazo, cubren el área. Encima corren largas mangueras que trepan por plataformas construidas de manera rudimentaria con troncos y pedazos de madera.

Son todos rastros de la minería. Aunque los pobladores sean indígenas, ya no practican la extracción artesanal. No hay conuco. La demanda de casabe se satisface con compras a comunidades vecinas. Musukpa es además una rara muestra de heterogeneidad. En ella conviven miembros de diferentes etnias del sur: pemones, yekuanas, chirianas, kurripakos y arawacos. También hay criollos en las 30 familias del lugar.

Musukpa se rige por un estricto compendio de normas de convivencia de 10 capítulos y 76 artículos, que ordena todos los aspectos de la vida comunitaria, desde el trabajo minero hasta el ingreso de visitantes.

La Ley Comunal, en su capítulo IX, establece un Fondo Social a cargo de una comisión especial elegida por el Consejo indígena, responsable de administrar los recursos económicos aportados por los dueños de máquinas, quienes cada semana deben declarar un reporte de ganancia y destinar un diezmo a la comunidad.

Todos los comerciantes, paleros y compradores de oro también están obligados a dar un aporte destinado a la autogestión.

A esa ley de facto se oponen las ordenanzas del criollo. En especial el Decreto presidencial 8.413, con "rango, valor y fuerza de Ley Orgánica" ­ Chávez lo firmó investido de poderes habilitantes­, que en septiembre de 2011 otorgó al Estado el monopolio de la exploración, explotación y comercialización del oro. Apenas dos meses después, ocho capitanes indígenas ­entre ellos, Alexis Romero, el activista pemón que en octubre del mismo año había lidiado con el coronel Cortez el desenlace de la escaramuza en la mina Toronó­ introdujeron un recurso de nulidad del Decreto.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó el recurso. En un solo plato, le dijo a los habitantes de los territorios en proceso de expropiación que no tienen derecho a decidir sobre sus propios entornos.

La precariedad legal no es la única debilidad que amenaza dar al traste con este experimento de autogobierno, que no de utopía. La más acuciante puede que sea el acecho de los maleantes que se han hecho fuertes en la zona.

LA SANGRE EN EL RÍO
Aunque desde 2005 se registran hechos de violencia alrededor del surgimiento de grupos irregulares que tomaron las minas en el sector Kilómetro 88 del municipio Sifontes, y El Manteco, en el municipio Piar, todos los testimonios coinciden en fechar el punto de quiebre entre el Estado y la comunidad a finales de agosto de 2013. Entonces desapareció Teodoro Osman, originario del sector de Bethel pero que tenía campamento en Musukpa. Su cuerpo se encontró dos semanas después, flotando en el río cerca del salto Uraima. El cadáver sirvió de aviso para que los pobladores se enteraran de que en La Paragua ya se aplicaba la ley del "sindicato".

El 21 de enero de 2014, casi cinco meses después de la muerte de Osman y tras numerosas reuniones internas, los pobladores emitieron un informe en Asamblea General, en el que dan cuenta de la presencia de grupos foráneos que portan armamento militar en sus territorios y realizan "extorsión, ultraje a mujeres, amenazas, secuestro y asesinatos". El asesinato de Osman y el deterioro de la seguridad en la zona de La Paragua coincidieron, llamativamente, con el retiro de las fuerzas militares hasta entonces estacionadas allí y el abandono de un punto de control ubicado a metros del Puerto Uraima, donde se encontró el cuerpo.

Uraima ­puerto, paso, salto e isla­ es un punto clave del río. Se trata de un trecho de casi un kilómetro que se recorre en vehículos de tracción en las cuatro ruedas y bordea los rápidos. El lugar también tiene fama como meca mundial de la pesca deportiva. Cerca, se encuentra la más reciente y productiva bulla, como se conoce a las inmigraciones súbitas y en tropel que ocurren cuando se corre la voz de un nuevo filón de oro. El nombre de la mina es Manaza. Queda rumbo al sur, hacia el alto Paragua, cerca de Musukpa y del abandonado punto de control militar. Manaza es todavía la mina más activa de la cuenca del Paragua. Todos los días siguen llegando aventureros. Pero en 2012, cuando la noticia de su riqueza empezaba a esparcirse, logró atraer a miles de personas. Un enfrentamiento entre grupos armados dejó ese año seis personas muertas. Dos bandas, la de Los 24, por un lado, y la de Marco Polo, por el otro, se disputaban el control de la zona. La refriega forzó a una intervención militar.

Quien tiene la llave de Uraima controla el tránsito por el Paragua, vital para las comunidades ribereñas. En 2013, un incidente allí dejó muy en claro hasta dónde llegaban las ambiciones de las bandas irregulares.

Un grupo de 15 maleantes se apoderó del paso. Al final, entre amenazas de agresiones, los indígenas consintieron Es verdad que los gobiernos de la autodenominada Revolución Bolivariana ­una de cuyas banderas es la sensibilidad oficial hacia los pueblos originarios­ ha reconocido el problema.

Como también lo es que no acierta en proponer e implementar soluciones.

Tres días después del manifiesto hecho público por los indígenas en enero de 2014, el entonces ministro de Interior, general Miguel Rodríguez Torres, reconoció la existencia de mafias que tomaron las minas, durante una visita al estado Bolívar. "Aquí tenemos un problema, hay algunos grupos que se hacen llamar sindicatos y en realidad son bandas armadas que se dedican a la extorsión". Durante esa visita, en una jornada que el gobernador Rangel Gómez calificó de "ejemplar", se prometió la creación de grupos especiales para la "neutralización de esas bandas que están haciendo prácticamente lo que les da la gana". Pero un año y medio después, la realidad no cambió casi en nada. Todavía en el reciente mes de junio de 2015, Rangel Gómez declaraba que se disponía a ir "con la firme decisión y todas las fuerzas para normalizar una situación que han generado los diferentes sindicatos mineros que tratan de tomar control de la zona con la minería ilegal".

En la cronología de hechos que dieron lugar a la virtual independencia de Musukpa ocupa un puesto destacado el comunicado del 21 de enero de 2014. Aunque entonces fue el equivalente de un grito de "Ya basta" por parte de la comunidad, terminó siendo una suerte de título fundacional para Musukpa y sus pretensiones sobrevenidas de enclave autónomo. Una suerte de república independiente.

Como en la región empezaba a imponerse, por sobre las normas del Estado venezolano, la ley del más fuerte, el texto incluyó un fragmento que no fue ni bravuconada ni simple amenaza. Los indígenas se preparaban para defenderse a sí mismos.

"De no asumir las instituciones de seguridad, nos veremos en la obligación de organizarnos para la defensa de nuestros derechos y combatir la inseguridad en nuestros territorios", dice el documento.

Y también: "Se tomará el Puerto de Uraima en donde se establecerá una brigada de seguridad para fortalecer los mecanismos de seguridad interna en las comunidades".

En enero de 2014, se dio por inminente la conformación de autodefensas.

Los indígenas plantearon el mantenimiento de estos grupos por autogestión con aportes económico de comerciantes, transporte fluvial, visitantes, dueños de máquinas, paleros y obreros. En el decisivo documento de esa fecha argumentan que los pueblos indígenas tienen un derecho de autonomía que les permite asumir su propia seguridad y justicia comunitaria. Dejan claro que la acción nace del vacío institucional, el abandono y la omisión de las autoridades de ejercer sus obligaciones en materia de procuración de justicia y seguridad. Y destacan: "Ratificamos nuestro deseo de que nuestras tierras y comunidades no sean refugios de delincuentes, mucho menos que la llenen de sangre, queremos ser hombres y mujeres libres e independientes".

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Líder pemón: Comunidad en Canaima está enferma por contaminación de minería ilegal

por Vanessa Arenas

Efecto Cocuyo

En el Parque Nacional Canaima habitan 3 mil pemones distribuidos en seis comunidades indígenas. De ellos, casi la mitad se ha enfermado en estos últimos seis meses. ¿La razón? La contaminación que ha producido la minería ilegal en las aguas del Río Carrao –desde el Campo Carrao hasta la desembocadura del Río Churún-. La misma agua que consumen.
“Hay muchos niños que se han enfermado de diarrea y otros problemas del estómago. Es el agua que bebemos, con la que nos bañamos. La contaminación también llega a la Laguna de Canaima”, explicó el capitán de la comunidad indígena de Canaima, Leonardo Martínez.
La práctica de minería ilegal se remonta a más de seis años atrás, de acuerdo con Martínez. El uso de las motobombas para extraer oro derrama gasolina, mercurio y metilmercurio en los ríos. Pero no es solo eso. Hay cerca de 30 balsas flotantes en las aguas del Carrao; en cada una están seis personas que se dedican a la minería y allí levantan sus campamentos. “La cantidad de desechos sólidos que generan es preocupante. En enero de 2014 se hizo la última operación militar y se destruyeron varias máquinas, pero ellos (los mineros ilegales) buscan la forma de conseguir más. No se van; por el contrario, vienen hasta de Brasil y otros países”, detalló la autoridad de la comunidad.
Tras denunciar en reiteradas oportunidades lo que la depredación que causada por este actividad ilegal e incluso entregarle cartas al entonces canciller Elías Jaua en 2013, la comunidad indígena decidió este lunes 1 de junio cerrar la pista de aterrizaje del Parque Nacional Canaima -desde las 6:00 de la mañana- en protesta. Piden que el presidente Nicolás Maduro o un representante de su Gobierno acuda al lugar y atienda el problema.
“No nos vamos a retirar. No vamos a abrir el paso hasta que el presidente Maduro nos escuche. Queremos evitar una situación peor. Que aumenten las enfermedades, que se salga de control”, dijo el secretario de la comunidad indígena de Canaima, Vicente González.

Valentina Quintero compartió a través de su Twitter esta foto en la que explica que el color del Río Carrao normalmente era rojo, ahora está marrón por la contaminación.

“Esta balsa está en un caño en el Carrao al lado de donde cae el Salto Ángel. Están sacando oro y lanzando mercurio”, escribió Valentina Quintero al publicar esta imagen.
Un pasaje puede costar hasta 18 mil bolívares
El dirigente Vicente González también destacó que quieren solución al alto precio de los boletos aéreos. A la zona se llega en avión y un pasaje en una aeronave privada puede costar hasta Bs. 18 mil “solo de ida o de vuelta, no los dos incluidos”, subrayó.
Si se recurre a aviones no privados, el boleto tiene un valor entre Bs. 6 mil y Bs. 10 mil. “Nosotros no podemos pagar esos montos si necesitamos salir”.
Minería ilegal arrasa con el pulmón del Canaima
En los últimos 10 años la minería ilegal ha arrasado con 80 mil hectáreas -un poco más que toda el Área Metropolitana de Caracas- del Parque Nacional Canaima, lo que, según expertos, tardaría unos 10.000 años en poder recuperarse –y solo con las condiciones idóneas de clima, vegetación y suelo-.
El biólogo especialista en ecología, Alejandro Álvarez Iragorry, explicó que para ejercer esta actividad se aplica la tala de árboles para despejar la zona, rompen los suelos con picos y palas, y además, utilizan el mercurio para aliarse con el oro en una operación denominada “amalgama”. Esto también afecta la fauna.
Grupos armados controlan el oficio
Según Vicente González, han tomado represalias contra muchos que han denunciado la minería ilegal, pero asegura que no pararán la lucha hasta ser escuchados.
En el episodio 5 del programa Amazonas Clandestino de Discovery Max se denunció que los grupos de mineros informales castigan e imponen el orden con fuego en la zona. En una entrevista,  jóvenes de 18 y 21 años contaron, con sus rostros cubiertos, que pertenecen a estos grupos desde niños y se ocupan de “establecer el orden”. De cada 50 sacos de oro que extraiga un minero, debe pagar con cinco de ellos al grupo que lidera.
Vanessa Arenas / @VanessaVenezia

Pemones trancan pista de Canaima en protesta por minería ilegal

La comunidad Pemón de Canaima vuelve a manifestarse en contra de la minería ilegal que azota al Parque Nacional y Patrimonio Natural de la Humanidad.
 
Desde las 6 de la mañana de este lunes, la comunidad indígena de Kanaimö mantiene cerrado el aeródromo Gustavo Heny, en el Parque Nacional Canaima, estado Bolívar.
Se conoce que en medida de protesta, los líderes de la comunidad se apostaron en la pista de aterrizaje de la zona. Así lo muestra una fotografía compartida por Andrés Izarra en Twitter.
Según Manuel Patiño, gerente de mercadeo de Akanan travel &Adventure, desde las 6:00 a.m. hasta los momentos, los grupos de turistas que quieran salir o entrar a Canaima por el aeródromo, no podrán hacerlo hasta que se levante la protesta. Los pemones exigen la presencia del Ejecutivo en el lugar, para buscar solución a la explotación ilegal de minerales en la zona.
La periodista Valentina Quintero compartió la misma información a través de su Twitter. A propósito del problema, compartió fotos de los estragos que deja la minería en esta zona.

A continuación el comunicado emitido por la comunidad Kanaimö:


Lea más sobre la deforestaciones en Canaima en la revista Clímax: La destrucción de los bosques del Salto Ángel

Venezuela: Indígenas del Caura acuerdan libre tránsito fluvial y desalojo militar

Foto: Yavenezuela.com

Servindi- Indígenas de los pueblos Sanema, Yek’wana y Pemón acordaron con el Gobierno nacional y el Ejército el desalojo de dos puestos militares, la normalización del suministro de combustible para las comunidades del Caura y el libre tránsito de sus habitantes por ese río. Más información vía la Red Indígena de Radio Fe y Alegría de Venezuela.
Boletín de la Red Indígena de Venezuela, 23 de febrero, 2015. (Archivo mp3, 04 minutos,  33 segundos. Descargar con un clic en el enlace y luego elegir guardar como. Propiedad de la Red Indígena Venezuela).
De este modo, los indígenas que habitan en la cuenca de ese río aceptaron liberar a los nueve militares que, entre jueves y sábado, retuvieron en una zona del municipio de Sucre, en el estado de Bolívar.
Julio Abreu, vocero del pueblo indígena Sanema, aclaró que lo ocurrido no fue un secuestro como se ha venido diciendo, sino “una retención”.
Precisó así que la medida se tomó luego de que los militares incendiaran una choza. “El comandate (Gianfranco Giordani Leal) cometió un delito a los ojos del pueblo”, afirmó Abreu.
Según el sitio web de noticias Ya Venezuela, la “retención” concluyó después de que la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, se reunió con el grupo y prometió hacer efectivos los acuerdos alcanzados.
Abreu recordó en otro momento que en el año 2011 ocurrió un caso similar en el Alto Paragua, también en el estado de Bolívar, y que culminó con el desarme de veintidós militares por parte de las comunidades indígenas.
La situación que afrontan los indígenas del Caura ha sido motivo de varias llamadas de atención. Los indígenas piden se tomen medidas para frenar los atropellos de mineros ilegales y militares, a los que acusan de estar asociados.

Kuyujani: Pronunciamiento sobre la retención de efectivos ejército por parte de indígenas

Organización Indígena Kuyujani

Nosotros legítimos representantes de las comunidades ye’kwana y sanema de la cuenca del río Caura, Estado Bolívar de Venezuela, hacemos del conocimiento público lo siguiente:
-Sobre la Cuenca del Caura recaen cinco figuras de protección del ambiente las cuales excluyen en su totalidad la actividad minera. El acceso a la zona es mayoritariamente fluvial.

-Desde el año 2006, fecha en la casualmente también se debía entregar el título de propiedad colectivo sobre los hábitats a las comunidades indígenas de la cuenca del Caura, se produjo una invasión minera ilegal con nefastas consecuencias para las comunidades indígenas que allí hacemos vida.

-A partir de dicha invasión minera se pidió la colaboración de las Fuerzas Armadas Nacionales para controlar las incursiones mineras lo cual solo se logró parcialmente entre 2006-2008. A partir de 2008 mineros nacionales y extranjeros se apersonaron en la zona sin que las Fuerzas Armadas pudieran controlarles. Antes bien, los militares se han hecho cómplices de la minería ilegal aplicando vacunas para hacer llegar bienes y combustible a las zonas mineras.

-La Organización Kuyujani rechaza la actividad minera independientemente de que algunos pobladores locales participen en ella dado que la minería ha socavado la organización social y política de las comunidades afectando la salud de las comunidades dada la creciente y demostrada contaminación mercurial.

-Los indígenas necesitamos gasolina para transportarnos y llegar a sus comunidades para lo cual tenemos cupos otorgados por PDVSA.

-Desde el mes de octubre de 2014, la Organización Kuyujani ha denunciado ante el REDI al Comandante del Puesto de Maripa Gianfranco Giordani Leal por irrespetar los cupos de combustible asignados para el transporte desde y hacia las comunidades que viven en la zona.

-El día de ayer 18 de Febrero, de forma arbitraria, dicho comandante se presentó en el sitio denominado el Playón y quemó una vivienda indígena. Luego subió al Salto Pará “Kuyuwi Sodi” y también quemó otra vivienda aparentemente en venganza por las denuncias que contra él se han hecho.

-Los indígenas del lugar, retuvieron al comandante y a nueve soldados produciéndose disparos que afortunadamente no causaron daños. En este momento el Comandante Giordani Leal, así como los soldados se encuentran custodiados por los indígenas ye’kwana y sanema que allí viven. Sin embargo, al lugar están llegando masivamente los indígenas de la zona para sumarse a la protesta por el atropello cometido por los militares.

-El día de hoy 19 de febrero se presentó el comandante del puesto de Caicara al Salto Pará pero su presencia fue rechazada por los indígenas quienes no quieren entrevistarse con subalternos.

En el momento actual, se están sumando a esta acción de protesta las comunidades no indígenas “criollas” del bajo Caura, tanto de Maripa, Jabillar y Trincheras quienes también están cansadas de los atropellos recibidos. Los indígenas queremos dialogar pero no aceptamos ni un atropello más.

EXIGIMOS:
1) La presencia de altos representantes del gobierno, liderizados por el Vicepresidente Jorge Arreaza para dialogar pues estamos cansados tanto de los atropellos de los militares, como de los mineros que están destruyendo los ecosistemas y el territorio.
2) El retiro de los militares de Pie de Salto y del Salto Pará.
3) El desalojo minero en su totalidad.
4) Respeto a las disposiciones de PDVSA en materia de combustible.
5) Respeto a las comunidades indígenas del Caura.
6) Reconocimiento de nuestros derechos sobre los hábitats que ocupamos de manera ancestral y tradicional.

Indígenas secuestran a comandante del Ejército en el Caura

La cuenca del Caura está aquejada por la minería desde el 2006, siendo las comunidades indígenas las principales afectadas Foto William Urdaneta / Archivo

Indígenas de la cuenca del Caura mantienen secuestrado al comandante del Ejército de Maripa, en el municipio Sucre, desde este miércoles. La acción resultó luego de que funcionarios castrenses quemaran, presuntamente, dos casas en la comunidad fluvial de El Playón.
Ramón Tomedes, presidente de la Fundación Medewadi que defiende el derecho de los pueblos indígenas sanema y ye’kuana en la zona, explicó que hubo incluso intercambio de disparos entre los militares y los pobladores, sin que resultase nadie herido.
“Quemaron las dos casas en El Playón y luego el comandante fue a buscar refugio en el puesto del Alto Caura en Salto Pará, la última alcabala llamada Kuyuwi, y allá las comunidades lo tienen secuestrado, el lugar fue tomado por los hermanos indígenas. La petición es que vengan a la zona representantes del Gobierno nacional y del Ministerio Indígena, sólo así lo liberarán”, explicó.
Tomedes recordó que el percance entre indígenas y militares viene dado por la falta de respuesta de las autoridades en el suministro de combustible. “Desde octubre no hay gasolina para las comunidades. Se nos limita el derecho a la salud, la educación, compra de alimentos porque no hay gasolina, pero en las minas sí hay gasolina. Un tambor puede costar entre 12  y 15 mil bolívares o más”.  
Esta es la cuarta ocasión en la que indígenas en el estado Bolívar toman represalias de este tipo en contra de militares. La más reciente fue hace dos años, en febrero de 2013 cuando nativos desarmaron a efectivos castrenses en la comunidad de Urimán, también vinculados a problemas con el suministro de combustible y la permisividad hacia la minería ilegal.
Ramón Tomedes reiteró con relación a la toma de la alcabala de Kuyuwi que no desistirán de sus reclamos hasta que haya una respuesta de parte de las autoridades nacionales. “Hemos tocado todas las puertas y no nos han respondido, ahora lo que exigimos es que nos atiendan, y sean garantizados nuestros derechos”, sentenció.
  Natalie García

Indígenas y extractivismo

La existencia de un modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos energéticos y minerales para la exportación, el extractivismo, constituye uno de los factores que más incide en la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Este es el problema de fondo detrás de los diferentes episodios registrados en diferentes estados del país, incluyendo la reciente detención de indígenas y líderes pemones en el estado Bolívar.

La noción de desarrollo legitimada por el extractivismo, constante para los diferentes gobiernos venezolanos de las últimas décadas, es que el desarrollo supone crecimiento económico, en primer lugar, lo cual se alcanza por medio del aumento de las exportaciones y la atracción de la inversión extranjera ligada a los sectores más dinámicos de nuestra economía, los hidrocarburos y minerales. Este crecimiento, según esta lógica, generará efectos de derrame en el bienestar de la población por medio del empleo y el consumo. En nuestro caso este crecimiento es mediado por la apropiación intensa y eficiente de los recursos energéticos. La razón economicista, en los hechos, se jerarquiza sobre otras dimensiones, como el impacto sobre la naturaleza y las poblaciones que viven alrededor de los diferentes yacimientos. La mayoría de las iniciativas extractivas en el país se adelantan sin ningún tipo de consulta popular previa a quienes se verán afectados y afectadas. Tampoco se realizan los necesarios estudios de impacto ambiental.

Los 35 pueblos indígenas del país viven en tierras caracterizadas por una amplia diversidad biológica y mineral, lo cual las hace apetecibles tanto para desarrollar grandes proyectos de agricultura y ganadería como de sustracción petrolera, gasífera y de otros recursos como carbón, oro, coltán y diamantes, entre otros. Esta es una de las razones de peso por la cual el proceso de demarcación de tierras, una obligación a corto plazo establecida en la Carta Magna, se encuentra literalmente paralizada. De acuerdo a fuentes oficiales a octubre de 2009, sólo se han otorgado 40 títulos que benefician a 73 comunidades ubicadas en Anzoátegui, Apure, Delta Amacuro, Monagas, Sucre y Zulia, de seis pueblos indígenas (Kariña, Pumé, Jivi, Cuiva, Warao y Yukpa). Esto significa que en once años de vigencia de la Constitución, sólo se ha demarcado aproximadamente 2,4% de los territorios de los pueblos y comunidades indígenas del país, quedando pendiente 97,6% de las demarcaciones.

La paralización de este proceso por falta de voluntad política es lo sustantivo en el conflicto que diferentes comunidades indígenas de la Sierra del Perijá, estado Zulia, han venido protagonizando en los últimos años, y que incluso ha generado víctimas fatales y líderes yukpa encarcelados. Las organizaciones no gubernamentales que han acompañado las demandas, como la Sociedad Homo et Natura, están siendo sometidas al hostigamiento y la criminalización.

Además de la paralización en la titularización de tierras indígenas y la negativa a respetar el precepto constitucional que faculta a las comunidades originarias de legislarse según sus propias tradiciones, un segundo problema tiene que ver con la contaminación de los suelos, el agua y el aire a consecuencia de los procesos industriales extractivos. Un ejemplo de esta situación es la comunidad Kariña de Tascabaña, estado Anzoátegui, cuya principal fuente de agua está contaminada por emisiones de gas metano residuales de pozos petroleros. La comunidad resiste entre el estoicismo y el chantaje, pues como hemos corroborado en visita al poblado, la gente tiene temor que la denuncia de la contaminación genere las represalias de PDVSA, quitando los beneficios que la estatal ha venido brindando a sus habitantes.

Una tercera situación, no menos dramática, es el impacto cultural y económico que supone la existencia de yacimientos cerca de las comunidades indígenas. Ante la erosión de los suelos, mermando la producción de los conucos, y la contaminación de las aguas, limitando la pesca, las minas aparecen como la única fuente estable de ingresos económicos la cual, además, permitirá el acceso simbólico a la civilización mediante el consumo. El enfrentamiento de los pemones contra los militares que trabajaban la minería de manera ilegal tiene, como una de las demandas, dar la posibilidad que las comunidades aborígenes se beneficien de la comercialización del oro. No podemos olvidar que la posibilidad que pemones y otras etnias ejerciten la minería de manera artesanal traería aparejada, con alta probabilidad, la contaminación por mercurio. Morir de hambre o por intoxicación es el dilema a resolver ante la ausencia de reales políticas oficiales para garantizar sus derechos.

Diferentes organizaciones de derechos humanos han visibilizado el hecho que los pemones, tras desarmar a funcionarios de la Guardia Nacional el pasado mes de mayo, estén siendo juzgados bajo el fuero militar constituyendo un golpe a la Constitución, la cual claramente establece que la justicia militar es para los uniformados. Por ello lo inmediato es denunciar y detener el proceso de criminalización a las comunidades indígenas que resisten las consecuencias del extractivismo.
Rafael Uzcátegui

Venezuela: Detenido líder pemón por la Guardia Nacional Bolivariana

El capitán indígena de la comunidad pemona Musuk Pa, Alexis Romero, fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana el pasado jueves 19 de enero imputado por los delitos de sustracción de efectos de la Fuerza Armada Nacional y ataque al centinela, basándose en los hechos ocurridos el pasado 25 de octubre en La Paragua, estado Bolívar, cuando representantes indígenas de 13 comunidades, actuaron contra 19 funcionarios militares y retuvieron sus armas, luego de corroborar que los castrenses seguían explotando un yacimiento, ubicado en el sector Casabe, que meses antes había sido clausurado por los mismos efectivos. Romero ha sido encarcelado en el Internado Judicial del estado Monagas, mejor conocido como cárcel de La Pica.

Según informaciones de prensa Romero informó que se están basando en las leyes militares para inculparlo y no en tribunales civiles, procedimiento que es ilegal. Es la Fiscalía Militar y no el Ministerio Público, el que tomará la decisión en el caso, de acuerdo al artículo 570 del Código Militar.


Dicho artículo refleja que: “Si el testigo se encontrare en la población donde el juez reside, podrá hacerlo comparecer librando orden para ello, la cual se extenderá en la misma forma que la cédula citatoria. Si el testigo estuviere impedido para comparecer, el juez le tomará su declaración en el sitio en que se encuentre”. Romero pidió respeto para sus comunidades y su raza. Aseguró que él, al igual que sus acompañantes, están cansados de las agresiones de los uniformados, razón que causó los hechos del pasado año.

Aparte de la orden de arresto contra Romero, cuatro capitanes más tienen orden de captura. Ellos son: Alberto Moreno, de Santa Teresa; Obel Yépez, de de la comunidad indígena Dechel; Norberto Pinto, capitán de Curun Gupay y Ramón Elías Mujica, de la sociedad Carum Kin.



La situación de Guayana pone de relieve el daño ambiental y antropológico producido por las políticas extractivistas promovidas por el Capital y el Estado, que dejan una estela de destrucción y contaminación insuperables. Por ello como anarquistas no creemos que la explotación mineral estatal ni privada sea una vía de desarrollo para la región, por el contrario apostamos por opciones como la agroecología y la permacultura, las colectividades voluntarias en pequeña escala y el decrecimiento, u otras más que sean plausibles para el espacio geográfico guayanés, los nichos ambientales que allí existen y la gente que los habita.



Apuntaremos finalmente que el pueblo Pemón nos ha demostrado, con los dichos y los hechos, lo que significa enfrentar con resolución a la violencia del Estado. Ayer fue a través del derribo pacífico de tendidos eléctricos; hoy esa acción de cerco y desarme nos reafirma lo que son capaces de hacer para defender su espacio de vida. Como anarquistas y luchadores sociales debemos aprender de las lecciones del presente para afrontar el futuro.



Libertad inmediata para Alexis Romero y los 4 indígenas detenidos por los militares venezolanos.

El Libertario

BOLÍVAR: Indígenas retuvieron a 19 GNB que ejercían minería ilegal

Pemones: ¿quién controla
a los militares y GNB?


■ Fueron sorprendidos cuando explotaban mina en La Paragua.

■ Indígenas retuvieron a 19 GN que ejercían la minería ilegal.

■ Los militares fueron liberados ayer por mediación de la Ministra Maldonado.

■ Los 19 efectivos estuvieron 4 días en cautiverio y fueron liberados después de una reunión con la ministra de los Pueblos Indígenas.

■ Unos 550 miembros de 13 comunidades pemón asaltaron y desarmaron a funcionarios de la Fuerza Armada, luego de que éstos los desalojaron del sector Amanaimü de Alto Paragua.

■ Los uniformados fueron capturados y desarmados por los capitanes pemones en La Paragua, estado Bolívar, cuando explotaban un yacimiento del que el Gobierno retiró a la etnia hace dos meses.

■ El general Henry Rangel Silva, jefe del CEO, declaró que 300 personas habían sido capturadas cuando intentaban entrar en una mina y agregó que la situación estaba controlada.

■ Ricardo Delgado, ex alcalde del municipio Gran Sabana, ofreció otra versión. Explicó que los guardias permanecieron 4 días retenidos, luego de ser descubiertos por la comunidad de El Casabe cuando delinquían. “Si los militares están para controlar las actividades ilícitas, nos preguntamos: ¿quién controla a los militares?”, dijo el líder pemón.

Indígenas de 13 comunidades del pueblo de La Paragua, en el municipio Angostura del estado Bolívar, mantuvieron retenidos durante 4 días a 19 efectivos de la Guardia Nacional, a quienes capturaron cuando ejercían la minería ilegal.

Los militares fueron desarmados por los capitanes, luego de que fueran capturados ejerciendo la minería ilegal en un yacimiento que hace dos meses fue desalojado por el Plan Caura y presentado como un éxito.

Indigenas asaltan y desarman a militares

Hasta ayer en la tarde un funcionario había declarado por el hecho; sólo el comandante estratégico operacional, Henry Rangel Silva, informó a través de Venezolana de Televisión que 300 personas habían sido capturadas cuando intentaban entrar a la mina, que está ubicada a cuatro horas de navegación del pueblo La Paragua.

Denunció que hay manipulaciones por parte de personas que pretenden utilizar a los indígenas para la explotación ilegal del oro. “Ya estamos tras la pista de cuatro personas, quienes están identificadas como promotoras de la minería ilegal”, dijo.

El ex alcalde del municipio Gran Sabana, Ricardo Delgado, desmintió este domingo a las declaraciones de Rangel Silva con imágenes y videos de lo ocurrido.

Delgado explicó que los miembros de la comunidad de El Casabe, les quitaron el armamento de regla a los militares tras haber sido descubiertos. Desde entonces, los 19 guardias nacionales permanecieron retenidos hasta ayer, cuando Nicia Maldonado, ministra de los Pueblos Indígenas, visito la localidad.

Su intervención y la promesa de, supuestamente, devolverles la mina a los indígenas, permitió la liberación de los rehenes.

Los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) han estado retirando a los mineros ilegales del sur de Bolívar

Caso con antecedentes:

Delgado explicó que desde que entró en vigencia el decreto 8413, que reserva al Estado las actividades de explotación del oro, los indígenas fueron desalojados de sus tierras, donde milenariamente han habitado.

La ley contradice la disposición institucional de reconocimiento de las tierras indígenas, las cuales tienen exuberantes riquezas naturales, dijo Delgado. “El decreto es un decreto de militarización de las tierras indígenas, lo cual entra en contradicción con la ley indígena”.

Al margen del descontento, Delgado relató que quienes tienen la supuesta potestad de preservar el ambiente ejercen la minería que les fue negada a los indígenas, a pesar de la tradición histórica y el marco legal.

“Entonces, si los militares están para controlar las actividades ilícitas, nuestra pregunta es ¿quién controla a los militares?”.

“El decreto tipifica un delito que nunca ha sido delito en Venezuela. Es decir, este gobierno actúa, cual Cristóbal Colón en 1492. ¿Qué hizo Cristóbal Colón? Les decomiso el oro a los indígenas. ¿Qué hizo Hugo Chávez? Les decomisa el oro a los indígenas en su propia tierra”.

El líder indígena pemón informó que redactarán un recurso de amparo para preservar los derechos de las comunidades aborígenes.

Denunció que toda la población está militarizada, con acceso restringido por tierra y por aire, “a fin de presionar a que los indígenas les dé hambre y los suelten. No, señor, el indígena toda la vida ha vivido allí. Así que los que van a aguantar hambre son los militares”.

El vocero señaló que ningún diputado indígena ha hecho presencia. “Han permanecido en complicidad con el Gobierno, porque ya no son voceros indígenas sino voceros del Gobierno”.

Como condición para la liberación de los militares, esperan la presencia del ministro para la Defensa. “Esperamos que recoja a sus muchachos, se firme un acta y desaloje a los mineros ilegales que están azotando a los indígenas”.

BAJO PROTECCIÓN:

• Las zonas de mayor extracción aurífera y diamantífera ilegal, de acuerdo con el Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), se encuentran en la cuenca alta del río Caura, El Manteco, Tumeremo, Icabarú, Alto Paragua, Caroní por Urimán, Aripichi, entre otros puntos.• Desde el año 2008 existe una prohibición absoluta para practicar minería aurífera en esa zona, ubicada en la cuenca hidrológica del río Caroní y protegida por las leyes ambientales.

• La cuenca del río Caroní está protegida por abastecer las turbinas de las centrales hidroeléctricas Simón Bolívar (Guri), Francisco de Miranda (Macagua) y Caruach (Manuel Carlos Piar), que generan 70% de la energía que consume el país.

Los guardias nacionales fueron entregados con la condición de que les devuelvan a los indígenas la mina que les quito el Plan Caura.

Más temprano:

Según Ricardo Delgado, líder indígena pemón, 500 miembros de 13 comunidades de la etnia pemón asaltaron y desarmaron a un grupo de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional porque los militares desalojaron a los indígenas de sus tierras hace dos meses para explotar un yacimiento de oro en el sector Amanaimü de Alto Paragua, en el estado Bolívar.

Los pemones anunciaron su acción a través de la resolución 001-2011 de Las Capitanías Comunales del Sector Medio y Alto Paragua. La misma señala: “Por cuanto los integrantes del Glorioso Ejército del Libertador, específicamente los de la armada, actualmente están realizando actividades mineras, directa y/o indirectamente mediante los terceros, en la comunidad indígena de Amanaimü (sector Alto Paragua), contraviniendo todas las disposiciones legales vigentes en la República Bolivariana de Venezuela, en materia de derechos indígenas, ambientales y otras que rigen la materia”.

“Estos militares sacaron a nuestros hermanos indígenas de su comunidad y se quedaron explotando la bulla de oro, por eso los miembros de estas 13 comunidades tomaron la medida”, dijo Delgado.

El documento indica que se realizaron tres reuniones y en dos de ellas se contó con la presencia de representantes del cuerpo castrense, de la Asamblea Nacional y del Ministro para el Poder Popular Indígena. Se señala que se llegaron a acuerdos pero que no fueron respetados.

Jorge Pérez, Capitán General de 23 comunidades indígenas del sector 5, aseguró que hace meses efectivos del ejército “llegaron a la comunidad de Ikabaru en la Gran Sabana, exigiendo a nuestros hermanos que les dieran de kilo a kilo y medio del oro que extraen de las minas”.

Aseguraron que van a continuar peleando por sus derechos y sus tierras.

Reacción oficial:

Una comisión interinstitucional fue activada este sábado para escuchar los planteamientos de mineros de origen indígena desalojados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de una mina ilegal ubicada en cercanías de La Paragua, municipio Angostura del estado Bolívar, anunció el viceministro del Territorio Comunal de Valles, Sabanas y Tepuyes del ministerio de Pueblos Indígenas, Carlos Somera.

El desalojó:

Fuerza Armada desalojó a 300 personas que operan en mina “ilegal” del estado Bolívar.

El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, general en jefe Henry Rangel Silva, informó que realizaron un operativo de seguridad en La Paragua, estado Bolívar, para desalojar a unas 300 personas que intentaban seguir explotando una mina que fue cerrada meses atrás.

“Es una situación de seguridad y defensa de la nación. Ya en ese lugar se desalojaron a 4 mil personas y ahora hacemos una operación que nos permita sacar a 300 personas que han querido ingresar nuevamente”, dijo Rangel Silva.

El funcionario manifestó que ya tienen más de tres meses tratando llegar a un acuerdo con las 300 personas y este viernes fue que demostraron su disposición a ceder.

La periodista del Correo del Caroní, Nathaly García, aclaró en un contacto con Buenas Noches que involucrados en la situación se encontraban indígenas en la zona que reclamaban que les devolvieran su zona. Agregó que hay una situación de incertidumbre y tensión en la zona por miedo a que se genere violencia a raíz del suceso.

Sin embargo Silva denunció que detrás de la intención de estos mineros “hay una manipulación de personas extrañas”. Aseguró que habrían unas cuatro personas identificadas como presuntos promotores de la acción.

Enfatizó que la población de La Paragua está en normalidad. “Hemos notado que hay activistas políticos de oposición que quieren hacer de esto un evento extraordinario”, señaló.


Por: CLAVEL RANGEL
BOLÍVAR | CIUDAD GUAYANA

El boom del Coltán y el exterminio de los pueblos indígenas

En días recientes mucho se ha escrito en relación a este mineral estratégico localizado al sur de Venezuela. El coltán en Territorio Venezolano se encuentra en el estado Amazonas y la parte oeste del estado Bolívar. Allí habitan los pueblos indígenas Baniva, Piaroa, Yekuana y Jivi.

La relación de estos pueblos indígenas con sus tierras y territorios tradicionales constituye, una parte fundamental de su identidad y espiritualidad y está profundamente arraigada en su cultura y en su historia. Estos pueblos indígenas también son profundamente conscientes de la relación existente entre las consecuencias ambientales de diversos tipos de desarrollo en sus tierras y las consecuencias ambientales y las posteriores repercusiones para la salud de sus pueblos.

A través de su profunda comprensión de la tierra y su conexión con ella, las comunidades indígenas han administrado su entorno en forma sostenible durante generaciones. A su vez, la flora, la fauna y otros recursos disponibles en las tierras y territorios indígenas les han proporcionado sus medios de vida y han nutrido a sus comunidades.

En estas comunidades, se vive de la agricultura, la caza, la pesca, la cestería. Para cazar realizan un viaje de 7 días. La Comunidad selecciona lo que consume, y así no destruye los recursos naturales. Las tierras son trabajadas por toda la Comunidad. Nadie es individualmente dueño de la tierra, los derechos de propiedad son colectivos. Si la persona no pertenece a la Comunidad no puede explotar la tierra. Aquí nadie se concibe a sí mismo sin su territorio, ya que los indígenas tienen un arraigo con el territorio que va más allá de la concepción material de las cosas, partiendo de lo espiritual consideran a sus mayores con admirable veneración, de igual manera lo son sus sitios ceremoniales, lugares sagrados como la misma tierra a quien llaman MADRE.

Es al mismo tiempo, un territorio con histórica ausencia estatal, víctimas de garimpeiros, grupos armados, hasta masacres y agentes exógenos de toda índole que frecuentemente arremeten contra ellos, uno de los principales peligros contra la existencia misma de quienes han vivido allí desde tiempos milenarios, es precisamente el pecado de vivir en territorios con recursos naturales, sobre todo del llamado “oro azul”, que sin exagerar es más valioso que el oro negro, el oro blanco y el amarillo.

En una visión intercultural de la territorialidad indígena, como la establecida en el ordenamiento jurídico venezolano, los pueblos indígenas son propietarios de sus territorios y de los recursos naturales que en ellos se encuentren. La Seguridad Territorial indígena es una obligación reconocida por el Estado venezolano a nivel constitucional y legal. Así, el artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) señala lo siguiente:

“El Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas (…) así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestralmente y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida. Corresponderá al Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y la ley”.

Del igual modo, el Estado venezolano suscribió el Convenio Nº 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, que reconoce la Autonomía territorial indígena; y promulgó la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras Indígenas (LDGHTI) y la Ley Orgánica de Pueblos y comunidades Indígenas (LOPCI), que establece lineamientos procedimentales para llevar a cabo la demarcación de Tierras y Territorios indígenas en Venezuela.

Más aún, la garantía de efectiva protección de la Territorialidad indígena establecida en el Convenio Nº 169 supone una protección real y en la práctica, y no solamente una protección legal. Por ello, la obligación primaria del Estado es la de garantizar la demarcación territorial indígena, la cual realizará el Ejecutivo, por órgano de la Comisión Nacional de Demarcación (cuya Secretaria Ejecutiva está adscrita al Ministerio del Ambiente).

Simultáneamente, como garantía de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, el Estado está en la obligación de abstenerse o de impedir cualquier intervención exógena en los territorios y tierras indígenas aún no demarcadas ni tituladas. Según los Datos del Censo Indígena Oficial (INE, año 2001), existen en Venezuela 35 Pueblos Indígenas, que hacen parte de 2.054 comunidades, que hacen un total de 534.816 habitantes indígenas del país. Hasta ahora el Gobierno Nacional sólo ha entregado a las Comunidades Indígenas 21 Títulos de propiedad colectiva sobre sus Tierras, cifra la cual representa el 1,02 % del Total de Comunidades existentes.

En consecuencia, en la práctica no se encuentra totalmente garantizada en Venezuela la Seguridad Territorial para los Pueblos Indígenas, lo cual supondría la garantía estatal de su permanencia pacífica y auto-desarrollo, en el espacio histórica y culturalmente identificado como propio.

Un mineral “estratégico” ubicado en territorio indígena, con la intervención de terceros que explotan ilegalmente el coltán, no sólo impide a los indígenas la permanencia pacífica en su territorio, sino que además genera todo tipo de problemas que afectan principalmente a estos pueblos, como son; la proliferación de enfermedades, la emergencia de nuevas figuras de poder y autoridad que chocan culturalmente con las autoridades tradicionales indígenas, reclutamiento de niños soldados, situación de semi-esclavitud para las mujeres indígenas, entre tantos otros flagelos igualmente graves.

Ante todo ello, y a pesar que el tema adquiere relevancia en los medios de comunicación en días recientes, es un problema que data desde tiempo atrás. El pueblo Baniva a través de la Asociación de Pueblos Indígenas de Venezuela APIVEN desde 2006, ha acudido ante la Comisión de Demarcación a los fines de titular su territorio de conformidad con la ley, han transcurrido más de cuatro (04) años sin recibir respuesta alguna. También elevaron petición ante la Gobernación del estado Amazonas, a los fines de solicitar su intervención para la implementación de la demarcación y titulación prevista en la ley, y su actuación ante la presencia de grupos que explotan ilegalmente el coltán en las comunidades del Eje Carretero Norte de Puerto Ayacucho, de ello tampoco se obtuvo respuesta.

Acciones de protesta de la mano de etnias hermanas (yukpas, barís, entre otros) para exigir la efectiva demarcación y titulación de nuestras tierras, sin embargo, insisten en tratar de invisibilizar las luchas.

Es el caso que desde el año 2009 se han realizado actividades de exploración sobre la existencia de yacimientos de coltán en el norte del estado Amazonas, específicamente en las comunidades indígenas del eje carretero Norte hasta el poblado de Puerto Nuevo, conocido como “El Burro”. No obstante, el problema llega hasta el interior del estado Amazonas, afecta principalmente al Municipio Guainía, en los afluentes del Río Guainía, sector este que está en frontera con Colombia, donde se encuentra el Municipio Guainía Colombiano, que también tiene grandes reservas de coltán, explotado ilegalmente desde hace un par de años y de reciente inicio de explotación por parte del Estado Colombiano.

A la vez se ha realizado una explotación minera ilegal de coltán a pequeña escala que ha ocasionado la contaminación de algunos afluentes de ríos y la muerte de varios hermanos indígenas a causa de la contaminación de aguas producida por la explotación ilegal.

El Ministerio de Industrias Básicas y Minería de Venezuela a finales de 2009 publicó un informe de sobre los proyectos de exploración del Coltán en el Amazonas Venezolano. En el mismo, se informaba que ya se tenía previsto crear una empresa mixta para la explotación del coltán en 176.300 Kilómetros cuadrados del estado Amazonas, comenzando las primeras concesiones por los yacimientos ubicados en las adyacencias de las comunidades Piaroa y Baniva. El propio informe del MIBAN destaca:

“Se considera que la superficie total del área a explorar es de aproximadamente 176.300 Km2. Esta superficie representa casi un quinto del territorio nacional, es decir el 19%. A los fines de sensibilizar la magnitud del área a explotar, la misma equivale aproximadamente al 73% de la superficie del estado Bolívar (240.528 Km2) o aproximadamente al 96% del estado Amazonas (184.250 Km2) (1)”.

Así mismo señaló el Presidente de la República en Enero de 2010 la implementación del Plan Oro Azul (2), que comprende la militarización de la zona a explorar hasta tanto comiencen la explotación desde entonces nuestras tierras han estado militarizadas, impidiéndonos el acceso a muchos lugares sagrados y ocasionando agresiones contra los miembros de la comunidad.

En fecha reciente, anunció el Presidente de la República en cadena nacional que la Dirección de Concesiones Mineras del Ministerio para el Poder Popular de las Industrias Básicas y Minería, ya tiene elaborada la concesión a una empresa mixta para iniciar la exploración “sustentable” de los yacimientos.

El 96% del estado Amazonas será expuesto a la exploración del mineral, cuya actividad ha ocasionado la muerte de más de 5 millones de personas en el Congo, y que el Consejo de Seguridad de la ONU en su resolución 19523 adoptó un conjunto de resoluciones ante la persistencia de las violaciones a los derechos humanos, incluyendo el asesinato y el desplazamiento de un número significativo de civiles, el reclutamiento y la utilización de niños soldados y la violencia sexual generalizada, destacando que los autores deben ser llevados ante la justicia, y reiterando su condena de todas las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en ese país.

No es difícil colegir entonces, que el Estado Venezolano desconoce el derecho a la consulta de los pueblos indígenas por estar afectados directa e indirectamente por dicha concesión. Ha violado el derecho a la demarcación y titulación del territorio que tradicional y ancestralmente hemos tenido porque no ha creado los mecanismos eficaces para materializar este derecho. Así como también nos impide el uso de nuestro territorio por la militarización ordenada en el marco del Plan “Oro Azul”.

Según Erica Irene Daes, Relatora Especial de las Naciones Unidas en 2002, “El deterioro gradual de las sociedades indígenas se remonta al no reconocimiento de la profunda relación que los pueblos indígenas tienen con sus tierras, sus territorios y sus recursos.”

Es por ello, que observamos con preocupación que los temas de debate en relación a la existencia de coltán en Venezuela, se circunscriban a intereses de índole económico, transferencia de tecnología, potencial energético y su ofrecimiento al mercado internacional; el asunto no es sólo de interés estratégico, se trata de los seres humanos que allí viven, los pueblos indígenas que no consideran su existencia sin su territorio y que de ninguna forma el Estado ha obtenido su consentimiento previo, libre e informado (como es su obligación de acuerdo a la ley) para avanzar cualquier plan de desarrollo.

El Estado avanza en exploración y creación de empresas mixtas para explotar coltán, cuando antes de cualquier acción debe emprender un proceso amplio de consultas a los pueblos indígenas a los fines de obtener su consentimiento previo libre e informado. Se espera de un gobierno que se precie de ser socialista, dar prioridad al ser humano antes que al capital, los pueblos indígenas afectados por la explotación del coltán deben ser tema prioritario en la agenda gubernamental. Esperemos que el Gobierno Bolivariano no cometa los mismos errores que los sandinistas, que no supieron entender las razones de los miskitos.
Por: Linda Manaka Infante
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Notas:

(1) http://www.mibam.gob.ve/portal/downloads/rp/rp3.pdf

(2) http://www.mibam.gob.ve/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=314:venezuela-pudiera-ser-poseedora-de-una-gigantesca-reserva-de-coltan&catid=14:generales&Itemid=96

(3) http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/DRC%20SRES%201952.pdf