Reportan nuevo derrame de petróleo en Loreto

Servindi.- Pastor Dahua, Apu de la comunidad nativa de Monterrico, ubicada en el distrito de Urarinas, provincia y región Loreto, reportó un derrame de petróleo en el kilómetro 66 del Oleoducto Norperuano.
Esta vez el derrame ocurrió a dos horas de la comunidad Nueva Alianza y pone en riesgo al río Marañón pues la comunidad se encuentra en una de las quebradas del río, detalló Pastor Dahua.
La comunidad reporta que el derrame ha alcanzado 1 kilómetro de longitud y 1.50 m de profundidad aproximadamente. Esto ha ocasionado la muerte de peces y la preocupación por el gran riesgo ambiental que significa para otras comunidades.
El derrame es sobre tierra y el diámetro de la fisura en la tubería no ha podido observarse por la gran cantidad de crudo que hay en la zona afectada.
El Apu Pastor Dahua indica que el aviso se produjo mediante una llamada telefónica durante la tarde del 24 de septiembre, después de avistar a un helicóptero sobrevolando la zona dos veces.
Un grupo de alrededor de cincuenta comuneros, incluidos dirigentes, inspeccionaron el lugar por la mañana del domingo y constataron el siniestro.
La distancia entre la comunidad y el derrame es dos horas de camino a pie y a media hora en bote a motor.
Cabe resaltar que la posta de salud más próxima se encuentra a cinco horas de viaje en motor.
Hasta el momento, la empresa no se ha comunicado formalmente con la comunidad ni ha enviado una comisión de inspección a la zona.

Foto del derrame en Monterrico tomadas con el celular del comunero Eduardo Paredes.

Esperan histórica sentencia a favor del derecho al territorio y la titulación

Foto: La Mula

Servindi.- El Juzgado Mixto de Nauta, en la región Loreto, tiene la posibilidad de dictar una histórica sentencia a favor del derecho territorial y la titulación de las comunidades indígenas.
Así lo advierte el equipo legal del instituto IDLADS PERÚ, quién destaca que la demanda de amparo a resolverse busca superar la negativa de la Dirección Agraria de Loreto a titular territorios ancestrales de las comunidades.
El argumento que esgrimen éste y otros gobiernos regionales es que no se pueden titular territorios que se encuentran concesionados a terceros.
Como lo sostiene IDLADS, un derecho contractual y privado no puede imponerse por encima del derecho colectivo al territorio ancestral, que es un derecho humano fundamental para la propia supervivencia de una comunidad indígena.
La sentencia que dicte el Juzgado de Nauta es en tal sentido trascedental si se considera que diversos funcionarios rehusan titular territorios comunales y suelen manifestar que solo lo harían si se los ordena un juez.
Las federaciones indígenas confian en que el Juez Mixto de Nauta siente un precedente histórico de reconocimiento a su derecho territorial y resuelva con justicia, tal como lo hizo antes al ordenar la consulta previa en el proyecto Hidrovía Amazónica.
A continuación el artículo del Equipo Legal de IDLADS sobre el caso: 

Indígenas a la espera de histórico fallo judicial: La titulación de sus tierras ancestrales

Por Equipo IDLADS*
Desde tiempos inmemoriales los pueblos indígenas han mantenido una íntima relación de identidad y espiritualidad con sus tierras ancestrales debido a que los vincula profundamente con su historia y cultura. Como lo expresa la CIDH(1) en sus sentencias

“la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de  su cultura, vida espiritual, integridad, supervivencia económica, su  preservación y transmisión a las generaciones futuras”. (2)

Un caso que marcó un hito en la restitución de territorios indígenas, fue el de Paraguay, donde se sienta una de las más conmovedoras reivindicaciones históricas indígenas, cuando la Comunidad indígena Yakye Axa exige al Estado que le devuelva sus tierras ancestrales, las cuales habían sido entregadas a inversionistas británicos, produciéndose un grave impacto en la integridad cultural de estas poblaciones autóctonas, que hicieron lo impensado para muchos hasta entonces.
Ellos exigieron a través de una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas restitutorias, remediadoras y compensatorias por sus territorios, y tras largos años de requerimiento, finalmente estos derechos les fueron otorgados a través de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Sin embargo, en el Perú hasta el momento no se viene “salvaguardando” los derechos territoriales indígenas, afectándose otros derechos básicos con ello, tales como a la identidad cultural, el ambiente, el acceso al agua y la subsistencia misma de las comunidades indígenas. Ahora bien, el proceso de reconocimiento y titulación de territorios indígenas, es realizado de acuerdo a la normatividad vigente por los gobiernos regionales, los cuales tienen la competencia “exclusiva” de titular los territorios de las comunidades campesinas y nativas de conformidad con el artículo 62° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el artículo 14.2 del Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la OIT.
Dicho ello, la Dirección Regional Agraria de Loreto (DRAL), tiene la obligación de titular los territorios de los pueblos indígenas representados por las federaciones FECONACO, FEDIQUEP y ACODECOSPAT, responsabilidad que no se viene cumpliendo de manera integral. Por esta razón, las mencionadas federaciones indígenas interpusieron una demanda de amparo, el 27 de mayo del año pasado.

Foto: Observatoriopetrolero
El pretexto más usado hasta ahora por las autoridades, para negarles este derecho colectivo, es la existencia de servidumbres a favor de empresas extractivas, tales como Petroperú, Pluspetrol o Perenco; este asunto ha empeorado con los denominados “paquetazos ambientales”, a través de los cuales se emitieron leyes tales como la N° 30230 y N° 30327, que lejos de garantizar el derecho de propiedad comunal han significado un blindaje a los derechos reales de inversionistas, que los consiguen de manera más expeditiva frente al lento proceso de reconocimiento de la propiedad indígena.
Como bien dice Aurelio Chino, Apu de Fediquep, “es más fácil hacer normas para destruirnos, pero cuando hay que hacer normas para construir ahí si dicen que es más difícil.”
Así, tenemos las servidumbres gratuitas a la empresa petrolera PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. Una de estas fue la Resolución Suprema Nº 061-2006-EM, publicada el 27 de octubre de 2006, en el que según su artículo 3, la servidumbre se prolonga y tiene vigencia hasta el vencimiento del contrato de concesión del ex LOTE 1-AB, hoy Lote 192, el mismo que venció el 29 de agosto de 2015, es decir hace más de 1 año. No obstante el Gobierno Regional de Loreto sigue pretextando la existencia de una servidumbre ya fenecida.

Hay que dejar claro, que el derecho colectivo al territorio ancestral es un derecho humano que va más allá de un derecho contractual y privado de una empresa extractiva, un derecho fundamental para su propia supervivencia como comunidad indígena.

Hay que dejar claro, que el derecho colectivo al territorio ancestral es un derecho humano que va más allá de un derecho contractual y privado de una empresa extractiva, sorprende que, a sabiendas de ello, hasta la fecha los responsables se rehúsen a titular territorios indígenas, máxime cuando ello no constituye un favor o dadiva que se les da a los pueblos indígenas, sino un derecho fundamental para su propia supervivencia como comunidad indígena.
Lamentablemente como tantas veces, seguimos escuchando en los recintos de las entidades públicas una recurrente frase: “si me lo ordena un juez, no tendré más remedio que titularlos, mientras tanto me debo a las normas que impiden dicho reconocimiento”. He ahí, la importancia de la demanda de amparo(3) de las referidas federaciones indígenas, que confían que el Juzgado Mixto de Nauta siente un precedente de reconocimiento a su derecho ancestral territorial, que constituye la base fundamental de su cultura y de su propia supervivencia como pueblos.
Nuestro mensaje final para el Juez que resolverá la causa: “No tarde mucho, señor magistrado, la historia toca a su puerta, y como en aquella ocasión que falló a favor de la consulta previa de la Hidrovía Amazónica, hoy otra vez le corresponde hacer lo correcto, reivindicar los derechos colectivos de nuestras emblemáticas comunidades amazónicas”.

Notas:

(1) Considerando 131 de la Sentencia de la CIDH Yakye Axa vs Paraguay
(2) Considerando 135 de la Sentencia de la CIDH Yakye Axa vs Paraguay
(3) Exp. Nº 00018-2015, Primer Juzgado Mixto de Nauta de la Corte Superior de Loreto.
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* El Equipo Legal de IDLADS está conformado por Henry Carhuatocto, Lilyan Delgadillo y Katherine Serrato.

Entregan territorio ancestral awajún a empresa minera Afrodita

Foto: Odecofroc-IDL

– Despojo fue posible utilizando el primer paquetazo normativo.
Por Jonathan Hurtado
Servindi.- En un hecho que pasó desapercibido, la empresa minera Afrodita logró apoderarse, bajo la modalidad de “servidumbre”, de más de 57 hectáreas ubicadas sobre territorio ancestral awajún en el distrito de El Cenepa, fronterizo con Ecuador. El “milagro” fue posible gracias a los decretos supremos 054 y 060 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Ambos decretos -emitidos en mayo del 2013- conformaron en su momento el llamado primer “paquetazo ambiental”.
En marzo de 2015, el Poder Judicial declaró nulos los artículos 2 y 6 del decreto 054, los más lesivos para los pueblos indígenas, una vez que cumplieron su función. Estos disponían en los hechos de los territorios de los pueblos originarios en beneficio de actividades extractivas.

Astucia de la empresa

La empresa no actuó en un solo frente. Si bien desde hace unos meses viene incidiendo sobre el Gobierno Regional de Amazonas para viabilizar sus operaciones, desde mucho antes implementaba una estrategia para que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) emita una opinión favorable para iniciar sus operaciones en la concesión llamada Comaina 1.
Vanessa Schaeffer, de la organización CooperAcción, relata lo que vino sucediendo.
Al empezar el texto hablamos de milagro por una razón. Y es que el rechazo indígena a la empresa Afrodita tiene varios años. Su presencia en El Cenepa, en la zona de la Cordillera del Cóndor, data de 1993. Desde entonces intentó operar bajo serios cuestionamientos.
El presente año, alrededor de cien comunidades de las etnias awajún y wampis manifestaron su oposición a la actividad minera en dicha ubicación porque viola su derecho al territorio y a la consulta previa.
Dicho esto, Schaeffer revela que desde hace unos tres años la empresa aplica una nueva estrategia, que finalmente le ha dado los resultados que esperaba.
“Afrodita ha cambiado de escala, se presentó como pequeño productor, con lo que ha logrado simplificar varios de los requisitos ambientales de su operación”, explica.
Según se aprecia en documentos, la empresa a mediados del 2013 inicia los trámites para sus operaciones ante el Gobierno Regional de Amazonas, aprovechando las facilidades que da el gobierno a través del primer “paquetazo ambiental”.
Un año después, el 13 de junio de 2014, se aprueba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto de Explotación “Afrodita”, mediante la Resolución Directoral Sectorial Regional Nº 012-2014-G.R.AMAZONAS/DREM.

Vanessa Schaeffer, experta de CooperAcción, durante la presentación del 17° Reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú. Foto: Servindi

¿Cómo ocurrió esto?: Decreto supremo 054

Afrodita invocó los beneficios del primer paquetazo ambiental, el decreto 054, y solicitó a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) le otorgue la servidumbre sobre un terreno de más de 575 mil metros cuadrados (57 hectáreas), en la zona donde se ubican sus concesiones.
En resumidas cuentas, el artículo 6 de la norma establece servidumbre sobre los terrenos eriazos del Estado para proyectos de inversión. La figura que surge es la siguiente: Afrodita como empresa solicita el terreno necesario para el desarrollo de su proyecto minero a la autoridad sectorial, que en este caso es el GORE de Amazonas.
Acto seguido, el GORE requiere a la SBN el otorgamiento de servidumbres temporales o definitivas sobre predios estatales inscritos o no en el Registro de Predios.
Recibido el pedido, la SBN efectúa el diagnóstico técnico-legal y realiza la entrega provisional del predio, en el plazo no mayor de 15 días hábiles. Esto siempre que el terreno sea de propiedad del Estado, directamente o a través de un GORE o estando a nombre de una entidad pública.
Tras verificar algunos requisitos, la SBN “certificó” -con opiniones del GORE de Amazonas, el MEM y Cofopri- que se trataba de un predio eriazo no catastrado y de propiedad del Estado.
Schaeffer sostiene que “bajo esta premisa y cumpliendo el DS. 054-2013-PCM, la SBN hizo entrega del predio a la empresa para el desarrollo de su proyecto minero.”
La estocada final y necesaria para que las operaciones de Afrodita prosperen se produjo en diciembre de 2014, con la opinión afirmativa del MEM para que ésta opere en su concesión minera. Debía demostrar que su concesión se ubicaba sobre terreo eriazo y así lo hizo.

El visto bueno del MEM a favor de Afrodita

El talón de Aquiles: ¿terreno eriazo?

Para nada. El 2004 comunidades nativas de las zonas próximas a la Coordillera del Cóndor tenían un acuerdo con el Estado para crear el Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor, el cual cubría una amplia franja en la zona de frontera con Ecuador, en superficie de la región Amazonas.
En ese marco, el Estado reconoció el dominio ancestral de las comunidades sobre dicha área pese a que éstas no contaban con títulos.
Cabe indicar que el citado parque iba tener una extensión de 152,873 hectáreas. No obstante, el año 2007, en pleno gobierno de Alan García, desafortunadamente cambiaron las cosas para las comunidades, que veían en la creación del parque una forma de protección ante la amenaza minera. Ese año se creó el parque pero con un área reducida a 88,744 hectáreas.
Justamente, en el área que quedó fuera, se ubican hoy varias concesiones mineras a nombre de particulares y de algunas empresas. Según se puede apreciar en un mapa del 2015 elaborado por el experto Ermeto Tuesta, del Instituto del Bien Común (IBC), allí también se ubican las concesiones Comaina 1 y Comaina 3, ambas de Afrodita.
En conclusión, y tal como argumentaron en su momento una serie de expertos, incluso existe un informe extenso sobre el tema, el terreno sobre el cual se ha ubicado la empresa no es para nada de tipo eriazo.

Servidumbre “provisional”

Aclarado el punto anterior, uno de los temas que preocupa es el carácter “provisional” de la servidumbre entregada en el marco del mencionado primer paquetazo ambiental, de agilización de trámites administrativos para las inversiones.
Al respecto, CooperAcción ha solicitado información al GORE de Amazonas sin obtener hasta ahora una respuesta.
“Lo cierto en la actualidad es que la titularidad del predio, vía servidumbre, está en manos de Afrodita; con lo que puede empezar a construir sus campamentos y desarrollar su unidad minera, algo que ya estaría haciendo”, sostiene Schaeffer.

¿Cuál será la nueva respuesta de las comunidades?

Frente a esta situación, los líderes y apus de las comunidades solicitaron que se realice un proceso de consulta previa al GORE, entidad que autoriza las medidas.
EL GORE ha respondido señalando que como es terreno eriazo, y como no hay comunidades tituladas, entonces no procede la consulta previa.
“Todo indica que el GORE ya habría otorgado, o lo hará pronto, la servidumbre definitiva a la empresa sobre este territorio”, sentencia la representante de CooperAcción.
En estos momentos indígenas de diversas organizaciones de El Cenepa se encuentran reunidas con el fin de tomar nuevas acciones. Han tomado conocimiento de lo que viene ocurriendo hace solo algunas semanas. Esto debido al secretismo de los documentos que sustentan el citado despojo.
Por lo pronto el divisionismo promovido por la empresa ya se viene manifestando. Algunas comunidades de la zona donde opera la empresa se han manifestado a favor de ésta pero todo indica que se trata de posiciones minoritarias y aisladas.

“El Gobierno nos está haciendo pelear entre hermanos”

ORIAP, la organización cuya participación en la consulta previa del lote petrolero 192 el Estado peruano avaló, fue la causante de un enfrentamiento entre nativos el jueves último. Así lo denunció Tedy Guerra, apu de la comunidad de Nuevo Andoas, en la cuenca del río Pastaza.
Servindi.- El jueves 27 de agosto, un grupo de personas ingresó violentamente a la sede de reunión de la comunidad nativa Nuevo Andoas, en Loreto, generando un enfrentamiento entre dicho grupo y cerca de cincuenta nativos de la comunidad, entre hombres y mujeres.
Según denunció Tedy Guerra, apu de Nuevo Andoas, comunidad afiliada a la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep), el grupo lo encabezaban dirigentes de la ORIAP, oenegé que firmó con el Estado un acuerdo de beneficios en el marco de la consulta previa del lote petrolero 192.
De acuerdo a Guerra, los dirigentes de la ORIAP, una vez instalados en el local comunal, “empezaron una reunión sobre la consulta previa y la lucha en Iquitos”, donde varios grupos exigen el ingreso de la estatal Petroperú para operar el citado lote.
“En ese momento entonces nosotros nos reunimos en la plaza que tenemos, fuimos como 18 varones y 30 mujeres, ya que el resto se encontraba trabajando, y tomamos la iniciativa de desalojarlos”, explicó el apu en diálogo con Servindi.
Según contó, estas personas venían de otras comunidades, como Alianza Capahuari y Los Jardines, mientras que un pequeño grupo provenía del mismo Nuevo Andoas.
“Son gente que se autodenomina autoridad. Pero en realidad son gente que se han beneficiado de la empresa (Pluspetrol)”, precisó.
“Hubo enfrentamientos entre hombres y mujeres, jaloneos y golpes”, agregó.
Una vez que desalojaron el local, se levantó un acta responsabilizando al presidente de la ORIAP por lo que pueda ocurrir. “Hemos querido dialogar pero ellos se han negado en todo momento”, puntualizó.
De otro lado sostuvo que sobre él pesan hoy varias amenazas de muerte de parte de miembros de esta organización.
“Antes se necesitaba que alguien de fuera venga para engañarnos, ahora no, ahora hacen que los mismos nativos engañen; el Gobierno nos está haciendo pelear entre nosotros”, finalizó.

La raíz del enfrentamiento

La consulta previa del lote 192 se inició este año con la participación de las federaciones nativas Fediquep (del río Pastaza), Feconaco (del río Corrientes) y Feconat (del río Tigre).
Cuando ninguna federación lo esperaba fue incluida en el proceso la ORIAP. Esto causó el rechazó tanto de Feconaco como de Fediquep. Pese a ello, el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad, respaldó la permanencia de esta organización -oenegé- en el proceso.
El 14 de agosto, en el marco de la Etapa de diálogo de la consulta, el Estado reunió en Lima, en un mismo espacio, a las cuatro organizaciones. Allí presentó su oferta del 0,75 % de la producción fiscalizada del lote para las federaciones que firmen un acuerdo con el Estado.
Feconaco y Fediquep no aceptaron, mientras que Feconat y la ORIAP sí.
Los cuestionamientos a la ORIAP no son nuevos. Feconaco y Fediquep lograron expulsar de una reunión a ésta, a mediados de julio de este año. El 14 de este mes, no  se esperaba su retorno a las conversaciones. Sin embargo, esto ocurrió.
Las mismas federaciones así como organizaciones aliadas han argumentado en contra de su existencia, ya que ven materializada en ella la mala fe del gobierno que busca quebrar la unidad indígena cuando se trata de reclamar y defender derechos.

Denuncian completo desinterés del Ejecutivo por crisis ambiental y social en la Amazonía

Apu de la cuenca del río Tigre muestra a la prensa imagen del daño que le está haciendo la actividad petrolera a la Amazonía.

- En conferencia de prensa apus exigieron que se destine presupuesto para atender demandas de los pueblos indígenas de las cuatro cuencas.
Servindi, 28 de noviembre, 2014.- Congresistas y apus de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, ubicadas en Loreto, denunciaron el desinterés con que el Ejecutivo viene tratando la problemática ambiental y social que afrontan más de un centenar de comunidades a consecuencia de la actividad petrolera.
Alfonso López, presidente de la Acodecospat, federación del pueblo Kukama, sostuvo en la conferencia de prensa organizada para dar a conocer esta situación, que sus demandas son las mismas de hace tres años y que sin embargo el gobierno no ha hecho significativo al respecto.
En ese sentido, la congresista Marisol Pérez Tello afirmó que en todo ese tiempo no se han creado los mecanismos para satisfacer las demandas de los pueblos afectados como son “titulación, compensación, pago por el uso de tierras, saneamiento y un plan de remediación serio”.
Se han creado comisiones multisectoriales, informes socioambientales, informes sociales, una comisión de emergencia ambiental y nada de esto ha dado resultados concretos, explicó la parlamentaria.
Los apus de la cuatro cuencas se refirieron también al rol de la premier Ana Jara, a quien le pidieron respete los acuerdos tomados en las comisiones de desarrollo que el mismo Ejecutivo ha formado.

Carlos Sandi, presidente de la Feconaco

Los apus cuestionaron así que la PCM a través de su Oficina Nacional del Diálogo y Sostenibilidad recientemente haya suspendio una reunión clave, por el alcance de las decisiones que se tenían previstas tomar, hasta nuevo aviso, cuando el 10 de noviembre la PCM ya había empeñado su palabra para que dicha reunión se dé la última semana de este mes.
“Venimos a reiterar nuestro pedido a la premier, que se pronuncie (…) necesitamos que la premier nos establezca fecha y hora para que las cuencas y los apus estemos con ella para discutir las soluciones a nuestros problemas”, manifestó enfático Alfonso López de la Acodecospat.

Presupuesto cuanto antes

Tras recibir el respaldo de los congresistas Verónika Mendoza, Marisol Pérez Tello, Eduardo Nayap, Rosa Mavila, Manuel Dammert y Jaime Delgado, los apus dieron a conocer uno de sus pedidos más inmediatos como es el establecimiento de un fondo para atender las demandas de las comunidades de las cuatro cuencas afectadas.
Asimismo, solicitaron que se señale a un responsable del mismo y el tiempo que va tomar atender temas urgentes como el de la salud. Los apus recordaron que hasta el día de hoy las comunidades siguen tomando agua contaminada con metales pesados y derivados del petróleo.
“Así como el Estado garantiza las ganancias de las empresa petroleras también tiene que garantizar los derechos de los pueblos indígenas”, reclamó Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO).

Congresistas de la República expresando su respaldo a las demandas de los apus.

El mismo cuestionó la autoridad del Perú en la organización de la Conferencia de las Partes (COP 20), ya que mientras que por un lado el gobierno habla de defender la Amazonía, por el otro -explicó- no hace nada por protegerla de los daños que por más de cuarenta años le ha ocasionado la actividad petrolera.
En otros puntos, las federaciones se mostraron reticentes a los anuncios del Gobierno sobre la licitación del Lote 192. Señalaron que hasta que no se cumplan con sus demandas no participarán de ningún proceso de consulta al respecto.
Como es sabido, en el Lote 1 AB y el Lote 8 opera la empresa argentina Pluspetrol, la misma que por años ha sido blanco de serias críticas. Un reciente informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha dado cuenta de su cuestionable forma de operar en vastas extensiones de la Amazonía.
Precisamente en agosto del próximo año termina el contrato de concesión del Lote 1AB, la misma área, ahora ampliada, se llama Lote 192, y se concesionará 40 años más.
Al respecto, la congresista Rosa Mavila sostuvo que lo mínimo que se debe hacer es que se dé un control de daños, y que se establezca un parámetro para que a futuro esos daños no puedan profundizarse en contra de la población indígena.