Por Gerardo Bautista
AIPIN- A 10 años de la aprobación de la Declaración de
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las
Naciones Unidas, los compromisos adquiridos por los países no se han
concretado, y se ve muy incierta.
El
Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, es contundente.
El tema remitido por el Consejo de Derechos Humanos, es revisado a
profundidad en el 71° Período de Sesiones de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), y en su análisis, se pide a los países garantizar
el reconocimiento y los derechos de las sociedades ancestrales.
En su informe que tuvo lugar en Nueva York, y concluyó este 30 de
septiembre, afirma que el cierre de la brecha entre el reconocimiento de
los derechos de los pueblos indígenas en los planos internacional y
nacional y la aplicación real sobre el terreno sigue siendo su principal
preocupación.
La investigación, expresa, pone de manifiesto un número alarmante y
creciente de casos en los que la inversión extranjera en los sectores de
minería, petróleo y gas trae como resultado graves violaciones de la
tierra, el autogobierno de los pueblos indígenas y los derechos
culturales.
Tauli-Corpuz, ofrece un análisis temático de las medidas de
conservación y sus repercusiones en los derechos de los pueblos
indígenas.
La experta filipina asegura que 2017 marcaría el décimo aniversario
de la adopción de la Declaración sobre los pueblos indígenas en la
Asamblea General.
Y aquí es categórica: La brecha entre el reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas en los planos internacional y nacional
y la aplicación real sobre el terreno sigue siendo su principal
preocupación.
Ella había centrado sus esfuerzos en cuestiones relacionadas con los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos
indígenas.
Tauli-Corpuz alerta de un número alarmante y creciente de casos en
los que la inversión extranjera en los sectores de minería, petróleo y
gas fue lo que resulta en graves violaciones de la tierra, el
autogobierno de los pueblos indígenas y derechos culturales.
Acuerdos internacionales de inversión podrían agravar y exacerbar a
los graves impactos de los proyectos de inversión sobre los derechos de
los pueblos indígenas.
En su información, afirma que las zonas protegidas brindan la
posibilidad de salvaguardar la diversidad biológica para beneficio de
toda la humanidad.
Su texto concluye con recomendaciones sobre la manera en que pueden
llevarse a cabo las actividades de conservación, tanto en la esfera
normativa como en la práctica, respetando los derechos de los pueblos
indígenas y mejorando la conservación sostenible.
La conservación y su impacto en los pueblos indígenas son un tema constante.
Los tres Relatores Especiales sobre los derechos de los pueblos
indígenas de las Naciones Unidas, han constatado las violaciones de los
derechos humanos de las sociedades nativas a nombre de la conservación.
Países del Orbe, han expropiado tierras, permitido el desplazamiento
forzoso, negado el autogobierno, así como negado el reconocimiento de
propias autoridades indígenas así como la negación del acceso a la
reparación en justicia, incluidas la restitución y la indemnización.
Este año, el informe de la Relatora se centra en las zonas protegidas
terrestres, y los factores clave que causan el desplazamiento de los
pueblos indígenas de sus tierras y la violación general de sus derechos
sobre la tierra y los territorios por las industrias extractivas, la
ampliación de las agroempresas y la construcción de megaproyectos de
infraestructura.
El texto de Victoria Tauli, detalla que por zona protegida “se
entiende un área definida geográficamente que haya sido designada o
regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos de conservación
específicos. Las zonas protegidas adoptan modalidades de conservación
muy diferentes, entre ellas parques y bosques nacionales, refugios de
flora y fauna silvestres, zonas marinas, reservas privadas y reservas
administradas por organizaciones no gubernamentales, zonas protegidas de
los pueblos indígenas, tierras comunitarias y otras áreas donde la
protección de la naturaleza y la práctica de una subsistencia sostenible
fomentan la integridad de los ecosistemas”.
Tauli-Corpuz, afirma que los territorios indígenas tradicionales,
constituyen 22 por ciento de la superficie del planeta, coinciden con
áreas en las que se encuentra 80 por ciento de la diversidad biológica
mundial.
En Bolivia, el Brasil, Chile y Colombia, al igual que en el Canadá y
los Estados Unidos de América, un alto porcentaje de las zonas
protegidas está ubicado en territorios indígenas tradicionales.
Según el apunte de la Relatora, los pueblos indígenas mantienen
fuertes vínculos espirituales con las plantas, los árboles y los
animales que viven en sus tierras, y para ellos, proteger sus
territorios es un deber sagrado.
Se reconoce cada vez más que las tierras ancestrales de los pueblos
indígenas contienen los ecosistemas más intactos y proporcionan la forma
de conservación más eficaz y sostenible.
Estudios demuestran que los territorios de pueblos indígenas con
derechos sobre la tierra están notablemente mejor preservados que el
resto. Sin embargo, todavía no se reconoce debidamente el importante
papel que desempeñan los pueblos indígenas.
Desde el punto de vista de la conservación, acusa, cuando los pueblos
indígenas pierden la tutela sobre sus tierras y estas quedan bajo el
control gubernamental, esas áreas se ven expuestas a la colonización
destructiva, las industrias extractivas, la tala ilegal, la expansión de
las agroempresas.
El punto 18 del informe, reconoce que los movimientos de pueblos
indígenas, se ha traducido en avances en el derecho internacional con el
reconocimiento de un derecho colectivo a sus tierras tradicionales, y
una mayor conciencia entre los ecologistas acerca del importante papel
que esos pueblos desempeñan en la conservación de la biodiversidad.
La pelea no es sencilla para el movimiento indígena. Enfrentan
dificultades para obtener el reconocimiento jurídico de su propiedad
colectiva de las tierras ancestrales, especialmente cuando éstas ya han
sido declaradas territorios protegidos.
En el documento que circula como parte del punto 66 de la Agenda de
la Asamblea General, referente a Derechos de los Pueblos Indígenas, así
como; seguimiento del documento final de la reunión plenaria de alto
nivel de la Asamblea General conocida como Conferencia Mundial sobre los
Pueblos Indígenas, se profundiza la indignación por la sistemática
violación de los derechos territoriales y políticos de las sociedades
originarias.
Los pueblos indígenas consideraban que la creación de zonas
protegidas era una medida colonialista, ya que conllevaba la subyugación
y la pérdida de tierras, autonomía, autogobierno y medios de vida, así
como la ruptura de vínculos culturales y espirituales. Las zonas
protegidas controladas por el Estado suponían la imposición de nuevas
leyes y formas de control por parte de las instituciones
gubernamentales, por lo que se consideraban un vehículo para la
asimilación forzosa de los pueblos indígenas.
Muchas de las violaciones graves de los derechos humanos de los
pueblos indígenas cometidas en nombre de la conservación, como el
desplazamiento forzoso debido a la creación de reservas de caza en
África, tuvieron lugar antes de la década de 1980. En muchos países, el
persistente legado de estas violaciones sigue menoscabando el ejercicio
de los derechos de los pueblos indígenas, señala el compendio.
Un trabajo de 29 cuartillas, subraya que entre las consecuencias
sufridas a raíz de su desplazamiento forzoso de zonas protegidas destaca
la marginación, la pobreza, la pérdida de medios de vida, la
inseguridad alimentaria, las ejecuciones extrajudiciales, la ruptura de
sus vínculos con lugares espirituales y la negación de acceso a la
justicia y la reparación.
Al respecto, los tres Relatores Especiales han expresado su grave
preocupación por la repercusión que han tenido las zonas protegidas en
los pueblos indígenas de numerosos países, como la Argentina, Botswana,
Chile, el Ecuador, los Estados Unidos de América, Etiopía, la Federación
de Rusia, Honduras, Kenya, México, Namibia, Nepal y Sudáfrica.
Las zonas protegidas siguen ampliándose, pero al mismo tiempo
aumentan las amenazas contra ellas procedentes de la industria
extractiva, el sector energético y los proyectos de infraestructura, por
lo que es sumamente urgente hacer efectiva la conservación eficaz,
colaborativa y a largo plazo.
Para la Relatora Especial, el pleno reconocimiento de los derechos de
los pueblos indígenas sobre la tierra y su participación son
condiciones esenciales necesarias para que la conservación continúe.
Tauli–Corpuz, está convencida que el cumplimiento del Plan de Acción
de Durban, en el que se indica que todas las zonas protegidas, presentes
y futuras, se gestionarán y establecerán respetando plenamente los
derechos de los pueblos indígenas, y la Visión de Sídney, en que se
prometió que se trataría de rectificar y remediar las injusticias
pasadas y presentes en cumplimiento de los acuerdos internacionales,
puede hacer efectivo el paradigma de la conservación basada en los
derechos humanos.
En su recomendación a los Estados, llama a los gobiernos cumplir con
la obligación de consultar a los pueblos indígenas y obtener su
consentimiento libre, previo e informado antes de emprender iniciativas
de conservación que puedan afectar a sus derechos.
La especialista pide prestar apoyo a los pueblos indígenas para que
formulen y sostengan sus propias iniciativas de conservación e
intercambiar con ellos experiencias de gestión de esas iniciativas.
Ello, dice, permitirá aprender de las medidas de conservación
tradicionales de los pueblos indígenas y transferirles a éstos,
habilidades técnicas para que participen en la gestión de las zonas
protegidas.
En la 33ª sesión del Consejo de Derechos Humanos que se celebra en
Ginebra, México reconoce que los acuerdos internacionales de inversión
podrían tener serios impactos en los derechos de los pueblos indígenas, y
por eso es importante que los Estados la designación de expertos
versados en los derechos de los pueblos indígenas para analizar este
tipo de acuerdos.
Ahí mismo en el Palacio de Naciones de la ONU en Ginebra, Victoria
Tauli-Corpuz, dijo que su primera recomendación fue que los Estados
tomen medidas para aplicar la Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas. En segundo lugar, se insta a los Estados a mirar sus
propias leyes, para ver si los que aún estaban discriminando a los
pueblos indígenas. En tercer lugar, se refirió al documento final de la
Conferencia Mundial, que también ha de ser aplicada.
Para Victoria Tauli-Corpuz, el aumento de la violencia en los territorios indígenas no debe aceptarse.
La única manera de evitar los despojos es reconociendo los derechos
ancestrales de los pueblos indígenas, enfatiza la Relatora Especial.
Acceda el informe en el siguiente enlace:
Imagen: Copinh
Imagen del conflicto generado por el proyecto Agua Zarca
Mujeres de Cajamarca subiendo a la laguna El Perol. Foto: Salva la selva