Minería asecha a los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana

Hace muchos años, la vasta riqueza de la Amazonía atrajo a grandes empresas extractivistas para explotar la misma. Entre los que se sienten llamados a esta actividad están los mineros que, como focos de infección en lugares calientes, se irradian en distinos puntos de esta región. La amazonía venezolana no es la excepción de este mal y actualmente sufre las consecuencias de la extracción minera que atenta los derechos de la madre tierra y de los indígenas que la habitan, quienes muchos de ellos perdieron la vida por su causa.
Pasaron 24 años de la “Masacre de Haximú”, en la que fueron asesinados 16 indígenas Yanomami por mineros ilegales brasileros, llamados garimpeiros, en el extremo sur-este del estado Amazonas, Venezuela. Ese asesinato develó la presencia violenta e incontrolada de cientos de mineros ilegales provenientes de Brasil, presencia que pese a ese hecho no fue controlado por el Estado venezolano, pues en la actualidad hay evidencias de garimpo en toda la zona del Alto Ocamo, en el Siapa y en otras zonas del extremo sur-este de Venezuela, tal como relata el libro “Minería en la Amazonía Venezolana” de Luis Jesús Bello y Aimé Tillett [accesible en http://laboratoriosdepaz.org/wp-content/uploads/2016/08/Mineri%CC%81a-en-la-Amazoni%CC%81a-Venezolana.pdf].
Esa investigación, promovida por el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía (Wataniba) junto con la Red Jurídica Amazónica (RAMA), no solo habla de la minería ilegal sino también muestra la ejecución de la nueva política minera del Estado venezolano, promovida desde 2011 por el Gobierno de Hugo Chávez y ratificado por Nicolás Maduro. Dicha política incluye exploración y explotación de minerales como oro, diamante u otros meales preciosos al sur del Orinoco, con el megaproyecto del Arco Minero del Orinoco.
Megaminería desde el Estado
El Arco Minero del Orinoco abarca una zona de 114 mil kilómetros cuadrados en el sureste de Venezuela, en el estado Bolívar, convirtiéndola en el complejo minero más grande del país caribeño. Llega a algunas comunidades de los estados de Amazonas y Delta Amacuro. Atraviesa selvas como Imataca, La Paragua y El Caura, que en conjunto hacen más de ocho millones de hectáreas, además de las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní, de acuerdo con el texto "El Arco Minero del Orinoco: ambiente, rentismo y violencia al sur de Venezuela" por Carlos Egaña.
Este proyecto fue activado en febrero de 2016 por el Gobierno de Nicolás Maduro y forma parte de las 15 propuestas impulsadas parasa salir de la crisis económica. En éste está contemplada la participación de diferentes países, entre ellos China, y de 150 empresas trasnacionales. Asimismo, es parte del Plan de la Patria 2013 - 2019, propuesta de Gobierno de Maduro, acorde con las metas establecidas en el Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Si bien, dicho Plan habla de “salvar el Planeta y a la Humanidad”, la mayor parte de su contenido revela una profundización superlativa del modelo económico-político primario, extractivista y rentista basado en el petróleo y la minería, explica el prólogo del libro “Minería en la Amazonía Venezolana”, escrito por el antopólogo y rector de la Universidad Experimental Indígena del Tauca, Esteban Emilio Mosonyi. Allí se señala que el Plan de la Patria casi no habla de los pueblos indígenas y menos todavía de sus derechos constitucionales. “Sus tierras, partiendo de la nueva lógica extractivista y ultradesarrollista, ya no podrían ser demarcadas ni tituladas”, asevera. De ese modo, con el proyecto de Orinoco “se intenta ampliar el espectro del anclado rentismo petrolero, pasando a un extractivismo minero generalizado, y esto no sólo a costa de las graves consecuencias ambientales, sino de las amenazas a la vida colectiva de los pueblos indígenas”, señala la presentación del libro.
La exploración de los territorios del Arco Minero incidirá de manera directa en los territorios indígenas de 12 pueblos como los yekuanas, piaroas, pemón, arawak, piapoco, entre otros, a quienes no se hicieron consulta previa tal como establece a Constitución de Venezuela según denunció la ex ministra de Ambiente del gobierno de Hugo Chávez, Ana Elisa Osorio, en su ponencia en el Seminario "Claves para la Reconstrucción del Proyecto Nacional". Asimismo, Osorio explicó que este proyecto no cuenta con un estudio de impacto ambiental, y que además de afectar a las cuencas y a los bosques provocará el desplazamiento de los indígenas. Por ese motivo, en noviembre de 2016, activistas señalaron en una AUDIENCIA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su preocupación por las consecuencias y la afectación a los derechos humanos.
Similar experiencia se dio con la explotación ilegal de coltán, al suroeste del estado Bolívar y norte del estado Amazonas, que según denuncias tuvo un fuerte impacto ambiental -al igual que en otras partes del mundo- en toda la cuenca del río Parhuaza, habitado por Piaroas y otros puebos indigenas. De ahí, el temor de los críticos del proyecto del Orinoco., quienes señalan que si la minería artesanal trajo consecuencias catastróficas para esas comunidades, “la amenaza megaminera se impone como una sentencia de muerte” de los indígenas de la Amazonía venezolana.
¡Agua sí, mina no!
¡Vida sí, mina no!

 Movimiento Regional por la Tierra y Territorios

Venezuela: Comunicado ecofeminista versus el extractivismo minero en la Orinoquia

Territorialicemos la lucha a favor de los pueblos indígenas y los derechos de la Orinoquía

El patriarcado le hace a nuestros cuerpos lo que las economías extractivistas y capitalistas le hacen a nuestros territorios. -Declaración del XIII Encuentro Feminista de América Latina y del Caribe, Perú, noviembre de 2014-
No solo de renta vive el hombre.
Desde el imperativo ético político que nos demanda este tránsito del modelo rentista extractivista hacia el buen vivir y la defensa de los derechos de la Tierra, los grupos de mujeres organizadas, ecofeministas en resistencia y lucha versus el avasallante sistema mundo del capitalismo depredador, analizamos y exponemos nuestras mejores razones para alertar sobre las consecuencias que conllevaría desarrollar el Motor Minero y los proyectos extractivistas de minería a gran escala que se plantea el gobierno venezolano desde el llamado Arco Minero del Orinoco.
Desde inicios de nuestra historia republicana, específicamente, a partir de la segunda parte del siglo XIX, la élite que gobernaba Venezuela otorgó diversas concesiones mineras. La concedida al estadounidense Joseph B. Austin en 1866, se convirtió en modelo de otras concesiones en Guayana, cuya compañía minera “El Orinoco”, fue una de las primeras en introducir maquinarias para la explotación de oro. A partir de 1870, se incrementaron las concesiones y se organizaron seis grandes compañías: “la Compañía Minera ‘El Callao” (capital nacional y francés, considerara una de las principales empresas auríferas del mundo a finales del siglo); la “Venezuela Austin Mining Co.” (inglesa); “la Yuruari, Ltd.” (inglesa); “Potosí” (inglesa); “Choco Gold Mining Company” (inglesa) y; “El Callao-Bis” (inglesa). Esta moderna forma de explotación aurífera propició que en nuestro país se desarrollaran políticas monopólicas favorables al capital foráneo en materia de transporte y comunicaciones.
El tipo de acuerdo que se estableció con las compañías extranjeras en la segunda mitad del siglo XIX, tuvo su máxima expresión en el Protocolo Rojas-Péreire firmado en 1879, durante el gobierno de Guzman Blanco. Sus términos eran tan dañinos para la soberanía nacional que se enfrentó a la oposición de sectores económicos y políticos importantes, lo que impidió que éste se concretara. Nos atrevemos a afirmar que en el presente asistimos a la reactualización de las nefastas concesiones del periodo guzmancista, época en la que la élite creía que el flujo de capitales extranjeros era el remedio para todos los males y el motor del progreso.
Como vemos, este proceso en el que desemboca el Arco Minero tiene antecedentes históricos que no ignoramos y debemos incluir en el análisis para clarificar y ampliar la compresión de los alcances de estas operaciones técnicas y sus repercusiones en un potencial conflicto socioambiental de proporciones inusitadas. Con el fin de impulsar el Motor minero, el Ejecutivo ha firmado estas concesiones con 150 empresas de 35 países y aún se desconocen los términos de esta negociación.
Ante todo esto nos preguntamos: ¿Cuándo fuimos debidamente informadas sobre esta importante operación de concesionar nuestra más importante cuenca hidrográfica con 150 empresas de 35 naciones? ¿Cuándo fueron consultadas todas las comunidades indígenas que viven en la región, tal como lo ordena la constitución y Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas? ¿Qué pasó con la obligación del Estado de garantizar los derechos de las poblaciones indígenas? ¿Cuándo se realizaron los estudios de impacto ambiental que exige nuestro marco legal?
La sigilosa estrategia de activación del Motor Minero concesionando casi el 12% de nuestro territorio, corresponde tácticamente a las negociaciones vinculadas con la codicia y avaricia corporativista sin límites de los capitales transnacionales, que colocan el acceso a los “recursos naturales” como un problema de seguridad nacional para las grandes potencias y el aparato militar-industrial global, que requiere garantizar la disponibilidad de minerales estratégicos que consideran vitales para darle sustentabilidad a su poder hegemónico. Este contexto de guerra no convencional nos coloca en el ojo del huracán, con inmensas reservas de crudo extrapesados, agua dulce y materias primas más importantes del orbe, todo en el mismo territorio. En el tratamiento de los llamados “recursos naturales” y particularmente su raíz económica está la fuente de todos los conflictos, tal como lo describe Vandana Shiva.
Actualmente, el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha emprendido, dentro de esta lógica del capitalismo rentístico extractivista, la marcha acelerada de unos proyectos que ponen en serio riesgo, como nunca antes, nuestro bienes comunes más preciados -el agua, la biodiversidad y el delicado equilibrio de nuestros ecosistemas a lo largo y ancho de nuestro territorio y más allá, costa afuera- con los modelos de negocios para la diversificación de la economía, basados en la explotación de las fajas minera, petrolera y pesquera bajo las figuras de las Zonas Estratégicas de Desarrollo Nacional (ZEDN) y las Zonas Económicas Especiales (ZEE), contenidas en la Ley de Regionalización Integral (LRI) aprobada en noviembre de 2014. El investigador Emiliano Terán Mantovani ha enumerado los principales proyectos extractivistas planteados por el Gobierno Bolivariano a la fecha: el Arco Minero (estados Bolívar y Amazonas), con sus cuatro bloques diferenciados por su potencial y definidos por colores: azul para el coltán, amarillo para el oro; marrón para el hierro y color perla para el diamante, que comprenden 111. 843 km2, a los que hay que sumar 55.314 km2 dela Faja Petrolífera del Orinoco. Además, están los proyectos Rafael Urdaneta y Mariscal Sucre de Gas Off Shore (29 bloques desde el Golfo de Venezuela hasta noreste del estado Falcón); Carbozulia en la zona noroccidental del estado Zulia, que prevé apertura de nuevas minas con la afectación de los ríos Socuy, Maché y Cachirí; Lomas de Níquel para extracción de yacimientos a cielo abierto en los estados Aragua y Miranda; y la Faja Pesquera Acuícola de Venezuela en el eje norte costero de las fachadas atlánticas y caribeñas, con producción pensada para consumo interno y exportación de pescado para la generación de divisas.
Somos conscientes de que el complejo militar industrial, las transnacionales mineras y los especuladores financieros tienen absoluta indiferencia por el debate ecológico, ni siquiera por el papel de resistencia de las comunidades y pueblos que protestan y rechazan lo que consideran una amenaza a la continuidad de la vida en el planeta y mucho menos si nuestros Estados nacionales vigilan o garantizan el cumplimiento de las normas ambientales.
La región nuestramericana y caribeña donde nos encontramos posee el 40% de la biodiversidad del mundo, reúne ocho de las 25 ecoregiones terrestres biológicamente más ricas del planeta; que contienen 246.000 especies de plantas, 1.597 de anfibios; 1.208 de reptiles, 1.267 de aves y 575 de mamíferos. El 41,9% de Nuestramérica está cubierto de bosques naturales. Los 12 países que conforman UNASUR representan el más grande reservorio de recursos naturales del mundo: el 26 % de agua dulce del mundo, el más grande pulmón vegetal con la más importante reserva forestal, y todos los minerales, inclusive los elementos no despejados o descubiertos de la tabla de Mendeleiev, están en nuestros suelos. Estos datos son importantes ponerlos en contexto junto a los planes que el capitalismo, la financiarización y mercantilización global vienen planteando para nuestras economías vulnerables, poco desarrolladas, que acrecientan nuestra dependencia de distintos mecanismos disfrazados de cooperación internacional: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, (NAFTA, 1994); el Plan Puebla Panamá (2001); y los Ramales y Conexiones Regionales Complementarios para Conformar la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM); la Iniciativa Mesoamericana de Interconexión Energética basado en el ALCA; el CAFTA con sus peligrosos capítulos de Inversiones, Medioambiente y Propiedad Intelectual (2002-2006); sus organismos como el CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones) cuya sede comparte con el Banco Mundial (BM); el ACA (Acuerdo de Cooperación Ambiental) con USA para el “crecimiento del comercio e inversión de bienes y servicios ambientales” y los conocidos Tratados Bilaterales de Libre Comercio (TLC), los recientemente firmados tratados de Alianza del Pacífico (extensión del TransPacific Partnership o TPP), y el Trade In Services Agreement (o TISA), todos éstos operan bajo el principio de deuda por naturaleza, cosificando y mercantilizando nuestros bienes comunes, manejándolos como commodities, vulnerando nuestras soberanías y aumentando nuestra dependencia, puesto que subordinan nuestros Estados Nacionales y marcos jurídicos a una legislación global.
El tema de la soberanía sobre nuestros territorios –como con nuestros cuerpos- nos ha colocado, de acuerdo con la visión del capitalismo heteropatriarcal, en minoría de edad, sin poder de decisión y con una voz reducida al eco de la queja. Así es percibida la naturaleza, el espacio territorial y político es una vacante donde los modelos negocios, explotación e intercambio prosperan, invisibilizando y anulando los conflictos socioambientales que estallan cíclicamente de manera dramática, pues cobran la vida de las mujeres y la infancia arrasada por las políticas del capitalismo globalizado. El Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) y la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA) no está desligado de estos planes que pretenden expandir los alcances del Arco Minero y la Locomotora Minera (Colombia), con cuyas cuencas hidrográficas compartimos históricas relaciones carnales, culturales y comerciales. La sequía, la destrucción de la vida orgánica, el paramilitarismo, el contrabando, el secuestro, el asesinato, el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas, la violencia sexista, la prostitución y trata de personas, así como la militarización y el fenómeno de la guerrilla y el hampa común son algunos de los macabros productos del negocio de la extracción minera.
Asimismo, las cifras divulgadas en varios estudios demuestran que, entre los humanos, las mujeres pobres no blancas son las más afecta-das por la destrucción del ambiente y sus consecuentes catástrofes naturales. Asimismo, la actividad minera afecta directamente la vida de las niñas, las adolescentes y las mujeres indígenas y criollas, quienes están expuestas a la bio-acumulación de mercurio, la explotación  laboral, el alcoholismo y la aculturación; son las principales víctimas de la violencia sexista, especialmente la sexual, están expuestas a enfermedades de transmisión sexual y son empujadas desde la infancia a la prostitución y trabajo forzado. Esta serie de agresiones se realiza con la participación de los militares y autoridades locales, amparados en la indiferencia del Estado.
Sin embargo, las mujeres indígenas y mestizas no han sido simples víctimas. Como resultado de su propia experiencia, las mujeres son dueñas de una mayor conciencia y visión de que el deterioro de la naturaleza y de sus recursos desemboca en el deterioro de la vida. Muchas se han sobrepuesto valientemente a esta constante coacción sexista y se han convertido en las principales protagonistas en la lucha por construir, a riesgo de sus vidas, un tipo diferente de lazo social y otro modelo de relación con la naturaleza y los seres vivos, como lo demuestran las figuras de Berta Cáceres y Máxima Acuña.
Las mujeres venezolanas, quienes hemos sido las más afectadas por la llamada guerra económica que vive el país, hemos jugado un papel fundamental en los partidos políticos, hemos liderado los diversos movimientos de base y las numerosas misiones sociales impulsados por el Gobierno bolivariano. Por lo tanto, hemos acumulado una amplia experiencia organizativa que se ha traducido en el fortalecimiento del trabajo en colectivo.
Las mujeres hemos sufrido durante muchos años todas las formas de violencia generada por la metástasis sexista neoliberal, asimismo, hemos sentipensado la amenaza a todas las formas de vida en el planeta generada por el capitalismo patriarcal. El ecofeminismo nos ha permitido adquirir una conciencia ética y política del papel protagónico que hemos jugado las mujeres como defensoras y protectoras de todo tipo de vida orgánica. También nos ha llevado a explorar los complejos vínculos entre el sistema patriarcal y sus distintas formas de violencia, incluida la dirigida hacia la naturaleza. Además de ubicar en el actual sistema capitalista global tanto las causas de la destrucción acelerada de nuestros ecosistemas como el despojo del conocimiento acumulado por nuestras diversas comunidades indígenas.
En ese sentido, consideramos que una de nuestras más urgentes acciones es detener el avance del demoledor Motor Minero, que es la expresión más reciente de la explotación y penetración sin fin de la naturaleza, y un hito más del “mal desarrollo” occidental. Si se llega a poner en marcha el Motor Minero y el proyecto del Arco Minero del Orinoco, con la llegada de 150 empresas transnacionales, el proceso de deterioro de todas las formas de vida se acelerará y acabará con la diversidad cultural, al afectar directamente el hábitat y exterminar las formas de vida de las distintas comunidades y pueblos indígenas ubicados en la zona.
Las ecofeministas exigimos una inmediata moratoria de esta negociación de una magnitud que no dudamos en calificar de ecocidio y que no tiene precedentes en la historia de la Venezuela republicana. Esta demanda esta sustentada en nuestro conocimiento de la historia económica y política de nuestro país y en la toma de consciencia de los irreversibles efectos del extractivismo minero en los diferentes ecosistemas y en la soberanía de nuestros países. Las consecuencias son abisales, por eso extraña que las y los venezolanos no hayamos sido consultados, mucho menos informados, sobre los términos de esta negociación.
Por estas razones, el reclamo incluye el llamado a que el gobierno venezolano, en correlación con los principios de la Constitución Bolivariana, promueva el diálogo sobre el Motor Minero. Un  diálogo que no debe temer al debate y mucho menos a la escucha de lo que tenemos que decir las mujeres organizadas. Este es el momento propicio para abrir la discusión franca sobre otras formas de producción que den resultados sostenidos y sustentables a largo plazo, y para deliberar sobre un modelo económico diferente que no comprometa la soberanía, a la vez que se desprenda de la lógica de destrucción de la naturaleza y de las formas de vida de las distintas poblaciones que habitan las regiones afectadas.
Las ecofeministas tenemos mucho que aportar a esta discusión, pues hemos desarrollado un sólido aparato teórico que va desde la crítica a los presupuestos detrás de la tecnociencia, la filosofía moral tradicional, la economía política hasta las propuestas de soluciones alternativas al modelo actual de dominio de la naturaleza. Además, tenemos una creciente experiencia organizativa que ha servido de modelo para todos aquellos que luchan por un mundo diferente.
La amenaza de extinción de uno de los ecosistemas más importantes del planeta, incluido el cuarto río más caudaloso del mundo, el Orinoco, la destrucción de la megabiodiversidad para el equilibrio planetario, el inevitable deterioro de la vida de los campesinos, la ampliación de distintas actividades criminales relacionadas con el extractivismo, el incremento de la violencia dirigida hacia las niñas, adolescentes y ancianas indígenas, así como el posible etnocidio de las comunidades y los pueblos indígenas pemón arekuna y pemón taurepang, sanema, ye ́kwana, mapoyo, piaroa, hiwi, e ́ñepa, kariña y akawaio, nos autoriza a hacer este urgente llamado y a plantear nuestras exigencias.
¡Por la impostergable utopía ecofeminista: exigimos respeto para todas las formas de vida! ¡Cantemos a la vida! ¡No a la mina, sí a la vida!
LaDanta LasCanta Grupo de Investigación y Acción
ladantalascanta@gmail.com
@LaDantaLasCanta
https://www.facebook.com/La-Danta-Lascanta-Grupo-Ecofeminista
fuente: http://www.rebelion.org/docs/212954.pdf

Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas: La difícil construcción de autonomía para las luchas indígenas

J.G. Díaz, D.L. Dacosta y B. Arana de Díaz
* Resumen extraído del texto "Sistematización de experiencia: Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas, ORPIA (1993-2015)", incluido en la compilación "Experiencias positivas de participación comunitaria", producida en CD por PROVEA, Caracas, 2016.
La Organización Regional de los Pueblos Indígenas del estado Amazonas, ORPIA (Venezuela) es una organización creada y legalmente constituida en el mes de
septiembre del año 1993 mediante el Congreso Regional convocado por los 19 pueblos indígenas que habitan en esa entidad federal.

Esta organización tiene como principal objetivo materializar los ideales de los pueblos indígenas para preservar su identidad biopsico-social, histórico y cultural. La finalidad es fijar líneas gruesas de acción en las áreas de: Territorio, Educación, Ciencia y Tecnología, Protección Ambiental, Derechos Humanos, Salud, Investigación, Mujer y Familia, Documentación e Información y otras áreas, en pro del bienestar, progreso y desarrollo armónico de las etnias de Amazonas.

I Congreso de ORPIA, (1993 -1995): Entre el 06 al 12 septiembre de 1993, se celebró el Primer Congreso de los Pueblos Indígenas de Amazonas, en la Casa Comunal (Churuata) de la Escuela Básica de Paria Grande. Participaron más de trescientos sesenta (360) delegados de diferentes etnias: Baniva, Baré, Curripaco, Jivi, Joti, Panare, Piapoco, Piaroa, Puinave, Saliva, Warekena, Yabarana, Yanomami, Yekuana y Yeral, “Con el fin de discutir y plantear soluciones para los principales problemas que nos aquejan, un grupo de indígenas de diferentes etnias nos planteamos la posibilidad de realizar en el Estado Amazonas, un encuentro genuinamente indio”. Para la realización de este foro indígena se preparó un temario sobre los aspectos que más nos preocupan y afectan: (1) Tenencia de la tierra, (2) Salud, (3) Educación, (4) Modelos alternativos para el desarrollo económico indígena, (5) Protección del ambiente y de los recursos naturales, (6) Estado de la organización indígena en el estado y (7) Derechos humanos.

II Congreso de ORPIA. (1995-1998): Se realizó entre los días 3 a 9 septiembre 1995, en Escuela Granja de Paria Grande, con el objeto de conformar la nueva junta directiva:

III Congreso de ORPIA, (2002 -2003): Celebrado De 12 a 15 septiembre 2000, en el Tobogán de la Selva, municipio Atures del estado Amazonas, con una participación de 500 delegados o representantes indígenas de los 19 Pueblos. Este tercer congreso será un espacio de dialogo centrado hacia los temas relevantes para este proyecto de vida, los cuales son: la participación política indígena en el nuevo marco Constitucional; la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indigenas; “La educación y salud: Un compromiso con la identidad y la vida de nuestros pueblos”; la demarcación de los Territorios Indigenas; “La Mujer indígena como protagonista de un cambio constitucional en Venezuela”; la aplicación de la Justicia Indigena; Desarrollo Económico con Identidad, Reflexiones sobre la situación de ORPIA. Es importante destacar que en este Congreso participan formalmente organizaciones locales y municipales, constituidas legalmente durante todo el proceso de creación de ORPIA e incluso mucho antes de 1993.

IV Congreso de ORPIA (2003 – 2006): Realizado en los días 9 a 11 septiembre 2003, Tobogán de la selva. Municipio Atures – Amazonas, se sometió a la consideración del congreso como máxima autoridad de la organización para reestructuración de ORPIA.

V Congreso de ORPIA, (2007-2009): 23 al 26 Febrero 2007, Isla de Ratón, Municipio Autana -Amazonas.

VI Congreso de ORPIA, (2013-2016): Realizado en los días 14 a 15 septiembre 2013, en Puerto Ayacucho, estado Amazonas. Conjuntamente
con sus autoridades legítimas, representados por los 20 pueblos y comunidades indígenas de Amazonas y sus organizaciones de base. Con la finalidad de: Analizar el papel de organizaciones indígenas ante la situación actual del país y elección de nueva junta directiva. También estuvo presente la coordinación general de COICA.

Organizaciones indígenas bases a ORPIA

1. Organización IndígenaUwotjuja del Sipapo – OIPUS
2. Organización Ye^kuana de Alto Ventuari – KUYUNU
3. Organización Indigena Jivi Kalievirrinae – OPIJKA
4. Organización Indigena de Rio Negro – UKYIABYRN
5. Organización Indigena Yabarana de Parucito – OIYAPAM
6. Organización de Mujeres Indigenas de Autana – OMIDA
7. Organización Yanomami – HORONAMI
8. Organización de Maestros Piaroas – Mädoyä Huärijjä
9. Organización Ye^kuana del Alto Orinoco - KUYUJANI ORIGINARIO
10. Organización Indigena del Pueblo Indigena Raíces baniva.
11. Organización Kurripaco, Baniva, Warequena y Yeral – KUBAWY
12. Organización Pueblo Indigena Barè de Amazonas – OPIBA
13. CABILDO INGA
14. Red de Jóvenes Indigenas de Amazonas
15. Organización Piaroas de Manapiare
16. Organización Piaroas del Cataniapo Reyö Ajë - OPUHJ
17. Organización Indigena Hoti de caño Iguana.
18. Movimiento político Multiétnico de Amazonas – PUAMA
19. Organización Comunidades Indigenas sector Parhuaza – OCIUSPA

Balance

- Politización, división, retrocesos: 2003-2012

Este tema no ha sido nuevo para los Pueblos Indigenas, ya que desde la creación de los Estados Nacionales para hablar solo desde esa etapa hasta el día de hoy hemos sido testigos de procesos democráticos, antidemocráticos y discriminatorios, de políticas públicas importantes pero también de planes politiqueros totalmente nocivos. En este espacio, de manera muy general, a manera de autocrítica y reflexiva queremos expresar la vivencia de una organización indígena originaria que siendo muy respetada y combativa, también tuvo que conocer estos caminos difíciles que aún está luchando por superar, para ello es necesario como destacar varios hechos importantes que marcaron esta etapa:

1.- 20 de Marzo de 1998. Primer encuentro entre el movimiento indígena organizado en CONIVE con el candidato a la presidencia Hugo Chávez, en esta reunión, la propuesta fue incluir definitivamente los derechos de los pueblos indígenas en una nueva constitución y allí las organizaciones indígenas que no estaban de acuerdo en participar activamente en la política partidista decidieron apoyar con el objetivo de ser reconocidos constitucionalmente y ejercer los derechos negados en la constitución de 1961.

2.-Participacion en el Proceso Constituyente de 1999. Una vez logrado el objetivo de apoyar al nuevo presidente de la Venezuela HugoChávez,se convoca a un proceso constituyente y luego de una impresionante movilización de los Pueblos Indigenas de Venezuela se aprueba la nueva constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Capítulo VIII de los derechos indígenas, pero allí ocurrió algo que fue la elección de los representantes indígenas ante la Asamblea Nacional Constituyente y si es bien cierto que los representantes electos fueron de CONIVE: Noeli Pocaterra, José Luis González y Guillermo Guevara (ORPIA) como toda elección también genero una nueva división en todos los estados con población indígena y también inició, para bien y para mal, las aspiraciones políticas a seguir representando a los indígenas en espacios de poder nacional, regional y local.

3.-Participacion en las elecciones generales del año 2000. Con la creación del PUAMA,en 1998 y la aprobación del artículo 125 de la CRBV,que garantiza la participación política de los pueblos indígenas, el liderazgo indígena de ORPIA, se lanzó con éxito, a las conquista de espacios políticos que antes eran ocupados exclusivamente por los partidos políticos de turno y el Indigena era solamente un elector, es así que en la primera junta directiva de ORPIA hasta la de 2007, los líderes más importantes pasaron a ser autoridades Indigenas políticas electas y la organización en cada proceso electoral quedaba más disminuida en su equipo de trabajo, es así como directivos de ORPIA, como Bernabé Arana (tres períodos como alcalde),Guillermo Guevara (Constituyente y diputado a la Asamblea Nacional) Daniel Guevara, Guillermo Arana(diputados regionales) Benjamín Pérez (Alcalde) se apoyó a Liborio Guarulla como candidato a la Gobernación resultando electo, por supuesto que la relación se mantenía con las organizaciones Indigenas en apoyo a la actividades de la ORPIA pero las agendas eran distintas.

4.-Division en CONIVE Y COICA. El VII Congreso General de la COICA, se inauguró el 27 de junio de 2005, con las palabras del Coordinador General saliente, Sebastián Manchineri explicando que el Vice Coordinador estaba realizando paralelamente en Guyana Francesa otro congreso de la COICA, al año siguiente. A este evento, se suma el proceso electoral para escoger al candidato de la Región Sur a la Asamblea Nacional con Guillermo Guevara como candidato de ORPIA a la reelección y Nicia Maldonado como candidata de FUNDACIDI, luego de desconocer los resultados del CONIVE, donde salió electo el Jivi Guillermo Guevara. En diciembre de 2005, sale electa la candidata de Fundacidi agudizando definitivamente la división en el Estado Amazonas que se mantiene actualmente en lo político y organizativo. Durante esas mismas elecciones Gregorio Mirabal es electo como Diputado Suplente a la Asamblea Nacional.

El 24 de marzo de 2006, el V Congreso nacional de CONIVE estuvo signado por la ausencia de la Coordinadora Nacional electa en el IV Congreso, la dirigente indígena Yekuana Nicia Maldonado que también estaba convocando otro congreso paralelo de la misma organización,en este Congreso es electa Noely Pocaterra, actual Coordinador del CONIVE. En todos estos dolorosos eventos estuvo involucrada Orpia, tomando decisiones y participando,la historia venidera juzgara si fue acertada o no,pero a partir de allí se iniciaron procesos de pugnas internas entre Indigenas paridos en las organizaciones que luego fueron al ejecutivo nacional y regional como funcionarios de alto nivel, y dirigentes Indigenas en diferentes espacios como autoridades electas popularmente que defendieron tenazmente a uno u otro grupo paralizando muchas de las conquistas obtenidas anteriormente.

- Nuevos escenarios, nuevas luchas, retos para el futuro: 2010-2020

Ante la situación generada por lo anteriormente expuesto, la creación del Ministerio Indigena como un ente para la asistencia y no para los pueblos, los consejos comunales Indigenas y nuevas estructuras Indigenas promovidos por el MINPI con el objetivo de desaparecer a las organizaciones Indigenas especialmente de Amazonas, se empezaron a dar reuniones entre asesores y líderes fundadores de ORPIA para ver de qué manera los Pueblos y Organizaciones Indigenas recuperaran su autonomía frente al Estado ya que había una cooptación del liderazgo comunitario a través del estos nuevas figuras creadas y construir una agenda propia en base a la realidad que en ese momento estaba pasando y que les permitiera asumir la defensa necesaria de los derechos de los pueblos indígenas de Amazonas, trataremos de resumir de la siguiente manera:

1.- Creacion de la COIAM, como espacio para el debate y la articulación de las organizaciones indígenas en base a una agenda propia. Se dieron las primeras reuniones
abiertas para fijar posiciones ante temas relevantes como la demarcación de hábitat y tierras, la minería ilegal. Paralelamente se convoca a los miembros fundadores de ORPIA y se analiza la situación de desmovilización de la directiva (3años vencido el periodo) y abandono de las instalaciones de la sede principal. En esta etapa se levanta con mucha fuerza la organización indígena yanomami HORONAMI en el Municipio Alto Orinoco y La organización Yekuana KUYUNU del alto Ventuari,Municipio Manapiare.

2.- Conformacion del Comité Organizador del VI Congreso Ordinario de ORPIA, Realización del Congreso y participación en Congreso COICA. El Coordinador fundador Guillermo Guevara asume la coordinación de la convocatoria al Congreso conjuntamente con Antonio Camico como vice coordinador de la directiva saliente, se realiza satisfactoriamente en el mes de septiembre de 2103 con la participación de Edwin Vazquez, Coordinador General de la COICA y se participa en el IX Congreso Ordinario de la COICA, 16 y 17 de diciembre de 2013. En este Congreso ORPIA actualiza su agenda internacional con la participación de Guillermo Arana en la nueva Junta Directiva de COICA.

Nuevamente intentar caminar con agenda indígena y con las organizaciones de base. Con el impulso de la COIAM y el VI Congreso de ORPIA, se asume una agenda conjunta Indigena propia, se incorporan nuevas organizaciones y se trabajan temas de acuerdo al siguiente plan:
1.- Planificacion a inicios de año (Enero 2014, 2015 y 2016).
2.- Comisiones de trabajo: Territorio y demarcación, Ambiente y Minería, EducaciónIntercultural, Indigena y Bilingüe, Salud y Formación
3.- Pronunciamientos y comunicados sobre temas que afectan la vida de los Pueblos Indigenas de Amazonas...
4.- Mesas de trabajo con el Gobierno Nacional: Encuentro con el Vicepresidente ejecutivo de la república bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza y entrega de un documento planteando la necesidad de activar nuevamente el proceso de demarcación y la actuación del Estado ante la situación de los Pueblos Indigenas afectados por la minería ilegal. 7 de octubre de 2015.
5.-Talleres de Formación

Actualmente planificando la visión y acción sobre el año 2016, la preparación del VII Congreso Ordinario de ORPIA y estableciendo las líneas de trabajo que proponen las organizaciones de base.

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Indígenas rechazan activación del Arco Minero del Orinoco

Prensa PROVEA
Gregorio Mirabal, coordinador general de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA) expresó el rechazo y la preocupación de las organizaciones y comunidades indígenas de la Amazonía venezolana ante la reactivación del plan Arco Minero del Orinoco, y la entrega de concesiones a empresas nacionales y transnacionales para la exploración y explotación de oro, coltán, bauxita y otros minerales, en territorios habitados ancestralmente por los pueblos originarios, violando el derecho a la consulta previa, libre e informada y amenazando el hábitat, la cultura y los modos de vida de los pueblos indígenas.
“Nos afecta el pronunciamiento del Presidente de la República Nicolás Maduro, cuando expresó ante el país la reactivación del Arco Minero que afecta a toda la región de Guayana y ahí estamos los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana. Nos afecta porque se está hablando de una explotación minera, de extractivismo, de la búsqueda de recursos a un alto costo para nosotros. ¿Por qué?, porque significa la destrucción de los bosques, de las cuencas hidrográficas de los ríos más importantes de la Amazonía venezolana”, manifestó Mirabal.

El Ejecutivo venezolano anunció el pasado 24.02.2016 la reactivación del Plan Arco Minero del Orinoco, para hacer frente a la caída de los ingresos provenientes de la renta petrolera, profundizando el modelo extractivista y contradiciendo las propias afirmaciones del Presidente Nicolás Maduro sobre la construcción de un “nuevo modelo productivo en el país”. El plan contempla la explotación de alrededor de 200 millones de toneladas de bauxita y un aproximado de 44 mil toneladas de oro y diamante, entre otros minerales como el coltán. En un evento realizado en la sede del Banco Central de Venezuela, el ente y la estatal petrolera PDVSA, junto al al Ministerio de Petróleo y Minería, presentaron un plan de inversión a 150 empresas transnacionales y nacionales para la exploración en el llamado Arco Minero del Orinoco ubicado en la zona norte del estado Bolívar y noreste del estado Amazonas, entidades en las que habitan la mayor cantidad de pueblos indígenas del país.

Además el Presidente Maduro firmó el decreto del Plan de Cuantificación y Certificación de Reservas de los principales minerales que se encuentran en el Arco y que prevé certificar tres áreas de ese eje estratégico de 111 mil kilómetros cuadrados, donde existen yacimientos de oro, niquel, coltán, piedras preciosas, hierro, bauxita y otros minerales. Según informó el Ejecutivo el Arco Minero del Orinoco está dividido en cuatro bloques: Área 1, de 24.717 kilómetros cuadrados (km2), limitada por el río Cuchivero (coltán y diamante); Área 2, de 17.246 km2, limitada por los ríos Cuchivero y Aro, (minerales no metálicos y oro aluvional); Área 3, de 29.730 km2, limitada con el río Aro (hierro y bauxita); Área 4, de 40.152 km2 (oro). A ellas se suma el Bloque Especial Icabarú, con superficie de 1.754 km2, con abundante presencia de diamante y oro.

El Programa de la Patria, oferta electoral del fallecido presidente Hugo Chávez, contempla entre sus objetivos estratégicos el impulso del plan Arco Minero del Orinoco, un proyecto que, de la mano de las transnacionales, está orientado a “duplicar las reservas minerales de bauxita, hierro, coltán…”, en los estados Bolívar y Amazonas, y con el que se pretende explotar minerales en territorios habitados por comunidades Baniva, Piaroa, Yekuana y Jivi, quienes ya sufren amenazas a su modo de vida debido al auge de la minería ilegal, la militarización de sus territorios y la presencia de grupos irregulares armados en sus hábitats. Cabe recordar que en septiembre de 2012, el gobierno venezolano y la empresa china Citic Group suscribieron un acuerdo en el que se contemplaba la instalación de 27 campamentos geológicos en todo el país, para elaborar el mapa geológico de la nación y “…ubicar los nuevos yacimientos minerales en el Escudo de Guayana, Sistema Montañoso del Caribe, Cordillera de los Andes y Sierra de Perijá…”, así como planificar la política minera nacional, un hecho violatorio de la soberanía nacional, al entregar a manos de empresas extranjeras una labor propia del Estado Venezolano.

En marzo de 2013 la Coordinadora de Organizaciones Indígenas del Amazonas (COIAM) difundió un comunicado expresando su preocupación por los planes  y proyectos de desarrollo minero anunciados por el Gobierno Nacional basados en la activación del Arco Minero y en el acuerdo suscrito con la transnacional Citic Group. La COIAM rechazó la implementación inconsulta del Arco Minero del Orinoco, y denunció estos planes como la continuidad de una política desarrollista y  extractivista con “marcados matices capitalistas y contraria a nuestra concepción sobre la vida y la madre naturaleza como bien primordial para el sustento colectivo”. Las organizaciones indígenas que conforman la Coordinadora señalaron además la violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 120 de la Carta Magna y exigieron la revisión inmediata de los proyectos y el respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada, debido al impacto destructivo en términos ambientales y socioculturales del Arco Minero del Orinoco.

En sus Observaciones Finales sobre el examen periódico realizado en 2015 al Estado venezolano por el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) y el Comité de Derechos Civiles y Políticos (Comité DCyP) afirmaron que ante la profundización del modelo extractivista en el país, el Estado tiene la obligación de garantizar todas las medidas que sean necesarias para que los pueblos indígenas ejerzan su derecho a ser consultados de manera libre, previa e informada antes de la implementación de proyectos que afecten sus territorios, su modo de vida y su cultura: “Particularmente en los procesos de concesión de exploración y explotación de recursos mineros e hidrocarburos”. Estos órganos de Naciones Unidas recomendaron al Estado la necesidad de aprobar un reglamento de Consulta Previa Libre e Informada, que asegure la participación activa de las propias comunidades en su elaboración.

Los Comités ONU también se pronunciaron sobre el proceso de demarcación y titulación de territorios, que como han denunciado las propias organizaciones indígenas se encuentra estancado y con menos del 15% de realización, a pesar que la Constitución Nacional establecía un período de dos años para ser llevado a cabo en su totalidad. Según la ONU se deben adoptar “las medidas necesarias para completar la demarcación y titulación de tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas, a fin de garantizar el derecho que tienen a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma”.

“Necesitamos urgentemente la reactivación de la comisión nacional de demarcación de los territorios indígenas, porque en Amazonas está paralizada. Hay muchos expedientes de los hermanos indígenas, el pueblo yanomami, el pueblo arawaco, el pueblo yekuana, el pueblo hoti, el pueblo sanema, que están esperando por la reivindicación de sus territorios para garantizar la vida los pueblos indígenas”, dijo Mirabal.

Finalmente Gregorio Mirabal lamentó que nuevamente los proyectos extractivos en el país se pretendan imponer a las comunidades indígenas, violando la garantía del derecho a la consulta previa. “Lo que más nos preocupa es que no hay la consulta previa como dice la Constitución. Tiene que haber una consulta con las personas que van a ser afectadas o beneficiadas por un proyecto, en este caso un proyecto extractivista que realmente afectaría, no solamente en lo económico, sino más que todo en la salud, en el ambiente, en el cambio climático. Nosotros queremos, desde este espacio, a todo el pueblo venezolano, al Gobierno Nacional, a buscar un diálogo, a aperturar una consulta previa porque los pueblos indígenas estamos realmente preocupados por esta situación. Para nosotros la minería no es progreso, para nosotros la minería es destrucción, es la muerte de los ríos, de los bosques, de los pueblos indígenas.”

Provea, junto a las comunidades y organizaciones indígenas, promoverá la articulación de esfuerzos para denunciar y declarar la inconstitucional imposición del plan Arco Minero del Orinoco, y exigir la garantía del derecho a la consulta previa y el incumplimiento de la obligación estatal de avanzar en el proceso definitivo de demarcación de tierras indígenas, elemento imprescindible para el pleno disfrute de los derechos de los pueblos originarios del país.

[Tomado de http://www.derechos.org.ve/2016/03/02/lideres-indigenas-rechazan-activacion-del-arco-minero-del-orinoco.]

COMUNICADO DE LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA VENEZOLANA (COIAM) y ORPIA SOBRE LA MINERÍA ILEGAL EN EL RÍO PARUCITO Y LAS AGRESIONES AL PUEBLO YABARANA

En el día de hoy 01 de febrero de 2016, nosotros, pueblos y comunidades indígenas de la Amazonía venezolana, agrupados en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) y la Organización  Regional Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA), reunidos en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, queremos expresar nuestra profunda preocupación sobre la invasión de mineros ilegales en la zona del río Parucito y sus afluentes (Municipio Manapiare) y las AGRESIONES Y AMENAZAS de que están siendo víctimas los PUEBLOS YABARANA, HOTI Y PANARE, habitantes originarios de esa zona, afectando sus derechos constitucionales al territorio (Art.119), al ambiente sano (Art.127) y a la integridad personal y cultural (Art. 121), declarando lo siguiente:

1.-  Las organizaciones indígenas de base quieren expresar su profunda preocupación debido a la creciente actividad minera ilegal (minería de oro) en el Municipio Manapiare, la cual afecta a numerosas comunidades indígenas de la región (ríos Parucito, Caño Majagua, Caño Mosquito, Caño Corobita, Serranía de Maigualida, Caño Asita y Río Parú) y a la propia población de San Juan de Manapiare, quienes vienen denunciando la minería ilegal en estos ríos y la invasión de sus territorios por un número importante de mineros ilegales y grupos armados.

2.- Esta situación ha sido denunciada ampliamente por la Organización Indígena Yabarana del Parucito (OIYAPAM) y la Organización Ye´kuana KUYUNU y es conocida por las autoridades militares (ZODI – Amazonas) y civiles de la región, a quienes se les ha solicitado en varias oportunidades el desalojo de los mineros,  labores de vigilancia y control del área para evitar la entrada de los mineros ilegales. Sin embargo, durante el último año (2015-2016) se ha observado un incremento de la minería ilegal en el cauce del río Parucito y sus afluentes, y en el río Parú, sin que haya un control efectivo del problema. El resultado de esta actividad ha sido una evidente contaminación de las aguas de los ríos Parucito, Manapiare, Ventuari y Parú, por presencia de mercurio y otras sustancias tóxicas, así como la alteración del ecosistema fluvial en general, incluyendo la vida de numerosos peces que son fuente de alimento para las comunidades indígenas ribereñas y la capital del Municipio, San Juan de Manapiare.

3.-  Por su parte, en toda la zona de la Serranía de Maigualida, hábitat del pueblo Hoti, continúan  las agresiones a este pueblo, en la zona de Caño Mosquito, con actividades de extracción ilegal de oro y otros minerales, en su mayoría realizadas por ciudadanos extranjeros provenientes de Colombia, causando graves daños ambientales como la destrucción de grandes extensiones de selva y bosque, alteración del curso de los ríos y contaminación por mercurio, y la afectación de numerosos ecosistemas amazónicos.

4.- La actividad minera ilegal en todo el Municipio Manapiare va acompañada de otras muchas ilegalidades, que han causado graves perjuicios a los pueblos indígenas de la zona, tales como el contrabando de extracción de productos nacionales, tráfico de combustible, prostitución y trata de personas, la entrada ilegal al territorio nacional de personas foráneas, la presencia de grupos armados generadores de violencia y el tráfico de sustancias prohibidas por la ley.

5.- Durante la última  semana del mes de enero de 2016, un grupo de indígenas Yabarana de la Organización OIYAPAM, liderados por el Ex – Alcalde Indígena Benjamín Pérez fueron agredidos y amenazados por los  mineros  ilegales, y la casa de Benjamín Pérez fue quemada por grupos generadores de violencia.

6.- Hacemos un llamado a las autoridades civiles y militares del Estado venezolano, para que tomen acciones y medidas urgentes y coordinadas, destinadas a controlar la minería ilegal en el Municipio Manapiare, especialmente mediante acciones y actividades de vigilancia y control permanente. Igualmente solicitamos se inicie una investigación sobre los hechos denunciados y se determinen las responsabilidades. Especialmente pedimos la protección de los líderes de la Organización OIYAPAM amenazados por estos grupos de mineros armados. Todas estas medidas contribuirán a la calidad de vida de nuestros pueblos que en la actualidad corre peligro si no se toman medidas urgentes.

Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA)

Kurripaco, Baniba, Warekena y Yeral del Guainía, Río Negro y Atabapo (KUBAWY)

HORONAMI Organización Yanomami

Organización Indígena Piaroa Unidos del Sipapo (OIPUS)

Organización Ye´kuana del Alto Ventuari (KUYUNU)

Organización Mujeres Indígenas de Autana (OMIDA)

Organización Uwottüja del Cataniapo “OPUHC”

Cabildo Inga de Amazonas

Organización Yabarana del Parucito (OIYAPAM)

Organización Piaroa de Manapiare

Red de Jóvenes Indígenas de Amazonas (RAJIA)

Organización de Mujeres de Amazonas (Wannaleru)

Organización del Pueblo Baré (OPIBA)