El Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de
Los Andes, ante las amenazas de muerte a las que ha sido sometido el
Capitán General Indígena Pemon del Sector Ikabarú Del Municipio Gran
Sabana, Estado Bolívar, Juan Gabriel González, manifiesta lo siguiente:
1. El sector Ikabarú es el único del pueblo indígena Pemon de la Gran
Sabana en contar con un titulo de propiedad colectiva sobre sus tierras.
2. Aunque se trata de un titulo colectivo sobre tierras indígenas con
las deficiencias propias de estos, constituye una herramienta jurídica
importante para la protección de sus derechos territoriales
fundamentales.
3. Que el titulo fue otorgado sin el saneamiento de las tierras que exige la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI).
4. Que los terceros no indígenas permanecieron en el territorio de
Ikabarú luego de haber sido otorgado el titulo sobre las tierras.
5. Que la minería ilegal realizada por extranjeros mineros ha generado conflictos socio-ambientales en el Sector de Ikabarú.
6. Que el resguardo del Sector Ikabarú como territorio de frontera le ha correspondido realizarlo al pueblo Pemon.
7. Que las amenazas de muerte proferidas al capitán General por parte de
minero ilegales brasileños en la zona, son expresión del proceso de
criminalización al que están siendo sometidos los líderes indígenas en
general, y específicamente los capitanes del pueblo indígena Pemon de la
Gran Sabana.
8. Que las constantes amenazas de muerte hacia los indígenas en
Venezuela evidencia una peligrosa tendencia de genocidios silenciosos
culturales hacia pueblos y lideres indígenas.
9. Que la demarcación de territorios indígenas sigue siendo el principal
derecho pendiente de los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela,
por no haber sido los territorios indígenas aún saneados de las amenazas
que sobre estos se ciernen.
10. Que paradójicamente las titulaciones de tierras indígenas hasta
ahora realizadas han generado mayor fragmentación territorial y
desestructuración cultural.
11. Que el Arco Minero ha generado mayor tensión y peligrosidad en las territorios indígenas del Estado Bolívar.
En virtud de lo antes expuesto, el GTAI exige a las autoridades públicas y estatales:
1. Medidas cautelares en favor del Capitán General Indígena Pemon del
Sector Ikabarú Del Municipio Gran Sabana, Estado Bolívar, Juan Gabriel
González.
2. Saneamiento del territorio indígena Ikabarú de terceros mineros ilegales.
3. Conversión de la autodemarcacion en demarcación del territorio indígena Pemon de la Gran Sabana mediante leyes especiales.
4. Reforzamiento de las labores de vigilancia y resguardo en las zonas de frontera por parte de las autoridades competentes.
5. Paralización del Arco Minero y de sus efectos sobre los territorios indígenas del Estado Bolívar.
En Mérida, Venezuela, a los 21 días del mes de febrero de 2017.
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes.
Avenida Las Américas, Conjunto La Liria. Fac. de Ciencias Jurídicas y
Políticas. Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina,
telf. (0274) 2402030, correo gdtasuntosindigenas@gmail.com. Mérida-
Venezuela
18 años han pasado desde que una
piedra de 32 toneladas fue sacada del sector oriental del Parque
Nacional Canaima, al sureste de Venezuela, y llevada a Alemania para que
fuese parte de la obra del escultor alemán Wolfgang Kraker von
Schwarzenfeld. La extracción de lo atribuyen es un jaspe fue autorizado
por Héctor Hernández Mujica, titular del Instituto Nacional de Parques
(Inparques), en 1998, durante la presidencia de Rafael Caldera.
Escultor alemán protagonista del polémico caso de la piedra kueka
Polémica. Desde entonces, “la piedra sagrada” ha estado
rodeada por la polémica. El pueblo pemón, activistas y grupos
ambientalistas organizados han pedido su repatriación alegando que es
“la piedra kueka-abuela” y han protestado por el maltrato a su color
natural luego de ser lijada y tallada. Mientras que el artista ha
señalado que todo fue un engaño, que se trata de una roca arenisca roja
sin valor, sobre la cual se inventó un mito. Cree que “el presidente
venezolano Hugo Chávez creó la controversia con el fin de obtener el
apoyo de la comunidad pemón para ganar las elecciones (octubre 2012)”,
según reseña The Guardian. Los hechos. Wolfgang Kraker sostiene que realizó todos los
trámites respectivos ante las autoridades del gobierno venezolano,
primero solicitando la pieza que fue otorgada como “donación” y luego,
gestionó su traslado desde Santa Cruz de Mapaurí, en el estado Bolívar,
hasta Alemania. Coincidió con una protesta
por parte de la comunidad pemón debido a la construcción de un tendido
eléctrico de alta tensión que atravesaba su territorio, en la Gran
Sabana, y eso demoró la salida de la piedra kueka; la Guardia Nacional
intervino y estuvo custodiada en el km 88 de la carretera internacional
hacia Brasil hasta que se mostró la documentación pertinente y continuó
su viaje. El escultor, también contó con el apoyo del encargado de
negocios de la embajada de la República Federal de Alemania, Hans Peter
Pliska. El 24 de febrero de 1999, fue colocada en un acto solemne en la
Puerta de Brandengurgo, en la capital alemana.
Traslado, tallado y lijado del símbolo pemón
Los aspectos legales. Uno de los aspectos que se toman en
consideración en este caso es que la extracción de la roca viola el
ordenamiento jurídico que regula las actividades en las Áreas Bajo
Régimen de Administración Especial por encontrarse dentro de los límites
del parque nacional. Otro elemento que se debe mencionar, es que la
presidenta de la Comisión de Ambiente y Ordenación del Territorio del
extinto Senado, envió una carta a la embajada alemana notificándole el
análisis jurídico hecho por dicha comisión, donde señalaban que la
extracción y movilización de la piedra fueron ilegales. Infringió el
artículo 12 de la Ley Forestal de Suelos y Aguas, de 1966, y los
artículos 4 y 12 del Decreto 1.640, del 5 de junio de 1991, sobre el
Plan de Ordenamiento y Reglamento del Sector Oriental del Parque
Nacional Canaima, al mismo tiempo que se trataba de actividades no
permitidas por el mencionado Decreto (artículos 22 y 24)”.
Del derecho indígena. Para el pueblo pemón, esta piedra representa sus creencias y forma parte de su cosmogonía, según Raúl Grioni,
expresidente del Instituto de Patrimonio Cultural. Además señala, que
la piedra es considerada una persona convertida, una abuela, llena de
sabiduría y orientadora de su pueblo, que se encontraba acompañando al
“abuelo”, una piedra similar ubicada en el mismo lugar donde estaba la
piedra kueka. Actualmente, es considerada una reliquia ancestral. El 09
de agosto de 2006 fue declarada patrimonio cultural de la Nación.
Permanencia actual. Se encuentra en el parque Tiergarten, en Berlín, frente al Memorial del Holocausto. El proyecto lleva por nombre Global Stone y
es una iniciativa autofinanciada por el artista alemán que tiene como
fin activar las energías para la paz del mundo.Según reseña la página
oficial del proyecto, el autor tiene como misión “encontrar en cada
continente dos piedras para el proyecto que respondan a una
particularidad única y cuya composición mineral, forma y origen sean
características de cada uno de los cinco continentes”. Cada par de
piedras provenientes está representando los cinco pasos hacia la
paz: Europa (el Despertar), -África (la Esperanza), Asia (el Perdón),
América (el Amor) y Australia (la Paz). La piedra kueka fue tallada,
lustrada y lleva la inscripción de la palabra Amor en siete idiomas. En
enero de 2000 se dio apertura a la exposición Global Stone.
Solicitud venezolana. El
presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, Omar Vielma, señaló
este 20 de septiembre de 2016 que será reactivado el caso de retorno al
país de la piedra Kueka y que se tiene previsto la colocación de una
fragata nacional en puerto alemán para el traslado según reseña
Alba Ciudad. El Ministerio Público inició en julio de 2014 las
diligencias necesarias para traer al país la piedra Kueka, según informó
la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en el programa
radial Justicia y Valores, según indica la página web de la institución. El 15 de mayo del 2000, la Procuraduría del estado Bolívar exigió la devolución de la piedra kueka. Compromiso alemán. El 27 de mayo de 2000, la
Embajada de Alemania se comprometió públicamente el a la devolución de
la piedra, información que fue dada a conocer públicamente a través de
un comunicado publicado en el diario El Nacional.
Los indígenas Sanema, Ye’ kwwana y Pemón
de la cuenca del Caura de la amazonía venezolana se pronunciaron a
través de un comunicado donde rechazan la implementación de las
políticas mineras adoptadas por el gobierno del Presidente Nicolás
Maduro. El comunicado surgió de la XX asamblea general ordinaria de la
Organización Kuyujani, quienes se reunieron los días 21 a 24 de abril en
la comunidad El playón. Apoyamos a los y las hermanas indígenas del
Caura en su lucha.
Si quieres estar al día con las acciones de la organización Kuyujani te invitamos a visitar: https://www.facebook.com/coordinacion.kuyujani
Centro Indígena Ye’kwana Kuyujani Mai. Av. San Vicente de Paúl con
callejón Los Teques. Barrio Hueco Lindo. Ciudad Bolívar.
Edo-Bolívar.Cel. 04167929079, 0416-2460349. E-mail:
kuyujani2010@gmail.com
PRONUNCIAMIENTO DE LOS PUEBLOS
YE’KWANA-SANEMA Y PEMON DE LA CUENCA DEL CAURA SOBRE EL DECRETO NÚMERO
2.248 DEL “ARCO MINERO ORINOCO” EN EL MARCO DE LA XX ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA ORGANIZACIÓN KUYUJANI. PLAYÓN, 21 AL 24 DE ABRIL DE
2016.
Esta carta es elaborada por todas las autoridades legítimas de 49
comunidades Ye´kwana y Sanema participantes a la XX Asamblea General
Ordinaria de la Organización KUYUJANI, organización de base comunitaria
indígena del poder popular ancestral, originario y tradicional de los
pueblos antes mencionados, quienes acordamos en plenaria dirigir la
presente comunicación en atención a las siguientes consideraciones y en
consecuencia solicitar su actuación conforme a las leyes indígenas y de
la República Bolivariana de Venezuela.
La XX Asamblea General Ordinaria reunida
en la fecha 21 a 24 de abril de año 2016 en la comunidad El Playón se
pronunció sobre el Decreto del Arco Minero que afecta directamente a las
poblaciones de la cuenca del Caura y en especial las comunidades
indígenas de los Pueblos Ye´kwana–Sanema y pemon el cual RECHAZAMOS DEFINITIVAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARCO MINERO EN NUESTRO TERRITORIOS y HÁBITATS.
En el caso particular del Caura y
es de preocuparse los resultados de los estudios científicos del año
2010 y del 2011 reportan el impacto ambiental en nuestro territorio
tradicional incluyendo, el incremento de contaminantes químicos y
sedimentos en suspensión en el río Yuruani y en el río Caura, así como
bioacumulación de mercurio en tejido muscular de los principales peces
de consumo masivo por parte de nuestras comunidades indígenas,
especialmente en niños, niñas y adultos mayores. El resultado
de los estudios científicos reportan bio-acumulación de mercurio en
tejido humano (cabellos) en miembros de las comunidades indígenas
Ye´kwana y Sanema de la cuenca del río Caura.
La cuenca del río Caura tiene en su ordenamiento territorial vigente
diversas Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE)
incluyendo el Parque Nacional Jaua-Sarisariñama, Reserva Forestal El
Caura, Monumentos Naturales Ichún-Guanacoco, Cerro Guiquinima y Zona
Protectora Sur del estado Bolívar, los cuales consagran la protección y
salvaguarda de los bosques, recursos hídricos, suelos agrícolas y demás
recursos de la biodiversidad, regulando para ello el uso y
aprovechamiento bajo normas de manejo con fines de desarrollo
sustentable de las poblaciones autóctonas, indígenas y de la nación
venezolana, prohibiendo taxativamente la actividad minera.
Para los pueblos antes
mencionados consideramos que el Arco Minero es una violación de nuestro
derecho legítimo a la salud y a un territorio seguro, propio y con
calidad de vida.
Consideramos incoherente la decisión
tomada sobre la política minera dentro de territorios indígenas
desestimando los derechos indígenas consagrados en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela vigente desde el año 1999, en el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en el
Convenio sobre los Derechos Humanos Universales, en la Ley Orgánica de
Pueblos Indígenas, en la Ley Ordinaria de Demarcación de Tierras y
Hábitats Indígenas y todas las demás leyes, convenios, pactos y tratados
debidamente suscritos y ratificados por la República y de obligatorio
cumplimiento por todas las autoridades nacionales civiles y militares
sin excepción.
Las culturas Ye´kwana y Sanema
dependen de los bosques, caños y demás ecosistemas y recursos naturales
de la cuenca del río Caura para poder seguir existiendo, y como
consecuencia de la actividad de minería ilegal en nuestro territorio se
han dado los primeros impactos ambientales y de salud humana que
constituyen pasos tempranos de un proceso que a nivel internacional se
tipifica como etnogenocidio, el cual estamos a tiempo todavía de evitar.
La conservación de los recursos naturales del territorio ancestral son
fuente de alimentación y necesidades vitales manejadas desde nuestro
origen, los cuales están en grave peligro por la presencia de la minería
ilegal y el decreto del arco Minero del Orinoco. Yaajö Sawedi, nos dijo
que cuidáramos a Atukaadoda (hierro), Adeumoiyana (agua),
Enuujukuñamana (aire) como él los cuidó. Las tierra es fundamental para
el pueblo Ye´kwana y Sanema, donde nace nuestro patrimonio cultural:
educación propia, la cultura y garantiza nuestra seguridad alimentaria,
la de nuestros hijos y futuras generaciones.
Exigimos que en representación de todas
las autoridades legítimas de esta XX Asamblea General Ordinaria de la
Organización KUYUJANI, debidamente constituida, sea presentada en punto
de cuenta ante el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y
comunique por vía escrita a las demás autoridades del consejo de
ministros y, en especial, al ministro de Defensa y a la Procuraduría
General de la República.
Es el deseo expreso de esta XX
Asamblea General Ordinaria de la Organización KUYUJANI no al ARCO MINERO
SI AL ¡BUEN VIVIR! en los territorios indígenas, solicitamos actuar
conforme al marco legal previsto en la Constitución, las leyes,
convenios, pactos y tratados de la República Bolivariana de Venezuela, y
en consecuencia exigimos que mediante la presente, el Alto Mando
Militar y la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela
también cumplan con sus obligaciones según dictan las Leyes.
¡QUEREMOS SEGUIR EXISTIENDO! ¡EXIGIMOS NUESTRO TERRITORIO PARA SEGUIR VIVIENDO BIEN ¡ ¡La vida vale, más que El oro!
Territorialicemos la lucha a favor de los pueblos indígenas y los derechos de la Orinoquía
El patriarcado le hace a nuestros cuerpos lo que las economías extractivistas y capitalistas le hacen a nuestros territorios.-Declaración del XIII Encuentro Feminista de América Latina y del Caribe, Perú, noviembre de 2014- No solo de renta vive el hombre. Desde el imperativo ético político que
nos demanda este tránsito del modelo rentista extractivista hacia el
buen vivir y la defensa de los derechos de la Tierra, los grupos de
mujeres organizadas, ecofeministas en resistencia y lucha versus el
avasallante sistema mundo del capitalismo depredador, analizamos y
exponemos nuestras mejores razones para alertar sobre las consecuencias
que conllevaría desarrollar el Motor Minero y los proyectos
extractivistas de minería a gran escala que se plantea el gobierno
venezolano desde el llamado Arco Minero del Orinoco. Desde inicios de nuestra historia
republicana, específicamente, a partir de la segunda parte del siglo
XIX, la élite que gobernaba Venezuela otorgó
diversas concesiones mineras. La concedida al estadounidense Joseph B.
Austin en 1866, se convirtió en modelo de otras concesiones en Guayana,
cuya compañía minera “El Orinoco”, fue una de las primeras en introducir
maquinarias para la explotación de oro. A partir de 1870, se
incrementaron las concesiones y se organizaron seis grandes compañías:
“la Compañía Minera ‘El Callao” (capital nacional y francés, considerara
una de las principales empresas auríferas del mundo a finales del
siglo); la “Venezuela Austin Mining Co.” (inglesa); “la Yuruari, Ltd.”
(inglesa); “Potosí” (inglesa); “Choco Gold Mining Company” (inglesa) y;
“El Callao-Bis” (inglesa). Esta moderna forma de explotación aurífera
propició que en nuestro país se desarrollaran políticas monopólicas
favorables al capital foráneo en materia de transporte y comunicaciones.
El tipo de acuerdo que se estableció con
las compañías extranjeras en la segunda mitad del siglo XIX, tuvo su
máxima expresión en el Protocolo Rojas-Péreire firmado en 1879, durante
el gobierno de Guzman Blanco. Sus términos eran tan dañinos para la
soberanía nacional que se enfrentó a la oposición de sectores económicos
y políticos importantes, lo que impidió que éste se concretara. Nos
atrevemos a afirmar que en el presente asistimos a la reactualización de
las nefastas concesiones del periodo guzmancista, época en la que la
élite creía que el flujo de capitales extranjeros era el remedio para todos los males y el motor del progreso. Como vemos, este proceso en el que
desemboca el Arco Minero tiene antecedentes históricos que no ignoramos y
debemos incluir en el análisis para clarificar y ampliar la compresión
de los alcances de estas operaciones técnicas y sus repercusiones en un
potencial conflicto socioambiental
de proporciones inusitadas. Con el fin de impulsar el Motor minero, el
Ejecutivo ha firmado estas concesiones con 150 empresas de 35 países y
aún se desconocen los términos de esta negociación. Ante todo esto nos preguntamos: ¿Cuándo
fuimos debidamente informadas sobre esta importante operación de
concesionar nuestra más importante cuenca hidrográfica con 150 empresas
de 35 naciones? ¿Cuándo fueron consultadas todas las comunidades
indígenas que viven en la región, tal como lo ordena la constitución y
Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas? ¿Qué pasó con la
obligación del Estado de garantizar los derechos de las poblaciones
indígenas? ¿Cuándo se realizaron los estudios de impacto ambiental que
exige nuestro marco legal? La sigilosa estrategia de activación del
Motor Minero concesionando casi el 12% de nuestro territorio,
corresponde tácticamente a las negociaciones
vinculadas con la codicia y avaricia corporativista sin límites de los
capitales transnacionales, que colocan el acceso a los “recursos
naturales” como un problema de seguridad nacional para las grandes
potencias y el aparato militar-industrial global, que requiere
garantizar la disponibilidad de minerales estratégicos que consideran
vitales para darle sustentabilidad a su poder hegemónico. Este contexto de guerra no convencional nos
coloca en el ojo del huracán, con inmensas reservas de crudo
extrapesados, agua dulce y materias
primas más importantes del orbe, todo en el mismo territorio. En el
tratamiento de los llamados “recursos naturales” y particularmente su
raíz económica está la fuente de todos los conflictos, tal como lo
describe Vandana Shiva. Actualmente, el gobierno del presidente
Nicolás Maduro ha emprendido, dentro de esta lógica del capitalismo
rentístico extractivista, la marcha acelerada de unos proyectos que
ponen en serio riesgo, como nunca antes, nuestro bienes comunes más
preciados -el agua, la biodiversidad y el delicado equilibrio de
nuestros ecosistemas a lo largo y ancho de nuestro territorio y más
allá, costa afuera- con los modelos de negocios para la diversificación
de la economía, basados en la explotación de las fajas minera, petrolera
y pesquera bajo las figuras de las Zonas Estratégicas de Desarrollo
Nacional (ZEDN) y las Zonas Económicas Especiales (ZEE), contenidas en
la Ley de Regionalización Integral (LRI) aprobada en noviembre de 2014.
El investigador Emiliano Terán Mantovani ha enumerado los principales
proyectos extractivistas planteados por el Gobierno Bolivariano a la
fecha: el Arco Minero (estados Bolívar y Amazonas), con sus cuatro
bloques diferenciados por su potencial y definidos por colores: azul
para el coltán, amarillo para el oro; marrón para el hierro y color
perla para el diamante, que comprenden 111. 843 km2, a los que hay que
sumar 55.314 km2 dela Faja Petrolífera del Orinoco. Además, están los
proyectos Rafael Urdaneta y Mariscal Sucre de Gas Off Shore (29 bloques
desde el Golfo de Venezuela hasta noreste del estado Falcón); Carbozulia
en la zona noroccidental del estado Zulia, que prevé apertura de nuevas
minas con la afectación de los ríos Socuy, Maché y Cachirí; Lomas de
Níquel para extracción de yacimientos a cielo abierto en los estados
Aragua y Miranda; y la Faja Pesquera Acuícola de Venezuela en el eje
norte costero de las fachadas atlánticas y caribeñas, con producción
pensada para consumo interno y exportación de pescado para la generación
de divisas. Somos conscientes de que el complejo
militar industrial, las transnacionales mineras y los especuladores
financieros tienen absoluta indiferencia por el debate ecológico, ni
siquiera por el papel de resistencia de las comunidades y pueblos que
protestan y rechazan lo que consideran una amenaza a la continuidad de
la vida en el planeta y mucho menos si nuestros Estados nacionales
vigilan o garantizan el cumplimiento de las normas ambientales. La región nuestramericana y caribeña
donde nos encontramos posee el 40% de la biodiversidad del mundo, reúne
ocho de las 25 ecoregiones terrestres biológicamente más ricas del
planeta; que contienen 246.000 especies de plantas, 1.597 de anfibios;
1.208 de reptiles, 1.267 de aves y 575 de mamíferos. El 41,9% de
Nuestramérica está cubierto de bosques naturales. Los 12 países que
conforman UNASUR representan el más grande reservorio de recursos
naturales del mundo: el 26 % de agua dulce del mundo, el más grande
pulmón vegetal con la más importante reserva forestal, y todos los
minerales, inclusive los elementos no despejados o descubiertos de la
tabla de Mendeleiev, están en
nuestros suelos. Estos datos son importantes ponerlos en contexto junto a
los planes que el capitalismo, la financiarización y mercantilización
global vienen planteando para nuestras economías vulnerables, poco
desarrolladas, que acrecientan nuestra
dependencia de distintos mecanismos disfrazados de cooperación
internacional: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
(NAFTA, 1994); el Plan Puebla Panamá (2001); y los Ramales y Conexiones
Regionales Complementarios para Conformar la Red Internacional de
Carreteras Mesoamericanas (RICAM); la Iniciativa Mesoamericana de
Interconexión Energética basado en el ALCA; el CAFTA con sus peligrosos
capítulos de Inversiones, Medioambiente y Propiedad Intelectual
(2002-2006); sus organismos como el CIADI (Centro Internacional para el
Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones) cuya sede comparte con
el Banco Mundial (BM); el ACA (Acuerdo de Cooperación Ambiental) con USA
para el “crecimiento del comercio e inversión de bienes y servicios
ambientales” y los conocidos Tratados Bilaterales de Libre Comercio
(TLC), los recientemente firmados tratados de Alianza del Pacífico
(extensión del TransPacific Partnership o TPP), y el Trade In Services
Agreement (o TISA), todos éstos operan bajo el principio de deuda por
naturaleza, cosificando y mercantilizando nuestros bienes comunes,
manejándolos como commodities, vulnerando nuestras soberanías y
aumentando nuestra dependencia, puesto que subordinan nuestros Estados
Nacionales y marcos jurídicos a una legislación global. El tema de la soberanía sobre nuestros
territorios –como con nuestros cuerpos- nos ha colocado, de acuerdo con
la visión del capitalismo heteropatriarcal, en minoría de edad, sin
poder de decisión y con una voz reducida al eco de la queja. Así es
percibida la naturaleza, el espacio
territorial y político es una vacante donde los modelos negocios,
explotación e intercambio prosperan, invisibilizando y anulando los
conflictos socioambientales que estallan cíclicamente de manera
dramática, pues cobran la vida de las mujeres y la infancia arrasada por
las políticas del capitalismo globalizado. El Programa de Aceleración
del Crecimiento (PAC) y la Iniciativa de Integración de la
Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA) no está desligado de
estos planes que pretenden expandir los alcances del Arco Minero y la
Locomotora Minera (Colombia), con cuyas cuencas hidrográficas
compartimos históricas relaciones carnales, culturales y comerciales. La sequía, la destrucción de la vida
orgánica, el paramilitarismo, el contrabando, el secuestro, el
asesinato, el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas, la
violencia sexista, la prostitución y trata de personas, así como la
militarización y el fenómeno de la guerrilla y el hampa común son
algunos de los macabros productos del negocio de la extracción minera. Asimismo, las cifras divulgadas en
varios estudios demuestran que, entre los humanos, las mujeres pobres no
blancas son las más afecta-das por la destrucción del ambiente y sus
consecuentes catástrofes naturales. Asimismo, la actividad minera afecta
directamente la vida de las niñas, las adolescentes y las mujeres
indígenas y criollas, quienes están expuestas a la bio-acumulación de
mercurio, la explotación laboral, el alcoholismo y la aculturación; son
las principales víctimas de la violencia sexista, especialmente la
sexual, están expuestas a enfermedades de transmisión sexual y son
empujadas desde la infancia a la prostitución y trabajo forzado. Esta
serie de agresiones se realiza con la participación de los militares y
autoridades locales, amparados en la indiferencia del Estado. Sin embargo, las mujeres indígenas y
mestizas no han sido simples víctimas. Como resultado de su propia
experiencia, las mujeres son dueñas de una mayor conciencia y visión de
que el deterioro de la naturaleza y de sus recursos desemboca en el
deterioro de la vida. Muchas se han sobrepuesto valientemente a esta
constante coacción sexista y se han convertido en las principales
protagonistas en la lucha por construir, a riesgo de sus vidas, un tipo
diferente de lazo social y otro modelo de relación con la naturaleza y
los seres vivos, como lo demuestran las figuras de Berta Cáceres y
Máxima Acuña. Las mujeres venezolanas, quienes hemos
sido las más afectadas por la llamada guerra económica que vive el país,
hemos jugado un papel fundamental en los partidos políticos, hemos
liderado los diversos movimientos de base y las numerosas misiones
sociales impulsados por el Gobierno bolivariano. Por lo tanto, hemos
acumulado una amplia experiencia organizativa que se ha traducido en el
fortalecimiento del trabajo en colectivo. Las mujeres hemos sufrido durante muchos
años todas las formas de violencia generada por la metástasis sexista
neoliberal, asimismo, hemos
sentipensado la amenaza a todas las formas de vida en el planeta
generada por el capitalismo patriarcal. El ecofeminismo nos ha
permitido adquirir una conciencia ética y política del papel
protagónico que hemos jugado las mujeres como defensoras y protectoras
de todo tipo de vida orgánica. También nos ha llevado a explorar los
complejos vínculos entre el sistema patriarcal y sus distintas formas de
violencia, incluida la dirigida hacia la naturaleza. Además de ubicar
en el actual sistema capitalista global tanto las causas de la
destrucción acelerada de nuestros ecosistemas como el despojo del
conocimiento acumulado por nuestras diversas comunidades indígenas. En ese sentido, consideramos que una de
nuestras más urgentes acciones es detener el avance del demoledor Motor
Minero, que es la expresión más reciente de la explotación y penetración
sin fin de la naturaleza, y un hito más del “mal desarrollo”
occidental. Si se llega a poner en marcha el Motor Minero y el proyecto
del Arco Minero del Orinoco, con la llegada de 150 empresas
transnacionales, el proceso de deterioro de todas las formas de vida se
acelerará y acabará con la diversidad cultural, al afectar directamente
el hábitat y exterminar las formas de vida de las distintas comunidades y
pueblos indígenas ubicados en la zona. Las ecofeministas exigimos una inmediata
moratoria de esta negociación de una magnitud que no dudamos en
calificar de ecocidio y que no tiene precedentes en la historia de la
Venezuela republicana. Esta demanda esta sustentada en nuestro
conocimiento de la historia económica y política de nuestro país y en la
toma de consciencia de los irreversibles efectos del extractivismo
minero en los diferentes ecosistemas y en la soberanía de nuestros
países. Las consecuencias son abisales, por eso extraña que las y los
venezolanos no hayamos sido consultados, mucho menos informados, sobre
los términos de esta negociación. Por estas razones, el reclamo incluye el
llamado a que el gobierno venezolano, en correlación con los principios
de la Constitución Bolivariana, promueva el diálogo sobre el Motor
Minero. Un diálogo que no debe temer al debate y mucho menos a la
escucha de lo que tenemos que decir las mujeres organizadas. Este es el
momento propicio para abrir la discusión franca sobre otras formas de
producción que den resultados sostenidos y
sustentables a largo plazo, y para deliberar sobre un modelo económico
diferente que no comprometa la soberanía, a la vez que se desprenda de
la lógica de destrucción de la naturaleza y de las formas de vida de las
distintas poblaciones que habitan las regiones afectadas. Las ecofeministas tenemos mucho que
aportar a esta discusión, pues hemos desarrollado un sólido aparato
teórico que va desde la crítica a los presupuestos detrás de la
tecnociencia, la filosofía moral tradicional, la economía política hasta
las propuestas de soluciones alternativas al modelo actual de dominio
de la naturaleza. Además, tenemos una creciente experiencia organizativa
que ha servido de modelo para todos aquellos que luchan por un mundo
diferente. La amenaza de extinción de uno de los
ecosistemas más importantes del planeta, incluido el cuarto río más
caudaloso del mundo, el Orinoco, la
destrucción de la megabiodiversidad para el equilibrio planetario, el
inevitable deterioro de la vida de los campesinos, la ampliación de distintas actividades
criminales relacionadas con el extractivismo, el incremento de la
violencia dirigida hacia las niñas, adolescentes
y ancianas indígenas, así como el posible etnocidio de las comunidades y
los pueblos indígenas pemón arekuna y pemón taurepang,
sanema, ye ́kwana, mapoyo, piaroa, hiwi, e ́ñepa, kariña y akawaio, nos
autoriza a hacer este urgente llamado y a plantear nuestras exigencias. ¡Por la impostergable utopía ecofeminista: exigimos respeto para todas las formas de vida!¡Cantemos a la vida!¡No a la mina, sí a la vida! LaDanta LasCanta Grupo de Investigación y Acción ladantalascanta@gmail.com @LaDantaLasCanta https://www.facebook.com/La-Danta-Lascanta-Grupo-Ecofeminista fuente:http://www.rebelion.org/docs/212954.pdf
PRONUNCIAMIENTO DE LOS PUEBLOS YE’KWANA-SANEMA Y PEMON DE LA CUENCA DEL CAURA
SOBRE EL DECRETO NÚMERO 2.248 DEL “ARCO MINERO ORINOCO” EN EL MARCO DE
LA XX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ORGANIZACIÓN KUYUJANI. PLAYÓN, 21
AL 24 DE ABRIL DE 2016.
Esta carta es elaborada por todas las autoridades
legítimas de 49 comunidades Ye´kwana y Sanema participantes a la XX
Asamblea General Ordinaria de la Organización KUYUJANI,
organización de base comunitaria indígena del poder popular ancestral,
originario y tradicional de los pueblos antes mencionados, quienes
acordamos en plenaria dirigir la presente comunicación en atención a las
siguientes consideraciones y en consecuencia solicitar su actuación
conforme a las leyes indígenas y de la República Bolivariana de
Venezuela. La XX Asamblea General Ordinaria reunida en la fecha 21 a 24 de abril de año 2016 en la comunidad El Playón
se pronunció sobre el Decreto del Arco Minero que afecta directamente a
las poblaciones de la cuenca del Caura y en especial las comunidades
indígenas de los Pueblos Ye´kwana–Sanema y pemon el cual RECHAZAMOS
DEFINITIVAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ARCO MINERO EN NUESTRO TERRITORIOS
y HÁBITATS.
En el caso particular del Caura y es de
preocuparse los resultados de los estudios científicos del año 2010 y
del 2011 reportan el impacto ambiental en nuestro territorio tradicional
incluyendo, el incremento de contaminantes químicos y sedimentos en
suspensión en el río Yuruani y en el río Caura, así como bioacumulación
de mercurio en tejido muscular de los principales peces de consumo
masivo por parte de nuestras comunidades indígenas, especialmente en
niños, niñas y adultos mayores. El resultado de los estudios
científicos reportan bio-acumulación de mercurio en tejido humano
(cabellos) en miembros de las comunidades indígenas Ye´kwana y Sanema de
la cuenca del río Caura. La cuenca del río Caura tiene en su
ordenamiento territorial vigente diversas Áreas Bajo Régimen de
Administración Especial (ABRAE) incluyendo el Parque Nacional
Jaua-Sarisariñama, Reserva Forestal El Caura, Monumentos Naturales
Ichún-Guanacoco, Cerro Guiquinima y Zona Protectora Sur del estado
Bolívar, los cuales consagran la protección y salvaguarda de los
bosques, recursos hídricos, suelos agrícolas y demás recursos de la
biodiversidad, regulando para ello el uso y aprovechamiento bajo normas
de manejo con fines de desarrollo sustentable de las poblaciones
autóctonas, indígenas y de la nación venezolana, prohibiendo
taxativamente la actividad minera.
Para los pueblos antes mencionados consideramos que el Arco Minero es una violación de nuestro derecho legítimo a la salud y a un territorio seguro, propio y con calidad de vida.
Centro Indígena Ye’kwana Kuyujani Mai. Av. San Vicente de Paúl con
callejón Los Teques. Barrio Hueco Lindo. Ciudad Bolívar.
Edo-Bolívar.Cel. 04167929079, 0416-2460349. E-mail:
kuyujani2010@gmail.com Consideramos incoherente la decisión tomada sobre
la política minera dentro de territorios indígenas desestimando los
derechos indígenas consagrados en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela vigente desde el año 1999, en el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo y en el Convenio sobre los
Derechos Humanos Universales, en la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas,
en la Ley Ordinaria de Demarcación de Tierras y Hábitats Indígenas y
todas las demás leyes, convenios, pactos y tratados debidamente
suscritos y ratificados por la República y de obligatorio cumplimiento
por todas las autoridades nacionales civiles y militares sin excepción.
Las culturas Ye´kwana y Sanema
dependen de los bosques, caños y demás ecosistemas y recursos naturales
de la cuenca del río Caura para poder seguir existiendo, y como
consecuencia de la actividad de minería ilegal en nuestro territorio se
han dado los primeros impactos ambientales y de salud humana que
constituyen pasos tempranos de un proceso que a nivel internacional se
tipifica como etnogenocidio, el cual estamos a tiempo todavía de evitar.
La conservación de los recursos naturales del territorio ancestral son
fuente de alimentación y necesidades vitales manejadas desde nuestro
origen, los cuales están en grave peligro por la presencia de la minería
ilegal y el decreto del arco Minero del Orinoco. Yaajö Sawedi, nos dijo
que cuidáramos a Atukaadoda (hierro), Adeumoiyana (agua),
Enuujukuñamana (aire) como él los cuidó.
Las tierra es fundamental para el pueblo
Ye´kwana y Sanema, donde nace nuestro patrimonio cultural: educación
propia, la cultura y garantiza nuestra seguridad alimentaria, la de
nuestros hijos y futuras generaciones. Exigimos que en representación de
todas las autoridades legítimas de esta XX Asamblea General Ordinaria
de la Organización KUYUJANI, debidamente constituida, sea presentada en
punto de cuenta ante el Presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, y comunique por vía escrita a las demás autoridades del
consejo de ministros y, en especial, al ministro de Defensa y a la
Procuraduría General de la República. Es el deseo expreso de esta XX
Asamblea General Ordinaria de la Organización KUYUJANI no al ARCO MINERO
SI AL ¡BUEN VIVIR! en los territorios indígenas, solicitamos actuar
conforme al marco legal previsto en la Constitución, las leyes,
convenios, pactos y tratados de la República Bolivariana de Venezuela, y
en consecuencia exigimos que mediante la presente, el Alto Mando
Militar y la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela
también cumplan con sus obligaciones según dictan las Leyes.
¡QUEREMOS SEGUIR EXISTIENDO! ¡EXIGIMOS NUESTRO TERRITORIO PARA SEGUIR VIVIENDO BIEN ¡ ¡La vida vale, más que El oro!
El
líder pemon Alexis Romero conversó este 01.05.2016 con Provea y expresó
el rechazo y preocupación de los comunidades indígenas de la Gran Sabana
por las acciones emprendidas desde el alto gobierno para la aprobación
e implementación de los “14 motores productivos” en la región sin la
inclusión del pueblo Pemon a través de la consulta previa, libre e
informada. Las declaraciones fueron emitidas tras la visita del
vicepresidente para el área social, Jorge Arreaza, a la Gran Sabana el
pasado domingo 24 de abril, donde sostuvo un encuentro con voceros
indígenas a la cual no fueron invitados capitanes y autoridades
legitimas del pueblo Pemon.
Según
explicó Romero, el objetivo de la reunión pretendía la aprobación de los
“14 motores productivos”, iniciativa impulsada por el gobierno del
presidente Nicolás Maduro para intentar paliar la crisis económica
agravada por la caída de los precios del petróleo, que incluye un
apartado dedicado a la explotación minera.
Recordó
que toda actividad en los territorios habitados ancestralmente por los
pueblos originarios, debe ser sometida a la consulta previa, libre e
informada, por lo que denuncia que se están tomando decisiones sin que los pueblos indígenas participen,
“los capitanes generales del sector se presentaron sin ser invitados,
nos presentamos por que queríamos fijar una posición y para que se
tomaran en cuentan a las autoridades legitimas de nuestro pueblo”.
Denunció
que “el gobierno esta tomando decisiones a través de su gente de
confianza, que no representa a los pueblos indígenas, son voceros
escogidos por ellos mismos y no voceros de los indígenas, es
mentira que sea el pueblo el que toma decisiones, ellos están
manipulando las reuniones, se reúnen con su propia gente y están tomando
decisiones en nombre nuestro pueblo”.
Hizo un
llamado de especial preocupación sobre la creación de la Zona
Estratégica Integral del Arco Minero del Orinoco, un área de casi 112
mil kilómetros cuadrados, ubicada en Bolívar, donde se prevé la
explotación de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros
minerales, por parte de una empresa mixta conformada por el Estado y
otras 150 compañías provenientes de 35 países.
“Es un peligro para nosotros la implementación de estos motores, especialmente del arco minero
porque en la Gran Sabana casi todas las comunidades se encuentran
dentro de sectores ricos en minerales, su consumación nos va a
perjudicar, al igual que vemos con preocupación la creación de un
empresa militar con la cual se le da libertad a los militares de actuar
en cualquier terreno. Si ahora, sin la empresa, han dicho actuar sin o
con el permiso de los capitanes, mucho mas podrán hacerlo con esta
empresa que han creado”.
Informó
que en una breve conversación sostenida por el capitán general del
sector 6 con Arreaza se le pidió que no interviniera en el sector
Ikabaru, donde se concentra el mayor número de comunidades indígenas,
“verbalmente se comprometió a respetar la exigencia de los capitanes,
pero la situación no puede más que generar dudas, ellos hablaban de una
participación protagónica y popular, que las decisiones son de las
bases, pero están tomando decisiones a puerta cerrada sin consultar los
pueblos”, finalizó.
Alexis Romero participó en la acción de desarme de 27 efectivos del Ejército en la comunidad de Musukpa ocurrida el 27.10.2011, en rechazo a la participación de los militares en actos de corrupción, minería ilegal
y ante los constantes atropellos que estos cometían contra los
indígenas. Fue detenido durante 3 días en la cárcel de La Pica, y
posteriormente sometido a régimen de presentación cada 15 días con la
obligación de acudir a un Tribunal Militar de Ciudad Bolívar, ubicado a
más de 800 km de distancia de su vivienda. (Prensa Provea)
A orillas del río Paragua, en el estado Bolívar,
un grupo multiétnico de aborígenes desarmó a los militares y enfrenta
al crimen organizado
Desde
que hace cuatro años, la tarde del 27 de octubre de 2011, centenares de
indígenas sometieron a 22 comandos de las Fuerzas Especiales del
Ejército que se habían dedicado a explotar el oro de la mina Toronó, a
orillas del río Paragua en el estado Bolívar, se desencadenó la
secuencia de hechos que daría origen a la comunidad de Musukpa y su
virtual independencia del Estado venezolano.
Hoy sus habitantes explotan la mina
Toronó por su cuenta y de acuerdo a reglas que ellos mismos definieron.
Cobran tributos para sufragar los gastos de salud y educación.
Y organizan, bajo el asedio simultáneo y asimétrico de cazadores de fortuna y de la estructura del Estado, rondas de seguridad.
DESPIERTA EL CAMARÓN Musukpa
significa "camarón" en idioma pemón. Un cartel tallado en madera y
atado a un árbol, anuncia la llegada a la comunidad de Musukpa. A
primera vista se abre una extensa porción de selva deforestada. Amplios
bancos de arena, imposibles de abarcar de un solo vistazo, cubren el
área. Encima corren largas mangueras que trepan por plataformas
construidas de manera rudimentaria con troncos y pedazos de madera.
Son todos rastros de la minería. Aunque
los pobladores sean indígenas, ya no practican la extracción artesanal.
No hay conuco. La demanda de casabe se satisface con compras a
comunidades vecinas. Musukpa es además una rara muestra de
heterogeneidad. En ella conviven miembros de diferentes etnias del sur:
pemones, yekuanas, chirianas, kurripakos y arawacos. También hay
criollos en las 30 familias del lugar.
Musukpa se rige por un estricto
compendio de normas de convivencia de 10 capítulos y 76 artículos, que
ordena todos los aspectos de la vida comunitaria, desde el trabajo
minero hasta el ingreso de visitantes.
La Ley Comunal, en su capítulo IX,
establece un Fondo Social a cargo de una comisión especial elegida por
el Consejo indígena, responsable de administrar los recursos económicos
aportados por los dueños de máquinas, quienes cada semana deben declarar
un reporte de ganancia y destinar un diezmo a la comunidad.
Todos los comerciantes, paleros y compradores de oro también están obligados a dar un aporte destinado a la autogestión.
A esa ley de facto se oponen las
ordenanzas del criollo. En especial el Decreto presidencial 8.413, con
"rango, valor y fuerza de Ley Orgánica" Chávez lo firmó investido de
poderes habilitantes, que en septiembre de 2011 otorgó al Estado el
monopolio de la exploración, explotación y comercialización del oro.
Apenas dos meses después, ocho capitanes indígenas entre ellos, Alexis
Romero, el activista pemón que en octubre del mismo año había lidiado
con el coronel Cortez el desenlace de la escaramuza en la mina Toronó
introdujeron un recurso de nulidad del Decreto.
La Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) rechazó el recurso. En un solo plato, le dijo a
los habitantes de los territorios en proceso de expropiación que no
tienen derecho a decidir sobre sus propios entornos.
La precariedad legal no es la única
debilidad que amenaza dar al traste con este experimento de
autogobierno, que no de utopía. La más acuciante puede que sea el acecho
de los maleantes que se han hecho fuertes en la zona.
LA SANGRE EN EL RÍO Aunque
desde 2005 se registran hechos de violencia alrededor del surgimiento
de grupos irregulares que tomaron las minas en el sector Kilómetro 88
del municipio Sifontes, y El Manteco, en el municipio Piar, todos los
testimonios coinciden en fechar el punto de quiebre entre el Estado y la
comunidad a finales de agosto de 2013. Entonces desapareció Teodoro
Osman, originario del sector de Bethel pero que tenía campamento en
Musukpa. Su cuerpo se encontró dos semanas después, flotando en el río
cerca del salto Uraima. El cadáver sirvió de aviso para que los
pobladores se enteraran de que en La Paragua ya se aplicaba la ley del
"sindicato".
El 21 de enero de 2014, casi cinco meses
después de la muerte de Osman y tras numerosas reuniones internas, los
pobladores emitieron un informe en Asamblea General, en el que dan
cuenta de la presencia de grupos foráneos que portan armamento militar
en sus territorios y realizan "extorsión, ultraje a mujeres, amenazas,
secuestro y asesinatos". El asesinato de Osman y el deterioro de la
seguridad en la zona de La Paragua coincidieron, llamativamente, con el
retiro de las fuerzas militares hasta entonces estacionadas allí y el
abandono de un punto de control ubicado a metros del Puerto Uraima,
donde se encontró el cuerpo.
Uraima puerto, paso, salto e isla es
un punto clave del río. Se trata de un trecho de casi un kilómetro que
se recorre en vehículos de tracción en las cuatro ruedas y bordea los
rápidos. El lugar también tiene fama como meca mundial de la pesca
deportiva. Cerca, se encuentra la más reciente y productiva bulla, como
se conoce a las inmigraciones súbitas y en tropel que ocurren cuando se
corre la voz de un nuevo filón de oro. El nombre de la mina es Manaza.
Queda rumbo al sur, hacia el alto Paragua, cerca de Musukpa y del
abandonado punto de control militar. Manaza es todavía la mina más
activa de la cuenca del Paragua. Todos los días siguen llegando
aventureros. Pero en 2012, cuando la noticia de su riqueza empezaba a
esparcirse, logró atraer a miles de personas. Un enfrentamiento entre
grupos armados dejó ese año seis personas muertas. Dos bandas, la de Los
24, por un lado, y la de Marco Polo, por el otro, se disputaban el
control de la zona. La refriega forzó a una intervención militar.
Quien tiene la llave de Uraima controla
el tránsito por el Paragua, vital para las comunidades ribereñas. En
2013, un incidente allí dejó muy en claro hasta dónde llegaban las
ambiciones de las bandas irregulares.
Un grupo de 15 maleantes se apoderó del
paso. Al final, entre amenazas de agresiones, los indígenas consintieron
Es verdad que los gobiernos de la autodenominada Revolución Bolivariana
una de cuyas banderas es la sensibilidad oficial hacia los pueblos
originarios ha reconocido el problema.
Como también lo es que no acierta en proponer e implementar soluciones.
Tres días después del manifiesto hecho
público por los indígenas en enero de 2014, el entonces ministro de
Interior, general Miguel Rodríguez Torres, reconoció la existencia de
mafias que tomaron las minas, durante una visita al estado Bolívar.
"Aquí tenemos un problema, hay algunos grupos que se hacen llamar
sindicatos y en realidad son bandas armadas que se dedican a la
extorsión". Durante esa visita, en una jornada que el gobernador Rangel
Gómez calificó de "ejemplar", se prometió la creación de grupos
especiales para la "neutralización de esas bandas que están haciendo
prácticamente lo que les da la gana". Pero un año y medio después, la
realidad no cambió casi en nada. Todavía en el reciente mes de junio de
2015, Rangel Gómez declaraba que se disponía a ir "con la firme decisión
y todas las fuerzas para normalizar una situación que han generado los
diferentes sindicatos mineros que tratan de tomar control de la zona con
la minería ilegal".
En la cronología de hechos que dieron
lugar a la virtual independencia de Musukpa ocupa un puesto destacado el
comunicado del 21 de enero de 2014. Aunque entonces fue el equivalente
de un grito de "Ya basta" por parte de la comunidad, terminó siendo una
suerte de título fundacional para Musukpa y sus pretensiones
sobrevenidas de enclave autónomo. Una suerte de república independiente.
Como en la región empezaba a imponerse,
por sobre las normas del Estado venezolano, la ley del más fuerte, el
texto incluyó un fragmento que no fue ni bravuconada ni simple amenaza.
Los indígenas se preparaban para defenderse a sí mismos.
"De no asumir las instituciones de
seguridad, nos veremos en la obligación de organizarnos para la defensa
de nuestros derechos y combatir la inseguridad en nuestros territorios",
dice el documento.
Y también: "Se tomará el Puerto de
Uraima en donde se establecerá una brigada de seguridad para fortalecer
los mecanismos de seguridad interna en las comunidades".
En enero de 2014, se dio por inminente la conformación de autodefensas.
Los indígenas plantearon el
mantenimiento de estos grupos por autogestión con aportes económico de
comerciantes, transporte fluvial, visitantes, dueños de máquinas,
paleros y obreros. En el decisivo documento de esa fecha argumentan que
los pueblos indígenas tienen un derecho de autonomía que les permite
asumir su propia seguridad y justicia comunitaria. Dejan claro que la
acción nace del vacío institucional, el abandono y la omisión de las
autoridades de ejercer sus obligaciones en materia de procuración de
justicia y seguridad. Y destacan: "Ratificamos nuestro deseo de que
nuestras tierras y comunidades no sean refugios de delincuentes, mucho
menos que la llenen de sangre, queremos ser hombres y mujeres libres e
independientes".
El IPC ha adelantado las gestiones necesarias en conjunto con
otros organismos. A su regreso de Alemania se realizarán actos
ceremoniales para finalmente resarcir el daño a la comunidad indígena de
la Gran Sabana
La piedra Kueka a su llegada a Berlín (al fondo la Puerta de Brandenburgo)
El Estado venezolano, a través del Instituto de Patrimonio Cultural (IPC)
emprendió las gestiones pertinentes para retornar a la Gran Sabana la
Piedra Kueka, un elemento sagrado de la cosmogonía del pueblo pemón,
que fue extraída ilegalmente de Venezuela en 1998, en los estertores
del gobierno de Rafael Caldera, e instalada en un parque en la ciudad
alemana de Berlín. La piedra pesa aproximadamente 30 toneladas y es de jaspe por
lo que es una piedra semi preciosa. Su ubicación original era Santa
Cruz de Mapaurí, en el Parque Nacional Canaima, a media hora de Santa
Elena de Uairén, en el estado Bolívar. “Es un elemento sagrado para el pueblo pemón, que ellos consideran un miembro de su comunidad convertido en piedra.
Hay otra piedra que es el abuelo (también de jaspe). Esas dos piedras
estaban juntas”. La piedra Kueka (es el nombre propio), es la abuela”,
explica Héctor Torres, presidente del IPC. Natalia Medrano, directora de Puesta en Uso Social del IPC, explica que el mito indígena dice que “eran dos miembros de comunidades pemón diferentes, y se fugaron juntas lo que era prohibido.
Entonces un piasán -que es como un personaje de alto rango espiritual-
los convierte en piedra y quedan ahí juntas. Y con el pasar del tiempo
se transformaron en los abuelos”. Medrano, quien ha visitado en cuatro ocasiones a esa comunidad
indígena, comenta que los pemones han señalado la extracción de la
piedra Kueka como causa de la tragedia de Vargas en 1999, porque “dicen
que es un elemento sagrado que tiene su lugar en la naturaleza y al ser
removido, tocado e intervenido, se producen tormentas y lluvias; la
naturaleza de queja”.
FUE EXTRAÍDA PARA GLOBAL STONE
“Los abuelos son los que portan la sabiduría del pueblo” y
para los pemones estas piedras (abuela y abuelo) “son miembros de su
comunidad como si fueran seres vivos”, dice Medrano. “Los
chamanes se comunican con ellos”, agrega Torres. “Para ellos la
extracción de esa piedra, es el secuestro de un ser de su comunidad”,
“tal cual como si alguien secuestrara una abuela”, dice. La roca fue extraída por un ciudadano alemán llamado Wolfan
Von Schwarzenfeld, para esto utilizó maquinaria, transporte terrestre y
marítimo, sufragado por él. La razón de esta extracción es que
la piedra Kueka formara parte de su proyecto personal llamado Global
Stone (http://www.globalstone.de), de “carácter metafísico, relacionado
con activar energías para la paz del mundo”. “Si se quiere es un
proyecto con unos objetivos altruistas, pero contrariamente genera un
daño”, dice Torres, que atribuye a la “arrogancia del primer mundo”. Von
Schwarzenfeld tomó cinco piedras, una de cada continente. La de América
fue la que extrajo de Venezuela, y las exhibe en el parque
metropolitano Tiergarten, en el centro de la ciudad de Berlín. En la página de Global Stone se pueden apreciar las fotos del proceso
de extracción de la Kueka, y algunas son expuestas por Von
Schwarzenfeld como prueba de que se realizó la remoción de la piedra de
manera consentida.
“Nosotros partimos del hecho de que esa extracción es ilegal, y eso está establecido jurídicamente”,
dice Torres. La piedra es parte del patrimonio natural del Parque
Nacional Canaima. Y posteriormente fue declarada bien cultural. La
Procuraduría General de la República y la Consultoría Jurídica del
Ministerio del Ambiente se pronunciaron. La piedra fue sacada del país
como una donación, autorizada por Héctor Hernández Mujica, presidente
del Instituto Nacional de Parques para la fecha, pero ese acto ha sido
declarado nulo por la “manera fraudulenta” en como se realizó.
CONTRA LA VOLUNTAD DEL PUEBLO PEMÓN
El secuestro de la piedra Kueka no se dio sin resistencia,
aclara Torres. Primero Von Schwarzenfeld la extrajo con maquinaria y la
colocó en un camión, y cuando la transportaba, el pueblo pemón se
percató de lo que sucedía. La comunidad indígena detuvo el
transporte durante dos meses en el kilómetro 88 de la carretera de la
Gran Sabana, con ayuda de la Guardia Nacional, narra Torres. Pero en ese
lapso, Von Schwarzenfeld, hace varias gestiones, entre éstas, consigna
unas pruebas sobre la naturaleza de la roca que certifican que no se
trata de jaspe sino de una “arenisca”. Y finalmente, logra que Héctor
Hernández Mujica le done la piedra a Alemania. La piedra además fue tallada y pulida lo que para el pueblo pemón
constituye un agravante. Durante todos estos años la comunidad indígena y
grupos de apoyo ha hecho diversas manifestaciones para el retorno de la
roca. Su devolución es un acto responsable por parte del Estado, a fin
de resarcir el daño causado en concordancia con “el tratamiento que la da la Constitución Nacional a los pueblos indígenas”,
expresa Torres. Además del Ministerio del Poder Popular para la
Cultura, han intervenido los ministerios para las Relaciones Exteriores y
Ambiente. Desde 1999 el Estado ha solicitado la repatriación de la piedra
Kueka, pero nunca se había avanzado en las gestiones administrativas
como se ha hecho en los últimos cinco meses. Era necesarios algunos
pasos previos como “establecer la ilegalidad del hecho”, contactar a la
municipalidad de Berlín, contar con los recursos económicos para
financiar el transporte y traslado hacia Venezuela (debe costearlo el
país que hace el reclamo del bien cultural), y prever los actos
ceremoniales que la comunidad pemón ha solicitado se deben realizar
cuando arribe a Venezuela. “Todo esto hace que el regreso de la piedra Kueka sea
inminente, sea hoy, mañana o en un mes. No tenemos ninguna duda de que
ese elemento regresará al país, por todo lo que hemos avanzado”,
afirma Héctor Torres. “Es un acto de justicia y una expresión de
resistencia de los pueblos”, y “establece una diferencia muy clara entre
lo que era la ética de la Cuarta República y lo que es la ética del
Gobierno Bolivariano, que se comporta completamente distinto frente a
los derechos de los pueblos”, expresó Torres.
Denuncia de los compañeros indígenas Pemon de la Gran Sabana de la
comunidad de San Rafael de Kamoiran,donde hace ocho días,en la troncal
10 murieron dos miembros de la comunidad
en extraño accidente donde esta involucrado un miembro del ejercito,sin
que hasta ahora existe una averiguación formal,expresado por ex-capitán
y lider Silviano Castro de esta comunidad.
Ciudadano(a): Fiscal Sexto del Ministerio Público Su despacho.-
Reciban un cordial saludo, en el día de hoy 26 de agosto de 2015,
¨Nosotros la comunidad indígena de SAN RAFAEL DE KAMOIRAN, y los
familiares de los occisos de nombres : Cirilo José Castro Blanco N.C:
14.668.284, el cual era padre de 4 hijos, teniendo el menor de 4 meses
solamente y Celso Ignacio Castro Lanz N.C:18.160.815 del accidente
ocurrido en la troncal 10 en el Municipio Gran Sabana, Del Estado
Bolívar, el día 18/08/2015, a las 04:30 pm. Nos vemos obligado a
denunciar y solicitar una respuesta inmediata, ya que han transcurrido 8
días del lamentable suceso donde fallecen dos miembros de nuestra
comunidad y todavía no hemos tenido respuesta alguna por parte de las
autoridades competentes, y hasta la fecha no hemos tenido ningún
contacto con el responsable, no conocemos el nombre del responsable, y
menos conocemos su procedencia. Es por estas razones que Pedimos a
las autoridades competentes, y fiscalía del ministerio público de esta
jurisdicción se hagan presentes y nos den las respuestas justas de
este hecho que causo el dolor del fallecimiento nuestros familiares
causada por la imprudencia de un conductor el cual sin causa
justificativa estaciono su vehículo en una zona incorrecta de la
troncal. Tomando en cuenta que la señora CAMILA BLANCO VELAZQUEZ,
la madre Cirilo José Castro Blanco N.C: 14.668.284, perdió a un yerno
en manos de un sargento del ejército de nombre Jhonatan Ortiz en fecha
28 de mayo del 2006, donde el citado sargento acciono un arma de fuego
en contra del ciudadano miguel de Jesús Lanz, y cuyo caso quedo sin
resolver. De esta forma nuestra familia y Comunidad Indígena exigimos lo siguiente:
1. Que los poderes públicos hagan el trabajo, de forma justa, porque
no descansaremos hasta que se nos de la respuesta adecuada que estamos
pidiendo. Ya que con justicia exigimos justicia. 2. Que el vehículo
que se encuentra involucrado en este lamentable hecho sea puesto a la
orden de las autoridades competentes y no esté en resguardo de otras
instituciones. Se anexan evidencia que se demuestran la imprudencia que ocasiono el conductor de la camioneta.
Solicitud que hacemos en apego a lo establecido en el artículo 49 y 51
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es justicia que espero merecer en Santa Elena de Uairén a la fecha de su presentación Comunidad Indígena Pemon de San Rafael de Kamoiran.Gran Sabana.Venezuela
En el Parque Nacional Canaima habitan 3 mil pemones distribuidos en
seis comunidades indígenas. De ellos, casi la mitad se ha enfermado en
estos últimos seis meses. ¿La razón? La contaminación que ha producido
la minería ilegal en las aguas del Río Carrao –desde el Campo Carrao
hasta la desembocadura del Río Churún-. La misma agua que consumen. “Hay muchos niños que se han enfermado de diarrea y otros problemas
del estómago. Es el agua que bebemos, con la que nos bañamos. La
contaminación también llega a la Laguna de Canaima”, explicó el capitán
de la comunidad indígena de Canaima, Leonardo Martínez. La práctica de minería ilegal se remonta a más de seis años atrás, de
acuerdo con Martínez. El uso de las motobombas para extraer oro derrama
gasolina, mercurio y metilmercurio en los ríos. Pero no es solo eso.
Hay cerca de 30 balsas flotantes en las aguas del Carrao; en cada una
están seis personas que se dedican a la minería y allí levantan sus
campamentos. “La cantidad de desechos sólidos que generan es
preocupante. En enero de 2014 se hizo la última operación militar y se
destruyeron varias máquinas, pero ellos (los mineros ilegales) buscan la
forma de conseguir más. No se van; por el contrario, vienen hasta de
Brasil y otros países”, detalló la autoridad de la comunidad. Tras denunciar en reiteradas oportunidades lo que la depredación que
causada por este actividad ilegal e incluso entregarle cartas al
entonces canciller Elías Jaua en 2013, la comunidad indígena decidió
este lunes 1 de junio cerrar la pista de aterrizaje del Parque Nacional
Canaima -desde las 6:00 de la mañana- en protesta. Piden que el
presidente Nicolás Maduro o un representante de su Gobierno acuda al
lugar y atienda el problema. “No nos vamos a retirar. No vamos a abrir el paso hasta que el
presidente Maduro nos escuche. Queremos evitar una situación peor. Que
aumenten las enfermedades, que se salga de control”, dijo el secretario
de la comunidad indígena de Canaima, Vicente González. Valentina Quintero compartió a través de su Twitter esta foto en la
que explica que el color del Río Carrao normalmente era rojo, ahora está
marrón por la contaminación. “Esta balsa está en un caño en el Carrao al lado de donde cae el
Salto Ángel. Están sacando oro y lanzando mercurio”, escribió Valentina
Quintero al publicar esta imagen. Un pasaje puede costar hasta 18 mil bolívares El dirigente Vicente González también destacó que quieren solución al
alto precio de los boletos aéreos. A la zona se llega en avión y un
pasaje en una aeronave privada puede costar hasta Bs. 18 mil “solo de
ida o de vuelta, no los dos incluidos”, subrayó. Si se recurre a aviones no privados, el boleto tiene un valor entre
Bs. 6 mil y Bs. 10 mil. “Nosotros no podemos pagar esos montos si
necesitamos salir”. Minería ilegal arrasa con el pulmón del Canaima En los últimos 10 años la minería ilegal ha arrasado con 80 mil hectáreas
-un poco más que toda el Área Metropolitana de Caracas- del Parque
Nacional Canaima, lo que, según expertos, tardaría unos 10.000 años en
poder recuperarse –y solo con las condiciones idóneas de clima,
vegetación y suelo-. El biólogo especialista en ecología, Alejandro Álvarez Iragorry,
explicó que para ejercer esta actividad se aplica la tala de árboles
para despejar la zona, rompen los suelos con picos y palas, y además,
utilizan el mercurio para aliarse con el oro en una operación denominada
“amalgama”. Esto también afecta la fauna. Grupos armados controlan el oficio Según Vicente González, han tomado represalias contra muchos que han
denunciado la minería ilegal, pero asegura que no pararán la lucha hasta
ser escuchados. En el episodio 5 del programa Amazonas Clandestino de Discovery Max se
denunció que los grupos de mineros informales castigan e imponen el
orden con fuego en la zona. En una entrevista, jóvenes de 18 y 21 años
contaron, con sus rostros cubiertos, que pertenecen a estos grupos desde
niños y se ocupan de “establecer el orden”. De cada 50 sacos de oro que
extraiga un minero, debe pagar con cinco de ellos al grupo que lidera. Vanessa Arenas / @VanessaVenezia
La comunidad Pemón de Canaima vuelve a
manifestarse en contra de la minería ilegal que azota al Parque Nacional
y Patrimonio Natural de la Humanidad. Desde las 6 de la mañana de este
lunes, la comunidad indígena de Kanaimö mantiene cerrado el aeródromo
Gustavo Heny, en el Parque Nacional Canaima, estado Bolívar. Se conoce que en medida de protesta, los líderes de la comunidad se
apostaron en la pista de aterrizaje de la zona. Así lo muestra una
fotografía compartida por Andrés Izarra en Twitter. Según Manuel Patiño, gerente de mercadeo de Akanan travel
&Adventure, desde las 6:00 a.m. hasta los momentos, los grupos de
turistas que quieran salir o entrar a Canaima por el aeródromo, no
podrán hacerlo hasta que se levante la protesta. Los pemones exigen la
presencia del Ejecutivo en el lugar, para buscar solución a la
explotación ilegal de minerales en la zona. La periodista Valentina Quintero compartió la misma información a
través de su Twitter. A propósito del problema, compartió fotos de los
estragos que deja la minería en esta zona. A continuación el comunicado emitido por la comunidad Kanaimö: Lea más sobre la deforestaciones en Canaima en la revista Clímax: La destrucción de los bosques del Salto Ángel
Servindi- Indígenas de los pueblos
Sanema, Yek’wana y Pemón acordaron con el Gobierno nacional y el
Ejército el desalojo de dos puestos militares, la normalización del
suministro de combustible para las comunidades del Caura y el libre
tránsito de sus habitantes por ese río. Más información vía la Red Indígena de Radio Fe y Alegría de Venezuela. Boletín de la Red Indígena de Venezuela, 23 de febrero, 2015.(Archivo
mp3, 04 minutos, 33 segundos. Descargar con un clic en el enlace y
luego elegir guardar como. Propiedad de la Red Indígena Venezuela). De este modo, los indígenas que habitan en la cuenca de ese río
aceptaron liberar a los nueve militares que, entre jueves y sábado,
retuvieron en una zona del municipio de Sucre, en el estado de Bolívar. Julio Abreu, vocero del pueblo indígena Sanema, aclaró que lo
ocurrido no fue un secuestro como se ha venido diciendo, sino “una
retención”. Precisó así que la medida se tomó luego de que los militares incendiaran una choza. “El comandate (Gianfranco Giordani Leal) cometió un delito a los ojos del pueblo”, afirmó Abreu. Según el sitio web de noticias Ya Venezuela,
la “retención” concluyó después de que la ministra del Poder Popular
para los Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, se reunió con el grupo y
prometió hacer efectivos los acuerdos alcanzados. Abreu recordó en otro momento que en el año 2011 ocurrió un caso
similar en el Alto Paragua, también en el estado de Bolívar, y que
culminó con el desarme de veintidós militares por parte de las
comunidades indígenas. La situación que afrontan los indígenas del Caura
ha sido motivo de varias llamadas de atención. Los indígenas piden se
tomen medidas para frenar los atropellos de mineros ilegales y
militares, a los que acusan de estar asociados.
Aquella mañana lluviosa recorríamos en
autobús los 700 kilómetros de distancia entre Puerto Ordaz a Santa Elena
de Uairén para entrevistarnos con el indígena pemón Alexis Romero,
quien no podía salir de su municipio debido a la hipotética orden de
captura debido al incumplimiento del régimen de presentación que, en su
contra, había ordenado un tribunal militar. Pasados el kilómetro 80 de
la carretera, suerte de tierra de nadie según pasajeros y colectores, el
transporte serpenteaba lentamente por la carretera que a ratos te
regalaba el horizonte de tepuyes perfilados sobre un cielo azulísimo que
debería figurar, por su belleza, en la tabla de colores Pantone. Alexis
Romero es un viejo activista de la causa indígena, relacionado con las
acciones directas noviolentas más estimulantes de los últimos 15 años
realizadas en la zona. Habían pasado pocos días desde la celebración de
las elecciones donde Romero, respaldado por la coalición opositora, se
había postulado como candidato a la alcaldía del municipio Gran Sabana
en diciembre de 2013, recibiendo apenas el 2,5% de los votos. Si uno se
quedaba con este dato, el electoral-partidista, haría un perfil equívoco
del personaje. Nuestro interés era otro. En enero del 2012 Romero y
tres líderes indígenas pemones fueron detenidos por su vinculación en
el desarme y detención de 19 efectivos militares que de manera ilegal
extraían oro en la zona denominada Alto Paragua del estado Bolívar. En
la acción, realizada en octubre de 2011, participaron alrededor de 500
indígenas de 13 comunidades de la zona, cansados de los atropellos
protagonizados por funcionarios de las Fuerzas Armadas. Los detenidos,
siendo civiles, fueron presentados ante el Tribunal Militar Décimo
Séptimo de Control de Ciudad Bolívar. Mientras el resto era liberado,
Romero estuvo 5 días en el Internado Judicial de Monagas, conocido como
“La Pica”, donde a pesar de no haber sido sentenciado fue puesto en la
calle tras una comunicación que le informaba que había sido
“beneficiado” con un “indulto presidencial”. Sin embargo, como si de un
gag de los Monty Phyton se tratara, tras su liberación es informado que
el proceso en su contra continúa, que no puede declarar sobre su caso en
medios de comunicación, que no puede salir del estado Bolívar y que se
encuentra bajo régimen de presentación. Fiel a su propia historia,
Romero desobedece.
La historia de los sin historia
No
es la primera vez que Romero tiene desaveniencias con los funcionarios
militares. Especulamos que tampoco será la última. En abril de 1997 la
comunidad Pemón San Antonio de Morichal denunció la invasión ilegal de
sus tierras por parte de un hacendado con claras relaciones con las
autoridades de uniforme. La comunidad se moviliza para exigir la
desocupación de sus tierras y la reacción origina un indígena asesinado y
un infante pemón con heridas de arrollamiento. La Guardia Nacional
detiene a Alexis Romero acusándolo se ser el instigador de las
comunidad, torturándolo para intentar arrancar la delirante confesión
de ser el líder de un núcleo guerrillero vinculado con los zapatistas
mexicanos. La V República no lo trata mejor. En el año 2000 era parte
del grupo de comunidades pemonas opuestas al desarrollo del proyecto del
Tendido Eléctrico al Brasil, 750 kilómetros de infraestructura a través
de territorios indígenas, frente a un nuevo gobierno cuyo presidente
electo, en días de campaña, había prometido que “revisaría” el contenido
del acuerdo y que se pondría del lado de los intereses de los pueblos
originarios. Sin embargo, con la presencia de los presidentes Fidel
Castro y Henrique Cardoso el proyecto fue inaugurado en agosto de 2001.
En septiembre del 2000, dado los avances de la obra, se conoció que 7
torres de dicho tendido eléctrico habían sido derribadas, una
sorprendente y sagaz acción de protesta que no ha sido superada por
ningún otro movimiento social en 15 años de gobierno bolivariano. Alexis
Romero, en la época capitán de la comunidad de Maurak, fue hostigado
como parte de las acciones represivas de la militarización del
territorio pemón, que incluyó la siembra de minas explosivas en las
adyacencias del tendido.
En febrero de 2013, 15 meses después
de la primera acción contra los mineros de verde oliva, 43 militares
vuelven a ser desarmados y detenidos por las comunidades indígenas. Las
sospechas se redoblan contra Romero. Sin embargo, la solidaridad que
recibe es diferente a la de 13 años atrás. Un movimiento indígena
nacional, fragmentado, neutralizado y polarizado, hace un silencio que
para quienes tenemos memoria histórica de las luchas indígenas en
Venezuela, es demasiado escandaloso.
El ostracismo como condena
Si
el yukpa Sabino Romero ha sido calificado como el “nuevo Guaicaipuro”,
¿Qué paralelo histórico tendría el pemón Alexis Romero: ¿Tiuna,
Tamanaco? Es válida la pregunta de por qué si la lucha del yukpa ha sido
tan conocida, dentro y fuera del país, la del pemón es tan ignorada.
Parte de la respuesta es porque Sabino, asesinado dos días antes que el
fallecimiento del presidente Chávez, fue hasta su último respiro un
entusiasta promotor del zurdo de Sabaneta, mientras que Romero ha sido
un crítico frontal de lo que calificaba abiertamente como
contradicciones respecto a las políticas indígenas. Esto permitió a los
aparatos propagandísticos de los chavismos, tanto el militante como el
burocrático, coincidir en la promoción de su figura como ejemplo de una
“resistencia indígena” sólo posible bajo el gobierno bolivariano.
En
Santa Elena de Uairén, a falta de fuentes de empleo digno, una parte
importante de la población vive de la ilegalidad para-estatal, como el
contrabando de gasolina. Por eso, quizás, debe ser una de las
poblaciones venezolanas con más taxis por habitante, cuyos ingresos no
dependen precisamente de la cantidad de pasajeros transportados por día.
Por eso la campaña electoral de los candidatos oficialistas se basó,
entre otras cosas, en la entrega de juegos de cauchos a los conductores.
“También en regalar cajas de cerveza”, nos contó Romero. En la Gran
Sabana los indígenas quieren ser mineros, canal rápido para la riqueza
instantánea, abandonando su cosmovisión y estilos de vida tradicionales.
En un mundo dado vuelta, acciones realizadas por activistas como Alexis
Romero son un cable a los parajes de la cordura. Rafael Uzcátegui
Desde que se
inició la minería en el Sector Oriental del Parque Nacional Canaima, las
mujeres de Kawí asumieron la misión de defender los ríos y sabanas de la vasta
zona en donde han vivido siempre.
El Sector
Oriental del Parque Nacional Canaima, lo que se conoce como la Gran Sabana, se
encuentra el sureste extremo de Venezuela de cara al Brasil. Se trata del territorio
ancestral del pueblo pemón, la tierra de los tepui, una extensión de 3 000 000 de
hectáreas declarada como área protegida desde 1991 y como Patrimonio de la
Humanidad (UNESCO) desde 1994 y en donde, por supuesto, no se puede ejercer
ninguna actividad que atente contra la belleza, fragilidad y diversidad del
sitio.
La minería, sin
embargo, comenzó a verse en 2010, cuando comenzaron a subir los precios del oro
que pasó de un máximo de 500 bolívares por gramo a un récor de casi Bs.3 000. Y
a esto se sumaron nuevos y más voluminosos cupos de combustible para las
comunidades indígenas que habitan en el Parque. Primero comenzaron a trabajar en
el cauce cercano a la comunidad de Uroy Uaray, cuyas aguas van a parar al
majestuoso Salto Kamá, luego en las prístinas cercanías del Mirador del Oso y
en Liwö Riwö. Al menos una docenas de equipos disparando potentes chorros de
agua para remover el suelo.
Alicia Lanz y
Thais Castro, madre e hija, capitana y segunda capitana de Kawí, admiten que
muchos de sus paisanos van a la mina por necesidad, pero descartan la
posibilidad de arrasar a punta de máquinas de mediana y alta potencia las
nacientes, los ríos y las sabanas infinitas del sureste venezolano.
Alicia crió a
sus 18 hijos, junto a su marido, trabajando la tierra, pescando, cazando y más
recientemente atendiendo a los turistas que visitan su modesto campamento sobre
la Troncal. Thais y su esposo están levantando a su familia trabajando el campo
y recibiendo a los visitantes.
A las dos les
angustia la destrucción de los espacios. Pero a Thais le preocupa especialmente
las consecuencias que ha traído la práctica de la minería a motor en la vecina
Uroy Uaray, en cuya escuela estudian sus hijos: consumo de alcohol, de drogas
cuyo nombre ella desconoce, violaciones, prostitución, incluso un
acuchillamiento, muchos de los niños han comenzado sufrir de diarreas y
vómitos, a llenarse de llagas y a faltar a la escuela pues sus propios padres
en lugar de enviarlos a clases lo mandan a hacer mina, a hurgar en el material
en busca del oro.
“De qué vamos a
hablarles a los niños, cuando estudien Ciencias Naturales, si el mismo río está
contaminado”, expresó Thais como representante de varios estudiantes de la
escuela primaria.
El dos de
octubre pasado, el vice ministro del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Raúl
Rodríguez, visitó la comunidad indígena de Kumarakapay (San Francisco de
Yuruaní) para escuchar las versiones de las autoridades del pueblo pemón con
respecto a la actividad minera en el Municipio Gran Sabana y especialmente en
el Sector Oriental del Parque Nacional Canaima. Además de encabezar una jornada
de trabajo en la que se discutió acerca de la demarcación, del buen vivir y de
otros temas.
Durante el
encuentro, Jorge Pérez, el capitán general del Sector Cinco del territorio
pemón, dio por sentado que cualquier conversación al respecto lo excluía puesto
que en su zona, que incluye el Sector Oriental Nacional Canaima, no se realiza,
según él, la extracción de minerales preciosos.
A aquella
reunión asistieron 50 capitanes (autoridades tradicionales) entre
representantes comunales y sectoriales y ninguno lo contradijo, si bien la
práctica minera en el Sector Oriental del Parque es una realidad conocida entre
los indígenas, no indígenas, autoridades locales, regionales, nacionales y que
incluso ha trascendido a través de los medios de comunicación de la entidad y
del país. Sin embargo, aunque su nombre no figuraba en la lista de prevenidos
para ejercer el derecho de palabra, Thais Castro procuró una intervención y
consiguió expresar su versión: “Aquí tengo hermanos indígenas que están
realizando minería, que no es pequeña, dentro del Parque Nacional”, dijo, de
acuerdo con su recuento.
“Yo vine a decirle
la verdad. Yo soy madre de 18 hijos y yo no soy capaz de destruir para que
criar a mis hijos”, habría dicho la matriarca de los Castro, según refirió su
hija.
- ¿Y sólo ustedes
dos hablan de esto? Le preguntamos a Thais.
- Nosotras dos,
por los momento, pero hay mucha gente que está preocupada. Pero tienen miedo a
denunciar.
Por lo pronto,
se trata de un llamado de atención en solitario. El objetivo de estas dos
mujeres es cuidar su tierra, provocar la reflexión de los hermanos indígenas,
despertar en ellos lo que siempre ha marcado la vida del pueblo pemón: el amor
por la naturaleza, el estrecho vínculo entre el ambiente y el ser humano, el
respeto por todo cuanto existe en las amplias sabanas del sureste venezolano. Y
por supuesto, valorando la vida comunitaria y familiar, que es tan importante
para los pemón, fortalecerse a partir del consenso en lugar de disminuirse a
consecuencia del conflicto.
Efecto Cocuyo
