Waramasen | Comunidades indígenas expresamos descontento ante el incumplimiento del gobierno.

DECLARACIÓN DE ASAMBLEA DE WARAMASEN

Comunidades Indígenas del Pueblo Pemón, Akawaio, Arawako, Kariña   pertenecientes a los sectores III, IV, V, VI, VII, y VIII, manifestamos nuestro descontento ante la falta de palabra por parte de los funcionarios de los diversos ministerios, en virtud de su burla sistemática ante las solicitudes elevadas a las instancias correspondientes para abordar el Título de Propiedad Colectiva de nuestras tierras y hábitats, según lo consagran los artículos 119 de nuestra Carta Magna, Art. 20 y 28 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas.La reunión fue acordada con la Ministra Aloha Núñez, quien menciono la ida de los funcionarios con competencia en las diversas materias planteadas más los funcionarios delegados por los Ministerios han demostrado su falta de conocimiento en el tema. A excepción de los funcionarios del Ministerio de Petróleo que buscaron solución conjunta a las situaciones planteadas, irrespetando los esfuerzos de las autoridades legítimas en los costos realizados para trasladarse a la reunión, especialmente las comunidades que se trasladan en avión, más los costos de alimentos y logística en general.
Por otro lado, nos preocupa sobre manera el intenso lobby que algunos funcionarios de MINPPPI y Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico han estado realizando en comunidades indígenas entre diciembre 2016 y enero 2017 para buscar la aceptación de ciertas empresas encargadas de procesamiento de oro con cianuro, interés que no se ve reflejado en la búsqueda de soluciones para resolver la deuda asociada a la titularidad así como la atención hacia temas relacionados con la salud, educación, seguridad, turismo y el buen vivir del pueblo Pemón. Los protocolos de consulta libre previa e informada, que forman parte de las leyes de vanguardia de la Revolución Bolivariana en materia cultural y ambiental no han sido asumidos por el ente rector de la materia.
Expresamos nuestro carácter de pueblo de paz, chavista y revolucionario, lo cual no puede ser usado más como chantaje para encubrir la omisión de los Ministerios del Poder Popular de nuestro gobierno, como garante del cumplimiento de los derechos indígenas han incursionado.
Se plasma en esta situación un mecanismo de doble moral. Por una parte, los pemones somos acusados de mineros y que por esa razón, el MINPPPI y otros entes argumentan que de allí surge nuestro interés de la titularidad, y por otro lado, vemos en la acción, una exagerada atención hacia buscar entre algunos sectores indígenas, proyectos para el desarrollo minero.
Estamos cansados de ser utilizados, del vilipendio al que hemos sido objeto de forma reiterada ante las autoridades. Y sobre todo estamos cansados de que no se busque una solución estructural al tema de Titularidad de Propiedad Colectiva.
Hemos hecho entrega de proyectos en el área de turismo y agro productivo para contribuir a la diversificación económica, pero el apoyo ha sido muy poco para no decir nulo.
Denunciamos además que pese a las innumerables solicitudes para abordar la situación de violencia producto de bandas armadas que han cobrado la vida de indígenas, además de instaurar espacios donde solo la ley del pran manda, los esfuerzos para garantizar la paz han sido insuficientes.
Reconocemos como ningún otro actor lo ha hecho, la participación de algunos sectores del Pueblo Pemón en la actividad minera. Hemos sido nosotros los que hemos tomado la iniciativa ante las autoridades para denunciar de forma categórica la situación actual, sin embargo, esto parece no ser relevante a la hora de buscar soluciones.
La minería no permisada al sur del Estado Bolívar, ha estado siendo ejercida por años por parte de personas no indígenas. Hasta permisos ambientales fueron otorgados para vulnerar espacios indígenas. Han pasado los años y la migración del Pueblo Pemón hacia la minería es multifactorial, con esto queremos decir, que no obedece a un patrón espontáneo de unos indígenas a los que no les duele su tierra. Hemos sido testigos de la impunidad ante el contrabando de combustible, mercurio, alimentos y otros, hemos sufrido la ausencia de políticas sociales garantes de nuestro desarrollo como pueblo indígena venezolano, nos indigna que en la coyuntura actual seamos acusados de responsables de la actividad minera no permisada, quedando invisibilizado las mafias armadas, los mineros no indígenas de diferentes nacionalidades entre otros sujetos.
Deploramos las amenazas por grupos armados a los hermanos indígenas en el Municipio Sifontes, al Capitán General del Sector 7 y sus comunidades a lo largo del rio Ikabaru, también la omisión de las Fuerzas Armadas para el desalojo de mineros en tierras y habitas indígenas y la no consulta en elaborar políticas conjuntas en materia de Seguridad y Defensa en todo lo que afecte a los Pueblos y Comunidades indígenas según el art 11 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.
Exigimos la presencia del Presidente Nicolás Maduro Moros o en su defecto del Vicepresidente ejecutivo, igualmente al Ministro del Poder Popular para la Defensa o alguien que designe para abordar los temas expuestos y pedimos que se realice un llamado de atención para los Ministerios competentes, sobre su actuación ambigua ante las comunidades indígenas y de una vez por todas, sincerar y socializar toda la información sobre los planes y proyectos que el Estado venezolano pretende ejecutar en territorio del Pueblo Pemón. Y damos un plazo de 15 días continuos, a partir de hoy para que se instale:
1.- La Comisión de Demarcación y Titularidad de Tierras y Habitas Indígenas
2.- La Comisión de la Seguridad para combatir la inseguridad en Territorios Indígenas, y el seguimiento para el desalojo de los mineros no indígenas en territorio indígena.
3.- El Sector 7, en conjunto con los demás Sectores van a intervenir a lo largo del Rio Ikabaru ya que las Fuerzas Armadas omiten su función de protección y resguardo a las áreas indígenas.
4.- Designación de una comisión conjunta entre el Pueblo Pemón, Akawaio, Arawako y Kariña con el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas para la evaluación de las Políticas Públicas en materia indígena que afecte nuestras áreas.
Declaración emitida en Waramasen a los Diecisiete días del mes de febrero del Año Dos Mil Diecisiete.
Asamblea de Waramasen

Garimpeiros brasileños amenazan de muerte a capitán pemón por su oposición a la minería en Amazonas

COMUNICADO

El Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes, ante las amenazas de muerte a las que ha sido sometido el Capitán General Indígena Pemon del Sector Ikabarú Del Municipio Gran Sabana, Estado Bolívar, Juan Gabriel González, manifiesta lo siguiente:

1. El sector Ikabarú es el único del pueblo indígena Pemon de la Gran Sabana en contar con un titulo de propiedad colectiva sobre sus tierras.

2. Aunque se trata de un titulo colectivo sobre tierras indígenas con las deficiencias propias de estos, constituye una herramienta jurídica importante para la protección de sus derechos territoriales fundamentales.

3. Que el titulo fue otorgado sin el saneamiento de las tierras que exige la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI).

4. Que los terceros no indígenas permanecieron en el territorio de Ikabarú luego de haber sido otorgado el titulo sobre las tierras.

5. Que la minería ilegal realizada por extranjeros mineros ha generado conflictos socio-ambientales en el Sector de Ikabarú.

6. Que el resguardo del Sector Ikabarú como territorio de frontera le ha correspondido realizarlo al pueblo Pemon.

7. Que las amenazas de muerte proferidas al capitán General por parte de minero ilegales brasileños en la zona, son expresión del proceso de criminalización al que están siendo sometidos los líderes indígenas en general, y específicamente los capitanes del pueblo indígena Pemon de la Gran Sabana.

8. Que las constantes amenazas de muerte hacia los indígenas en Venezuela evidencia una peligrosa tendencia de genocidios silenciosos culturales hacia pueblos y lideres indígenas.

9. Que la demarcación de territorios indígenas sigue siendo el principal derecho pendiente de los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela, por no haber sido los territorios indígenas aún saneados de las amenazas que sobre estos se ciernen.

10. Que paradójicamente las titulaciones de tierras indígenas hasta ahora realizadas han generado mayor fragmentación territorial y desestructuración cultural.

11. Que el Arco Minero ha generado mayor tensión y peligrosidad en las territorios indígenas del Estado Bolívar.

En virtud de lo antes expuesto, el GTAI exige a las autoridades públicas y estatales:

1. Medidas cautelares en favor del Capitán General Indígena Pemon del Sector Ikabarú Del Municipio Gran Sabana, Estado Bolívar, Juan Gabriel González.

2. Saneamiento del territorio indígena Ikabarú de terceros mineros ilegales.

3. Conversión de la autodemarcacion en demarcación del territorio indígena Pemon de la Gran Sabana mediante leyes especiales.

4. Reforzamiento de las labores de vigilancia y resguardo en las zonas de frontera por parte de las autoridades competentes.

5. Paralización del Arco Minero y de sus efectos sobre los territorios indígenas del Estado Bolívar.
En Mérida, Venezuela, a los 21 días del mes de febrero de 2017.

Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la Universidad de Los Andes.

Avenida Las Américas, Conjunto La Liria. Fac. de Ciencias Jurídicas y Políticas. Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina, telf. (0274) 2402030, correo gdtasuntosindigenas@gmail.com. Mérida- Venezuela

Historia de un secuestro: ¿Volverá la piedra Kueka a su hogar pemón?

por Isabel Guerrero Villasmil

18 años han pasado desde que una piedra de 32 toneladas fue sacada del sector oriental del Parque Nacional Canaima, al sureste de Venezuela, y llevada a Alemania para que fuese parte de la obra del escultor alemán Wolfgang Kraker von Schwarzenfeld. La extracción de lo atribuyen es un jaspe fue autorizado por Héctor Hernández Mujica, titular del Instituto Nacional de Parques (Inparques), en 1998, durante la presidencia de Rafael Caldera.

Escultor alemán protagonista del polémico caso de la piedra kueka

Polémica. Desde entonces, “la piedra sagrada” ha estado rodeada por la polémica. El pueblo pemón, activistas y grupos ambientalistas organizados han pedido su repatriación alegando que es “la piedra kueka-abuela” y han protestado por el maltrato a su color natural luego de ser lijada y tallada. Mientras que el artista ha señalado que todo fue un engaño, que se trata de una roca arenisca roja sin valor, sobre la cual se inventó un mito. Cree que “el presidente venezolano Hugo Chávez creó la controversia con el fin de obtener el apoyo de la comunidad pemón para ganar las elecciones (octubre 2012)”, según reseña The Guardian.
Los hechos. Wolfgang Kraker sostiene que realizó todos los trámites respectivos ante las autoridades del gobierno venezolano, primero solicitando la pieza que fue otorgada como “donación” y luego, gestionó su traslado desde Santa Cruz de Mapaurí, en el estado Bolívar, hasta Alemania. Coincidió con una protesta por parte de la comunidad pemón debido a la construcción de un tendido eléctrico de alta tensión que atravesaba su territorio, en la Gran Sabana, y eso demoró la salida de la piedra kueka; la Guardia Nacional intervino y estuvo custodiada en el km 88 de la carretera internacional hacia Brasil hasta que se mostró la documentación pertinente y continuó su viaje. El escultor, también contó con el apoyo del encargado de negocios de la embajada de la República Federal de Alemania, Hans Peter Pliska. El 24 de febrero de 1999, fue colocada en un acto solemne en la Puerta de Brandengurgo, en la capital alemana.

Traslado, tallado y lijado del símbolo pemón

Los aspectos legales. Uno de los aspectos que se toman en consideración en este caso es que la extracción de la roca viola el ordenamiento jurídico que regula las actividades en las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial por encontrarse dentro de los límites del parque nacional. Otro elemento que se debe mencionar, es que la presidenta de la Comisión de Ambiente y Ordenación del Territorio del extinto Senado, envió una carta a la embajada alemana notificándole el análisis jurídico hecho por dicha comisión, donde señalaban que la extracción y movilización de la piedra fueron ilegales. Infringió el artículo 12 de la Ley Forestal de Suelos y Aguas, de 1966, y los artículos 4 y 12 del Decreto 1.640, del 5 de junio de 1991, sobre el Plan de Ordenamiento y Reglamento del Sector Oriental del Parque Nacional Canaima, al mismo tiempo que se trataba de actividades no permitidas por el mencionado Decreto (artículos 22 y 24)”.

Del derecho indígena. Para el pueblo pemón, esta piedra representa sus creencias y forma parte de su cosmogonía, según Raúl Grioni, expresidente del Instituto de Patrimonio Cultural. Además señala, que la piedra es considerada una persona convertida, una abuela, llena de sabiduría y orientadora de su pueblo, que se encontraba acompañando al “abuelo”, una piedra similar ubicada en el mismo lugar donde estaba la piedra kueka. Actualmente, es considerada una reliquia ancestral. El 09 de agosto de 2006 fue declarada patrimonio cultural de la Nación.

Permanencia actual. Se encuentra en el parque Tiergarten, en Berlín, frente al Memorial del Holocausto. El proyecto lleva por nombre Global Stone y es una iniciativa autofinanciada por el artista alemán que tiene como fin activar las energías para la paz del mundo.Según reseña la página oficial del proyecto, el autor tiene como misión “encontrar en cada continente dos piedras para el proyecto que respondan a una particularidad única y cuya composición mineral, forma y origen sean características de cada uno de los cinco continentes”. Cada par de piedras provenientes está representando los cinco pasos hacia la paz: Europa (el Despertar), -África (la Esperanza), Asia (el Perdón), América (el Amor) y Australia (la Paz). La piedra kueka fue tallada, lustrada y lleva la inscripción de la palabra Amor en siete idiomas. En enero de 2000 se dio apertura a la exposición Global Stone.

Solicitud venezolana. El presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, Omar Vielma, señaló este 20 de septiembre de 2016 que será reactivado el caso de retorno al país de la piedra Kueka y que se tiene previsto la colocación de una fragata nacional en puerto alemán para el traslado según reseña Alba Ciudad. El Ministerio Público inició en julio de 2014 las diligencias necesarias para traer al país la piedra Kueka, según informó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en el programa radial Justicia y Valores, según indica la página web de la institución. El 15 de mayo del 2000, la Procuraduría del estado Bolívar exigió la devolución de la piedra kueka.
Compromiso alemán. El 27 de mayo de 2000, la Embajada de Alemania se comprometió públicamente el a la devolución de la piedra, información que fue dada a conocer públicamente a través de un comunicado publicado en el diario El Nacional.

Líderes indígenas de la Gran Sabana rechazan implementación inconsulta de “Motor Productivo” y Arco Minero del Orinoco

Foto: archivo

El líder pemon Alexis Romero conversó este 01.05.2016 con Provea y expresó el rechazo y preocupación de los comunidades indígenas de la Gran Sabana por las acciones emprendidas desde el alto gobierno para la aprobación e implementación de los “14 motores productivos” en la región sin la inclusión del pueblo Pemon a través de la consulta previa, libre e informada. Las declaraciones fueron emitidas tras la visita del vicepresidente para el área social, Jorge Arreaza, a la Gran Sabana el pasado domingo 24 de abril, donde sostuvo un encuentro con voceros indígenas a la cual no fueron invitados capitanes y autoridades legitimas del pueblo Pemon.

Según explicó Romero, el objetivo de la reunión pretendía la aprobación de los “14 motores productivos”, iniciativa impulsada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro para intentar paliar la crisis económica agravada por la caída de los precios del petróleo, que incluye un apartado dedicado a la explotación minera.

Recordó que toda actividad en los territorios habitados ancestralmente por los pueblos originarios, debe ser sometida a la consulta previa, libre e informada, por lo que denuncia que se están tomando decisiones sin que los pueblos indígenas participen, “los capitanes generales del sector se presentaron sin ser invitados, nos presentamos por que queríamos fijar una posición y para que se tomaran en cuentan a las autoridades legitimas de nuestro pueblo”.

Denunció que “el gobierno esta tomando decisiones a través de su gente de confianza, que no representa a los pueblos indígenas, son voceros escogidos por ellos mismos y no voceros de los indígenas, es mentira que sea el pueblo el que toma decisiones, ellos están manipulando las reuniones, se reúnen con su propia gente y están tomando decisiones en nombre nuestro pueblo”.

Hizo un llamado de especial preocupación sobre la creación de la Zona Estratégica Integral del Arco Minero del Orinoco, un área de casi 112 mil kilómetros cuadrados, ubicada en Bolívar, donde se prevé la explotación de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales, por parte de una empresa mixta conformada por el Estado y otras 150 compañías provenientes de 35 países.

“Es un peligro para nosotros la implementación de estos motores, especialmente del arco minero porque en la Gran Sabana casi todas las comunidades se encuentran dentro de sectores ricos en minerales, su consumación nos va a perjudicar, al igual que vemos con preocupación la creación de un empresa militar con la cual se le da libertad a los militares de actuar en cualquier terreno. Si ahora, sin la empresa, han dicho actuar sin o con el permiso de los capitanes, mucho mas podrán hacerlo con esta empresa que han creado”.

Informó que en una breve conversación sostenida por el capitán general del sector 6 con Arreaza se le pidió que no interviniera en el sector Ikabaru, donde se concentra el mayor número de comunidades indígenas, “verbalmente se comprometió a respetar la exigencia de los capitanes, pero la situación no puede más que generar dudas, ellos hablaban de una participación protagónica y popular, que las decisiones son de las bases, pero están tomando decisiones a puerta cerrada sin consultar los pueblos”, finalizó.

Alexis Romero participó en la acción de desarme de 27 efectivos del Ejército en la comunidad de Musukpa ocurrida el 27.10.2011, en rechazo a la participación de los militares en actos de corrupción, minería ilegal y ante los constantes atropellos que estos cometían contra los indígenas. Fue detenido durante 3 días en la cárcel de La Pica, y posteriormente sometido a régimen de presentación cada 15 días con la obligación de acudir a un Tribunal Militar de Ciudad Bolívar, ubicado a más de 800 km de distancia de su vivienda. (Prensa Provea)

Las autodefensas indígenas se levantan al sur de Venezuela

MARÍA A . SEGOVIA

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A orillas del río Paragua, en el estado Bolívar, un grupo multiétnico de aborígenes desarmó a los militares y enfrenta al crimen organizado

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Desde que hace cuatro años, la tarde del 27 de octubre de 2011, centenares de indígenas sometieron a 22 comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército que se habían dedicado a explotar el oro de la mina Toronó, a orillas del río Paragua en el estado Bolívar, se desencadenó la secuencia de hechos que daría origen a la comunidad de Musukpa y su virtual independencia del Estado venezolano.

Hoy sus habitantes explotan la mina Toronó por su cuenta y de acuerdo a reglas que ellos mismos definieron. Cobran tributos para sufragar los gastos de salud y educación.

Y organizan, bajo el asedio simultáneo y asimétrico de cazadores de fortuna y de la estructura del Estado, rondas de seguridad.

DESPIERTA EL CAMARÓN
Musukpa significa "camarón" en idioma pemón. Un cartel tallado en madera y atado a un árbol, anuncia la llegada a la comunidad de Musukpa. A primera vista se abre una extensa porción de selva deforestada. Amplios bancos de arena, imposibles de abarcar de un solo vistazo, cubren el área. Encima corren largas mangueras que trepan por plataformas construidas de manera rudimentaria con troncos y pedazos de madera.

Son todos rastros de la minería. Aunque los pobladores sean indígenas, ya no practican la extracción artesanal. No hay conuco. La demanda de casabe se satisface con compras a comunidades vecinas. Musukpa es además una rara muestra de heterogeneidad. En ella conviven miembros de diferentes etnias del sur: pemones, yekuanas, chirianas, kurripakos y arawacos. También hay criollos en las 30 familias del lugar.

Musukpa se rige por un estricto compendio de normas de convivencia de 10 capítulos y 76 artículos, que ordena todos los aspectos de la vida comunitaria, desde el trabajo minero hasta el ingreso de visitantes.

La Ley Comunal, en su capítulo IX, establece un Fondo Social a cargo de una comisión especial elegida por el Consejo indígena, responsable de administrar los recursos económicos aportados por los dueños de máquinas, quienes cada semana deben declarar un reporte de ganancia y destinar un diezmo a la comunidad.

Todos los comerciantes, paleros y compradores de oro también están obligados a dar un aporte destinado a la autogestión.

A esa ley de facto se oponen las ordenanzas del criollo. En especial el Decreto presidencial 8.413, con "rango, valor y fuerza de Ley Orgánica" ­ Chávez lo firmó investido de poderes habilitantes­, que en septiembre de 2011 otorgó al Estado el monopolio de la exploración, explotación y comercialización del oro. Apenas dos meses después, ocho capitanes indígenas ­entre ellos, Alexis Romero, el activista pemón que en octubre del mismo año había lidiado con el coronel Cortez el desenlace de la escaramuza en la mina Toronó­ introdujeron un recurso de nulidad del Decreto.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó el recurso. En un solo plato, le dijo a los habitantes de los territorios en proceso de expropiación que no tienen derecho a decidir sobre sus propios entornos.

La precariedad legal no es la única debilidad que amenaza dar al traste con este experimento de autogobierno, que no de utopía. La más acuciante puede que sea el acecho de los maleantes que se han hecho fuertes en la zona.

LA SANGRE EN EL RÍO
Aunque desde 2005 se registran hechos de violencia alrededor del surgimiento de grupos irregulares que tomaron las minas en el sector Kilómetro 88 del municipio Sifontes, y El Manteco, en el municipio Piar, todos los testimonios coinciden en fechar el punto de quiebre entre el Estado y la comunidad a finales de agosto de 2013. Entonces desapareció Teodoro Osman, originario del sector de Bethel pero que tenía campamento en Musukpa. Su cuerpo se encontró dos semanas después, flotando en el río cerca del salto Uraima. El cadáver sirvió de aviso para que los pobladores se enteraran de que en La Paragua ya se aplicaba la ley del "sindicato".

El 21 de enero de 2014, casi cinco meses después de la muerte de Osman y tras numerosas reuniones internas, los pobladores emitieron un informe en Asamblea General, en el que dan cuenta de la presencia de grupos foráneos que portan armamento militar en sus territorios y realizan "extorsión, ultraje a mujeres, amenazas, secuestro y asesinatos". El asesinato de Osman y el deterioro de la seguridad en la zona de La Paragua coincidieron, llamativamente, con el retiro de las fuerzas militares hasta entonces estacionadas allí y el abandono de un punto de control ubicado a metros del Puerto Uraima, donde se encontró el cuerpo.

Uraima ­puerto, paso, salto e isla­ es un punto clave del río. Se trata de un trecho de casi un kilómetro que se recorre en vehículos de tracción en las cuatro ruedas y bordea los rápidos. El lugar también tiene fama como meca mundial de la pesca deportiva. Cerca, se encuentra la más reciente y productiva bulla, como se conoce a las inmigraciones súbitas y en tropel que ocurren cuando se corre la voz de un nuevo filón de oro. El nombre de la mina es Manaza. Queda rumbo al sur, hacia el alto Paragua, cerca de Musukpa y del abandonado punto de control militar. Manaza es todavía la mina más activa de la cuenca del Paragua. Todos los días siguen llegando aventureros. Pero en 2012, cuando la noticia de su riqueza empezaba a esparcirse, logró atraer a miles de personas. Un enfrentamiento entre grupos armados dejó ese año seis personas muertas. Dos bandas, la de Los 24, por un lado, y la de Marco Polo, por el otro, se disputaban el control de la zona. La refriega forzó a una intervención militar.

Quien tiene la llave de Uraima controla el tránsito por el Paragua, vital para las comunidades ribereñas. En 2013, un incidente allí dejó muy en claro hasta dónde llegaban las ambiciones de las bandas irregulares.

Un grupo de 15 maleantes se apoderó del paso. Al final, entre amenazas de agresiones, los indígenas consintieron Es verdad que los gobiernos de la autodenominada Revolución Bolivariana ­una de cuyas banderas es la sensibilidad oficial hacia los pueblos originarios­ ha reconocido el problema.

Como también lo es que no acierta en proponer e implementar soluciones.

Tres días después del manifiesto hecho público por los indígenas en enero de 2014, el entonces ministro de Interior, general Miguel Rodríguez Torres, reconoció la existencia de mafias que tomaron las minas, durante una visita al estado Bolívar. "Aquí tenemos un problema, hay algunos grupos que se hacen llamar sindicatos y en realidad son bandas armadas que se dedican a la extorsión". Durante esa visita, en una jornada que el gobernador Rangel Gómez calificó de "ejemplar", se prometió la creación de grupos especiales para la "neutralización de esas bandas que están haciendo prácticamente lo que les da la gana". Pero un año y medio después, la realidad no cambió casi en nada. Todavía en el reciente mes de junio de 2015, Rangel Gómez declaraba que se disponía a ir "con la firme decisión y todas las fuerzas para normalizar una situación que han generado los diferentes sindicatos mineros que tratan de tomar control de la zona con la minería ilegal".

En la cronología de hechos que dieron lugar a la virtual independencia de Musukpa ocupa un puesto destacado el comunicado del 21 de enero de 2014. Aunque entonces fue el equivalente de un grito de "Ya basta" por parte de la comunidad, terminó siendo una suerte de título fundacional para Musukpa y sus pretensiones sobrevenidas de enclave autónomo. Una suerte de república independiente.

Como en la región empezaba a imponerse, por sobre las normas del Estado venezolano, la ley del más fuerte, el texto incluyó un fragmento que no fue ni bravuconada ni simple amenaza. Los indígenas se preparaban para defenderse a sí mismos.

"De no asumir las instituciones de seguridad, nos veremos en la obligación de organizarnos para la defensa de nuestros derechos y combatir la inseguridad en nuestros territorios", dice el documento.

Y también: "Se tomará el Puerto de Uraima en donde se establecerá una brigada de seguridad para fortalecer los mecanismos de seguridad interna en las comunidades".

En enero de 2014, se dio por inminente la conformación de autodefensas.

Los indígenas plantearon el mantenimiento de estos grupos por autogestión con aportes económico de comerciantes, transporte fluvial, visitantes, dueños de máquinas, paleros y obreros. En el decisivo documento de esa fecha argumentan que los pueblos indígenas tienen un derecho de autonomía que les permite asumir su propia seguridad y justicia comunitaria. Dejan claro que la acción nace del vacío institucional, el abandono y la omisión de las autoridades de ejercer sus obligaciones en materia de procuración de justicia y seguridad. Y destacan: "Ratificamos nuestro deseo de que nuestras tierras y comunidades no sean refugios de delincuentes, mucho menos que la llenen de sangre, queremos ser hombres y mujeres libres e independientes".

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Es inminente el retorno de la piedra Kueka a Venezuela

El IPC ha adelantado las gestiones necesarias en conjunto con otros organismos. A su regreso de Alemania se realizarán actos ceremoniales para finalmente resarcir el daño a la comunidad indígena de la Gran Sabana

La piedra Kueka a su llegada a Berlín (al fondo la Puerta de Brandenburgo)

El Estado venezolano, a través del Instituto de Patrimonio Cultural (IPC) emprendió las gestiones pertinentes para retornar a la Gran Sabana la Piedra Kueka, un elemento sagrado de la cosmogonía del pueblo pemón, que fue extraída ilegalmente de Venezuela en 1998, en los estertores del gobierno de Rafael Caldera, e instalada en un parque en la ciudad alemana de Berlín.
La piedra pesa aproximadamente 30 toneladas y es de jaspe por lo que es una piedra semi preciosa. Su ubicación original era Santa Cruz de Mapaurí, en el Parque Nacional Canaima, a media hora de Santa Elena de Uairén, en el estado Bolívar.
“Es un elemento sagrado para el pueblo pemón, que ellos consideran un miembro de su comunidad convertido en piedra. Hay otra piedra que es el abuelo (también de jaspe). Esas dos piedras estaban juntas”. La piedra Kueka (es el  nombre propio), es la abuela”, explica Héctor Torres, presidente del IPC.
Natalia Medrano, directora de Puesta en Uso Social del IPC, explica que el mito indígena dice que “eran dos miembros de comunidades pemón diferentes, y se fugaron juntas lo que era prohibido.  Entonces un piasán -que es como un personaje de alto rango espiritual- los convierte en piedra y quedan ahí juntas. Y con el pasar del tiempo se transformaron en los abuelos”.
Medrano, quien ha visitado en cuatro ocasiones a esa comunidad indígena, comenta que los pemones han señalado la extracción de la piedra Kueka como causa de la tragedia de Vargas en 1999, porque “dicen que es un elemento sagrado que tiene su lugar en la naturaleza y al ser removido, tocado e intervenido, se producen tormentas y lluvias; la naturaleza de queja”.

FUE EXTRAÍDA PARA GLOBAL STONE

“Los abuelos son los que portan la sabiduría del pueblo” y  para los pemones estas piedras (abuela y abuelo) “son miembros de su comunidad como si fueran seres vivos”, dice Medrano. “Los chamanes se comunican con ellos”, agrega Torres. “Para ellos la extracción de esa piedra, es el secuestro de un ser de su comunidad”, “tal cual como si alguien secuestrara una abuela”, dice.
La roca fue extraída por un ciudadano alemán llamado Wolfan Von Schwarzenfeld, para esto utilizó maquinaria, transporte terrestre y marítimo, sufragado por él.  La razón de esta extracción es que la piedra Kueka formara parte de su proyecto personal llamado Global Stone (http://www.globalstone.de), de “carácter metafísico, relacionado con activar energías para la paz del mundo”. “Si se quiere es un proyecto con unos objetivos altruistas, pero contrariamente genera un daño”, dice Torres, que atribuye a la “arrogancia del primer mundo”. Von Schwarzenfeld tomó cinco piedras, una de cada continente. La de América fue la que extrajo de Venezuela, y las exhibe en el parque metropolitano Tiergarten, en el centro de la ciudad de Berlín.
En la página de Global Stone se pueden apreciar las fotos del proceso de extracción de la Kueka, y algunas son expuestas por Von Schwarzenfeld como prueba de que se realizó la remoción de la piedra de manera consentida.
“Nosotros partimos del hecho de que esa extracción es ilegal, y eso está establecido jurídicamente”, dice Torres. La piedra es parte del patrimonio natural del Parque Nacional Canaima. Y posteriormente fue declarada bien cultural. La Procuraduría General de la República y la Consultoría Jurídica del Ministerio del Ambiente se pronunciaron. La piedra fue sacada del país como una donación, autorizada por Héctor Hernández Mujica, presidente del Instituto Nacional de Parques para la fecha, pero ese acto ha sido declarado nulo por la “manera fraudulenta” en como se realizó.

CONTRA LA VOLUNTAD DEL PUEBLO PEMÓN

El secuestro de la piedra Kueka no se dio sin resistencia, aclara Torres. Primero Von Schwarzenfeld la extrajo con maquinaria y la colocó en un camión, y cuando la transportaba, el pueblo pemón se percató de lo que sucedía. La comunidad indígena detuvo el transporte durante dos meses en el kilómetro 88 de la carretera de la Gran Sabana, con ayuda de la Guardia Nacional, narra Torres. Pero en ese lapso, Von Schwarzenfeld, hace varias gestiones, entre éstas, consigna unas pruebas sobre la naturaleza de la roca que certifican que no se trata de jaspe sino de una “arenisca”. Y finalmente, logra que Héctor Hernández Mujica le done la piedra a Alemania.
La piedra además fue tallada y pulida lo que para el pueblo pemón constituye un agravante. Durante todos estos años la comunidad indígena y grupos de apoyo ha hecho diversas manifestaciones para el retorno de la roca. Su devolución es un acto responsable por parte del Estado, a fin de resarcir el daño causado en concordancia con “el tratamiento que la da la Constitución  Nacional a los pueblos indígenas”, expresa Torres. Además del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, han intervenido los ministerios para las Relaciones Exteriores y Ambiente.
Desde 1999 el Estado ha solicitado la repatriación de la piedra Kueka, pero nunca se había avanzado en las gestiones administrativas como se ha hecho en los últimos cinco meses. Era necesarios algunos pasos previos como “establecer la ilegalidad del hecho”, contactar a la municipalidad de Berlín, contar con los recursos económicos para financiar el transporte y traslado hacia Venezuela (debe costearlo el país que hace el reclamo del bien cultural), y prever  los actos ceremoniales que la comunidad pemón ha solicitado se deben realizar cuando arribe a Venezuela.
“Todo esto hace que el regreso de la piedra Kueka sea inminente, sea hoy, mañana o en un mes. No tenemos ninguna  duda de que ese elemento regresará al país, por  todo lo que hemos avanzado”, afirma Héctor Torres. “Es un acto de justicia y una expresión de resistencia de los pueblos”, y “establece una diferencia muy clara entre lo que era la ética de la Cuarta República y lo que es la ética del Gobierno Bolivariano, que se comporta completamente distinto frente a los derechos de los pueblos”, expresó Torres.

T/Florángel Gómez
F/ Cortesía IPC

Importante denuncia desde la Gran Sabana.

Denuncia de los compañeros indígenas Pemon de la Gran Sabana de la comunidad de San Rafael de Kamoiran,donde hace ocho días,en la troncal 10 murieron dos miembros de la comunidad en extraño accidente donde esta involucrado un miembro del ejercito,sin que hasta ahora existe una averiguación formal,expresado por ex-capitán y lider Silviano Castro de esta comunidad.

Ciudadano(a):
Fiscal Sexto del Ministerio Público
Su despacho.-
Reciban un cordial saludo, en el día de hoy 26 de agosto de 2015, ¨Nosotros la comunidad indígena de SAN RAFAEL DE KAMOIRAN, y los familiares de los occisos de nombres : Cirilo José Castro Blanco N.C: 14.668.284, el cual era padre de 4 hijos, teniendo el menor de 4 meses solamente y Celso Ignacio Castro Lanz N.C:18.160.815 del accidente ocurrido en la troncal 10 en el Municipio Gran Sabana, Del Estado Bolívar, el día 18/08/2015, a las 04:30 pm. Nos vemos obligado a denunciar y solicitar una respuesta inmediata, ya que han transcurrido 8 días del lamentable suceso donde fallecen dos miembros de nuestra comunidad y todavía no hemos tenido respuesta alguna por parte de las autoridades competentes, y hasta la fecha no hemos tenido ningún contacto con el responsable, no conocemos el nombre del responsable, y menos conocemos su procedencia.
Es por estas razones que Pedimos a las autoridades competentes, y fiscalía del ministerio público de esta jurisdicción se hagan presentes y nos den las respuestas justas de este hecho que causo el dolor del fallecimiento nuestros familiares causada por la imprudencia de un conductor el cual sin causa justificativa estaciono su vehículo en una zona incorrecta de la troncal.
Tomando en cuenta que la señora CAMILA BLANCO VELAZQUEZ, la madre Cirilo José Castro Blanco N.C: 14.668.284, perdió a un yerno en manos de un sargento del ejército de nombre Jhonatan Ortiz en fecha 28 de mayo del 2006, donde el citado sargento acciono un arma de fuego en contra del ciudadano miguel de Jesús Lanz, y cuyo caso quedo sin resolver.
De esta forma nuestra familia y Comunidad Indígena exigimos lo siguiente:
1. Que los poderes públicos hagan el trabajo, de forma justa, porque no descansaremos hasta que se nos de la respuesta adecuada que estamos pidiendo. Ya que con justicia exigimos justicia.
2. Que el vehículo que se encuentra involucrado en este lamentable hecho sea puesto a la orden de las autoridades competentes y no esté en resguardo de otras instituciones.
Se anexan evidencia que se demuestran la imprudencia que ocasiono el conductor de la camioneta.
Solicitud que hacemos en apego a lo establecido en el artículo 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Es justicia que espero merecer en Santa Elena de Uairén a la fecha de su presentación
Comunidad Indígena Pemon de San Rafael de Kamoiran.Gran Sabana.Venezuela

Líder pemón: Comunidad en Canaima está enferma por contaminación de minería ilegal

por Vanessa Arenas

Efecto Cocuyo

En el Parque Nacional Canaima habitan 3 mil pemones distribuidos en seis comunidades indígenas. De ellos, casi la mitad se ha enfermado en estos últimos seis meses. ¿La razón? La contaminación que ha producido la minería ilegal en las aguas del Río Carrao –desde el Campo Carrao hasta la desembocadura del Río Churún-. La misma agua que consumen.
“Hay muchos niños que se han enfermado de diarrea y otros problemas del estómago. Es el agua que bebemos, con la que nos bañamos. La contaminación también llega a la Laguna de Canaima”, explicó el capitán de la comunidad indígena de Canaima, Leonardo Martínez.
La práctica de minería ilegal se remonta a más de seis años atrás, de acuerdo con Martínez. El uso de las motobombas para extraer oro derrama gasolina, mercurio y metilmercurio en los ríos. Pero no es solo eso. Hay cerca de 30 balsas flotantes en las aguas del Carrao; en cada una están seis personas que se dedican a la minería y allí levantan sus campamentos. “La cantidad de desechos sólidos que generan es preocupante. En enero de 2014 se hizo la última operación militar y se destruyeron varias máquinas, pero ellos (los mineros ilegales) buscan la forma de conseguir más. No se van; por el contrario, vienen hasta de Brasil y otros países”, detalló la autoridad de la comunidad.
Tras denunciar en reiteradas oportunidades lo que la depredación que causada por este actividad ilegal e incluso entregarle cartas al entonces canciller Elías Jaua en 2013, la comunidad indígena decidió este lunes 1 de junio cerrar la pista de aterrizaje del Parque Nacional Canaima -desde las 6:00 de la mañana- en protesta. Piden que el presidente Nicolás Maduro o un representante de su Gobierno acuda al lugar y atienda el problema.
“No nos vamos a retirar. No vamos a abrir el paso hasta que el presidente Maduro nos escuche. Queremos evitar una situación peor. Que aumenten las enfermedades, que se salga de control”, dijo el secretario de la comunidad indígena de Canaima, Vicente González.

Valentina Quintero compartió a través de su Twitter esta foto en la que explica que el color del Río Carrao normalmente era rojo, ahora está marrón por la contaminación.

“Esta balsa está en un caño en el Carrao al lado de donde cae el Salto Ángel. Están sacando oro y lanzando mercurio”, escribió Valentina Quintero al publicar esta imagen.
Un pasaje puede costar hasta 18 mil bolívares
El dirigente Vicente González también destacó que quieren solución al alto precio de los boletos aéreos. A la zona se llega en avión y un pasaje en una aeronave privada puede costar hasta Bs. 18 mil “solo de ida o de vuelta, no los dos incluidos”, subrayó.
Si se recurre a aviones no privados, el boleto tiene un valor entre Bs. 6 mil y Bs. 10 mil. “Nosotros no podemos pagar esos montos si necesitamos salir”.
Minería ilegal arrasa con el pulmón del Canaima
En los últimos 10 años la minería ilegal ha arrasado con 80 mil hectáreas -un poco más que toda el Área Metropolitana de Caracas- del Parque Nacional Canaima, lo que, según expertos, tardaría unos 10.000 años en poder recuperarse –y solo con las condiciones idóneas de clima, vegetación y suelo-.
El biólogo especialista en ecología, Alejandro Álvarez Iragorry, explicó que para ejercer esta actividad se aplica la tala de árboles para despejar la zona, rompen los suelos con picos y palas, y además, utilizan el mercurio para aliarse con el oro en una operación denominada “amalgama”. Esto también afecta la fauna.
Grupos armados controlan el oficio
Según Vicente González, han tomado represalias contra muchos que han denunciado la minería ilegal, pero asegura que no pararán la lucha hasta ser escuchados.
En el episodio 5 del programa Amazonas Clandestino de Discovery Max se denunció que los grupos de mineros informales castigan e imponen el orden con fuego en la zona. En una entrevista,  jóvenes de 18 y 21 años contaron, con sus rostros cubiertos, que pertenecen a estos grupos desde niños y se ocupan de “establecer el orden”. De cada 50 sacos de oro que extraiga un minero, debe pagar con cinco de ellos al grupo que lidera.
Vanessa Arenas / @VanessaVenezia

Pemones trancan pista de Canaima en protesta por minería ilegal

La comunidad Pemón de Canaima vuelve a manifestarse en contra de la minería ilegal que azota al Parque Nacional y Patrimonio Natural de la Humanidad.
 
Desde las 6 de la mañana de este lunes, la comunidad indígena de Kanaimö mantiene cerrado el aeródromo Gustavo Heny, en el Parque Nacional Canaima, estado Bolívar.
Se conoce que en medida de protesta, los líderes de la comunidad se apostaron en la pista de aterrizaje de la zona. Así lo muestra una fotografía compartida por Andrés Izarra en Twitter.
Según Manuel Patiño, gerente de mercadeo de Akanan travel &Adventure, desde las 6:00 a.m. hasta los momentos, los grupos de turistas que quieran salir o entrar a Canaima por el aeródromo, no podrán hacerlo hasta que se levante la protesta. Los pemones exigen la presencia del Ejecutivo en el lugar, para buscar solución a la explotación ilegal de minerales en la zona.
La periodista Valentina Quintero compartió la misma información a través de su Twitter. A propósito del problema, compartió fotos de los estragos que deja la minería en esta zona.

A continuación el comunicado emitido por la comunidad Kanaimö:


Lea más sobre la deforestaciones en Canaima en la revista Clímax: La destrucción de los bosques del Salto Ángel

Indígenas de Venezuela denuncian abusos de militares y minería ilegal

Buscadores de oro en territorio yanomami, Brasil.

© Survival

Indígenas amazónicos de Venezuela han condenado al Ejército porque no combate la minería ilegal de oro y diamantes en sus tierras. Los militares fueron acusados de crear un “clima de terror, miedo y zozobra” y por inflingir “vejámenes y humillaciones” a la población indígena.
Algunos militares son conocidos por estar implicados en el tráfico ilegal de oro, arrendar equipo minero y controlar el acceso a las minas ilegales.
Los indígenas también han denunciado a un comandante que quemó las casas de indígenas que habían denunciado a los militares.
Kuyujani, una organización que representa a los indígenas yekuanas y sanemas que viven a lo largo del río Caura en la Amazonia, ha presentado una queja ante el Fiscal General en relación con el fracaso del ejército de frenar la galopante minería ilegal.
Según Kuyujani, la minería ha destruído la salud de los indígenas. En 2013, unos investigadores encontraron que el 92% de las mujeres indígenas que viven a lo largo del río Caura tenían niveles de mercurio más altos que el límite internacionalmente aceptado, y que un tercio de ellas presentaba un alto riesgo de que sus hijos recién nacidos padecieran desórdenes neurológicos.
El auge de la minería ilegal se incrementó dramáticamente desde 2006 y el año pasado el Gobierno anunció que planeaba abrir grandes extensiones de minería legal que incluían tierra indígena. Los campamentos mineros han expuesto a los jóvenes indígenas al alcohol, las drogas y la prostitución.
A pesar de que la Constitución de Venezuela reconoce el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales, muy pocos indígenas han recibido un título colectivo de sus territorios.

Alexis Romero, el indígena que criticó a Hugo Chávez

Aquella mañana lluviosa recorríamos en autobús los 700 kilómetros de distancia entre Puerto Ordaz a Santa Elena de Uairén para entrevistarnos con el indígena pemón Alexis Romero, quien no podía salir de su municipio debido a la hipotética orden de captura debido al incumplimiento del régimen de presentación que, en su contra, había ordenado un tribunal militar. Pasados el kilómetro 80 de la carretera, suerte de tierra de nadie según pasajeros y colectores, el transporte serpenteaba lentamente por la carretera que a ratos te regalaba el horizonte de tepuyes perfilados sobre un cielo azulísimo que debería figurar, por su belleza, en la tabla de colores Pantone. Alexis Romero es un viejo activista de la causa indígena, relacionado con las acciones directas noviolentas más estimulantes de los últimos 15 años realizadas en la zona. Habían pasado pocos días desde la celebración de las elecciones donde Romero, respaldado por la coalición opositora, se había postulado como candidato a la alcaldía del municipio Gran Sabana en diciembre de 2013, recibiendo apenas el 2,5% de los votos. Si uno se quedaba con este dato, el electoral-partidista, haría un perfil equívoco del personaje. Nuestro interés era otro. En enero del 2012 Romero y tres líderes indígenas pemones fueron detenidos  por su vinculación en el desarme y detención de 19 efectivos militares que de manera ilegal extraían oro en la zona denominada Alto Paragua del estado Bolívar. En la acción, realizada en octubre de 2011, participaron alrededor de 500 indígenas de 13 comunidades de la zona, cansados de los atropellos protagonizados por funcionarios de las Fuerzas Armadas. Los detenidos, siendo civiles, fueron presentados ante el Tribunal Militar Décimo Séptimo de Control de Ciudad Bolívar. Mientras el resto era liberado, Romero estuvo 5 días en el Internado Judicial de Monagas, conocido como “La Pica”, donde a pesar de no haber sido sentenciado fue puesto en la calle tras una comunicación que le informaba que había sido “beneficiado” con un “indulto presidencial”. Sin embargo, como si de un gag de los Monty Phyton se tratara, tras su liberación es informado que el proceso en su contra continúa, que no puede declarar sobre su caso en medios de comunicación, que no puede salir del estado Bolívar y que se encuentra bajo régimen de presentación. Fiel a su propia historia, Romero desobedece.

La historia de los sin historia

No es la primera vez que Romero tiene desaveniencias con los funcionarios militares. Especulamos que tampoco será la última. En abril de 1997 la comunidad Pemón San Antonio de Morichal denunció la invasión ilegal de sus tierras por parte de un hacendado con claras relaciones con las autoridades de uniforme. La comunidad se moviliza para exigir la desocupación de sus tierras y la reacción origina un indígena asesinado y un infante pemón con heridas de arrollamiento. La Guardia Nacional detiene a Alexis Romero acusándolo se ser el instigador de las comunidad, torturándolo para intentar arrancar la delirante  confesión de ser el líder de un núcleo guerrillero vinculado con los zapatistas mexicanos. La V República no lo trata mejor. En el año 2000 era parte del grupo de comunidades pemonas opuestas al desarrollo del proyecto del Tendido Eléctrico al Brasil, 750 kilómetros de infraestructura a través de territorios indígenas, frente a un nuevo gobierno cuyo presidente electo, en días de campaña, había prometido que “revisaría” el contenido del acuerdo y que se pondría del lado de los intereses de los pueblos originarios. Sin embargo, con la presencia de los presidentes Fidel Castro y Henrique Cardoso el proyecto fue inaugurado en agosto de 2001. En septiembre del 2000, dado los avances de la obra, se conoció que 7 torres de dicho tendido eléctrico habían sido derribadas, una sorprendente y sagaz acción de protesta que no ha sido superada por ningún otro movimiento social en 15 años de gobierno bolivariano. Alexis Romero, en la época capitán de la comunidad de Maurak, fue hostigado como parte de las acciones represivas de la militarización del territorio pemón, que incluyó la siembra de minas explosivas en las adyacencias del tendido.


En febrero de 2013, 15 meses después de la primera acción contra los mineros de verde oliva, 43 militares vuelven a ser desarmados y detenidos por las comunidades indígenas. Las sospechas se redoblan contra Romero. Sin embargo, la solidaridad que recibe es diferente a la de 13 años atrás. Un movimiento indígena nacional, fragmentado, neutralizado y polarizado, hace un silencio que para quienes tenemos memoria histórica de las luchas indígenas en Venezuela, es demasiado escandaloso.

El ostracismo como condena

Si el yukpa Sabino Romero ha sido calificado como el “nuevo Guaicaipuro”, ¿Qué paralelo histórico tendría el pemón Alexis Romero: ¿Tiuna, Tamanaco? Es válida la pregunta de por qué si la lucha del yukpa ha sido tan conocida, dentro y fuera del país, la del pemón es tan ignorada. Parte de la respuesta es porque Sabino, asesinado dos días antes que el fallecimiento del presidente Chávez, fue hasta su último respiro un entusiasta promotor del zurdo de Sabaneta, mientras que Romero ha sido un crítico frontal de lo que calificaba abiertamente como contradicciones respecto a las políticas indígenas. Esto permitió a los aparatos propagandísticos de los chavismos, tanto el militante como el burocrático, coincidir en la promoción de su figura como ejemplo de una “resistencia indígena” sólo posible bajo el gobierno bolivariano.

En Santa Elena de Uairén, a falta de fuentes de empleo digno, una parte importante de la población vive de la ilegalidad para-estatal, como el contrabando de gasolina. Por eso, quizás, debe ser una de las poblaciones venezolanas con más taxis por habitante, cuyos ingresos no dependen precisamente de la cantidad de pasajeros transportados por día. Por eso la campaña electoral de los candidatos oficialistas se basó, entre otras cosas, en la entrega de juegos de cauchos a los conductores. “También en regalar cajas de cerveza”, nos contó Romero. En la Gran Sabana los indígenas quieren ser mineros, canal rápido para la riqueza instantánea, abandonando su cosmovisión y estilos de vida tradicionales. En un mundo dado vuelta, acciones realizadas por activistas como Alexis Romero son un cable a los parajes de la cordura.
 Rafael Uzcátegui

Lideresas indígenas denuncian minería en áreas del Sector Oriental del Parque Nacional Canaima

Por Morelia Morillo

Desde que se inició la minería en el Sector Oriental del Parque Nacional Canaima, las mujeres de Kawí asumieron la misión de defender los ríos y sabanas de la vasta zona en donde han vivido siempre.

El Sector Oriental del Parque Nacional Canaima, lo que se conoce como la Gran Sabana, se encuentra el sureste extremo de Venezuela de cara al Brasil. Se trata del territorio ancestral del pueblo pemón, la tierra de los tepui, una extensión de 3 000 000 de hectáreas declarada como área protegida desde 1991 y como Patrimonio de la Humanidad (UNESCO) desde 1994 y en donde, por supuesto, no se puede ejercer ninguna actividad que atente contra la belleza, fragilidad y diversidad del sitio.

La minería, sin embargo, comenzó a verse en 2010, cuando comenzaron a subir los precios del oro que pasó de un máximo de 500 bolívares por gramo a un récor de casi Bs.3 000. Y a esto se sumaron nuevos y más voluminosos cupos de combustible para las comunidades indígenas que habitan en el Parque. Primero comenzaron a trabajar en el cauce cercano a la comunidad de Uroy Uaray, cuyas aguas van a parar al majestuoso Salto Kamá, luego en las prístinas cercanías del Mirador del Oso y en Liwö Riwö. Al menos una docenas de equipos disparando potentes chorros de agua para remover el suelo.

Alicia Lanz y Thais Castro, madre e hija, capitana y segunda capitana de Kawí, admiten que muchos de sus paisanos van a la mina por necesidad, pero descartan la posibilidad de arrasar a punta de máquinas de mediana y alta potencia las nacientes, los ríos y las sabanas infinitas del sureste venezolano.

Alicia crió a sus 18 hijos, junto a su marido, trabajando la tierra, pescando, cazando y más recientemente atendiendo a los turistas que visitan su modesto campamento sobre la Troncal. Thais y su esposo están levantando a su familia trabajando el campo y recibiendo a los visitantes.

A las dos les angustia la destrucción de los espacios. Pero a Thais le preocupa especialmente las consecuencias que ha traído la práctica de la minería a motor en la vecina Uroy Uaray, en cuya escuela estudian sus hijos: consumo de alcohol, de drogas cuyo nombre ella desconoce, violaciones, prostitución, incluso un acuchillamiento, muchos de los niños han comenzado sufrir de diarreas y vómitos, a llenarse de llagas y a faltar a la escuela pues sus propios padres en lugar de enviarlos a clases lo mandan a hacer mina, a hurgar en el material en busca del oro.

“De qué vamos a hablarles a los niños, cuando estudien Ciencias Naturales, si el mismo río está contaminado”, expresó Thais como representante de varios estudiantes de la escuela primaria.

El dos de octubre pasado, el vice ministro del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Raúl Rodríguez, visitó la comunidad indígena de Kumarakapay (San Francisco de Yuruaní) para escuchar las versiones de las autoridades del pueblo pemón con respecto a la actividad minera en el Municipio Gran Sabana y especialmente en el Sector Oriental del Parque Nacional Canaima. Además de encabezar una jornada de trabajo en la que se discutió acerca de la demarcación, del buen vivir y de otros temas.

Durante el encuentro, Jorge Pérez, el capitán general del Sector Cinco del territorio pemón, dio por sentado que cualquier conversación al respecto lo excluía puesto que en su zona, que incluye el Sector Oriental Nacional Canaima, no se realiza, según él, la extracción de minerales preciosos.

A aquella reunión asistieron 50 capitanes (autoridades tradicionales) entre representantes comunales y sectoriales y ninguno lo contradijo, si bien la práctica minera en el Sector Oriental del Parque es una realidad conocida entre los indígenas, no indígenas, autoridades locales, regionales, nacionales y que incluso ha trascendido a través de los medios de comunicación de la entidad y del país. Sin embargo, aunque su nombre no figuraba en la lista de prevenidos para ejercer el derecho de palabra, Thais Castro procuró una intervención y consiguió expresar su versión: “Aquí tengo hermanos indígenas que están realizando minería, que no es pequeña, dentro del Parque Nacional”, dijo, de acuerdo con su recuento.

“Yo vine a decirle la verdad. Yo soy madre de 18 hijos y yo no soy capaz de destruir para que criar a mis hijos”, habría dicho la matriarca de los Castro, según refirió su hija.

- ¿Y sólo ustedes dos hablan de esto? Le preguntamos a Thais.

- Nosotras dos, por los momento, pero hay mucha gente que está preocupada. Pero tienen miedo a denunciar.

Por lo pronto, se trata de un llamado de atención en solitario. El objetivo de estas dos mujeres es cuidar su tierra, provocar la reflexión de los hermanos indígenas, despertar en ellos lo que siempre ha marcado la vida del pueblo pemón: el amor por la naturaleza, el estrecho vínculo entre el ambiente y el ser humano, el respeto por todo cuanto existe en las amplias sabanas del sureste venezolano. Y por supuesto, valorando la vida comunitaria y familiar, que es tan importante para los pemón, fortalecerse a partir del consenso en lugar de disminuirse a consecuencia del conflicto.

Opinión: La minería en tierras ancestrales: derechos y deberes de los pueblos indígenas

Manuela Gallini
Fundación Mujeres del Agua

El municipio Gran Sabana y, en particular el sector 7, perteneciente a la zona ABRAE, vivió en esta primera mitad del año 2013, dos eventos fundamentales para su desarrollo. Esta zona, representa para el estado venezolano una importante fuente de agua y energía. Nos encontramos en la cuenca del Alto Caroní que proporciona al embalse de Guri el 70% de energía para el Estado Bolívar y no solo, en cuanto a zona bajo régimen especial, muchas leyes de agua y preservación medioambiental defienden estas tierras.

En el objetivo del Plan para la Patria, del Gobierno Bolivariano de Venezuela, el 17 diciembre 2012 empezaron a realizarse operaciones bajo el mando del comandante de la región de defensa Integral Guayana (REDI-Guayana), el mayor general Cliver Alcalá Cordones. Estas incursiones tenían que “contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana” pero la destrucción violenta de 50 campamentos mineros y la suspensión de aeronaves privadas de abastecimientos, provocó la desaprobación y la ira de los indígenas que viven en la zona y que practican la minería en pequeña escala.

Según el Gobierno la actividad de explotación y comercialización artesanal del recurso aurífero concentra a 30 mil personas en el Estado Bolívar y esto va en contra al nuevo decreto ley 8413 promulgado en año 2011 que declara la re-nacionalización del oro. El problema surge cuando la mayoría de los mineros atacados, no son inmigrantes, ni blancos venezolanos sino indígenas del lugar. Como declara Cliver Alcalá “lo que nos llamó la atención fue que eran los mismos indígenas lo que estaban realizando la minería ilegal, destruyendo bosques milenarios y contaminando el río.”

En sus propias tierras los habitantes del lugar subsisten con este trabajo sin reglas y rodeado de corrupción por parte de las autoridades locales que los chantajean. Militares y locales viven en la irregularidad, diseñándose las normas para seguir trabajando la minería y ganando un dinero ilegal, para sobrevivir o para enriquecerse. A causa de esta ilegalidad y de la actitud violenta de FANB, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la operación Arekuna, provocó el 8 de Febrero la rabia de los indígenas locales que secuestraron, 43 militares venezolanos en Urimán, en el sureste del Estado Bolívar. A los dos días, el 10 de Febrero de 2013, los militares fueron liberados a cambio de ocho acuerdos y unas obligaciones.

En la reunión de cinco horas con el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, el comandante de la FANB, Wilmer Barrientos, la ministra de pueblos Indígena, Aloha Nuñez y varios capitanes de la zona se establecieron entre otros acuerdos:  la apertura de la actividad minera en el territorio indígena pemón bajo la supervisión de los capitanes generales y comunitarios, el cese de la operación militar Arekuna iniciada por REDI Guayana, el despacho regular de combustible a precio de mercado y la reactivación de las aeronaves de abastecimientos.

Estos logros representaron cambios en la actividad minera en zonas ABRAE y Parque Nacional.  Actualmente los indígenas pueden trabajar extrayendo oro y diamantes de forma artesanal,  contrariamente a lo establecido por las leyes de frontera, de aguas y la LOPCCI en su artículo 28.  Por los acuerdos de la reunión del 10 de Febrero, los indígenas se comprometieron a trabajar de forma responsable, recuperando las áreas intervenidas y trabajando con equipos de “baja” cilidrada para poder así sustentarse y alimentar a la propia familia sin destruir el medioambiente.

El segundo evento del 2013 que cambió la vida a los habitantes indígenas del sector 7 del Municipio Gran Sabana acontece el 6 de Abril en Puerto Ayacucho.

En esta fecha el vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, entrega al capitán general del sector 7, Juan González, el título de propiedad colectiva de sus tierras. Se trata del primer título otorgado al pueblo pemón, en este caso, por una extensión de 597.982,87 hectáreas, donde residen 15 comunidades por un total de 1.165 familias. Según la LOPCI este título faculta a los pueblos ancestrales a ser garantes y administradores de su territorio sin más limitaciones de las establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  “Hoy tenemos patria”, afirmó el capitán González. En el territorio en cuestión no faltan alegría y júbilo por parte de sus habitantes que finalmente vieron reconocerse por el Estado.

La propiedad colectiva no establece simplemente unos derechos de identidad sino también unos deberes hacia las tierras donde se reside. 

Derechos y deberes obtenidos el 10 de Febrero 2013, están ahora aún más controlado por esta ley que en su capítulo V habla con claridad: “…en ningún caso se permitirán actividades que desnaturalicen o produzcan daños irreversibles a estas áreas especialmente protegidas” (art.48),    “el Estado en coordinación con los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones, garantizará y velará por la conservación e integridad del hábitat y tierras indígenas, la riqueza de la biodiversidad, el manejo adecuado de los recursos genéticos, la preservación de las cuencas y la armonía del paisajes, para los cual adoptará medidas necesarias de protección y manejo sostenible de las mismas, tomando en cuenta los criterios y conocimientos tradicionales de manejo ambiental de los pueblos y comunidades indígenas” (art.50).

Estas leyes y estos logros están direccionados a un reconocimiento y valoración de las culturas ancestrales y de la preservación ambiental de los pueblos originarios que, felices y orgullosos de su trabajo y de su esfuerzo, se encuentran ahora a tener que demonstrar  y defender sus tradiciones y sus tierras.

Entonces me pregunto ¿porque seguimos viendo la destrucción de los ríos, como el río Paují, en la comunidad de Karaware-tuy, sector 7? ¿Por qué sigue la contaminación de las aguas que lleva a comunidades como San Gerónimo del sector 7, a una epidemia de malaria incontrolable? ¿Por qué continúa la deforestación de selva y sabana que provoca la destrucción del paisaje, la disminución de los niveles de agua y la subida de la sedimentación de todas las tierras del sector 7 y demás? ¿Quién es entonces responsable  de todo esto? 

¿Quién tiene que defender los pueblos originarios, su cultura y sus tierras, si no ellos mismos?

Inician procedimiento legal para repatriar la Piedra Kueka

Símbolo original de la cultura Pemón

AVN

La piedra kueka, símbolo original de la cultura Pemón, y que fue extraída de suelo venezolano en 1998 por un ciudadano alemán que la llevó de manera ilegal a su país, será repatriada este año

La información fue confirmadapor la fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, en su programa de radio Justicia y valores, transmitido por la señal de Unión Radio 90.3 Fm

Bolívar: detienen al capitán pemon Alberto Moreno, por su participación en acción de desarme a militares

 
Este viernes 06.12.13 fue detenido por efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en el Estado Bolívar, el capitán pemon Alberto Moreno quien junto a otros líderes de distintas comunidades indígenas de esa entidad, desarmaron a funcionarios militares en 2011 y 2012, debido a los constantes atropellos y a la participación de efectivos castrenses en la minería ilegal.
Según denunció Alexis Romero, líder indígena pemon, Alberto Moreno se encuentra recluido en la sede de la 5ta División del Ejército, y se espera que en las próximas horas sea trasladado a la cárcel de La Pica, lo que los hace temer por la vida y la integridad de este líder.
Moreno, forma parte de un grupo de 6 capitanes indígenas que están siendo procesados judicialmente, luego de la primera acción de desarme y retención de 27 efectivos militares en la población de La Paragua en Bolívar, realizada en 2011. Los indígenas de la etnia pemón enjuiciados por este caso son: Norberto Pinto, capitán de la comunidad Kurun Pupai; Joel Yépez; Julio González, capitán de Yuwaei Merú; Ramón Mujica, de Karunken; Alberto Moreno, de la comunidad indígena de Santa Teresa y Alexis Romero, ex capitán de la comunidad Musukpa.
Las comunidades indígenas han denunciado en reiteradas ocasiones los atropellos realizados por militares en el marco de la activación del Plan Caura. Aseguran que los uniformados reprimen y criminalizan a los indígenas para “apoderarse de los recursos auríferos”. Romero afirma: “los propios Generales se han beneficiado con los cobros de vacuna (…), quien está al frente del Plan Caura, es el que está detrás de las mafias mineras”.
Romero destaca que la detención de Alberto Moreno, obedece a una “venganza personal” de los militares contra los líderes pemones, debido a que no han tenido miedo de enfrentarlos y denunciarlos.
Provea rechaza la detención de Alberto Moreno y exige el respeto a su integridad personal y el cese a la persecución contra este y todos los líderes indígenas, que están siendo injustamente procesados.
Hemos advertido que el creciente proceso de criminalización de las luchas y la militarización frente a la conflictividad social, no solo atenta contra derechos consagrados en la Constitución Nacional, sino que apunta a un ascenso de la represión contra luchadores sociales.
Los crecientes rasgos autoritarios presentes en la actual gestión de gobierno, indican un progresivo acercamiento de la élite gobernante a la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, desarrollada por las dictaduras del Cono Sur para perseguir a luchadores y disidentes, y cuyo concepto central es la idea del “enemigo externo e interno”, al cual hay que “perseguir y eliminar”. (Prensa Provea, 07.12.13)
Escucha las declaraciones de Alexis Romero: 
 https://soundcloud.com/provea-ong/alexis-romero-capit-n-pem-n