Indígenas de todo Colombia desarrollan Congreso Nacional

Banner IX Congreso

Servindi.- Con la participación de más de 4 mil delegados indígenas el domingo 9 se inició el IX Congreso Nacional de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el cual se desarrolla en Bosa Bogotá y que irá hasta el viernes 14 de octubre.
A continuación reproducimos el reporte informativo del área de prensa de la ONIC:

Con la fuerza de la Unidad en la diversidad la ONIC camina la Palabra en su IX Congreso Nacional

Desde el territorio Mhuysca para el mundo, hasta el vienes 14 de Octubre en Bosa
ONIC, 10 de octubre, 2016.- Este domingo 9 de octubre, los más de 4 mil Indígenas que desde este sábado se dieron cita en el IX Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas de la ONIC en Bosa Bogotá D.C., como acostumbran en sus comunidades amanecieron el día más temprano en el territorio ancestral Mhyusca.
Para armonizar el espíritu y seguir caminando la palabra como Movimiento Indígena Colombiano, en la gran Maloka de la ONIC, poco a poco el Mayor Fuego los motivó a reencontrarse en el centro del coliseo del Colegio Claretiano, hasta tejer una mándala con alimentos y plantas medicinales, para ofrendar al territorio y a los espíritus que habitan en él.
Las frutas, las plantas medicinales, el fuego, y los sabios con la fuerza de los Guardianes Milenarios de Vida como son la Guardia Indígena Nacional, avivaron los espíritus de todos los Congresistas, recreando la estructura de la ONIC, en cinco filas indias con bastones grandes, hasta juntarse para rememorar a las víctimas, mujeres y hombres que han ofrendado sus vidas por la defensa del territorio, como es el caso de la lideresas del Consejo Nacional de Mujeres Indígenas, Mildred Patricia Montero del pueblo Kankuamo y Yamile Axbera Arogcordora del pueblo Barí, así como los tres guardias indígenas de la Minga Nacional 2016, Wilington Quibarecama, Marcos Aurelio Díaz y Gersaín Cerón.

Foto: ONIC
Al son de caracoles, flautas, carrizos y luego de un profundo silencio se convocó a los Espíritus de Bakatá, para rememorar la lucha que describe el Himno de la ONIC y la Guardia Indígena; y con bastones en alto empezaron a danzar para darle paso a las palabras de apertura por parte del Consejero Mayor de la ONIC, Luis Fernando Arias Arias, quien destacó “la ONIC no puede renunciar a su historia jurídica y política que hace parte de su legado. Más allá de ahondar en una discusión formal sobre su naturaleza jurídica, lo que debemos debatir en este Congreso es su apuesta política. El reconocimiento del Gobierno Indígena no lo otorgan las instituciones coloniales ni republicanas, son aspectos formales para seguir controlando la vida jurídica y política de todos los pueblos del mundo…”

Foto: ONIC
Recalcó además, “…que es necesario revisar y revitalizar la estructura actual de la ONIC, en la perspectiva de cualificar y consolidar su proyecto político. Aspectos como la representación, la participación y los mecanismos de coordinación recíproca entre la organización y sus bases, deben ser objeto de análisis y debate de este Congreso, sin perder de vista que cualquier proceso de reestructuración, debe desembocar en el fortalecimiento de la ONIC. Este proceso de reflexión y reestructuración, debe estar acompañado de una formación política amplia y permanente, el momento actual del país y del Movimiento Indígena exige la cualificación de sus dirigentes desde las bases, hasta los escenarios de mayor interlocución y representación política a nivel nacional e internacional”.
En el panel sobre el análisis del contexto político actual participó Eduardo Cifuentes, ex magistrado de la Corte Constitucional, y Gustavo Petro Urrego, ex alcalde de Bogotá, moderado por Armando Valbuena, ex presidente de la ONIC; en dicho espacio se plantearon propuestas de cara al contexto nacional frente a las pasadas elecciones del Plebiscito, posturas que serán analizadas en estos días de deliberación en IX Congreso Indígena Nacional.
Eduardo Cifuentes propone los Cabildos abiertos como mecanismo de refrendación, donde las comunidades indígenas en ejercicio de la Jurisdicción Especial pueden en este Congreso plantear una decisión resolutoria para adoptar el acuerdo en sus territorios; mientras que Petro Urrego, insistir en la Asamblea Constituyente como un proceso en sí mismo movilizador, un proceso que permita construir propuestas para la defensa del territorio que hoy esta en riesgo, porque pese al proceso de negociación y al acuerdo entre Gobierno Nacional y la FARC EP continua el modelo Arrasador.
Con saludos y respaldo por parte de varias organizaciones indígenas, Movimiento Sociales, y del Gobierno Nacional a cargo del Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien ratificó su reconocimiento de los Pueblos Indígenas como Actores Políticos y de Paz, se procedió a la verificación de quórum y elección de la Mesa Coordinadora del IX Congreso Nacional de la ONIC, bajo la presidencia del líder Nasa Feliciano Valencia y la Secretaría en Marta Hernández – Consejera Mayor del CRIDEC, quienes tienen la responsabilidad de guiar cada paso de la Agenda hasta el 14 de Octubre cuando en caravana de la Paz retornen los congresistas a sus territorios.
Por su parte, el Consejo Mayor de Gobierno de la ONIC 2012-2016 presentó ante los congresistas el informe que da cuenta del cumplimiento del mandato del VIII Congreso y los desafíos para el próximo consejo: https://youtu.be/GICKQlUvGlM
Para este lunes, 10 de octubre, se tiene previsto iniciar la jornada con la Conferencia ´Desafíos del Movimiento Indígena y Social en América Latina´, con la participación del dirigente de la CONAIE – Ecuador, Humberto Cholango y Joel Suarez del Centro Martín Luther King, bajo la moderación del dirigente indígena Gerardo Jumí. Seguido de la conformación y trabajo de nueve (9) mesas temáticas para el análisis y propuestas políticas hacia el próximo Consejo Mayor de Gobierno 2016 -2020.
- Palabras de Instalacio n del IX Congreso Nacional de la ONIC.pdf
Audio: Primer día del Congreso ONIC
Audio: Entrevista dirigente pueblo Zenú

Indígenas convocan a movilizarse en defensa del acuerdo de La Habana

Servindi.- La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) convocó a la ciudadanía a movilizarse en defensa del acuerdo de Paz de La Habana, "el cual ha sido legitimado políticamente a nivel nacional e internacional".
A nombre de los pueblos indígenas y las regiones más afectadas por la violencia y el conflicto armado la ONIC reafirmó su vocación de paz con justicia social. ¡Con nosotros y nosotras cuenten siempre para la Paz, nunca para la guerra! afirman en el pronunciamiento.
La organización también expresó su respaldo a los equipos negociadores que por cerca de cuatro años se han esforzado en propiciar "un acuerdo entre enemigos que se han enfrentado durante más de cinco décadas".
Asimismo expresó su confianza en que "surgirán fórmulas políticas y jurídicas que destraben el proceso y pongan en vigencia los acuerdos de La Habana".
Finalmente, la ONIC reiteró su llamado para que se instale la fase pública de diálogo entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para consolidar una paz completa.
Lea a continuación el comunicado completo de la ONIC:

La ONIC se pronuncia frente a los resultados del plebiscito
¡Los Pueblos Indígenas reclaman la PAZ!

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) lamenta profundamente los resultados del plebiscito realizado el día de ayer, 2 de octubre, donde resultó victorioso estrechamente el NO frente al Sí, dejando en una incertidumbre política el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito el pasado 26 de septiembre, entre el Gobierno Nacional y las FARC - EP.
Frente a este panorama político, los Pueblos Indígenas de Colombia representados en la ONIC, reafirmamos nuestra vocación de paz y convocamos a nuestra base social y política, a los sectores sociales y populares y al País en general a movilizarnos masiva y contundentemente en defesa del acuerdo de La Habana, el cual ha sido legitimado políticamente a nivel nacional e internacional. Nuestros Pueblos Indígenas y las regiones más afectadas por la violencia y el conflicto armado se han pronunciado en favor del acuerdo y es eso lo que hoy proclamamos ante el país y el mundo.
El IX Congreso Nacional de la ONIC, a realizarse entre 8 al 14 de octubre próximo en la localidad de Bosa de Bogotá D.C., será el escenario propicio para analizar, debatir y consensuar las acciones a desarrollar en este momento político, por lo pronto llamamos a todo el Pueblo Colombiano a revitalizar nuestras esperanzas y hacer de esta crisis una oportunidad para transitar hacia un proceso de paz sólido e irreversible que asegure el fin del conflicto armado y abra paso a las transformaciones sociales, políticas y económicas de la nueva Colombia.
Llamamos al Gobierno Nacional y a las FARC - EP a mantenerse gallardos en la búsqueda de la Paz, sabemos que surgirán fórmulas políticas y jurídicas que destraben el proceso y pongan en vigencia los acuerdos de La Habana. Todo nuestro apoyo y respaldo a los equipos negociadores, la Colombia profunda donde yacen los Pueblos Indígenas saludan el esfuerzo de cerca de cuatro (4) años en la búsqueda de un acuerdo entre enemigos que se han enfrentado durante más de cinco décadas.
Desde la ONIC consideramos que un acuerdo nacional no puede ser el pacto de otro frente nacional de las élites de la derecha y las insurgencias. Cualquier pacto político debe convocar el concurso más amplio de las grandes mayorías que han sido víctimas del conflicto armado, entre ellos, los Pueblos Indígenas, negros y campesinos que hemos tenido que soportar la violencia social, política y armada.
Reiteramos nuestro llamado para que se instale la fase pública de diálogo entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para consolidar una paz completa.
No vamos a claudicar en nuestra apuesta por la Paz con justicia social. Hemos reiterado en múltiples oportunidades que ¡con Nosotros y Nosotras cuenten siempre para la Paz, nunca para la guerra!.
Autoridad Nacional de Gobierno Indígena – ONIC

Colombia: Pueblos originarios en acuerdo de paz

El histórico documento que firmaron las FARC y el Estado de Colombia incluye una serie de medidas que tomará el aparato estatal colombiano y que van desde el ordenamiento territorial y ambiental hasta el respeto de las costumbres ancestrales de los pueblos originarios. ¿Cumplirá el país sudamericano con todas sus metas de inserción social?

Por José Carlos Díaz Zanelli
Servindi.- El acuerdo de paz firmado esta semana por el Estado de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), representa una verdadera lección de reconciliación en Latinoamérica. Un claro ejemplo, son las implicancias del propio documentos firmado el lunes 26 de setiembre en una ceremonia celebrada en Cartagena.
Uno de los puntos claves del documento firmado por el Presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño (alias Timochenko), es sin duda alguna los objetivos trazados para la inserción social, principalmente para con la población rural y los pueblos originarios.
“El objetivo final es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de las necesidades de la ciudadanía de las zonas rurales, de manera que se logre en el menor plazo posible que los campesinos, las campesinas y las comunidades, incluidas las afro descendientes e indígenas, ejerzan plenamente sus derechos”, reza el histórico documento.

Respeto a pueblos nativos

Otro punto importante, alcanzado por el acuerdo de paz es sin duda alguna el respeto y el mantenimiento de las costumbres ancestrales.
Como se sabe, durante décadas las FARC convivieron en la selva colombiana con los pueblos indígenas, razón por la cual estos pasaron a formar parte de las mesas de negociación que se instalaron en La Habana.
En ese sentido, el acuerdo señala “que la política debe mantener el reconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, como parte de la identidad cultural de la comunidad indígena”.
Por último, demandas como la inclusión de los pueblos originarios en los programas sociales del Gobierno de Colombia, así como el establecimiento de leyes de ordenamiento territorial y social para con las comunidades campesinas y los pueblos nativos, son solo algunos de los logros del acuerdo de paz en materia social.

Pronunciamiento Final CRIC: Encuentro Entre Delegados de la Mesa de la Habana, los Pueblos Indígenas y la Comisión Étnica de Paz

Territorio de convivencia, diálogo y negociación de la María, Piendamó 7 de septiembre de 2016.

En el resguardo indígena de la María, Piendamó,  constituimos en junio de 1.999 el territorio de convivencia, diálogo y negociación de la sociedad civil, como aporte para que las comunidades y población colombiana pudiéramos tener voz y decisión en la construcción de la paz en Colombia y en la transformación política, social, económica y cultural de un sistema que hasta ahora nos ha querido negar y subordinar; que nos ha victimizado.  Hoy 17 años después de constituido este territorio de diálogo, de muchas luchas y procesos organizativos, como indígenas y como sectores sociales, en este lugar, que ya es simbólico, continuamos reivindicando nuestros derechos como pueblos y recibimos con esperanza y alegría el “acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, que será firmado por las partes el 26 de septiembre, y que como constituyentes primarios nos disponemos a apoyar y ratificar el próximo 2 de octubre del 2016.

En los años 1999- 2000-2001 la mesa de negociación del Caguan no vino a la María (solamente vino el alto comisionado para la paz de ese entonces),   pero en el año 2016 la mesa de conversaciones de la Habana si viene a nuestro territorio de sociedad civil; llega con  buenas nuevas. Hoy nos hemos reunido más de cinco mil indígenas, hombres y mujeres de diferentes pueblos, de todas las edades, a atender la delegación de la mesa de conversaciones  de la Habana, encabezada por el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo por parte del gobierno nacional y por “Marcos Calarca” por parte de las FARC.

Después de 52 años el conflicto armado con las FARC ha terminado. Es necesario hacer un cierre total del conflicto armado en su conjunto; para ello debemos tener toda la disposición y compromiso desde la sociedad civil, para que lo pactado entre las partes tenga éxito, pero también debemos trabajar para que se desarrolle de manera pronta el proceso con el ELN y se apliquen todos los mecanismos previstos en el acuerdo  para dar respuesta eficaz ante acciones ilegales y violatorias de derechos humanos y lograr el desmonte de grupos ilegales y/o sucesores del paramilitarismo.

Como Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC valoramos la inclusión del capítulo étnico en el acuerdo para la terminación del conflicto. No hemos exigido prerrogativas especiales respecto a los demás sectores del pueblo colombiano; se trata de salvaguardar nuestros derechos diferenciales para que la implementación del acuerdo no vaya a afectar nuestra sobrevivencia económica y cultural, dado el alto grado de vulnerabilidad en que nos ha dejado la historia.

Tenemos nuestro proyecto de vida y de país como pueblos indígenas; al valorar como positivo este acuerdo, no estamos haciendo a un lado nuestra propuesta y  nuestros sueños ni asumimos como propios los proyectos de quienes lo han firmado, llámese Gobierno nacional, llámese FARC. Coincidimos si, en la necesidad inaplazable del fin del conflicto armado.

Hemos planteado en esta gran asamblea étnica y popular, además de nuestra esperanza y alegría,  nuestras dudas y temores ante el cierre difícil de un conflicto armado mayor de 50 años, pero claramente ponemos todo nuestro empeño y compromiso para acompañar y apoyar todo lo que lleve al fin del mismo. Las dudas y temores no son para rechazar ni para desanimar sino para diseñar escenarios y estrategias que nos permitan actuar, en el escenario de la pos-firma del acuerdo, de una manera tal que avancemos hacia el logro de nuestros planes de vida y territorialidad, en la ruta de la construcción de un nuevo país. Planteamos que la comisión tripartita trabaje de manera inmediata con el CRIC la solución de estos puntos críticos.

Llamamos para que hagamos del plebiscito un hito de democracia para Colombia y un inicio para la construcción de la paz y la convivencia. Sabemos que esa ruta la construimos con sectores campesinos, indígenas y afrocolombianos, trabajadores de la ciudad y el campo, en la movilización y exigencia diaria de nuestros derechos, lo cual esperamos hacer en un ambiente sin amenazas ni estigmatizaciones, o con uso de la violencia contra quienes así lo hacemos.

Hemos dicho al gobierno: ya no hay guerrilla, no sigan tildando nuestra lucha como una estrategia para apoyar a los actores armados, ya no podrán utilizar de manera mentirosa contra la lucha popular, políticas contrainsurgentes. Hemos dicho a las FARC: ya se acabó la guerra, no sigan viendo a los sectores sociales que no coincidimos, en todo o en parte, con su propuesta política, como informantes o aliados de un supuesto otro bando; construyamos en la diferencia y aún en la controversia. Hemos hecho un llamado común: desterremos la violencia y las armas de la política, de la economía y de la dinámica social.

Sabemos que sectores que actúan en el extractivismo, la privatización  de la naturaleza y el despojo territorial se han aprovechado del conflicto armado imponer sus dinámicas, ellos también deben ser notificados que la guerra termino y que no podrán seguir delinquiendo.

Queremos reafirmar ante nuestras autoridades y comunidades los compromisos globales establecidos públicamente por cada uno de  los intervinientes, delegados de la Mesa de la Habana:

Dr. Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz del Gobierno nacional.

• En el capítulo étnico se definió crear una instancia especial de alto nivel con pueblos étnicos para el seguimiento de la implementación de los acuerdos, que se acordará entre el Gobierno nacional, las FARC-EP y las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. El alto comisionado se compromete a citar un escenario, lo más rápido posible, en concurso con las FARC y los pueblos étnicos, para crear esta instancia y poder actuar sobre temas planteados por los exponentes indígenas, tales como:  coordinación entre jurisdicción especial indígena y jurisdicción especial para la paz; participación en mecanismos de verificación; postulación de candidatos ante la instancia que decide los comisionados en la comisión de la verdad; programa especial de armonización para reincorporación de desvinculados de pueblos étnicos que opten por regresar a la comunidad; relacionamiento con la comisión de Implementación, seguimiento y  monitoreo del acuerdo final de paz y de resolución de diferencias; relacionamiento con la comisión nacional de garantías y seguridad; programas de desminado y limpieza para el caso de territorios étnicos; participación y aplicación efectiva de la consulta previa de las comunidades y organizaciones representativas de los pueblos étnicos en el diseño y ejecución del programa Nacional Integral de Sustitución PNIS y de los planes comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo PISDA; mecanismo especial de consulta para la realización de los Programas de desarrollo con enfoque territorial PDET.

 Marcos Calarca. Delegado de las FARC.

Apoyamos y nos comprometemos con el capítulo étnico porque es parte de nuestra convicción el respeto a los pueblos indígenas y porque nosotros somos constructores y firmantes del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el cual contiene dicho capítulo, y somos parte de la comisión tripartita para el seguimiento de la implementación de los acuerdos. La aplicación de este capítulo y del acuerdo en general se logra planificando, evaluando, exigiendo desde cada actor, en este caso también desde los pueblos indígenas y afrocolombianos.

Muchas de las cosas que han planteado las comunidades indígenas aquí, como dudas o críticas, son cosas de la guerra que no van a volver a pasar por que ésta se acabó. Las armas salieron de la política. Aunque tenemos claro que debe terminar el paramilitarismo en Colombia para que la guerra termine definitivamente y ello lo contempla el acuerdo.

Vamos a ser actores de la política, a impulsar el desarrollo socioeconómico, y tenemos claro también, que sí vamos a actuar en una comunidad indígena, es ella, sus autoridades, quienes colocan las condiciones.

El Consejo Regional Indígena del Cauca, su consejería mayor, agradecemos a las comunidades, a las autoridades indígenas, a los afrocolombianos, sectores sociales, hombres y mujeres, a las ONG, alcaldes, representante a la cámara, a los organismos internacionales y defensoría del pueblo, a la ONIC, regionales indígenas y comisión étnica de paz,  y a los delegados de la Mesa de la Habana, su participación en este acto.

SÍ EN EL PLEBISCITO. CUENTEN CON NOSOTROS PARA LA PAZ, NUNCA PARA LA GUERRA 

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-

Cauca: comunidades indígenas marchan por la paz

Foto: Indepaz

Previo al encuentro con delegados del Gobierno y las Farc que visitarán el Resguardo de La María, Piendamó, las comunidades protagonizarán movilizaciones para respaldar el proceso
WRadio.- Las autoridades indígenas del Cauca convocaron a sus 123 cabildos, organizaciones sociales y populares al encuentro que sostendrán con delegados del Gobierno y las Farc, que visitarán el Resguardo de La María, Piendamó, este miércoles 7 de septiembre.
Previo a la reunión, las comunidades protagonizarán una marcha denominada “Pueblos Caminando y Tejiendo una Paz Digna”, desde Santander de Quilichao, Corinto y La María, desde este lunes 5 y martes 6 de septiembre.
Según el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, el propósito es salvaguardar y garantizar los derechos colectivos étnicos como el territorio, la autonomía, la identidad y la cultura, el respeto y fortalecimiento de los planes de vida en la implementación, verificación y refrendación de los acuerdos de paz.
La líder indígena Aida Quilcué explicó que se busca socializar el acuerdo de La Habana, con énfasis en el capítulo étnico, a las comunidades indígenas del Cauca  y a integrantes de organizaciones de la comisión étnica de paz.
Además, se darán a conocer a los delegados las inquietudes sobre los puntos que las comunidades consideran críticos, “desde el año 2012 se le había propuesto a la mesa de La Habana que se hablara de las preocupaciones y le habíamos propuesto que fuera en La María. Duramos cuatro años esperando”, señaló.
En el evento central se reunirán líderes indígenas, representantes del Gobierno Nacional, Departamental, las Farc y la ONU, para analizar temas como territorio, programas de desarrollo con enfoque territorial y planes de vida, víctimas, puntos críticos, regreso de niños, reincorporación, desminado, cultivos de uso ilícito, zonas veredales transitorias de normalización, jurisdicción especial indígena y jurisdicción especial para la paz.
“El Alto Comisionado para la Paz ha confirmado la llegada de Sergio Jaramillo, han dicho que va a estar alguien del secretariado de las Farc y los observadores de este proceso de paz”, aseveró Quilcué.

----
Fuente: Wradio: http://www.wradio.com.co/noticias/regionales/cauca-comunidades-indigenas-marchan-por-la-paz/20160905/nota/3236833.aspx

ONIC destaca Capítulo Étnico como logro en acuerdo de Paz

Foto: ONIC

Servindi- La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) destacó como un logro el Capítulo Étnico contenido en el Acuerdo Final de Paz y llamó a votar por el Sí a la Paz en el plebiscito del 2 de octubre en todos los territorios.
Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la ONIC, manifestó que la incorporación del capítulo étnico es un hecho histórico muy importante para los pueblos indígenas y afros, "en la medida que recoge principios, considerandos y salvaguardas sustanciales y específicas, en cada uno de los temas de discusión”.
A su retorno de La Habana Arias dijo que “las cuatros páginas son solo la cuota que pudimos lograr durante todos estos años de incidencia política, sobre todo en las últimas semanas que incidimos para que la Mesa de Conversaciones al fin, nos invitara a la Audiencia”.
Como ONIC "invitamos a que hagamos propio lo acordado en las cuatro página del capítulo étnico, así como estudiemos, analicemos, discutamos, debatamos las 297 páginas del Acuerdo Final, porque todos inciden en nuestros pueblos y territorios" dijo Arias.
Entre los acuerdos se establece un mecanismo interno de diálogo e interlocución para la implementación de lo acordado.
Arias señaló, a manera de ejemplo, que en el Fondo de Tierra haya recursos "para la compra, adquisición, saneamiento, constitución, ampliación, demarcación de los territorios ancestrales" y para la consolidación de los resguardos ancestrales.
También mencionó la aplicación del enfoque territorial en los programas de desarrollos que apunten a consolidar y fortalecer los Planes de Vida y los Planes de Salvaguarda de los Pueblos, entre otros temas donde los pueblos originarios deben participar a lo largo y ancho del territorio colombiano.
"Como ONIC, consideramos fundamental que el marco de los principios recoge el reconocimiento a la Libre Determinación, la Autonomía y el Gobierno Propio, así como a la Participación, la Consulta y el Consentimiento Previo, Libre e Informado"m, entre otros, indicó.
Consideró igual de relevante las salvaguardas como el respeto por el carácter principal y no subsidiario de la Consulta Previa Libre e Informada y el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición, siempre que procedan.
En consecuencia, la fase de implementación de los acuerdos, en lo que concierne a los pueblos indígenas y étnicos, se deberá cumplir garantizando el derecho a la Consulta Previa Libre e Informada respetando los estándares constitucionales e internacionales.
De igual modo se incorporará el enfoque transversal étnico, de género, mujer, familia y generación. Enfatizó, sobre todo que, "en ningún caso la implementación de los acuerdos irá en detrimento de los derechos de los pueblos"..
Agradeció la confianza y aporte de todas las organizaciones indígenas de la ONIC, a la alianza con los hermanos del pueblo Afro y de Autoridades Tradicionales Indígenas Gobierno Mayor con quienes desde la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, logramos tejer las propuestas.
"Es un logro de todos, hombres y mujeres, que soñamos y luchamos por nuestros pueblos y un país en Paz" concluyó.
Fibalizó con un llamado a las organizaciones indígenas del país a involucrarse en la discusió y volcar toda "nuestra capacidad de movilización, nuestra capacidad social, política y organizativa hacia las urnas a refrendar estos acuerdos, para que el próximo 02 de octubre le digamos sí a la paz, le digamos sí al plebiscito".
Usted puede acceder a los siguientes documentos:
- Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (PDF, 297 páginas)
- Capítulo Étnico (PDF, 4 páginas)

La paz y los Pueblos Indígenas en Colombia

Foto: Publimetro.co

Experto Matías Alonso considera relevantes para Colombia, México y América Latina, los seis apartados de los Acuerdos de Paz en Colombia pues arrojan luz para Estados convulsionados con problemas similares.
Servindi.- Es altamente meritorio que el “Acuerdo de Paz” contenga un “Capítulo Étnico” por que tanto el Gobierno Nacional como las FARC-EP reconocen el sufrimiento, las injusticias, el despojo y el aporte de los pueblos indígenas a la construcción de una paz sostenible y duradera.
Así lo destacó Marcos Matías Alonso, de México, quien dijo que debido a la grave afectación por el conflicto armado el Acuerdo de Pac consigna que se deben propiciar las máximas garantías para que los pueblos indígenas ejerzan plenamente sus derechos humanos en el marco de sus propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones.
Alonso, investigador del CIESAS de México, consideró como otro aporte fundamental del Capítulo Étnico el “incorporar la perspectiva étnica y cultural, para la interpretación e implementación del Acuerdo Final".
El investigador mexicano consideró relevantes para Colombia, para México y América Latina, los seis apartados de los Acuerdos de Paz pues será una experiencia que "arrojará luz para Estados convulsionados con problemas similares por los que Colombia quedó atrapada por varias décadas"
Usted puede conocer el Capítulo Étnico con un clic en el siguiente enlace: http://www.onic.org.co/images/noticias/2016/08/Cap%C3%ADtulo_%C3%89tnico.pdf
A continuación el artículo completo con la reflexión y el análisis de Matías Alonso.

Imagen: Fondo Indígena

La Paz y los Pueblos Indígenas en Colombia

Por Marcos Matías Alonso
El miércoles 24 de agosto del año en curso, en la Habana Cuba, el Gobierno Nacional de Colombia firmó un histórico “Acuerdo de Paz” con los delegados supremos de las “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo” (FARC-EP). Fue un complejo proceso de negociación que duró cuatro largos años de consultas, cabildeos y diálogos entre las partes. Cuba y el Reino de Noruega jugaron un papel relevante en el encuentro y acercamiento de las partes en conflicto. El Estado mexicano fue el gran ausente en este histórico proceso de negociación para la construcción de la paz.   
El “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” (Acuerdo de Paz), es la iniciativa para poner fin a uno de los conflictos más largos del mundo.
Iván Márquez, Jefe del Equipo Negociador de las FARC-EP, al momento de suscribir el histórico “Acuerdo de Paz” en la Habana, declaró: “Creo que hemos ganado la más hermosa de todas las batallas, la de la paz en Colombia…, hemos cerrado el día de hoy el acuerdo de paz más anhelado de Colombia: tierra, democracia, víctimas, política sin armas e implementación de acuerdos con veeduría internacional son, entre otros, los elementos de un acuerdo que tendrá que ser convertido, más temprano que tarde, por el Constituyente primario en norma pétrea que garantice el futuro de dignidad para todos y todas”.
En la “Introducción” del “Acuerdo de Paz”, la voluntad pacífica y conciliatoria de las partes quedó expresaron: “Luego de un enfrentamiento de más de medio siglo, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos acordado poner fin de manera definitiva al conflicto armado interno. La terminación de la confrontación armada significará, en primer lugar, el fin del enorme sufrimiento que ha causado el conflicto. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de todas índole, sin olvidar el amplio número de poblaciones que han sido afectadas de una u otra manera a lo largo y ancho del territorio, incluyendo mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. No queremos que haya una víctima más en Colombia”.
En el documento indican que el “Acuerdo de Paz” está compuesto por diversos compromisos específicos que constituyen un todo indisoluble e interdependiente “…para que las medidas aquí acordadas contribuyan a la materialización de los derechos constitucionales de los colombianos; por un mismo enfoque diferencial y de género, para asegurar que la implementación se haga teniendo en cuenta la diversidad de género, étnica y cultural, y que se adopten medidas para las poblaciones y los colectivos más humildes y más vulnerables…”. Sobre la base de este “enfoque diferencial”, el “Acuerdo de Paz”,  contiene un apartado sobre el “Capítulo Étnico”.

Son relevantes para Colombia, para México y América Latina, los seis apartados de los “Acuerdos de Paz”. Será una experiencia que arrojará luz para Estados convulsionados con problemas similares por los que Colombia quedó atrapada por varias décadas

Son relevantes para Colombia, para México y América Latina, los seis apartados de los “Acuerdos de Paz”. Será una experiencia que arrojará luz para Estados convulsionados con problemas similares por los que Colombia quedó atrapada por varias décadas.  Esbozo algunos temas relevantes:
El apartado uno se refiere a la “Reforma Rural Integral”, el apartado dos contiene el Acuerdo sobre la “Participación política: apertura democrática para construir la paz”, el apartado tres contiene en Acuerdo “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas”. Es relevante el apartado tres que incluye el Acuerdo sobre “Garantías de Seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o políticos, incluyendo las organizaciones criminales…, que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.
El apartado cuatro contiene el acuerdo sobre la “Solución al problema de las drogas ilícitas”. El documento considera que “Para construir la paz es necesario encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas. Para lo cual se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito, y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando un enfoque general de derechos humanos y salud pública…”. Las autoridades mexicanas deberían prestar atención a la  forma en que Colombia abordará los agudos problemas que se mencionan en este apartado.

Imagen: Nodal

Es altamente meritorio que el “Acuerdo de Paz” contenga un “Capítulo Étnico”. Dos consideraciones son fundamentales:
Primero: “El Gobierno Nacional y las FARC-EP reconocen que los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera…, que han sufrido condiciones históricas de injusticia…, desposeídos de sus tierras, territorios y recursos; que además han sido afectados gravemente por el conflicto armado interno y se deben propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos en el marco de sus propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones”.
Segundo: “…es fundamental incorporar la perspectiva étnica y cultural, para la interpretación e implementación del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia”.
En los “Principios”, manifiestan su compromiso de cumplir con los tratados, convenios y la jurisprudencia internacional para defender los derechos de los pueblos indígenas, destacando la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
En la implementación del “Acuerdo de Paz”, ambas partes se comprometen a tener en “cuenta entre otros los siguientes principios a la libre determinación, la autonomía y el gobierno propio, a la participación, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, a la identidad e integridad social, económica y cultural, a los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos, que implican el reconocimiento de sus prácticas territoriales ancestrales, el derecho a la restitución y fortalecimiento de su territorialidad, los mecanismos vigentes para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente”.
Mi alto reconocimiento a Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la Organización Indígena de Colombia (ONIC), quien tuvo la capacidad de incorporar y negociar para que el “Capítulo Étnico” haya sido incorporado al “Acuerdo de Paz”. También el esfuerzo de otros hermanos indígenas colombianos que supieron cabildear con los “Equipos Negociadores” y con los “Negociadores Plenipotenciarios”.   
Desde México, rindo tributo a los constructores de la diplomacia internacional que han puesto fin a uno de los conflictos más complejos y más prolongados del mundo. El plebiscito del próximo dos de octubre en Colombia, será un grito nacional por la paz duradera. Seremos testigos de ese acontecimiento de trascendencia mundial.       

Capítulo Étnico incluido en el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC

Acuerdo Final
24.08.2016

6.1.12 Capítulo Étnico

6.1.12.1. Consideraciones
Que el Gobierno Nacional y las FARC-EP reconocen que los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de una paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo económico y social del país, y que han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos; que además han sido afectados gravemente por el conflicto armado interno y se deben propiciar las máximas garantías para el ejercicio pleno de sus Derechos Humanos y colectivos en el marco de sus propias aspiraciones, intereses y cosmovisiones.
Considerando que los pueblos étnicos deben tener el control de los acontecimientos que les afectan a ellos y a sus tierras, territorios y recursos manteniendo sus instituciones, culturas y tradiciones, y fundamental incorporar la perspectiva étnica y cultural, para la interpretación e implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia.
6.1.12.2. Principios
En la interpretación e implementación de todos los componentes del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia con un enfoque étnico, incluyen los contemplados en el ordenamiento jurídico del marco internacional, constitucional, jurisprudencial y legal, especialmente el principio de no regresividad, reconocido en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los principios y derechos reconocidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial – CERD, Declaración de Acción de Durban, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales.
En la interpretación e implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, con enfoque étnico se tendrá en cuenta entre otros los siguientes principios a la libre determinación, la autonomía y el gobierno propio, a la participación, la consulta y el consentimiento previo, libre e informado; a la identidad e integridad social, económica y cultural, a los derechos sobre sus tierras, territorios y recursos, que implican el reconocimiento de sus prácticas territoriales ancestrales, el derecho a la restitución y fortalecimiento de su territorialidad, los mecanismos vigentes para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente.
6.1.12.3. Salvaguardas y garantías
Salvaguardas substanciales para la interpretación e implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia.
Se respetará el carácter principal y no subsidiario de la consulta previa libre e informada y el derecho a la objeción cultural como garantía de no repetición, siempre que procedan. En consecuencia, la fase de implementación de los acuerdos, en lo que concierne a los pueblos étnicos, se deberá cumplir garantizando el derecho a la consulta previa libre e informada respetando los estándares constitucionales e internacionales.
Se incorporará un enfoque trasversal étnico, de género, mujer, familia y generación.
En ningún caso la implementación de los acuerdos irá en detrimento de los derechos de los pueblos étnicos.
a. En materia de Reforma Rural Integral
En la implementación del punto RRI se garantizarán la perspectiva étnica y cultural, las condiciones jurídicas vigentes de la propiedad colectiva, los mecanismos para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente. Se observarán también la integralidad de la territorialidad y sus dimensiones culturales y espirituales, la protección reforzada a los pueblos en riesgo de extinción y sus planes de salvaguardas.
Acceso a tierras incluyendo el Fondo de Tierras. Se incluirán a los pueblos étnicos como beneficiarios de las diferentes medidas acordadas de acceso a tierras sin detrimento de los derechos adquiridos. La adjudicación de predios y procedimientos de formalización se hará con destino a la constitución, creación, saneamiento, ampliación, titulación, demarcación, restitución y resolución de conflictos de uso y tenencia de las tierras. Se entenderá para el caso de los pueblos étnicos que la función ecológica de la propiedad y las formas propias y ancestrales de relacionamiento con el territorio se anteponen a la noción de inexplotación. En la creación de mecanismos de resolución de conflictos de tenencia y uso y de fortalecimiento de la producción alimentaria participarán los pueblos y comunidades étnicas con sus organizaciones representativas cuando se trate de conflictos que comprometan sus derechos.
• Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuya realización esté proyectado hacerse en territorios de comunidades indígenas y afrocolombianas, deberán contemplar un mecanismo especial de consulta para su implementación, con el fin de incorporar la perspectiva étnica y cultural en el enfoque territorial, orientados a la implementación de los planes de vida, etnodesarrollo, planes de manejo ambiental y ordenamiento territorial o sus equivalentes de los pueblos étnicos.
b. En materia de participación.
Se garantizará la participación plena y efectiva de los representantes de las autoridades étnicas y sus organizaciones representativas en las diferentes instancias que se creen el marco de la implementación del Acuerdo Final, en particular las consagradas en el punto 2 y las instancias de planeación participativa.
Se adoptarán medidas para garantizar la inclusión de candidatos de los pueblos étnicos en las listas de las Circunscripciones Territoriales Especiales de Paz – CTEP, cuando su Circunscripción coincida con sus territorios.
c. En materia de Garantías de Seguridad del punto 3.4
Para el diseño e implementación del Programa de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios se incorporará perspectiva étnica y cultural. Se garantizará el fortalecimiento de los sistemas de seguridad propios de los pueblos étnicos, reconocidos a nivel nacional e internacional como la Guardia Indígena y la Guardia cimarrona.
d. En materia de solución del problema de drogas ilícitas.
- Se garantizará la participación efectiva y consulta de las comunidades y organizaciones representativas de los pueblos étnicos en el diseño y ejecución del PNIS, incluyendo los planes de atención inmediata respecto de los Territorios de los pueblos étnicos. En cualquier caso, el PNIS respetará y protegerá los usos y consumos culturales de plantas tradicionales catalogadas como de uso ilícito. En ningún caso se impondrán unilateralmente políticas de uso sobre el territorio y los recursos naturales presentes en ello.
- En la priorización de los territorios se atenderá a las realidades de los territorios de pueblos étnicos, se tendrá en cuenta los territorios afectados por cultivos de uso ilícito de los pueblos étnicos en riesgo de exterminio físico y cultural o en riesgo de extinción, así como los territorios de los pueblos étnicos en situación de confinamiento o desplazamiento.
- El Programa de Desminado y Limpieza de las áreas del territorio nacional se desarrollará en concertación con los pueblos étnicos y sus organizaciones representativas. Se atenderá de manera prioritaria los casos del pueblo EMBERA ubicado en el municipio de Puerto Libertador en Córdoba e Ituango en Antioquia, los del pueblo JIW ubicado en el municipio de San José del Guaviare en Guaviare, el pueblo Nukak departamento del Guaviare, en los municipios de Mapiripán y Puerto Concordia en el Meta, así como en el municipio de Tumaco río Chagüí y el del pueblo Awá en el departamento de Nariño. También los casos de los Consejos Comunitarios Alto Mira y Frontera y río Chagüí y el municipio de Buenos Aires, vereda La Alsacia en el departamento del Cauca.
- Como un gesto de voluntad de paz, reparación y humanidad, el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las organizaciones representativas de los pueblos étnicos se comprometen a desarrollar un programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios del pueblo indígena Nukak, el pueblo Embera Katío del Alto San Jorge resguardo Cañaveral, así como del territorio del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera y Curvaradó y Jiguamiandó.
e. En materia de víctimas del conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”
- El diseño y ejecución del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición respetará el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las autoridades tradicionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con los estándares nacionales e internacionales vigentes.
- En el diseño de los diferentes mecanismos judiciales y extrajudiciales acordados respecto a los pueblos étnicos se incorporará la perspectiva étnica y cultural. Se respetará y garantizará el derecho a la participación y consulta en la definición de estos mecanismos, cuando corresponda.
- En el marco de la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz se crearán mecanismos para la articulación y coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena según el mandato del artículo 246 de la Constitución y cuando corresponda, con las autoridades ancestrales afrocolombianas.
- Se concertará con las organizaciones representativas de los pueblos étnicos un programa especial de armonización para la reincorporación de los desvinculados pertenecientes a dichos Pueblos, que opten por regresar a sus comunidades, para garantizar el restablecimiento de la armonía territorial. Se concertará una estrategia pedagógica y comunicativa de difusión de los principios de no discriminación racial y étnica de las mujeres, jóvenes y niñas desvinculadas del conflicto.
f. En materia de Implementación y Verificación
- Se creará una Instancia Especial de Alto nivel con Pueblos Étnicos para el seguimiento de la implementación de los acuerdos, que se acordará entre el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las organizaciones representativas de los Pueblos Étnicos. La instancia tendrá las funciones de actuar como consultora, representante e interlocutora de primer orden de la Comisión de Implementación, Seguimiento Y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias (CSVR). Lo anterior sin detrimento de las funciones y atribuciones que tengan instancias de gobierno propio y de participación que ya existen.
- Las fuentes de financiación para la implementación de los acuerdos no involucrarán aquellos acuerdos en materia presupuestal que ya se hayan realizado entre el Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas y afrocolombianos, consignados en el Plan Nacional de Desarrollo vigente y demás políticas consultadas y concertadas.
ONIC

Posición de las Organizaciones Indígenas sobre invitación a la Mesa de Conversaciones de La Habana

Bogotá, 21 de junio de 2016.

Posición de las Organizaciones Indígenas sobre invitación a la Mesa de Conversaciones de La Habana.

Los Pueblos Indígenas de Colombia, representados en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la Confederación Indígena Tayrona (CIT), Autoridades Indígenas de Colombia AICO “Por la Pacha Mama” y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor, que hacemos parte de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, DECLARAMOS respecto al comunicado conjunto No. 73 de la Mesa de Conversaciones de La Habana de fecha 2 de junio de 2016, relacionado con la invitación a los “representantes de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Rrom y Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales”, que:

1. Las Organizaciones Indígenas, desde el inicio de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP para poner fin al conflicto armado, hemos manifestado nuestro respaldo a este proceso de diálogo y de negociación, reconociéndolo como un gran paso hacia la construcción de la Paz en el país.
2. De manera reiterada y permanente hemos solicitado la generación de espacios para nuestra participación efectiva, a fin de aportar nuestras propuestas como sujetos políticos y víctimas del conflicto armado. Sin embargo, trascurridos más de tres años no recibimos ninguna respuesta. Solo ahora, al cierre de estos diálogos, recibimos una invitación que adolece de las garantías para un diálogo constructivo e incluyente.
3. Consideramos como una limitante que solo se nos convoque para recibir “los aportes y propuestas (…) que servirán de insumo en el marco del punto 6 de la Agenda del Acuerdo General Implementación verificación y refrendación”. Las condiciones y la metodología propuesta por la Mesa de Conversaciones, no garantiza el “enfoque étnico, territorial y diferencial en la implementación de los acuerdos sobre los diferentes puntos de la Agenda (…)”, objeto de la invitación.
Por lo anterior, precisamos que no estamos de acuerdo con esta metodología. No aceptamos una audiencia sin participación real, proponemos un diálogo incluyente, que permita lograr consensos reales, tras un debate argumentativo.
4. Son de conocimiento público, nuestras acciones afirmativas de Paz y nuestras apuestas para darle perspectiva diferencial y étnica a los acuerdos que permitan una Paz sostenible y duradera. En este sentido, consideramos imprescindible incluir garantías efectivas y salvaguardas a los derechos de los Pueblos Indígenas en los acuerdos, de manera que se asegure nuestra pervivencia física y cultural.
5. EXIGIMOS el respeto a nuestra autonomía y territorios ancestrales, así como la aplicación efectiva del derecho fundamental a la Consulta y el Consentimiento Previo, Libre e Informado, según lo consagrado en la Constitución Política de 1991, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y los estándares nacionales e internacionales en la materia.
6. Recibimos con gran esperanza y satisfacción el próximo anuncio que harán el Gobierno y las FARC, relativo al acuerdo sobre el fin del conflicto (cese al fuego, hostilidades y dejación de armas), el cual constituye un logro fundamental para avanzar en la construcción de la Paz para Colombia. Este significativo paso impulsa nuestro apoyo y respaldo a este proceso, para así poner fin al conflicto armado.
7. Nuestra participación se debe traducir en una acción reparadora y afirmativa de nuestros derechos individuales y colectivos.

¡Cuenten con Nosotros para la Paz, Nunca para la Guerra!

Adjuntamos: Pronunciamiento Público en PDF

ONIC recibe con beneplácito el acuerdo de Cese al Fuego Bilateral y reitera garantías de participación y salvaguarda

Las Autoridades y Pueblos Indígenas de la ONIC recibimos con beneplácito y esperanza la firma del acuerdo sobre el 'Cese al fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de Armas', entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Lo valoramos como un paso trascendental en el camino hacia la construcción de la paz; el cual sin duda es un momento histórico que marca una nueva etapa para toda la Sociedad Colombiana.

Como pueblos indígenas que hemos sufrido el Conflicto Armado durante décadas, insistimos que la única salida válida para terminar este conflicto es el Camino del Dialogo, y valoramos que las FARC -EP y el Gobierno Nacional así lo hayan comprendido. Así mismo, hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al ELN a que por la misma vía del diálogo y la negociación puedan llegar a un acuerdo que contribuya a una paz real, estable y duradera.

La Paz como resultado de un camino en construcción, requiere muchos esfuerzos, por tanto, los Pueblos Indígenas como actores políticos y agentes de paz, ratificamos nuestro pleno respaldo al proceso de la Habana hasta su terminación, e insistimos en la necesidad de que se generen espacios de participación en la mesa de la Habana, y se incorporen plenas garantías para la salvaguarda de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas que permitan crear las condiciones reales para restablecer el equilibrio y la armonía en los territorios después de tantos años de guerra.

AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÌGENA – ONIC
¡Cuenten con nosotros para la Paz, nunca para la guerra!

www.onic.org.co comunicaciones@onic.org.co

Informativo Regional AMCIC: Amenazas ponen en Riesgo el Proceso Organizativo de los Pueblos Indígenas del Cauca

Los pueblos y comunidades indígenas del Cauca, se mantienen en asamblea permanente por la difícil situación que afrontan en la actualidad por los continuos asesinatos, persecuciones y amenazas de parte de paramilitares y de las Farc. Estos hechos no solo es contra las autoridades tradicionales, líderes, maestros, periodistas, organizaciones sociales y populares del País; también está en riesgo y en peligro el territorio y la autonomía de los pueblos, debido al interés político del gobierno de Santos de entregar los territorios a las empresas trasnacionales. En ese sentido, la Consejería Mayor del CRIC se ha pronunciado sobre estos acontecimientos que están generando desarmonía en el proceso organizativo de los pueblos indígenas del Cauca y sectores sociales del País.

Contexto Local – Regional

El Programa de Comunicación y Cultura del Pueblo Totoroez, informa de la conformación de la Asociación de Productores de Papa de esta región por parte de Ccmunidades indígenas y sectores Campesinos del Municipio de Totoró y Silvia Cauca.

El Tejido de Comunicaciones de la ACIN, a través de su Autoridad Tradicional del Resguardo Indígena de Huellas Caloto aclara sobre la muerte del Policía HUGO EFREN PACHECO en la confrontación realizado el 24 de marzo en la Finca la Emperatriz Norte del Cauca entre los liberadores de la Madre Tierra y el ESMAD.

El Programa de Comunicaciones del CRIC, participó activamente en el Espacio de análisis y autoformación, que se realizó en la sede de la universidad indígena UAIIN CRIC. El objetivo de este espacio se centró en analizar el estado actual del proceso de paz que se adelanta entre el Gobierno Nacional y las Farc en la Habana Cuba.

El Cabildo indígena universitario de Popayan nos comparte el recorrido que realizaron los jóvenes indígenas de la Zona Sath Tama Kiwe, sobre el reconocimiento del territorio ancestral Uswal Cxhab – Laguna de Sa’th Tama Caldono Cauca.

A través de un comunicado de los Cabildos Indígenas de la Zona Norte –ACIN- lamenta la muerte del policía HUGO EFREN PACHECO y rechaza acciones de individuos ajenos a nuestra lucha en el proceso de Liberación de Madre Mierra.

Contexto Nacional

Verdad Abierta, a través de una nota de prensa informan sobre un comunicado que circula desde el pasado martes en las regiones de Urabá y Bajo Cauca antioqueño, a través del cual las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, también conocidas como ‘Urabeños’ y ‘Clan Úsuga’, invitó a las comunidades a suspender las actividades laborales, académicas y económicas para conmemorar la muerte de Francisco Mórelo Pénate, alias ‘Negro Sarley’, quien fue dado de baja durante un operativo militar en 2013.

Conocimos a través de Colombia Informa, que después de que la Corte Constitucional dictara un fallo a favor de una demanda interpuesta por congresistas del Polo Democrático, en la que se impide hacer minería en zonas de Páramos, la multinacional canadiense Eco Oro Minerals Corp, ha anunciado la intención de demandar a Colombia bajo el capítulo de inversión del TLC entre Canadá y Colombia. 

El Pacifista, nos comparte que después de que se conociera este  lunes, que la Fiscalía le imputará cargos al general (r) Mario Montoya—excomandante del Ejército— y al general Henry William Torres, por varios casos de “falsos positivos”, la ONG Human Rights Watch (HRW) lanzó duras críticas sobre la manera como esos crímenes serán procesados en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que pactaron el Gobierno y las Farc en La Habana.

Contexto Internacional

A través de una nota de prensa del Espectador de Uruguay, recuerdan el aquel 1831, Fructuoso Rivera era el presidente de la República de Uruguay y los caciques indígenas lo creían un “amigo”. Fructuoso Rivera, quien consideraba que los indígenas eran un estorbo para la estructuración de una sociedad que debía estructurarse, citó a los principales caciques y sus familias a un paraje en el arroyo Salsipuedes, en Tacuarembó.

Por último, Survival pide a la ONU que ponga fin a la “crisis” de envenenamiento por mercurio en América del Sur.

Audio Informativo Regional AMCIC 01 de Abril 2016

Ir a descargar

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-

PROGRAMA DE COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO EXTERNO

 Popayán, 01 de abril del 2016.

Comisión Étnica defenderá derechos territoriales en el proceso de paz

Foto: Realinstitutoelcano

Servindi.- La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) anunció el posicionamiento de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales para salvaguardar los derechos territoriales y colectivos de las poblaciones étnicas en el proceso de negociación e implementación de los acuerdos de paz.
La comisión conformada por autoridades de pueblos Indígenas y afrodescendientes será la instancia técnica nacional, autónoma, plural, decisoria, participativa, permanente y de autorepresentación de los pueblos y organizaciones indígenas y afrodescendientes que trabajan por la construcción de la Paz.
La decisión se adoptó en un reflexión interna del movimiento social realizada el 7 de marzo de cara a la participación en el proceso de negociación de paz en La Habana (Cuba). A continuación reproducimos el comunicado de la Comisión Étnica:

Comunicado a la opinión pública de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), de cara a la participación en el proceso de negociación de paz en La Habana (Cuba), luego de reflexión interna del movimiento organizativo realizada el lunes 7 de Marzo en espacio autónomo, acordamos posicionar una instancia étnica denominada Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, conformada por autoridades de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, para salvaguardar los derechos territoriales y colectivos de las poblaciones étnicas en el proceso de negociación e implementación de estos acuerdos.
Que en el marco de la negociación para la terminación del conflicto armado entre el Gobierno Nacional y la insurgencia de las FARC y, posible con el ELN, se requerían y se requieren mecanismos especiales, proporcionales y diferenciales de participación que dieran cuenta de las realidades de nuestros pueblos.
Por tanto, la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, será la instancia nacional, autónoma, plural, decisoria, participativa, permanente y de autorepresentación de los pueblos y organizaciones indígenas y afrodescendientes que trabajan por la construcción de la Paz.
Como conjunto de autoridades y organizaciones étnicas reivindicamos nuestros derechos a la identidad, la autonomía, la participación política, la territorialidad, el ejercicio del gobierno propio y la construcción de la paz. Nuestra perspectiva democrática rechaza la segregación social y racial, así como las concepciones de homogeneidad de la sociedad colombiana.
La  Comisión  asume como principios la paridad y la complementariedad entre hombres y mujeres, al tiempo que reivindicamos el carácter multicultural y de diversidad como fundamento para la resolución autónoma de los conflictos entre los pueblos y comunidades organizadas mediante sus propias instituciones en los ámbitos regionales y locales.
Esta Comisión, en la que convergen la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA), que vincula organizaciones nacionales y regionales afrodescendientes, se moviliza proponiendo espacios de deliberación y reflexión sobre el impacto que pueden tener los Acuerdos de Paz en las territorialidades de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes.
Esta Comisión Especial de Pueblos Étnicos tiene una característica trascendental; es el vínculo constitutivo de aquellos y aquellas que hemos sufrido procesos sistemáticos de victimización durante la historia de la Nación, y el posterior conflicto armado en Colombia durante los recientes 60 años.
Durante este desarrollo conflictivo, no sólo hemos resistido el escenario de etnocidio y exterminio físico, cultural y espiritual, sino que hemos sido símbolo de esperanza, promotores de la conservación del territorio, y fundamentalmente, auspiciando el mantenimiento de la llama de la paz en los ámbitos territoriales. Seguiremos como pueblos siendo coequiperos en conservar y mantener abiertas las ventanas de la paz.
Esta Comisión comprende la reparación colectiva de los pueblos como el principal sentido político de la movilización hacia la conquista de garantías para el ejercicio de derechos en equidad, y la aplicación proporcional de mecanismos políticos conforme a la realidad social y territorial.
La llave de la paz es también instrumento de nuestra seguridad territorial. La Madre Tierra como víctima exhorta al dialogo intercultural como camino para enriquecer  y garantizar los acuerdos y su implementación. "No habrá Paz en Colombia, si no hay paz en los territorios étnicos": al unísono Indígenas y afros.   

Por lo tanto, la Comisión desde ya asume las siguientes acciones:

- Incidencia Internacional. Visitará a Washington D.C.  para dialogar con Congresistas, Administración del Presidente Obama, Sociedad Civil y organismos internacional.

- La Comisión conformará una delegación para viajar a La Habana Cuba, para reunirse con las partes.

- La Comisión dialogará con los demás espacios de construcción de paz existentes en el país.

La Comisión está abierta a las demás organizaciones nacionales y regionales de nuestros pueblos, que comparten los principios, objetivos,  procedimientos y criterios, decidan  se parte de este accionar.
Bajar en versión pdf la RESOLUCION No. 001 Por la cual se crea la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos territoriales.

----
Fuente: Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)

Amenazan a indígenas tras condenar a miembros de las FARC

Indígenas del norte del Cauca. Imagen: Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca

Servindi.- Autoridades indígenas del resguardo y municipio de Jambaló, en el departamento del Cauca, declararon la “emergencia territorial” por las amenazas que reciben de parte de “grupos armados” presentes en la zona.
Mediante un comunicado emitido el 5 de febrero, las autoridades originarias advirtieron que personas encapuchadas y armadas han sido vistas en las vías del municipio-resguardo de Jambaló,
Asimismo denunciaron que los líderes del resguardo han recibido amenazas que ponen en riesgo “el gobierno propio que realiza el Cabildo Indígena”.

Presunta represalia

Los nativos explicaron que las acciones de intimidación empezaron luego de que las comunidades de Tacueyó, Toribio y Jambaló aplicaron la “justicia propia” a "integrantes de las guerrillas FARC “.
Como se recuerda, el 31 de enero, en una asamblea indígena, cinco presuntos guerrilleros fueron condenados a 12, 30 y 60 años de prisión por el asesinato del dirigente Alfredo Hernán Ríos y de su chofer, en julio de 2011.
Asimismo, se los sentenció por el asesinato del ex concejal de Jambaló Mauricio Girón, en enero de 2013.

Medidas de control

Frente a las amenazas, las comunidades adoptaron medidas como la restricción de “la movilidad de vehículos y motos de 9:00 p.m. a 4:00 a.m. en Jambaló”.
Asimismo, indicaron que la Guardia Indígena reactivará los puntos de control “como ejercicio de control territorial”.
Las comunidades hicieron un llamado urgente a varias organizaciones indígenas y de derechos humanos, así como a organismos internacionales y a la opinión pública para que difundan la situación que afrontan.
Los dirigentes de Jambaló consideraron que las amenazas que reciben de parte de las FAR contravienen las negociaciones que se llevan a cabo en Cuba así como las intenciones de las FARC por “construir un país en paz”.
Por ello conminaron “a la opinión pública y a la sociedad en general”, para que se haga un seguimiento “a este tipo de situaciones que ponen en riesgo a las comunidades y autoridades indígenas”, antes de que se firme la paz con el referido grupo armado.

Colombia: Comunidades esperan diálogo tras enfrentamiento con Ejército en El Cauca

Imagen: El País

Servindi.- Comunidades indígenas del corregimiento El Mango, en el departamento del Cauca, exigen la instalación de una mesa de diálogo tras el enfrentamiento con militares que dejó un muerto y seis heridos el pasado jueves 19 de noviembre.
Como se recuerda, la presencia de militares y erradicadores de cultivos ilícitos en la citada localidad movilizó a la población que rechaza la presencia de tropas porque considera que la pone en riesgo de quedar en medio del fuego cruzado entre el ejército y la guerrilla de las FARC-EP.
La versión de los indígenas indica que el enfrentamiento se produjo cuando los efectivos rechazaron retirarse de unas viviendas cuando eran hostigados por las guerrillas.
En la confrontación falleció el poblador Miller Bermeo Acosta y otras seis personas resultaron con heridas de bala y otras lesiones.
Según Carlos Sánchez, habitante de El Mango, los indígenas fueron atacados con metralletas desde helicópteros militares.
Asimismo, las organizaciones que conforman la Veeduría Social del cese unilateral del fuego aseguraron en un pronunciamiento que las fuerzas armadas ingresaron a la comunidad sin concertar y de manera violenta.
“Ante tal situación, miembros de las comunidades se movilizaron solicitando la presencia de las autoridades civiles del gobierno, pero la respuesta de la Fuerza Pública fue bloquear vías y agredir física y verbalmente a los pobladores”, aseguraron.
También afirman que las tropas hirieron a los pobladores “cuando los campesinos se refugian en una casa ubicada al lado de una escuela”.
Agregan que para salvar su vida las familias de la localidad El Encanto se han visto obligadas a desplazarse hacia el poblado de Sinaí.

Ruptura del cese unilateral

Las organizaciones suscritas denuncian que la avanzada militar está siendo usada para provocar una eventual ruptura del cese unilateral decretado por las FARC EP” en la referida zona, donde siempre ha estado presente el grupo insurgente.
Ante tal situación hicieron un llamado a las FARC para que no detengan el cese unilateral y así evitar pérdidas humanas como la ocurrida en Argelia y no poner en peligro “los avances alcanzados en la mesa de negociación de la Habana”.
Del mismo modo, llamaron al Gobierno y a las FARC a pactar “sin más dilación un cese bilateral al fuego”.
Pidieron también al presidente Santos que ordene “el cese de la operación militar en dicho municipio de modo que se distensione y cese la situación.”
Además invitaron a las organizaciones sociales “organizaciones sociales, populares, defensoras de derechos humanos e iglesias a unirse a misiones humanitarias, por la paz de carácter urgente en el municipio de Argelia Cauca “

Esperan diálogo

Desde la zona donde ocurrieron los hechos, la Defensoría del Pueblo informó que la población espera que el Gobierno determine la fecha y lugar donde se iniciará el diálogo entre las partes.
Indicó que las comunidades buscan que se aplique la sustitución de cultivos ilícitos y no la sola erradicación como promueve la presidencia de la República en el marco dela lucha antidrogas.
La situación permanece en una “tensa calma” mientras se espera una respuesta de la Presidencia, indicó el secretario de Gobierno de Argelia, Ever Molano.

Sikuanis, acorralados a punta de ‘bala’ y ‘resoluciones’

La comunidad indígena del Resguardo de Caño Ovejas fue confinada en el sur del Meta por los actores armados ilegales y por titulaciones contradictorias del Incora y del Incoder. Espera que un Juez dicte medidas que protejan sus derechos territoriales.

La comunidad indígena Sikuani de Caño Ovejasespera que un Juez de Restitución emita órdenes que les permita recuperar sus derechos a cazar, pescar, recolectar y celebrar ceremonias en su territorio colectivo, que fue reducido por el conflicto y por resoluciones del Incora e Incoder. Foto: suministrada Unidad de Tierras Meta.Por lo menos 687 indígenas de la etnia Sikuani sobreviven confinados en el corregimiento de Caño Ovejas, en el municipio de Mapiripán, en el sur del Meta, pese a que en varias oportunidades la Corte Constitucional advirtió que esta comunidad indígena está en riesgo de desaparecer por el conflicto armado y la violencia generalizada. Sus esperanzas están en el Juez Segundo de Restitución de Tierras de Villavicencio, quien conoce la demanda de restitución de derechos territoriales que reclaman desde hace más de tres décadas y de quien se espera dicte medidas que ponga en cintura a varias instituciones, entre ellas, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
La reclamación de la comunidad indígena no es de poca monta. Desde los años 70 llevan rogándole primero al Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) y luego al Incoder que les reconozca con títulos su territorio colectivo, que fue reducido a su más mínima expresión y que por el contrario, fue feriado en diversas adjudicaciones a varios colonos, que según el testimonio de los indígenas, ni siquiera cumplían con los requisitos de la reforma agraria pues no vivían en la región o ya tenían tierra. Mientras el Incora y el Incoder se escudaban en que por causa del conflicto no podían atender al llamado de los índigenas; sí lo hacían con celeridad y de forma express otorgándole títulos a foráneos.
La dimensión de la reclamación es la siguiente: de 317 mil hectáreas que originalmente integraban el resguardo; el Incora en los años 80 apenas les reconoció 1.720 hectáreas y además fracturadas, porque el territorio quedó integrado por dos predios incomunicados. Esas 1.720 hectáreas son ínfimas para la supervivencia Sikuani, pues el mismo Incora determinó que para que una sola familia pueda sobrevivir en Mapiripán debe tener entre 1.300 y 1.800 hectáreas. Es decir, 90 familias indígenas están condensadas en un área que corresponde al de una sola.
Los problemas del Resguardo de Caño Ovejas no se limitan únicamente a que ha tenido que vivir en un puñado de hectáreas, a que espera desde el año 90 que le amplíe el resguardo y a que tenga efectos el estudio socio-economómico que desde 2008 realizó el Incoder para determinar dicha ampliación, sino a que no puede transitar libremente por su territorio, ni celebrar sus ceremonias, y mucho menos sembrar o cazar su comida. Prácticamente sus sitios espirituales como Peyatsevitsuto, Yavetsaniiboto y las Lomas de Makokobá fueron borrados.
“Aunque la Constitución de 1991 nos reconoce e indica que debe respetarse nuestra autonomía, acá por ejemplo la Alcaldía nos desconoce. Hay muchos problemas que se están derivando de la empresa de palma de aceite que se instaló en el municipio”, dice el Gobernador José Díaz, líder del resguardo indígena, refiriéndose a los problemas más recientes.
El caso del Resguardo Sikuani fue documentado por la Unidad de Restitución de Tierras de la Territorial del Meta y presentado en demanda ante el Juez Segundo Especializado en Restitución de Villavicencio. Una vez el Juez conoció la reclamación ordenó a la Unidad documentar los casos de posibles segundos ocupantes, es decir, particulares que consideren que tienen derecho sobre estas tierras. En la actualidad, el caso está en juicio: los indígenas son representados por la Unidad y los posibles segundos ocupantes, por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, quién tiene la razón y quiénes y cómo deben ser restituidos está en manos del Juez, quien tiene la última palabra.
“Durante la etapa administrativa (documentación y contextualización de la demanda) lo que pudimos evidenciar es que hay una afectación histórica a esta comunidad, que además está en riesgo porque el conflicto ha cambiado sus prácticas culturales, que necesita una intervención urgente del Estado en relación con la ampliación de su territorio para garantizar su superviviencia”, explica Diana Herrera, directora de la Unidad de Restitución en Meta.
Esta no es la única demanda de restitución étnica en los Llanos Orientales. Según la Dirección Territorial de la Unidad, en junio radicaron también ante el Juzgado Segundo la reclamación de derechos territoriales de la comunidad indígena de Kanalitojo, en Vichada. “Estamos próximos a presentar otra demanda de la comunidad Jiw, del Guaviare, y estamos documentando el caso de la comunidad Sikuani del Alto Únuma, de Puerto Gaitán”, indica Herrera.

Incora, ¿despojador?

La imagen más recurrente con la que se asocia a los Llanos Orientales es la de un vaquero. Nunca, la de indígenas Sikuanis como los de esta fotografía. Conocidos como Guahíbos eran quienes vivían en estos territorios pero que tras la colonización y violencia fueron reducidos y dispersos en distintos departamentos: unos en Meta; otros en Guaviare; otros en Vichada y unos más en Arauca. Foto: suministrada Unidad de Tierras Meta.Los indígenas Sikuani son nómadas, es decir, se caracterizan por recorrer extensos territorios a pie y a vivir temporalmente en algunos puntos del territorio donde siembran y cazan, para luego continuar su tránsito y permitir que las especies cazadas se reproduzcan y los suelos cultivados no se deterioren, promoviendo así el equilibrio ambiental. Su vida gira en torno además de los ríos, por lo que ancestralmente anduvieron a lo largo de los cauces de los ríos Meta, Vichada, Guaviare, Tomo y Orinoco en la región de los Llanos Orientales.
Uno de los territorios de mayor asentamiento fue el que bautizaron como Tsuwakia, desarrollado a lo largo de la cuenca del Caño Ovejas, un afluente del río Guaviare en actual jurisdicción del municipio de Mapiripán. Allí los Sikuani desarrollaron un punto de intercambio con sus hermanos, los indígenas Jiw, del Guaviare, quienes también han sufrido los azotes de la guerra. Por lo menos mil indígenas de esta etnia han sido acogidos por los Sikuani en Mapiripán, en los predios Zaragozas continuos al resguardo de Caño Ovejas.
Según el censo realizado por la comunidad, el Resguardo Sikuani está compuesto por casi 700 personas, distribuidas en 90 familias en las comunidades de Betania, Corocito y Olvido. Y son quienes han logrado sobrevivir a prácticas de mediados del siglo XX como las ‘guahibadas’ (cacería de indígenas) propiciada por colonos, así como a la violencia desatada por las guerrillas, los narcotraficantes, los paramilitares y de forma más reciente, por las bandas criminales.
El territorio ancestral de los Sikuani en Caño Ovejas comprende por lo menos 137 mil hectáreas, pero el resguardo sólo está reconocido en menos de 1,2 por ciento según un título otorgado por el antiguo Insitituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora). Este reconocimiento ha pasado por “las duras y las maduras”, pues los líderes relatan cómo el Incora fue adjudicando su territorio a colonos, incluso en medio de la violencia, y en la actualidad siguen en la lucha para que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) reverse esos errores del pasado.
La historia de los títulos data de 1979 cuando 75 familias Sikuani comenzaron la reclamación de cómo mínimo 89 mil 300 hectáreas para que el Incora se las titulara mediante resolución. Pero tres años después, en diciembre de 1982, el Instituto les otorgó una resolución por tan sólo 1.720 hectáreas, dividas en dos globos de tierra además incomunicados: uno de 1.280 hectáreas, donde está el caserío de Betania, y uno de 440 hectáreas, donde está el caserío de Corocito. A partir de esa fecha lo que vino fue una serie de resoluciones emitidas desde los escritorios del Incora que no fueron para indígenas, sino para colonos que ni siquiera habían vivido en esta región, según lo advierte la comunidad indígena.
Así fue como en 1983 ya los Sikuani de Caño Ovejas no tenían en el papel 1.720 hectáres sino 1.053 porque al Incora se le ocurrió titularle 667 hectáreas a dos colonos para que desarrollaran allí las fincas Camaura y Camaguay. Como si fuera poco, en 1984 el mismo Instituto tituló otras tierras ancestrales a dos finqueros, entre ellas 1.116 hectáreas -que no quiso reconocérselas al pueblo indígena en el 82-. Ese mismo año llegaron los cultivos de coca a la región, complicando el panorama de las reclamaciones Sikuani.
Cansados del abuso, en 1986 la comunidad indígena le pidió al Incora revocar los títulos de las fincas Camaura y Camaguay, pero en lugar de que esto sucediera en 1988 la Gerencia General del Instituto determinó que quienes tenían razón eran los colonos. La comunidad indígena de Betania fue desalojada varias veces por la fuerza pública, por lo que en 1989 los Sikuani solicitaron la ampliación del resguardo. Pero una vez más el Incora no escuchó razones y tituló otras 2 mil 291 del territorio ancestral indígena para el desarrollo de la finca Casuarito, de otro colono, afectando el Peyatsevitsuto, un sitio sagrado de los Sikuani y los Jiw.
En 1990 el Incora es aún más incongruente. Mientras el 14  de abril de ese año acepta comprar tres fincas que anteriormente les adjudicó a finqueros prometiendo devolver las tierras al Estado para ampliar el resguardo; seis días después les tituló otros dos predios -pertenecientes también al territorio ancestral- a otro colono, esta vez borrando el Yavetsaniiboto, otro sitio sagrado indígena.

Farc, Auc y glifosato

Las fumigaciones con glifosato han afectado los cultivos de los indígenas en Mapiripán. Foto: archivo Semana.Mientras los indígenas trabajan de reclamar lo propio; las Farc habían encontrado en esta zona selvática un lugar perfecto para ampliar sus cultivos de coca. Desde principios de los 80 comenzaron a secuestrar y a desarrollar ‘cocinas’, que terminaron nutriendo las ‘finanzas’ y las filas del Frente 44. En medio de esa violencia, en 1991 los Sikuani seguían insistiendo en la ampliación del resguardo, pero el Incora se negaba a actuar bajo el pretexto del conflicto.
Aunque en 1995 Mapiripán era prácticamente un ‘laboratorio’ de droga, una funcionaria del Instituto de Tierras atendió la solicitud de los indígenas y recomendó que dicha ampliación debía ser como mínimo de 13 mil hectáreas, distribuidas en dos globos de tierra. Pero una vez más, en 1996, otro funcionario de la misma institución le tituló otro predio a un nuevo finquero. Ese mismo año los Sikuani casi quedan reducidos a su mínima expresión, pues las fumigaciones con glifosato afectaron sus medios de sustento: cultivos, caza y pesca.
El Incora les seguía respondiendo a los indígenas que no podía hacer nada porque el conflicto aumentaba; pero no tenía la misma respuesta para los colonos que les pedían más tierra. En enero de 1997 entregó parte de las Lomas de Makokobá, parte del territorio ancestral, a tres finqueros. Para los Sikuani dicha decisión fue otro golpe a su espiritualidad, pues para los indígenas son estas lomas el lugar donde se reproducen espiritualmente los cafuches, los animales de su dieta básica.

El panorama fue de mal en peor. Por orden de los hermanos Carlos y Vicente Castaño y con la complicidad de militares, según fue documentado por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, 120 paramilitares llegaron a San José de Guaviare y se movilizaron por el río hasta el casco urbano de Mapiripán, cometiendo una masacre que se prolongó entre el 15 y el 20 de julio de 1997. La masacre fue perpetrada a tan solo 10 kilómetros del resguardo.
Cuatro días después de la barbarie y sin usar el pretexto de que la violencia arreciaba, el 24 de julio el Incora tituló otro predio del territorio ancestral a un finquero. El resguardo calcula que sólo en 1997 el instituto de tierras adjudicó 28 predios a foráneos, pese a la masacre ocurrida en el municipio. La historia se repitió durante los siguientes años: en 1998 el Incora siguió con estas adjudicaciones a colonos, incluyendo un predio que en los años 90 había comprado para supuestamente ampliar el resguardo.
El Bloque Centauros de las Auc se instaló en Mapiripán quitándole el negocio de la cocaína a las Farc y amedrentando a los Sikuani, que trataban de resistir en las comunidades de Betania y Corocito. Una delegación de Caño Ovejas viajó hasta el Incora Bogotá, pero la respuesta fue igual: “no podemos intervenir. Hay conflicto en la zona”. El Bloque Centauros de las Auc se desmovilizó en septiembre de 2005, pero algunos paramilitares de este grupo se rearmaron y formaron la banda criminal de ‘Los Cuchillos’, que luego se hicieron llamar Erpac, para quedarse con las rentas del narcotráfico en el sur del Meta y el Guaviare.
Para ese año el Incora ya había sido liquidado y convertido desde 2003 en Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incora), pero su comportamiento no fue distinto al de la vieja institución, pues desde ese año hasta 2009 siguió adjudicando las tierras ancestrales de los Sikauni a los colonos. Fue solo hasta 2006 que un funcionario ordenó un nuevo estudio socioeconómico con miras a ampliar el resguardo, que sólo comenzó a realizarse en 2007 sin que a la fecha el Incoder haya tomado una decisión definitiva. En otras palabras, el resguardo de Caño Ovejas lleva 26 años esperando que el gobierno les dé una razón sobre su territorio que fue reducido a punta de resoluciones y armas.
Para los líderes del resguardo es contradictorio que desde 2009 y 2012 la Corte Constitucional haya ordenado al gobierno (mediante los Autos 004 y 173) desarrolllar un plan de salvaguarda especial para el pueblo Sikuani, tras reconocer que este hace parte de los pueblos que junto con el pueblo Jiw están a punto de desaparecer por causa del conflicto y el abandono del Estado.
En Caño Ovejas sobreviven casi 700 Sikuani originarios de Mapiripán y unos mil indígenas Jiw, desplazados del Guaviare. Los líderes de estas comunidades aseguran que sus problemas se han atizado con la agroindustria de la palma y el caucho, y las expectativas de empresas minero-energéticas. La prostitución de niñas, la fragmentación familiar y la vinculación laboral a las empresas agroindustriales y petroleras son tragedias que se suman a la lista de males que han tenido que afrontar.
La comunidad Sikuani en Mapiripán exige en la actualidad la ampliación a por lo menos 120 mil hectáreas, la mitad de estas como reserva ambiental. Los Sikuani, cuya vida gira alrededor de la caza, la pesca, la siembra y la espiritualidad, concluyen que se sienten “desconocidos. Nos sentimos como secuestrados por la política”. Y tienen razón, pues siguen esperando que la ampliación del resguardo, solicitada desde los años 90, deje de ser una promesa fallida.