Caminemos solos
A veces pienso que los indígenas esperamos a un hombre
que todo lo pueda, que todo lo sepa,
que ayude a resolver todos nuestros problemas.
Pero ese hombre, que todo lo puede y que todo lo sabe,
nunca llegará:
porque vive en nosotros,
se encuentra en nosotros, camina con nosotros,
empieza a despertar, empieza a caminar.
Natalio Hernández, Poeta Nahua.
“Para l@s de arriba, el calendario está hecho de pasado, para
mantenerlo ahí, el Poder lo llena de estatuas, festejos, museos,
homenajes, desfiles. Todo con el objetivo de exorcizar ese pasado, es
decir, de mantenerlo en el espacio de lo que ya fue y no será.
Para l@s de abajo, el calendario es algo por venir. No es un
montón de hojas desprendidas por el hastío y la desesperanza. Es algo
para lo que hay que prepararse. En el calendario de arriba se celebra,
en el de abajo se construye. En el calendario de arriba se festeja, en
el de abajo se lucha. En el calendario de arriba se manipula la
historia, en el de abajo se hace (…) Así será, hasta que otro calendario
se escriba donde debe de escribirse, es decir, abajo”.
Esto, en alguna oportunidad, dijo al Sub-Marcos Don Durito de La Lacandona.
I. A manera de Introducción.
aüri wakuwaipa weiran mmokarü
(Desde nuestra forma de ver el mundo)
Es posible decir que, dentro de la filosofía del pueblo añú, existen
dos principios que definen su forma de ver y relacionarse con el mundo.
Tales principios expresan la perspectiva desde la cual, milenariamente,
configuraron su territorialidad al tiempo que territorializaron las
aguas del Lago de Maracaibo, las riberas de sus ríos aledaños y la
Laguna de Sinamaica donde, hasta el presente, resisten y re-existen como
pueblo. Se trata pues, de dos de los fundamentos de su cosmovisión que,
cotidianamente, los añú ejercen y manifiestan en una cosmovivencia que
le es correspondiente. Estos principios son:
a.- Todo lo que está presente en el mundo es porque ha realizado la
acción de emerger a nuestra presencia. El emerger implica, por tanto,
que aquello que se hace presente en el mundo se muestra vivo. Dicho de
otra manera, para los añú: todo vive.
b.- La vida de todo lo presente en el mundo se expresa mediante un su
hacer particular y es con este hacer con el que nos relacionamos; por
tanto, plantas, animales, ríos, selvas, personas y todos los seres
visibles e invisibles tienen un hacer que les es propio; todo vive en y
por su hacer y este, su hacer, siempre será complementario al hacer de
los otros; es por ello que sólo a partir de nuestra relación con esos
haceres, podemos conocer y decir que conocemos aquello que emerge vivo
frente a nosotros, podemos decir que conocemos y re-conocemos el mundo.
En este sentido, todo acontecimiento que frente a nosotros ocurre es
el resultado de un emerger que lo ha puesto de manifiesto mediante un su
hacer que se ha incubado en un fondo no visible y que, igualmente,
forma parte de la historia del acontecimiento mismo. Así, para
comprender la historia en su acontecer es necesario un diálogo con el
hacer de todo lo que emerge como manifestación de su presencia frente a
nosotros. Esto quiere decir que los hechos poseen su propia palabra y es
con ella con la que nos hablan; de esta forma, sólo comprendemos la
historia en su hacer cuando somos capaces de entender la palabra de los
hechos, es decir, dialogar con el hacer emergido. Por esta vía, la
historia no es en modo alguno la de los personajes que participan de los
hechos (la de los héroes que tanto gusta de destacar el pensamiento
occidental), sino el hacer del acontecimiento con respecto a los
pueblos. Por el contrario, para los añú (pensamos que para la mayoría de
los pueblos indígenas del continente), los héroes como centros de la
historia no existen, esto es, la historia poco tiene que ver con la
persona o la palabra de los “protagonistas” sino con la palabra propia
del hacer de los hechos en su acontecer, pues, sólo la palabra del hacer
de los hechos hace visible ante nosotros el fondo no evidente que los
ha incubado.
Será entonces desde esta perspectiva que trataremos de exponer (y
exponernos) lo que para nosotros está diciendo el hacer de la realidad
política por boca de los Estados-gobiernos a todos los pueblos indígenas
de Venezuela y América Latina, especialmente, en cuanto a sus luchas
territoriales y por la defensa de sus territorialidades. En este
sentido, en una primera parte analizaremos lo que dicen las palabras del
hacer de los más recientes acontecimientos en los que esta lucha ha
emergido con mayor fuerza y contundencia. En una segunda parte
intentaremos demostrar lo que se encuentra en el fondo y que explica el
hacer verdadero de los hechos emergidos para, finalmente, tratar de
precisar lo que comienza a fecundarse en el fondo y que, estamos
convencidos, desde hace un buen rato aquí y allá a lo largo del
continente, viene pugnando por emerger de manera definitiva como palabra
y acción de los pueblos.
II.- aeintikarü apüreeruwa we. Ani aye eiñawa.
(Lo que frente a nosotros está. He aquí los hechos)
Recientemente tuvimos la oportunidad de escuchar en la ciudad de
México al hermano Oscar Olivera, uno de los principales líderes de la
llamada Guerra del Agua y reconocido vocero de las luchas sociales de
Bolivia. En su exposición, Olivera narró con precisión todo lo
acontecido durante la marcha de las comunidades del TIPNIS hacia La Paz:
la cruenta represión de la que fueron víctimas por parte de la
gendarmería oficial a la que se sumaron grupos de choque financiados y
atizados por el gobierno; pero también, describió no sin alegría el
multitudinario y popular recibimiento de los marchantes en la capital lo
que, sin lugar a dudas, obligó al Presidente Evo Morales dar marcha
atrás en su propósito y decretar una Ley que aseguraba la protección y
defensa del TIPNIS. Todos celebraron.
Sin embargo, muy poco duró la celebración de la que fue una verdadera
victoria popular, pues, atizado por los cocaleros del MAS (su base de
apoyo político), guiado por la “razonable” palabra de su vicepresidente;
pero sobre todo, presionado por la corporación brasilera impulsora del
proyecto, el presidente “entró en razón” y, mediante un nuevo
Decreto-Ley echó por tierra al primero y, ahora sí, haciendo uso de
todos los recursos del poder del Estado-gobierno (compra de conciencias
mediante obsequios en dinero o especies, división de las comunidades,
acciones violentas ejecutadas por sus grupos de choque, etc.), Evo
Morales “derrota” a los alzados indios del TIPNIS en una “consulta”
totalmente controlada por el gobierno. En este punto, necesario es
decirlo, al hermano Olivera se le quebró la voz y unas incontenibles
lágrimas nos hablaron de su dolor y de su rabia.
A buena parte del público asistente les sonó increíble el relato de
Olivera, pues, a su paramétrica mentalidad de “izquierda razonable”
resultaba inconcebible que Evo Morales, primer “indígena” presidente de
un Estado latinoamericano pudiera valerse (igual que el PRI) del
acarreo, la compra de conciencias para dividir a las comunidades y,
mucho menos, al uso de fuerzas de choque prestas a violentar y contener
la lucha de las comunidades. Tal incredulidad, ciertamente, resulta del
todo comprensible dado que tales acciones, se supone, no corresponden al
deber ser de un gobierno de “izquierda” y, mucho menos, a un gobierno
“indígena”. Sin embargo, las acciones del Presidente Morales deben ser
comprendidas como la continuidad de la originaria forma de acción
política de los Estados poseídos frente a la insurgencia de los
desposeídos; es decir, lo que el Presidente “indígena” hizo no fue otra
cosa que aplicar parte de un muy antiguo manual de contrainsurgencia del
que, si a ver vamos, ningún Estado-gobierno en América Latina es ajeno
y, por el contrario, es posible observar su aplicación con la misma
regularidad y contundencia tanto en los países cuyos gobiernos son
designados o declaradamente de “derecha” como en los países donde los
gobiernos se estiman “progresistas”, “de izquierda” y, aún,
“revolucionarios”.
Así por ejemplo, el Presidente Rafael Correa de Ecuador, ha logrado
diseñar y ejecutar sistemáticamente toda una política de
contrainsurgencia dirigida contra los pueblos indígenas y sus
principales organizaciones: la CONAIE y la ECUARUNARI. Esto ha sido
posible no sólo por los errores políticos cometidos por la dirigencia de
algunas de estas organizaciones, sino sobre todo, mediante la ejecución
de acciones que van desde la división provocada a través de la
incorporación de elementos de las organizaciones indígenas a la órbita
del gobierno al tiempo que persigue, criminaliza y encarcela a los
líderes rebeldes de las mismas organizaciones indígenas, sindicales y
campesinas, pues, está decidido a acabar con ellas; de hecho, es posible
decir que a diferencia de los anteriores gobiernos de derecha que
pretendieron contener a los pueblos indígenas y sus organizaciones, para
beneplácito de las corporaciones y del mercado mundial, en el campo de
la contrainsurgencia el gobierno de Correa ha alcanzado un éxito notable
en el Ecuador.
Lo anterior pudiera ser una afirmación igualmente aplicable al caso
del Brasil de Lula Da Silva y de su continuidad: Dilma Rouseff. Allí, a
las acciones etnocidas ejecutadas de manera directa por el
Estado-gobierno hay que sumar su silencio ante las acciones genocidas
ejercidas por otros para liquidar de manera definitiva a los pueblos
indígenas. Así, no es sólo el Estado-gobierno quien de manera directa
les hace la guerra sino que, éste sabe guardar silencio cuando los
otros: hacendados y corporaciones transnacionales “fastidiados” de la
incómoda presencia y re-existencia de indios en zonas explotables, han
sido capaces de declarar públicamente su guerra contra las comunidades
y, tanto Lula (antes) como la Ruseff (hoy por hoy) como representantes
del Estado-gobierno, lapidariamente han sabido guardar silencio y, por
lo mismo, nada hacen por detenerlos. Fue por ello que los hermanos
Guarani-Kaiowás acordaron pedir al Tribunal del Estado Federal que
decidió expulsarlos de su territorio en beneficio de una Corporación,
que junto al Tribunal de Desalojo enviara a los pelotones militares de
fusilamiento, pues, estaban decididos a morir y ser enterrados en sus
tierras, tal como ellos han enterrado milenariamente a sus antepasados
en ese: su territorio.
Por nuestra parte, en Venezuela, podemos decir que desde 1999, año en
que emerge en Venezuela el gobierno del Teniente Coronel Hugo Chávez,
proceso al que se ha dado en llamar “socialismo del siglo XXI”, hemos
sufrido las mismas violaciones a los derechos de los pueblos y los
mismos silencios ante los mismos crímenes. En su aplicación del manual
de contrainsurgencia, ha sabido combinar el uso de los llamados
programas sociales (Misiones) que han casi liquidado al movimiento
social insurgente (indígena, campesino, obrero, pobladores de barriadas
urbanas, etc.), pues, la mayoría de ellos han sido cooptados a las
estructuras burocráticas controladas por el Estado-Gobierno, con la
persecución, criminalización y represión selectiva de los rebeldes
insurgentes de esos mismos sectores y movimientos.
Así, desde el inicial sometimiento de los indios pemones que en la
Gran Sabana se enfrentaron a la construcción del tendido eléctrico del
estado Bolívar (Venezuela) hasta Boa Vista en Brasil, para lo que el
gobierno de la naciente “revolución” utilizó desde la persuasiva acción
de la “justicia” aplicada por el Tribunal Supremo, la división provocada
de las comunidades en lucha mediante el aporte de recursos económicos a
los no deliberantes, hasta el uso de la represión militar en contra de
las comunidades rebeldes que se atrevían a cortar, segueta en mano, las
grandes estructuras de hierro del tendido eléctrico, lo que produjo un
saldo de líderes indígenas presos, un par de muertos y la definitiva
derrota de las comunidades pemonas alzadas y la definitiva inauguración
del tendido eléctrico por el Presidente Chávez en acto solemne para el
que se supo acompañar, nada menos que del presidente del Brasil Fernando
Henrique Cardoso y del padre de la única revolución “victoriosa” de
América Latina: Fidel Castro.
Sin embargo, a este ejemplo debemos necesariamente sumar el asesinato
(vía sicariato) de dirigentes sindicales y campesinos como los del
líder obrero Argenis Vásquez, Secretario General del Sindicato Obrero de
la Mitsubishi en el oriente del país, quien fuera asesinado por
“desconocidos” sicarios en el contexto de la discusión del contrato
colectivo de trabajo y las exigencias de la empresa al Estado-gobierno
de condiciones favorables para poder seguir operando en el país. Demás
está decir que el asesinato de Argenis sigue siendo un “misterio”
policial, tal como el de unos 140 líderes obreros y campesinos por los
que, hasta ahora, no se ha señalado a ningún sospechoso y, mucho menos,
se ha producido algún arresto puesto que jamás el gobierno de la
“revolución” ha sentido la necesidad de pronunciarse siquiera.
Finalmente, hemos venido siendo testigos de la persecución del líder
indígena Yukpa Sabino Romero a quien, dicho sea de paso, le han venido
sistemáticamente asesinando a su familia y su gente (hasta ahora le han
asesinado a su padre, uno de sus yernos, dos de sus sobrinos y a por lo
menos tres de sus compañeros de lucha), pues, para nadie es un secreto
que Sabino se ha convertido en la piedra en el zapato tanto para los
hacendados de Machiques de Perijá, como para el Estado-gobierno en su
política de minimizar y silenciar la lucha territorial de todos los
pueblos indígenas del país toda vez que, de acuerdo al mandato
constitucional de 1999 el Estado estaba obligado a demarcar los
territorios indígenas en un lapso no mayor a dos años luego de aprobada
la Constitución. A más de una década de esta resolución constitucional,
las tierras demarcadas no llegan al 10% del total estimado y, aún, las
ya demarcadas y entregadas han sido objetadas judicialmente por algunas
comunidades.
Ante esta flagrante violación constitucional por parte del Estado, de
toda la dirigencia indígena ha sido Sabino y su comunidad yukpa de
Chaktapa el único que ha insistido en establecer, de hecho, la
demarcación territorial para su pueblo; es por ello que, tanto los
hacendados (como enemigos directos) pero también el Estado-gobierno, han
intentado por diferentes vías contener su rebeldía.
Así, luego del asesinato de su anciano padre (José Romero) por el que
Sabino responsabiliza a un hacendado pero sobre el que, hasta donde
sepamos, no pesa ninguna averiguación, se intentó liquidarlo físicamente
a manos de sus propios hermanos yukpa mediante una provocación montada
que terminó con varios heridos y un par de muertos del mismo pueblo.
Posteriormente, le son asesinados familiares y compañeros de lucha por
elementos “desconocidos” en lo que sin duda fueron verdaderas
ejecuciones que la prensa local (especialmente el diario “La Verdad”)
que citando fuentes gubernamentales estableció como “ajuste de cuentas
por diferencias en el reparto de un ganado robado por la gente de
Sabino”.
En fin, a pesar de las calumnias, el sicariato y la violencia del
Estado en su contra, Sabino no desmaya y recientemente se lazó junto a
su comunidad a la recuperación de sus tierras, esta vez, fue recibido a
tiros por los hacendados pero también del Ejército bolivariano
resultando algunos heridos, entre ellos, su propia hija, y a partir de
ese momento hasta el día de hoy, Sabino así lo ha denunciado, se ha
convertido en un perseguido político en las montañas de Perijá.
Políticas de contrainsurgencia hoy en América Latina: Estados corporativos y pranización de la política.
a. De los Estados corporativos
Ahora bien, muy bien sabemos que tal como acertadamente señala Raúl Zibechi:
“las clases dominantes no cuentan con un abanico ilimitado de
opciones para derrotar a los rebeldes, a tal punto que una y otra vez
acuden a los mismos lugares comunes: esa mezcla de negociación con
concesiones y represión o genocidio, para ablandar y desorientar a sus
enemigos de clase hasta asestar la estocada final. Desde el fondo de los
tiempos, los de arriba han acudido a formas diversas de esas dos
tácticas complementarias, con resultados ventajosos para sus intereses” (Zibechi, 2010: 19).
De esta manera, a pesar de las supuestas diferencias ideológicas que
pudieran distinguir las acciones políticas de los Estados-gobierno de
derecha o de izquierda o progresistas de América Latina, es posible
observar desde México a Chile la aplicación de estas tácticas con
incesante y pasmosa regularidad por parte de los gobiernos en sus
relaciones con las comunidades.
Así, por ejemplo, en Chile el gobierno crea la Corporación Nacional
para el Desarrollo Indígena (CONADI) para, supuestamente, dar una
respuesta adecuada y definitiva a la lucha territorial del pueblo
Mapuche; sin embargo, la acción real de la Corporación está dirigida a
producir división al interior de la lucha mapuche comenzando por imponer
la obligación de constituir las llamadas “comunidades legales” , es
decir, comunidades que aceptan someterse a la institucionalidad que el
Estado establece para que puedan ser acogidas sus demandas
territoriales, pero además, estas comunidades legales pueden ser
conformadas hasta por un mínimo de diez (10) miembros y recibir tierras
tituladas individualmente. Por otro lado, la Conadi puede hacer entrega
de tierras fuera de los territorios tradicionales, lo que ha provocado
obligados desplazamientos impidiendo con ello, además, la reconstrucción
territorial pero, sobre todo, liberando espacios inmediatamente
dispuestos para la explotación por parte de corporaciones. Así, por un
lado el Estado convierte la tierra en moneda clientelar con la que
doblega insurgencias y utiliza a los dominados (ha sucedido) como
testigos en contra de las comunidades mapuches rebeldes que, en cambio,
reciben todo el peso de la represión, la aplicación de la ley
antiterrorista y el genocidio sobre sus mujeres, ancianos y niños.
En Colombia, a pesar de las conversaciones de paz entre el gobierno y
la guerrilla de las FARC, las operaciones militares y paramilitares en
regiones como los territorios del pueblo Embera y las comunidades
afrocolombianas del Chocó continúan provocando desplazamientos, hambre y
muerte. Lo mismo puede decirse de la región del Cauca afectando a
pueblos como los Nasa y los Awa; hasta las operaciones paramilitares y
del Estado colombiano en la Guajira de los wayuu generando el
desplazamiento de las comunidades indígenas al tiempo que libera
espacios para la explotación de recursos y la construcción de las
infraestructuras necesarias para tales explotaciones.
En México, el gobierno de Felipe Calderón está decidido a confiscar
unas 200 mil hectáreas del territorio de los indígenas M’phaa en el
estado de Guerrero precisamente, en la región de la CRAC y su rebelde
Policía Autónoma Comunitaria. Tal confiscación se pretende hacer en
nombre de la defensa de la biósfera y su militarización a partir de la
supuesta guerra contra el narcotráfico. La misma militarización se
ejecuta en Chiapas, donde, dicho sea de paso, el gobierno federal (en
manos del PAN) une fuerzas con el gobierno estadal (en manos del PRD)
para otorgar espacios a comunidades indígenas no zapatistas en tierras
liberadas por los zapatistas luego del levantamiento de 1994 y ocupadas
por sus propias comunidades. La intención es evidente, se pretende
provocar una confrontación entre las comunidades indígenas para así
justificar la intervención militar directa del Estado-gobierno mexicano
en contra de las comunidades autónomas zapatistas.
Finalmente, en la Venezuela de la “revolución” bolivariana el
panorama no es diferente; por el contrario, parece idéntico en sus
acciones y propósitos. Así, para contener el grito de las comunidades
indígenas, sindicatos obreros, campesinos, mineros artesanales y
poblaciones pobres urbanas el gobierno pasa, una y otra vez, de las
llamadas “Misiones” usadas como verdaderos “caramelos de cianuro”, al
uso del garrote represivo de las fuerzas policiales y militares, acción
siempre sustentada en el manido discurso de que
cualquier protesta contra el Presidente Chávez puede abrir la puerta del retorno al poder a la derecha fascista y pitiyanqui.
Algo así fue lo que funcionarios del gobierno y algunos de sus
allegados dijeron a la comunidad barí de Boksi para contener su
protesta, pues, éstos habían bloqueado el paso de la carretera
Machiques-Colón exigiendo la libertad de uno de sus hermanos que fue
hecho preso en un falso positivo antidrogas orquestado por algunos
elementos de las Fuerzas Armadas:
No protesten, les dijeron,
no
digan que no van a votar, pues, si Chávez pierde no habrá más misiones
para ustedes y su hermano jamás saldrá de la cárcel, sólo esperen a que
Chávez vuelva a ganar. En efecto, los barí abandonaron su protesta,
Chávez volvió a ganar pero el hermano barí sigue preso, sólo que ahora
fue condenado a 15 años de prisión mientras que los efectivos militares
involucrados en el falso positivo están libremente impunes.
Por su parte, los yukpas que han venido demostrando su disposición a
morir por sus tierras el gobierno les responde de primeras con
represión, tal como en la última confrontación de la comunidad de
Chaktapa pero; por otro lado, inmediatamente ofrece alguna peculiar
concesión. En este sentido, Sabino denuncia que desde el Ministerio de
Pueblos Indígenas le han ofrecido dinero y, más recientemente, la
construcción de una
Casa de Saberes para su comunidad. Dicho de otra forma: Demarcación territorial no. Territorio, no.
Si quieren, les hacemos una Casa de la Cultura,
eso sí, diseñada nada menos que por Fruto Vivas, el mejor arquitecto de
Venezuela quien, consciente o inconscientemente se presta para la
jugada . En todo caso, la no demarcación territorial indígena permite
dejar libres todos esos espacios a efectos de los intereses corporativos
que, más adelante, descifraremos.
En conclusión, esta breve revista de los hechos nos muestra que los
Estados-gobiernos (no importa su impronta ideológica), actúan como
verdaderas corporaciones al lado de las grandes corporaciones en contra
de comunidades y pueblos indígenas, campesinos, negras y desposeídos
urbanos, mediante políticas de contrainsurgencia que a toda costa buscan
contener, paralizar, someter y eliminar la insurgencia anti-sistémica.
Para este estratégico propósito va desde el halago, la compra de
conciencias, la cooptación de líderes comunitarios, sindicales y
campesinos; pero también, de intelectuales de prestigio; hasta el uso de
la violencia represiva que empieza por invisibilizar luchas y
luchadores comunitarios en los medios (que el Estado-gobierno controla
en un 90 % y que, para el caso de la lucha territorial indígena, logra
el apoyo del 10 % restante con el apoyo de medios que, por supuesto, son
igualmente anti-indígenas), la criminalización, la judicialización y,
finalmente, la acción represiva directa con las Fuerzas Armadas
policiales, militares y, como veremos en el siguiente aparte,
paramilitares.
En todo caso, nuestros
Estados nacionales latinoamericanos
no pueden seguir siendo interpretados en la acepción clásica de su
definición de origen luego de la Segunda Guerra Mundial sino que, deben
ser considerados desde la palabra de su hacer que, hasta donde vemos, es
la de aparatos corporativos nacionales asociados a corporaciones
transnacionales en el contexto de un proceso de re-colonización del
mundo que implica para nosotros en primera instancia, el re-ordenamiento
territorial del continente. Vale decir, la idea de la toma del poder
del Estado para la transformación social no puede seguir orientando la
lucha revolucionaria de las comunidades; por cuanto, el nuevo modelo de
dominación ha desplazado su eje del dominio desde un centro político al
eje del dominio económico, particularmente financiero; de tal manera
que, en esta etapa de recolonización los llamados gobiernos progresistas
o de izquierda han sido necesarios para sostener la gobernabilidad
mediante el uso de: 1) Una falsa permanencia del discurso de la guerra
fría que ha hecho posible la aplicación de todos los conceptos, planes y
programas contrainsurgentes ideados por el Banco Mundial naturalizados
por el supuesto discurso anti-imperialista de los nuevos detentadores
del poder latinoamericanos; 2) Contener la insurgencia de todos los
movimientos anti-sistémicos que siempre resultan peligrosos en el
contexto de cambios paradigmáticos e históricos, esto es: pocos creerán
la palabra de Obama refiriéndose al cambio (para no cambiar) del nuevo
curso de la colonialidad pero, de seguro, todos creerán a Daniel Ortega y
sobre todo a Chávez, pues, en el contexto de la recolonización en el
ejercicio del gobierno de los Estados-gobiernos latinoamericanos está
permitido hablar de anti-imperialismo ya que, a fin de cuentas, el
sustento económico para la permanencia de tales gobiernos está basada en
su estrecha relación financiera con las corporaciones transnacionales
que, finalmente son las que orientan y dirigen el curso de actuación de
los Estados-gobiernos-corporaciones-nacionales.
b.- De la Pranización de la política
Por otro lado, es un hecho más que evidente en todo el continente la
vinculación entre elementos de los Estados-gobiernos y el hampa común
fuertemente organizada. Ésta ha cobrado un poder tal que, en algunos
casos, sus fuerzas parecen llegar a sustituir a las fuerzas regulares en
el ejercicio de la violencia del Estado. Así, los casos de México,
Colombia y Venezuela son emblemáticos.
En el caso venezolano creemos que es posible armar un listado de casos
que permiten ver este fenómeno en su gradual desarrollo y en su
intensidad de acción y sus implicaciones para el movimiento social en
general y para la lucha indígena en particular, puesto que se trata de
la utilización de fuerzas no regulares para la acción contrainsurgente;
pero nos conformaremos con mencionar dos que nos parecen suficientemente
contundentes para explicar eso que estamos denominando: la
pranización de la política.
El primero ocurrió en el estado Bolívar, al sur del país. Allí el
gobierno impulsó la llamada Misión Piar, la cual consistía en un
programa de formación para la conversión de los mineros artesanales en
productores agropecuarios, así como el apoyo financiero y la dotación de
espacios para la producción que harían posible finalmente, el abandono
de sus explotaciones de oro en la región de La Paragua, logrando, por
esta vía, proteger el ecosistema de los efectos de la minería. Sin
embargo, el programa de conversión no se llegó a ejecutar según lo
planeado, los recursos asignados para tales efectos terminaron
extraviados en el enjambre burocrático del gobierno (para no hablar de
corrupción), pero además, el gobierno cede a una corporación rusa
concesiones para la explotación de oro en la misma región que antes
explotaban artesanalmente los mineros muchos de los cuales pertenecen a
los pueblos pemón y ye’kuana.
Una vez que la Misión Piar expone su farsa los mineros artesanales
regresan a espacios que ya la corporación rusa está presta a ocupar y
explotar; por supuesto, la confrontación es inmediata. Es cuando
indígenas pemones y mineros artesanales sorprenden y detienen a un grupo
de efectivos militares explotando oro ilegalmente en sus tierras y
exigen la presencia del Ministro de la Defensa para entregarlos. Casi
inmediatamente superado este impase jamás explicado públicamente por las
autoridades, los mineros son atacados por una decena de sicarios
llegados a la región desde la capital. En estos hechos muere un
dirigente minero pero igualmente perecen todos o casi todos los
sicarios. El Ministro de Interior y Justicia declara que se trata de un
enfrentamiento interno entre mineros pero éstos le desmienten de
inmediato y denuncian que se trató de un enfrentamiento entre ellos y
fuerzas irregulares enviadas “por quien sabe quién” para asesinar a su
dirigencia y aterrorizar a los rebeldes.
El segundo hecho fue el motín de los presos de la Cárcel de La Planta
en la ciudad de Caracas, donde, por varios días los presos dirigidos
por los llamados
pranes se enfrentaron a la Guardia Nacional para impedir su traslado a otras prisiones. Con esta acción los
pranes
no sólo demostraron el poder de fuego que poseen y el control que
ejercen sobre las prisiones, sino el poder político que han logrado
desarrollar mediante vinculaciones a elementos de las estructuras del
Estado. Desde la cárcel no sólo dirigen las operaciones de distribución y
tráfico de drogas en los barrios de las ciudades, el cobro de vacuna o
extorsión por protección especialmente a comerciantes y hasta taxistas,
operaciones de secuestro, pero también de sicariato y hasta de aportar
efectivos armados para la acción política de intimidación.
En fin, los
pranes de la Cárcel de La Planta no sólo
obligaron a la ministra de prisiones a encontrar un eufemismo para
dirigirse a ellos: líderes negativos, les llama la ministra, sino que,
en esa oportunidad lograron la libertad para una cantidad indeterminada
de sus “luceros” , ser trasladados a las prisiones que ellos
determinaron con sus arcas y armamento intactos, pero lo más importante
fue que esta negociación fue realizada de manera directa, dicho por él
mismo en cadena televisiva nacional, por el propio Presidente Chávez
quien, dijo, llamó personalmente al teléfono del
Pran de la
cárcel para pactar el acuerdo. Esta concesión presidencial jamás ha sido
lograda por ningún sindicato obrero, gremio profesional y, mucho menos,
por ningún pueblo indígena, ni por su fuerza social ni por la justicia
de sus reclamos.
III.- aeinta wanapüi: Lo que está en el fondo
Como es posible observar en este breve repaso, las políticas de
contrainsurgencia en contra de los pueblos son las mismas, las
diferencias pueden ubicarse en que algunos gobiernos sean más descarados
que otros pero, a fin de cuentas, los propósitos son los mismos. Pero,
¿qué es lo que está en el fondo?; ¿por qué no ejecutar de una buena vez
la demarcación territorial de los pueblos indígenas en Venezuela? Para
comprender las respuestas a estas interrogantes es necesario hacer un
breve recuento histórico. Veamos:
A comienzos de los años 70 la etapa del capitalismo industrial había
sido sobrepasada. Esto se expresaba en la convergencia entre capital
industrial y capital financiero a escala mundial. Así, la división
territorial del trabajo traspasaba los linderos de los Estados
nacionales que, hasta ese momento, habían sido necesarios para cumplir
un importante papel en la recomposición del capitalismo luego de la
Segunda Guerra Mundial, a través del Plan Marshall y la política del
llamado
Estado de bienestar que establecieron; por un lado, un
reordenamiento territorial mundial a través de una “descolonización”
dirigida que obligó a la creación de nuevos Estados reconocidos como
tales pero dependientes política y económicamente de los centros de
poder político y económico. Así, los Estados nacionales se encargarían
de impulsar políticas públicas e inversiones de desarrollo económico
interno, que permitiera a sus poblaciones obtener el ingreso necesario
para la adquisición de mercancías. De allí surge la política de
sustitución de importaciones que, permitió instalar parques
industriales, especialmente de ensamblaje, que al tiempo que concedía a
los países dependientes la ficción de entrar en el camino del
“desarrollo”, generaba en todos estos países un desplazamiento de la
población rural hacia los centros urbanos, generando un “ejército de
reserva” de mano de obra muy barato, pero engordando de manera sostenida
las ciudades al tiempo que dejaba grandes espacios rurales en poder de
la agroindustria. Esto, a su vez, hacía posible el objetivo de
incorporar al “libre mercado” grandes territorios y poblaciones
(consumidores) para la adquisición de las mercancías que el capitalismo
industrial, particularmente de los Estados Unidos, estaba en capacidad
de producir.
Sin embargo, a comienzos de los años 70 la realidad del capitalismo
mostraba superada esta etapa de posguerra y, con ella, se llegaba al fin
del
Estado de bienestar. Dicho de otra manera, la etapa del
Estado de bienestar
de la posguerra implicó una división territorial del trabajo y su
consustancial división social del trabajo; una vez superada esta etapa y
ante la nueva etapa de desarrollo del capitalismo mundial, una nueva
división territorial del trabajo se comenzaba a establecer a través de
lo que se conoce como la etapa Neoliberal.
Es necesario señalar, que la ficción de soberanía y autonomía de los
Estados nacionales, hizo posible el surgimiento de movimientos sociales y
políticos que, en los términos políticos establecidos por el mismo
Estado, consiguieron alcanzar triunfos políticos que, en casos
extraordinarios como el de Chile, habían logrado hacerse del poder del
gobierno. Sin embargo, la nueva etapa neoliberal implicaba una
sustancial pérdida de importancia de la industria y la consustancial
pérdida de relevancia de la clase obrera, y cobraba relevancia el
capital financiero para el cual, las soberanías relativas de los Estados
nacionales debían flexibilizarse a tal punto que, las relaciones
sociales de producción se enmarcaban ahora en el contexto de una
igualmente flexibilizada relación laboral.
Precisamente, la llamada etapa neoliberal se instaura en América
Latina con el derrocamiento de Salvador Allende en Chile y la aplicación
de ajustes económicos en todos los países del continente. Estos ajustes
económicos implicaban, entre otras cosas, un nuevo marco constitucional
y jurídico, así como un nuevo reordenamiento territorial para todos los
países, que hiciera posible la intervención y libre control del capital
financiero y de las corporaciones, de espacios territoriales hasta
entonces no tocados, poco intervenidos y, en algunos casos, protegidos
por leyes y reglamentos generados durante la etapa del capitalismo
industrial y la sustitución de importaciones en todo el continente.
Se trata, entre otras cosas, de liberar territorios en beneficio de
la intervención y dominio del capital financiero mundial y sus
corporaciones. Esto, a su vez, ha implicado una nueva relación entre los
Estados nacionales y las corporaciones y, por supuesto, entre los
Estados gobiernos y las poblaciones habitantes de los territorios
requeridos en el contexto de una nueva división territorial del trabajo
en América Latina.
De allí, pues, se explica el proceso de cambios y reformas
constitucionales impulsados en todo el continente durante los años 80 y
90, la última de las cuales fue la Constitución bolivariana de Venezuela
de 1999. Nuevos marcos jurídicos para la nueva etapa del capitalismo en
el que conceptos como el de soberanía, debían ser relativizados a tal
punto, que su significación se hace insignificante.
Sin embargo, la nueva división territorial del trabajo no puede ser
establecida sin entrar en fuerte contradicción con las poblaciones
originarias de los territorios a intervenir que, en la mayoría de los
países de Suramérica, está conformada por pueblos indígenas, campesinos,
negros y demás poblaciones rurales que, hasta entonces, habían sido
consideradas como desaparecidas o totalmente integradas a las llamadas
culturas nacionales. Así, el reordenamiento territorial a la medida de
las exigencias del capital financiero y las corporaciones se ha visto
confrontado en todo el continente por la férrea resistencia de pueblos y
comunidades que, con sus luchas en defensa de sus territorios, se
constituyen en nuevos sujetos sociales que, obligadamente, han de ser
considerados como protagonistas en el nuevo contexto político económico
latinoamericano.
Es este, pues, el contexto que obliga a la conversión de los Estados
nacionales en Estados corporativos; pero también, la obligatoriedad de
reconocer la existencia de pueblos y comunidades hasta ese momento
negadas como tales en la etapa anterior. Así, el reordenamiento
territorial, es decir, la nueva división territorial del trabajo en
América Latina, pasa por el reconocimiento “formal” de la existencia de
los pueblos indígenas, negros y campesinos. Esto lo han hecho todas las
nuevas constituciones, desde Bolivia a Venezuela; desde Brasil a Chile.
No importa, pues, la supuesta impronta ideológica de los que detentan el
poder del gobierno en cada uno de los Estados, pues, en todo caso, de
lo que se trata es de ofrecer el piso jurídico político a la nueva etapa
de la colonialidad nunca desaparecida y a producir nuevas relaciones de
colonialidad entre los Estados-gobiernos y las poblaciones destinadas a
ser desplazadas y despojadas de sus territorios.
En fin, el nuevo orden jurídico político sobre el que se sustentan
actualmente todos los Estados corporativos en América Latina, responde a
los programas económicos y a la nueva división territorial del trabajo
correspondiente a tales programas de las grandes corporaciones y el
capital financiero mundial. Para el logro de este propósito con el menor
trauma social posible, esto es, sin riesgo de un verdadero quiebre
social siempre presente en toda crisis, el capital transnacional ha
debido liquidar antiguas relaciones y establecer algunas nuevas; así,
por ejemplo, la salida negociada de Pinochet (en Chile), o la
defenestración de Carlos Andrés Pérez (en Venezuela) o de Alan García
(en Perú), forman parte del proceso de reajuste que, entre otras
salidas, tuvo la aparición de un Fujimori en el Perú o de un Hugo Chávez
en Venezuela, como parte del nuevo entramado político para la nueva
colonialidad. En todo caso, quedaba claro a las corporaciones que el
viejo discurso de la guerra fría, de una supuesta confrontación
ideológica entre socialismo y capitalismo, seguía siendo conveniente a
la instauración de la continuidad de la colonialidad en América Latina
que, en el terreno económico se expresa en los grandes programas de
integración económica transnacional contenidos en el llamado Plan
Puebla-Panamá y las Infraestructuras de Integración de la Región
Suramericana (IIRSA).
a.- ¿Qué es la IIRSA?
La etapa neoliberal del capitalismo se dirige; por un lado, al
control energético mundial por parte de las corporaciones pero también,
de las fuentes de agua y biodiversidad, fuentes esenciales a los nuevos
procesos científico-tecnológicos que, suponen, un hasta ahora retenido
cambio energético paradigmático.
Así, si en la etapa de la ficción desarrollista de la sustitución de
importaciones el imperialismo permitía y aún estimulaba las iniciativas
de integración comercial desde los Estados nacionales como, por ejemplo,
la Comunidad Andina de Naciones (CAN), entre otras, en todo el
continente, la nueva etapa de predominio del capital financiero impone
una nueva visión de los procesos de integración comercial. En este
sentido, el capital financiero jugó a las cartas mostrando a los
movimientos sociales y políticos del continente solamente el as
representado por los Tratados de Libre Comercio que, de inmediato fueron
rechazados por todas las comunidades y movimientos de izquierda de los
diferentes países; sin embargo, bajo la manga, las corporaciones, el
gran capital financiero y el imperialismo, supieron siempre jugar con
los nuevos Estados gobiernos del continente el as de programas de
integración mediante infraestructuras regionales que les permitía; por
un lado, esquivar su confrontación directa con las poblaciones en tanto
que, los proyectos de infraestructuras son impulsados directamente por
los Estados gobiernos nacionales, y, por el otro, controlar e intervenir
de manera directa los espacios territoriales plenos de los recursos
energéticos y de biodiversidad que aseguran el futuro del crecimiento
capitalista y, por supuesto, el control político futuro de la nueva
etapa imperialista y colonial en todo el continente latinoamericano.
De tal manera, pues, por vía de las reformas constitucionales se
naturalizaba la nueva etapa imperialista y la nueva colonialidad en cada
uno de los países latinoamericanos, al tiempo que las corporaciones y
el imperialismo se garantizaban las fuentes materiales de plusvalía y de
poder evitando, hasta donde es posible, su confrontación directa con
las comunidades.
En este sentido, los Estados gobiernos en poder de las llamadas
fuerzas de “izquierda” o “progresistas” (especialmente en Venezuela), no
sólo sirvieron de matarifes a la etapa de la ficción desarrollista y
sus representantes políticos, sino que en su configuración como Estados
corporativos, han conducido diestramente el proceso de contrainsurgencia
en contra de los movimientos sociales antisistémicos, ya sea por la vía
de la cooptación (mediante programas de integración a nuevas
estructuras de gobierno creadas con ese propósito y que, muchas veces,
son encargados para su promoción e imposición al interior de los
movimientos sociales en lucha elementos en los que las comunidades han
depositado su confianza); pero también, provocando su invisibilidad
mediante el uso de los medios de comunicación (casi totalmente en su
poder), o, finalmente, liquidándolos físicamente (etno-genocidio),
cuando su rebeldía se hace incontrolable, para lo cual, hace preciso uso
de la pranización de la política y del poder de fuego de sus fuerzas
irregulares con las que negocia de manera pragmática y operativa.
Dicho de otra manera, al capital financiero mundial (verdadero dueño
de la economía y determinante de la nueva coyuntura de poder político
mundial), no le representa ningún inconveniente entregar el control
político local de los Estados gobiernos a fuerzas políticas
supuestamente anti-imperialistas, y, mucho menos, en el método que éstos
empleen para garantizar la flexibilización de la soberanía siempre y
cuando tales fuerzas en el control de sus respectivos Estados, entren en
el proceso de conversión corporativo de sus Estados y de sus gobiernos
puesto que, en todo caso, su interés está totalmente dirigido al control
y dominio económico de espacios territoriales específicos, dejando el
control político sobre el restante territorio a las fuerzas políticas en
control del Estado gobierno, se autodenominen estas como de “izquierda”
(caso Venezuela) o de derecha (caso Colombia, por ejemplo), pues, en
definitiva, el objetivo económico estratégico del capital financiero y
la nueva fase imperialista, termina uniendo en el mismo propósito a los
supuestos, ideológicamente confrontados, gobiernos de “izquierda” y
gobiernos de derecha en América Latina.
Es en este marco que debe entenderse la significación política de
programas como el Plan Puebla-Panamá (para Centroamérica) y el programa
de la IIRSA (para Suramérica) es decir, se trata de programas en los que
el énfasis de dominación y control político está determinado a espacios
territoriales concretos y no al control y dominio de los Estados
nacionales, esto es, al capital financiero no le interesa ya, el dominio
total de los Estados sino el control y dominio de aquellos espacios
territoriales particulares dentro del territorio de los Estados
nacionales. Dicho de otra manera, las corporaciones imperialistas asumen
la explotación y la plusvalía generada por la explotación de esos
territorios específicos; mientras que al nuevo Estado corporativo y su
gobierno (ya sea de derecha o de “izquierda”), le corresponde asumir las
políticas de contención social de las comunidades en resistencia y, por
eso y, para eso mismo, recibir parte de la utilidad de la explotación
para su perpetuación en el poder del Estado-gobierno dentro de los
términos de la nueva colonialidad.
En este sentido, el programa IIRSA (como el Plan Puebla-Panamá para
Centroamérica), debe ser entendido, no sólo como un programa
correspondiente a la nueva etapa económica del capitalismo mundial, esto
es, como la concentración del capital financiero actuando como
dominación político-económica en espacios territoriales concretos, sino
como base material de sustentación del capital imperialista y la
adecuación política de los Estados nacionales a esta sustentación.
Es por ello que, a pesar de los discursos anti-imperialistas de los
líderes de los Estados gobiernos latinoamericanos de “izquierda” o
progresistas (llámense Rafael Correa, Evo Morales, Lula Da Silva o Hugo
Chávez), todos encajan su acción política interna en el contexto de un
mismo programa: el de las corporaciones, que para Suramérica ha sido
definido mediante la IIRSA.
Pero, ¿qué es, en definitiva, la IIRSA?
Tal como su nombre lo indica, se trata de un programa para la
construcción de infraestructuras que hagan posible la integración
material de todos los países de América del Sur, mediante la cimentación
de grandes carreteras internacionales, enormes hidro-vías a lo largo de
los principales ríos suramericanos que hagan posible su navegación por
barcos de mediano y gran calado; grandes represas para la generación de
energía; importantes tendidos eléctricos y de fibra óptica para
garantizar las telecomunicaciones; vías férreas y puertos de aguas
profundas; en fin, todas aquellas obras de infraestructura necesarias
para la explotación, extracción y transporte de los recursos naturales,
energéticos y de biodiversidad presentes en espacios territoriales
concretos en el continente suramericano.
El Programa se estructura en base a Ejes en los que se logra la
interconexión de regiones a través de vías de comunicación que hagan
posible la movilización de las inversiones y el traslado de las
mercancías y productos. Así, por ejemplo, el Eje Andino es la
interconexión vial de Caracas a Bolivia a través de dos grandes
carreteras extendidas a lo largo de los países andinos, tal como lo
muestra el Mapa Nº 1.
En este sentido se han definido los siguientes Ejes: Eje Andino, Eje
del Escudo Guyanés, Eje Amazonas, Eje Perú-Brasil-Bolivia, Eje
Interoceánico Central, Eje Capricornio, Eje Mercosur-Chile, Eje
Andino-Sur, Eje Hidrovía Paraná-Paraguay, Eje del Sur (Ver Mapa Nº 2).
La definición de tales no es en modo alguno azarosa, sino que responde a
la prospección de los recursos naturales, energéticos, minerales, agua,
biodiversidad, etc., presentes en los mismos; así como las
posibilidades ciertas de ser interconectados a través de las debidas
infraestructuras.
Mapa Nº 2. IIRSA: Ejes de Integración y Desarrollo
El Programa de la IIRSA ha sido definido a partir de lo que sus promotores establecen como siete principios básicos; a saber:
1)
Regionalismo abierto: se considera a Suramérica como un
espacio geo-económico integrado en tanto se reducen las barreras
internas al comercio y los cuellos de botella en la infraestructura y en
los sistemas de regulación y operación regionales, para lo cual se ha
de establecer una Apertura comercial total, que haga posible no sólo
identificar los sectores productivos de alta competitividad global sino
su extracción, explotación y comercialización en el mercado mundial. El
regionalismo abierto es, pues, el principio que sustenta la intervención
de espacios territoriales a los que, hasta hace muy poco, las políticas
públicas de los Estados nacionales no alcanzaban.
2)
Ejes de Integración y Desarrollo: En concordancia con la
visión geo-económica de la región, debe establecerse un estándar mínimo
de servicios de infraestructura de transportes, energía y
telecomunicaciones a fin de apoyar las actividades productivas
específicas de cada franja o Eje de Integración y Desarrollo. Esto
implica el desarrollo de negocios y cadenas productivas con grandes
economías de escala. La infraestructura debe facilitar el acceso a zonas
de alto potencial productivo que se encuentran actualmente aisladas o
subutilizadas. Se trata de una redefinición de un viejo concepto
colonial: el concepto de vacío, que permitió justificar la invasión
europea de los territorios indígenas en todo el continente, en tanto que
los mismos se encontraban aislados, vacíos u ocupados por entes sin
conocimiento de las armas, la palabra escrita, sin religión, en fin,
vacíos de cultura.
3)
Sostenibilidad económica, social, ambiental y político-institucional: La sostenibilidad en el tiempo se establece de acuerdo a cuatro elementos: (i) por la
eficiencia y la competitividad
en los procesos productivos; (ii) por el impacto visible del
crecimiento económico que se supone impactará sobre la calidad de vida
de las poblaciones; (iii) por el supuesto uso racional de los recursos
naturales y la conservación del patrimonio ecológico; y, (iv) para que
los diversos agentes públicos (los Estados) y privados (las
Corporaciones) de la sociedad puedan y quieran contribuir al proceso de
desarrollo e integración.
4)
Aumento del Valor Agregado de la Producción: El
desarrollo y la integración regional no deben ser simplemente para
producir más de lo que tradicionalmente hemos producido, sino mejorar
con innovación y generación de conocimiento; por tanto, nuestras
economías deben reorientarse para conformar cadenas productivas en
sectores de alta competitividad global (el mercado mundial),
capitalizando las diversas ventajas comparativas. Se trata, pues, de
grandes proyectos de escala mundial en el que las economías locales de
los pueblos habitantes de los territorios a intervenir, no tienen cabida
por su condición mínima y tradicional.
5)
Tecnologías de la Información: supone la transformación
total de los conceptos de distancia y espacio (y, por supuesto, de
territorio y soberanía), a fin de superar barreras geográficas y
operativas; transformación que debe aplicarse no sólo a los sistemas
productivos de la región sino también, al funcionamiento general de la
sociedad, incluyendo los sistemas educativos, la provisión de servicios
públicos y de gobierno, y la organización misma de la sociedad civil;
esto es, nuevos marcos jurídicos e institucionales que naturalicen la
intervención de los territorios y obliguen a los pueblos a aceptar tal
intervención y despojo.
6)
Convergencia Normativa: todos los países deben con los
requisitos jurídico-políticos que permitan viabilizar las inversiones en
infraestructura regional, esto implica una necesaria convergencia de
visiones y programas entre los países más allá de lo específicamente
relacionado con la infraestructura. Vale decir, el programa se supone
está por encima de cualquier interés geopolítico particular, o las
diferencias de visiones ideológicas de los Estados gobiernos nacionales
lo que los homogeniza, es decir, los hace converger en un mismo plan de
explotación de lo que se considera el territorio global de la IIRSA.
7)
Coordinación Público-Privada: finalmente, todo esto
impone una coordinación precisa y un liderazgo compartido entre los
Estados gobiernos y el sector empresarial privado (las corporaciones),
lo que incluye la promoción de asociaciones estratégicas
público-privadas (empresas mixtas) en un
ambiente regulatorio adecuado
para la participación significativa del sector privado. Se entiende por
liderazgo compartido, el desarrollo como una responsabilidad compartida
entre Estados gobiernos y los empresarios nacionales y transnacionales.
Como es de apreciar, la IIRSA se configura como el Programa concreto
para la ejecución de un proyecto de recolonización continental, ya no
por parte del imperio de un país determinado, tal como la primera
colonización europea en el territorio de Abya Yala, sino de grandes
corporaciones sin lugar, es decir, del gran capital financiero transnacional que opera sin rostro ni lugar, planetariamente.
Por otro lado, a partir de la aceptación e impulso del Programa IIRSA
por parte de todos los Estados y gobiernos en todo el continente
suramericano, la
visión y misión de los mismos, sin lugar a
dudas, pasa a otro plano y por tanto, deben ser entendidos desde esa
perspectiva. Esto es, el fin de la ficción del periodo desarrollista y
el inicio de la globalización neoliberal en América Latina, convierte a
los Estados nacionales en aparatos al servicio de la nueva colonización o
recolonización del continente.
En fin de cuentas, la aceptación e impulso de la IIRSA en todo el
continente resulta ser una contundente victoria imperialista en tanto
que ella no es más que la concreción en el espacio, del Tratado de Libre
Comercio con el que nos enfrentamos todos los pueblos y hasta
celebramos su derrota, mientras nuestros Estados gobiernos (de derecha o
de “izquierda”) acordaban su ejecución directa a través de la IIRSA. Si
quieres derrotar a alguien, muéstrale un falso enemigo para que se
desgaste en una lucha que, le impedirá verte como su enemigo real y
terriblemente verdadero.
b. IIRSA y lucha territorial en Suramérica.
Si bien es cierto que la primera gran sublevación popular en contra
del establecimiento de las políticas neoliberales en el continente fue
la rebelión de Caracas, el 27 de febrero de 1989, no menos cierto es que
tal rebelión se produjo; por un lado, sin la conciencia política del
pueblo acerca del enemigo verdadero al que, con su vida, estaba
enfrentando, y, por el otro, por la ausencia de una dirigencia que
tuviera claridad política acerca de la coyuntura histórica y, mucho
menos, de la necesidad de organizar con visión estratégica esa batalla.
En este sentido, lo primero se explica por cuanto, apenas un par de
meses atrás la población había votado masivamente por el ahora
presidente enfrentado con rabia, y, lo segundo, porque los movimientos
revolucionarios (léase, la guerrilla de los años 60 y 70), estaba
totalmente desarticulada (por no decir derrotada).
Esta rebelión fue seguida por la Marcha por la tierra y la dignidad
de Bolivia y también en Ecuador pero, como verdadero parte-aguas, por el
levantamiento zapatista del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) de los indios mayas de Chiapas, México, 1994. La significación de
este levantamiento no sólo venía dado por tratarse de un levantamiento
armado, porque se trataba de una guerrilla totalmente indígena, ni
siquiera porque proclamaba una palabra jamás escuchada en las luchas
revolucionarias del continente: ¡Para todos todo, nada para nosotros!,
sino que su enorme significación continental presente hasta hoy, viene
dada por el hecho de que el levantamiento se produce exactamente en el
momento en que el Presidente Salinas de Gortari firma el Tratado de
Libre Comercio de los países de Norteamérica (NAFTA, en sus siglas en
inglés); pero también, porque ante el acuerdo de la colonialidad los
zapatistas respondieron con la reterritorialización de sus espacios,
construyendo, no sin costo de vidas, persecución y férrea resistencia,
un gobierno propio y verdadero en el más amplio sentido, es decir, de
las comunidades.
Asimismo, la lucha de los pemones en contra del tendido eléctrico
Venezuela-Brasil, es la primera confrontación de los pueblos indígenas
venezolanos en contra de un proyecto de la IIRSA y en defensa de sus
territorios. Lamentablemente, fueron derrotados, no sólo por ser una
minoría enfrentada a un monstruo imperialista, sino sobre todo, porque
en el contexto de la lucha contra el tendido surgió la figura de Chávez
como posibilidad de producir un cambio en las relaciones entre el Estado
y los pueblos indígenas que condujera a la eliminación (tal fue su
promesa electoral del momento) del proyecto de tendido. Como hemos
visto, no pudieron estar más equivocados los pemones y las fuerzas
políticas que confiaron en el proyecto chavista. Chávez supo desviar la
lucha territorial pemona y la de todos los pueblos indígenas a cambio de
pequeñas atenciones a necesidades inmediatas de las comunidades, al
mismo tiempo que ha venido naturalizando nacionalmente la IIRSA como su
programa de gobierno “revolucionario y socialista”.
Posteriormente, abril del año 2000, se produce en Bolivia la llamada
Guerra del agua en Cochabamba. Esta, junto a la previa Marcha por la
tierra y la dignidad de los pueblos indígenas del Ecuador, representaron
en su momento las dos más grandes movilizaciones que terminaron con la
defenestración de varios presidentes en el Ecuador y en Bolivia, e
impulsaron la carrera política de Rafael Correa y Evo Morales en los
respectivos países, al punto de alcanzar la presidencia aupados por la
esperanza de transformación social que los pueblos indígenas, sobre
todo, pusieron en sus manos. Hoy, las políticas pro IIRSA de Correa con
sus nuevas leyes que abren los espacios territoriales amazónicos
indígenas para la explotación minera en el Ecuador, o la defensa de Evo
Morales del proyecto de la carretera del TIPNIS, pone en evidencia una
vez más, la imposibilidad de una reterritorialización de los pueblos en
contra del proyecto imperialista desde las estructuras de los Estados
gobiernos y, mucho menos, dejando su lucha en manos de algún elegido.
Así, tanto a los pueblos indígenas bolivianos como ecuatorianos, les
toca regresar al camino que ellos mismos comenzaron a trazar con la
Guerra del agua y la Marcha por la Tierra y la dignidad; puesto que, en
ese momento de la lucha pusieron en evidencia al verdadero enemigo: las
grandes corporaciones que unidas al Estado gobierno nacional pretenden
alcanzar un nuevo modelo de colonialidad que haga posible la continuidad
de su existencia en contra de la existencia de los pueblos.
En Venezuela, la IIRSA ha logrado adquirir carta de naturalización,
incluso con Cédula de Identidad “socialista” y “revolucionaria”. Ya en
el comienzo del primer periodo presidencial de Chávez, su ministro de
economía Jorge Giordani presentó la ruta de desarrollo económico del
proyecto bolivariano sintetizado en lo que él denominó como de su
autoría: Los Ejes de Desarrollo de la revolución bolivariana; a saber,
el Eje Oriental, constituido por proyectos de explotación petrolera,
gasífera y un puerto de aguas profundas ubicado al extremo del estado
Sucre en función del traslado de los recursos (mineros y petroleros)
extraídos de la región que constituye el segundo de sus ejes: el Eje
Apure-Orinoco, el cual supone la construcción de hidrovías, líneas
férreas y puertos fluviales que permitan interconectar las explotaciones
de recursos mineros, petroleros y de biodiversidad de la Amazonia del
norte del Brasil, los llanos orientales de Colombia y la región del
Amazonas venezolano. Finalmente, está el Eje Occidental, conformada por
la totalidad de la Sierra de Perijá y la cuenca del Lago de Maracaibo,
y, cuyos proyectos esenciales los representan la explotación
minera-carbonífera, pero también de coltan presentes en la Sierra, así
como la transportación de gas, petróleo y carbón de los dos costados de
la Sierra (Venezuela y Colombia), a través del mejoramiento de los
puertos ya existentes en el Lago de Maracaibo y la construcción de un
nuevo Puerto de aguas profundas en la península de la Guajira.
Todo esto es lo que se nos ha ofrecido como el camino a seguir, para
convertirnos en una “gran potencia energética” que es el “corazón del
Plan Patria”. Este singular plan “patriótico” ha supuesto la
conformación de empresas mixtas entre el Estado gobierno nacional y las
más grandes corporaciones para la explotación de esos espacios en el
oriente, sur y occidente del país. En otros casos, la cesión de
concesiones directas a transnacionales mineras para la explotación de
carbón, coltán y oro en el estado Bolívar en el sur y en la Sierra de
Perijá en occidente. Pero, sobre todo, dado que el desarrollo de este
“gran Plan Patria” se localiza en espacios territoriales
fundamentalmente indígenas, el reordenamiento territorial que suponía la
demarcación de los espacios territoriales indígenas ha sido totalmente
redefinido por la “revolución bolivariana” en función de los intereses
de estos proyectos de explotación.
De tal manera que, la demarcación de “tierras y hábitats” indígenas
establecida constitucionalmente desde 1999, no ha sido más que un sueño
de opio para los pueblos indígenas, y una justificación para el Estado
gobierno chavista para la liquidación de la lucha territorial indígena
en Venezuela.
Es importante observar, además, que el “gran Plan Patria” y sus Ejes
de desarrollo representan la continuidad del modelo colonial impuesto
por los europeos en el siglo XVI, en el cual, la idea de vacío es
determinante. Así, en su justificación del programa, el ministro
“socialista” Giordani establece que (palabras más, palabras menos),
Venezuela es un país cuya distribución poblacional es totalmente
anómala, pues, en su franja norte-costera se ubica el 60% de la
población cuando en su lugar sólo se registra el 10% de los recursos
hídricos y naturales como para garantizar la existencia a tan elevada
población. Por el contrario, es en la región de la franja sur fronteriza
donde se concentra el 60% de los recursos mientras en ella sólo habitan
cerca del 10% de la población total del país. En definitiva, se trata
de espacios geográficos vacíos o, cuya población puede ser sujeta de
desplazamiento en virtud de su escasa o nula contribución al crecimiento
económico nacional en tanto que, se trata de economías tradicionales de
auto-sustentación comunitaria que, por eso mismo, no pueden ser
colocadas por encima de los intereses del Estado que representa a la
mayoría de la población (Ver Mapas 3, 4 y 5).
Mapa Nº 3. Distribución demográfica en Venezuela.
No de balde, en declaración hecha a través de cadena televisiva
nacional, precisamente, desde el territorio indígena del estado Bolívar
y, especialmente dirigida a los pueblos indígenas, el presidente Chávez
sentenció como imposible la demarcación territorial de los pueblos
indígenas fuera del contexto del “gran Plan Patria”, esto es, fuera de
la IIRSA, sus proyectos e intereses estrechamente asociados al futuro
del Estado gobierno “socialista” en Venezuela.
Mapa Nº 4. Distribución de los recursos naturales en Venezuela.
Mapa Nº 5. Distribución de la biodiversidad en Venezuela.
Es por ello que, luego de más de una década de haber sido promulgada
la Constitución bolivariana que, en una de sus más inmediatas
disposiciones establecía la obligatoriedad del reordenamiento
territorial venezolano que suponía la demarcación de los espacios
territoriales correspondientes a los pueblos indígenas, este proceso
puede ser catalogado sin temor, como un despojo territorial que nada
tiene que envidiar al realizado por la corona española durante la
conquista y colonización del siglo XVI, pues, como quiera que sea, se
trata no sólo del desconocimiento y la invisibilidad de los pueblos
indígenas a partir del concepto de vacío, sino la adecuación del Estado
nacional a la nueva configuración del capitalismo mundial que lo
requiere como Estado corporativo. Así, los pueblos indígenas de
Venezuela se encuentran en el disparadero: o se deciden, a todo riesgo,
iniciar la reterritorialización autónoma de sus espacios (lo que implica
la generación de autogobiernos con agenda política y calendario
propios), o caerán en la rampa creada por el imperialismo, el capital
financiero mundial pero concretamente aplicada por los Estados
nacionales representados por quienes ejercen su gobierno, que prometen
una salvación que sólo alcanzarán con su muerte y desaparición, algo
así, como el paraíso después de la muerte.
Todos los pueblos indígenas venezolanos han venido sufriendo a lo
largo de la historia colonial europea y de la colonialidad interna
republicana, una paulatina e incesante pérdida de territorios; de tal
manera que, cuando la Constitución bolivariana estableció su
reconocimiento como comunidades con lengua, tradiciones, religión y
espacio propio, no podían menos que celebrar el sueño de opio que se les
proponía. Sin embargo, en el fondo, de lo que se trataba era de la
nueva etapa del despojo territorial y de la definitiva condena de su
desaparición cultural, esta vez, aupada aún por buena parte de sus
propios integrantes, ahora convertidos en Ministros, Diputados, o
dirigentes de Consejos Comunales establecidos por el partido de Gobierno
y que sustituían sus autónomas formas de organización política, pues,
en esta etapa y en todo caso, el reordenamiento territorial sólo tiene
que ver con la determinación de espacios para la explotación de
recursos, en estratégico negociado entre el Estado gobierno y las
imperialistas corporaciones; mientras que, los pueblos indígenas
(algunos de ellos para ser más precisos), de acuerdo al concepto
colonial de vacío revitalizado por el “gran Plan Patria” de la
“revolución bolivariana”, deben conformarse con la demarcación de
pequeñas parcelas que terminarán por enclaustrarlos en pequeños
“hábitats” que habrán de condenarlos a una segura desaparición cultural y
física. (Ver Mapas Nº 6 y 7).
Mapa N° 6. Pueblos Indígenas y sus territorios en Venezuela.
Así, luego de 12 años el gobierno de la “gran Patria” sólo ha
demarcado (según sus propias cifras), unas 905.582 hectáreas,
“beneficiando” apenas a unas 34 comunidades indígenas pertenecientes a
unos 6 de los 34 pueblos indígenas originarios en Venezuela. Dicho de
otra manera, se trata de una demarcación territorial conscientemente
ejecutada como política de contrainsurgencia en contra de los pueblos
indígenas y como política entreguista y en contra de la soberanía de
Venezuela como república.
Mapa Nº 7. Tierras otorgadas a pueblos indígenas. Informe 2005-2007 .
En definitiva, la lucha territorial indígena en Venezuela y todo el
continente, no sólo es una lucha de resistencia por el espacio que les
hace ser lo que son, sino que constituye la verdadera confrontación
civilizatoria entre la nueva colonialidad y la posibilidad de
reconstituir nuestras naciones latinoamericanas desde otra perspectiva,
es decir, desde otra filosofía, otro pensamiento y, por tanto, desde
otra forma de organización y funcionamiento social. Tal perspectiva, no
sólo es difícil de comprender por los propios pueblos sometidos, sino
también, por las fuerzas críticas que, en su reflexión, se resisten a
abandonar un estadocéntrismo de profunda raíz colonial que les impide
aceptar la posibilidad de un papel protagónico de las filosofías
indígenas, negras y campesinas, pues, siempre han sido consideradas
“incapaces” de proveer de pensamiento propio a un proyecto societario
que englobe a todos los que somos hacia una vida mejor.
IV. Aeinta jara atta eirawa: Lo que está por verse.
Cuento:
En una oportunidad, viajamos a la Sierra de Perijá para visitar a la
comunidad barí de Karañakaëg y, muy particularmente a Benito Askerayá.
Nos parecía importante esta visita pues, teníamos la información de la
posibilidad de inicio de trabajos para la explotación de un lote de
carbón ubicado exactamente en el territorio de la comunidad. Sabíamos
que la empresa MAICCA había vendido su concesión a un consorcio chileno
que, de inmediato pretendía hacer efectiva la explotación.
Así, con estas inquietantes noticias llegamos a la comunidad que,
como siempre, se encontraba apacible y dedicada a sus labores
cotidianas. De inmediato, comentamos a Benito y sus compañeros las
informaciones, el riesgo que ellas suponían y la necesidad de preparar
un curso de acciones para enfrentarlas.
Pero, para nuestra sorpresa, Benito y los otros barí a pesar de
escuchar con atención nuestra alarma, sin embargo, no mostraron
inquietud alguna, por el contrario, con pasmosa tranquilidad sólo
asentían a nuestras palabras sin referirse a nuestras propuestas de
acciones. En un momento de descanso de la reunión, me acerqué a Benito
para decirle que no entendía cómo al enterarse de lo que se sobrevenía
ellos se mostraban tan tranquilos; entonces, Benito me respondió:
– Cuando venías por el camino, ¿viste bien el río?
– Si.
– Te fijaste que hay partes de las orillas que las hojas lo tapan.
– Si, el río casi ni se ve.
– Bueno, así somos los barí. Cuando todos creen que estamos tranquilos, es porque andamos como el río debajo de las hojas.
Ciertamente, un par de meses después, los barí de Karañakaëg y de
otras comunidades vecinas, detuvieron a los hombres de la minera,
apresaron a su jefe, capturaron sus herramientas y enseres, antena de
radio-transmisión, GPS, y terminaron expulsándolos de su territorio en
una acción tan contundente, que la compañía chilena se retiró del lugar
de manera definitiva abandonando para siempre la concesión.
Para la lucha indígena en contra de los planes de la “gran Patria”
como “potencia energética”, esta experiencia barí es singularmente
importante, pues, de cierto los pueblos indígenas saben que lo que está
sobre la mesa es su definitiva permanencia y su existencia como pueblos
culturalmente diferentes. Sin embargo, es necesario señalar, que una
cosa es la consciencia acerca de la circunstancia histórica y otra muy
diferente convertir la consciencia en acciones correspondientes. Esto
es, una cosa es lo que se incuba y otra muy diferente lo que está por
verse.
Tal vez, uno de los falsos teoremas que más daño ha hecho al
pensamiento de la izquierda es aquel que, esquemáticamente, señala el
devenir histórico al socialismo como una especie de flecha que avanza
inexorable hacia el cambio de la sociedad. Nada más falso, pues, una
cosa es lo que se cocina en el horno de la historia y otra lo que está
por verse fuera del horno. De allí que, pensar que la actual coyuntura
de crisis del capitalismo señala su fin puede ser, no sólo ingenuo, sino
mortal para los pueblos en lucha. De hecho, estamos convencidos que lo
correcto es pensar que la crisis actual del capitalismo forma parte del
proceso de su pase a una nueva configuración de sí mismo, lo que
ciertamente no deja de ser traumático y riesgoso para su permanencia. En
este sentido, el gran capital tiene consciencia de ese riesgo y, por
eso mismo, se dedica a cambiar la fisonomía de sus políticas de
contrainsurgencia, toda vez que la crisis genera el surgimiento de
sujetos que pudieran en un momento determinado profundizar la lucha
hacia un camino verdaderamente antisistémico.
Dicho en palabras de Raúl Zibechi:
“Aunque atraviesa una profunda crisis estructural, el capitalismo
durará tanto tiempo como los de abajo demoremos en encontrar
alternativas sostenibles, o sea capaces de auto-reproducirse. Ningún
sistema desaparece hasta tanto nazca otro capaz de sustituirlo; uno que
esté capacitado para cumplir de modo más eficiente, las funciones que no
puede seguir realizando el sistema en decadencia. Por esta sencilla
razón, avalada por todas las transiciones en la historia, es que las
elites se empeñan en impedir que nazcan, crezcan y se expandan formas de
vida no capitalistas, capaces de superar el inevitable aislamiento
inicial para crecer, hasta convertirse algún día en sistema. En esa
función, las políticas sociales juegan un papel relevante,
insustituible. Con la excusa de aliviar la pobreza, buscan la disolución
de las prácticas no capitalistas y de los espacios en los que ellas
suceden, para someterlas a las prácticas estatales. El mejor camino es
no hacerlo por la violencia, que suele mutarlas en organismos
resistentes, sino someterlas suavemente, administrándoles –como
antídotos- relaciones sociales similares a las que dieron vida a esas
prácticas no capitalistas”. (Zibechi, 2010:11)
En este sentido, podemos decir sin temor, que luego de los grandes
levantamientos en contra de las políticas neoliberales en toda América
Latina, que fue capaz de derribar gobiernos y obligar a reformas
políticas en todos los Estados nacionales, solamente el movimiento
zapatista de los mayas de Chiapas, ha seguido la ruta de la
consolidación del autogobierno en espacios autónomamente
re-territorializados. Como los zapatistas, pocos son los movimientos
indígenas, campesinos, negros o de comunidades rurales o urbanas que
hayan resistido con éxito a ese “inevitable aislamiento inicial”, y, por
el contrario, la mayoría de ellos ha sucumbido a los espejismos creados
(como políticas sociales ejecutadas exactamente por “gobiernos
populares”), por el propio capitalismo en su etapa de globalización, y,
hay que ver los esfuerzos que política y militarmente, las elites
mexicanas (desde el PAN, el PRI y el PRD) han realizado a lo largo de
los últimos 18 años en función de quebrar la lucha por la autonomía de
los mayas zapatistas de Chiapas, su dirección política reunida en el
Comité Clandestino Revolucionario Indígena, y su EZLN (Ejército
Zapatista de Liberación Nacional), y obligarlos a mediatizar su lucha a
través de los mecanismos del Estado-gobierno.
Cuento:
Nos encontrábamos en una comunidad zapatista un grupo de compañeros
mexicanos y de otros países trabajando en el proceso de formación de
maestros autónomos para la educación autónoma de las comunidades.
Esa mañana fuimos despertados por un singular llamado a todos los
miembros de la comunidad a participar en una asamblea general que se
realizaría en el espacio destinado a ese tipo de reunión. Nosotros, por
supuesto, sólo éramos testigos de una situación que no lográbamos
comprender puesto que, todos los discursos se daban en lengua Tzeltal
que no dominábamos.
El hecho es que la asamblea de personas se organizó en un gran
círculo en cuyo centro se encontraba un compañero que, sabíamos, ocupaba
un cargo como autoridad dentro de la comunidad. Por el tono y los
gestos de los participantes, entendimos que, por alguna razón que
desconocíamos, el compañero estaba siendo sometido a un verdadero juicio
por su comunidad.
Luego de una enorme algarabía en la que todos hablaban casi al
mismo tiempo, sin cesión parlamentaria del derecho de palabra, la
asamblea fue quedando en silencio. Luego de un breve instante de
mutismo, un miembro de la asamblea dijo un breve discurso y, de
inmediato, el personaje que había permanecido en el centro de la
asamblea, sacó de su bolsa un pequeño fajo de billetes que ante todos,
comenzó a despedazar uno a uno. Posteriormente, fue llevado a un camión
en el que se colocaron varias bolsas de comida y acompañado por varios
hombres de la comunidad, el juzgado partió hacia el pueblo más cercano.
En la noche, un compa nos llegó a informar y aclarar lo que
habíamos presenciado todos sin llegar a comprender: el compañero,
miembro de las autoridades de la comunidad, había sido juzgado por haber
aceptado del gobierno oficial municipal (una alcaldía en manos del
PRD), bolsas de comida y dinero en efectivo que la municipalidad
otorgaba en supuesta solidaridad para favorecer a los indígenas
zapatistas que, ciertamente, padecían de muchas necesidades. Sin
embargo, su decisión colectiva de reiniciar su originario y guerrero
camino autónomo, les llevó a condenar a uno de sus miembros, por demás
elegido por ellos como autoridad, aún por encima de sus buenas
intenciones para con la comunidad. Se trataba, pues, de sostener, aún en
el peor de los aislamientos y necesidades, un camino propio y diferente
al que el Estado gobierno pretende establecer como único y natural
camino posible.
El espíritu y las consecuencias que supone esta rebelde decisión,
lamentablemente, no se encuentra en la mayor parte de las organizaciones
indígenas del continente, y, mucho menos, en las organizaciones
indígenas de Venezuela. Por el contrario, sobran los que buscan
justificar el sometimiento de las organizaciones indígenas a las
políticas sociales del Estado gobierno (siempre lo hicieron en tiempos
de la llamada 4ª República, pero también ahora en la 5ª de Chávez). Se
trata de las elites políticas (de derecha e “izquierda”) que buscan
reencauzar los movimientos antisistémicos hacia la razón del sistema.
En los últimos años, exactamente en lo que va del periodo de la
llamada “revolución bolivariana” hemos sido señalados, casi en
despectivo tono acusatorio, de anarquistas. Este señalamiento se nos
hace como si hubiera que avergonzarse de lo que se nos endilga como
infamante apelativo. No obstante, estos señalamientos los hemos
entendido cuando la acusación proviene de sectores que, realmente
desconocen los aportes de los anarquistas al impulso de las luchas
sociales en el mundo; pero, esto mismo resulta inaceptable cuando
proviene de intelectuales que, conociendo la historia del anarquismo la
usan para descalificar la lucha por la autonomía de los pueblos. Estas
acusaciones no son gratuitas ni fortuitas, responden en lo esencial, a
la política de contrainsurgencia desarrollada por el Estado gobierno
chavista y sus elites, en función de contener cualquier proceso de
construcción autónomo o no apegado a las políticas del gobierno cuya
pretensión no ha sido otra que el hacer de una adecuación a la
reconfiguración de la colonialidad imperialista en Venezuela y el
continente.
Así, pues, no resultará nada fácil generar las condiciones para que
emerja a la superficie de la lucha política lo que, ciertamente, se está
incubando en todo el continente pero que, aún está por verse. Esto es a
lo que Hugo Zemelman denomina “lo dándose” al interior de una realidad
pero que, no necesariamente, termina por darse, ya que en una misma
coyuntura pueden converger condiciones diversas que ciertamente pueden
lograr desviar a los movimientos y reencauzarlos hacia la corriente de
su antigua dominación, es por lo que muchos miembros de esas elites que
ahora nos acusan, terminan generalmente del lado contrario, pues, llegan
a naturalizar en sí mismos las políticas de contrainsurgencia que desde
su estado-centrismo y de manera consciente o inconsciente, han
contribuido a desarrollar en contra de las iniciativas autónomas de las
comunidades.
En todo caso, debemos tener claro que el actual momento histórico es
trascendental, no sólo para el movimiento indígena continental, sino
también, para los campesinos, los negros, los sin tierra, los sin techo,
los desplazados rurales y urbanos, los desempleados, los tercerizados,
en fin, para todos los necesariamente excluidos de la nueva etapa de la
globalización capitalista y la recolonización y su correspondiente
colonialidad interna en América Latina.
Sin embargo, estos riesgos pueden ser perfectamente interpretados en su
más amplia dimensión a partir de tres principios que las elites
estado-céntricas no se cansan de promover; a saber:
a.- La separación del espacio y el tiempo como categorías distanciadas.
Para el pensamiento y la ciencia occidental, la separación conceptual
entre espacio y tiempo es una herencia del filósofo Inmanuel Kant. De
esta separación conceptual surgen como disciplinas, igualmente
separadas, la Geografía, dedicada a dar cuenta de los fenómenos del
espacio y la naturaleza, y, la historia, como relato narrativo de los
acontecimientos. Por esa vía, los acontecimientos históricos vinculados a
la lucha entre las diferentes clases sociales en función de alcanzar su
propio bienestar, quedan separadas de los espacios territoriales
ocupados por las mismas clases en lucha. Esto quiere decir, que para el
pensamiento occidental (incluida su versión más crítica del
marxismo-leninismo), la lucha de clases como motor de la historia no
debe implicar, necesariamente, el espacio donde ciertamente ocurre. Vale
decir, la lucha por el poder no es necesaria y kantianamente,
territorial.
Esta separación conceptual entre espacio y tiempo no sólo es
abstracta, sino que tiene su sentido de aplicación política práctica,
especialmente, para las elites intelectuales estado-céntricas actuales
en cuanto a la periodización de los procesos políticos de lucha de
clases; esto es, la relativización temporal de los procesos de
transformación, lo que equivale a decir y, a exigir a los movimientos
sociales, paciencia, no exigir más allá de lo que temporalmente el nuevo
Estado gobierno pueda realmente dar en el contexto de su “juego de
poder” con las fuerzas imperialistas; de lo contrario, pudiera estarse
obligando a una ruptura radical, “anárquica”, del tiempo del proceso
“revolucionario”.
Espero que la ironía sea entendida, pues, ciertamente, no existen
verdaderos procesos de transformación cuyo origen resulten de una
periodización calculada. Esto lo saben muy bien las elites intelectuales
del gobierno chavista; sin embargo, insisten en ello cubriendo su
falacia, extrayendo, no precisamente de Marx al que juran lealtad, sino
del fondo de la filosofía kantiana la justificación de una supuesta
periodicidad de los procesos de transformación revolucionaria.
“Esperen. Todo llegará a su tiempo”, dicen las elites asesoras, y dice
Chávez continuamente a la población esperanzada. Por esta vía, no sólo
logra asentarse en el poder el nuevo Estado gobierno, sino que desde la
supuesta naturalidad del tiempo separado del espacio, las comunidades
entran en la ruta marcada por el capitalismo como sistema natural en el
tiempo. Así, a pesar del “chulo” Dietrich (Diosdado dixit), más que
marxista, el gobierno de Chávez y su elite intelectual es kantiana, lo
que resulta a la luz de su discurso, toda una aberración.
Pero la separación de tiempo y espacio, además, ha permitido a la
elite intelectual del nuevo Estado gobierno trasladar la lucha
territorial de los pueblos indígenas hacia otras instancias; por
ejemplo, la racial. Por esta vía, la lucha de Sabino por los territorios
yukpas en la Sierra de Perijá, por ejemplo, no constituye, según ellos,
un enfrentamiento entre comunidades indígenas en contra de los planes
imperialistas contenidos en la IIRSA, sino que se trata de una singular
confrontación entre unos “hacendados racistas” en contra de los indios
exclusivamente por su raza. En modo alguno pretendemos negar la
condición racista de buena parte de los hacendados y aún de la población
no indígena de la región de Perijá; sin embargo, adjudicar la
confrontación yukpa por sus territorios a una cuestión racial deja
intencionalmente por fuera al Estado gobierno que, por demás,
constitucionalmente (aceptado aún por los hacendados racistas), está
obligado a demarcar los territorios indígenas en todo el país, tal como
ha ocurrido en todos los países del continente. De tal manera que, esta
no es más que una manera kantiana de sacar al Estado gobierno de sus
innegables vinculaciones con la propuesta imperialista de dominación
territorial a través de la IIRSA.
Por otro lado, separar el tiempo del espacio permite construir
agendas y calendarios totalmente fuera del contexto de la lucha
territorial. Así, las luchas y aspiraciones de las comunidades concretas
por sus espacios territoriales locales concretos, generalmente quedan
fuera de la agenda y su calendario de realización es siempre postergado.
Esto, lamentablemente, ha venido ocurriendo a lo largo de la historia
del movimiento social latinoamericano hasta ahora, donde, salvo el
movimiento zapatista de Chiapas ha logrado establecer su propia agenda y
calendario de lucha. Pero el movimiento zapatista es una excepción y no
la regla; por tanto, de lo que se trata es de convertir la experiencia
zapatista en regla del movimiento social latinoamericano en general, y
venezolano en particular, en el sentido de entender que la agenda de
lucha de los de abajo debe corresponder a su propia y autónoma
interpretación del tiempo en su espacio concreto, y, de esa
interpretación autónoma imponer a los de arriba el calendario y la
agenda de confrontación.
El hecho de desandar a partir del calendario y la agenda que imponen
los de arriba (los del Estado gobierno y sus opositores), no sólo
distrae a las comunidades en luchas de poder propias de los que están en
el poder. Ahora mismo, ante la coyuntura de la desaparición de Chávez
del poder del Estado gobierno, más de un movimiento social comienza a
transitar la agenda y el calendario que los de arriba (adeptos y
contrarios al chavismo) imponen, haciendo especial uso de los medios de
comunicación, como un destino marcado y por el que todos debemos
obligatoriamente transitar.
Con esto no queremos decir que se desconozca la coyuntura, sino que
nuestra acción en la misma debe darse a partir de nuestra propia agenda y
nuestro propio calendario de lucha. Así, ante el muy probable retiro de
Chávez del gobierno (anunciado por él mismo en testamento televisado),
la cuestión no está en quien lo sustituye, ni cuando, sino que desde
nuestra agenda y nuestro propio calendario debemos profundizar la lucha
por los territorios indígenas asumiendo el gobierno de nuestros propios
territorios; tal como los obreros de las Salinas en Sucre han tomado el
gobierno de la empresa, el que además, debe extenderse territorialmente
hacia el espacio donde el Estado gobierno de Chávez ha negociado la
construcción de un Puerto de Aguas profundas como parte de la IIRSA.
En fin, se trata de que de una vez por todas, asumamos de manera
autónoma la soberanía de nuestras luchas en nuestros espacios. Dicho de
otra manera, de lo que se trata es de territorializar nuestro tiempo
histórico, lo que no significa otra cosa que tomar la decisión de ser
autónomos en
nuestro pensar y en
nuestro hacer como único camino posible a
nuestra liberación como comunidades, como pueblo, como nación.
b.- La filosofía del mal menor.
Encadenada a la intencionada separación de tiempo y espacio, la
“filosofía” del mal menor es aquella a través de la cual se concede
carta de naturalización a lo que, desde el poder, las elites imponen al
resto de la sociedad; de tal manera que, los explotados: indígenas,
campesinos, obreros, desempleados y demás han de conformarse con lo
otorgado, en tanto que, su realidad es en sí un mal menor.
Este principio de conformidad (y de conformismo), ha llegado a
convertirse en teoría política que nuestras elites han diseminado en el
corazón y el pensamiento del pueblo dominado, a tal punto, que siempre
terminamos aceptando lo que en realidad es inaceptable a cuenta de que
se trata de un mal menor a riesgo de entrar en un tobogán de
confrontación y de inestabilidad, es decir, se nos amenaza con la
posibilidad de un mal mayor.
Así, por ejemplo, desde la “filosofía” del mal menor se nos dice
comúnmente: entre Arias Cárdenas y Pablo Pérez, voten por Arias, porque
él es un traidor capaz de pactar con hacendados y sectores vinculados a
las transnacionales carboneras y al proyecto de Puerto de Aguas
profundas en la Guajira, pero él es el mal menor, frente al mal mayor
que representa Pablo Pérez, representante de Manuel Rosales y la derecha
imperialista. Y, para colmo, publican toda una justificación que une
con saliva de loro, nada menos que a Sabino Romero con Chávez y Arias
Cárdenas en un mismo proyecto de paz mundial. Sólo que en la realidad de
los hechos de ese peculiar proyecto de paz, a Sabino y su comunidad le
ha tocado poner los muertos, Chávez no ha tenido problemas en poner los
territorios indígenas y las trasnacionales la explotación de los mismos,
a Arias sólo le tocará gerenciar la renta correspondiente al Estado
gobierno, eso sí, con lealtad al líder de nuestra singular revolución.
Pero todo esto es posible porque, sabemos, desde la óptica del Estado
gobierno y sus elites, el territorio como espacio, nada tiene que ver
con el tiempo; pero además, esta relación convertida en agenda económica
y política es naturalizada a partir de que buena parte del movimiento
social (por no decir que todo) entra en esa agenda y cede una y otra vez
bajo la interpretación de su lucha desde la entronizada “filosofía” del
mal menor.
Por esta vía, hemos venido no sólo actuando dentro de la agenda y
calendario impuesto por los de arriba, sino aceptando como natural el
mal menor que nos otorgan con una condescendencia tal, que le borra
incluso su condición de derecho, lo que convierte al mal menor en una
dádiva por la que tenemos que pagar y, además, debemos agradecer al
comandante presidente y a sus acólitos del Estado gobierno, pues, se
supone que ante la inexistencia de otro camino al establecido por el
capitalismo mundial, todo lo que el comandante presidente hace desde el
gobierno del Estado, permite perdonarnos la vida y darnos un poquito más
de tiempo de existencia. Esta especie de sentimiento de culpa con la
que se ha inoculado al movimiento social venezolano durante la última
década ha sido, además, edulcorada por la explotación de una
religiosidad que ciertamente asimila la “filosofía” del mal menor con la
frase del sentido común: “No hay mal que por bien no venga”.
En última instancia, la separación del tiempo y el espacio y su
consecuente “filosofía” del mal menor, como nunca antes ha formado parte
de las acciones de sustentación y ejecución de la política de
contrainsurgencia del Estado gobierno para el sometimiento de las
comunidades. En este sentido, la lucha por los territorios requiere un
movimiento indígena capaz de asumir su autonomía como expresión del
ejercicio del autogobierno en sus espacios; para lo cual debe ser
igualmente capaz de impulsar la alianza entre iguales, con los otros
explotados: campesinos, obreros, desempleados, marginados urbanos, etc.,
con ellos ha de territorializar la lucha en la construcción de otra
sociedad, una basada en la
filosofía de la vida buena que nunca será un mal menor, sino el ejercicio de la plenitud de la existencia humana.
c.- El destino manifiesto.
Este tercer principio es un viejo argumento utilizado por el
imperialismo para la justificación de su imposición colonial y su
aceptación, por una supuesta imposibilidad de luchar contra la corriente
de la historia, por parte de las poblaciones sometidas. Este principio
siempre fue asumido por los Estados nacionales en su etapa desarrollista
en contra de las poblaciones rurales (indígenas y campesinas) para su
aceptación del despojo territorial a favor del capital industrial y la
agroindustria. Fue el tiempo de la lucha del Estado en contra del
Latifundio y el Minifundio y su concreción en una Reforma Agraria
continental que, al tiempo que liberaba espacios a la nueva distribución
territorial del trabajo, paralizaba la lucha continental por la tierra
en el contexto de una generalizada guerra revolucionaria en los años 60.
Se trataba de lo que la administración de John F. Kennedy denominó como
la “revolución permitida” instrumentada y llevada adelante por un
aparato creado ad hoc conocido como la Alianza para el Progreso.
No es de extrañar que fuerzas políticas de izquierda asuman
principios y conceptos provenientes de los centros imperiales de poder,
pues, ciertamente, en América Latina la historia de la colonialidad del
poder no es posible ser separada de la historia de la colonialidad del
saber, ya que la colonialidad del poder requiere del sustento de una
subjetividad creada por la colonialidad del saber; esto es, todos los
conceptos que sustentan el poder colonial y la colonialidad, son
construcciones teóricas elaboradas en instituciones creadas
(especialmente las educativas universitarias) o encauzadas a tales
fines, que se proponen además, como expresiones de un inapelable método
científico como orientador del rumbo a seguir de manera inexorable.
Sin embargo, es realmente interesante ver cómo la idea del destino
manifiesto, combatido por los movimientos de izquierda con particular
fuerza en los años 60, se convierte hoy, en el más importante principio
sobre el que se fundamenta el accionar de los Estados gobiernos en manos
de la “izquierda” en América Latina. Es por ello que podemos escuchar a
los más importantes intelectuales del llamado “pensamiento crítico”,
frases como: “es imposible construir el socialismo desconociendo la
presencia y fortaleza del capitalismo mundial”; o, “nuestra revolución
debe avanzar por etapas en las que la negociación con el imperialismo
forma parte del proceso”. En fin, aún en el supuesto proceso de
construcción del socialismo, el destino de las comunidades ya está
escrito.
Personajes como Rafael Correa (formado en una Universidad
norteamericana) llegan aún más lejos, y catalogan como un infantilismo
las pretensiones del movimiento indígena de negarse a la explotación
minera de sus territorios; o la de Chávez cuando les comunica a los
pueblos indígenas de Bolívar y Amazonas, que “él no puede darles las
tierras del Amazonas (como si en verdad fueran de él y estuvieran en su
bolsillo para ser repartidas), pues, eso negaba la posibilidad al
desarrollo indetenible de Venezuela como una potencia energética. Sólo
le faltó decir, como destino manifiesto e impuesto por las
corporaciones.
Para no abundar más en este punto, la separación del tiempo y el
espacio (de la filosofía kantiana) no sólo conduce al movimiento social a
la religiosa aceptación del mal menor como alternativa, sino como el
destino manifiesto escrito por los dioses de las corporaciones y
aplicados por sus “Papas” al frente de los Estados gobiernos como
verdaderos representantes del Dios del capital en la tierra.
V. Ama eiña oota Aeinta jara atta eirawa (¿Cómo hacer brotar lo que está por verse?)
Para explicar este, nuestro último punto, esperamos nos sirva esta relación:
Entre los añú, al salir de pesca, la tripulación de sus pequeñas
embarcaciones debe ser conformada de manera hermanada como los dedos de
una mano. Así, el dedo pulgar es el
aeinkai (el
conductor), es decir, el que tiene el espíritu, el corazón de la
embarcación y la lleva hacia el lugar señalado por el dedo índice que,
en su condición de
Kacheekai (el que escucha), es el
encargado de sumergirse en las aguas del Lago, y detectar con su fino
oído la voz de los cardúmenes para señalar su especie, posición y
distancia para que, finalmente, los tres restantes: medio, anular y
meñique actúen como red en el momento de
ookotiwin jou’üyükan
(cortar las aguas para emerger los peces). Como vemos, se trata de todo
un esfuerzo colectivo en el que cada miembro de la tripulación actúa en
conjunto, y, por tanto, imposibilitado de cualquier acción individual
que lo separe de la mano social de la que forma parte. De esta forma, la
pesca será siempre exitosa y benefactora; por tanto, no hay posibilidad
a que cualquiera actúe por cuenta propia ya que cada acción requiere de
la participación coordinada de cada uno de sus miembros.
Con esto queremos establecer como principio fundamental para lograr
hacer brotar lo que está por verse, la necesidad de una visión colectiva
de todos y todas nuestras acciones, de tal manera que, de manera
definitiva, la consideración de personajes iluminados o predestinados
los enviemos definitivamente a la dimensión a la que corresponden: el
campo del destino manifiesto imperialista al que representan.
Así, en contraposición de los principios de la colonialidad del poder
y del saber, anteriormente descritos, la construcción autónoma de
nuestro camino de liberación exige que entendamos y ejerzamos los
siguientes principios:
a. Cuando un dedo de nuestra mano es golpeado, toda nuestra mano sufre.
Una de las condiciones que la colonialidad del poder y la
colonialidad del saber han establecido como cuestión inobjetable para
alcanzar el conocer la realidad y la acción sobre la misma es, la
separación de las partes del todo. Así, el hecho de dividir una
totalidad en sus elementos garantiza, según su percepción, su
conocimiento y, por tanto, su manipulación. Sin embargo, sabemos, que
desde la perspectiva y experiencia de los pueblos y comunidades
indígenas, campesinas y negras, esta separación es imposible, a riesgo
de desarraigar y alienar a toda la cultura de su espacio y de su tiempo
histórico.
Con esto queremos establecer como punto de partida para un hacer que
haga posible la emergencia de lo que el actual momento histórico plantea
a todos los pueblos indígenas, la necesidad de enlazar todas nuestras
luchas en una sola: la re-territorialización y la defensa de nuestras
particulares y enlazadas territorialidades.
De tal manera que, la lucha de los Mapuches, por ejemplo, aunque
histórica y geográficamente particular, en nada se diferencia de la
lucha de los barí o yukpas de Venezuela. Pero también, no es en nada
diferente ni puede ser separada de la lucha de los obreros de las
Salinas de Sucre en el oriente venezolano, ni de los Nasa, Awa y Embera
en Colombia; en fin, que todos estamos siendo atacados por un mismo y
único enemigo: el capital financiero internacional y sus corporaciones,
en alianza directa con los Estados gobiernos nacionales y sus
representantes políticos circunstanciales (ya de “izquierda” o de
derecha).
En este sentido, es urgente la creación de mecanismos que permitan a
nuestras manos actuar de manera inmediata cuando alguno de nuestros
dedos está siendo golpeado por estos enemigos.
b. Cuando un dedo de nuestra mano se mueve toda nuestra mano se moviliza.
En este orden, debemos ser capaces de atender de manera inmediata al señalamiento de nuestro
Kacheekai,
en el momento y lugar en que se produzca. Es decir, toda comunidad que
se decide a territorializar su lucha se constituye en ese particular
momento, en nuestro
Kacheekai y, por tanto, nos
moviliza a todos en su defensa, ya que ella es, al mismo tiempo, la
defensa de la territorialización de todas y cada una de nuestras luchas.
Esto es así, por cuanto, debemos entender que a pesar de la
particularidad espacio-temporal que cada lucha posee, ninguna de ellas,
en el contexto de la globalización imperialista, podrá sostenerse sin el
concurso de una lucha de todos.
c. Cuando nuestra mano pesca, comparte todo con las otras manos.
Todo lo anterior no se refiere a otra cosa que a la decisión política
de construir nuestra autonomía. Sin embargo, la autonomía es una
construcción que no sólo está vinculada a decisiones políticas sino,
igualmente, económicas; esto es, la necesidad de construir desde y por
nosotros mismos la resistencia, por tanto, es para nosotros fundamental
construir
la alianza entre iguales y, sobre estas bases establecer el rumbo de nuestras alianzas con todos los posibles aliados, y no a la inversa.
Así, pues, la alianza entre iguales comienza por todos aquellos lazos
que se establecen desde las propias luchas y en acuerdo a nuestra
propia interpretación de la coyuntura histórica. Vale decir, nos unimos
en principio a todos aquellos que forman parte de la mano que somos:
indígenas, campesinos, negros, campesinos sin tierra, desempleados, sin
techo y todos los despojados y tercerizados locales, nacionales y
continentales, es decir, con todos nuestros iguales, y, es con ellos que
debemos, en primer término, ser capaces de tejer las redes de nuestra
autonomía.
d. Nuestra mano es para construir y acariciar sueños, pero también para abofetear pesadillas.
Al tiempo que territorializamos nuestras luchas, esto es, nuestra
resistencia, a partir de la decisión autónoma de establecer en nuestros
espacios el tiempo de nuestro propio gobierno, debemos prepararnos para
defender tal decisión y acciones, lo que equivale a decir, que debemos
construir todas aquellas formas de organización posibles y necesarias
para defender nuestra autonomía.
Dicen los más viejos añú (araurakan, paraa añunkan) que en el momento
en que el cacique Nigalee organizaba los contingentes para lucha en
contra de los españoles que les habían arrebatado a los añú su más
apreciado producto: la sal, dijo a la asamblea, algo como esto:
Api wookota Nükü enemigakarü, wakaanipeichi keeta aeini jaña ama wannü
Esto es: Para nosotros decir la palabra enemigo tuvimos que nombrarlos a ellos como a nuestra enfermedad.
Para los añú, al igual que para muchos pueblos indígenas, la
existencia de todo lo que está presente en el mundo se define por su
complementariedad con los otros, por tanto, las relaciones entre todas
las cosas se enmarcan en una armonía que sólo brinda la paz. Vale decir,
jamás se busca la guerra sino el acuerdo, tal es el sueño que se
acaricia mientras se construye la vida; sin embargo, tal como sucedió
con Nigalee, en el momento en que la pesadilla llega con la imposición
del sometimiento al dolor, la humillación o la negación, el soñador está
obligado a sacudir su sueño, despertar y borrar violentamente las
imágenes perturbadoras de la pesadilla.
Lo que pretendemos decir es que, todo pueblo tiene el derecho a
construir su sueño de sociedad en paz, pero asimismo, debe estar
preparado para defender con la vida esa paz que con sus manos colectivas
ha diseñado y construido.
VI. Coda final.
Para concluir, lo que hemos pretendido establecer con esta, ya larga
exposición, son algunos elementos que consideramos imprescindibles para
el impulso del movimiento indígena y social en Venezuela a partir de
otra perspectiva de visión e interpretación de nuestra realidad nacional
en el contexto continental. Por tanto, todo lo aquí expuesto es
totalmente discutible. Sin embargo, los acontecimientos que generalmente
van a una velocidad mayor que nuestras interpretaciones, aunque
parecieran imponernos un ritmo de decisiones, no deben en modo alguno
separarnos del propósito de alcanzar esta perspectiva que proponemos y
sobre la que hemos estado argumentando.
Así, a pesar de y, precisamente, por encontrarnos en la coyuntura de una
casi indetenible confrontación entre las fuerzas del gobierno y sus
opositores tradicionales por el control del Estado, nosotros debemos
pensar desde nuestra perspectiva del tercer excluido en esa contienda.
Por ello, en vez de entrar en el torbellino que más temprano que tarde
terminará en un pacto que asegure la gobernabilidad para la continuidad
de los programas fundamentalmente económicos en Venezuela y el
continente, el movimiento indígena debe profundizar su organización al
tiempo que debe tomar la iniciativa en la lucha por sus territorios.
Para ello, debemos ser capaces de unir esa lucha con la de todos los
movimientos sociales que se decidan a actuar desde la perspectiva del
tercer excluido: campesinos sin tierra, obreros mercerizados,
desempleados, sin techo, en fin, todos aquellos dispuestos a construir
su autonomía en sus espacios de lucha. De tal manera que, ante la
ingobernabilidad que se sobreviene para el Estado gobierno, nuestra
respuesta debe ser la de movilizarnos no en función de ninguno de los
dos bandos en pugna, sino en función de establecer, de hecho, nuestra
propia gobernabilidad, en nuestros propios territorios. Es a esta
decisión, no libre de alto riesgo, a la que hemos venido llamando desde
hace algún tiempo el camino de las comunidades. Es este el camino al
que, de manera hermanada como los dedos de una mano, estamos convocando a
transitar, pues, una mano nunca es sola si su hacer es verdadero,
necesita de la otra, de todas las otras para construir ese camino.
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Notas:
[1]El presente es un texto expresamente elaborado para ser presentado
en el Simposio: Unasur: crisis y perspectivas. Organizado por la
Cátedra Colonialidad del Poder, coordinada por el maestro Aníbal Quijano
en la Universidad Ricardo Palma en Lima del 21 al 23 de Noviembre de
2012.
[2] Llamamos “izquierda razonable” a todos aquellos (agrupaciones,
partidos y personalidades) que se declaran críticos pero siempre
dispuestos a “razonar” o a “entrar o hacer entrar en razón”, pues,
siempre se definen como alejados de cualquier radicalización de las
expectativas y de las luchas de los desposeídos ya que, para ellos, toda
radicalización invoca al des-orden.
[3] En Venezuela se trata de los llamados Consejos Comunales que el
gobierno ha impuesto a los pueblos indígenas como interlocutores
obligando a las comunidades a sustituir sus propias formas de
organización y de representación política.
[4] Justo es decir, en honor a la verdad, que el arquitecto Fruto
Vivas echó por tierra el mencionado proyecto luego de reunirse con
Sabino, pues, éste planteó la posibilidad de que en vez de gastar ese
dinero en construir una Casa de Cultura que, dicho sea de paso, jamás ha
existido como parte de la cultura yukpa, el gobierno destinara ese
dinero a pagar las bienhechurías a los hacendados y les entregara de una
vez por todas sus tierras ya saneadas. No obstante, otro proyecto
arquitectónico parece haber sustituido al primero rechazado.
[5] La “liberación” negociada de colonias permitió constituir nuevos
Estados como expresión de la apertura de nuevos mercados desde las
pequeñas islas del Caribe como Trinidad-Tobago hasta grandes territorios
y enormes poblaciones como la India. Se zanjaba así, finalmente, la
gran disputa territorial que habían llevado a las potencias a dos
grandes guerras y a millones de muertos.
[6] Decimos esto, a contrapelo del actual discurso oficial (del
Estado-gobierno), que pretende asimilar y endilgar el acontecimiento, a
Chávez como “revolucionario” y a su movimiento como generador de esa
rebelión, con más interés en el significado heroico de un pueblo que se
lanzó a morir en las calles de Caracas, que en los muertos que se
produjeron; no de balde, a pesar de que la Corte Interamericana de
Justicia condenó al Estado venezolano por esas muertes, el gobierno de
Chávez jamás cumplió con el dictamen de la Corte, lo que es como decir: “
me interesan tus muertos sólo para levantarme sobre ellos”.
[7] Este es el verbo utilizado en el informe del gobierno
“revolucionario” para referirse a lo que consideran un “gran” logro de
justicia social, sin embargo, justo es decir que el mismo verbo:
“beneficiar”, es también aplicado para referirse al sacrificio del
ganado para el consumo humano.
[8] Las áreas marcadas en rojo constituyen las tierras indígenas
demarcadas y sobre las que sus comunidades recibieron títulos. Si
comparamos
vis a vis los Mapas 4, 5, 6 y 7 puede apreciarse que,
lo hasta ahora demarcado y “otorgado” no representa ni siquiera el 5% de
lo que los pueblos indígenas de Venezuela consideran sus territorios;
pero además, podrá apreciarse que el gobierno “revolucionario” ha sido
cirujanamente cuidadoso en demarcar sólo aquellas parcelas que están fuera del radio de acción de los proyectos de la IIRSA.
[9] H. Zemelman,
Conocimiento y ciencias sociales.
Algunas lecciones sobre problemas epistemológicos. Colección Reflexiones. Universidad de la Ciudad de México, México, 2003.
José Quintero Weir