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El año 2005 estuvo caracterizado por una mayor tranquilidad política en Venezuela. Celebradas las elecciones municipales a comienzos de año, con un
sonoro fracaso para los partidos opositores al Gobierno, estos últimos decidieron retirarse de las elecciones a la Asamblea Nacional (órgano legislativo) argumentando inconformidad en cuanto a las garantías del proceso electoral. A pesar de tal situación, celebradas las elecciones, donde la oposición desapareció de la Asamblea Nacional, todos los observadores internacionales coincidieron en la transparencia del proceso. Si bien la participación electoral fue baja, fenómeno tradicional en las elecciones parlamentarias venezolanas, el proceso transcurrió sin mayores contratiempos.
En estas elecciones resultaron electos cuatro diputados indígenas, tres titulares y un suplente. La Asamblea Nacional prosiguió con su trabajo, y fruto de ello es la aprobación de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI) y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, normas de gran relevancia para los pueblos indígenas.
Sin embargo, más allá de la aparente estabilidad interna, el ámbito internacional se caracterizó por una fuerte confrontación verbal entre el Gobierno de Venezuela y el estadounidense. Venezuela fue considerada por la CIA como “el país más preocupante de América Latina” y la amenaza de una intervención directa estadounidense estuvo presente todo el año en el discurso político y en la opinión pública. Un alto mandó militar estadounidense fue expulsado del país acusado de espionaje.
De igual modo, fue expulsado el grupo religioso de origen estadounidense “Nuevas Tribus”, el cual había tenido desde la década de los setenta una importante presencia en territorios indígenas amazónicos, contando con servicios de salud, escuelas y aeropuertos. Las “Nuevas Tribus” fueron acusadas por el Presidente Chávez y su Gobierno de extraer del país cuantiosa información estratégica y valiosos recursos minerales y biológicos.
El debate alrededor del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) tuvo también un lugar importante en el debate político nacional. Se puso en evidencia la vieja disputa entre el panamericanismo, esta vez representado por el ALCA y el Latinoamericanismo de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), que defiende Chávez. Venezuela, y más concretamente el territorio indígena del sur del país, resultan ser una zona estratégica para las aspiraciones estadounidenses (agua, diversidad biológica, entre otras). El Gobierno venezolano advierte que el ALCA es una grave amenaza para sus pobladores mientras que presenta al ALBA1 como la alternativa que asegure su supervivencia. Finalmente, para el año 2005 observamos la permanencia de la vulneración de importantes derechos sociales a los pueblos indígenas. El proceso de la llamada “revolución bolivariana” iniciado por el presidente Chávez viene
efectuando importantes esfuerzos por lograr el equilibrio y la justicia social, implementando para ello políticas públicas inmediatistas y de alto impacto directo en la población excluida.
Estas políticas, normalmente paralelas al sistema ministerial del Ejecutivo Nacional y que se financian directamente con las ganancias de la explotación petrolera, se han denominado “misiones”. Sin embargo la falta de adecuación de las “misiones” a las pautas culturales y al entorno indígena ha ocasionado efectos colaterales no deseados y la persistencia de violaciones a los derechos humanos.
Expulsión de la misión religiosa “Nuevas Tribus”
El 12 de octubre de 2005, día de la “resistencia indígena”, en programa televisado en directo para toda Venezuela, el presidente Hugo Chávez ordenó la expulsión de territorio venezolano de toda la delegación de la misión evangélica “Nuevas Tribus”.
Las Nuevas Tribus han tenido una importante presencia, nunca libre de polémica, entre los pueblos indígenas al sur de Venezuela. Llegando en ocasiones a contar con más de 200 misiones en la Amazonía venezolana, su presencia en la zona los ha convertido en perfectos conocedores de los pueblos Piaroa, Panare y Yanomami, así como de los recursos bióticos y mineros de la Amazonía. En sus instalaciones contaron con pequeños aeropuertos, avionetas, lanchas motoras, así como modernos equipos satelitales.
Desde su llegada a Venezuela, los distintos pueblos indígenas sobre los que actuaron sufrieron el afán de su actividad evangelizadora. Las deidades indígenas fueron rechazadas, así como sus mitos y creencias. Sus bailes y rituales prohibidos, toda su cosmovisión alterada y aquellos que no renunciaron a su cultura pasaron a convertirse en herejes.
Sin embargo, lejos de recoger el rechazo indígena, tras dictarse su expulsión, les apoyaron. Allá donde se implantaron y donde no llegaban los servicios públicos del Estado, las “Nuevas Tribus” conformaron una especie de Estado paralelo, ofreciendo servicios de salud y educación de alta calidad. Se trata de espacios de difícil acceso geográfico, cultural e idiomático. Por lo tanto, sacar a los misioneros de las Nuevas Tribus suponía un plan de trabajo pensado desde dimensiones interdisciplinarias para evitar efectos negativos. Preocupa que la respuesta del Gobierno suponga la permanencia de un número importante de militares en la región ya que, en la actualidad, esta presencia sigue siendo una amenaza a los derechos de los pueblos indígenas. Se trata de personal no formado en el marco de los derechos de estos pueblos. Existen múltiples denuncias sobre atropellos vinculados con actitudes autoritarias, con la extracción ilegal de los productos alimenticios que los indígenas transportan para el comercio a menor escala o para su propia alimentación. Tenemos certeza de que estas actitudes no son parte de una política de Estado, pero el Gobierno debe reconocer las carencias de formación del personal militar, al menos en lo
que se refiere al trabajo con pueblos indígenas.
Las misiones como política social
La justicia social en Venezuela es uno de los cinco ejes o equilibrios fundamentales de la transición hacia la revolución bolivariana. Junto al social, el equilibrio económico, político, territorial e internacional las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la nación para el periodo 2001-2007.
Sin embargo, la situación existente durante el año 2005 en las comunidades y pueblos indígenas de Venezuela nos muestra que aún falta mucho por hacer para lograr esta ansiada justicia social.
Con la vista puesta en lograr este equilibrio, el Estado venezolano optó por
implementar un modelo de reforzamiento de las políticas públicas basado en programas paralelos al sistema ministerial tradicional, denominado las “Misiones”. Los pueblos indígenas son, sin duda alguna, uno de los sectores que ha sufrido con mayor crudeza esta exclusión. Sin embargo, la nula adecuación de estas misiones a las distintas culturas indígenas está ocasionando la no consecución de los objetivos planteados y la violación de derechos sociales fundamentales.
Veamos la situación de los pueblos indígenas de Venezuela durante el año
2005 desde la perspectiva de los derechos:
Derecho a la educación
Aún son muchas las debilidades de la educación en las comunidades indígenas.
Ciertamente se han creado nuevos y modernos centros de estudios en zonas indígenas, con buenas infraestructuras e importantes avances técnicos. Sin embargo estas “escuelas bolivarianas” conviven con pequeñas escuelas comunitarias carentes de los medios más elementales para la práctica
pedagógica.
La incorporación del Programa Alimentario Escolar en las citadas escuelas
bolivarianas, ajeno a las pautas alimentarias indígenas, ha creado preocupantes distorsiones en el equilibrio socioeconómico de las mismas. En general, el nivel sigue siendo de bajísima calidad, y las carencias de materiales adecuados son sólo algunas de las causas de este problema.
No obstante, el ministerio -en sus niveles regionales y nacionales ha mostrado de hecho apertura para la transformación absoluta del sistema educativo formal para pueblos indígenas. El Estado reconoce el derecho y la necesidad de adaptar la propuesta de “educación bolivariana” al caso de las comunidades indígenas. Para ello se están generando, desde el mismo ministerio y con la participación de diversos actores, las propuestas curriculares apropiadas para cada comunidad o pueblo indígena. Debe mencionarse que la gran dificultad para la implementación de los derechos guarda relación con el insuficiente personal nacional formado para semejante tarea. Los esfuerzos desde el Estado, sin embargo, son múltiples y se sabe de diversas alianzas con distintas instituciones, incluyendo universidades nacionales e internacionales.
Derecho a la salud
Este derecho sigue siendo una de las más grandes violaciones de derechos que
sufren los indígenas venezolanos. Los altos indicadores de morbilidad y mortalidad son fruto de las carencias que tiene el sistema sanitario en estas zonas. La escasez de dispensarios médicos, medicinas y profesionales de la salud no ha podido ser paliada con implementación de la Misión Barrio Adentro, mediante la cual médicos cubanos brindan salud en barrios y sectores populares. Sin embargo, estos servicios no llegan hasta las comunidades indígenas, quedándose en muchos casos en las capitales de los municipios.
Durante el año 2005 se retomaron los trabajos para la implementación del Plan de Salud Yanomami, con el objeto de dar los servicios básicos de salud a la población Yanomami tradicionalmente excluida de los servicios básicos. Las violaciones del derecho a la salud con la población Yanomami de Venezuela han sido especialmente preocupantes, llegando a darse índices de mortalidad infantil de niños y niñas menores de tres años superiores al 50 %. El defensor del pueblo en el estado Amazonas, Luis Bello, denunció esta situación causada a su juicio por “la presencia de numerosas enfermedades endémicas y epidémicas en sus territorios y por la incapacidad del Ministerio de Salud y Desarrollo Social para establecer políticas públicas efectivas que permitan enfrentar el problema.2 De igual modo resulta especialmente grave la situación de la salud de las comunidades Warao del delta del Orinoco.
Derecho a la alimentación
Con la aplicación de la Misión Mercal, distintos rubros alimentarios básicos son vendidos a bajo precio en barrios y zonas populares, incluidas las comunidades indígenas. Durante este año 2005 también se han venido implementando en distintas comunidades indígenas programas alimentarios que reparten platos de comida cocinados en comedores comunitarios. Sin embargo estos proyectos dirigidos a poblaciones con carencias nutricionales, están causando efectos no deseables en comunidades indígenas tradicionalmente autosostenibles. Al contrario, supone una seria amenaza para el desarrollo endógeno comunitario, ocasionando un debilitamiento de las prácticas agrícolas, de caza y pesca tradicionales. Esto a su vez choca con las políticas crediticias y los apoyos y concesiones gubernamentales a la elaboración de proyectos de desarrollo endógeno en las mismas comunidades, implementados por distintos organismos públicos.
Desarrollo legislativo
La ley de mayor relevancia para los derechos de los Pueblos Indígenas denominada “Ley Orgánica sobre Pueblos y Comunidades Indígenas” (LOPCI) fue
aprobada durante el primer trimestre de 2006.
Sin embargo, debe decirse que algunos puntos fundamentales no quedaron
adecuadamente resueltos. Entre otros, consideramos que el tema relativo a la
utilización de los recursos naturales para las actividades tradicionales no queda protegido ni se eliminan las sanciones correspondientes. La Procuraduría General de la República mostró, en este sentido, una postura conservadora tendiente a limitar derechos ya reconocidos en la Constitución.
Del mismo modo se aprobó la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. En la
discusión para la redacción de esta ley participaron activamente los tres diputados indígenas ante la Asamblea Nacional. Gracias a esta participación
se logró incorporar el concepto de “municipios indígenas”.
Participación política
El movimiento indígena nacional y, con fuerza especial, el del estado Amazonas sigue avanzando en la ocupación de espacios políticos en distintas instituciones del Estado.
El año 2005 fue un año de elecciones para distintos espacios gubernamentales.
Fueron electos alcaldes en todo el país así como los diputados para la Asamblea Nacional.
En el estado Amazonas, el movimiento político indígena, denominado PUAMA, volvió a ganar dos de siete alcaldías.
En lo que se refiere al espacio legislativo nacional, también fueron electos
diputados indígenas. Tres de ellos son los representantes fijos de los pueblos indígenas ante la Asamblea Nacional. Un líder indígena amazonense quedó electo, además, como diputado suplente por el estado Amazonas.
En cuanto a la participación de los diputados en la Asamblea Nacional, el
trabajo ha sido más fructífero. Normalmente ocupan estos espacios los líderes con mayor formación y trayectoria en la relación con el mundo socio político criollo. También se trata de procesos, que si bien no son sencillos, suponen claridad política y no necesariamente especialidades técnicas. Distinto es el caso de las alcaldías, donde la gerencia pública exige determinadas fortalezas profesionales y tecnicismos que no necesariamente poseen los líderes de base electos. La naturaleza “occidental” de la burocracia pública entra en tensión con las formas tradicionales de “liderazgo” y se requiere de un gran esfuerzo para el
encuentro sano entre dos mundos radicalmente distintos. El CONIVE (Consejo Nacional Indio de Venezuela) ha hecho importantes esfuerzos en salvar esta brecha cultural a través de una escuela para el liderazgo indígena. No obstante, es claro que el proceso tomará aún varios años y sólo será exitoso en la medida en que se acompañe de un proceso de socialización -utilizando, por ejemplo, el espacio escolar- que si bien garantice el respeto por identidades multiétnicas también garantice la adquisición de ciertas herramientas de occidente indispensables para la relación entre iguales.
Notas y referencias
1 Con la incorporación durante el 2005 del Estado venezolano al Mercosur y
la plasmación en la IV Cumbre de las Américas de noviembre del mismo año en Buenos Aires, así como de ciertos cambios en las relaciones de poder geoestratégicas en Sudamérica en pro de las estrategias latinoamericanistas
contrarias a los dictámenes neoliberales estadounidenses, toma nuevos bríos
la propuesta venezolana de construcción de una Alternativa Bolivariana para
las Américas (ALBA) en oposición al ALCA.
2 Bello, Luis Jesús: Derechos de los pueblos indígenas en el nuevo ordenamiento jurídico venezolano. Iwgia, Venezuela 2005. Pág. 28
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