Los pueblos indígenas de Venezuela gozan del reconocimiento jurídico de un amplio marco de derechos específicos que desde 1999 ha favorecido la participación de representantes indígenas en espacios de poder y cargos de elección popular, sin precedentes en la historia nacional, así como la adaptación de las instituciones gubernamentales a la nueva normativa, para el diseño e implementación de políticas públicas dirigidas a la población indígena.
No obstante estos importantes logros, el avance en la implementación de estas normas ha sido limitado y los resultados en la práctica ambiguos, debido a las dificultades de los funcionarios públicos para crear políticas con enfoque intercultural.
El movimiento indígena se encuentra desmovilizado, sin una agenda propia de luchas concretas, con escasa independencia, dividido y en algunos casos enfrentado. Sus líderes pasaron a ocupar cargos en los poderes del Estado, asumiendo la línea que dicta el gobierno nacional. Pero luego de una década, la falta de avances concretos en la implementación de políticas públicas efectivas ha generado un notable descontento.
Durante el 2010 resaltaron las manifestaciones de comunidades indígenas, organizaciones de base y movimientos sociales aliados, quienes reclaman la falta de implementación efectiva de los derechos reconocidos. Un caso resaltante ha sido el juicio al que son sometidos el cacique Sabino Romero Izarra y otros líderes del pueblo Yukpa. Las actividades mineras ilegales en los estados Bolívar y Amazonas, también han generado situaciones conflictivas.
Haximú nuevamente amenazada
Durante el 2010, el pueblo Yanomami del Alto Orinoco (estado Amazonas) ha sido víctima de la presencia de mineros ilegales provenientes de Brasil y de epidemias de alta letalidad. La información disponible indica una alta mortalidad por malaria y presuntas muertes asociadas a conflictos con garimpeiros.
Líderes yanomami de diversas comunidades del Alto Orinoco han manifestado a las autoridades su preocupación frente a la ausencia de atención permanente y oportuna. Es el caso de la comunidad de Haximú: en los últimos meses del 2010, el personal del
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Ministerio de Salud confirmó 7 fallecimientos (2 adultos y 5 niños). La zona se encuentra invadida por garimpeiros que tienen su base de operaciones, con una pista aérea, en el lado brasilero de la frontera.
Haximú es la comunidad yanomami víctima del ataque genocida de garimpeiros que en 1993 dejó 16 muertos y varios heridos. Precisamente a raíz de esa masacre, el Estado venezolano suscribió en 1999 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un acuerdo de solución amistosa, en el que se comprometió a diseñar, financiar y poner en funcionamiento un Programa Integral de Salud dirigido al pueblo Yanomami; así como a promover la suscripción de un acuerdo con el Gobierno de Brasil, para la vigilancia y control de la minería ilegal en el área Yanomami.
Epidemia en Maiyotheri, Awakau y Pooshitheri
Desde el 31 de julio las autoridades de salud del estado Amazonas recibieron noticias sobre una epidemia en las comunidades de Maiyotheri, Awakau y Pooshitheri, ubicadas en una zona de difícil acceso en territorio yanomami.
En septiembre se recibieron noticias de numerosos enfermos y fallecidos, pero no fue sino hasta principios de octubre que un equipo técnico (sin médico) conformado mayormente por agentes de salud yanomami, pudo llegar a Maiyotheri caminando. Retornaron con la noticia de 51 personas fallecidas y las muestras que trajeron reportaron 84% de positividad para malaria.
El 23 de octubre un helicóptero logró aterrizar dejando un equipo de salud para atender la emergencia. El informe oficial reporta 17 decesos en las tres comunidades.
Esta epidemia de malaria pudo haber sido atendida a tiempo, pero las fallas en el sistema de atención de salud demoraron la ayuda por más de dos meses, con el trágico resultado descrito.
Luego se recibieron reportes de brotes de malaria y fallecidos desde otros sectores del territorio Yanomami, como Haximú, Koyowë, Siapa y Pirisipiwei. La respuesta a estas emergencias con el envío de equipos médicos por vía aérea fue mucho más efectiva y a partir de entonces las visitas a estas zonas remotas, con el apoyo aéreo de las Fuerzas Armadas, se ha regularizado.
El Plan de Salud Yanomami
Como consecuencia del acuerdo con la CIDH, en el 2005 se inició la implementación del Plan de Salud Yanomami (PSY), coordinado por la Dirección de Salud Indígena del Ministerio de Salud. El PSY representa una muestra de la voluntad política del Gobierno Nacional para atender apropiadamente la salud de los pueblos indígenas.
El objetivo fundamental del Plan es expandir de manera sustentable y culturalmente adaptada los servicios de salud al 80% de la población Yanomami históricamente subatendida o completamente desasistida debido al difícil acceso, las limitaciones logísticas y las carencias estructurales del sistema de salud en el Alto Orinoco. Entre las estrategias implementadas resalta el fortalecimiento de la red sanitaria con personal, equipamiento e insumos; la formación de Agentes Yanomami de Salud; y el aumento de la capacidad logística del sistema, gracias al apoyo aéreo de las Fuerzas Armadas Bolivarianas.
Actualmente el PSY se encuentra en una grave crisis. Las dificultades administrativas y trabas burocráticas en el Ministerio de Salud, así como la considerable disminución del apoyo aéreo desde mediados del 2009, han tenido un importante impacto en la desatención de las comunidades remotas.
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Minería ilegal y muertes en Momoi
En abril varios líderes Yanomami denunciaron el asesinato de yanomami por garimpeiros en las comunidades de Ushishiwe y Momoi del sector Shimaraoshe. Refirieron que en el año 2007 ocurrió algo similar, que fue notificado sin recibir respuesta, y que estos mineros tienen varios años actuando en el sector. Solicitaron la intervención de las Fuerzas Armadas para evitar una masacre, y manifestaron estar preparándose para defenderse en caso de no recibir respuesta.
Este es un sector que nunca había sido visitado y no se conocía su ubicación precisa. Luego de varios días de camino una patrulla militar con guías yanomami arribó a Momoi. Allí abrieron un helipunto que permitió que un equipo médico prestara atención de salud en Momoi y varias comunidades vecinas.
No encontraron garimpeiros, pero sí las evidencias de su presencia y actividades. Sin embargo, no encontraron evidencias de yanomami muertos. Esto era de esperarse, ya que los Yanomami incineran los cuerpos de los difuntos -eliminando toda evidencia física- y no hablan de ellos.
Según la versión de los Yanomami, se estima que las muertes sucedieron en enero. En total refieren 9 muertes, una de ellas sin comprobar por los Yanomami, y posiblemente de origen violento. Los Yanomami dicen que el río que pasa por la comunidad está muy contaminado, lo que indicaría que las otras muertes pudieron ocurrir por intoxicación aguda por mercurio.
La presencia de garimpeiros no es reciente y corresponde a una re-invasión minera que desde Brasil se desborda hacia Venezuela, estimulada por los altos precios actuales del oro. En el acuerdo suscrito ante la CIDH, el Estado venezolano se compromete a promover la suscripción de un acuerdo con el Gobierno de Brasil, a los fines de establecer un plan de vigilancia y control conjunto y permanente, para monitorear y controlar la entrada de garimpeiros y la minería ilegal en el área yanomami. Hasta la fecha, esto no se ha concretado.
Aunque el Gobierno Nacional ha demostrado voluntad para abordar estos problemas, las acciones adelantadas no son suficientes. La presencia de garimpeiros se ha hecho permanente y representa un peligro potencial para las comunidades indígenas y la soberanía nacional. Es urgente que las instituciones del Estado venezolano adopten medidas para garantizar la vida y la integridad del pueblo Yanomami que vive en frontera con Brasil.
El coltán: una nueva amenaza
Luego del anuncio que hiciera el Presidente de la República, el 15 de octubre de 2009, sobre el descubrimiento de grandes yacimientos de coltán,1 Venezuela incluye en la lista de sus productos estratégicos al llamado “oro azul”.
Hace unos tres años se inició la fiebre del coltán, que está cambiando la vida de las comunidades de la zona norte del estado Amazonas y el suroccidente del estado Bolívar, en su mayoría indígenas de los pueblos Piaroa, Jivi y Curripaco, así como comunidades de pueblos arawacos (Baniva, Baré, etc.) del municipio Guainía del estado Amazonas, en frontera con Colombia.2
El aumento de la demanda mundial de tantalio, el cierre de minas en Australia y Suráfrica, y las restricciones que la Resolución 1952 del Consejo de Seguridad de la ONU impone a las empresas para evitar la comercialización de coltán ilegal proveniente del Congo,3 constituyen factores que han disparado los precios y presionan la búsqueda de fuentes productoras adicionales, como los yacimientos de Colombia y Venezuela. Esto ha desatado la proliferación de la minería ilegal y el contrabando a través de redes de comercialización que, mayormente a través de Colombia, venden a compradores
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internacionales,4 quienes utilizan a los indígenas como fuerza de trabajo y varias comunidades se han incorporado a esta actividad.5
En enero de 2010, el presidente Hugo Chávez informó que las reservas del mineral pudieran alcanzar los 100 mil millones de dólares. Aseguró que la minería ilegal cuya producción estaba siendo trasladada a Colombia, obligó a acordonar la zona con fuerzas de seguridad,6 en la llamada “Operación Oro Azul”, que cuenta con más de 15 mil efectivos de las Fuerzas Armadas.7
El Gobierno Nacional anunció que a través del Ministerio para las Industrias Básicas y Minería, impulsará un proyecto especial de aprovechamiento en los municipios Cedeño del estado Bolívar, y Atures, Autana, Atabapo y Manapiare del estado Amazonas. La región a evaluar comprende aproximadamente 176.300 Km2.8 Para ello se creará una empresa nacional de minerales estratégicos y se menciona a China y Suráfrica como posibles socios.9
Según el gobierno, dicha explotación cumplirá con un “código ambientalista”.10 Sin embargo, no se considera que la región corresponde al hábitat y territorios ancestrales de al menos 15 pueblos indígenas, ninguno de los cuales cuenta con títulos de propiedad sobre sus tierras, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad jurídica frente a proyectos de desarrollo promovidos por el Estado. Por otra parte, no se ha contemplado la consulta previa, libre e informada; la participación de los pueblos y comunidades indígenas en el diseño e implementación del proyecto; los estudios de impacto ambiental y sociocultural; ni el tema de la distribución de beneficios a las comunidades.
El Plan Caura
En el mes de abril de 2010, el vicepresidente de la República, Elías Jaua, anunció la activación del Plan Caura para detener la devastación ambiental generada por la minería ilegal en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.11 Según Alejandro Hitcher, Ministro del Ambiente, el Plan Caura abarca todo el territorio conformado por los ecosistemas de alto valor ecológico de la margen derecha del río Orinoco.12 Para proteger esta extensa región, se decidió incrementar la presencia militar con una operación que movilizó a 2.800 efectivos de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, más de 12 aeronaves y fiscales especiales del Ministerio Público.13
Informes oficiales dan cuenta de la grave situación de contaminación ambiental por el uso del mercurio, que está afectando la salud de las comunidades que viven a las márgenes de los ríos, por consumo de pescado cuyos niveles se encuentran por encima de la media aceptada por la OMS.14
Hacia finales del mes de agosto, se había logrado desalojar a más de 20 mil personas que se dedicaban a la extracción de oro, diamantes y coltán; se había recuperado más de 30 mil hectáreas y evitado que mafias internacionales sacaran del país más de 1.200 kilos de oro15 y 4.000 quilates de diamantes, inhabilitando 299 campamentos mineros y detectando 14 pistas ilegales.16
Según Alberto Rodríguez -coordinador de la organización indígena KUYUJANI, que agrupa a 53 comunidades Ye´kuana y Sanema de la cuenca del Caura- “como pueblos indígenas hemos estado siempre defendiéndonos de la actividad minera, por ello aplaudimos el Plan Caura, impulsado por el gobierno nacional”, sin embargo “hasta ahora no hemos tenido una participación directa”.17
Lucha del pueblo Yukpa por la recuperación de su territorio ancestral
A partir de los años 30 los Yukpa fueron desplazados por hacendados ganaderos, desde el pie de monte hacia las zonas montañosas de la Sierra de Perijá en la frontera con Colombia (estado Zulia). Durante la década de los 70 los Yukpa iniciaron la
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recuperación del piedemonte mediante la ocupación de haciendas. Desde entonces han sido víctimas de permanente hostigamiento por parte de los ganaderos de la zona -con el apoyo de las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares. En 2001 reanudaron las ocupaciones de tierras y en 2004 se organizaron para exigir la suspensión de los proyectos de expansión minera, la derogación de las concesiones carboníferas y reclamar la demarcación de los territorios indígenas en la Sierra de Perijá.
Uno de los líderes fundamentales en la lucha por la recuperación de las tierras Yukpa ha sido el Cacique Sabino Romero Izarra, quien ha mantenido una posición firme en defensa del territorio Yukpa, cuya autodemarcación abarca 285.000 ha., frente a la propuesta oficial, que abarcaría un territorio mucho menor, fragmentado en sectores aislados, sin afectar las haciendas ganaderas y las concesiones mineras.
El 12 de octubre de 2009 el gobierno nacional hizo entrega de títulos de propiedad colectiva a tres sectores del pueblo Yukpa: Tinacoa, Aroy y Shirapta, beneficiando a 33 comunidades, con una superficie total de 41.630 ha. Restan cuatro sectores: Toromo, Neremü, Khasmera y Tokuko, cuyos caciques rechazan la propuesta gubernamental por considerar que les están quitando territorio, y porque defienden la autodemarcación de todo el territorio yukpa frente a la entrega de lotes por sectores.
El Estado contra Sabino Romero, Olegario Romero y Alexander Fernández
Días antes de la entrega de los títulos, emisoras de radio locales difundieron una matriz de opinión, en la que ganaderos y miembros del Frente Revolucionario Campesino acusaban a Sabino Romero de robar varios lotes de ganado.
Sabino Romero, ofendido por la participación del Cacique Olegario Romero en la campaña difamatoria, el 13 de octubre de 2009 se fue “con todos, con la familia para resolver la cosa como yukpas”. Iba desarmado y junto a él algunos de sus hijos y algunas mujeres.18 El encuentro derivó en un enfrentamiento entre las familias de los caciques Olegario Romero de la comunidad Guamo Pamocha y Sabino Romero de la comunidad Chaktapa, en el que resultaron dos muertos y cinco heridos, entre estos el propio Sabino Romero Izarra. Los Yukpas de Chaktapa señalan a Olegario Romero como autor material y cabecilla de los atentados.
El 22 de octubre de 2009 la Jueza Judith Rojas ordenó la privación preventiva de libertad de Sabino Romero Izarra, Olegario Romero y Alexander Fernández por los delitos de homicidio, agavillamiento en perjuicio del estado venezolano, robo de ganado y lesiones. Asimismo, declaró sin lugar el conflicto de competencia presentado por los abogados defensores a favor de la jurisdicción indígena, según lo establecido en el artículo 260 de la CRBV, que les da derecho a ser juzgados por autoridades legítimas de su pueblo indígena, aplicando instancias de justicia con base en sus tradiciones ancestrales.
Desde entonces estuvieron detenidos en el Fuerte Militar Macoa en Machiques de Perijá. Se enfermaron por las precarias condiciones del lugar, sin recibir atención médica adecuada, y fueron incomunicados de su familia y sus abogados defensores por las restricciones para las visitas. Tres mujeres familiares de Sabino Romero Izarra, denunciaron haber sido víctimas de maltratos sexuales por parte de los guardias del Fuerte en varias ocasiones cuando acudieron a visitar a su pariente.
El 25 de febrero de 2010 los abogados defensores interpusieron una acción de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), solicitando que el caso sea juzgado por la jurisdicción especial indígena.
Luego de más de cuatro meses el TSJ no había emitido un pronunciamiento. El 20 de julio más de 80 Yukpas y miembros de movimientos sociales, se trasladaron a Caracas y se apostaron a la entrada del TSJ para exigir una respuesta.
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El 22 de julio el TSJ, alegando que “la presente causa ha perturbado la tranquilidad y cotidianidad de la comunidad indígena del estado Zulia (etnia Yukpa)”,19 ordenó remitir la causa al estado Trujillo y trasladar a los detenidos a la Cárcel Nacional de Trujillo. Con esta decisión, se alejó a los detenidos cientos de kilómetros de su zona de origen, limitando el acceso de sus familiares, amigos y defensores.
Finalmente, el 30 de julio la Sala Constitucional del TSJ decidió declarar inadmisible el amparo solicitado,20 con base en los siguientes argumentos:
a) La magnitud del delito cometido. Por tratarse de una acusación por homicidio, según la decisión del TSJ, el caso debe ser juzgado por la justicia ordinaria y la jurisdicción indígena solo podría conocer en casos de delitos menores.
b) La inexistencia de un Tribunal Especial Indígena que conozca del caso. Con este argumento se desconocen las figuras tradicionales indígenas de administración de justicia reconocidas por la CRBV y la LOPCI.
c) Inexistencia de normas y procedimientos especiales que regulen este tipo de casos.
d) Incompatibilidad de la jurisdicción especial indígena con la jurisdicción ordinaria. Según el TSJ no habría tal incompatibilidad en casos de delitos menores.
e) El lugar del suceso no está delimitado como tierra indígena, se trata de tierras en litigio que el Estado no ha demarcado y titulado. Según este argumento, el Estado no reconoce las tierras indígenas como tales a menos que estén demarcadas y tituladas, desconociendo el derecho originario reconocido en la CRBV.
El 24 de agosto se constituyó el tribunal que lleva el caso en el Estado Trujillo. El cacique Olegario Romero recusó la defensa pública y aceptó como defensor al consultor jurídico de la Asociación de Ganaderos de Machiques – GADEMA, representante de los enemigos históricos de los Yukpa.
Según la Sociedad Homo et Natura, este juicio está viciado desde el inicio, y busca condenar al cacique Sabino Romero para sacarlo de la escena del proceso de demarcación del territorio Yukpa, para quebrar la resistencia y la unidad Yukpa en la defensa de su territorio original.21
Huelga de hambre del hermano Korta
La prisión y juicio de los tres Yukpas desencadenó una serie de protestas en Machiques, Maracaibo, Trujillo y Caracas. El 18 de octubre de 2010, el hermano jesuita de origen español José María Korta, de 81 años de edad –aliado histórico de la causa indígena y fundador la Universidad Indígena de Venezuela (UIV)-, inició una huelga de hambre frente a la Asamblea Nacional en Caracas, como medida de denuncia por la no implementación de los principios constitucionales en materia indígena y en demanda de la excarcelación del cacique Sabino Romero y demás presos yukpa. Participaron en la protesta un nutrido grupo de indígenas de varias regiones del país, familiares del cacique Sabino Romero, miembros de movimiento sociales y diversos aliados de la causa indígena.
En el marco de la huelga de hambre de Korta, la Fundación Causa Amerindia Kiwxi22 presentó una propuesta al gobierno nacional en la que planteaban:
a) Respeto y aplicación inmediata de la jurisdicción especial indígena en el caso de SABINO ROMERO IZARRA y demás presos yukpa recluidos en Trujillo.
b) Admisión de la propuesta de autodemarcación del hábitat y tierra Yukpa y demás pueblos y comunidades que hayan presentado propuestas.
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c) Determinar claramente los alcances de la materialización de los derechos colectivos reconocidos a los pueblos indígenas.
d) Establecer un compromiso de acción del Gobierno Nacional mediante una HOJA DE RUTA para implementar la materialización de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.23
Días después de iniciada la huelga, el hermano Korta, junto a varios indígenas y aliados, fueron recibidos por los Ministros del Ambiente y de Pueblos Indígenas, quienes prometieron reiniciar el proceso de demarcación.
Finalmente el vicepresidente de la República, recibió al hermano Korta y acordaron elaborar la hoja de ruta para viabilizar la implementación de los derechos indígenas. Asimismo se comprometió a viajar junto a Korta a los estados Apure y Zulia, para conocer directamente los problemas de las comunidades indígenas. Viendo la buena fe del Gobierno para responder a los reclamos que se estaban haciendo, Korta levantó la huelga de hambre el 25 de octubre.
La hoja de ruta
Levantada la huelga de hambre, se inició un proceso colectivo de discusión para el diseño de la hoja de ruta. En las discusiones participó un nutrido grupo de indígenas, en su mayoría estudiantes de la UIV y Yukpas vinculados a Sabino Romero, el propio hermano Korta, así como activistas y movimientos como la Sociedad Homo et Natura y otros aliados.
El 8 de noviembre se congregaron en la Plaza Bolívar de Caracas, más de cien representantes de 12 pueblos indígenas, movimientos sociales y demás aliados. La marcha encabezada por Korta recorrió el centro de la ciudad hasta la vicepresidencia de la República, donde entregaron la “hoja de ruta de los pueblos indígenas” al vicepresidente. No obstante, antes de iniciar la caminata, un grupo de indígenas del estado Zulia (Yukpa, Barí y Wayuu), así como miembros de la Sociedad Homo et Natura y otros simpatizantes, se retiraron y no acompañaron la marcha por considerar que el documento que Korta entregaría a Jaua era distinto al que se había acordado colectivamente, incorporando la aceptación explícita de la instalación de bases militares en zonas fronterizas.
La hoja de ruta plantea tres exigencias básicas:
1. Autodemarcación de los hábitat y territorios indígenas con la participación efectiva de las comunidades, saneamiento de terceros y titulación de la propiedad colectiva.
2. Liberación de Sabino Romero Izarra, Olegario Romero y Alexander Fernández, y reconocimiento de la jurisdicción especial indígena.
3. Creación del Consejo Presidencial de Pueblos Indígenas que viabilice la autodemarcación, la jurisdicción indígena y la definición de políticas específicas. 24
La falta de respuesta del gobierno nacional motivó nuevamente al hermano Korta a pronunciarse en relación al conflicto en la Sierra de Perijá, “dando voto de confianza a los pronunciamientos de la Sociedad Homo et Natura, por su acompañamiento perseverante, leal y solidario con el Pueblo Yukpa”.25
Demarcación de tierras indígenas y el caso del pueblo Barí
La CRBV y demás leyes reconocen el derecho indígena a la propiedad colectiva de sus hábitat y territorios. Sin embargo, la lentitud del proceso de demarcación entre el 2005 y el 2009, el desconocimiento de las autodemarcaciones presentadas por varias
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organizaciones indígenas y la paralización del proceso desde el 2009, han convertido el tema en uno de los principales motivos de descontento de los pueblos indígenas de Venezuela.
El 30 de noviembre de 2010 la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia publicó una sentencia a favor del pueblo indígena Barí de la Sierra de Perijá y de la Asociación Civil BOKSHIBIKA –órgano de representación de la comunidad Barí de Bokshí– que sienta un importante precedente jurídico reconociendo que la implementación del derecho a la propiedad colectiva de las tierras indígenas está en mora, y ratificando la obligación del Ejecutivo Nacional de demarcar dichos territorios. En consecuencia, ordenó al Ministerio del Ambiente que proceda a demarcar los territorios que corresponden a la etnia Barí, para lo cual dispondrá de un lapso máximo de seis meses, y ordenó a la Procuraduría General de la República que –cumplido el procedimiento previsto– emita un título protocolizable sobre dichas tierras.26
Preparado por Aimé Tillett (Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía – WATANIBA), con la colaboración de María Teresa Quispe, Tatiana Arcos, Linda Manaka Infante, José Antonio Kelly, Johanna Goncalves, Carlos Botto y Luis Jesús Bello.
1 El nombre ‘coltán’ procede de la abreviatura de columbita y tantalita, minerales que contienen niobio y tántalo, dos metales con aplicaciones en las industrias electrónica, aeroespacial, médica y metalúrgica, entre otras. La mayor parte de la producción se destina a la elaboración de teléfonos móviles, videojuegos, computadores portátiles, etc.
2 Infante, L. M. 2010. El boom del Coltán y el exterminio de los pueblos indígenas.
3 Zerpa, F. y D. González. “El país en la mira de traders y agencias de inteligencia”, en El Nacional, 15.12.2010.
4 González, D. “La fiebre por el oro azul”, en El Nacional, 15.12.2010.
5 González, D. “Denuncian explotación de indígenas en extracción de coltán”, en El Nacional, 17.12.2010.
6 Prensa MIBAM, 18.01.10.
7 Gobierno Bolivariano de Venezuela. 2010. “Coltán el oro azul”, Paréntesis. 4ta. Edición. Pág. 14.
8 Idem, 17-18.
9 González, D. “La otra historia del descubrimiento”, en El Nacional, 14.12.2010.
10 Gobierno Bolivariano de Venezuela. 2010. “Coltán el oro azul”, Paréntesis. 4ta. Edición. Pág. 18.
11 González, M. E. “Activado plan Caura para combatir la devastación ambiental”. Prensa CVG. 24.04.10.
12 Bustamante, S. “Gobierno Bolivariano detiene la minería ilegal para recuperar los ecosistemas afectados”. Prensa Minamb. 11.05.10.
13 González, M. E. “Activado plan Caura para combatir la devastación ambiental”. Prensa CVG. 24.04.10.
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14 Da Costa, Z. “La contaminación ambiental por mercurio es un hecho”, en Nueva Prensa de Guayana, 06.05.10.
15 Agencia Venezolana de Noticias. “Mayor general Rangel Silva destaca éxito del Plan Caura”. 29.08.10.
16 López, M. “Plan Caura ha evitado la salida del país de 1 tonelada de oro y 4.000 quilates de diamantes”, en El Correo del Orinoco, 28.05.10.
17 Delgado Mijares, Y. “Indígenas piden inclusión en Plan Caura”, en Ciudad CCS, 18.05.10.
18 José Korta, colectivos Causa Amerindia Kiwxi, Universidad Indígena de Venezuela. 11.02.11. Pronunciamiento en relación al conflicto en la Sierra de Perijá, territorio ancestral Yukpa.
19 TSJ – Sala de Casación Penal. 22.07.10. Decisión Nº 298. Magistrado Ponente Doctor Eladio Ramón Aponte Aponte. < http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scp/Julio/298-22710-2010-A10-231.html>
20 TSJ – Sala Constitucional. 30.07.10. Expediente Nº 10-0192. Magistrada ponente: Luisa Estella Morales Lamuño.
21 Sociedad Homo et Natura. 2010. Notas sobre el caso del Cacique Yukpa Sabino Romero (III).
22 Organización no gubernamental indigenista fundada en 1992 por el Hno. José María Korta para revitalizar culturalmente a los pueblos amerindios mediante procesos de autoconcientización.
23 Fundación Causa Amerindia Kiwxi. 20.10.10. Pronunciamiento de la Fundación Causa Amerindia Kiwxi ante la huelga de hambre iniciada por el Hno. José María Korta, s.j.
24 Hoja de Ruta – Versión Oficial. Declaración de los indígenas en defensa de la Revolución y de sus derechos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 08.11.10.
25 José Korta, colectivos Causa Amerindia Kiwxi, Universidad Indígena de Venezuela. 11.02.11. Pronunciamiento en relación al conflicto en la Sierra de Perijá, territorio ancestral Yukpa.
26 TSJ – Sala Político-Administrativa. 30.11.10. Exp. Nº 2002-0500. Magistrado Ponente: Emiro García Rosas.
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