Representantes de los ayoreo
totobiegosode, el último pueblo nativo aislado de América fuera de la
Amazonía, acusaron hoy al Gobierno paraguayo de permitir que la empresa
ganadera brasileña Yaguareté Pora destruyera 600 hectáreas de bosque en poco más de dos semanas en su territorio.
Su abogado, Julio Duarte, dijo a Efe que la tala ocurrió entre el 11 y el 27 de agosto, según revelan imágenes de satélite, pese a que la empresa ni siquiera cuenta con una licencia ambiental en regla.La Secretaría del Ambiente (SEAM) de Paraguay no ha respondido aún a las peticiones de Efe para hablar sobre el caso.
Duarte dijo que como la compañía “sabe que está siendo cuestionada jurídicamente está acelerando el proceso de desmonte” para convertir en pasto para ganado una zona “considerada por el propio Estado en 2001 como reserva cultural y natural, y como parte del territorio ancestral de los ayoreo”.Desde hace décadas, los líderes ayoreo que han optado por no permanecer aislados y convivir con población no indígena ejercen la defensa de su territorio y exigen el cese de las actividades agropecuarias.
Protesta de Ecologistas :
Las organizaciones no gubernamentales Survival; Gente, Ambiente y Territorio (GAT) y Payipie Ichadie Totobiegosode reclaman que el Estado frene “la ilegal deforestación” que atribuyen a la empresa, en los bosques que han sido el hábitat de los ayoreo durante miles de años.Estudios geográficos, jurídicos y antropológicos demuestran que el territorio histórico de los ayoreo ocupa unas 550.000 hectáreas, que ellos reclaman al Estado desde 1993, cuando los primeros grupos comenzaron a abandonar su entorno natural huyendo de la tala ilegal, según Duarte.
El abogado reclamó a la SEAM y al Instituto Forestal Nacional (Infona) que exijan a la empresa Yaguareté Porá que cese de talar árboles porque está incurriendo en una acción ilegal que viola una resolución gubernamental y una sentencia del Tribunal de Cuentas.
Derechos población indígena :
“Las recurrentes deforestaciones afectan los derechos individuales y colectivos de esta población indígena, cuya protección está garantizada en la normativa nacional vigente en el Estado paraguayo y en los convenios internacionales ratificados” por Paraguay, según un comunicado de GAT.Según Duarte, en enero pasado la SEAM renovó la licencia ambiental a Yaguarete Pora, a pesar de que existía una resolución anterior que condicionaba su renovación a que la empresa presentara un nuevo estudio de impacto ambiental, algo que nunca se produjo, según el abogado.
En abril, el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) recomendó a la SEAM que cancelara la licencia ambiental a la firma, tras analizar los informes de las comisiones de Biodiversidad, Pueblos Indígenas, Legislación Ambiental y Asuntos Internacionales del Congreso.
Según la Comisión legislativa de Pueblos Indígenas, la licencia “viola marcos legales nacionales e internacionales, en especial lo relacionado a la protección de los territorios y el deber (obligación) de consulta del Gobierno para con los pueblos indígenas”.
Las organizaciones no gubernamentales aseguran que las vidas de los indígenas en aislamiento voluntario “corren serio riesgo por la acelerada deforestación de su territorio”.Duarte aseveró que, aunque los indígenas no renuncian a las 550.000 hectáreas originales, quieren garantizar unas 200.000 hectáreas para preservar su modo de vida, idioma, cultura y el hábitat natural.
“El Estado debe trabajar en conjunto para que se adquiera esa propiedad y le dé seguridad jurídica a los indígenas en todo su territorio”, manifestó el abogado. EFEverde
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