El patriarcado le hace a nuestros cuerpos lo que las economías extractivistas y capitalistas le hacen a nuestros territorios.
-Declaración del XIII Encuentro Feminista de América Latina y del Caribe, Perú, noviembre de 2014-
No solo de renta vive el hombre.
Desde el imperativo ético político que
nos demanda este tránsito del modelo rentista extractivista hacia el
buen vivir y la defensa de los derechos de la Tierra, los grupos de
mujeres organizadas, ecofeministas en resistencia y lucha versus el
avasallante sistema mundo del capitalismo depredador, analizamos y
exponemos nuestras mejores razones para alertar sobre las consecuencias
que conllevaría desarrollar el Motor Minero y los proyectos
extractivistas de minería a gran escala que se plantea el gobierno
venezolano desde el llamado Arco Minero del Orinoco.
Desde inicios de nuestra historia
republicana, específicamente, a partir de la segunda parte del siglo
XIX, la élite que gobernaba Venezuela otorgó
diversas concesiones mineras. La concedida al estadounidense Joseph B.
Austin en 1866, se convirtió en modelo de otras concesiones en Guayana,
cuya compañía minera “El Orinoco”, fue una de las primeras en introducir
maquinarias para la explotación de oro. A partir de 1870, se
incrementaron las concesiones y se organizaron seis grandes compañías:
“la Compañía Minera ‘El Callao” (capital nacional y francés, considerara
una de las principales empresas auríferas del mundo a finales del
siglo); la “Venezuela Austin Mining Co.” (inglesa); “la Yuruari, Ltd.”
(inglesa); “Potosí” (inglesa); “Choco Gold Mining Company” (inglesa) y;
“El Callao-Bis” (inglesa). Esta moderna forma de explotación aurífera
propició que en nuestro país se desarrollaran políticas monopólicas
favorables al capital foráneo en materia de transporte y comunicaciones.
El tipo de acuerdo que se estableció con
las compañías extranjeras en la segunda mitad del siglo XIX, tuvo su
máxima expresión en el Protocolo Rojas-Péreire firmado en 1879, durante
el gobierno de Guzman Blanco. Sus términos eran tan dañinos para la
soberanía nacional que se enfrentó a la oposición de sectores económicos
y políticos importantes, lo que impidió que éste se concretara. Nos
atrevemos a afirmar que en el presente asistimos a la reactualización de
las nefastas concesiones del periodo guzmancista, época en la que la
élite creía que el flujo de capitales extranjeros era el remedio para todos los males y el motor del progreso.
Como vemos, este proceso en el que
desemboca el Arco Minero tiene antecedentes históricos que no ignoramos y
debemos incluir en el análisis para clarificar y ampliar la compresión
de los alcances de estas operaciones técnicas y sus repercusiones en un
potencial conflicto socioambiental
de proporciones inusitadas. Con el fin de impulsar el Motor minero, el
Ejecutivo ha firmado estas concesiones con 150 empresas de 35 países y
aún se desconocen los términos de esta negociación.
Ante todo esto nos preguntamos: ¿Cuándo
fuimos debidamente informadas sobre esta importante operación de
concesionar nuestra más importante cuenca hidrográfica con 150 empresas
de 35 naciones? ¿Cuándo fueron consultadas todas las comunidades
indígenas que viven en la región, tal como lo ordena la constitución y
Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas? ¿Qué pasó con la
obligación del Estado de garantizar los derechos de las poblaciones
indígenas? ¿Cuándo se realizaron los estudios de impacto ambiental que
exige nuestro marco legal?
La sigilosa estrategia de activación del
Motor Minero concesionando casi el 12% de nuestro territorio,
corresponde tácticamente a las negociaciones
vinculadas con la codicia y avaricia corporativista sin límites de los
capitales transnacionales, que colocan el acceso a los “recursos
naturales” como un problema de seguridad nacional para las grandes
potencias y el aparato militar-industrial global, que requiere
garantizar la disponibilidad de minerales estratégicos que consideran
vitales para darle sustentabilidad a su poder hegemónico.
Este contexto de guerra no convencional nos
coloca en el ojo del huracán, con inmensas reservas de crudo
extrapesados, agua dulce y materias
primas más importantes del orbe, todo en el mismo territorio. En el
tratamiento de los llamados “recursos naturales” y particularmente su
raíz económica está la fuente de todos los conflictos, tal como lo
describe Vandana Shiva.
Actualmente, el gobierno del presidente
Nicolás Maduro ha emprendido, dentro de esta lógica del capitalismo
rentístico extractivista, la marcha acelerada de unos proyectos que
ponen en serio riesgo, como nunca antes, nuestro bienes comunes más
preciados -el agua, la biodiversidad y el delicado equilibrio de
nuestros ecosistemas a lo largo y ancho de nuestro territorio y más
allá, costa afuera- con los modelos de negocios para la diversificación
de la economía, basados en la explotación de las fajas minera, petrolera
y pesquera bajo las figuras de las Zonas Estratégicas de Desarrollo
Nacional (ZEDN) y las Zonas Económicas Especiales (ZEE), contenidas en
la Ley de Regionalización Integral (LRI) aprobada en noviembre de 2014.
El investigador Emiliano Terán Mantovani ha enumerado los principales
proyectos extractivistas planteados por el Gobierno Bolivariano a la
fecha: el Arco Minero (estados Bolívar y Amazonas), con sus cuatro
bloques diferenciados por su potencial y definidos por colores: azul
para el coltán, amarillo para el oro; marrón para el hierro y color
perla para el diamante, que comprenden 111. 843 km2, a los que hay que
sumar 55.314 km2 dela Faja Petrolífera del Orinoco. Además, están los
proyectos Rafael Urdaneta y Mariscal Sucre de Gas Off Shore (29 bloques
desde el Golfo de Venezuela hasta noreste del estado Falcón); Carbozulia
en la zona noroccidental del estado Zulia, que prevé apertura de nuevas
minas con la afectación de los ríos Socuy, Maché y Cachirí; Lomas de
Níquel para extracción de yacimientos a cielo abierto en los estados
Aragua y Miranda; y la Faja Pesquera Acuícola de Venezuela en el eje
norte costero de las fachadas atlánticas y caribeñas, con producción
pensada para consumo interno y exportación de pescado para la generación
de divisas.
Somos conscientes de que el complejo
militar industrial, las transnacionales mineras y los especuladores
financieros tienen absoluta indiferencia por el debate ecológico, ni
siquiera por el papel de resistencia de las comunidades y pueblos que
protestan y rechazan lo que consideran una amenaza a la continuidad de
la vida en el planeta y mucho menos si nuestros Estados nacionales
vigilan o garantizan el cumplimiento de las normas ambientales.
La región nuestramericana y caribeña
donde nos encontramos posee el 40% de la biodiversidad del mundo, reúne
ocho de las 25 ecoregiones terrestres biológicamente más ricas del
planeta; que contienen 246.000 especies de plantas, 1.597 de anfibios;
1.208 de reptiles, 1.267 de aves y 575 de mamíferos. El 41,9% de
Nuestramérica está cubierto de bosques naturales. Los 12 países que
conforman UNASUR representan el más grande reservorio de recursos
naturales del mundo: el 26 % de agua dulce del mundo, el más grande
pulmón vegetal con la más importante reserva forestal, y todos los
minerales, inclusive los elementos no despejados o descubiertos de la
tabla de Mendeleiev, están en
nuestros suelos. Estos datos son importantes ponerlos en contexto junto a
los planes que el capitalismo, la financiarización y mercantilización
global vienen planteando para nuestras economías vulnerables, poco
desarrolladas, que acrecientan nuestra
dependencia de distintos mecanismos disfrazados de cooperación
internacional: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
(NAFTA, 1994); el Plan Puebla Panamá (2001); y los Ramales y Conexiones
Regionales Complementarios para Conformar la Red Internacional de
Carreteras Mesoamericanas (RICAM); la Iniciativa Mesoamericana de
Interconexión Energética basado en el ALCA; el CAFTA con sus peligrosos
capítulos de Inversiones, Medioambiente y Propiedad Intelectual
(2002-2006); sus organismos como el CIADI (Centro Internacional para el
Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones) cuya sede comparte con
el Banco Mundial (BM); el ACA (Acuerdo de Cooperación Ambiental) con USA
para el “crecimiento del comercio e inversión de bienes y servicios
ambientales” y los conocidos Tratados Bilaterales de Libre Comercio
(TLC), los recientemente firmados tratados de Alianza del Pacífico
(extensión del TransPacific Partnership o TPP), y el Trade In Services
Agreement (o TISA), todos éstos operan bajo el principio de deuda por
naturaleza, cosificando y mercantilizando nuestros bienes comunes,
manejándolos como commodities, vulnerando nuestras soberanías y
aumentando nuestra dependencia, puesto que subordinan nuestros Estados
Nacionales y marcos jurídicos a una legislación global.
El tema de la soberanía sobre nuestros
territorios –como con nuestros cuerpos- nos ha colocado, de acuerdo con
la visión del capitalismo heteropatriarcal, en minoría de edad, sin
poder de decisión y con una voz reducida al eco de la queja. Así es
percibida la naturaleza, el espacio
territorial y político es una vacante donde los modelos negocios,
explotación e intercambio prosperan, invisibilizando y anulando los
conflictos socioambientales que estallan cíclicamente de manera
dramática, pues cobran la vida de las mujeres y la infancia arrasada por
las políticas del capitalismo globalizado. El Programa de Aceleración
del Crecimiento (PAC) y la Iniciativa de Integración de la
Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA) no está desligado de
estos planes que pretenden expandir los alcances del Arco Minero y la
Locomotora Minera (Colombia), con cuyas cuencas hidrográficas
compartimos históricas relaciones carnales, culturales y comerciales.
La sequía, la destrucción de la vida
orgánica, el paramilitarismo, el contrabando, el secuestro, el
asesinato, el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas, la
violencia sexista, la prostitución y trata de personas, así como la
militarización y el fenómeno de la guerrilla y el hampa común son
algunos de los macabros productos del negocio de la extracción minera.
Asimismo, las cifras divulgadas en
varios estudios demuestran que, entre los humanos, las mujeres pobres no
blancas son las más afecta-das por la destrucción del ambiente y sus
consecuentes catástrofes naturales. Asimismo, la actividad minera afecta
directamente la vida de las niñas, las adolescentes y las mujeres
indígenas y criollas, quienes están expuestas a la bio-acumulación de
mercurio, la explotación laboral, el alcoholismo y la aculturación; son
las principales víctimas de la violencia sexista, especialmente la
sexual, están expuestas a enfermedades de transmisión sexual y son
empujadas desde la infancia a la prostitución y trabajo forzado. Esta
serie de agresiones se realiza con la participación de los militares y
autoridades locales, amparados en la indiferencia del Estado.
Sin embargo, las mujeres indígenas y
mestizas no han sido simples víctimas. Como resultado de su propia
experiencia, las mujeres son dueñas de una mayor conciencia y visión de
que el deterioro de la naturaleza y de sus recursos desemboca en el
deterioro de la vida. Muchas se han sobrepuesto valientemente a esta
constante coacción sexista y se han convertido en las principales
protagonistas en la lucha por construir, a riesgo de sus vidas, un tipo
diferente de lazo social y otro modelo de relación con la naturaleza y
los seres vivos, como lo demuestran las figuras de Berta Cáceres y
Máxima Acuña.
Las mujeres venezolanas, quienes hemos
sido las más afectadas por la llamada guerra económica que vive el país,
hemos jugado un papel fundamental en los partidos políticos, hemos
liderado los diversos movimientos de base y las numerosas misiones
sociales impulsados por el Gobierno bolivariano. Por lo tanto, hemos
acumulado una amplia experiencia organizativa que se ha traducido en el
fortalecimiento del trabajo en colectivo.
Las mujeres hemos sufrido durante muchos
años todas las formas de violencia generada por la metástasis sexista
neoliberal, asimismo, hemos
sentipensado la amenaza a todas las formas de vida en el planeta
generada por el capitalismo patriarcal. El ecofeminismo nos ha
permitido adquirir una conciencia ética y política del papel
protagónico que hemos jugado las mujeres como defensoras y protectoras
de todo tipo de vida orgánica. También nos ha llevado a explorar los
complejos vínculos entre el sistema patriarcal y sus distintas formas de
violencia, incluida la dirigida hacia la naturaleza. Además de ubicar
en el actual sistema capitalista global tanto las causas de la
destrucción acelerada de nuestros ecosistemas como el despojo del
conocimiento acumulado por nuestras diversas comunidades indígenas.
En ese sentido, consideramos que una de
nuestras más urgentes acciones es detener el avance del demoledor Motor
Minero, que es la expresión más reciente de la explotación y penetración
sin fin de la naturaleza, y un hito más del “mal desarrollo”
occidental. Si se llega a poner en marcha el Motor Minero y el proyecto
del Arco Minero del Orinoco, con la llegada de 150 empresas
transnacionales, el proceso de deterioro de todas las formas de vida se
acelerará y acabará con la diversidad cultural, al afectar directamente
el hábitat y exterminar las formas de vida de las distintas comunidades y
pueblos indígenas ubicados en la zona.
Las ecofeministas exigimos una inmediata
moratoria de esta negociación de una magnitud que no dudamos en
calificar de ecocidio y que no tiene precedentes en la historia de la
Venezuela republicana. Esta demanda esta sustentada en nuestro
conocimiento de la historia económica y política de nuestro país y en la
toma de consciencia de los irreversibles efectos del extractivismo
minero en los diferentes ecosistemas y en la soberanía de nuestros
países. Las consecuencias son abisales, por eso extraña que las y los
venezolanos no hayamos sido consultados, mucho menos informados, sobre
los términos de esta negociación.
Por estas razones, el reclamo incluye el
llamado a que el gobierno venezolano, en correlación con los principios
de la Constitución Bolivariana, promueva el diálogo sobre el Motor
Minero. Un diálogo que no debe temer al debate y mucho menos a la
escucha de lo que tenemos que decir las mujeres organizadas. Este es el
momento propicio para abrir la discusión franca sobre otras formas de
producción que den resultados sostenidos y
sustentables a largo plazo, y para deliberar sobre un modelo económico
diferente que no comprometa la soberanía, a la vez que se desprenda de
la lógica de destrucción de la naturaleza y de las formas de vida de las
distintas poblaciones que habitan las regiones afectadas.
Las ecofeministas tenemos mucho que
aportar a esta discusión, pues hemos desarrollado un sólido aparato
teórico que va desde la crítica a los presupuestos detrás de la
tecnociencia, la filosofía moral tradicional, la economía política hasta
las propuestas de soluciones alternativas al modelo actual de dominio
de la naturaleza. Además, tenemos una creciente experiencia organizativa
que ha servido de modelo para todos aquellos que luchan por un mundo
diferente.
La amenaza de extinción de uno de los
ecosistemas más importantes del planeta, incluido el cuarto río más
caudaloso del mundo, el Orinoco, la
destrucción de la megabiodiversidad para el equilibrio planetario, el
inevitable deterioro de la vida de los campesinos, la ampliación de distintas actividades
criminales relacionadas con el extractivismo, el incremento de la
violencia dirigida hacia las niñas, adolescentes
y ancianas indígenas, así como el posible etnocidio de las comunidades y
los pueblos indígenas pemón arekuna y pemón taurepang,
sanema, ye ́kwana, mapoyo, piaroa, hiwi, e ́ñepa, kariña y akawaio, nos
autoriza a hacer este urgente llamado y a plantear nuestras exigencias.
¡Por la impostergable utopía ecofeminista: exigimos respeto para todas las formas de vida!
¡Cantemos a la vida!
¡No a la mina, sí a la vida!
LaDanta LasCanta
Grupo de Investigación y Acción
ladantalascanta@gmail.com
@LaDantaLasCanta
https://www.facebook.com/La-Danta-Lascanta-Grupo-Ecofeminista
fuente: http://www.rebelion.org/docs/212954.pdf
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