Servindi,
10 de febrero, 2016.- La contaminación por mercurio y otras sustancias
tóxicas en los principales ríos del municipio de Manapiare, en el estado
federal de Amazonas, en el sur de Venezuela, se incrementa debido a la
continua invasión de mineros ilegales y grupos armados.
Así lo indicó la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) mediante un comunicado en el que advirtió el incremento de la actividad ilegal en los ríos Parucito, Caño Majagua, Caño Mosquito, Caño Corobita, Serranía de Maigualida, Caño Asita y Río Parú.
De acuerdo con las organizaciones nativas, los niveles de contaminación perjudican el ecosistema fluvial y ponen en peligro a los pueblos indígenas Yabarana, Hoti y Panare, incluyendo a la capital provincial San Juan de Manapiare.
Pese a que la situación ha sido reportada reiteradas veces por la Organización Indígena Yabarana del Parucito Medio (OIYAPAM) y la Organización Ye’kuana (KUYUNU) ante la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) de Amazonas, aún no existiría un control de vigilancia efectivo.
Asimismo, los dirigentes de OIYAPAM expresaron su rechazo a las recientes agresiones que sufrió Benjamín Pérez, defensor indígena yabarana, por parte de los mineros ilegales, quienes sumados a grupos violentos, quemaron su vivienda.
Ante la vulneración de sus derechos constitucionales al territorio, integridad personal y cultura, las organizaciones nativas demandaron la intervención de las autoridades civiles y militares del Estado para la ejecución de medidas urgentes y coordinadas.
Por ello también se solicitó una investigación de los hechos y se identifique a los responsables.
Durante aquel tiempo, el CIEV registró 40 por ciento más hectáreas destruidas por mineros ilegales en Bolívar, siendo afectadas las áreas de Sierra Imataca en El Palmar, Paragua, Upata y El Manteco.
Esta situación ha llegado incluso a amenazar el importante Parque Nacional Canaima, ubicado en Bolívar junto al límite con Guayana y Brasil, tal como lo denunció Andrés Izarra, ministro de Poder Popular para el Turismo, en junio de 2015.
Según el funcionario la depredación que ocurre en el parque trae consecuencias para el Embalse del Gurí, debido a que los ríos Carrao y Caroní se unen en esa parte, provocando que los sedimentos afecten las turbinas que da electricidad al 70 por ciento de la población.
Así lo indicó la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) mediante un comunicado en el que advirtió el incremento de la actividad ilegal en los ríos Parucito, Caño Majagua, Caño Mosquito, Caño Corobita, Serranía de Maigualida, Caño Asita y Río Parú.
De acuerdo con las organizaciones nativas, los niveles de contaminación perjudican el ecosistema fluvial y ponen en peligro a los pueblos indígenas Yabarana, Hoti y Panare, incluyendo a la capital provincial San Juan de Manapiare.
Pese a que la situación ha sido reportada reiteradas veces por la Organización Indígena Yabarana del Parucito Medio (OIYAPAM) y la Organización Ye’kuana (KUYUNU) ante la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) de Amazonas, aún no existiría un control de vigilancia efectivo.
Asimismo, los dirigentes de OIYAPAM expresaron su rechazo a las recientes agresiones que sufrió Benjamín Pérez, defensor indígena yabarana, por parte de los mineros ilegales, quienes sumados a grupos violentos, quemaron su vivienda.
Ante la vulneración de sus derechos constitucionales al territorio, integridad personal y cultura, las organizaciones nativas demandaron la intervención de las autoridades civiles y militares del Estado para la ejecución de medidas urgentes y coordinadas.
Por ello también se solicitó una investigación de los hechos y se identifique a los responsables.
Minería ilegal avanza
Cabe mencionar que desde el 2013, el Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV) identificó la expansión de la minería ilegal en la región conocida como la Guayana venezolana, que incluye los estados de Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas.Durante aquel tiempo, el CIEV registró 40 por ciento más hectáreas destruidas por mineros ilegales en Bolívar, siendo afectadas las áreas de Sierra Imataca en El Palmar, Paragua, Upata y El Manteco.
Esta situación ha llegado incluso a amenazar el importante Parque Nacional Canaima, ubicado en Bolívar junto al límite con Guayana y Brasil, tal como lo denunció Andrés Izarra, ministro de Poder Popular para el Turismo, en junio de 2015.
Según el funcionario la depredación que ocurre en el parque trae consecuencias para el Embalse del Gurí, debido a que los ríos Carrao y Caroní se unen en esa parte, provocando que los sedimentos afecten las turbinas que da electricidad al 70 por ciento de la población.
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