Sikuanis, acorralados a punta de ‘bala’ y ‘resoluciones’

La comunidad indígena del Resguardo de Caño Ovejas fue confinada en el sur del Meta por los actores armados ilegales y por titulaciones contradictorias del Incora y del Incoder. Espera que un Juez dicte medidas que protejan sus derechos territoriales.

La comunidad indígena Sikuani de Caño Ovejasespera que un Juez de Restitución emita órdenes que les permita recuperar sus derechos a cazar, pescar, recolectar y celebrar ceremonias en su territorio colectivo, que fue reducido por el conflicto y por resoluciones del Incora e Incoder. Foto: suministrada Unidad de Tierras Meta.Por lo menos 687 indígenas de la etnia Sikuani sobreviven confinados en el corregimiento de Caño Ovejas, en el municipio de Mapiripán, en el sur del Meta, pese a que en varias oportunidades la Corte Constitucional advirtió que esta comunidad indígena está en riesgo de desaparecer por el conflicto armado y la violencia generalizada. Sus esperanzas están en el Juez Segundo de Restitución de Tierras de Villavicencio, quien conoce la demanda de restitución de derechos territoriales que reclaman desde hace más de tres décadas y de quien se espera dicte medidas que ponga en cintura a varias instituciones, entre ellas, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
La reclamación de la comunidad indígena no es de poca monta. Desde los años 70 llevan rogándole primero al Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) y luego al Incoder que les reconozca con títulos su territorio colectivo, que fue reducido a su más mínima expresión y que por el contrario, fue feriado en diversas adjudicaciones a varios colonos, que según el testimonio de los indígenas, ni siquiera cumplían con los requisitos de la reforma agraria pues no vivían en la región o ya tenían tierra. Mientras el Incora y el Incoder se escudaban en que por causa del conflicto no podían atender al llamado de los índigenas; sí lo hacían con celeridad y de forma express otorgándole títulos a foráneos.
La dimensión de la reclamación es la siguiente: de 317 mil hectáreas que originalmente integraban el resguardo; el Incora en los años 80 apenas les reconoció 1.720 hectáreas y además fracturadas, porque el territorio quedó integrado por dos predios incomunicados. Esas 1.720 hectáreas son ínfimas para la supervivencia Sikuani, pues el mismo Incora determinó que para que una sola familia pueda sobrevivir en Mapiripán debe tener entre 1.300 y 1.800 hectáreas. Es decir, 90 familias indígenas están condensadas en un área que corresponde al de una sola.
Los problemas del Resguardo de Caño Ovejas no se limitan únicamente a que ha tenido que vivir en un puñado de hectáreas, a que espera desde el año 90 que le amplíe el resguardo y a que tenga efectos el estudio socio-economómico que desde 2008 realizó el Incoder para determinar dicha ampliación, sino a que no puede transitar libremente por su territorio, ni celebrar sus ceremonias, y mucho menos sembrar o cazar su comida. Prácticamente sus sitios espirituales como Peyatsevitsuto, Yavetsaniiboto y las Lomas de Makokobá fueron borrados.
“Aunque la Constitución de 1991 nos reconoce e indica que debe respetarse nuestra autonomía, acá por ejemplo la Alcaldía nos desconoce. Hay muchos problemas que se están derivando de la empresa de palma de aceite que se instaló en el municipio”, dice el Gobernador José Díaz, líder del resguardo indígena, refiriéndose a los problemas más recientes.
El caso del Resguardo Sikuani fue documentado por la Unidad de Restitución de Tierras de la Territorial del Meta y presentado en demanda ante el Juez Segundo Especializado en Restitución de Villavicencio. Una vez el Juez conoció la reclamación ordenó a la Unidad documentar los casos de posibles segundos ocupantes, es decir, particulares que consideren que tienen derecho sobre estas tierras. En la actualidad, el caso está en juicio: los indígenas son representados por la Unidad y los posibles segundos ocupantes, por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, quién tiene la razón y quiénes y cómo deben ser restituidos está en manos del Juez, quien tiene la última palabra.
“Durante la etapa administrativa (documentación y contextualización de la demanda) lo que pudimos evidenciar es que hay una afectación histórica a esta comunidad, que además está en riesgo porque el conflicto ha cambiado sus prácticas culturales, que necesita una intervención urgente del Estado en relación con la ampliación de su territorio para garantizar su superviviencia”, explica Diana Herrera, directora de la Unidad de Restitución en Meta.
Esta no es la única demanda de restitución étnica en los Llanos Orientales. Según la Dirección Territorial de la Unidad, en junio radicaron también ante el Juzgado Segundo la reclamación de derechos territoriales de la comunidad indígena de Kanalitojo, en Vichada. “Estamos próximos a presentar otra demanda de la comunidad Jiw, del Guaviare, y estamos documentando el caso de la comunidad Sikuani del Alto Únuma, de Puerto Gaitán”, indica Herrera.

Incora, ¿despojador?

La imagen más recurrente con la que se asocia a los Llanos Orientales es la de un vaquero. Nunca, la de indígenas Sikuanis como los de esta fotografía. Conocidos como Guahíbos eran quienes vivían en estos territorios pero que tras la colonización y violencia fueron reducidos y dispersos en distintos departamentos: unos en Meta; otros en Guaviare; otros en Vichada y unos más en Arauca. Foto: suministrada Unidad de Tierras Meta.Los indígenas Sikuani son nómadas, es decir, se caracterizan por recorrer extensos territorios a pie y a vivir temporalmente en algunos puntos del territorio donde siembran y cazan, para luego continuar su tránsito y permitir que las especies cazadas se reproduzcan y los suelos cultivados no se deterioren, promoviendo así el equilibrio ambiental. Su vida gira en torno además de los ríos, por lo que ancestralmente anduvieron a lo largo de los cauces de los ríos Meta, Vichada, Guaviare, Tomo y Orinoco en la región de los Llanos Orientales.
Uno de los territorios de mayor asentamiento fue el que bautizaron como Tsuwakia, desarrollado a lo largo de la cuenca del Caño Ovejas, un afluente del río Guaviare en actual jurisdicción del municipio de Mapiripán. Allí los Sikuani desarrollaron un punto de intercambio con sus hermanos, los indígenas Jiw, del Guaviare, quienes también han sufrido los azotes de la guerra. Por lo menos mil indígenas de esta etnia han sido acogidos por los Sikuani en Mapiripán, en los predios Zaragozas continuos al resguardo de Caño Ovejas.
Según el censo realizado por la comunidad, el Resguardo Sikuani está compuesto por casi 700 personas, distribuidas en 90 familias en las comunidades de Betania, Corocito y Olvido. Y son quienes han logrado sobrevivir a prácticas de mediados del siglo XX como las ‘guahibadas’ (cacería de indígenas) propiciada por colonos, así como a la violencia desatada por las guerrillas, los narcotraficantes, los paramilitares y de forma más reciente, por las bandas criminales.
El territorio ancestral de los Sikuani en Caño Ovejas comprende por lo menos 137 mil hectáreas, pero el resguardo sólo está reconocido en menos de 1,2 por ciento según un título otorgado por el antiguo Insitituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora). Este reconocimiento ha pasado por “las duras y las maduras”, pues los líderes relatan cómo el Incora fue adjudicando su territorio a colonos, incluso en medio de la violencia, y en la actualidad siguen en la lucha para que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) reverse esos errores del pasado.
La historia de los títulos data de 1979 cuando 75 familias Sikuani comenzaron la reclamación de cómo mínimo 89 mil 300 hectáreas para que el Incora se las titulara mediante resolución. Pero tres años después, en diciembre de 1982, el Instituto les otorgó una resolución por tan sólo 1.720 hectáreas, dividas en dos globos de tierra además incomunicados: uno de 1.280 hectáreas, donde está el caserío de Betania, y uno de 440 hectáreas, donde está el caserío de Corocito. A partir de esa fecha lo que vino fue una serie de resoluciones emitidas desde los escritorios del Incora que no fueron para indígenas, sino para colonos que ni siquiera habían vivido en esta región, según lo advierte la comunidad indígena.
Así fue como en 1983 ya los Sikuani de Caño Ovejas no tenían en el papel 1.720 hectáres sino 1.053 porque al Incora se le ocurrió titularle 667 hectáreas a dos colonos para que desarrollaran allí las fincas Camaura y Camaguay. Como si fuera poco, en 1984 el mismo Instituto tituló otras tierras ancestrales a dos finqueros, entre ellas 1.116 hectáreas -que no quiso reconocérselas al pueblo indígena en el 82-. Ese mismo año llegaron los cultivos de coca a la región, complicando el panorama de las reclamaciones Sikuani.
Cansados del abuso, en 1986 la comunidad indígena le pidió al Incora revocar los títulos de las fincas Camaura y Camaguay, pero en lugar de que esto sucediera en 1988 la Gerencia General del Instituto determinó que quienes tenían razón eran los colonos. La comunidad indígena de Betania fue desalojada varias veces por la fuerza pública, por lo que en 1989 los Sikuani solicitaron la ampliación del resguardo. Pero una vez más el Incora no escuchó razones y tituló otras 2 mil 291 del territorio ancestral indígena para el desarrollo de la finca Casuarito, de otro colono, afectando el Peyatsevitsuto, un sitio sagrado de los Sikuani y los Jiw.
En 1990 el Incora es aún más incongruente. Mientras el 14  de abril de ese año acepta comprar tres fincas que anteriormente les adjudicó a finqueros prometiendo devolver las tierras al Estado para ampliar el resguardo; seis días después les tituló otros dos predios -pertenecientes también al territorio ancestral- a otro colono, esta vez borrando el Yavetsaniiboto, otro sitio sagrado indígena.

Farc, Auc y glifosato

Las fumigaciones con glifosato han afectado los cultivos de los indígenas en Mapiripán. Foto: archivo Semana.Mientras los indígenas trabajan de reclamar lo propio; las Farc habían encontrado en esta zona selvática un lugar perfecto para ampliar sus cultivos de coca. Desde principios de los 80 comenzaron a secuestrar y a desarrollar ‘cocinas’, que terminaron nutriendo las ‘finanzas’ y las filas del Frente 44. En medio de esa violencia, en 1991 los Sikuani seguían insistiendo en la ampliación del resguardo, pero el Incora se negaba a actuar bajo el pretexto del conflicto.
Aunque en 1995 Mapiripán era prácticamente un ‘laboratorio’ de droga, una funcionaria del Instituto de Tierras atendió la solicitud de los indígenas y recomendó que dicha ampliación debía ser como mínimo de 13 mil hectáreas, distribuidas en dos globos de tierra. Pero una vez más, en 1996, otro funcionario de la misma institución le tituló otro predio a un nuevo finquero. Ese mismo año los Sikuani casi quedan reducidos a su mínima expresión, pues las fumigaciones con glifosato afectaron sus medios de sustento: cultivos, caza y pesca.
El Incora les seguía respondiendo a los indígenas que no podía hacer nada porque el conflicto aumentaba; pero no tenía la misma respuesta para los colonos que les pedían más tierra. En enero de 1997 entregó parte de las Lomas de Makokobá, parte del territorio ancestral, a tres finqueros. Para los Sikuani dicha decisión fue otro golpe a su espiritualidad, pues para los indígenas son estas lomas el lugar donde se reproducen espiritualmente los cafuches, los animales de su dieta básica.

El panorama fue de mal en peor. Por orden de los hermanos Carlos y Vicente Castaño y con la complicidad de militares, según fue documentado por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, 120 paramilitares llegaron a San José de Guaviare y se movilizaron por el río hasta el casco urbano de Mapiripán, cometiendo una masacre que se prolongó entre el 15 y el 20 de julio de 1997. La masacre fue perpetrada a tan solo 10 kilómetros del resguardo.
Cuatro días después de la barbarie y sin usar el pretexto de que la violencia arreciaba, el 24 de julio el Incora tituló otro predio del territorio ancestral a un finquero. El resguardo calcula que sólo en 1997 el instituto de tierras adjudicó 28 predios a foráneos, pese a la masacre ocurrida en el municipio. La historia se repitió durante los siguientes años: en 1998 el Incora siguió con estas adjudicaciones a colonos, incluyendo un predio que en los años 90 había comprado para supuestamente ampliar el resguardo.
El Bloque Centauros de las Auc se instaló en Mapiripán quitándole el negocio de la cocaína a las Farc y amedrentando a los Sikuani, que trataban de resistir en las comunidades de Betania y Corocito. Una delegación de Caño Ovejas viajó hasta el Incora Bogotá, pero la respuesta fue igual: “no podemos intervenir. Hay conflicto en la zona”. El Bloque Centauros de las Auc se desmovilizó en septiembre de 2005, pero algunos paramilitares de este grupo se rearmaron y formaron la banda criminal de ‘Los Cuchillos’, que luego se hicieron llamar Erpac, para quedarse con las rentas del narcotráfico en el sur del Meta y el Guaviare.
Para ese año el Incora ya había sido liquidado y convertido desde 2003 en Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incora), pero su comportamiento no fue distinto al de la vieja institución, pues desde ese año hasta 2009 siguió adjudicando las tierras ancestrales de los Sikauni a los colonos. Fue solo hasta 2006 que un funcionario ordenó un nuevo estudio socioeconómico con miras a ampliar el resguardo, que sólo comenzó a realizarse en 2007 sin que a la fecha el Incoder haya tomado una decisión definitiva. En otras palabras, el resguardo de Caño Ovejas lleva 26 años esperando que el gobierno les dé una razón sobre su territorio que fue reducido a punta de resoluciones y armas.
Para los líderes del resguardo es contradictorio que desde 2009 y 2012 la Corte Constitucional haya ordenado al gobierno (mediante los Autos 004 y 173) desarrolllar un plan de salvaguarda especial para el pueblo Sikuani, tras reconocer que este hace parte de los pueblos que junto con el pueblo Jiw están a punto de desaparecer por causa del conflicto y el abandono del Estado.
En Caño Ovejas sobreviven casi 700 Sikuani originarios de Mapiripán y unos mil indígenas Jiw, desplazados del Guaviare. Los líderes de estas comunidades aseguran que sus problemas se han atizado con la agroindustria de la palma y el caucho, y las expectativas de empresas minero-energéticas. La prostitución de niñas, la fragmentación familiar y la vinculación laboral a las empresas agroindustriales y petroleras son tragedias que se suman a la lista de males que han tenido que afrontar.
La comunidad Sikuani en Mapiripán exige en la actualidad la ampliación a por lo menos 120 mil hectáreas, la mitad de estas como reserva ambiental. Los Sikuani, cuya vida gira alrededor de la caza, la pesca, la siembra y la espiritualidad, concluyen que se sienten “desconocidos. Nos sentimos como secuestrados por la política”. Y tienen razón, pues siguen esperando que la ampliación del resguardo, solicitada desde los años 90, deje de ser una promesa fallida.