OEA: Preocupación por la próxima Declaración Americana sobre los Derechos de los PPII

- Rapidez con la que se están tomando las decisiones genera desconfianza.

Servindi.- El proyecto de una Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un debate que lleva 15 años en la Organización de Estados Americanos (OEA), pero no se ha llegado a un acuerdo sobre temas fundamentales entre los Estados miembros y las organizaciones indígenas.

La necesidad de esta Declaración surgió en el marco de la Convención Universal de los Derechos de los Pueblos indígenas, como instrumento que recoja las inquietudes de los pueblos indígenas del continente Americano.

Este año, desde febrero se ha reabierto el debate y se han llevado a cabo tres reuniones de negociaciones con el objetivo de arribar a un borrador de declaración. Sin embargo, hay preocupaciones en relación a la rapidez con la que se están tomando las decisiones.
Especialmente en relación a la representación de los pueblos indígenas y el uso que ellos pueden hacer de este instrumento. Al no adecuarse a los estándares internacionales, esto puede desencadenar un retroceso en las conquistas de derechos de los pueblos indígenas.
Descarga aquí el documento “Observaciones al proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” elaborado por el Observatorio Ciudadano & IWGIA [Word, 6 páginas].

Preocupan bajos estándares en Declaración Americana sobre Derechos de Pueblos Indígenas

- Mediante documento público que releva puntos críticos del texto propuesto, organizaciones de derechos de pueblos indígenas advierten que de aprobarse en las sesiones que inician mañana en Washington, implicaría un retroceso para los derechos humanos reconocidos internacionalmente a estos pueblos.
Por Paulina Acevedo M.*
Observatorio Ciudadano.- Desde mañana miércoles 13 de mayo -hasta el 15 del mismo mes- tendrá lugar en Washington DC la XVIII Reunión de Negociación para la búsqueda de Consensos del Grupo de Trabajo encargado de elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Dicho proyecto de Declaración viene debatiéndose desde hace 15 años en el seno de la OEA, sin acuerdo en temas fundamentales entre los Estados miembros y las organizaciones indígenas, ni mayores avances. Luego de varios años de receso, en febrero de este año se reabrió la discusión y en menos de tres meses se han realizado ya tres reuniones del grupo de negociaciones, restando pocos artículos por consensuar, por lo que podría ser una de las últimas sesiones de negociaciones para la aprobación del documento que se viene elaborando.
Sin embargo, tanto el texto en debate como la rapidez con la que se han adoptado los acuerdos, ha sido criticada por diversos analistas, por no adecuarse a los estándares internacionales en la materia, lo que puede implicar un retroceso en los derechos garantizados internacionalmente a los pueblos indígenas.
En este contexto, el Observatorio Ciudadano y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), elaboraron un informe con observaciones que identifica los puntos más críticos al texto propuesto, a cargo de la doctora en derecho y experta en derechos de pueblos indígenas, Nancy Yáñez Fuenzalida.
El documento considera, para efecto de análisis, los estándares establecidos por el Convenio 169 de los OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y la jurisprudencia de los órganos internacionales de derechos humanos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de Naciones Unidas. Así como las normas del Convenio 169 se recoge la interpretación fidedigna efectuada por los órganos de tratado de la Organización Internacional del Trabajo.
Yáñez, quien es codirectora del Observatorio Ciudadano, cuestiona además la débil representación indígena en estas instancias y los recursos asignados a este proceso, la rapidez con la que se están llevando a cabo las decisiones y, en razón de las deficiencias detectadas, el uso efectivo que podrán hacer de este instrumento internacional los pueblos indígenas de las Américas.
Entrevista Nancy Yáñez Fuenzalida (de libre disposición)
http://radio.iwgia.org/temas/procesos
Nancy Yáñez Fuenzalida (PhD), Abogada, Universidad de Chile; Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de Chile; Magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, mención Derecho de Pueblos Indígenas,  Center for Civil and Human Rights, University of Notre Dame , Estados Unidos; Doctorada en Derecho, Universidad de Chile. Asesora legal del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (I.W.G.I.A.). Co – Directora del Observatorio Ciudadano (Chile).
Información complementaria:
Información sobre la sesión:

• http://www.oas.org/es/sla/ddi/pueblos_indigenas_la_negociacion_XVIII_Reunion.asp

Documento central de trabajo en su versión del 24 de marzo de 2015:

• http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/GT-DADIN-doc_334-08_rev10.pdf

Sitio que contiene el compendio de documentos de la negociación:

• http://www.oas.org/consejo/sp/cajp/Indigenas%20documentos.asp

Tabla comparativa entre Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y proyecto de Declaración de la OEA (versión abril 2014). Documento elaborado por el Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas (Indian Law Resource Center).

• https://archive.org/download/201505OASUNDeclCompTableSPA/2015-05_OAS_UNDeclCompTable_SPA.docx

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* Paulina Acevedo Menanteau es periodista, comunicadora en derechos humanos y coordinadora del Área de Comunicaciones del Observatorio Ciudadano.

Se consolida estrategia represiva de Bachelet contra pueblo mapuche

en Wallmapu el 17 mayo 2015

A través de información obtenida vía ley de transparencia de parte de Carabineros de Chile, el ex religioso jesuita Luis Gracia-Huidobro mostró al país que los gastos operacionales de Carabineros en la Provincia de Arauco se habían más que duplicado desde el año 2013 al 2014, pasando de 4.500 millones de pesos a 9.200 millones de pesos, gastos por lo demás están concentrados en el conosur de la provincia.  Solo hasta el 15 de marzo del 2015 los gastos operaciones de carabineros superaban los 2.230 millones, lo que implicara un aumento aún mayor este año 2015.

García-Huidobro también comprobó que dichos gastos eran 10 veces superiores a otras zonas país en función de su población. También llega a la conclusión que los recursos crecen en estos últimos años en forma mucho más alta en Arauco que en Malleco.

Los datos que hace públicos García-Huidobro se leen de forma aún más nítida tras conocerse el nuevo informe trimestral de la patronal de la Región de la Araucania. Las acciones relacionadas al conflicto mapuche en la provincia de Arauco se triplicaron de enero a marzo a este año, de 10 que se registraron el 2014 a 29 durante el primer trimestre del 2015. Algunas de envergadura como los enfrentamientos de Alto Antiquina el 18 de febrero o la ocupaciones de predios en Lago Lanalhue el 24 de ese mismo mes.

En la Araucania el conflicto sigue creciendo de 67 acciones durante el primer trimestre del 2014, se paso a 83 acciones el primer trimestre del 2015, el 70% de estas acciones en Malleco y el 30% Cautin, este incremento de 24% en las acciones, se condice, al igual que Arauco, con los porcentajes de aumento de presupuesto operacional de carabineros de 3 mil millones el 2014 a 4 mil millones el 2015.

García Huidobro sostiene la tesis de que este es un nuevo subsidio estatal a las forestales, pero es además la señal clara que la estrategia anti mapuche del estado chileno sigue siendo la policial y represiva, la variable Huenchumilla, como vía de control del conflicto se diluye, más aún con la asunción de Burgos en el ministerio del interior, un hombre formado en la estrategia anti-subversiva y guerra de baja intensidad.

Aún muerto les incomoda: Suspenden sin razón obra sobre el cacique Sabino en el Teatro Principal

Por: Movimientos defensores de la Causa Yukpa 

Abril 19 de 2015.- Cientos de personas se quedaron estupefactas, cuando al llegar hoy domingo 19, 7 pm, a ver la obra, " Itekaton Muruntö Yukpa, Tanon Toron Woktauta, Migua" (TP)  "Guerreros Soñadores" dedicada al cacique Sabino Romero y escrita por Limin Wu, en el Teatro Principal, fueron notificados que la obra estaba suspendida. Al indagar las razones, nadie les supo contestar, unos decían que por el... ¿clima? Otros, que porque había una reunión del PSUV, pero finalmente alguien se atrevió a decir que era una orden que venía de arriba.
Supuestamente, ayer sábado, el ministro Elías Jaua vió la obra teatral, la cual hace críticas muy fuertes hacia la negligencia gubernamental e institucional en el caso que le costó la vida al cacique Sabino, y de allí que algunas personas, que prefieren no dar sus nombres, digan que ésta sería la razón de la suspensión de la obra.
Ante esta arbitrariedad, varios movimientos protestaron frente al Teatro, por hacer valer sus derechos a ver la Obra por la que ya habían pagado las entradas y otros se quejaban, pues habían venido desde el interior del país para conocer la lucha de este aguerrido Cacique revolucionario.
Exigen a las autoridades, que decidieron por encima de la mayoría, respetar sus derechos, respetar la libertad cultural, respetar la crítica y agendar de nuevo la obra en el teatro Principal.
A pesar de la prohibición de la Obra dedicada a Sabino,  se hizo un montaje en la calle frente al Teatro, que fue largamente aplaudido por el público al que se le había negado momentos antes el derecho de verla en un Teatro hecho para el disfrute de el pueblo.
Parte del ejercicio democrático es la aceptación de críticas que le hace al gobierno las fuerzas que conforman la sociedad. Si no hay niveles de tolerancias a las críticas, no se ejerce ese derecho a la democracia ni a la libertad. Cuando un gobierno se mete con obras de teatro, canciones, películas y libros, simplemente está violando el derecho de expresión.

México: Indígenas triquis “tomaron” consulado de EEUU en Oaxaca

Imagen: Quadratin

Servindi.- Indígenas del Movimiento Unificador de Lucha Triqui (MULT)  tomaron  simbólicamente el Consulado de Estados Unidos de la ciudad de Oaxaca, el jueves catorce de mayo, en respaldo a los jornaleros del Valle de San Quintín, Baja California, que protestan por mejoras laborales.
El acto de  protesta se dio luego de que los manifestantes marcharon por el corredor turístico con carteles en mano y gritando consignas a favor de la liberación de los tres detenidos en días pasados durante las protestas en el referido valle.
El consulado, que se ubica en la Plaza Santo Domingo, se encontraba cerrado al momento en que llegaron los indígenas. Cuando el encargado del  local les exigió que se retirasen, los nativos respondieron con golpes su pedido obligándolo a guarecerse en el interior del inmueble.
La simbólica toma del local, de acuerdo al vocero del MULT, tiene como fin respaldar a los oaxaqueños que trabajan en malas condiciones en Baja California.

Conflicto laboral

Como se recuerda, el nueve de mayo, una intervención policial en  la colonia de Nuevo San Juan Copala, durante un conflicto laboral de trabajadores que demandaban mejores condiciones de vida, dejó heridos y detenidos.
En el operativo, los efectivos policiales ingresaron a las viviendas indígenas y actuaron con desmedida  violencia, llegando a usar balas de goma que lastimaron a unas veinte personas. Asimismo, golpearon a mujeres y niños.
La incursión dejó tres jornaleros detenidos a quienes se les acusa de haber ocasionado daños a dos patrullas, una tanqueta y otros vehículos particulares. Asimismo, otros tres indígenas fallecieron en el enfrentamiento.
El pasado 11 de mayo, un juez dictaminó que los tres acusados deberán pagar una fianza de 500 mil pesos cada uno.
A casi dos meses de iniciada, la protesta de los jornaleros sólo ha recibido represión de parte del gobierno mexicano.
Entre otras cosas, los jornaleros exigen un aumento salarial de 100 a 300 pesos por la jornada de ocho horas, así como doble sueldo por trabajar los domingos y días festivos.
También demandan el cese del acoso sexual de los patrones e ingenieros a las mujeres y una indemnización por el reciente ataque policial que dejó tres muertos y numerosos heridos.
La mayor parte de la producción agrícola de San Quintín está destinada al mercado estadounidense. Los trabajadores principalmente son indígenas de Oaxaca y otros estados mexicanos.

Vivir como los indígenas, de la selva a las montañas

Este cazador pertenece a la comunidad waorani, pueblo amazónico que vive en el este de Ecuador. Crédito: Cortesía, Nicolas Villaume, Land is Life

Por Stephen Leahy
IPS.- La historia registra cómo varias decenas de miles de pueblos han sobrevivido y se han desarrollado por cientos, y hasta miles, de años. En la actualidad, varias comunidades tradicionales todavía se autoabastecen, ya sea en selvas, bosques, montañas, desiertos y hasta en regiones árticas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que más de 370 millones de indígenas viven en 70 países y hablan más de 5.000 lenguas.

“Vivir bien es tener una buena relación con la Madre Tierra y no depender de la dominación ni de la extracción”: Victoria Tauli-Corpuz.

A medida que el desarrollo económico penetra hasta en los rincones más aislados del planeta, muchas comunidades originarias se ven amenazadas, al igual que su estilo de vida.
El avance del progreso significa que se hacen esfuerzos tanto para extraer recursos, vitales para los pueblos indígenas, como para “integrarlos” mediante la introducción de la medicina occidental y de los sistemas educativo y económico a su estilo de vida tradicional.
“Hay dos comunidades no contactas cerca de mi casa, pero sufren la amenaza de la exploración petrolera”, dijo Moi Enomenga a IPS.
Enomenga es integrante del pueblo waorani o huaorani, un grupo indígena de la Amazonia, que viven en el este de Ecuador, en un área de exploración petrolera. Nadie sabe cuánto tiempo llevaban allí antes del primer encuentro con los europeos, a fines del siglo XVII.
“Para ellos sacar el petróleo de la tierra es como sacarles la sangre del cuerpo”, ejemplificó.
Ecuador ratificó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que les otorga derecho a consulta frente a proyectos de extracción en sus territorios. Pero según organizaciones civiles, la minería y las prospecciones dejan dudas sobre el compromiso del gobierno de hacer cumplir esos derechos, lo que generó varias protestas.
A pesar de su larga historia, las comunidades indígenas diseminadas por el mundo tienen en común el estar bajo intensa presión por adaptarse a un sistema económico globalizado, que les ofrece algunos beneficios pero que usualmente destruye su tierra y su cultura y las convierte en especialmente vulnerables a fenómenos como el cambio climático.

Comunidades simples, no grandes proyectos de desarrollo

El pueblo de Ustupu en el semi-autónomo territorio kuna, en el archipiélago de San Blas, en el este de Panamá, procura
un estilo de vida simple y sostenible. Crédito: Nicolas Villaume, Land is Life.

La vida es difícil para las comunidades de montaña, en especial porque el impacto del cambio climático se hace cada vez más evidente, indicó Matthew Tauli, integrante de la comunidad indígena Kankana-ey Igorot, en la región montañosa de Filipinas.
“Necesitamos cosas pequeñas y sencillas, no grandes obras económicas de desarrollo como grandes represas o proyectos de minería”, dijo Tauli a IPS.
Se estima que en Filipinas viven entre 14 y 17 millones de indígenas pertenecientes a 110 grupos etnolingüísticos, que representan casi 17 por ciento de los 98 millones de habitantes.
El estilo de vida tradicional de una gran proporción de indígenas está en riesgo, en especial por el desplazamiento forzado y la destrucción de sus tierras ancestrales, según la ONU.

Protectores de la naturaleza

Como en otras partes del mundo, las comunidades originarias desde Luzón, uno de los tres grandes archipiélagos de Filipinas, a Mindanao, la mayor de las islas del sur, luchan para resistir a las formas destructivas del desarrollo.
Su lucha es similar a la de otras regiones, en especial en países como India, donde viven 107 millones de indígenas en tribus, como se denomina a las comunidades originarias, también llamados localmente adivasis.
“Resistimos los esfuerzos del gobierno de hacernos cultivar y plantar los mismos cultivos en vastas áreas”, relató a IPS el adivasi K. Pandu Dora, del meridional estado indio de Andhra Pradesh.
Ese estado tiene 49 millones de habitantes y, según el censo de 2011, las tribus constituyen 5,3 por ciento de la población total, poco menos de tres millones de personas.
El pueblo de Dora habita en lo alto de la montaña, donde practican la rotación de cultivos en una relación íntima con los ciclos de la naturaleza.
Las tribus vecinas que siguieron el consejo de las autoridades de adoptar métodos agrícolas modernos con fertilizantes químicos y monocultivos están atravesando dificultades, explicó Dora por medio de un traductor.
Con 70 por ciento de las comunidades agrícolas y tribales por debajo de la línea de pobreza, las prácticas agrícolas no sostenibles representan un desastre potencial para millones de personas.
El cambio climático ya causa estragos a la hora de cultivar y cosechar, perturba los ciclos naturales a los que están acostumbradas las comunidades rurales.
A diferencia de los agricultores atrapados en los programas impulsados por le gobierno, la comunidad de Dora respondió aumentando la diversidad de cultivos y confiando en su capacidad de innovación.
“Encontraremos nuestra propia respuesta”, remarcó.
En el continente africano, en la zona seca de Kenia, los pequeños agricultores que dependen de una diversidad de cultivos siguen bien, destacó Patrick Mangu, etnobotánico del Museo Nacional de Nairobi.
“La señora Kimonyi nunca tiene hambre”, dijo Mangu a IPS, al describir el terreno de una hectárea de esta campesina, quien tiene 57 variedades plantadas de cereales, leguminosas, raíces, tubérculos, frutas y hierbas.
La diversidad, principalmente de variedades locales que producen alimento casi todos los días del año, es la que permitió amortiguar el impacto de la sequía para Kimonyi, aseguró.
Casi la mitad de los 44 millones de habitantes de Kenia son pobres, la gran mayoría viven en zonas rurales de las regiones central y occidental del país.
El aprovechamiento de métodos agrícolas tradicionales puede significar una importante mejora en los ingresos, la salud y la seguridad alimentaria en el vasto cinturón agrícola de ese país africano, pero el gobierno todavía debe avanzar en esa dirección.
En el mundo, los bosques mejor protegidos están cuidados por pueblos indígenas, remarcó Estebancio Castro Díaz, de la nación kuna, en el sudeste de Panamá. Por ejemplo, más de 90 por ciento de las selvas controladas por ellos todavía se mantienen.
Pero no sucede así en el resto de ese país centroamericano, que perdió 14 por ciento de su cobertura forestal tan solo entre 1990 y 2010.
“La selva es un supermercado para nosotros, no se trata solo de madera. El control local de los bosques también trae otros beneficios para toda la sociedad”, explico Díaz.
Como los árboles absorben dióxido de carbono, responsable del recalentamiento global, los bosques saludables resultan un instrumento importante en la lucha contra el cambio climático. Las selvas controladas por comunidades locales absorben 37.000 millones de toneladas de CO2 al año, dijo a IPS la relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.
“En Guatemala, los bosques a cargo de comunidades locales tienen 20 veces menos deforestación que las que gestiona el Estado; en Brasil es 11 veces menos”, observó Tauli-Corpuz.
Pero muchos gobiernos ni reconocen el derecho a la tierra de los pueblos indígenas ni su forma de gestión, añadió.
El problema general cuando se trata del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad y de llevar una vida sostenible es que requiere cambiar el actual sistema económico creado para dominar y extraer recursos de la naturaleza, observó Tauli-Corpuz.
“La educación y el conocimiento modernos tratan principalmente de cómo ejercer un mejor dominio sobre la naturaleza. Nunca se trata de cómo vivir en armonía con ella”, apuntó.
“Vivir bien es tener una buena relación con la Madre Tierra y no depender de la dominación ni de la extracción”, resumió.
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Editado por Kanya D’Almeida / Traducido por Verónica Firme
-— Fuente: IPS: http://www.ipsnoticias.net/2015/05/vivir-como-los-indigenas-de-la-selva-a-las-montanas/

Brasil: Asesinan tres líderes indígenas defensores de los bosques

Indígenas de la etnia ka’apor se defendieron de los madereros ilegales durante el 2014. Imagen: Reuters.

Servindi.- Los estados federados de Marañón y Bahía fueron el escenario de la muerte de tres dirigentes indígenas. Ellos habrían sido emboscados por sicarios contratados por madereros y terratenientes, según denunció el Consejo Indigenista Misionero (Cimi).
Estas muertes responderían a una venganza por las acciones y medidas que las distintas etnias al oriente de Brasil han venido realizando en los últimos años para erradicar la deforestación de los bosques de sus territorios.
A través de una nota de prensa, el Cimi exige a las autoridades investigar los crímenes, considerados “secuenciales y selectivos, y derivados de un proceso de “incitación al odio de los indígenas que se intensificado en los últimos dos años”.

Víctimas por defender de sus bosques

La primera víctima fue Euzébio Ka’apor de 42 años, líder de la aldea Xiborendá, en la Tierra Indígena de Alto Turiaçu, en Marañón.
Su asesinato ocurrió el domingo 26 de abril cuando regresaba en motocicleta de visitar a su hijo en la comunidad Jumu’y Ha Renda Keruhu. Entonces, dos encapuchados lo emboscaron entre los municipios de Centro do Guilherme y Santa Luzia do Paruá.
Es importante destacar que la etnia Ka’apor colaboró activamente con la expulsión de madereros ilegales, ganaderos y colonos desde el 2014.
Cinco días después, el viernes 1 de mayo, Adenilson da Silva Nascimento de 54 años, también conocido como “Pinduca”, líder de los indígenas tupinambáes, fue asesinado en una carretera en Tupinambá de Olivenza, al noreste de Brasil, en Bahía.
De acuerdo a las versiones de los tupinambáes, tres pistoleros abordaron a Adenilson cuando regresaba de pescar junto a su familia: su esposa Zenaildes, su hija adolescente de 15 años y su pequeño hijo de un año.
Adenilson murió en el acto, pero su familia logró huir al bosque para protegerse del ataque; sin embargo la señora fue alcanzada por los disparos que le causaron heridas en las piernas y la espalda.
Finalmente, el domingo 3 de mayo, Gilmar Alves da Silva de 40 años fue sorprendido por unos pistoleros cuando se dirigía en motocicleta a la aldea Pambu, en Tumbalalá.
Los asesinos iban en un auto que colisionó a propósito con el vehículo de Alves. Producto del impacto cayó al piso, donde fue acribillado.

Racismo y desprotección

Para el Cimi, la muerte de los indígenas es consecuencia del abandono del Estado a los pueblos originarios y un latente racismo por parte de los mismos funcionarios públicos.
Sus acusaciones se sustentan “en los discursos racistas proferidos por parlamentarios ruralistas del Congreso Nacional, la paralización de los procedimientos de demarcación y la omisión en relación con la protección de las tierras indígenas por parte del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff”.
“Estos factores sirven de combustible que alimentan la saña asesina de los enemigos de los pueblos indígenas en Brasil”, aclaró Cimi en el comunicado.
Cleber Cesar Buzatt, secretario ejecutivo del Cimi, declaró que “estos crímenes no son aislados, están dentro de un contexto macro político de un ya largo proceso de incitación al odio y la violencia contra los indígenas, principalmente de los sectores vinculados a la bancada ruralista”.

Luiz Carlos Heinze hizo comentarios racistas contra los indígenas, negros y homosexuales durante una audiencia pública en noviembre del 2013. Imagen: Captura Youtube.

Polémica por PEC 215/2000

Asimismo, el Cimi acusó que las medidas que viene ejecutando el Segundo Grupo del Supremo Tribunal Federal (STF) han anulado los actos administrativos de demarcación de tierras en los últimos meses.
Es importante destacar se viene impulsando una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 215/2000) que trasladaría la responsabilidad en la delimitación de territorios indígenas del poder Ejecutivo al Legislativo.
Según los aborígenas, si se aprueba tal iniciativa legal, significará el cierre definitivo de la formalización de las tierras indígenas oficiales, áreas protegidas y territorios de quilombolas a pesar que la Constitución brasileña dispone que los indígenas tienen “derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”.

Canadá: Pueblo Tsimshian rechaza millonaria oferta de consorcio gasífero

La isla Lelu, territorio ancestral de la comunidad Lax Kw’alaams, es donde la empresa de origen malayo Petronas propone construir una terminal para exportar gas licuado. Foto: Canadian Press

“No se trata de dinero: esto es medioambiental y cultural” declaró Garry Reece, vocero de la comunidad Lax Kw’alaams.

Servindi.- Un grupo indígena canadiense rechazó una oferta de US$836 millones a cambio de apoyar la construcción de una terminal de gas licuado en su territorio, informó la agencia Reuters.
Los miembros de la Primera Nación Lax Kw’alaams rechazaron la propuesta de compensación que desembolsaría la empresa a cargo del proyecto durante los próximos cuarenta años.
La decisión se adoptó en una serie de tres consultas entre los 3700 integrantes de la comunidad y que finalizó la semana pasada.
Si bien los indígenas no cuentan con poder de veto sobre el proyecto, el rechazo comunitario es uno de los principales escollos que deberá superar la iniciativa.
“No se trata de dinero: estos es medioambiental y cultural” declaró Garry Reece, vocero de los Lax Kw’alaams, al medio Vancouver Sun.

Proyecto de terminal marítima Pacific NorthWest LNG en territorio de la comunidad Lax Kw’alaams. Infografía: Laxkwalaams.ca

Pacific NorthWest LNG es un proyecto de terminal portuaria para exportación de gas licuado, cuya construcción se propone en la isla Lelu, distrito de Port Edward, en la costa noroccidental de la región de Columbia Británica.
El puerto prevé el envío de los combustibles producidos por la empresa Progress Energy Canada a los mercados internacionales de Asia y supone la inversión de US$11 mil millones.
La propietaria del proyecto es la compañía de petróleo y gas de Malasia, Petroliam Nasional Berhad (Petronas), con China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), Japan Petroleum Exploration (JAPEX), Indian Oil Corporation y Petroleum Brunei como socias minoritarias.
La comunidad de Lax Kw’alaams se ubica a unos 35 kilómetros de Prince Rupert, el centro urbano más importante de la zona que cuenta con algo más de 12,000 habitantes, a unos 770 kilómetros al norte de Vancouver.
El pueblo Tsimshian ha vivido en esos territorios, en coexistencia armónica con el entorno, desde tiempo inmemorial.
Los tsimshian fueron los primeros de la Columbia Británica en cambiar el nombre en inglés que les habían impuesto, Port Simpson, por el de Lax Kw’alaams.

Ubicación de la comunidad Lax Kw’alaams en la región de Columbia Británica, al noroccidente de Canadá. Mapa: Google Maps.

Según una hoja informativa publicada en la página web de la comunidad, si la iniciativa prospera unos 350 buques de LNG zarparán de la isla Lelu cada año durante las próximas tres décadas.
Entre los impactos ambientales que denuncian los tsimshian para justificar su rechazo a la iniciativa incluyen: aumento exponencial de las emisiones tóxicas con potencial acidificación y afectación de la flora; impactos en la fauna marina y los recursos pesqueros de los que depende su seguridad alimentaria.
Asimismo, la masiva remoción de sedimentos durante la construcción de la terminal; incremento del tráfico marítimo y riesgo de potenciales derrames.
Además, se tenderían 120 kilómetros de ductos en territorios de la comunidad. Si el proyecto avanza, los tsimshian no podrán ingresar a la isla a recoger plantas medicinales y otros bienes comunes, como hacen tradicionalmente.

Ubicación estratégica del proyecto de exportación de gas licuado con respecto a los mercados asiáticos. Infografía: Pacificnorthwestlng.com

A pesar de los cuestionamientos, las autoridades de Columbia Británica aprobaron el estudio de impacto ambiental del proyecto, presentado por la empresa en febrero de 2014, y aseguran que provocará “impactos menores”.