Indígenas de la etnia ka’apor se defendieron de los madereros ilegales durante el 2014. Imagen: Reuters.
Servindi.- Los estados federados de Marañón y Bahía
fueron el escenario de la muerte de tres dirigentes indígenas. Ellos
habrían sido emboscados por sicarios contratados por madereros y
terratenientes, según denunció el Consejo Indigenista Misionero (Cimi).Estas muertes responderían a una venganza por las acciones y medidas que las distintas etnias al oriente de Brasil han venido realizando en los últimos años para erradicar la deforestación de los bosques de sus territorios.
A través de una nota de prensa, el Cimi exige a las autoridades investigar los crímenes, considerados “secuenciales y selectivos, y derivados de un proceso de “incitación al odio de los indígenas que se intensificado en los últimos dos años”.
Víctimas por defender de sus bosques
La primera víctima fue Euzébio Ka’apor de 42 años, líder de la aldea Xiborendá, en la Tierra Indígena de Alto Turiaçu, en Marañón.Su asesinato ocurrió el domingo 26 de abril cuando regresaba en motocicleta de visitar a su hijo en la comunidad Jumu’y Ha Renda Keruhu. Entonces, dos encapuchados lo emboscaron entre los municipios de Centro do Guilherme y Santa Luzia do Paruá.
Es importante destacar que la etnia Ka’apor colaboró activamente con la expulsión de madereros ilegales, ganaderos y colonos desde el 2014.
Cinco días después, el viernes 1 de mayo, Adenilson da Silva Nascimento de 54 años, también conocido como “Pinduca”, líder de los indígenas tupinambáes, fue asesinado en una carretera en Tupinambá de Olivenza, al noreste de Brasil, en Bahía.
De acuerdo a las versiones de los tupinambáes, tres pistoleros abordaron a Adenilson cuando regresaba de pescar junto a su familia: su esposa Zenaildes, su hija adolescente de 15 años y su pequeño hijo de un año.
Adenilson murió en el acto, pero su familia logró huir al bosque para protegerse del ataque; sin embargo la señora fue alcanzada por los disparos que le causaron heridas en las piernas y la espalda.
Finalmente, el domingo 3 de mayo, Gilmar Alves da Silva de 40 años fue sorprendido por unos pistoleros cuando se dirigía en motocicleta a la aldea Pambu, en Tumbalalá.
Los asesinos iban en un auto que colisionó a propósito con el vehículo de Alves. Producto del impacto cayó al piso, donde fue acribillado.
Racismo y desprotección
Para el Cimi, la muerte de los indígenas es consecuencia del abandono del Estado a los pueblos originarios y un latente racismo por parte de los mismos funcionarios públicos.Sus acusaciones se sustentan “en los discursos racistas proferidos por parlamentarios ruralistas del Congreso Nacional, la paralización de los procedimientos de demarcación y la omisión en relación con la protección de las tierras indígenas por parte del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff”.
“Estos factores sirven de combustible que alimentan la saña asesina de los enemigos de los pueblos indígenas en Brasil”, aclaró Cimi en el comunicado.
Cleber Cesar Buzatt, secretario ejecutivo del Cimi, declaró que “estos crímenes no son aislados, están dentro de un contexto macro político de un ya largo proceso de incitación al odio y la violencia contra los indígenas, principalmente de los sectores vinculados a la bancada ruralista”.
Luiz
Carlos Heinze hizo comentarios racistas contra los indígenas, negros y
homosexuales durante una audiencia pública en noviembre del 2013.
Imagen: Captura Youtube.
Polémica por PEC 215/2000
Asimismo, el Cimi acusó que las medidas que viene ejecutando el Segundo Grupo del Supremo Tribunal Federal (STF) han anulado los actos administrativos de demarcación de tierras en los últimos meses.Es importante destacar se viene impulsando una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 215/2000) que trasladaría la responsabilidad en la delimitación de territorios indígenas del poder Ejecutivo al Legislativo.
Según los aborígenas, si se aprueba tal iniciativa legal, significará el cierre definitivo de la formalización de las tierras indígenas oficiales, áreas protegidas y territorios de quilombolas a pesar que la Constitución brasileña dispone que los indígenas tienen “derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”.
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