A todas las organizaciones Sociales y Políticas
A todos los defensores de los Derechos Humanos
A la prensa Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil
A la Otra Campaña y A la Opinión Pública
Acteal, 11 años con 8 meses atrás. Con la máquina de la injusticia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos transportó casi doce años atrás. Lo poco que se había logrado en la justicia de Acteal, la SCJN hace pocos días lo ha convertido en impunidad.
Hemos dicho decenas de veces que Acteal fue un crimen estado, hay evidencias, hasta los mismos priistas y cardenistas en ese entonces sabían que el entonces presidente municipal de Chenalhó enviaba armas a las comunidades para los paramilitares, eso fue varios meses antes de la masacre y nosotros los miembros de la Sociedad Civil Las Abejas empezamos a denunciar eso, pero desgraciadamente los licenciados de la Subprocuraduría de Justicia Indígena en San Cristóbal de Las Casas, se hacían los sordos. Es por eso que los 20 recientemente liberados no nada más llegaron a matar en Acteal, sino que nos habían amenazado antes, son ellos los que nos desplazaron, los que quemaron nuestras casas y robaron nuestras pertenencias y no fue difícil identificarlos el 22 de diciembre de 1997, porque la mayoría son nuestros primos y tíos, pero por la ideología que les había metido el gobierno priista en ese entonces y del entrenamiento que recibían de la policía y de los militares, actuaron violentamente contra nosotros.
Señalamos también a Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet, Gral. Enrique Cervantes, Mario Renán Castillo, Julio César Ruiz Ferro entre otros, autores intelectuales de la masacre de Acteal, aunque traten de evadir su responsabilidad, como Zedillo y Ruiz Ferro que hace poco intentaron decir en los medios de comunicación que no tuvieron nada que ver con la masacre de Acteal, estas personas y sus cómplices tendrán que llevarse a juicio, así mismo, los autores materiales que tienen órdenes de aprehensión tendrán que ser detenidos y confiesen ¿quién los entrenó, de dónde venían las órdenes que recibían, dónde consiguieron las armas y por qué actuaron sin piedad contra inocentes, niños, mujeres embarazadas y hombres?
Lo que queremos aclarar a la sociedad civil nacional e internacional, es que la masacre de Acteal no fue por conflicto intercomunitario, mucho menos por un conflicto interreligioso, si se detuvieron gente evangélica, es porque se hicieron paramilitares; participaron en quema de casas, robo de pertenencias y después llegaron a matar en Acteal. Aquí queremos decir lo que nos indigna, que el gobierno de Chiapas le pidió a los paramilitares liberados no regresarar a Chenalhó que teme por la seguridad de ellos, ¡nomás eso nos faltaba! ¡Qué nos diga el gobierno de Chiapas nuestros antecedentes de ser agresores y violentos! Así como las iglesias evangélicas que dijeron, /las víctimas de la masacre se encuentran con "mucho rencor" /(nota del periódico Milenio Vie, 14/08/2009), les pedimos que ya no sigan creyendo en estas confusiones que siempre han venido sembrando desde después de la masacre, con el fin de encubrir el crimen de estado.
Vemos que después de la liberación de los paramilitares se empiezan a revelar y se están aclarando muchas cosas, como la acción del gobierno de Juan Sabines que va a apoyar a los asesinos libres, para que puedan vivir en la /gloria/. Nosotros los sobrevivientes de Acteal con esta acción lo resumimos, /¿si quieres regalos, bonos para viviendas, dinero y tierra?, mata a niños, a mujeres embarazadas y tendrás todo lo que quieres. ¡Hechos no Palabras! /Así mismo, el presidente Calderón dice que su gobierno no permitirá otro Acteal, pero que acepta la decisión de
los ministros de la SCJN. Entonces, ¿por qué está de acuerdo en la liberación de los asesinos de Acteal, que ellos y con la ayuda de sus compañeros que viven en las comunidades, podrían agredir a los testigos de la masacre de Acteal? Está bien claro que los gobernantes y los políticos son doctores en mentira. Aquí queremos recordarles algunos sucesos similares después de la masacre de Acteal, con lo que pasó con la liberación de los asesinos; cuando Julio César Ruiz Ferro en ese entonces gobernador de Chiapas renunció pocos días de haber sucedida la masacre que en lugar de llevarlo a juicio, le dieron de premio nombrarlo agregado de agricultura en la embajada de México en EEUU, igual pasó con el resto de los autores intelectuales de la masacre, siguieron teniendo
privilegios.
México está en vergüenza, porque ha demostrado que sus gobernantes y las máximas autoridades de impartición de justicia carecen de capacidad, de independencia y de imparcialidad, a pesar de que buscamos hablar con los Ministros de la SCJN de la primera sala, para exponerle nuestros
testimonios de lo que pasó antes y del mero 22 de diciembre de 1997, nunca nos hizo caso. Así mismo el pasado 12 de agosto cuando la sesión de la primera sala era una audiencia pública, nos negaron la entrada como víctimas de la masacre, no así a los abogados de los paramilitares el
CIDE, que tuvieron acceso sin ningún problema.
Ante todo esto, le pedimos respetuosamente a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU a través de su representante en México que hoy nos visita aquí en Acteal, su valiosa intervención al respecto. Que se esclarezca la masacre de Acteal, ¿por qué sucedió? ¿en qué circunstancias se dio? Le pedimos también a la Alta Comisionada es que no nada más se castiguen a los autores materiales, sino que también los autores intelectuales se lleven a juicio. Y que quede claro la participación del gobierno en la masacre de Acteal. Pero para lograr todo esto, ya no tenemos confianza en que las autoridades mexicanas puedan hacerlo solos para conocer la verdad y aplicar la justicia, sino que pedimos que haya una coadyuvancia e intervención de abogados y especialistas internacionales independientes e imparciales.
Hemos manifestado nuestra preocupación por la garantía de nuestras vidas e integridad física, como testigos recordamos que cuando llegábamos a hacer careos con los paramilitares en el reclusorio, nos amenazaban que cuando salieran libres iban a ajustar cuentas contra nosotros. Pero sabemos que las medidas de seguridad acostumbrado a dar el gobierno, son los policías y militares, y esas corporaciones son un peligro para nuestras comunidades y sobre todo para las mujeres. Lo viable es que se puedan mandar observadores de derechos humanos nacionales e internacionales. De ninguna manera aceptaríamos gente del gobierno, porque por experiencia, sabemos que sólo vienen a observarnos y sacar información sobre nuestra organización y lucha y luego planean estrategias para dividirnos y desarticular nuestras comunidades.
Finalmente, queremos agradecer la visita del representante de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, y que sea el portavoz de nuestro testimonio y de nuestras denuncias por las violaciones a nuestros derechos como víctimas de Acteal, que la justicia ya no tarde en llegar a
nuestra comunidad y que se conozca la verdad de la masacre.
Agradecemos también por su paciencia e interés en escuchar y conocer nuestros sufrimientos. Así mismo, agradecemos la solidaridad de la sociedad civil nacional e internacional que siempre nos han apoyado y creído en nuestra palabra, que juntos sigamos trabajando por la paz con justicia y dignidad y que podamos arrancar desde las raíces las violaciones a nuestros derechos humanos.
ATENTAMENTE
La Voz de la Sociedad Civil Las Abejas
22 ago 2009
Foro: “Luchas por la demarcación de Pueblos indígenas en Venezuela"
La Fundación Gran Mariscal de Ayacucho y el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos invitan al Foro:
“Luchas por la demarcación de Pueblos indígenas en Venezuela".
Ponentes
René Kuppe
Doctor en antropología y derecho en la universidad de Viena, Austria.
Lusbi Portillo
Miembro de la ONG Sociedad Homo et Natura.
Vladimir Aguilar
Profesor de la Universidad de los Andes
Ricardo Colmenares Olivar
Doctor en Derecho y Profesor de la Universidad del Zulia.
Fecha: viernes 28 de agosto de 2009.
Lugar: sala de teatro 2 / CELARG.
Hora: 10:00 am.
“Luchas por la demarcación de Pueblos indígenas en Venezuela".
Ponentes
René Kuppe
Doctor en antropología y derecho en la universidad de Viena, Austria.
Lusbi Portillo
Miembro de la ONG Sociedad Homo et Natura.
Vladimir Aguilar
Profesor de la Universidad de los Andes
Ricardo Colmenares Olivar
Doctor en Derecho y Profesor de la Universidad del Zulia.
Fecha: viernes 28 de agosto de 2009.
Lugar: sala de teatro 2 / CELARG.
Hora: 10:00 am.
15 ago 2009
Comunicado por el asesinato de Mendoza Collío (Por K.P.T.).
COMUNICADO
El Kordon Poblacional Temuko manifiesta su más enérgico, rechazo al asesinato del que fue objeto Jaime Mendoza Collio por efectivos policiales en la Comunidad Requen Pillan comuna de Ercilla, provincia de Malleco, que reivindican sus derechos a la recuperación de sus tierras usurpadas por particulares y forestales transnacionales. Bajo el amparo del Estado los secuaces del GOPE y fuerzas especiales, concretan las verdaderas intenciones que tiene este gobierno opresor y fascista a favor del exterminio de la Nación Mapuche, verdaderos dueños de las tierras.
Una vez más como tantos otros asesinatos de Weichafes Mapuches el Ministerio Público seguramente alargaran los proceso para hacer justicia ante este nuevo asesinato…. Pero de que justicia estamos hablando si nuevamente al igual que Walter Ramírez el asesino de Matias Catrileo a Patricio Jara se le cargara toda la culpa por ser el ejecutor del disparo, si bien es culpable por ser un verdugo del Estado los verdaderos cerebros son el Estado y los Empresarios Forestales. Por el fin a la militarización del territorio Mapuche y porque el valor del mulfun derramado no impedirá la lucha organizada Por la reivindicación….. Por la autodeterminación…de la nacion mapuche..
MARI CHIWEU
PEÑIS Y LAGMIENES A SALIR A LA CALLE, A REPUDIAR LO QUE HA PASADO MARCHA 17 DE AGOSTO DESDE LA UFRO 11 HRS EN REPUDIO AL ASESINATO DE JAIME MENDOZA COLLIO Y EN CONTRA DE LA LEY ANTIPROTESTA SOCIAL LA CUAL IMPEDIRÁ EXPRESAR NUESTRO REPUDIO A ESTE TIPO DE INJUSTICIA Y A TANTAS QUE VIVIMOS A DIARIO… CESANTIA, HAMBRE, COLAS EN LOS CONSULTORIOS, EDUCACIÓN MALA Y SIN OPORTUNIDADES DE TRABAJO……… TEMUKO 13 DE AGOSTO DE 2009-08-14
DESDE TERRITORIO MAPUCHE
KORDON POBLACIONAL TEMUKO
El Kordon Poblacional Temuko manifiesta su más enérgico, rechazo al asesinato del que fue objeto Jaime Mendoza Collio por efectivos policiales en la Comunidad Requen Pillan comuna de Ercilla, provincia de Malleco, que reivindican sus derechos a la recuperación de sus tierras usurpadas por particulares y forestales transnacionales. Bajo el amparo del Estado los secuaces del GOPE y fuerzas especiales, concretan las verdaderas intenciones que tiene este gobierno opresor y fascista a favor del exterminio de la Nación Mapuche, verdaderos dueños de las tierras.
Una vez más como tantos otros asesinatos de Weichafes Mapuches el Ministerio Público seguramente alargaran los proceso para hacer justicia ante este nuevo asesinato…. Pero de que justicia estamos hablando si nuevamente al igual que Walter Ramírez el asesino de Matias Catrileo a Patricio Jara se le cargara toda la culpa por ser el ejecutor del disparo, si bien es culpable por ser un verdugo del Estado los verdaderos cerebros son el Estado y los Empresarios Forestales. Por el fin a la militarización del territorio Mapuche y porque el valor del mulfun derramado no impedirá la lucha organizada Por la reivindicación….. Por la autodeterminación…de la nacion mapuche..
MARI CHIWEU
PEÑIS Y LAGMIENES A SALIR A LA CALLE, A REPUDIAR LO QUE HA PASADO MARCHA 17 DE AGOSTO DESDE LA UFRO 11 HRS EN REPUDIO AL ASESINATO DE JAIME MENDOZA COLLIO Y EN CONTRA DE LA LEY ANTIPROTESTA SOCIAL LA CUAL IMPEDIRÁ EXPRESAR NUESTRO REPUDIO A ESTE TIPO DE INJUSTICIA Y A TANTAS QUE VIVIMOS A DIARIO… CESANTIA, HAMBRE, COLAS EN LOS CONSULTORIOS, EDUCACIÓN MALA Y SIN OPORTUNIDADES DE TRABAJO……… TEMUKO 13 DE AGOSTO DE 2009-08-14
DESDE TERRITORIO MAPUCHE
KORDON POBLACIONAL TEMUKO
Temucuicui: Denuncia Pública por la muerte del weichafe Mendoza Collio.
La Comunidad Mapuche Autónoma de Temukuikui, desde la zona de conflicto, declara a la opinión pública mapuche y no mapuche lo siguiente:
1.- Ayer, martes 12 de agosto, el weichafe de Requem Pillán, Jaime Facundo Mendoza Collio, de 24 años, fue brutalmente asesinado por el suboficial de Carabineros Miguel Ángel Jara Muñoz al interior de la comunidad Requem Cabrapán por causa de una supuesta agresión a este uniformado de diez comuneros que lo habrían atacado con escopetas. La comunidad Requem Pillán se encontraba ocupando el fundo San Sebastián, en manos del particular Sergio González Jarpa; llegaron Carabineros al lugar y luego de que un grupo de peñi y lamngen fueron a conversar con ellos para exigir la presencia de un funcionario público que sirviera de mediador, estos los habrían detenido produciéndose una persecución al resto de los peñy, quienes se refugiaron al interior de la comunidad de Requem Cabrapan, en este lugar le dieron muerte al peñy disparándole por la espalda.
2.- Los demás peñi presentes decidieron proteger el cuerpo, evitando que los uniformados accedieran a él, pues es sabido que éstos pueden manipular las evidencias para justificar su accionar excesivo, como la práctica que tienen en las comunidades de recoger los casquillos de sus armas de fuego para ocultar el hecho de que no sólo usan balines de goma, sino balas de grueso calibre. Los weichafe presentes pidieron la mediación de la iglesia para entregar el cuerpo a las autoridades. En momentos que había llegado la prensa y peñi de otras comunidades a apoyar a los weichafe, se produjo un nuevo enfrentamiento en donde Carabineros disparó indiscriminadamente contra mapuche y miembros de la prensa, resultando de esto 8 peñi baleados, además de algunos periodistas que resultaron con heridas menores producto de los perdigones.
3.- Como comunidad condenamos enérgicamente la muerte del peñi Jaime Mendoza Collio; con esto el Estado chileno nos ha mostrado cual es el “nuevo trato” que pretende usar con los mapuches, que de todas formas es el que viene aplicando desde siempre: atropellos legales, indefensión de la justicia y asesinatos justificados cuando son cometidos por funcionarios públicos.
4.-Solidarizamos con la familia del peñi asesinado así como también con el lof de Requem Pillán, con quienes hemos venido trabajando desde hace tiempo en el proceso de recuperación del territorio ancestral.
5.-Se ha demostrado también la incapacidad del gobierno para manejar este conflicto, ya que el oficialismo pensó ilusamente que encarcelando un par de comuneros iba a detener un proceso que tiene su origen en el establecimiento mismo del Estado chileno y la anexión arbitraria de la Nación Mapuche a éste, en donde las demandas territoriales de las distintas comunidades del Wallmapu tienen diferentes naturaleza.
Esperamos que la opinión pública no permanezca insensible ante este nuevo acto terrorista por parte de los funcionarios del gobierno de Michele Bachellet, quien carga ya dos peñi muertos en su conciencia, y que se condene internacionalmente al Estado chileno por los atropellos cometidos a los derechos humanos de los mapuche.
EL ESTADO NOS LLAMA TERRORISTAS PERO SOMOS NOSOTROS QUIENES PONEMOS LOS MUERTOS.
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE
CASTIGO A LOS ASESINOS
MARRICHIWEW
Comunidad Mapuche TEMUCUICUI
14 de agosto de 2009
1.- Ayer, martes 12 de agosto, el weichafe de Requem Pillán, Jaime Facundo Mendoza Collio, de 24 años, fue brutalmente asesinado por el suboficial de Carabineros Miguel Ángel Jara Muñoz al interior de la comunidad Requem Cabrapán por causa de una supuesta agresión a este uniformado de diez comuneros que lo habrían atacado con escopetas. La comunidad Requem Pillán se encontraba ocupando el fundo San Sebastián, en manos del particular Sergio González Jarpa; llegaron Carabineros al lugar y luego de que un grupo de peñi y lamngen fueron a conversar con ellos para exigir la presencia de un funcionario público que sirviera de mediador, estos los habrían detenido produciéndose una persecución al resto de los peñy, quienes se refugiaron al interior de la comunidad de Requem Cabrapan, en este lugar le dieron muerte al peñy disparándole por la espalda.
2.- Los demás peñi presentes decidieron proteger el cuerpo, evitando que los uniformados accedieran a él, pues es sabido que éstos pueden manipular las evidencias para justificar su accionar excesivo, como la práctica que tienen en las comunidades de recoger los casquillos de sus armas de fuego para ocultar el hecho de que no sólo usan balines de goma, sino balas de grueso calibre. Los weichafe presentes pidieron la mediación de la iglesia para entregar el cuerpo a las autoridades. En momentos que había llegado la prensa y peñi de otras comunidades a apoyar a los weichafe, se produjo un nuevo enfrentamiento en donde Carabineros disparó indiscriminadamente contra mapuche y miembros de la prensa, resultando de esto 8 peñi baleados, además de algunos periodistas que resultaron con heridas menores producto de los perdigones.
3.- Como comunidad condenamos enérgicamente la muerte del peñi Jaime Mendoza Collio; con esto el Estado chileno nos ha mostrado cual es el “nuevo trato” que pretende usar con los mapuches, que de todas formas es el que viene aplicando desde siempre: atropellos legales, indefensión de la justicia y asesinatos justificados cuando son cometidos por funcionarios públicos.
4.-Solidarizamos con la familia del peñi asesinado así como también con el lof de Requem Pillán, con quienes hemos venido trabajando desde hace tiempo en el proceso de recuperación del territorio ancestral.
5.-Se ha demostrado también la incapacidad del gobierno para manejar este conflicto, ya que el oficialismo pensó ilusamente que encarcelando un par de comuneros iba a detener un proceso que tiene su origen en el establecimiento mismo del Estado chileno y la anexión arbitraria de la Nación Mapuche a éste, en donde las demandas territoriales de las distintas comunidades del Wallmapu tienen diferentes naturaleza.
Esperamos que la opinión pública no permanezca insensible ante este nuevo acto terrorista por parte de los funcionarios del gobierno de Michele Bachellet, quien carga ya dos peñi muertos en su conciencia, y que se condene internacionalmente al Estado chileno por los atropellos cometidos a los derechos humanos de los mapuche.
EL ESTADO NOS LLAMA TERRORISTAS PERO SOMOS NOSOTROS QUIENES PONEMOS LOS MUERTOS.
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE
CASTIGO A LOS ASESINOS
MARRICHIWEW
Comunidad Mapuche TEMUCUICUI
14 de agosto de 2009
OBSERVATORIO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE VENEZUELA DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ESTUDIOS JURÍDICOS Y ESTUDIOS POLÍTICOS DE LA UBV
Considerando que el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano ha generado un paradigma democrático mucho más avanzado que el del mal llamado “primer mundo”
Considerando que el Estado, la institucionalidad y la mayoría de los funcionarios públicos reproducen aún un orden y pensamiento colonial, favoreciendo la continuidad histórica del despojo, maltrato y marginación de los pueblos indígenas.
Considerando que pese a los reiterados llamados del Presidente de la República a ejecutar la Constitución y las leyes que favorecen a los pueblos indígenas, no se ha logrado hacer efectiva la normativa constitucional y legal en la materia, siendo la demarcación de territorios un hecho fundamental para la garantía de los demás derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Considerando que la cultura colonial tiene siglos de dominio durante los cuales se instala en todos los espacios de la vida y del pensamiento: desde los cuentos infantiles, bibliografía y curriculos de todos los niveles educativos, programación de medios de comunicación, religiones, y hasta chistes, asentándose en el sentido común de la población en general mediante expresiones de endoracismo.
Considerando el papel promotor de la Universidad Bolivariana de Venezuela de sus estudiantes, docentes y egresados y demás personas y/o entes sensibilizados con la causa indígena; en la búsqueda de la verdad, del conocimiento y la acción en función del beneficio material y espiritual de la nación.
Hemos decidido:
La creación de un Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Venezuela, con la finalidad de reconocer, ampliar y estructurar los procesos de investigación acción participativa emprendidos por sus estudiantes y docentes junto activistas sociales y comunidades en materia de garantía de estos derechos en todo el país.
En su primera fase, se considera pertinente desarrollar una experiencia piloto que permita sentar las bases para la organización del observatorio en el ámbito nacional, a tales fines se ha seleccionado la situación de las comunidades indígenas Yukpas y Bari de la Sierra de Perijá con las cuales profesoras, profesores y estudiantes de nuestros programas de formación ya han venido trabajando.
Definición del Problema
Si bien a partir de 1999 se ha producido en Venezuela una reivindicación constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, éstos no se han traducido en la restitución de los territorios indígenas ancestrales, derecho fundamental para este sector social. Las instituciones del Estado se limitan a congratularse por las bondades de la normativa a favor de los indígenas en el país sin reconocer los pocos avances concretos en asuntos vitales como la entrega de sus territorios. De hecho, en el estado Zulia, localidad que posee el mayor porcentaje de la población indígena nacional, no se ha devuelto a la fecha un solo metro cuadrado de territorio a las comunidades indígenas.
En específico, en el caso de Venezuela esta situación es doblemente peligrosa porque pone en evidencia una práctica contradictoria con el objetivo político estratégico de la Revolución Bolivariana que exige una transformación política, social y económica a favor de los excluidos como estrategia para el logro de la justicia social, pues de hecho, los indígenas constituyen una población excluida históricamente cuyos derechos siguen siendo postergados. La voluntad del Sr. Presidente, Hugo Chávez, expresada en reiteradas ocasiones, y orientadora de la gran tarea de saldar la deuda histórica contraída con los pueblos indígenas, contrasta con el compromiso revolucionario de muchos de las servidoras y servidores públicos que tienen responsabilidad en esta materia y no implementan las políticas destinadas a saldar dicha deuda. Esta realidad hace ver que las instituciones del Estado venezolano no están desafiando el status quo capitalista ni están cumpliendo con el objetivo revolucionario de generar transformaciones a favor de los indígenas.
La condición referida es una realidad a lo largo y ancho del territorio nacional, no obstante, han sido las comunidades indígenas Yukpa ubicadas en la Cuenca del Río Yaza de la Sierra de Perijá en el Estado Zulia quiénes desde inicios del año 2008 han generado un proceso de lucha por sus tierra ancestrales y han puesto en evidencia ante la opinión pública nacional esta situación, logrando la alianza de diversidad de organizaciones sociales e instituciones.
La población de la región del Perijá ubicada en el Estado Zulia en la frontera occidental de Venezuela, al igual que otras regiones del país, carece de mecanismos o dispositivos permanentes que le permitan el acopio de información, análisis y seguimiento de los conflictos que allí se presentan. En el caso concreto de los conflictos generados con los pueblos indígenas Yukpa y Barí, esta realidad es particularmente grave por su ubicación fronteriza y la presencia en su territorio de multinacionales, hacendados, industriales, empresarios y grupos armados de diversa tendencia, así como por población desplazados por razones del conflicto colombiano.
Este es un conflicto que tiene su origen en la misma invasión española, pero se ha profundizado en diferentes momentos impactando a la población más vulnerable, y en consecuencia afectando la dignidad y el territorio de los pueblos indígenas. Actualmente el conflicto se agudiza por la dilación del proceso demarcación por parte del Estado venezolano de los límites territoriales de los indígenas.
Las características socio-jurídica, políticas y ambientales convierten esta realidad en un problema de interés para los juristas, antropólogos, sociólogos y otros profesionales y estudiantes de diferentes áreas, entre quienes se cuentan las y los estudiantes, profesoras y profesores de la UBV quiénes vienen vinculados desde la Unidad curricular “Proyecto” (Relación entre la universidad y los sectores populares) a diferentes grupos y organizaciones sociales, entre ellas a las indígenas, con el propósito de aportar a la consolidación de la justicia social y jurídica que debe comprender el nuevo ordenamiento jurídico y la elaboración de políticas públicas.
En este contexto, surge la propuesta de un Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Venezuela que pretende ser un proyecto de dimensiones nacionales, pues la República Bolivariana cuenta con una gran diversidad de etnias distribuidas a lo largo u ancho del territorio nacional, no obstante, a los fines de iniciar sus actividades se ha propuesto comenzar con una experiencia piloto sobre la situación de las comunidades indígenas Yukpa y Barí ubicadas en la Sierra de Perijá, estado Zulia.
Justificación
En general el estado del Zulia y en particular la región del Perijá, por ser zona de frontera de grandes recursos estratégicos y contar con una situación política específica, es una región en la cual se manifiestan un sin número de tensiones y conflictos que dan como resultado un complejo panorama, en el que se sintetizan buena parte de los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas.
La presencia de multinacionales, la estrategia nacional de ampliación de la frontera agrícola, al igual que la explotación del recurso minero de hierro y carbón, así como la presencia de población desplazada por el conflicto colombiano en este territorio, genera controversia por parte de los indígenas que ven invadidos sus territorios. La confluencia en este espacio geográfico de un conjunto de actores con intereses, culturas y cosmovisiones muchas veces opuestas, genera una alta conflictividad. Frente a esto los grupos indígenas han ido ganando un importante nivel de solidaridad, organización y movilización para la visibilización de sus problemáticas.
La situación descrita anteriormente hace evidente que el Estado venezolano requiere de información, análisis y propuestas para tomar decisiones y avanzar en la transformación social dirigida a saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas como objetivo estratégico en la construcción del Socialismo del siglo XXI. Esto supone generar insumos para dar un debate con carácter descolonizador sobre el tipo de socialismo que requiere ser construido en Venezuela; es decir sobre el tipo de economía que se requiere implementar en zonas como esta, sobre el manejo del medio ambiente, sobre la importancia de una mirada que comprenda como un valor el respeto y reconocimiento de la diversidad jurídica, organizativa y cultural de un país.
Es evidente la necesidad de interpretar la ley actual y verificar sus implicaciones sobre la justicia social que se debe a la población más vulnerable, implica además; contribuir a que sean oídos los puntos de vista desde los diferentes grupos indígenas, contribuir al reconocimiento de otros sistemas jurídicos, aportar a la construcción de un nuevo orden de justicia social y cultural, que requiere la construcción del socialismo, se deberá tener en cuenta los procesos históricos vividos y analizados desde los propios indígenas que se han vivido en la zona.
Con el Observatorio se propone, hacer conocer las diferentes formas que asume la exclusión y la violencia contra las poblaciones indígenas, igualmente hacer conocer los aportes desde éstas culturas al conjunto de la población venezolana; sus visiones del mundo, su relación con el entorno y sus prácticas comunitarias de manejos de conflicto y dialogo, buscando generar espacios de reflexión crítica que permitan avanzar hacia la construcción de planes, acciones y programas del Estado Venezolano que favorezcan la justicia social, la equidad, la convivencia, la solución negociada de los conflictos, el respeto por los derechos humanos y culturales de los pueblos indígenas.
Conformación
Se encuentra conformado por estudiantes y docentes de los diferentes programas de la UBV y de las diferentes modalidades de estudios que estén sensibilizados con la problemática indígena y que estén motivados a organizarse para apoyar de forma sistemática las reivindicaciones indígenas, mediante el monitoreo de la situación y la ejecución de actividades que permitan visibilizarla ante la opinión pública nacional y las autoridades con competencia en la materia. El Observatorio ha sido asumido institucionalmente por los PFG de Estudios Jurídicos y Estudios Políticos.
Objetivos
Objetivo General
Incidir en la definición de acciones y políticas del Estado Venezolano que permitan concretar los derechos de los pueblos indígenas mediante el monitoreo de la realidad y a través de la recopilación, estudio y análisis de información de campo y aportes teóricos vinculados, así como elaboración de propuestas de políticas, desde el enfoque de la Investigación-Acción Participativa.
Objetivos específicos
1. Publicar informes que ofrezcan información, análisis y propuestas destinadas a la efectividad de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
2. Generar acciones para la promoción y defensa de los derechos humanos culturales, económicos y ambientales en articulación con comunidades, organizaciones y movimientos sociales.
3. Elaborar pronunciamientos públicos que permitan visibilizar situaciones particularmente graves ante la opinión pública nacional y las autoridades competentes.
Actividades realizadas 2009
1. Inicio del proyecto piloto en el estado Zulia.
2. Inicio de un curso de formación en derechos indígenas de 216 horas académicas.
Este proyecto de formación fue aprobado en el mes de mayo por Fundayacucho.
3. Se cuenta con estudiantes de la UBV, Aldeas de Misión Sucre, UNEFA, UNA y LUZ.
4. Realización de un primer trabajo de campo en el mes de junio en la comunidad de Guamo-Pamocha en la cuenca del Río Yaza. Se realizaron dos talleres: 1.Sobre sus derechos y “ Sobre la estructura del Estado Venezolano. Asi mismo, se aplicó un instrumento para levantar información sobre la cultura y prácticas jurídicas Yukpa.
Logros
• Se ha logrado motivar a un grupo promedio de 40 personas que han participado del proceso de formación de manera regular.
• Se han reforzado los contactos institucionales con la Cruz Roja Venezolano y el Centro Cultural Elia Bermúdez.
• Se cuenta con un proyecto aprobado por Fundayacucho
Informe sobre la situación en la zona (para el 26 de Julio de 2009)
1. Los caciques de las Comunidades de Guamo-Pamocha, Shaktapa, Chaparro, Citakay, Rio Yaza, Shijari, Rio Yaza y Kasmera manifestaron que no han sido convocado a reuniones sobre el tema de Demarcación;
2. El hacendado Tirso Vargas le comunicó a Carlos Romero, cacique de Shijari, que el Gobierno no le ha pagado las bienhechurías, por lo que sigue pendiente de recuperar su propiedad;
3. El cacique Gilberto Méndez señaló que en las Asambleas realizadas en el Centro Piloto “El Tokuko” se coartan los derechos de palabra y las criticas; asimismo se señaló que éstas entidades reciben cuantiosos recursos que no se distribuyen a las comunidades.
4. Una familia de la comunidad de Gilberto Méndez pernoctaron en Machiques esperando atención médica, y fueron atacados con piedras y golpes por población criolla.
Las Autoridades Legitimas y Tradicionales de las Comunidades antes referidas, han expresado su desacuerdo con el Proyecto de Vivienda presentado por el MINPI, por las razones siguientes:
1. Las Comunidades de la Cuenca del Rio Yaza no estaban solicitando viviendas, sino más bien han presentado proyectos para financiamiento de acueductos y para actividades agropecuarias;
2. Las Viviendas que les ofrecen no se corresponden ni con las viviendas yukpa (indígenas) ni se consideran viviendas dignas (son de bloques, techos de zinc, sin espacios entre ellas, son pequeñas y no tienen columnas. Viviendas semejantes prontamente se agrietaron en la comunidad de Kasmera).
3. Sólo se asignan 10 viviendas por comunidad, lo que ha generado conflictos internos al generar privilegiados y excluídos.
4. Para construirlas se ha contratado a gente externa a la comunidad, pero simultáneamente se le exige a los indígenas que oferten su mano de obra sin que esperen ningún tipo de pago (es decir, gratis).
5. Se les dijo que los recursos serán asignados a los Consejos Comunales de la zona, pero que serán manejados por el MINPI.
Análisis de la situación expuesta
A. En relación con sus Derechos Políticos:
1. Las Autoridades Tradicionales Yukpa de la zona (Caciques o Cacicas) al desconocer los mecanismos de comunicación y de acceso a las instancias de Poder no indígena, son políticamente invisibilizados: no son percibidos como actores politicos activos. En consecuencia, son permanentemente excluidos de la toma de decisiones de los asuntos que los afectan mas directamente.
2. Al desconocerlo, el Estado no considera la organización política ancestral yukpa; es decir, todas aquellas prácticas indígenas de organización comunitaria para la toma de decisiones, que tienen origen en la cultura ancestral yukpa, que se reproducen a través del tiempo, y que responde a los parámetros culturales propios de la cultura yukpa.
Según el antropólogo del IVIC Abel Perozo:
“Las sociedades indígenas mantenían un sistema que no se soportaba en una sociedad estratificada. Las decisiones no emanaban de un Poder superior, sino del seno de ellas mismas. Se alcanzaban por consenso, y se negociaban en igualdad de condiciones”.
B. En relación con sus Derechos Territoriales:
1. Las Comunidades Yukpa son objeto de prácticas legales discriminatorias por parte de los entes públicos competentes, dado que:
a) existe negligencia o indiferencia de los funcionarios competentes en el cumplimiento de sus obligaciones de garantizar la seguridad jurídica territorial a dichas comunidades frente a terceros,
b) existe una postergación injustificada en el disfrute de los derechos territoriales que les corresponden históricamente;
c) se les impide el ser protagonistas en los procesos de demarcación territorial, al ser excluidos del acceso a la información y de las instancias (o momentos) correspondientes de participación y decisión en ésta materia;
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
El Estado deberá proceder a delimitar, demarcar y titular las tierras que corresponden a las Comunidades indígenas en un plazo máximo de 15 meses, con la plena participación de la comunidad, y tomando en consideración el derecho indígena. Asimismo señala que mientras no se hayan delimitado, demarcado y titulado las tierras el Estado debe abstenerse de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes territoriales indígenas.
C. En relación con su Derecho a la Vivienda:
1. Las Comunidades Yukpa son objeto de la implementación de programas habitacionales inadecuados e incompatibles culturalmente, porque:
a) Dichos proyectos habitacionales carecen de la respectiva Evaluación de Impacto Socio-cultural, que debe ser siempre PREVIA a la realización de los mismos.
b) Las viviendas no son adecuadas culturalmente: ya que: 1) la vivienda no es expresión de la identidad cultural yukpa; 2) Ni la manera como éstas son construidas, ni los materiales utilizados ni las personas que las elaboran son indígenas.
c) La arquitectura y criterio de urbanización de dichas viviendas es incompatible culturalmente con el modo de vida ancestral yukpa, por lo que sólo puede generar o acentuar procesos etnocidas de asimilación (des-indianización) en las comunidades yukpa.
La Arquitectura Indígena plantea: una adaptación perfecta a los microclimas locales; una gran flexibilidad de sus áreas; las casas son comunales (las familias extensivas viven juntas), se respeta la geomorfología del entorno, y se respeta a las demás personas y sus casas. En cuanto a la vivienda indígena, es espacialmente ilimitada , concentra valores compartidos colectivamente, es una mezcla particular de herencias propias, es autocostruida familiarmente, es realizada con materiales de la zona, no contaminantes.
Ninguna de éstas características las cumplen los proyectos ofrecidos.
D. En relación con sus Derechos Culturales:
1. Las Comunidades Yukpa son objeto de la implementación de programas habitacionales objetables culturalmente, porque:
a) Dichos proyectos habitacionales carecen de la respectiva Evaluación de Impacto Socio-cultural, que debe ser siempre previa a la realización de los mismos.
b) Promueven procesos etnocidas de asimilación forzosa: ya que: refuerza las presiones de culturales de la sociedad envolvente sobre las culturas locales yukpa, a través de dinámicas de “desarrollo inducido” (o “reingeniería social”).
c) Irrespeta las propias opciones de desarrollo endógeno local planificadas por los propios Consejos Comunales yukpa de dicha zona.
En este sentido, la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas en su Art. XXI señala que:
“Los Estados reconocen el derecho de los pueblos indígenas a decidir democráticamente respecto a los valores, objetivos, prioridades y estrategias que presidirán y orientarán su desarrollo, aún cuando los mismos sean distintos a los adoptados por el Estado nacional o por otros segmentos de la sociedad”.
E. En relación con sus Derechos Fundamentales: existe violación:
1. Cuando las Familias Yukpa son objeto de violencia racista.
2. Cuando las Comunidades son intervenidas con políticas asimilacionistas y son forzadas a aceptarlas.
En este sentido, cabe recordar que
a) Dichos proyectos habitacionales carecen de la respectiva Evaluación de Impacto Socio-cultural, que debe ser siempre previa a la realización de los mismos.
b) Promueven procesos de asimilación forzosa: ya que: refuerza las presiones de culturales de la Sociedad envolvente sobre las culturas locales yukpa, a través de dinámicas de “Desarrollo Inducido” (o “ingeniería social”).
c) Irrespeta las propias opciones de desarrollo endógeno local planificadas por los propios Consejos Comunales yukpa de dicha zona.
En este sentido, la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas en su Art. XXI señala que:
“Los Estados reconocen el derecho de los pueblos indígenas a decidir democráticamente respecto a los valores, objetivos, prioridades y estrategias que presidirán y orientarán su desarrollo, aún cuando los mismos sean distintos a los adoptados por el Estado nacional o por otros segmentos de la sociedad”.
F. En relación con la naturaleza del Estado Pluricultural:
1. La Jurisprudencia internacional se plantea que:
“...la aplicación efectiva de la igualdad en una determinada circunstancia y situación, no puede ignorar o desconocer las exigencias propias de la diversidad de condiciones que afectan o caracterizan a cada uno de los sujetos. No son ya candidatas a sufrir el proceso benévolo de reducción a la cultura y a la civilización, sino sujetos culturales plenos, en función de la humanidad que encarnan, con derecho a vivir a tono con sus creencias y a perseguir las metas que juzguen plausibles, dentro del marco ético mínimo que la propia Constitución señala”.
2. El Estado Pluricultural implica para Will Kymlicka, el rechazo a las Políticas de construcción nacional” que asimilan a los miembros de grupos no dominantes.
3. Para el Relator de Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, se distingue porque no se obligaría a ningún grupo o pueblo a asumir un modelo ajeno al propio, y porque los presupuestos generales de gastos de la nación tendrán que contemplar las prioridades de las comunidades indígenas.
Pronunciamiento
De continuarse estás políticas se estará violentando la cultura de las comunidades yukpa, lo que supone además de etnocidio (genocidio cultural), violación a los derechos humanos históricamente conquistados y consagrados en la legislación indígenista vigente en el país.
Los Entes del Poder Ejecutivo tienen la obligación legal y constitucional de garantizar los derechos culturales y territoriales indígenas mediante acciones concretas de protección de la integridad personal, cultural y territorial yukpa, así como apoyando proyectos comunitarios adecuados en lo cultural (interculturales) y lo político (protagonismo indígena), sin exclusiones ni discriminaciones de ninguna clase.
Los Entes del Poder Ciudadano tienen el deber de acompañar a las comunidades yukpa en sus justas demandas de vida digna y respeto cultural y territorial, - garantizando la continuidad y fortalecimiento de los proyectos de etnodesarrollo comunitarios, que contribuyan a superar las condiciones históricas de colonialismo interno sociohistóricamente padecidas por el Pueblo Yukpa, así como por los demás Pueblos indígenas en situación análoga en nuestro país – mediante las acciones jurídicas y políticas correspondientes, con participación directa indígena.
Considerando que el Estado, la institucionalidad y la mayoría de los funcionarios públicos reproducen aún un orden y pensamiento colonial, favoreciendo la continuidad histórica del despojo, maltrato y marginación de los pueblos indígenas.
Considerando que pese a los reiterados llamados del Presidente de la República a ejecutar la Constitución y las leyes que favorecen a los pueblos indígenas, no se ha logrado hacer efectiva la normativa constitucional y legal en la materia, siendo la demarcación de territorios un hecho fundamental para la garantía de los demás derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Considerando que la cultura colonial tiene siglos de dominio durante los cuales se instala en todos los espacios de la vida y del pensamiento: desde los cuentos infantiles, bibliografía y curriculos de todos los niveles educativos, programación de medios de comunicación, religiones, y hasta chistes, asentándose en el sentido común de la población en general mediante expresiones de endoracismo.
Considerando el papel promotor de la Universidad Bolivariana de Venezuela de sus estudiantes, docentes y egresados y demás personas y/o entes sensibilizados con la causa indígena; en la búsqueda de la verdad, del conocimiento y la acción en función del beneficio material y espiritual de la nación.
Hemos decidido:
La creación de un Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas en Venezuela, con la finalidad de reconocer, ampliar y estructurar los procesos de investigación acción participativa emprendidos por sus estudiantes y docentes junto activistas sociales y comunidades en materia de garantía de estos derechos en todo el país.
En su primera fase, se considera pertinente desarrollar una experiencia piloto que permita sentar las bases para la organización del observatorio en el ámbito nacional, a tales fines se ha seleccionado la situación de las comunidades indígenas Yukpas y Bari de la Sierra de Perijá con las cuales profesoras, profesores y estudiantes de nuestros programas de formación ya han venido trabajando.
Definición del Problema
Si bien a partir de 1999 se ha producido en Venezuela una reivindicación constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, éstos no se han traducido en la restitución de los territorios indígenas ancestrales, derecho fundamental para este sector social. Las instituciones del Estado se limitan a congratularse por las bondades de la normativa a favor de los indígenas en el país sin reconocer los pocos avances concretos en asuntos vitales como la entrega de sus territorios. De hecho, en el estado Zulia, localidad que posee el mayor porcentaje de la población indígena nacional, no se ha devuelto a la fecha un solo metro cuadrado de territorio a las comunidades indígenas.
En específico, en el caso de Venezuela esta situación es doblemente peligrosa porque pone en evidencia una práctica contradictoria con el objetivo político estratégico de la Revolución Bolivariana que exige una transformación política, social y económica a favor de los excluidos como estrategia para el logro de la justicia social, pues de hecho, los indígenas constituyen una población excluida históricamente cuyos derechos siguen siendo postergados. La voluntad del Sr. Presidente, Hugo Chávez, expresada en reiteradas ocasiones, y orientadora de la gran tarea de saldar la deuda histórica contraída con los pueblos indígenas, contrasta con el compromiso revolucionario de muchos de las servidoras y servidores públicos que tienen responsabilidad en esta materia y no implementan las políticas destinadas a saldar dicha deuda. Esta realidad hace ver que las instituciones del Estado venezolano no están desafiando el status quo capitalista ni están cumpliendo con el objetivo revolucionario de generar transformaciones a favor de los indígenas.
La condición referida es una realidad a lo largo y ancho del territorio nacional, no obstante, han sido las comunidades indígenas Yukpa ubicadas en la Cuenca del Río Yaza de la Sierra de Perijá en el Estado Zulia quiénes desde inicios del año 2008 han generado un proceso de lucha por sus tierra ancestrales y han puesto en evidencia ante la opinión pública nacional esta situación, logrando la alianza de diversidad de organizaciones sociales e instituciones.
La población de la región del Perijá ubicada en el Estado Zulia en la frontera occidental de Venezuela, al igual que otras regiones del país, carece de mecanismos o dispositivos permanentes que le permitan el acopio de información, análisis y seguimiento de los conflictos que allí se presentan. En el caso concreto de los conflictos generados con los pueblos indígenas Yukpa y Barí, esta realidad es particularmente grave por su ubicación fronteriza y la presencia en su territorio de multinacionales, hacendados, industriales, empresarios y grupos armados de diversa tendencia, así como por población desplazados por razones del conflicto colombiano.
Este es un conflicto que tiene su origen en la misma invasión española, pero se ha profundizado en diferentes momentos impactando a la población más vulnerable, y en consecuencia afectando la dignidad y el territorio de los pueblos indígenas. Actualmente el conflicto se agudiza por la dilación del proceso demarcación por parte del Estado venezolano de los límites territoriales de los indígenas.
Las características socio-jurídica, políticas y ambientales convierten esta realidad en un problema de interés para los juristas, antropólogos, sociólogos y otros profesionales y estudiantes de diferentes áreas, entre quienes se cuentan las y los estudiantes, profesoras y profesores de la UBV quiénes vienen vinculados desde la Unidad curricular “Proyecto” (Relación entre la universidad y los sectores populares) a diferentes grupos y organizaciones sociales, entre ellas a las indígenas, con el propósito de aportar a la consolidación de la justicia social y jurídica que debe comprender el nuevo ordenamiento jurídico y la elaboración de políticas públicas.
En este contexto, surge la propuesta de un Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Venezuela que pretende ser un proyecto de dimensiones nacionales, pues la República Bolivariana cuenta con una gran diversidad de etnias distribuidas a lo largo u ancho del territorio nacional, no obstante, a los fines de iniciar sus actividades se ha propuesto comenzar con una experiencia piloto sobre la situación de las comunidades indígenas Yukpa y Barí ubicadas en la Sierra de Perijá, estado Zulia.
Justificación
En general el estado del Zulia y en particular la región del Perijá, por ser zona de frontera de grandes recursos estratégicos y contar con una situación política específica, es una región en la cual se manifiestan un sin número de tensiones y conflictos que dan como resultado un complejo panorama, en el que se sintetizan buena parte de los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas.
La presencia de multinacionales, la estrategia nacional de ampliación de la frontera agrícola, al igual que la explotación del recurso minero de hierro y carbón, así como la presencia de población desplazada por el conflicto colombiano en este territorio, genera controversia por parte de los indígenas que ven invadidos sus territorios. La confluencia en este espacio geográfico de un conjunto de actores con intereses, culturas y cosmovisiones muchas veces opuestas, genera una alta conflictividad. Frente a esto los grupos indígenas han ido ganando un importante nivel de solidaridad, organización y movilización para la visibilización de sus problemáticas.
La situación descrita anteriormente hace evidente que el Estado venezolano requiere de información, análisis y propuestas para tomar decisiones y avanzar en la transformación social dirigida a saldar la deuda histórica con los pueblos indígenas como objetivo estratégico en la construcción del Socialismo del siglo XXI. Esto supone generar insumos para dar un debate con carácter descolonizador sobre el tipo de socialismo que requiere ser construido en Venezuela; es decir sobre el tipo de economía que se requiere implementar en zonas como esta, sobre el manejo del medio ambiente, sobre la importancia de una mirada que comprenda como un valor el respeto y reconocimiento de la diversidad jurídica, organizativa y cultural de un país.
Es evidente la necesidad de interpretar la ley actual y verificar sus implicaciones sobre la justicia social que se debe a la población más vulnerable, implica además; contribuir a que sean oídos los puntos de vista desde los diferentes grupos indígenas, contribuir al reconocimiento de otros sistemas jurídicos, aportar a la construcción de un nuevo orden de justicia social y cultural, que requiere la construcción del socialismo, se deberá tener en cuenta los procesos históricos vividos y analizados desde los propios indígenas que se han vivido en la zona.
Con el Observatorio se propone, hacer conocer las diferentes formas que asume la exclusión y la violencia contra las poblaciones indígenas, igualmente hacer conocer los aportes desde éstas culturas al conjunto de la población venezolana; sus visiones del mundo, su relación con el entorno y sus prácticas comunitarias de manejos de conflicto y dialogo, buscando generar espacios de reflexión crítica que permitan avanzar hacia la construcción de planes, acciones y programas del Estado Venezolano que favorezcan la justicia social, la equidad, la convivencia, la solución negociada de los conflictos, el respeto por los derechos humanos y culturales de los pueblos indígenas.
Conformación
Se encuentra conformado por estudiantes y docentes de los diferentes programas de la UBV y de las diferentes modalidades de estudios que estén sensibilizados con la problemática indígena y que estén motivados a organizarse para apoyar de forma sistemática las reivindicaciones indígenas, mediante el monitoreo de la situación y la ejecución de actividades que permitan visibilizarla ante la opinión pública nacional y las autoridades con competencia en la materia. El Observatorio ha sido asumido institucionalmente por los PFG de Estudios Jurídicos y Estudios Políticos.
Objetivos
Objetivo General
Incidir en la definición de acciones y políticas del Estado Venezolano que permitan concretar los derechos de los pueblos indígenas mediante el monitoreo de la realidad y a través de la recopilación, estudio y análisis de información de campo y aportes teóricos vinculados, así como elaboración de propuestas de políticas, desde el enfoque de la Investigación-Acción Participativa.
Objetivos específicos
1. Publicar informes que ofrezcan información, análisis y propuestas destinadas a la efectividad de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
2. Generar acciones para la promoción y defensa de los derechos humanos culturales, económicos y ambientales en articulación con comunidades, organizaciones y movimientos sociales.
3. Elaborar pronunciamientos públicos que permitan visibilizar situaciones particularmente graves ante la opinión pública nacional y las autoridades competentes.
Actividades realizadas 2009
1. Inicio del proyecto piloto en el estado Zulia.
2. Inicio de un curso de formación en derechos indígenas de 216 horas académicas.
Este proyecto de formación fue aprobado en el mes de mayo por Fundayacucho.
3. Se cuenta con estudiantes de la UBV, Aldeas de Misión Sucre, UNEFA, UNA y LUZ.
4. Realización de un primer trabajo de campo en el mes de junio en la comunidad de Guamo-Pamocha en la cuenca del Río Yaza. Se realizaron dos talleres: 1.Sobre sus derechos y “ Sobre la estructura del Estado Venezolano. Asi mismo, se aplicó un instrumento para levantar información sobre la cultura y prácticas jurídicas Yukpa.
Logros
• Se ha logrado motivar a un grupo promedio de 40 personas que han participado del proceso de formación de manera regular.
• Se han reforzado los contactos institucionales con la Cruz Roja Venezolano y el Centro Cultural Elia Bermúdez.
• Se cuenta con un proyecto aprobado por Fundayacucho
Informe sobre la situación en la zona (para el 26 de Julio de 2009)
1. Los caciques de las Comunidades de Guamo-Pamocha, Shaktapa, Chaparro, Citakay, Rio Yaza, Shijari, Rio Yaza y Kasmera manifestaron que no han sido convocado a reuniones sobre el tema de Demarcación;
2. El hacendado Tirso Vargas le comunicó a Carlos Romero, cacique de Shijari, que el Gobierno no le ha pagado las bienhechurías, por lo que sigue pendiente de recuperar su propiedad;
3. El cacique Gilberto Méndez señaló que en las Asambleas realizadas en el Centro Piloto “El Tokuko” se coartan los derechos de palabra y las criticas; asimismo se señaló que éstas entidades reciben cuantiosos recursos que no se distribuyen a las comunidades.
4. Una familia de la comunidad de Gilberto Méndez pernoctaron en Machiques esperando atención médica, y fueron atacados con piedras y golpes por población criolla.
Las Autoridades Legitimas y Tradicionales de las Comunidades antes referidas, han expresado su desacuerdo con el Proyecto de Vivienda presentado por el MINPI, por las razones siguientes:
1. Las Comunidades de la Cuenca del Rio Yaza no estaban solicitando viviendas, sino más bien han presentado proyectos para financiamiento de acueductos y para actividades agropecuarias;
2. Las Viviendas que les ofrecen no se corresponden ni con las viviendas yukpa (indígenas) ni se consideran viviendas dignas (son de bloques, techos de zinc, sin espacios entre ellas, son pequeñas y no tienen columnas. Viviendas semejantes prontamente se agrietaron en la comunidad de Kasmera).
3. Sólo se asignan 10 viviendas por comunidad, lo que ha generado conflictos internos al generar privilegiados y excluídos.
4. Para construirlas se ha contratado a gente externa a la comunidad, pero simultáneamente se le exige a los indígenas que oferten su mano de obra sin que esperen ningún tipo de pago (es decir, gratis).
5. Se les dijo que los recursos serán asignados a los Consejos Comunales de la zona, pero que serán manejados por el MINPI.
Análisis de la situación expuesta
A. En relación con sus Derechos Políticos:
1. Las Autoridades Tradicionales Yukpa de la zona (Caciques o Cacicas) al desconocer los mecanismos de comunicación y de acceso a las instancias de Poder no indígena, son políticamente invisibilizados: no son percibidos como actores politicos activos. En consecuencia, son permanentemente excluidos de la toma de decisiones de los asuntos que los afectan mas directamente.
2. Al desconocerlo, el Estado no considera la organización política ancestral yukpa; es decir, todas aquellas prácticas indígenas de organización comunitaria para la toma de decisiones, que tienen origen en la cultura ancestral yukpa, que se reproducen a través del tiempo, y que responde a los parámetros culturales propios de la cultura yukpa.
Según el antropólogo del IVIC Abel Perozo:
“Las sociedades indígenas mantenían un sistema que no se soportaba en una sociedad estratificada. Las decisiones no emanaban de un Poder superior, sino del seno de ellas mismas. Se alcanzaban por consenso, y se negociaban en igualdad de condiciones”.
B. En relación con sus Derechos Territoriales:
1. Las Comunidades Yukpa son objeto de prácticas legales discriminatorias por parte de los entes públicos competentes, dado que:
a) existe negligencia o indiferencia de los funcionarios competentes en el cumplimiento de sus obligaciones de garantizar la seguridad jurídica territorial a dichas comunidades frente a terceros,
b) existe una postergación injustificada en el disfrute de los derechos territoriales que les corresponden históricamente;
c) se les impide el ser protagonistas en los procesos de demarcación territorial, al ser excluidos del acceso a la información y de las instancias (o momentos) correspondientes de participación y decisión en ésta materia;
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
El Estado deberá proceder a delimitar, demarcar y titular las tierras que corresponden a las Comunidades indígenas en un plazo máximo de 15 meses, con la plena participación de la comunidad, y tomando en consideración el derecho indígena. Asimismo señala que mientras no se hayan delimitado, demarcado y titulado las tierras el Estado debe abstenerse de realizar actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes territoriales indígenas.
C. En relación con su Derecho a la Vivienda:
1. Las Comunidades Yukpa son objeto de la implementación de programas habitacionales inadecuados e incompatibles culturalmente, porque:
a) Dichos proyectos habitacionales carecen de la respectiva Evaluación de Impacto Socio-cultural, que debe ser siempre PREVIA a la realización de los mismos.
b) Las viviendas no son adecuadas culturalmente: ya que: 1) la vivienda no es expresión de la identidad cultural yukpa; 2) Ni la manera como éstas son construidas, ni los materiales utilizados ni las personas que las elaboran son indígenas.
c) La arquitectura y criterio de urbanización de dichas viviendas es incompatible culturalmente con el modo de vida ancestral yukpa, por lo que sólo puede generar o acentuar procesos etnocidas de asimilación (des-indianización) en las comunidades yukpa.
La Arquitectura Indígena plantea: una adaptación perfecta a los microclimas locales; una gran flexibilidad de sus áreas; las casas son comunales (las familias extensivas viven juntas), se respeta la geomorfología del entorno, y se respeta a las demás personas y sus casas. En cuanto a la vivienda indígena, es espacialmente ilimitada , concentra valores compartidos colectivamente, es una mezcla particular de herencias propias, es autocostruida familiarmente, es realizada con materiales de la zona, no contaminantes.
Ninguna de éstas características las cumplen los proyectos ofrecidos.
D. En relación con sus Derechos Culturales:
1. Las Comunidades Yukpa son objeto de la implementación de programas habitacionales objetables culturalmente, porque:
a) Dichos proyectos habitacionales carecen de la respectiva Evaluación de Impacto Socio-cultural, que debe ser siempre previa a la realización de los mismos.
b) Promueven procesos etnocidas de asimilación forzosa: ya que: refuerza las presiones de culturales de la sociedad envolvente sobre las culturas locales yukpa, a través de dinámicas de “desarrollo inducido” (o “reingeniería social”).
c) Irrespeta las propias opciones de desarrollo endógeno local planificadas por los propios Consejos Comunales yukpa de dicha zona.
En este sentido, la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas en su Art. XXI señala que:
“Los Estados reconocen el derecho de los pueblos indígenas a decidir democráticamente respecto a los valores, objetivos, prioridades y estrategias que presidirán y orientarán su desarrollo, aún cuando los mismos sean distintos a los adoptados por el Estado nacional o por otros segmentos de la sociedad”.
E. En relación con sus Derechos Fundamentales: existe violación:
1. Cuando las Familias Yukpa son objeto de violencia racista.
2. Cuando las Comunidades son intervenidas con políticas asimilacionistas y son forzadas a aceptarlas.
En este sentido, cabe recordar que
a) Dichos proyectos habitacionales carecen de la respectiva Evaluación de Impacto Socio-cultural, que debe ser siempre previa a la realización de los mismos.
b) Promueven procesos de asimilación forzosa: ya que: refuerza las presiones de culturales de la Sociedad envolvente sobre las culturas locales yukpa, a través de dinámicas de “Desarrollo Inducido” (o “ingeniería social”).
c) Irrespeta las propias opciones de desarrollo endógeno local planificadas por los propios Consejos Comunales yukpa de dicha zona.
En este sentido, la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas en su Art. XXI señala que:
“Los Estados reconocen el derecho de los pueblos indígenas a decidir democráticamente respecto a los valores, objetivos, prioridades y estrategias que presidirán y orientarán su desarrollo, aún cuando los mismos sean distintos a los adoptados por el Estado nacional o por otros segmentos de la sociedad”.
F. En relación con la naturaleza del Estado Pluricultural:
1. La Jurisprudencia internacional se plantea que:
“...la aplicación efectiva de la igualdad en una determinada circunstancia y situación, no puede ignorar o desconocer las exigencias propias de la diversidad de condiciones que afectan o caracterizan a cada uno de los sujetos. No son ya candidatas a sufrir el proceso benévolo de reducción a la cultura y a la civilización, sino sujetos culturales plenos, en función de la humanidad que encarnan, con derecho a vivir a tono con sus creencias y a perseguir las metas que juzguen plausibles, dentro del marco ético mínimo que la propia Constitución señala”.
2. El Estado Pluricultural implica para Will Kymlicka, el rechazo a las Políticas de construcción nacional” que asimilan a los miembros de grupos no dominantes.
3. Para el Relator de Pueblos Indígenas de la ONU, James Anaya, se distingue porque no se obligaría a ningún grupo o pueblo a asumir un modelo ajeno al propio, y porque los presupuestos generales de gastos de la nación tendrán que contemplar las prioridades de las comunidades indígenas.
Pronunciamiento
De continuarse estás políticas se estará violentando la cultura de las comunidades yukpa, lo que supone además de etnocidio (genocidio cultural), violación a los derechos humanos históricamente conquistados y consagrados en la legislación indígenista vigente en el país.
Los Entes del Poder Ejecutivo tienen la obligación legal y constitucional de garantizar los derechos culturales y territoriales indígenas mediante acciones concretas de protección de la integridad personal, cultural y territorial yukpa, así como apoyando proyectos comunitarios adecuados en lo cultural (interculturales) y lo político (protagonismo indígena), sin exclusiones ni discriminaciones de ninguna clase.
Los Entes del Poder Ciudadano tienen el deber de acompañar a las comunidades yukpa en sus justas demandas de vida digna y respeto cultural y territorial, - garantizando la continuidad y fortalecimiento de los proyectos de etnodesarrollo comunitarios, que contribuyan a superar las condiciones históricas de colonialismo interno sociohistóricamente padecidas por el Pueblo Yukpa, así como por los demás Pueblos indígenas en situación análoga en nuestro país – mediante las acciones jurídicas y políticas correspondientes, con participación directa indígena.
Guía para evaluar el contenido de los Informes regionales de Demarcación.
1) El Informe Jurídico debe contener:
1. Naturaleza originaria y colectiva de la Propiedad territorial indígena (arts. 119 y 181 CRBV; arts. 20, 24, 26, 29 y 31 LOPCI)
2. Garantías de Inafectabilidad Territorial indígena (art. 26 LOPCI)
3. Situaciones de hecho y su tipología jurídica.
4. Taxonomía jurídico-territorial y criterios para determinarla (arts. 3, 8, 9, 10 y 20 LOPCI; Art. 8 Ley Demarcación; Convenio 169 OIT)
5. Derechos de Restitución y de Indemnización (arts.24, 60, 61 LOPCI; arts. 5 y 16 Convenio Nº 169 OIT)
6. Doctrina y Jurisprudencia comparada en la materia, que avalen los Derechos territoriales indígenas.
7. Sujetos activos y pasivos del proceso de Demarcación: descripción legal y alegatos de cada uno, y dictamen respectivo.
Forma de determinar los Titulares indígenas de los Derechos Territoriales (arts. 119 CRBV; 7 y 11 LOPCI).
8. Ruta legal: resumen del proceso legal utilizado para determinar los derechos territoriales de los sujetos jurídicamente involucrados, con sus respectivos lapsos (organigrama o cuadro explicativo).
9. Tipos de conflictos jurídico-territoriales, dimensión (naturaleza), alcance (temporal y espacial), evaluación de sus impactos potenciales y formas de prevención o resolución legítima y participativa (justa) de los mismos.
10. Relaciones con Áreas Protegidas existentes y forma de armonizarlas o resolverlas.
11. Tipos de Terceros, derechos alegados y formas de determinación y de resolución de dichos derechos. Forma de realización de las reubicaciones e indemnizaciones (de ser el caso) o las expropiaciones.
12. Memoria de los MRAC (métodos de resolución alternativa de conflictos), utilizados de ser el caso; y criterio para salvaguardar plenamente los derechos de los pueblos indígenas (art. 10 Ley Demarcación)
13. Interconexión con los Informes físico-natural y socio-antropológico (Cuadro).
14. Determinación y explicación de la posesión histórica (originaria) ancestral y tradicional indígena. Sucesión territorial. Continuidad transfronteriza. Determinación y explicación de la extensión territorial indígena y de su ancestralidad.
15. Memoria del sentido jurídico-legal del proceso de Autodemarcación indígena (de haberse realizado) y su validación legal.
16. Síntesis descriptiva y valorativa de los Medios probatorios: Archivos Públicos: Actas de Nacimiento y Defunción en Prefecturas o Jefaturas Civiles, Tradición legal de la Propiedad Urbana o Rural (Catastro de Tierra Urbanos, Sucesiones, Donaciones), Títulos del extinto IAN, Movimientos Laborales Inspectoría). Archivos Históricos: Títulos Coloniales, Ubicación de los antiguos “Resguardos” o “Reducciones” indígenas.
17. Descripción de la forma en que se garantizan los Derechos (territoriales) originarios del Pueblo Indígena involucrado (incluye descripción de la aplicación del derecho indígena en la determinación y garantía de éstos derechos).
18. Propuesta de legalización (protocolización) de la Propiedad originaria indígena.
19. Anexos (Censo de Comunidades, Anexo antropológico-jurídico que describa el proceso socio-jurídico de Consulta Informada Previa; Actas de las Asambleas)
1) El Informe socio-antropológico debe contener:
1. Memoria historiográfica del Pueblo indígena en relación con su espacio territorial.
2. Memoria descriptiva de las Diversidades socioculturales internas del Pueblo indígena. Taxonomía de los Pueblos y Comunidades existentes en el Territorio y sus relaciones socioculturales internas y externas. Relaciones (sistémicas) diacrónicas (a través del tiempo) y sincrónicas (en el presente). Auto-Censo comunitario.
3. Cosmovisión espacial indígena:
a) Plan de Vida del Pueblo Indígena
b) Ordenación territorial planteada por el Pueblo indígena
c) Cosmogonía espacial indígena
d) Comportamiento territorial indígena: triangulación Ecología sociocultural (impacto antrópico sobre el entorno)- Expansión demográfica (dinámica territorial del parentesco)- Patrones de Asentamiento (itinerario del desplazamiento espacial).
e) Temporalidad vinculada a representación social del espacio: sentido del arraigo identitario.
f) Filosofía territorial: significado mítico-sagrado del territorio actual. Determinación del carácter colectivo de la relación con el espacio. Formas de Uso, Goce y Aprovechamiento de los Elementos naturales.
g) Historiografía territorial (registro oral de la relación con el espacio reivindicado)
h) Socioantropología de la territorialidad autóctona (determinación de los elementos objetivos y subjetivos de la territorialidad indígena): sentido de pertenencia; ocupación, uso y valoración del espacio territorial.
4. Relaciones espaciales, territoriales y socioambientales con Pueblos indígenas vecinos.
5. Síntesis descriptiva y valorativa de los Medios probatorios: Estudios etnohistóricos, etnológicos, etnolingüísticas, etnográficos- toponímicos; antropología Física (Estudios Genéticos, Fenotipos Indígenas); antropología Jurídica (Derecho Indígena); Arqueología Social; Literatura (Narrativa Indígena), Narrativa y Arte Regionales, Mitología y Leyenda locales e indígenas.
6. Interconexión con los Informes físico-natural y jurídico (Cuadro).
7. Determinación y explicación de la posesión histórica ancestral y tradicional indígena. Determinación y explicación de la expansión territorial indígena y de su intensividad.
8. Memoria del sentido sociocultural del proceso de Autodemarcación indígena (de haberse realizado) y su validación sociopolítica (legitimidad).
9. Descripción de la forma en que el Pueblo indígena ha pertenecido originariamente al Territorio reivindicado (incluye descripción de la importancia del modo de vida indígena en la constitución de la territorialidad, en el área reivindicada, incluyendo la de la geomorfología ecorregional).
10. Anexos (Estudio etnohistórico; Memoria etnográfica y etnológica del Pueblo indígena; Memoria sobre el Derecho y la Política propia indígena)
1) El Informe físico-natural debe contener:
1. Memoria espacial del Pueblo indígena en relación con su cosmogonía (Mapa Mental).
2. Proceso de elaboración y validación colectiva del Mapa Mental
3. Memoria descriptiva de las Diversidades ecoregionales, ecosistemicas, geográficas y biológicas del espacio territorial indígena.
4. Glosario Toponímico del espacio reivindicado.
5. Descripción indígena y no indígena de los elementos materiales del espacio reivindicado (elementos bióticos y abióticos). Valoración autóctona.
6. Descripción indígena y no indígena de los elementos inmateriales (mítico-religiosos) del espacio reivindicado. Valoración autóctona.
7. Mapas cartográficos, topográficos y temáticos, correspondientes al Mapa Mental. Ubicación geográfica satelital y cosmogónica ancestral.
8. Descripción del proceso sociopolítico de elaboración y validación de los Mapas cartográficos, topográficos y temáticos, correspondientes a la Autodemarcación (si la hubiere).
9. Síntesis descriptiva y valorativa de los Medios probatorios: Estudios etnobotánicos, etnoictiológicos, etnoecológicos, etnobiológicos, etnoclimátológicos, inventario toponímico, etnoagroecológicos, etnoeconómicos.
10. Interconexión con los Informes jurídico y socio-antropológico (Cuadro).
11. Determinación y explicación de la extensión territorial indígena y de su carácter sistémico.
12. Memoria del sentido físico-natural del proceso de Autodemarcación indígena (de haberse realizado) y su validación ecológico-social.
13. Descripción de la forma en que el Pueblo indígena ha ocupado originariamente al Territorio reivindicado (incluye descripción de la importancia del modo de vida indígena en preservación y enriquecimiento de la diversidad biológica, en el área reivindicada).
14. Anexos (Criterios de Mapeo; Criterios de validación etnocientífica; Memoria ecológico-sociocultural del Pueblo indígena; Glosario de términos ecológico-naturales bilingüe).
Por: Observatorio de los derechos de los pueblos indígenas de Venezuela
1. Naturaleza originaria y colectiva de la Propiedad territorial indígena (arts. 119 y 181 CRBV; arts. 20, 24, 26, 29 y 31 LOPCI)
2. Garantías de Inafectabilidad Territorial indígena (art. 26 LOPCI)
3. Situaciones de hecho y su tipología jurídica.
4. Taxonomía jurídico-territorial y criterios para determinarla (arts. 3, 8, 9, 10 y 20 LOPCI; Art. 8 Ley Demarcación; Convenio 169 OIT)
5. Derechos de Restitución y de Indemnización (arts.24, 60, 61 LOPCI; arts. 5 y 16 Convenio Nº 169 OIT)
6. Doctrina y Jurisprudencia comparada en la materia, que avalen los Derechos territoriales indígenas.
7. Sujetos activos y pasivos del proceso de Demarcación: descripción legal y alegatos de cada uno, y dictamen respectivo.
Forma de determinar los Titulares indígenas de los Derechos Territoriales (arts. 119 CRBV; 7 y 11 LOPCI).
8. Ruta legal: resumen del proceso legal utilizado para determinar los derechos territoriales de los sujetos jurídicamente involucrados, con sus respectivos lapsos (organigrama o cuadro explicativo).
9. Tipos de conflictos jurídico-territoriales, dimensión (naturaleza), alcance (temporal y espacial), evaluación de sus impactos potenciales y formas de prevención o resolución legítima y participativa (justa) de los mismos.
10. Relaciones con Áreas Protegidas existentes y forma de armonizarlas o resolverlas.
11. Tipos de Terceros, derechos alegados y formas de determinación y de resolución de dichos derechos. Forma de realización de las reubicaciones e indemnizaciones (de ser el caso) o las expropiaciones.
12. Memoria de los MRAC (métodos de resolución alternativa de conflictos), utilizados de ser el caso; y criterio para salvaguardar plenamente los derechos de los pueblos indígenas (art. 10 Ley Demarcación)
13. Interconexión con los Informes físico-natural y socio-antropológico (Cuadro).
14. Determinación y explicación de la posesión histórica (originaria) ancestral y tradicional indígena. Sucesión territorial. Continuidad transfronteriza. Determinación y explicación de la extensión territorial indígena y de su ancestralidad.
15. Memoria del sentido jurídico-legal del proceso de Autodemarcación indígena (de haberse realizado) y su validación legal.
16. Síntesis descriptiva y valorativa de los Medios probatorios: Archivos Públicos: Actas de Nacimiento y Defunción en Prefecturas o Jefaturas Civiles, Tradición legal de la Propiedad Urbana o Rural (Catastro de Tierra Urbanos, Sucesiones, Donaciones), Títulos del extinto IAN, Movimientos Laborales Inspectoría). Archivos Históricos: Títulos Coloniales, Ubicación de los antiguos “Resguardos” o “Reducciones” indígenas.
17. Descripción de la forma en que se garantizan los Derechos (territoriales) originarios del Pueblo Indígena involucrado (incluye descripción de la aplicación del derecho indígena en la determinación y garantía de éstos derechos).
18. Propuesta de legalización (protocolización) de la Propiedad originaria indígena.
19. Anexos (Censo de Comunidades, Anexo antropológico-jurídico que describa el proceso socio-jurídico de Consulta Informada Previa; Actas de las Asambleas)
1) El Informe socio-antropológico debe contener:
1. Memoria historiográfica del Pueblo indígena en relación con su espacio territorial.
2. Memoria descriptiva de las Diversidades socioculturales internas del Pueblo indígena. Taxonomía de los Pueblos y Comunidades existentes en el Territorio y sus relaciones socioculturales internas y externas. Relaciones (sistémicas) diacrónicas (a través del tiempo) y sincrónicas (en el presente). Auto-Censo comunitario.
3. Cosmovisión espacial indígena:
a) Plan de Vida del Pueblo Indígena
b) Ordenación territorial planteada por el Pueblo indígena
c) Cosmogonía espacial indígena
d) Comportamiento territorial indígena: triangulación Ecología sociocultural (impacto antrópico sobre el entorno)- Expansión demográfica (dinámica territorial del parentesco)- Patrones de Asentamiento (itinerario del desplazamiento espacial).
e) Temporalidad vinculada a representación social del espacio: sentido del arraigo identitario.
f) Filosofía territorial: significado mítico-sagrado del territorio actual. Determinación del carácter colectivo de la relación con el espacio. Formas de Uso, Goce y Aprovechamiento de los Elementos naturales.
g) Historiografía territorial (registro oral de la relación con el espacio reivindicado)
h) Socioantropología de la territorialidad autóctona (determinación de los elementos objetivos y subjetivos de la territorialidad indígena): sentido de pertenencia; ocupación, uso y valoración del espacio territorial.
4. Relaciones espaciales, territoriales y socioambientales con Pueblos indígenas vecinos.
5. Síntesis descriptiva y valorativa de los Medios probatorios: Estudios etnohistóricos, etnológicos, etnolingüísticas, etnográficos- toponímicos; antropología Física (Estudios Genéticos, Fenotipos Indígenas); antropología Jurídica (Derecho Indígena); Arqueología Social; Literatura (Narrativa Indígena), Narrativa y Arte Regionales, Mitología y Leyenda locales e indígenas.
6. Interconexión con los Informes físico-natural y jurídico (Cuadro).
7. Determinación y explicación de la posesión histórica ancestral y tradicional indígena. Determinación y explicación de la expansión territorial indígena y de su intensividad.
8. Memoria del sentido sociocultural del proceso de Autodemarcación indígena (de haberse realizado) y su validación sociopolítica (legitimidad).
9. Descripción de la forma en que el Pueblo indígena ha pertenecido originariamente al Territorio reivindicado (incluye descripción de la importancia del modo de vida indígena en la constitución de la territorialidad, en el área reivindicada, incluyendo la de la geomorfología ecorregional).
10. Anexos (Estudio etnohistórico; Memoria etnográfica y etnológica del Pueblo indígena; Memoria sobre el Derecho y la Política propia indígena)
1) El Informe físico-natural debe contener:
1. Memoria espacial del Pueblo indígena en relación con su cosmogonía (Mapa Mental).
2. Proceso de elaboración y validación colectiva del Mapa Mental
3. Memoria descriptiva de las Diversidades ecoregionales, ecosistemicas, geográficas y biológicas del espacio territorial indígena.
4. Glosario Toponímico del espacio reivindicado.
5. Descripción indígena y no indígena de los elementos materiales del espacio reivindicado (elementos bióticos y abióticos). Valoración autóctona.
6. Descripción indígena y no indígena de los elementos inmateriales (mítico-religiosos) del espacio reivindicado. Valoración autóctona.
7. Mapas cartográficos, topográficos y temáticos, correspondientes al Mapa Mental. Ubicación geográfica satelital y cosmogónica ancestral.
8. Descripción del proceso sociopolítico de elaboración y validación de los Mapas cartográficos, topográficos y temáticos, correspondientes a la Autodemarcación (si la hubiere).
9. Síntesis descriptiva y valorativa de los Medios probatorios: Estudios etnobotánicos, etnoictiológicos, etnoecológicos, etnobiológicos, etnoclimátológicos, inventario toponímico, etnoagroecológicos, etnoeconómicos.
10. Interconexión con los Informes jurídico y socio-antropológico (Cuadro).
11. Determinación y explicación de la extensión territorial indígena y de su carácter sistémico.
12. Memoria del sentido físico-natural del proceso de Autodemarcación indígena (de haberse realizado) y su validación ecológico-social.
13. Descripción de la forma en que el Pueblo indígena ha ocupado originariamente al Territorio reivindicado (incluye descripción de la importancia del modo de vida indígena en preservación y enriquecimiento de la diversidad biológica, en el área reivindicada).
14. Anexos (Criterios de Mapeo; Criterios de validación etnocientífica; Memoria ecológico-sociocultural del Pueblo indígena; Glosario de términos ecológico-naturales bilingüe).
Por: Observatorio de los derechos de los pueblos indígenas de Venezuela
13 ago 2009
SEMINARIO: APORTES PARA LA DEMARCACIÓN DE LOS TERRITORIOS INDIGENAS EN VENEZUELA. CASO SIERRA DE PERIJA
PRIMERO LA DEMARCACIÓN: Urge revisión de políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas 30/07/09
“Demarcación como prioridad” fue la conclusión del SEMINARIO: APORTES PARA LA DEMARCACIÓN DE LOS TERRITORIOS INDIGENAS EN VENEZUELA. CASO SIERRA DE PERIJA realizado este 30 de julio de 2009 en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)-sede Chaguaramos y organizado por la Dirección de Pueblos y Comunidades Indígenas y el Programa de Formación en Estudios Jurídicos como marco para la presentación del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de esta casa de estudios.
Al calor del debate, indígenas y criollos, reconocieron la necesidad de que el Estado salde la deuda histórica con las poblaciones indígenas y la importancia de su presencia mediante políticas en la zona, no obstante, evidenciaron la existencia de fallas contundentes, en el diseño e implementación de las que actualmente se están desarrollando hacia el pueblo Yukpa y Barí a través del Plan Integral para la Defensa, Desarrollo y Consolidación de los Municipios Fronterizos Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Jesús María Semprúm del Estado Zulia, Comunidades Indígenas Yukpa (G.O 28/10/09 Nº 39.046), las cuales deben ser revisadas con urgencia por la gravedad de sus implicaciones.
Especialmente centraron su atención en que la política que se esta aplicando va dejando en un segundo plano la demarcación, lo cual supone subordinar el principal requerimiento de los indígenas que es la recuperación de sus territorios ancestrales como base para garantizar su modo de vida. Asimismo, se cuestionó la implementación de políticas a través de los Centros Pilotos que no se corresponden con la cultura Yukpa y la forma en que el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente continúa criminalizando a los indígenas que recuperaron las haciendas.
La actividad contó con la presencia de Omer Gutiérrez, funcionario del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia quién presentó los objetivos del Plan Integral para la Defensa, Desarrollo y Consolidación de los Municipios Fronterizos Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Jesús María Semprúm del Estado Zulia, Comunidades Indígenas Yukpa (Gaceta Oficial Nº 39.046 del 28/10/08). También participó Sonia Rivas Directora de Planificación y Ordenación Ambiental del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y actual Secretaria de la Comisión Nacional de Demarcación, quién presentó los avances del proceso de demarcación en el estado Zulia y afirmó que la consulta de los informes técnicos se comenzó Centro Piloto de Aroy y se va a seguir en los centros pilotos. Además, Ivette Ortega, en representación de la Comisión Regional de Demarcación Indígena del estado Zulia resaltó la importancia de la demarcación como derecho humano.
También participó como ponente Aloha Nuñez, Viceministra de Zonas Urbanas del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas quién presentó los proyectos que se vienen ejecutando en la zona de la Sierra de Perijá a través del apoyo a los Consejos Comunales, explicó que los recursos se concentran en proyectos de vivienda, agua potable e infraestructura. Haciendo uso de unas fotografías señalo que antes los indígenas vivían en ranchos de palma y ahora viven en casas de bloque, lo cual significa una mejora en sus condiciones.
María Andarcia, abogada indígena Kariña, enfatizó en que el plan de desarrollo integral para las comunidades Yukpa es atentatorio de los derechos de los pueblos indígenas porque se invierten millones para construir sedes de la policía pero muy poco para garantizar la demarcación, además que se elaboró sin un proceso de consulta con los pueblos indígenas involucrados. Afirmó que la mora de la demarcación es vergonzosa y que estar en un proceso revolucionario exige escuchar a los indígenas de verdad, “Cuando los indios decimos inclusión no es que nos metan un mercal o nos den una casa de bloque, la inclusión significa un Estado Multiétnico y Pluricultural, significa que el diseño de políticas pública debe pasar por un proceso de consulta apegado a las formas de pensar indígena.”
Por otro lado, Rúben García, del pueblo Kariña señaló que: “La demarcación es fundamental para construir el Estado multiétnico y pluricultural como manda la constitución, por lo cual es grave que en siete años el proceso de demarcación haya avanzado muy poco. Los funcionarios suelen acercarse a las comunidades pidiendo que firmen documentos sin explicar y luego entregan títulos como cartas agrarias dejando los problemas entre indígenas y terceros”.
La profesora Gladys González del pueblo Wayuu, Coordinadora de la Dirección Pueblos y Culturas Indígenas de la UBV señalo “Nosotros, los indígenas, hemos sido victimas de los ganaderos por años, si los Yukpa toman haciendas lo hacen para subsistir, no se les puede acusar de subversivos”, afirmó que es necesario recuperar la historia, recordar que los hacendados que ponían cercas eléctricas y sal envenenada para desplazar a los indígenas de sus tierras. Con ella coincidió Silio Sánchez coordinador del PFG- Estudios Jurídicos de la UBV quién pidió evaluar las láminas que uso la funcionaria Sonia Rivas del Ministerio del Poder Popular del Ambiente, afirmó que el mismo presidente ha reconocido la legitimidad de estas acciones en sus discursos y todos los funcionarios tienen la responsabilidad de seguir la línea política del Jefe de Estado, “..no es violencia de los indios, es legítima defensa de la violencia estructural de la que han sido víctimas.”
En este sentido, otro antropólogo de origen Wayuu Manuel Larreal afirmó “…la verdad histórica es que los indígenas han sido despojados, por lo tanto ahora cuando las leyes amparan los derechos es fundamental que se salde esa deuda. Resaltó que es fundamental recuperar la historia de los indígenas”
El Antropólogo Omar González llamo a reflexionar que más allá de la demarcación lo justo es hablar de ampliación, tal como lo han señalado líderes indígenas como Aminta Achirogdoda, cacica Bari, “…corresponde hablar de ampliación y no de demarcación pues los indígenas vienen de un proceso de desalojo por parte de los hacendados que redujo sus tierras a la mínima expresión poniendo en riesgo su existencia como pueblo.”
Eudis Sánchez, estudiante miembro del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas señalo que entendiendo que los indígenas son de las clases más depauperizadas del país el Observatorio busca acompañar el empoderamiento de las comunidades mediante la apropiación de sus derechos establecidos en las leyes. En las dos (2) visitas que el equipo ha realizado a las comunidades Yukpa de la cuenca del Río Yaza los indígenas han afirmado con preocupación que no conocen los avances del proceso de demarcación y que desde los centros pilotos se imponen proyectos sin tomar en cuenta la cultura, por ejemplo, y más recientemente el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas les esta imponiendo un proyecto de viviendas de bloque que distan mucho del “munne” o choza ancestral elaborada con materiales propios de la zona. Erick Gutiérrez, abogado indigenista y asesor del Observatorio afirmó que esta situación impide la efectiva conformación de un Estado multiétnico y pluricultural al afectar los derechos políticos, territoriales, y culturales. Señalo que de continuarse este tipo de políticas públicas se estará violentando la cultura de las comunidades yukpa, lo que supone además de etnocidio (genocidio cultural), violación a los derechos humanos históricamente conquistados y consagrados en la legislación indigenista vigente en el país.
Más en un plano propositito, el profesor Lusbi Portillo de la Universidad del Zulia afirmo que el plan de desarrollo es una política que no resuelve la situación indígena porque no va a lo más fundamental es la demarcación. Hizo seis propuestas para la Comisión Nacional de Demarcación: 1) Se redefinan los proyectos por su carácter etnocida; 2) Se haga una consulta con cada comunidad Yukpa y Barí sobre los informes no solo en los centros pilotos; 3) Se haga una amplia consulta nacional al mundo académico antropológico- jurídico sobre los informes; 4) Posponga la entrega de los títulos pautada para el 12 de Octubre de 2009; 5) Se revisen los títulos de propiedad colectivos entregados hasta ahora porque son derechos agrarios y no reconocen realmente los territorios indígenas y 6) Se acepte la propuesta de ampliación de los territorios.
Ante estos señalamientos los funcionarios y funcionarias insistieron en que los Centros Pilotos se aplicaban porque era una estrategia gubernamental para abordar la zona heredada de las estrategias del Ministerio de Salud de los años cuarenta y que los proyectos son los que las comunidades piden ya que quieren las mismas comodidades de los criollos “watia”. Para el cierre del evento quedo en el aire una pregunta que se hizo a la Viceministra Aloa Nuñez, ¿Si los indígenas piden un MacDonald´s o un Sambil también se los vamos a llevar a sus comunidades?. Definitivamente lo que esta de fondo de este asunto es la cruda confrontación de los valores y la cultura capitalista-consumista en la que vivimos, las políticas indígenas son un espacio estratégico para esta lucha.
En definitiva, ser vanguardia en el proceso de demarcación en nuestro país no solo pasa por hacerlo sino hacerlo definitivamente bien, haciendo vida cotidiana la normativa jurídica de avanzada que existe en nuestro país.
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas 30/07/09
“Demarcación como prioridad” fue la conclusión del SEMINARIO: APORTES PARA LA DEMARCACIÓN DE LOS TERRITORIOS INDIGENAS EN VENEZUELA. CASO SIERRA DE PERIJA realizado este 30 de julio de 2009 en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)-sede Chaguaramos y organizado por la Dirección de Pueblos y Comunidades Indígenas y el Programa de Formación en Estudios Jurídicos como marco para la presentación del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de esta casa de estudios.
Al calor del debate, indígenas y criollos, reconocieron la necesidad de que el Estado salde la deuda histórica con las poblaciones indígenas y la importancia de su presencia mediante políticas en la zona, no obstante, evidenciaron la existencia de fallas contundentes, en el diseño e implementación de las que actualmente se están desarrollando hacia el pueblo Yukpa y Barí a través del Plan Integral para la Defensa, Desarrollo y Consolidación de los Municipios Fronterizos Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Jesús María Semprúm del Estado Zulia, Comunidades Indígenas Yukpa (G.O 28/10/09 Nº 39.046), las cuales deben ser revisadas con urgencia por la gravedad de sus implicaciones.
Especialmente centraron su atención en que la política que se esta aplicando va dejando en un segundo plano la demarcación, lo cual supone subordinar el principal requerimiento de los indígenas que es la recuperación de sus territorios ancestrales como base para garantizar su modo de vida. Asimismo, se cuestionó la implementación de políticas a través de los Centros Pilotos que no se corresponden con la cultura Yukpa y la forma en que el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente continúa criminalizando a los indígenas que recuperaron las haciendas.
La actividad contó con la presencia de Omer Gutiérrez, funcionario del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia quién presentó los objetivos del Plan Integral para la Defensa, Desarrollo y Consolidación de los Municipios Fronterizos Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Jesús María Semprúm del Estado Zulia, Comunidades Indígenas Yukpa (Gaceta Oficial Nº 39.046 del 28/10/08). También participó Sonia Rivas Directora de Planificación y Ordenación Ambiental del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y actual Secretaria de la Comisión Nacional de Demarcación, quién presentó los avances del proceso de demarcación en el estado Zulia y afirmó que la consulta de los informes técnicos se comenzó Centro Piloto de Aroy y se va a seguir en los centros pilotos. Además, Ivette Ortega, en representación de la Comisión Regional de Demarcación Indígena del estado Zulia resaltó la importancia de la demarcación como derecho humano.
También participó como ponente Aloha Nuñez, Viceministra de Zonas Urbanas del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas quién presentó los proyectos que se vienen ejecutando en la zona de la Sierra de Perijá a través del apoyo a los Consejos Comunales, explicó que los recursos se concentran en proyectos de vivienda, agua potable e infraestructura. Haciendo uso de unas fotografías señalo que antes los indígenas vivían en ranchos de palma y ahora viven en casas de bloque, lo cual significa una mejora en sus condiciones.
María Andarcia, abogada indígena Kariña, enfatizó en que el plan de desarrollo integral para las comunidades Yukpa es atentatorio de los derechos de los pueblos indígenas porque se invierten millones para construir sedes de la policía pero muy poco para garantizar la demarcación, además que se elaboró sin un proceso de consulta con los pueblos indígenas involucrados. Afirmó que la mora de la demarcación es vergonzosa y que estar en un proceso revolucionario exige escuchar a los indígenas de verdad, “Cuando los indios decimos inclusión no es que nos metan un mercal o nos den una casa de bloque, la inclusión significa un Estado Multiétnico y Pluricultural, significa que el diseño de políticas pública debe pasar por un proceso de consulta apegado a las formas de pensar indígena.”
Por otro lado, Rúben García, del pueblo Kariña señaló que: “La demarcación es fundamental para construir el Estado multiétnico y pluricultural como manda la constitución, por lo cual es grave que en siete años el proceso de demarcación haya avanzado muy poco. Los funcionarios suelen acercarse a las comunidades pidiendo que firmen documentos sin explicar y luego entregan títulos como cartas agrarias dejando los problemas entre indígenas y terceros”.
La profesora Gladys González del pueblo Wayuu, Coordinadora de la Dirección Pueblos y Culturas Indígenas de la UBV señalo “Nosotros, los indígenas, hemos sido victimas de los ganaderos por años, si los Yukpa toman haciendas lo hacen para subsistir, no se les puede acusar de subversivos”, afirmó que es necesario recuperar la historia, recordar que los hacendados que ponían cercas eléctricas y sal envenenada para desplazar a los indígenas de sus tierras. Con ella coincidió Silio Sánchez coordinador del PFG- Estudios Jurídicos de la UBV quién pidió evaluar las láminas que uso la funcionaria Sonia Rivas del Ministerio del Poder Popular del Ambiente, afirmó que el mismo presidente ha reconocido la legitimidad de estas acciones en sus discursos y todos los funcionarios tienen la responsabilidad de seguir la línea política del Jefe de Estado, “..no es violencia de los indios, es legítima defensa de la violencia estructural de la que han sido víctimas.”
En este sentido, otro antropólogo de origen Wayuu Manuel Larreal afirmó “…la verdad histórica es que los indígenas han sido despojados, por lo tanto ahora cuando las leyes amparan los derechos es fundamental que se salde esa deuda. Resaltó que es fundamental recuperar la historia de los indígenas”
El Antropólogo Omar González llamo a reflexionar que más allá de la demarcación lo justo es hablar de ampliación, tal como lo han señalado líderes indígenas como Aminta Achirogdoda, cacica Bari, “…corresponde hablar de ampliación y no de demarcación pues los indígenas vienen de un proceso de desalojo por parte de los hacendados que redujo sus tierras a la mínima expresión poniendo en riesgo su existencia como pueblo.”
Eudis Sánchez, estudiante miembro del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas señalo que entendiendo que los indígenas son de las clases más depauperizadas del país el Observatorio busca acompañar el empoderamiento de las comunidades mediante la apropiación de sus derechos establecidos en las leyes. En las dos (2) visitas que el equipo ha realizado a las comunidades Yukpa de la cuenca del Río Yaza los indígenas han afirmado con preocupación que no conocen los avances del proceso de demarcación y que desde los centros pilotos se imponen proyectos sin tomar en cuenta la cultura, por ejemplo, y más recientemente el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas les esta imponiendo un proyecto de viviendas de bloque que distan mucho del “munne” o choza ancestral elaborada con materiales propios de la zona. Erick Gutiérrez, abogado indigenista y asesor del Observatorio afirmó que esta situación impide la efectiva conformación de un Estado multiétnico y pluricultural al afectar los derechos políticos, territoriales, y culturales. Señalo que de continuarse este tipo de políticas públicas se estará violentando la cultura de las comunidades yukpa, lo que supone además de etnocidio (genocidio cultural), violación a los derechos humanos históricamente conquistados y consagrados en la legislación indigenista vigente en el país.
Más en un plano propositito, el profesor Lusbi Portillo de la Universidad del Zulia afirmo que el plan de desarrollo es una política que no resuelve la situación indígena porque no va a lo más fundamental es la demarcación. Hizo seis propuestas para la Comisión Nacional de Demarcación: 1) Se redefinan los proyectos por su carácter etnocida; 2) Se haga una consulta con cada comunidad Yukpa y Barí sobre los informes no solo en los centros pilotos; 3) Se haga una amplia consulta nacional al mundo académico antropológico- jurídico sobre los informes; 4) Posponga la entrega de los títulos pautada para el 12 de Octubre de 2009; 5) Se revisen los títulos de propiedad colectivos entregados hasta ahora porque son derechos agrarios y no reconocen realmente los territorios indígenas y 6) Se acepte la propuesta de ampliación de los territorios.
Ante estos señalamientos los funcionarios y funcionarias insistieron en que los Centros Pilotos se aplicaban porque era una estrategia gubernamental para abordar la zona heredada de las estrategias del Ministerio de Salud de los años cuarenta y que los proyectos son los que las comunidades piden ya que quieren las mismas comodidades de los criollos “watia”. Para el cierre del evento quedo en el aire una pregunta que se hizo a la Viceministra Aloa Nuñez, ¿Si los indígenas piden un MacDonald´s o un Sambil también se los vamos a llevar a sus comunidades?. Definitivamente lo que esta de fondo de este asunto es la cruda confrontación de los valores y la cultura capitalista-consumista en la que vivimos, las políticas indígenas son un espacio estratégico para esta lucha.
En definitiva, ser vanguardia en el proceso de demarcación en nuestro país no solo pasa por hacerlo sino hacerlo definitivamente bien, haciendo vida cotidiana la normativa jurídica de avanzada que existe en nuestro país.
6 ago 2009
Colombia: Continúa el genocidio contra los pueblos indígenas, 64 asesinados en 2009
La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena, Onic, expresa su profunda preocupación e indignación por los recientes actos de violencia en los cuales han sido asesinados varios indígenas: ocho en las dos últimas semanas, 64 en lo que va corrido del año; 165 en apenas año y medio.
La cifra es alarmante y, debe conmover la conciencia nacional y mundial, en 2008 y 2009[1] han sido registrados 165 asesinatos. Esto evidencia el sistemático genocidio al que están siendo sometidos nuestros pueblos. Hoy denunciamos, nuevamente, que no menos de cinco compañeros han sido asesinados en la última semana, en una ola de violencia desatada y sistemática en contra de autoridades, dirigentes y comuneros indígenas. La violencia desatada contra nuestros pueblos amenaza nuestra existencia como pueblos y culturas.
La cadena de exterminio indica que hay una clara intención de acabar con los pueblos indígenas del país; especialmente con nuestros hermanos de Nariño donde en el transcurso del año han sido asesinados 24 compañeros Awá; nuestros compañeros del Pueblo Nasa del Cauca, donde han sido asesinados cinco compañeros en la última semana; y, recientemente se empieza a incrementar en otras regiones como en Putumayo, donde el día de ayer fue ultimado un reconocido dirigente: Edilberto Inbachi Mutumbajoy.
A estos e suma dos asesinatos en Antioquia, uno en la Guajira en las dos últimas semanas y la reciente muerte de dos niños emberas en el Chocó y uno en Risaralda, dos niños Nukak en Guaviare, los cuales murieron por desnutrición y a causa de enfermedades prevenibles que se hubieran podido evitar de haberse tomado las medidas de salud eficientes por parte de las instituciones de gobierno encargadas.
HECHOS RECIENTES:
La noche anterior, 02 de agosto, a las 10:00 p.m. en la comunidad de puerto Rosario, municipio de Puerto Guzmán cuatro sujetos llegaron hasta la habitación del dirigente indígena Edilberto Inbachi Mutumbajoy y le propiciaron varios disparos en su propia casa. Así lo denunció la organización Zonal Indígena del Putumayo, OZIP, la cual, en representación de los pueblos Indígenas del Putumayo, manifestó su profundo dolor y “rechazo del vil asesinato de nuestro líder y dirigente Indígena”. Los funerales de Inbachi se llevaron a cabo en la ciudad de Mocoa, el día de hoy.
La OZIP sostuvo que “esta situación enluta una vez más a los pueblos indígenas del Putumayo y de Colombia, espacios donde con mucha claridad venía aportando nuestro líder Edilberto, para concertar acuerdos con instituciones públicas y privadas del orden local, regional, nacional e internacional, en procura de lograr mediante el diálogo y la concertación por el bienestar colectivo de los sectores marginados por el Gobierno Colombiano”.
Inbachi ocupo varios cargos directivos de la OZIP, como también formó parte del Comité Ejecutivo de la Onic y de la organización regional del Amazonas, OPIAC. Los responsables de este asesinato, aún no han sido identificados.
En otro hecho en el Cauca fue asesinado el pasado sábado, 01 de agosto, el dirigente agrícola Wilson Ramón Vivas, de 42 años de edad en la comunidad de López Adentro Municipio de Caloto. Antes el 26 de julio había sido asesinado el también indígena Arnulfo Palacios Conda, en Guabito, en territorio de López Adentro, municipio de Corinto. Las denuncias fueron hechas por las autoridades indígenas del norte del Cauca, sin que hasta el momento se hayan aclarado los hechos.
Wilson Ramón “fue asesinado mientras se encontraba con su familia el pasado 31 de Julio, cuando a la 7:20 de la noche cinco hombres encapuchados llegaron a su casa en la comunidad de López Adentro, y después de intimidar a su esposa Mariela Guejia y sus hijos Jonatan, Luz Adriana y Anggy Viviana, procedieron a asesinar a este humilde agricultor”, denunció la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN.
Después del asesinato de Wilson Ramón, “se ha conocido la presencia de hombres vestidos de azul, encapuchados y armados en la zona. Frente a estos hechos las comunidad indígenas de López Adentro se ha declarado en Asamblea Permanente”, denunció Rafael Coicue, líder de esta comunidad. A esto se suma las constantes violaciones a los DDHH del pueblo Nasa y los asesinatos selectivos de autoridades y líderes indígenas de la región.
El mismo 26 de julio, pero al norte de Colombia, “hacia las 7:15 de la noche, cuando se encontraba en su propia residencia ubicada en el barrio “La Cosecha” de Riohacha, Guajira, fue asesinado, por hombres desconocidos que se movilizaban en una motocicleta, el docente Wayuú: Jacinto Herrera, de 38 años de edad.
La alianza organizativa Fuerza de Mujeres Wayuú expresó, ante la opinión pública nacional e internacional, su profunda preocupación por los sistemáticos hechos a violentos cometidos por estructuras armadas ilegales post-desmovilización de las AUC contra miembros del pueblo Wayuú, a lo cual se suma las constantes agresiones, intimidaciones y amenazas contra las mujeres Wayuú que adelantan el proceso de denuncia y visibilización por violaciones a los derechos humanos y colectivos del pueblo wayuú.
Tampoco son ajenos a estas circunstancias los embera y senú de Antioquia. El pasado 20 de Julio fue asesinado el indígena embera eyabide Luis Orlando Domicó Majore de 32 años, al parecer por el Frente 18 de las FARC. Dos días después fue asesinada Ana Luz Soto, indígena del Pueblo Senú.
La Organización Indígena de Antioquia, OIA, denunció con preocupación e indignación los hechos en su momento; “anunciamos estos cobardes y viles crímenes cuando aún no nos reponemos de la muerte de nuestro compañero Silverio Majore, quien murió apenas hace dos semanas víctima de una mina antipersona dejada por guerrilleros de las FARC ante el avance de tropas del ejército en territorio indígena, hecho ocurrido en el municipio de Ituango Antioquia, lo que ha generado una situación de desplazamiento forzado hacia el casco urbano de indígenas y campesinos por los enfrentamiento que mantienen estos grupos en la zona”.
Indicó, la OIA, que en menos de dos meses se han cometido varios asesinatos por parte de los grupos armados a pobladores indígenas en diferentes zonas del departamento, como lo ocurrido hace dos meses sobre la muerte violenta de que fue víctima el gobernador Indígena Manuel Martínez Velásquez, de la comunidad Senú de Tigre II en el municipio de Caucasia el pasado 13 de mayo. “A lo largo de todo el departamento de Antioquia se viene haciendo señalamientos a nuestros hermanos indígenas de ser auxiliadores de uno u otro grupo, poniéndolos de manera infame como blancos de guerra”.
Las violaciones a los derechos humanos se han incrementado de manera alarmante tanto que en lo que va corrido del año han sido asesinados 64 compañeros, de casos documentados, pues hay regiones donde las comunidades no denuncian por temor a represalias de los actores armados y, los hechos quedan sin registro.
También en las dos últimas semanas cinco niños, tres emberas de Chocó y Risaralda y dos Nukak del Guaviare, murieron a causa de desnutrición y enfermedades prevenibles y curables que no fueron tratadas por las instituciones de salud que inoperan en las regiones colombianas.
Ante estas circunstancias adversas para la pervivencia de nuestros pueblos
EXPRESAMOS:
Nuestra preocupación en medio de estos difíciles momentos que atraviesan los pueblos indígenas de Colombia, bajo la amenaza de un conflicto que ha dejado a nuestros “pueblos en un situación, crítica, difícil y preocupante”, como lo expresará el Relator Especial para los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los pueblos indígenas, Dr. James Anaya, en su reciente visita a Colombia.
No entendemos cómo, una vez denunciadas las gravísimas violaciones a los derechos humanos de nuestros hermanos indígenas en las diferentes audiencias con el Relator y, en las cuales se pretendía buscar soluciones a la crisis humanitaria de nuestras comunidades, en vez de mejorar haya empeorado esta situación con su visita.
RECHAZAMOS estos métodos de violencia que atentan contra la vida e integridad de nuestros hermanos indígenas y en contra de la autonomía de nuestros pueblos. Nos solidarizamos con todos ellos y con los familiares de las víctimas de estos actos violentos.
REITERAMOS nuestro llamado al Estado Colombiano y al gobierno para que cumpla con su deber de proteger a los pueblos indígenas respetando su autonomía, integridad física, cultural y territorial, garantizando las condiciones necesarias para la pervivencia.
EXIGIMOS a todos los actores armados que respeten a los Pueblos indígenas, así como a todos los pueblos indígenas y a la población civil de todo el país. Y, cesar ya el genocidio emprendido contra los hermanos indígenas particularmente del Pueblo Nasa del Cauca.
SOLICITAMOS a los organismos de control como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación realizar un acompañamiento permanente a las comunidades y autoridades de los pueblos indígenas más vulnerados. Y a la Fiscalía General de la Nación y entes competentes para que inicien el proceso de esclarecimiento de los hechos, la judicialización de los autores materiales e intelectuales y así garantizar que estos hechos no queden en la impunidad.
INSTAMOS a organizaciones sociales nacionales e internacionales y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos para que demanden del gobierno colombiano la adopción de medidas urgentes, dirigidas a salvaguardar la vida e integridad de los miembros de los pueblos Indígenas del país.
Llamamos a la Comunidad internacional a acompañar y estar alerta ante la grave crisis que se desata contra nuestros pueblos.
Consejo de Gobierno
Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de Colombia
[1] ASESINATOS POLÍTICOS 2008 -2009
Total - Víctimas
2008 - 101
2009 - 64
Fuente: Sistema Unificado de información sobre pueblos indígenas de Colombia.
Onic-Cecoin
La cifra es alarmante y, debe conmover la conciencia nacional y mundial, en 2008 y 2009[1] han sido registrados 165 asesinatos. Esto evidencia el sistemático genocidio al que están siendo sometidos nuestros pueblos. Hoy denunciamos, nuevamente, que no menos de cinco compañeros han sido asesinados en la última semana, en una ola de violencia desatada y sistemática en contra de autoridades, dirigentes y comuneros indígenas. La violencia desatada contra nuestros pueblos amenaza nuestra existencia como pueblos y culturas.
La cadena de exterminio indica que hay una clara intención de acabar con los pueblos indígenas del país; especialmente con nuestros hermanos de Nariño donde en el transcurso del año han sido asesinados 24 compañeros Awá; nuestros compañeros del Pueblo Nasa del Cauca, donde han sido asesinados cinco compañeros en la última semana; y, recientemente se empieza a incrementar en otras regiones como en Putumayo, donde el día de ayer fue ultimado un reconocido dirigente: Edilberto Inbachi Mutumbajoy.
A estos e suma dos asesinatos en Antioquia, uno en la Guajira en las dos últimas semanas y la reciente muerte de dos niños emberas en el Chocó y uno en Risaralda, dos niños Nukak en Guaviare, los cuales murieron por desnutrición y a causa de enfermedades prevenibles que se hubieran podido evitar de haberse tomado las medidas de salud eficientes por parte de las instituciones de gobierno encargadas.
HECHOS RECIENTES:
La noche anterior, 02 de agosto, a las 10:00 p.m. en la comunidad de puerto Rosario, municipio de Puerto Guzmán cuatro sujetos llegaron hasta la habitación del dirigente indígena Edilberto Inbachi Mutumbajoy y le propiciaron varios disparos en su propia casa. Así lo denunció la organización Zonal Indígena del Putumayo, OZIP, la cual, en representación de los pueblos Indígenas del Putumayo, manifestó su profundo dolor y “rechazo del vil asesinato de nuestro líder y dirigente Indígena”. Los funerales de Inbachi se llevaron a cabo en la ciudad de Mocoa, el día de hoy.
La OZIP sostuvo que “esta situación enluta una vez más a los pueblos indígenas del Putumayo y de Colombia, espacios donde con mucha claridad venía aportando nuestro líder Edilberto, para concertar acuerdos con instituciones públicas y privadas del orden local, regional, nacional e internacional, en procura de lograr mediante el diálogo y la concertación por el bienestar colectivo de los sectores marginados por el Gobierno Colombiano”.
Inbachi ocupo varios cargos directivos de la OZIP, como también formó parte del Comité Ejecutivo de la Onic y de la organización regional del Amazonas, OPIAC. Los responsables de este asesinato, aún no han sido identificados.
En otro hecho en el Cauca fue asesinado el pasado sábado, 01 de agosto, el dirigente agrícola Wilson Ramón Vivas, de 42 años de edad en la comunidad de López Adentro Municipio de Caloto. Antes el 26 de julio había sido asesinado el también indígena Arnulfo Palacios Conda, en Guabito, en territorio de López Adentro, municipio de Corinto. Las denuncias fueron hechas por las autoridades indígenas del norte del Cauca, sin que hasta el momento se hayan aclarado los hechos.
Wilson Ramón “fue asesinado mientras se encontraba con su familia el pasado 31 de Julio, cuando a la 7:20 de la noche cinco hombres encapuchados llegaron a su casa en la comunidad de López Adentro, y después de intimidar a su esposa Mariela Guejia y sus hijos Jonatan, Luz Adriana y Anggy Viviana, procedieron a asesinar a este humilde agricultor”, denunció la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN.
Después del asesinato de Wilson Ramón, “se ha conocido la presencia de hombres vestidos de azul, encapuchados y armados en la zona. Frente a estos hechos las comunidad indígenas de López Adentro se ha declarado en Asamblea Permanente”, denunció Rafael Coicue, líder de esta comunidad. A esto se suma las constantes violaciones a los DDHH del pueblo Nasa y los asesinatos selectivos de autoridades y líderes indígenas de la región.
El mismo 26 de julio, pero al norte de Colombia, “hacia las 7:15 de la noche, cuando se encontraba en su propia residencia ubicada en el barrio “La Cosecha” de Riohacha, Guajira, fue asesinado, por hombres desconocidos que se movilizaban en una motocicleta, el docente Wayuú: Jacinto Herrera, de 38 años de edad.
La alianza organizativa Fuerza de Mujeres Wayuú expresó, ante la opinión pública nacional e internacional, su profunda preocupación por los sistemáticos hechos a violentos cometidos por estructuras armadas ilegales post-desmovilización de las AUC contra miembros del pueblo Wayuú, a lo cual se suma las constantes agresiones, intimidaciones y amenazas contra las mujeres Wayuú que adelantan el proceso de denuncia y visibilización por violaciones a los derechos humanos y colectivos del pueblo wayuú.
Tampoco son ajenos a estas circunstancias los embera y senú de Antioquia. El pasado 20 de Julio fue asesinado el indígena embera eyabide Luis Orlando Domicó Majore de 32 años, al parecer por el Frente 18 de las FARC. Dos días después fue asesinada Ana Luz Soto, indígena del Pueblo Senú.
La Organización Indígena de Antioquia, OIA, denunció con preocupación e indignación los hechos en su momento; “anunciamos estos cobardes y viles crímenes cuando aún no nos reponemos de la muerte de nuestro compañero Silverio Majore, quien murió apenas hace dos semanas víctima de una mina antipersona dejada por guerrilleros de las FARC ante el avance de tropas del ejército en territorio indígena, hecho ocurrido en el municipio de Ituango Antioquia, lo que ha generado una situación de desplazamiento forzado hacia el casco urbano de indígenas y campesinos por los enfrentamiento que mantienen estos grupos en la zona”.
Indicó, la OIA, que en menos de dos meses se han cometido varios asesinatos por parte de los grupos armados a pobladores indígenas en diferentes zonas del departamento, como lo ocurrido hace dos meses sobre la muerte violenta de que fue víctima el gobernador Indígena Manuel Martínez Velásquez, de la comunidad Senú de Tigre II en el municipio de Caucasia el pasado 13 de mayo. “A lo largo de todo el departamento de Antioquia se viene haciendo señalamientos a nuestros hermanos indígenas de ser auxiliadores de uno u otro grupo, poniéndolos de manera infame como blancos de guerra”.
Las violaciones a los derechos humanos se han incrementado de manera alarmante tanto que en lo que va corrido del año han sido asesinados 64 compañeros, de casos documentados, pues hay regiones donde las comunidades no denuncian por temor a represalias de los actores armados y, los hechos quedan sin registro.
También en las dos últimas semanas cinco niños, tres emberas de Chocó y Risaralda y dos Nukak del Guaviare, murieron a causa de desnutrición y enfermedades prevenibles y curables que no fueron tratadas por las instituciones de salud que inoperan en las regiones colombianas.
Ante estas circunstancias adversas para la pervivencia de nuestros pueblos
EXPRESAMOS:
Nuestra preocupación en medio de estos difíciles momentos que atraviesan los pueblos indígenas de Colombia, bajo la amenaza de un conflicto que ha dejado a nuestros “pueblos en un situación, crítica, difícil y preocupante”, como lo expresará el Relator Especial para los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los pueblos indígenas, Dr. James Anaya, en su reciente visita a Colombia.
No entendemos cómo, una vez denunciadas las gravísimas violaciones a los derechos humanos de nuestros hermanos indígenas en las diferentes audiencias con el Relator y, en las cuales se pretendía buscar soluciones a la crisis humanitaria de nuestras comunidades, en vez de mejorar haya empeorado esta situación con su visita.
RECHAZAMOS estos métodos de violencia que atentan contra la vida e integridad de nuestros hermanos indígenas y en contra de la autonomía de nuestros pueblos. Nos solidarizamos con todos ellos y con los familiares de las víctimas de estos actos violentos.
REITERAMOS nuestro llamado al Estado Colombiano y al gobierno para que cumpla con su deber de proteger a los pueblos indígenas respetando su autonomía, integridad física, cultural y territorial, garantizando las condiciones necesarias para la pervivencia.
EXIGIMOS a todos los actores armados que respeten a los Pueblos indígenas, así como a todos los pueblos indígenas y a la población civil de todo el país. Y, cesar ya el genocidio emprendido contra los hermanos indígenas particularmente del Pueblo Nasa del Cauca.
SOLICITAMOS a los organismos de control como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación realizar un acompañamiento permanente a las comunidades y autoridades de los pueblos indígenas más vulnerados. Y a la Fiscalía General de la Nación y entes competentes para que inicien el proceso de esclarecimiento de los hechos, la judicialización de los autores materiales e intelectuales y así garantizar que estos hechos no queden en la impunidad.
INSTAMOS a organizaciones sociales nacionales e internacionales y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos para que demanden del gobierno colombiano la adopción de medidas urgentes, dirigidas a salvaguardar la vida e integridad de los miembros de los pueblos Indígenas del país.
Llamamos a la Comunidad internacional a acompañar y estar alerta ante la grave crisis que se desata contra nuestros pueblos.
Consejo de Gobierno
Autoridad Nacional de Gobierno Indígena de Colombia
[1] ASESINATOS POLÍTICOS 2008 -2009
Total - Víctimas
2008 - 101
2009 - 64
Fuente: Sistema Unificado de información sobre pueblos indígenas de Colombia.
Onic-Cecoin
Amenaza de un operativo violento en contra de los pobladores de San Antonio Ebulá, Campeche.
¡¡¡ALERTA ROJA!!!
¡SE ESPERA OPERATIVO VIOLENTO EN SAN ANTONIO EBULÁ!
Nos declaramos en alerta roja dadas las señales de amenaza que anuncian la entrada de un operativo violento comandado por el Ing. Eduardo Escalante en contra de los pobladores de San Antonio Ebulá.
Como les comunicamos anteriormente, el pasado lunes ingresó sospechosamente y derribó un letrero una camioneta del empresario Escalante, quien se quiere apropiar de las tierras ebuleñas para construir una carretera, como fue mandato pagado en millones por el gobierno federal y como parte del Plan Puebla Panamá.
De igual forma, meses atrás se vienen filtrando rumores a Ebulá de la entrada de gente pagada por Escalante para desalojar violentamente a los pobladores, provocando temor ante la amenaza. Por lo tanto, el Frente en Defensa de la Tierra del Pueblo de Ebulá (FDT-PE) y la Juventud Comunista de México en Campeche, hemos decidido permanecer en guardia para prevenir el ataque.
En esta ocasión, la advertencia vino de un obrero de la constructora de Escalante, que está emparentado con un poblador, quien señaló que les pagaron a alrededor de 60 trabajadores para que lleven a cabo el operativo, aprovechándose de la creciente necesidad económica de estas personas, quienes están sufriendo los embates de la carestía y la crisis. El operativo supuestamente estaba preparado para la mañana de hoy 3 de agosto, pero no ocurrió. Sin embargo la población no está tranquila, porque saben que será cuestión de horas o días en que se perpetuará el ataque.
Otra de las señales es que, una semana atrás, en un periódico local se publicó un desplegado donde supuestos habitantes de San Antonio le agradecen a Eduardo Escalante por reubicarlos y señalando que el conflicto ha sido superado, salvo por algunos renegados. Esto, consideramos, tiene como objetivo confundir a la opinión pública y blindarse para que al siguiente ataque.
También tememos que esta agresión venga comandada en conjunto con el gobierno del estado y la fuerza pública, tal como sucedió en la última de la que derivó en el plantón de 10 días que sostuvimos en palacio de gobierno, hasta que liberaron a los 3 presos políticos que hubo en esa ocasión. Sospechamos que este ataque intentará hacer un violento “levantón” de todos los que se encuentren en el pueblo (por ellos el uso de maquinaria pesada y volquetes), violando garantías y derechos humanos, para luego ya arraigados seleccionar a los que consideren que deberán quedarse encerrados, pero habiendo escarmentado a todos por igual, tal como sucedió en Atenco en mayo de 2006.
Esto se suma a la escalada represiva que se viene dando en todo el país en contra de los movimientos sociales, especialmente a los que somos adherentes a la Otra Campaña; ahí tenemos en nuestra misma entidad el caso de los presos políticos de la Resistencia Civil del No Pago a las Altas Tarifas de Luz de Candelaria y la constante persecución de la que son víctimas; también está el de la toma policiaca de la mina Pasta de Conchos, donde las viudas apoyadas por la Otra Obrera, la Juventud Comunista de México y el Partido de los Comunistas, llevan a cabo desde hace meses el rescate de los mineros asesinados por Industrial Minera México; en Chiapas siguen persiguiendo y agrediendo a las comunidades que se oponen a la construcción de una carretera en sus terrenos. Esto por mencionar algunos casos de criminalización de la lucha social y de castigo brutal a los adherentes de la Otra Campaña, por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales de distintos colores.
Por esto, culpamos de lo que pueda suceder en San Antonio Ebulá al gobernador Jorge Carlos Hurtado Valdés, su criminal gabinete y al Ing. Eduardo Escalante. Mantendremos la Alerta Roja y les pedimos a todos los que deseen apoyarnos que se mantengan pendientes e incluso, si es posible, manden brigadas de observación para apoyar la vigilancia en el poblado.
Atte.
Frente en Defensa de la Tierra del Pueblo de Ebulá
Juventud Comunista de México
¡Viva la Otra Campaña!
¡Alto a la represión!
¡SE ESPERA OPERATIVO VIOLENTO EN SAN ANTONIO EBULÁ!
Nos declaramos en alerta roja dadas las señales de amenaza que anuncian la entrada de un operativo violento comandado por el Ing. Eduardo Escalante en contra de los pobladores de San Antonio Ebulá.
Como les comunicamos anteriormente, el pasado lunes ingresó sospechosamente y derribó un letrero una camioneta del empresario Escalante, quien se quiere apropiar de las tierras ebuleñas para construir una carretera, como fue mandato pagado en millones por el gobierno federal y como parte del Plan Puebla Panamá.
De igual forma, meses atrás se vienen filtrando rumores a Ebulá de la entrada de gente pagada por Escalante para desalojar violentamente a los pobladores, provocando temor ante la amenaza. Por lo tanto, el Frente en Defensa de la Tierra del Pueblo de Ebulá (FDT-PE) y la Juventud Comunista de México en Campeche, hemos decidido permanecer en guardia para prevenir el ataque.
En esta ocasión, la advertencia vino de un obrero de la constructora de Escalante, que está emparentado con un poblador, quien señaló que les pagaron a alrededor de 60 trabajadores para que lleven a cabo el operativo, aprovechándose de la creciente necesidad económica de estas personas, quienes están sufriendo los embates de la carestía y la crisis. El operativo supuestamente estaba preparado para la mañana de hoy 3 de agosto, pero no ocurrió. Sin embargo la población no está tranquila, porque saben que será cuestión de horas o días en que se perpetuará el ataque.
Otra de las señales es que, una semana atrás, en un periódico local se publicó un desplegado donde supuestos habitantes de San Antonio le agradecen a Eduardo Escalante por reubicarlos y señalando que el conflicto ha sido superado, salvo por algunos renegados. Esto, consideramos, tiene como objetivo confundir a la opinión pública y blindarse para que al siguiente ataque.
También tememos que esta agresión venga comandada en conjunto con el gobierno del estado y la fuerza pública, tal como sucedió en la última de la que derivó en el plantón de 10 días que sostuvimos en palacio de gobierno, hasta que liberaron a los 3 presos políticos que hubo en esa ocasión. Sospechamos que este ataque intentará hacer un violento “levantón” de todos los que se encuentren en el pueblo (por ellos el uso de maquinaria pesada y volquetes), violando garantías y derechos humanos, para luego ya arraigados seleccionar a los que consideren que deberán quedarse encerrados, pero habiendo escarmentado a todos por igual, tal como sucedió en Atenco en mayo de 2006.
Esto se suma a la escalada represiva que se viene dando en todo el país en contra de los movimientos sociales, especialmente a los que somos adherentes a la Otra Campaña; ahí tenemos en nuestra misma entidad el caso de los presos políticos de la Resistencia Civil del No Pago a las Altas Tarifas de Luz de Candelaria y la constante persecución de la que son víctimas; también está el de la toma policiaca de la mina Pasta de Conchos, donde las viudas apoyadas por la Otra Obrera, la Juventud Comunista de México y el Partido de los Comunistas, llevan a cabo desde hace meses el rescate de los mineros asesinados por Industrial Minera México; en Chiapas siguen persiguiendo y agrediendo a las comunidades que se oponen a la construcción de una carretera en sus terrenos. Esto por mencionar algunos casos de criminalización de la lucha social y de castigo brutal a los adherentes de la Otra Campaña, por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales de distintos colores.
Por esto, culpamos de lo que pueda suceder en San Antonio Ebulá al gobernador Jorge Carlos Hurtado Valdés, su criminal gabinete y al Ing. Eduardo Escalante. Mantendremos la Alerta Roja y les pedimos a todos los que deseen apoyarnos que se mantengan pendientes e incluso, si es posible, manden brigadas de observación para apoyar la vigilancia en el poblado.
Atte.
Frente en Defensa de la Tierra del Pueblo de Ebulá
Juventud Comunista de México
¡Viva la Otra Campaña!
¡Alto a la represión!
La Fuerza Indígena Chinanteca alerta sobre la represión y acusaciones fabricadas en su contra
A los medios de comunicación Nacionales e Internacionales.
A los medios alternativos de comunicación.
A la Otra Campaña.
A la Zexta Internacional.
A la Red contra la represión.
ALERTA SOBRE LA REPRESIÓN Y ACUSACIONES FABRICADAS EN CONTRA DE LOS MILITANTES DE LA FUERZA INDÍGENA CHINANTECA KIA’NAN (FICH-KIA´NAN) EN PARTICULAR AL COMPAÑERO JUAN ROQUE; vertidos en el diario “Noticias” Voz e imagen de la cuenca del Papaloapan del Estado de Oaxaca, de fecha 11 de Julio de 2009, de parte de Antonio Fragoso Olivares representante de la Empresa de Ecología y Producciones para el Desarrollo (ECOPRODE).
En el diario antes mencionado se le acusa al compañero Juan Roque de tener vínculos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y otros grupos en contra del gobierno, así como tergiversando información falsa e inventada preparando acciones represivas en la región donde tiene presencia la FICH-Kia’nan.
El representante de la empresa ECOPRODE hace la función de vocero del gobierno estatal, al mismo tiempo se hace evidenciar como investigador de la inteligencia militar para golpear a los pueblos de la Chinantla, para atacar a las organizaciones sociales que protestan y hacen valer sus derechos constitucionales; utilizando y creando grupos de choque en las comunidades, todo esto en beneficio de las empresas capitalistas nacionales y trasnacionales.
La Fuerza Indígena Chinanteca no es violenta, tampoco existen dentro de su plataforma organizativa planteamientos suversivos como es la acusación de Antonio Fragoso Olivares, ni tampoco hay vinculación y contacto con Erika Zamora Pardo, con respecto a la APPO mantenemos un respeto natural y no hay contacto como también se nos acusa, solo hemos recibido asesoría jurídica de la Licenciada Bárbara Zamora del Bufete Jurídico “Tierra y Libertad” quienes son autores del folleto sobre derechos agrarios y derechos humanos.
La FICH-Kia’nan no está en contra de ningún proyecto gubernamental de desarrollo para las comunidades indígenas de cualquier lugar, sin embargo históricamente la región indígena de la Chinantla no ha mejorado sus condiciones de vida y de trabajo, son los únicos antes que cualquier gobierno en turno y empresas nacionales y extranjeras, de preservar la riqueza natural (agua, madera, flora y fauna) y se han aprovechado y disfrutado de acuerdo a las necesidades básicas de sobrevivencia.
No hemos contaminado nuestros montes, ríos, manantiales, selvas, etc. como si lo han hecho las empresas capitalistas, pero lo más condenable es crear falsas expectativas a las comunidades de la región con un supuesto desarrollo, que no especifica en que nos vamos a beneficiar concretamente, legalmente este territorio está constituido como tierras ejidales y comunales y no vamos a permitir que lo utilicen mediante engaños y practicas dolosas muy comunes en el aparato gubernamental, como es el caso del mal uso de actas de asamblea.
Por lo tanto seguiremos luchando y resistiendo por la defensa de nuestras comunidades y nuestro territorio como pueblos indígenas.
¡CONTRA LA REPRESIÓN LA RESISTENCIA ORGANIZADA!
¡VIVA TIERRA Y LIBERTAD!
¡VIVA LA OTRA CAMPAÑA!
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
FUERZA INDÍGENA CHINANTECA KIA’NAN.
Julio de 2009.
A los medios alternativos de comunicación.
A la Otra Campaña.
A la Zexta Internacional.
A la Red contra la represión.
ALERTA SOBRE LA REPRESIÓN Y ACUSACIONES FABRICADAS EN CONTRA DE LOS MILITANTES DE LA FUERZA INDÍGENA CHINANTECA KIA’NAN (FICH-KIA´NAN) EN PARTICULAR AL COMPAÑERO JUAN ROQUE; vertidos en el diario “Noticias” Voz e imagen de la cuenca del Papaloapan del Estado de Oaxaca, de fecha 11 de Julio de 2009, de parte de Antonio Fragoso Olivares representante de la Empresa de Ecología y Producciones para el Desarrollo (ECOPRODE).
En el diario antes mencionado se le acusa al compañero Juan Roque de tener vínculos con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y otros grupos en contra del gobierno, así como tergiversando información falsa e inventada preparando acciones represivas en la región donde tiene presencia la FICH-Kia’nan.
El representante de la empresa ECOPRODE hace la función de vocero del gobierno estatal, al mismo tiempo se hace evidenciar como investigador de la inteligencia militar para golpear a los pueblos de la Chinantla, para atacar a las organizaciones sociales que protestan y hacen valer sus derechos constitucionales; utilizando y creando grupos de choque en las comunidades, todo esto en beneficio de las empresas capitalistas nacionales y trasnacionales.
La Fuerza Indígena Chinanteca no es violenta, tampoco existen dentro de su plataforma organizativa planteamientos suversivos como es la acusación de Antonio Fragoso Olivares, ni tampoco hay vinculación y contacto con Erika Zamora Pardo, con respecto a la APPO mantenemos un respeto natural y no hay contacto como también se nos acusa, solo hemos recibido asesoría jurídica de la Licenciada Bárbara Zamora del Bufete Jurídico “Tierra y Libertad” quienes son autores del folleto sobre derechos agrarios y derechos humanos.
La FICH-Kia’nan no está en contra de ningún proyecto gubernamental de desarrollo para las comunidades indígenas de cualquier lugar, sin embargo históricamente la región indígena de la Chinantla no ha mejorado sus condiciones de vida y de trabajo, son los únicos antes que cualquier gobierno en turno y empresas nacionales y extranjeras, de preservar la riqueza natural (agua, madera, flora y fauna) y se han aprovechado y disfrutado de acuerdo a las necesidades básicas de sobrevivencia.
No hemos contaminado nuestros montes, ríos, manantiales, selvas, etc. como si lo han hecho las empresas capitalistas, pero lo más condenable es crear falsas expectativas a las comunidades de la región con un supuesto desarrollo, que no especifica en que nos vamos a beneficiar concretamente, legalmente este territorio está constituido como tierras ejidales y comunales y no vamos a permitir que lo utilicen mediante engaños y practicas dolosas muy comunes en el aparato gubernamental, como es el caso del mal uso de actas de asamblea.
Por lo tanto seguiremos luchando y resistiendo por la defensa de nuestras comunidades y nuestro territorio como pueblos indígenas.
¡CONTRA LA REPRESIÓN LA RESISTENCIA ORGANIZADA!
¡VIVA TIERRA Y LIBERTAD!
¡VIVA LA OTRA CAMPAÑA!
¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!
FUERZA INDÍGENA CHINANTECA KIA’NAN.
Julio de 2009.
11 de Agosto de 2009: DIA DE ACCION GLOBAL POR HONDURAS
A las hermanas y hermanos de todas las regiones de La Vía Campesina, A las hermanas y hermanos de todos los movimientos sociales, A todos los pueblos del mundo:
A más de un mes del golpe militar en Honduras y a 38 días de una incansable lucha de millares de campesinos, mujeres, indígenas, maestros, estudiantes, sindicalistas, profesionistas y gente sencilla de las ciudades y del campo, para revertirlo y restaurar la democracia y la dignidad, la represión de los golpistas no ha mellado el espíritu de lucha del heroico pueblo hondureño.
Esta lucha ha entrado ahora en una fase crucial por lo que el movimiento campesino hondureño y el Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado, han convocado a los movimientos sociales, sindicales y democráticos, a una Marcha Nacional que se inicia este día 5 de agosto y culminará el 11 de agosto en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
En apoyo a esta Marcha Nacional y a nuestras hermanas y hermanos campesinos y a todo el pueblo hondureño, La Vía Campesina les hace un llamado a un Día de Acción Global por Honduras, el 11 de agosto de este año, para desplegar la solidaridad más amplia llevando a cabo movilizaciones, actos políticos y culturales, acciones de presión y cabildeo y cualquier actividad posible que ayude al avance de la lucha popular hondureña en la derrota del golpe militar.
Les solicitamos que nos informen a la menor brevedad posible de sus planes de acción y trabajo del Día de Acción Global de Honduras.
¡GLOBALICEMOS LA LUCHA, GLOBALICEMOS LA ESPERANZA!
Henry Saragih, coordinador general de la Vía Campesina Escribir a Vía Campesina Honduras: Wendy Cruz: wendycruzsanchez@yahoo.ca
Mabel Marquez: mabelmarquez07@gmail.com
Más información sobre la resistencia al golpe de Estado en Honduras: http://www.movimientos.org/honduras.php
Ahora nos puedes seguir también en Twitter: http://twitter.com/mingahonduras
************************************* Minga Informativa de Movimientos Sociales http://movimientos.org/
Suscripciones: http://listas.movimientos.org/listas/subscribe/pasavoz
A más de un mes del golpe militar en Honduras y a 38 días de una incansable lucha de millares de campesinos, mujeres, indígenas, maestros, estudiantes, sindicalistas, profesionistas y gente sencilla de las ciudades y del campo, para revertirlo y restaurar la democracia y la dignidad, la represión de los golpistas no ha mellado el espíritu de lucha del heroico pueblo hondureño.
Esta lucha ha entrado ahora en una fase crucial por lo que el movimiento campesino hondureño y el Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado, han convocado a los movimientos sociales, sindicales y democráticos, a una Marcha Nacional que se inicia este día 5 de agosto y culminará el 11 de agosto en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
En apoyo a esta Marcha Nacional y a nuestras hermanas y hermanos campesinos y a todo el pueblo hondureño, La Vía Campesina les hace un llamado a un Día de Acción Global por Honduras, el 11 de agosto de este año, para desplegar la solidaridad más amplia llevando a cabo movilizaciones, actos políticos y culturales, acciones de presión y cabildeo y cualquier actividad posible que ayude al avance de la lucha popular hondureña en la derrota del golpe militar.
Les solicitamos que nos informen a la menor brevedad posible de sus planes de acción y trabajo del Día de Acción Global de Honduras.
¡GLOBALICEMOS LA LUCHA, GLOBALICEMOS LA ESPERANZA!
Henry Saragih, coordinador general de la Vía Campesina Escribir a Vía Campesina Honduras: Wendy Cruz: wendycruzsanchez@yahoo.ca
Mabel Marquez: mabelmarquez07@gmail.com
Más información sobre la resistencia al golpe de Estado en Honduras: http://www.movimientos.org/honduras.php
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3 ago 2009
Grupo anti mapuche se estaría reorganizando para aplacar resistencia indígena.
“¡Basta ya! ¡El Comando Hernán Trizano meterá sus manos en el asunto!”
Dijo un integrante de la agrupación, quien manifestó que “los máximos dirigentes mapuches van a desaparecer del mundo, a partir de dos cartuchos de dinamita que colocaremos en sus cinturones si continúan con sus demandas por tierras”.
El entrevistado -de espaldas- dijo que “el Comando Hernán Trizano a partir del próximo lunes, dará término al conflicto mapuche. Para ello utilizará armas y explosivos que darán que hablar en todo Chile” señaló.
Por Richard Burdiles M. Periodista
Victoria.- Costó, pero hasta nuestra redacción acudió silenciosamente y haciendo uso de su derecho al anonimato, uno de los integrantes del grupo anti mapuche "Hernán Trizano", que por estos días habría lanzado un llamado a sus bases para reorganizarse y enfrentar los últimos ataques que han realizado ciertos comuneros de la comuna de Ercilla, sobre todo en lo que respecta a los terrenos del agricultor René Urban. Para ello el “comando” manifestó en exclusiva a Las Noticias de Victoria, que a partir del lunes próximo el comando armado, “meterá sus manos en el asunto” refiriéndose a aplacar la asonada indígena en la provincia de Malleco, en lo particular. Ante ello reproducimos el diálogo -que no estuvo exento de suspenso y presión- que sostuvo este Diario y uno de los integrantes del llamado Comando "Hernán Trizano", que rememora el accionar del otrora militar que dio cuenta de las huestes mapuches hace unos siglos atrás.
P.L.N. ¿Qué hay de efectivo en que el Comando Hernán Trizano entrará en funciones?
R. “Luego de advertir la levantada mapuche en Ercilla y Temucuicui, en donde vimos que Carabineros nuevamente ha sido sobrepasado. Continúan los ataques incendiarios y los dueños de la propiedad han sido amenazados y maltratados. El Comando "Hernán Trizano" ha decidido reagruparse y entrar en funciones y meter la mano en el asunto. Más aún sabiendo que algunos agricultores y empresarios de la zona irán hoy (ayer) a apoyar al señor Urban. Apoyo que consideramos insuficiente ya que solo es de palabra” acotó el “comando”.
P.L.N. Entonces ¿Qué medidas pretenden adoptar como comando o grupo de choque?
R. “El Comando Trizano cuenta con dinamita -para los que saben de este asunto- que utilizará con detonadores Nº 8 y mecha lenta, los cuales no dudamos en ubicar en los cinturones de los señores Queipul, Ancalaf, Pilquinao para hacerlos volar de una vez y con ello daremos término al problema o conflicto mapuche, ya que nos aburrimos de esperar al Gobierno y a los propios agricultores quienes le temen a esta gente”, señaló.
P.L.N. ¿Con cuanta gente cuenta su agrupación?
R. “Mire. Somos muchos no le puedo decir el número, nombres ni apellidos por razones obvias, pero le puedo indicar que tenemos “comandos” desde Temuco a todas las ciudades de la Novena Región, listos y prestos para actuar. Necesitamos solo grupos de cinco a diez personas para actuar, quienes están a la espera de nuestra señal” afirmó.
P.L.N. Y ¿Desde cuándo pretenden “actuar”?
R. “Sin duda alguna desde la próxima semana. Desde esos días los señores Cayul Colihuinca, Cayul Queipul, Ancalaf, Huenchullán y doña Norma Pilquinao volarán por los aires a partir de uso de nuestros explosivos y armas que tenemos en gran cantidad, que sabemos usar y no dudamos en utilizar en contra de una lista de personas que a decir nuestro “está bueno que la corten” con su proceder en contra de nuestros terrenos” señaló con tono desafiante el entrevistado, quien agregó que “si el Gobierno no resuelve con prontitud el conflicto. El próximo lunes el Comando Trizano hará sentir su fuerza la cual hará eco en todo Chile” acotó.
P.L.N. ¿No cree usted que tal proceder puede acarrear más problemas que los ya suscitados?
R. “Yo creo que no, y le voy a decir por qué -añadió- yo no me refiero a todos los mapuches, porque hay gente muy buena entre ellos, incluso en el propio sector de Temucuicui, pero los malos lo van a pasar mal,” aseguró.
P.L.N. ¿Cree usted que los comuneros tienen cierta preparación paramilitar, como para enfrentar una represión como la que usted señala?
R. “Creo que no, fuera de armamento menor, puede que tengan algún arma traída desde el exterior, pero hemos encontrado ciudadanos españoles, holandeses, etc. Quienes andan movilizando a los mapuches” dijo.
P.L.N. A su juicio ¿Cuál es la solución final que proyecta el Comando "Hernán Trizano" para solucionar el problema?
R. “La solución final para este asunto -a nuestro juicio- es crear una reservación indígena entre Perú y Bolivia. Darles de comer y ropa y se termina el problema. Temucuicui en dos años ha robado más de 400 animales. Tal medida sale mucho más barato, construirles casas, darles de comer, vestirlos que entregarles dos mil hectáreas como las que tiene Temucuicui, la cuales hoy no tienen ni 50 centímetros de cilantro sembrado” cerró el “comando”, quien pidió reserva total de su identidad y su rostro, quien además nos mostró que entre sus pertenencias portaba una pistola semi automática de 15 tiros más dos cargadores para la misma, lista para ser usada.
Fuente: lasnoticiasdevictoria.cl
PRIMERO LA DEMARCACIÓN: Urge revisión de políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas.
Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas
30/07/09
“Demarcación como prioridad” fue la conclusión del SEMINARIO: APORTES PARA LA DEMARCACIÓN DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS EN VENEZUELA. CASO SIERRA DE PERIJA realizado este 30 de julio de 2009 en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)-sede Chaguaramos y organizado por la Dirección de Pueblos y Comunidades Indígenas y el Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos como marco para la presentación del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de esta casa de estudios.
Al calor del debate, indígenas y criollos, reconocieron la necesidad de que el Estado salde la deuda histórica con las poblaciones indígenas y la importancia de su presencia mediante políticas en la zona, no obstante, evidenciaron la existencia de fallas contundentes, en el diseño e implementación de las que actualmente se están desarrollando hacia el pueblo Yukpa y Barí a través del Plan Integral para la Defensa, Desarrollo y Consolidación de los Municipios Fronterizos Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Jesús María Semprúm del Estado Zulia, Comunidades Indígenas Yukpa (G.O 28/10/09 Nº 39.046), las cuales deben ser revisadas con urgencia por la gravedad de sus implicaciones.
Especialmente centraron su atención en que la política que se está aplicando va dejando en un segundo plano la demarcación, lo cual supone subordinar el principal requerimiento de los indígenas que es la recuperación de sus territorios ancestrales como base para garantizar su modo de vida. Asimismo, se cuestionó la implementación de políticas a través de los Centros Pilotos que no se corresponden con la cultura Yukpa y la forma en que el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente continúa criminalizando a los indígenas que recuperaron las haciendas.
La actividad contó con la presencia de Omer Gutiérrez, funcionario del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia quién presentó los objetivos del Plan Integral para la Defensa, Desarrollo y Consolidación de los Municipios Fronterizos Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Jesús María Semprúm del Estado Zulia, Comunidades Indígenas Yukpa (Gaceta Oficial Nº 39.046 del 28/10/08). También participó Sonia Rivas Directora de Planificación y Ordenación Ambiental del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y actual Secretaria de la Comisión Nacional de Demarcación, quién presentó los avances del proceso de demarcación en el estado Zulia y afirmó que la consulta de los informes técnicos se comenzó Centro Piloto de Aroy y se va a seguir en los centros pilotos. Además, Ivette Ortega, en representación de la Comisión Regional de Demarcación Indígena del estado Zulia resaltó la importancia de la demarcación como derecho humano.
También participó como ponente Aloha Nuñez, Viceministra de Zonas Urbanas del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas quién presentó los proyectos que se vienen ejecutando en la zona de la Sierra de Perijá a través del apoyo a los Consejos Comunales, explicó que los recursos se concentran en proyectos de vivienda, agua potable e infraestructura. Haciendo uso de unas fotografías señaló que antes los indígenas vivían en ranchos de palma y ahora viven en casas de bloque, lo cual significa una mejora en sus condiciones.
María Andarcia, abogada indígena Kariña, enfatizó en que el plan de desarrollo integral para las comunidades Yukpa es atentatorio de los derechos de los pueblos indígenas porque se invierten millones para construir sedes de la policía pero muy poco para garantizar la demarcación, además que se elaboró sin un proceso de consulta con los pueblos indígenas involucrados. Afirmó que la mora de la demarcación es vergonzosa y que estar en un proceso revolucionario exige escuchar a los indígenas de verdad, “Cuando los indios decimos inclusión no es que nos metan un mercal o nos den una casa de bloque, la inclusión significa un Estado Multiétnico y Pluricultural, significa que el diseño de políticas pública debe pasar por un proceso de consulta apegado a las formas de pensar indígena.”
Por otro lado, Rúben García, del pueblo Kariña señaló que: “La demarcación es fundamental para construir el Estado multiétnico y pluricultural como manda la constitución, por lo cual es grave que en siete años el proceso de demarcación haya avanzado muy poco. Los funcionarios suelen acercarse a las comunidades pidiendo que firmen documentos sin explicar y luego entregan títulos como cartas agrarias dejando los problemas entre indígenas y terceros”.
La profesora Gladys González del pueblo Wayuu, Coordinadora de la Dirección Pueblos y Culturas Indígenas de la UBV señalo “Nosotros, los indígenas, hemos sido victimas de los ganaderos por años, si los Yukpa toman haciendas lo hacen para subsistir, no se les puede acusar de subversivos”, afirmó que es necesario recuperar la historia, recordar que los hacendados que ponían cercas eléctricas y sal envenenada para desplazar a los indígenas de sus tierras. Con ella coincidió Silio Sánchez, Coordinador del PFG- Estudios Jurídicos de la UBV quién pidió evaluar las láminas que uso la funcionaria Sonia Rivas del Ministerio del Poder Popular del Ambiente, afirmó que el mismo presidente ha reconocido la legitimidad de estas acciones en sus discursos y todos los funcionarios tienen la responsabilidad de seguir la línea política del Jefe de Estado, “..no es violencia de los indios, es legítima defensa de la violencia estructural de la que han sido víctimas.”
En este sentido, el educador de origen Wayúu, Manuel Larreal afirmó “…la verdad histórica es que los indígenas han sido despojados, por lo tanto ahora cuando las leyes amparan los derechos es fundamental que se salde esa deuda". Resaltó que es fundamental recuperar la historia de los indígenas.
El Antropólogo Omar González llamo a reflexionar que más allá de la demarcación lo justo es hablar de ampliación, tal como lo han señalado líderes indígenas como Aminta Achirododa, cacica Bari, “…corresponde hablar de ampliación y no de demarcación pues los indígenas vienen de un proceso de desalojo por parte de los hacendados que redujo sus tierras a la mínima expresión poniendo en riesgo su existencia como pueblo.”
Eudis Sánchez, estudiante miembro del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas señaló que entendiendo que los indígenas son de las clases más depauperizadas del país el Observatorio busca acompañar el empoderamiento de las comunidades mediante la apropiación de sus derechos establecidos en las leyes. En las dos (2) visitas que el equipo ha realizado a las comunidades Yukpa de la cuenca del Río Yaza los indígenas han afirmado con preocupación que no conocen los avances del proceso de demarcación y que desde los centros pilotos se imponen proyectos sin tomar en cuenta la cultura, por ejemplo, y más recientemente el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas les está imponiendo un proyecto de viviendas de bloque que distan mucho del “munne” o choza ancestral elaborada con materiales propios de la zona. Erick Gutiérrez, abogado indigenista y asesor del Observatorio afirmó que esta situación impide la efectiva conformación de un Estado multiétnico y pluricultural al afectar los derechos políticos, territoriales, y culturales. Señalo que de continuarse este tipo de políticas públicas se estará violentando la cultura de las comunidades yukpa, lo que supone además de etnocidio (genocidio cultural), violación a los derechos humanos históricamente conquistados y consagrados en la legislación indígenista vigente en el país.
Más en un plano propositivo, el profesor Lusbi Portillo de la Universidad del Zulia afirmó que el plan de desarrollo es una política que no resuelve la situación indígena porque no va a lo más fundamental es la demarcación. Hizo seis propuestas para la Comisión Nacional de Demarcación: 1) Se redefinan los proyectos por su carácter etnocida; 2) Se haga una consulta con cada comunidad Yukpa y Barí sobre los informes no solo en los centros pilotos; 3) Se haga una amplia consulta nacional al mundo académico antropológico- jurídico sobre los informes; 4) Posponga la entrega de los títulos pautada para el 12 de Octubre de 2009; 5) Se revisen los títulos de propiedad colectivos entregados hasta ahora porque son derechos agrarios y no reconocen realmente los territorios indígenas y 6) Se acepte la propuesta de ampliación de los territorios.
Ante estos señalamientos los funcionarios y funcionarias insistieron en que los Centros Pilotos se aplicaban porque era una estrategia gubernamental para abordar la zona heredada de las estrategias del Ministerio de Salud de los años cuarenta y que los proyectos son los que las comunidades piden ya que quieren las mismas comodidades de los criollos “watia”. Para el cierre del evento quedó en el aire una pregunta que se hizo a la Viceministra Aloa Nuñez, ¿Si los indígenas piden un Mac Donald´s o un Sambil también se los vamos a llevar a sus comunidades?. Definitivamente lo que esta de fondo de este asunto es la cruda confrontación de los valores y la cultura capitalista-consumista en la que vivimos, las políticas indígenas son un espacio estratégico para esta lucha.
En definitiva, ser vanguardia en el proceso de demarcación en nuestro país no sólo pasa por hacerlo sino hacerlo definitivamente bien, haciendo vida cotidiana la normativa jurídica de avanzada que existe en nuestro país.
Comunicado desde Santa María Ostula
A LOS PUEBLOS Y GOBIERNOS DEL MUNDO.
AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
La COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA hace del conocimiento general que este domingo 26 de julio se cumplió un año de que fuera violentamente asesinado el profesor Diego Ramírez Domínguez, comunero perteneciente a nuestra comunidad y coordinador, hasta su muerte, de esta comisión que la asamblea general de comuneros nombró en abril del año pasado para la defensa y recuperación de la totalidad de las tierras que, a lo largo de 40 años, nos fueron invadidas por acaudalados caciques mestizos de La Placita,
municipio de Aquila, Michoacán. Tierras que recuperamos en su totalidad a partir de la acción iniciada el pasado 29 de junio.
No está por demás recordar que fue precisamente en la playa del Océano Pacífico conocida como "Las Peñas", uno de los parajes que conforman las más de mil hectáreas recuperadas por nuestra comunidad, que apareció sin vida y con visibles rastros de tortura el cuerpo del profesor Diego Ramírez Domínguez.
Al respecto, hoy como ayer, nuestra exigencia es el inmediato esclarecimiento del asesinato del profesor Diego Ramírez Domínguez y el castigo a los autores intelectuales y materiales de su muerte. Asimismo reiteramos que nuestras restantes exigencias siguen siendo:
1. El respeto a la posesión que nuestra comunidad guarda sobre la totalidad de las tierras recientemente recuperadas, mismas que se localizan en el antiguo paraje de Xayakalan y la colindancia con el Océano Pacífico.
2. La creación de mecanismos por parte de los gobiernos del estado y federal que garanticen en forma definitiva la tenencia de dichas tierras a favor de nuestra comunidad.
3. El reconocimiento del nuevo asentamiento humano que hemos establecido en las tierras recuperadas y que lleva el nombre de Xayakalan.
4. La creación de un plan de seguridad para la Tenencia de La Placita, municipio de Aquila, Michoacán, que inhiba nuevos ataques por parte de sicarios o grupos paramilitares contratados o protegidos por el crimen organizado o por supuestos pequeños propietarios de La Placita.
5. El otorgamiento de garantías por parte de los gobiernos federal y del estado de Michoacán para el funcionamiento autónomo de las policías comunitarias y la guardia comunal en las comunidades de Santa María Ostula, El Coire y Pómaro, es decir, en todo el territorio nahua de la Costa michoacana.
Por último queremos hacer nuevamente del conocimiento general la cuenta bancaria en la que pueden hacer depósitos económicos tod@s aquell@s que deseen solidarizarse con nuestra lucha:
CUENTA "PERFILES" BANAMEX A NOMBRE DE VÍCTOR SELESTINO GRAGEDA, TESORERO DE LA COMUNIDAD. CUENTA NÚMERO 7989603, CLABE NÚMERO 002497044779896031. SUCURSAL LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 447.
SANTA MARÍA OSTULA, AQUILA, MICH., A 28 DE JULIO DE 2009.
TIERRA Y LIBERTAD
LA COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA
AL PUEBLO DE MÉXICO.
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
La COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA hace del conocimiento general que este domingo 26 de julio se cumplió un año de que fuera violentamente asesinado el profesor Diego Ramírez Domínguez, comunero perteneciente a nuestra comunidad y coordinador, hasta su muerte, de esta comisión que la asamblea general de comuneros nombró en abril del año pasado para la defensa y recuperación de la totalidad de las tierras que, a lo largo de 40 años, nos fueron invadidas por acaudalados caciques mestizos de La Placita,
municipio de Aquila, Michoacán. Tierras que recuperamos en su totalidad a partir de la acción iniciada el pasado 29 de junio.
No está por demás recordar que fue precisamente en la playa del Océano Pacífico conocida como "Las Peñas", uno de los parajes que conforman las más de mil hectáreas recuperadas por nuestra comunidad, que apareció sin vida y con visibles rastros de tortura el cuerpo del profesor Diego Ramírez Domínguez.
Al respecto, hoy como ayer, nuestra exigencia es el inmediato esclarecimiento del asesinato del profesor Diego Ramírez Domínguez y el castigo a los autores intelectuales y materiales de su muerte. Asimismo reiteramos que nuestras restantes exigencias siguen siendo:
1. El respeto a la posesión que nuestra comunidad guarda sobre la totalidad de las tierras recientemente recuperadas, mismas que se localizan en el antiguo paraje de Xayakalan y la colindancia con el Océano Pacífico.
2. La creación de mecanismos por parte de los gobiernos del estado y federal que garanticen en forma definitiva la tenencia de dichas tierras a favor de nuestra comunidad.
3. El reconocimiento del nuevo asentamiento humano que hemos establecido en las tierras recuperadas y que lleva el nombre de Xayakalan.
4. La creación de un plan de seguridad para la Tenencia de La Placita, municipio de Aquila, Michoacán, que inhiba nuevos ataques por parte de sicarios o grupos paramilitares contratados o protegidos por el crimen organizado o por supuestos pequeños propietarios de La Placita.
5. El otorgamiento de garantías por parte de los gobiernos federal y del estado de Michoacán para el funcionamiento autónomo de las policías comunitarias y la guardia comunal en las comunidades de Santa María Ostula, El Coire y Pómaro, es decir, en todo el territorio nahua de la Costa michoacana.
Por último queremos hacer nuevamente del conocimiento general la cuenta bancaria en la que pueden hacer depósitos económicos tod@s aquell@s que deseen solidarizarse con nuestra lucha:
CUENTA "PERFILES" BANAMEX A NOMBRE DE VÍCTOR SELESTINO GRAGEDA, TESORERO DE LA COMUNIDAD. CUENTA NÚMERO 7989603, CLABE NÚMERO 002497044779896031. SUCURSAL LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 447.
SANTA MARÍA OSTULA, AQUILA, MICH., A 28 DE JULIO DE 2009.
TIERRA Y LIBERTAD
LA COMISIÓN POR LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNALES DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA
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