Ramón Vera
[Nota de El Libertario: Dado el desconocimiento casi absoluto que existe en Latinoamérica sobre la trágica saga histórica del pueblo Garífuna -también Garinagu o Caribes Negros- antecedente imprescindible para entender la situación descrita en este artículo, recomendamos leer http://www.garifuna.com/index._espa%F1ol.htm y http://es.wikipedia.org/wiki/Gar%C3%ADfuna_%28etnia%29.]
Hay una certeza que crece en los espacios donde se divulga la situación de los pueblos originarios en América Latina, incluso en algunas audiencias públicas del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en Estados Unidos: existe la pretensión, nada solapada, de expulsar al pueblo garífuna de sus territorios en Honduras, desconocerle sus derechos, deshabilitarle sus estrategias de subsistencia y empujarlos a un exilio a Estados Unidos donde los reciben con marginación, encierro, maltrato y hasta trabajo esclavo.
La expulsión rotunda
En septiembre, en una reunión celebrada en La Ceiba, Honduras, para hablar de la expansión de los monocultivos, las organizaciones continentales participantes señalaron que “la expansión frenética y masiva de los monocultivos en el continente, coloca en condiciones precarias a campesinos, pueblos indígenas y negros, además de generar un enorme impacto ambiental”, y que los cultivos de palma africana, soya, eucaliptos y pastizales, se han convertido en “feroces instrumentos de acaparamiento de tierras” —lo que redunda en la expulsión, muchas veces armada y paramilitar, de las comunidades. Una expulsión agravada por el trasvase de ríos y acuíferos, la desecación de humedales, los proyectos turísticos, mineros y petrolíferos.
Hace poco, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales afirmó del caso garífuna: “Denunciamos enérgicamente las graves violaciones a los derechos humanos, el despojo y desplazamiento de los pueblos, la criminalización de la lucha por la defensa de los territorios, las acciones de amenazas y persecuciones que desde hace varios años se imponen para favorecer los intereses empresariales en claro detrimento de los derechos colectivos”.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) sigue denunciando desalojos como el de Armenia para favorecer a la Standard Fruit Company o el de Barra Vieja, a manos de la Empresa Nacional Portuaria e Indura Beach Resort. El propio Estado hondureño litiga contra las comunidades intentando desconocer sus derechos territoriales. Incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en Costa Rica y luego en Paraguay) insistió en negarle al pueblo garífuna su condición de pueblo originario de Honduras y su condición de pueblos indígenas.
Pese a que la Corte Interamericana le señaló al Estado hondureño su incongruencia (al no aceptar territorialidades ancestrales no tituladas), la misma Corte de Apelaciones de la Ceiba, en Honduras, “en base a una cuestionable ley de municipalidades y la ilegal ley de propiedad”, dice OFRANEH, “pretende satisfacer los mandatos de los empresarios”. Ante el desalojo, el pueblo garífuna está huyendo. Sabe que las llamadas Zonas de Empleo y Desarrollo económico (ZEDE) lo empujarán literalmente a quedar encerrado en ciudades modelo, donde todo está privatizado, tercerizado —de la gestión de los servicios a la seguridad—, incluso la justicia. El extremo es la invivible existencia impuesta por los grupos criminales, coludidos con los gobiernos, en la región.
Exilio hacia el encierro
Para irse a Estados Unidos (hay entre 75 mil y 90 mil garífunas tan sólo en el Bronx) los garífunas tienen que atravesar la intrincada maraña de corrupciones, hostigamientos, asaltos, violaciones y vejación (a manos de la policía y los grupos criminales) que los esperan en territorio mexicano. Basta revisar los horrores del caso de Ángel Amílcar Colón, migrante garífuna inocente, preso en condiciones inhumanas en cárceles mexicanas desde 2009, y cuyo proceso no se define aún.
En preaudiencias relacionadas con migración en el Capítulo México del TPP, celebradas en Nueva York y Seattle, las denuncias de varias mujeres garífunas hablan de por lo menos 189 madres con hijos que en vez de ser deportadas al llegar, las autoridades les ponen a los hijos en albergues y a ellas les colocan grilletes electrónicos que literalmente las espían, rastrean y controlan sus movimientos, y pretenden quebrarlas mentalmente. Una de ellas dijo en la preaudiencia celebrada en la sede de Naciones Unidas: “Nunca pensamos que seríamos esclavas aquí en Estados Unidos, como lo fueron nuestros ancestros africanos. Los grilletes suenan, nos hablan, nos obligan a regresar a casa para recargarles la batería, nos impiden salir de ciertas áreas y permiten que la policía entre a nuestras casas a cualquier hora intimidándonos como se les pega la gana. Por qué no nos deportaron. Tal vez quieren saber quiénes son nuestras amistades”.
Otra más declaró: “Es raro, sólo les ponen los grilletes a las mujeres. A los hombres los deportan o los ponen a trabajar en centros de detención por un dólar al día. Hay quien dice que nos están probando, y que nos quieren someter, doblegar, para que aceptemos sus condiciones”.
Y cuando no les ponen grilletes, el destino de los migrantes es la deportación o los centros de detención privados, como el de Newark, o como el de Tacoma en Seattle, estado de Washington. Tales centros de detención de GEO [la empresa privada que los maneja y fabrica los grilletes electrónicos] son prisiones lucrativas puestas en vigor desde 1996 y que no están administradas por el gobierno federal o estatal, por lo que no rinden cuentas del trato impartido a los reclusos. Los testimonios de los detenidos reportan tratos inhumanos, encadenamiento de pies y manos y amordazamiento, “ser castigados si piden respeto, negativa de tratamiento médico y de los instrumentos más básicos de higiene”.
En la preaudiencia del TPP celebrada en Seattle, los jurados hicieron la siguiente recomendación, entre otras muchas: “El sistema de detención (incluidos los centros de detención física en sí mismos), debe ser desmantelado. No se debe separar a las familias por ninguna forma de cumplimiento migratorio. El sistema de cumplimiento de las leyes migratorias se privatizó y corporaciones privadas como GEO Corporation (antes Wackenhunt, y antes la Agencia Pinkerton) con un largo récord de abusos hacia los trabajadores y los migrantes, presionan en pos de una aplicación más estricta para garantizar mayores ganancias. Debe eliminarse a las corporaciones privadas de todos los aspectos del sistema migratorio, en especial de la ejecución de la ley”.
Es increíble que mientras en un polo se promueve la expulsión, en el otro el destino de los expulsados sea caer esclavizados por haber creído que llegarían al país de la libertad y las oportunidades. En ambos polos, la sociedad civil tendrá que ejercer presión para salvaguardar la integridad del pueblo garífuna con sus territorios ancestrales.
[Tomado del suplemento Ojarasca (del diario La Jornada) # 210, México, octubre 2014; accesible en http://www.barriodelcarmen.net/nube/revista/item/1798-ojarasca-n-210.html.]
[Nota de El Libertario: Dado el desconocimiento casi absoluto que existe en Latinoamérica sobre la trágica saga histórica del pueblo Garífuna -también Garinagu o Caribes Negros- antecedente imprescindible para entender la situación descrita en este artículo, recomendamos leer http://www.garifuna.com/index._espa%F1ol.htm y http://es.wikipedia.org/wiki/Gar%C3%ADfuna_%28etnia%29.]
Hay una certeza que crece en los espacios donde se divulga la situación de los pueblos originarios en América Latina, incluso en algunas audiencias públicas del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en Estados Unidos: existe la pretensión, nada solapada, de expulsar al pueblo garífuna de sus territorios en Honduras, desconocerle sus derechos, deshabilitarle sus estrategias de subsistencia y empujarlos a un exilio a Estados Unidos donde los reciben con marginación, encierro, maltrato y hasta trabajo esclavo.
La expulsión rotunda
En septiembre, en una reunión celebrada en La Ceiba, Honduras, para hablar de la expansión de los monocultivos, las organizaciones continentales participantes señalaron que “la expansión frenética y masiva de los monocultivos en el continente, coloca en condiciones precarias a campesinos, pueblos indígenas y negros, además de generar un enorme impacto ambiental”, y que los cultivos de palma africana, soya, eucaliptos y pastizales, se han convertido en “feroces instrumentos de acaparamiento de tierras” —lo que redunda en la expulsión, muchas veces armada y paramilitar, de las comunidades. Una expulsión agravada por el trasvase de ríos y acuíferos, la desecación de humedales, los proyectos turísticos, mineros y petrolíferos.
Hace poco, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales afirmó del caso garífuna: “Denunciamos enérgicamente las graves violaciones a los derechos humanos, el despojo y desplazamiento de los pueblos, la criminalización de la lucha por la defensa de los territorios, las acciones de amenazas y persecuciones que desde hace varios años se imponen para favorecer los intereses empresariales en claro detrimento de los derechos colectivos”.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) sigue denunciando desalojos como el de Armenia para favorecer a la Standard Fruit Company o el de Barra Vieja, a manos de la Empresa Nacional Portuaria e Indura Beach Resort. El propio Estado hondureño litiga contra las comunidades intentando desconocer sus derechos territoriales. Incluso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en Costa Rica y luego en Paraguay) insistió en negarle al pueblo garífuna su condición de pueblo originario de Honduras y su condición de pueblos indígenas.
Pese a que la Corte Interamericana le señaló al Estado hondureño su incongruencia (al no aceptar territorialidades ancestrales no tituladas), la misma Corte de Apelaciones de la Ceiba, en Honduras, “en base a una cuestionable ley de municipalidades y la ilegal ley de propiedad”, dice OFRANEH, “pretende satisfacer los mandatos de los empresarios”. Ante el desalojo, el pueblo garífuna está huyendo. Sabe que las llamadas Zonas de Empleo y Desarrollo económico (ZEDE) lo empujarán literalmente a quedar encerrado en ciudades modelo, donde todo está privatizado, tercerizado —de la gestión de los servicios a la seguridad—, incluso la justicia. El extremo es la invivible existencia impuesta por los grupos criminales, coludidos con los gobiernos, en la región.
Exilio hacia el encierro
Para irse a Estados Unidos (hay entre 75 mil y 90 mil garífunas tan sólo en el Bronx) los garífunas tienen que atravesar la intrincada maraña de corrupciones, hostigamientos, asaltos, violaciones y vejación (a manos de la policía y los grupos criminales) que los esperan en territorio mexicano. Basta revisar los horrores del caso de Ángel Amílcar Colón, migrante garífuna inocente, preso en condiciones inhumanas en cárceles mexicanas desde 2009, y cuyo proceso no se define aún.
En preaudiencias relacionadas con migración en el Capítulo México del TPP, celebradas en Nueva York y Seattle, las denuncias de varias mujeres garífunas hablan de por lo menos 189 madres con hijos que en vez de ser deportadas al llegar, las autoridades les ponen a los hijos en albergues y a ellas les colocan grilletes electrónicos que literalmente las espían, rastrean y controlan sus movimientos, y pretenden quebrarlas mentalmente. Una de ellas dijo en la preaudiencia celebrada en la sede de Naciones Unidas: “Nunca pensamos que seríamos esclavas aquí en Estados Unidos, como lo fueron nuestros ancestros africanos. Los grilletes suenan, nos hablan, nos obligan a regresar a casa para recargarles la batería, nos impiden salir de ciertas áreas y permiten que la policía entre a nuestras casas a cualquier hora intimidándonos como se les pega la gana. Por qué no nos deportaron. Tal vez quieren saber quiénes son nuestras amistades”.
Otra más declaró: “Es raro, sólo les ponen los grilletes a las mujeres. A los hombres los deportan o los ponen a trabajar en centros de detención por un dólar al día. Hay quien dice que nos están probando, y que nos quieren someter, doblegar, para que aceptemos sus condiciones”.
Y cuando no les ponen grilletes, el destino de los migrantes es la deportación o los centros de detención privados, como el de Newark, o como el de Tacoma en Seattle, estado de Washington. Tales centros de detención de GEO [la empresa privada que los maneja y fabrica los grilletes electrónicos] son prisiones lucrativas puestas en vigor desde 1996 y que no están administradas por el gobierno federal o estatal, por lo que no rinden cuentas del trato impartido a los reclusos. Los testimonios de los detenidos reportan tratos inhumanos, encadenamiento de pies y manos y amordazamiento, “ser castigados si piden respeto, negativa de tratamiento médico y de los instrumentos más básicos de higiene”.
En la preaudiencia del TPP celebrada en Seattle, los jurados hicieron la siguiente recomendación, entre otras muchas: “El sistema de detención (incluidos los centros de detención física en sí mismos), debe ser desmantelado. No se debe separar a las familias por ninguna forma de cumplimiento migratorio. El sistema de cumplimiento de las leyes migratorias se privatizó y corporaciones privadas como GEO Corporation (antes Wackenhunt, y antes la Agencia Pinkerton) con un largo récord de abusos hacia los trabajadores y los migrantes, presionan en pos de una aplicación más estricta para garantizar mayores ganancias. Debe eliminarse a las corporaciones privadas de todos los aspectos del sistema migratorio, en especial de la ejecución de la ley”.
Es increíble que mientras en un polo se promueve la expulsión, en el otro el destino de los expulsados sea caer esclavizados por haber creído que llegarían al país de la libertad y las oportunidades. En ambos polos, la sociedad civil tendrá que ejercer presión para salvaguardar la integridad del pueblo garífuna con sus territorios ancestrales.
[Tomado del suplemento Ojarasca (del diario La Jornada) # 210, México, octubre 2014; accesible en http://www.barriodelcarmen.net/nube/revista/item/1798-ojarasca-n-210.html.]
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