Denuncian completo desinterés del Ejecutivo por crisis ambiental y social en la Amazonía

Apu de la cuenca del río Tigre muestra a la prensa imagen del daño que le está haciendo la actividad petrolera a la Amazonía.

- En conferencia de prensa apus exigieron que se destine presupuesto para atender demandas de los pueblos indígenas de las cuatro cuencas.
Servindi, 28 de noviembre, 2014.- Congresistas y apus de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, ubicadas en Loreto, denunciaron el desinterés con que el Ejecutivo viene tratando la problemática ambiental y social que afrontan más de un centenar de comunidades a consecuencia de la actividad petrolera.
Alfonso López, presidente de la Acodecospat, federación del pueblo Kukama, sostuvo en la conferencia de prensa organizada para dar a conocer esta situación, que sus demandas son las mismas de hace tres años y que sin embargo el gobierno no ha hecho significativo al respecto.
En ese sentido, la congresista Marisol Pérez Tello afirmó que en todo ese tiempo no se han creado los mecanismos para satisfacer las demandas de los pueblos afectados como son “titulación, compensación, pago por el uso de tierras, saneamiento y un plan de remediación serio”.
Se han creado comisiones multisectoriales, informes socioambientales, informes sociales, una comisión de emergencia ambiental y nada de esto ha dado resultados concretos, explicó la parlamentaria.
Los apus de la cuatro cuencas se refirieron también al rol de la premier Ana Jara, a quien le pidieron respete los acuerdos tomados en las comisiones de desarrollo que el mismo Ejecutivo ha formado.

Carlos Sandi, presidente de la Feconaco

Los apus cuestionaron así que la PCM a través de su Oficina Nacional del Diálogo y Sostenibilidad recientemente haya suspendio una reunión clave, por el alcance de las decisiones que se tenían previstas tomar, hasta nuevo aviso, cuando el 10 de noviembre la PCM ya había empeñado su palabra para que dicha reunión se dé la última semana de este mes.
“Venimos a reiterar nuestro pedido a la premier, que se pronuncie (…) necesitamos que la premier nos establezca fecha y hora para que las cuencas y los apus estemos con ella para discutir las soluciones a nuestros problemas”, manifestó enfático Alfonso López de la Acodecospat.

Presupuesto cuanto antes

Tras recibir el respaldo de los congresistas Verónika Mendoza, Marisol Pérez Tello, Eduardo Nayap, Rosa Mavila, Manuel Dammert y Jaime Delgado, los apus dieron a conocer uno de sus pedidos más inmediatos como es el establecimiento de un fondo para atender las demandas de las comunidades de las cuatro cuencas afectadas.
Asimismo, solicitaron que se señale a un responsable del mismo y el tiempo que va tomar atender temas urgentes como el de la salud. Los apus recordaron que hasta el día de hoy las comunidades siguen tomando agua contaminada con metales pesados y derivados del petróleo.
“Así como el Estado garantiza las ganancias de las empresa petroleras también tiene que garantizar los derechos de los pueblos indígenas”, reclamó Carlos Sandi, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Corrientes (FECONACO).

Congresistas de la República expresando su respaldo a las demandas de los apus.

El mismo cuestionó la autoridad del Perú en la organización de la Conferencia de las Partes (COP 20), ya que mientras que por un lado el gobierno habla de defender la Amazonía, por el otro -explicó- no hace nada por protegerla de los daños que por más de cuarenta años le ha ocasionado la actividad petrolera.
En otros puntos, las federaciones se mostraron reticentes a los anuncios del Gobierno sobre la licitación del Lote 192. Señalaron que hasta que no se cumplan con sus demandas no participarán de ningún proceso de consulta al respecto.
Como es sabido, en el Lote 1 AB y el Lote 8 opera la empresa argentina Pluspetrol, la misma que por años ha sido blanco de serias críticas. Un reciente informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha dado cuenta de su cuestionable forma de operar en vastas extensiones de la Amazonía.
Precisamente en agosto del próximo año termina el contrato de concesión del Lote 1AB, la misma área, ahora ampliada, se llama Lote 192, y se concesionará 40 años más.
Al respecto, la congresista Rosa Mavila sostuvo que lo mínimo que se debe hacer es que se dé un control de daños, y que se establezca un parámetro para que a futuro esos daños no puedan profundizarse en contra de la población indígena.