“Sucede que si a desalambrar odios nos llaman, a desalambrar miradas duras nos convocan,
tocará enterarse del fulgor Sabino, de la fuerza Sabino que enseña indígena
que aún merecemos territorio para amar, territorio para crecer, territorio para encontrarnos.”
A desalambrar. Nicanores. Maracaibo 25 /03/09.
El pasado 24/05/09 quienes venimos acompañando la lucha de los indígenas Yucpa por su territorio recibimos con entusiasmo una noticia publicada por el Diario Panorama titulada: “Este año yucpas tendrán sus tierras”, ¡por fin se saldará la deuda histórica!, pensamos. Lamentablemente, la entrevista muestra como el Viceministro de Ordenamiento Ambiental del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Sergio Rodríguez, sigue repitiendo posiciones que son objeto de preocupación por parte de los indígenas y las organizaciones que hacen solidaridad con esta lucha, pues se constituyen en obstáculos para la garantía real de los derechos territoriales indígenas.
Bajo el argumento de la soberanía alimentaria se insiste en el respeto de los “derechos de terceros”, quienes haciendo uso de la fuerza han usurpado durante décadas los territorios indígenas. Históricamente los Yukpa han sido víctimas de los ganaderos y más recientemente sus espacios han sido reducidos por las presencia de campesinos, refugiados e indígenas wayuu, así como grupos subversivos y paramilitares colombianos. Legitimar la presencia de todos estos actores significa legalizar la reducción del hábitat indígena.
Es necesario dejar claro que los derechos territoriales se ejercen sobre las áreas usadas por los ancestros indígenas para: vivienda, conuco, caza y pastoreo, así como los lugares que tienen valor espiritual o cultural. No se refiere, por lo tanto, a la dotación de una parcela privada por parte del gobierno, sino al reconocimiento por parte de Estado, de un espacio sociocultural y político, vital para el ejercicio pleno de sus otros derechos colectivos.
Lo que se encuentra detrás de los “derechos de terceros” es la implementación en la zona de un modelo de desarrollo depredador, de enclave minero exportador, cuyo único interés es la extracción de recursos para producir riqueza, sin importar las consecuencias ambientales, sociales y de destrucción cultural.
Asimismo, preocupa como el Viceministro Sergio Rodríguez con sus afirmaciones sobre la violencia en la zona refuerza la tendencia a “criminalizar” a los indígenas, textualmente dice: “Lo que pasa es que, ahora, como ellos se sienten apoyados, se ha generado una violencia de los indígenas no sólo hacia los ganaderos, sino también hacia los campesinos y hacia las otras comunidades wayúu. En esa área tenemos un problema de violencia generalizada.” Cualquier persona que lea este texto fácilmente asumirá que los indígenas son los responsables de la violencia en la zona lo cual significa desconocer las dinámicas de apropiación de la tierra que ya describimos anteriormente. La declaración califica a los indígenas como “violentos” y en tanto deslegitima su movilización como luchadores sociales en ejercicio de una genuina acción de defensa de sus derechos. En consecuencia, cualquier acción de carácter represivo contra la lucha indígena consigue allí su justificación.
Incluso este tipo de argumentos que criminalizan la lucha indígena han generado una exclusión permanente y reiterada de los caciques de las comunidades: Chaktapa, Guamo Pamocha, Rio Yaza y Shiraji de las reuniones de las Comisiones de Demarcación, tanto nacional como regional, lo que les ha impedido manifestar su opiniones y propuestas, es decir, ha limitado el ejercicio de su derecho a la participación.
Caminar hacia la tarea de saldar la deuda histórica con los indígenas para por reconocer e incluir sus concepciones de mundo y sus propuestas, esto solo es posible con la garantía de participación de todos los caciques en igualdad de condiciones, sin centros pilotos de por medio. Por Maryluz Guill
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