El Comercio encubre decretos que entregan bosques, tierras y aguas a la rapiña de las corporaciones privadas
El serio conflicto surgido entre las comunidades amazónicas y el Estado Peruano -que se agudizó el 9 de abril cuando se declaró una huelga indefinida- es consecuencia directa del Tratado de Libre Comercio pactado a espaldas de los pueblos entre las burocracias gubernamentales de Perú y Estados Unidos. Las normas legales promulgadas en 2008 y 2009 por el gobierno de García Pérez con el objetivo de implementar el TLC, sobre asuntos tan importantes como el patrimonio forestal, los recursos hídricos y el derecho territorial de los pueblos nativos, carecen del consentimiento informado de las comunidades afectadas (como manda el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT) y transgreden varias normas constitucionales.
Entre los proyectos a ejecutarse para el así llamado Desarrollo Nacional está la producción de biocombustibles, empresa acusada de agudizar el hambre de los pueblos por usar tierras, productos y fuerza de trabajo del proceso alimentario, encareciéndolo. La industria bioenergética se justifica a sí misma con un “discurso verde” que buscaría abandonar el uso de combustibles fósiles para frenar la emisión de gases invernadores, pero en realidad es un lucrativo negocio que provoca -además- un severo desastre ecológico con la desaparición de millones de hectáreas de bosques naturales, tal cual ocurre en Malasia, Indonesia y Brasil.
El desarrollo de monocultivos con fines bionergéticos es considerado de interés nacional por Ley 28054 dada por el gobierno de Alejandro Toledo ya en 2003. En concordancia, y en clara muestra de la voluntad estatal, el 18 de abril de 2009 el gobierno de García Pérez constituyó el Grupo Técnico de Trabajo para formular el Plan Nacional de Agroenergía, y antes, el 13 de enero de 2009, realizó una modificación fundamental a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, estableciendo una amplia excepción a la conservación mandatoria de las áreas forestales: “No habrá cambios de uso en las tierras que pertenecen al patrimonio forestal cualquiera sea su categoría, salvo cuando se trate de proyectos declarados de interés nacional.”
Esta importante salvedad fue escondida por el congresista oficialista Jorge del Castillo, en su defensa de la Ley Forestal efectuada en sesión pública del Parlamento el 26 de mayo de 2009, y tampoco es revelada por los medios adictos a las políticas neoliberales del gobierno. Al contrario, es ocultada sin decoro, en concertada campaña de desinformación. Así, el diario El Comercio en su edición del 29 de mayo, en la breve noticia que le dedica en la página A7 a la crisis amazónica (el titular absoluto del “decano del periodismo peruano” ¡es la gripe porcina!), resalta en un recuadro (ver foto a la izquierda) un dato que ellos presentan como una revelación pero que no es sino información engañosa fabricada para que sus lectores sigan creyendo -en el colmo de la ignorancia- que los pueblos amazónicos protestan sin razón.
Un hecho elocuente: el diario El Comercio en su edición del domingo 31 de mayo no dijo ni una palabra sobre la protesta amazónica, pero le dedicó un especial al Día Mundial del Medio Ambiente, a celebrarse el 5 de junio. La televisora de la corporación El Comercio, Canal N, no se queda atrás. El 18 de mayo, el noticiero matutino presentado por Carla Harada y Carlos Fonseca incurrió en una grosera manipulación al insertar una imagen de nativos amazónicos atendiendo un mitin, en medio de un discurso que el presidente Alan García daba contra las protestas amazónicas, en el distrito de Ate, Lima. Así quisieron dar la falsa impresión de que los nativos atienden en silencio las peroratas estatales, las cuales son privilegiadas por Canal N a lo largo de su programación.
Los presentadores de Canal N no se dieron por enterados de la fraudulenta edición de la noticia, y después informaron con naturalidad: “A pesar de que su líder canceló la declaratoria de insurgencia, las comunidades amazónicas siguen en pie de lucha”, en estupenda demostración de la lógica estatal que criminaliza todo disenso relevante. Cuando el delegado indígena Alberto Pizango erró al llamar a los pueblos amazónicos en insurgencia contra el Estado, corrigió rápidamente su lapso linguístico, y su convocatoria no provocó ningún cambio en el curso de las protestas. Pero los presentadores de Canal N viven en el reino donde todo lo que no es obligatorio está prohibido, y donde la mejor libertad es la que permite editar imágenes de telenoticieros a placer.
Los ocultamientos y manipulaciones periodísticas surgen de una profunda complicidad con el gobierno, y son cuasi-criminales si se comprende que detrás del así llamado Desarrollo Nacional acechan todo tipo de impacientes empresas privadas que ejecutando proyectos de irrigación, controlarán las aguas de los sembríos; otorgando créditos en épocas de crisis a agricultores, obtendrán títulos sobre sus tierras; rehabilitando áreas eriazas o áreas forestales agotadas, gozarán de propiedad perpetua sobre terrenos amazónicos; y convirtiendo áreas forestales en monocultivos con potencial bioenergético, devastarán los bosques naturales y desplazarán o arruinarán comunidades enteras.
También convertirán la enorme riqueza genética de las especies y los ecosistemas en objeto de propiedad y explotación de poderosos agentes económicos privados, entre los cuales destaca la transnacional Monsanto. Como ha explicado la especialista Isabel Lapeña, las normas legales emitidas por el gobierno peruano amenazan gravemente la biodiversidad al introducir el uso de semillas transgénicas y un agresivo régimen de patentes sobre estructuras genéticas ancestrales.
“Hay mucha gente que espera”
Altos funcionarios del gobierno peruano defendieron estas leyes con vehemencia, y efectuaron en el trámite algunas revelaciones. Así la ministra de Justicia, Rosario Fernández, cuyo despacho denunció por rebelión y conspiración al dirigente indígena Alberto Pizango, señaló que “lo que se pone en juego es el desarrollo del país, porque hay mucha gente que espera que se complemente el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, a fin de que lleguen los efectos positivos de ese importante acuerdo comercial.”
La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, mostró igual clase de preocupación y reveló a quién debe explicaciones, cuando dijo que “la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos quiere saber qué va a pasar si se deroga el Decreto Legislativo 1090, pero les hemos explicado que todavía tiene que pasar a la votación del Pleno del Congreso de la República, y nosotros confiamos en que esta situación se va a superar.”
Escuchando a estos personajes que tienen en cuenta a “mucha gente” pero no a las comunidades amazónicas ni a vastos sectores sociales opuestos al TLC; observando cómo dan explicaciones directas a Oficinas Comerciales extranjeras, mientras demoran lo suyo en establecer diálogo efectivo con los pueblos amazónicos, a los que primero amenazan con la violencia policial y militar, se comprende bien la facilidad con la cual la burocracia del Estado es capaz de comprometer importantes recursos comunes, con la dación fraudulenta de leyes para favorecer los negocios de poderosas corporaciones privadas.
“Sólo queremos hacer un jardín”
El diario El Comercio informó -el 26 de mayo- que el congresista oficialista Jorge del Castillo calificó como un “sabotaje al TLC” la derogatoria preliminar de la Ley Forestal. El mismo día, el noticiero nocturno de Canal N -propiedad de la misma corporación El Comercio- informó acerca de la reunión entre el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, y un grupo de representantes indígenas encabezados por Alberto Pizango. Naturalmente, Yehude Simon y distintos Ministros tuvieron más minutos en TV que los representantes indígenas, pero llamó la atención que una ex tesorera de la Asociación Intertétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana, quien interpuso ese mismo día una denuncia por malversación de fondos contra Alberto Pizango, tuviera más tiempo de noticiero que el mismo líder indígena.
En vez de levantar denuncias de aspecto engañoso, que tienen el claro objetivo de minar la voluntad de las protestas, ¿no vendría más a cuento recordar la performance pública de los burócratas que defienden el TLC y sus decretos, y que piden sin reparos una suerte de confianza absoluta, como el anterior Premier del presente régimen? Importa mucho recordar que Jorge del Castillo, “representante del pueblo” que el 26 de mayo exclamó en el Parlamento “sólo queremos hacer un jardín” en referencia a las tierras eriazas que el gobierno quiere vender en propiedad, renunció en octubre de 2008 a la Presidencia del Consejo de Ministros cuando se revelaron pruebas que lo involucraban en un negociado en la adjudicación de lotes petrolíferos.
Pero todavía les alcanza la cara para escandalizarse. La histeria aprista ante unas palabras del congresista de oposición Werner Cabrera (Partido Nacionalista), que involucraban al Presidente Alan García Pérez en los negociados y coimas que los decretos y el TLC seguramente propiciarán, frustró el debate sobre la derogatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre en el Pleno Parlamentario, el 29 de mayo; y se informó que el debate se reanudaría recién el 3 de junio.
El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon ya avisó que el trabajo de la Comisión Multisectorial “matará” el problema sin poner en peligro los intereses del país: “vamos a ver cómo matamos lo que les afecta a los hermanos nativos. Esa es la palabra, cómo matamos lo que les afecta sin afectar al Perú.” Por supuesto, la palabra “matar” no es sinónimo de derogar y la expresión “sin afectar al Perú” indica que el Estado no piensa dar marcha atrás en lo que ya decidió unilateralmente que es lo mejor para los pueblos: la invasión de las corporaciones privadas en la apropiación y devastación de aguas, selvas, genes y tierras.
”Los policías y soldados no serán los culpables”
Cuando el premier Yehude Simon, el pasado 15 de mayo, afirmaba que “Alberto Pizango busca un derramamiento de sangre” y añadía que “los policías y soldados no serán los culpables”, lo que hacía era justificar la violencia que -como en tantas otras ocasiones de manera impune- el Estado se alistaba a ejecutar para restaurar -a cualquier precio- el Orden Público, con numerosa participación de efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES).
La instalación de la Comisión Multisectorial no terminó con las protestas, las cuales continuarán hasta la derogatoria de los cuestionados decretos. Esta decisión fue respaldada -el 31 de mayo- por la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas de Abya Yala, celebrada en Puno, que también convocó a un paro nacional de solidaridad con los pueblos amazónicos para el miércoles 3 de junio y a movilizaciones internacionales frente a las embajadas peruanas. Persistiendo acciones de protesta como los bloqueos de carreteras y las tomas de instalaciones protagonizadas por nativos machiguengas en Cusco, el peligro de una acción brutal de las Fuerzas del Orden sigue latente.
No es inútil recordar que el año pasado el actual gobierno aprista disparó a matar contra campesinos y obreros en protestas en Ayacucho, Barranca y Pataz, e incluso pretende legalizar este tipo de crímenes. Y que el anterior gobierno de Alejandro Toledo, primer impulsor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ametralló una protesta de estudiantes universitarios en Puno, el 29 de mayo de 2003, y a lo largo de su gestión asesinó a varias personas con impactos de bombas lacrimógenas en la cabeza durante protestas sociales. Ciertamente, no son credenciales que políticos que dicen desvelarse por el bienestar de los pueblos quieren recordar. No conviene olvidarlas.
Por orwell-media
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