Gracias a la nueva constitución los pueblos indígenas existen, pero ahora se les violan los derechos; en la práctica siguen igual que en la cuarta república simplemente no existen para el Estado Nacional, están incluidos y gozan de toda forma de “identificaciones” como “identidades individualizadas” pero sus “bases comunitarias” son atacadas cotidianamente (Díaz-Polanco, 2006: 157).
La Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas prohíbe en el artículo 30 expresamente en las tierras, hábitat o territorios indígenas el desarrollo de actividades militares al menos que las justifique “una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado” y hasta donde tenemos información esto nunca ha sucedido, es más si los pueblos o naciones indígenas así lo hayan solicitado, como podría decir el Ministro Tareck El Aissami, el Estado está obligado a “celebrar consultas eficaces con los pueblos indígenas (…) antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”. Y nada de esto ha ocurrido hasta la fecha.
Cada día más crece el descontento entre el pueblo o nación Yukpa por estar construyendo inconsultamente unas infraestructuras para crear dos Bases Militares en su territorio, muy en especial en el sector Tukuko donde se encuentran más de la mitad de las comunidades del pueblo Yukpa, de igual manera ocurre tal descontento entre las comunidades ubicadas en la cuenca del río Negro, aunque con mayor silencio ya que en este sector vive la representante del Estado Gobierno, la Viceministra Indígena del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, exactamente donde este ministerio construyó un Centro Chamánico sin poseer este pueblo amerindio Chamán alguno.
Desde los tiempos de la cuarta república se hablaba de construir estas bases militares, en territorios de los pueblos indígenas ubicados en la Sierra de Perijá, los intereses mineros y militares de las trasnacionales presente en el Plan Colombia, o como lo denominamos en nuestro país Plan Venezuela, fueron expuestos sutilmente en reunión realizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores el día 23 de mayo de 1996 por empresarios norteamericanos del carbón que tienen concesiones mineras otorgadas en la línea fronteriza tanto del lado colombiano como del lado venezolano como son las empresas Minera MAICCA, la ISKE A.V.V., Tomen y TransMar Coal Inc. Estos empresario propusieron al alto gobierno de Rafael Caldera la construcción de dichas Bases Militares para cuidar el carbón y traslado, entre otros planes: “El propósito de ISKE A.V.V. es construir una infraestructura de carreteras y puentes en Colombia, así como en Venezuela para abrir la región carbonífera ubicada alrededor del pueblo La Gabarra, Colombia con el fin de transportar ese carbón colombiano al muelle carbonífero de TCSV. Un puente será construido sobre el Río de Oro, con cinta transportadora montada por encima de ello, con el propósito de transportar el carbón colombiano al lado venezolano. Una vez acopiado, el carbón será transportado por vía terrestre hasta el muelle carbonífero de TCSV (...) Más de 5 (cinco) kilómetros de carretera serán construidos, incluyendo reparación a los diez y nueve (19) kilómetros existentes (...) El proyecto “Río de Oro” obligará la presencia de una oficina aduanal y un destacamento de la Guardia Nacional o Base Militar para aumentar la seguridad en la zona fronteriza, con todos los gastos pagos por las empresas mineras ubicadas en dicha zona (...) Esa presencia militar, conjunta con el proyecto de MAICCA servirá para mejorar la calidad de vida y eliminar actividades ilegales en la zona. El proyecto debe de fortalecer la relación entre Colombia y Venezuela en luz de que el proyecto no puede ser cumplido sin el apoyo y cooperación de los dos países” (TCSV, Transporte Coal-Sea de Venezuela C.A. "Informe: Reunión Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Proyectos Carboníferos". Caracas, 25 de mayo de 1996. pp 6 + 1 mapa: 4).
Todo este proyecto fue cuestionado en aquel entonces ante los organismos competentes y ante la opinión pública por la Senadora por el Zulia Lucía Antillano, el Diputado al Congreso por el estado Zulia Economista Antonio Boza, por el Diputado a la Asamblea Legislativa del Zulia Ydelfonso Finol y por la ONG Sociedad Homo et Natura, y el proyecto no pasó; lamentablemente hoy en todas sus partes ha sido asumido por el Gobierno Nacional en sus relaciones bilaterales carbonífera viales con Uribe Vélez, Presidente de Colombia, sólo que las Bases Militares o como hoy se le denomina Base de Seguridad Territorial, la construye, como debe ser, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa según reza en la Gaceta Oficial Nº 39.046 de fecha 26/10/98 con un costo de inversión de 7.500.000 BF incluido en el cuestionado Plan Integral para la Defensa, Desarrollo y Consolidación de los Municipios Fronterizos Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Jesús María Semprúm del Estado Zulia. Comunidades Indígenas Yukpa.
Todavía el imperio o los países imperiales, o mejor dicho las empresas multinacionales con su megaproyecto carbonífero portuario vial tienen las manos metidas en la Sierra de Perijá desde río de Oro hasta el río Guasare y Socuy, en el Sur del Lago, así como en el Lago de Maracaibo y Golfo de Venezuela.
Es tal el grado de invisibilidad a que se le ha sometido a los pueblos o naciones indígenas en Venezuela, en espacial sus derechos territoriales, que ya se da por sentado que éstos no tendrán territorios sino parcelas o títulos agrarios de propiedad colectiva de la tierra a la vieja usanza de la Ley de Reforma Agraria de 1960 del Instituto Agrario Nacional (IAN). Por esta razón en medio del proceso de demarcación de sus tierras y hábitat se construirán Bases Militares sin permiso alguno, irrespetando así la Zona Indígenas Reservada, Decreto del Ministerio de Agricultura y Cría y Ministerio de Justicia publicado en la Gaceta Oficial Nº 26.520 del 5 de Abril de 1961.
El desconocimiento jurídico indígena y la ignorancia de la realidad y estudios socio antropológicos del pueblo o nación indígena Yukpa ha llevado al los diez ministerios involucrados en el impulso de este Plan Integral a crear a lo ciego Bases Militares donde nunca se han debido construir. En estos dos espacios concretos las operaciones a realizar y la cotidiana convivencia de hombres solos los llevará a entrar en permanente contradicciones con las costumbres del pueblo Yukpa, a la larga tendrán que salir como una vez salieron con las tablas en la cabeza de la comunidad Saimadoyi del pueblo Barí, muy cerca donde hoy está la base en construcción en territorio Yukpa entre las comunidades Marewa y Tukuko.
Es oportuna la ocasión para denunciar la próxima Base Militar a construir entre los río Maché y Socuy del Teatro de Operaciones Nº 4 para garantizar, como en la Guajira colombiana, el buen funcionamiento de las minas y de la vía ferroviaria que trasladara carbón desde Colombia, entrando por La Fría recorriendo todo el piedemonte perijanero (por territorio Barí, Yukpa y Wayuu) para sacar carbón al océano Atlántico a través del Puerto Simón Bolívar a construir en aguas del Golfo de Venezuela.
Exigimos respeto a los derechos territoriales y culturales de los pueblos Yukpa, Barí y Wayuu.
Homo et Natura
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