Autonomías indígenas en México
Las políticas de la Colonia y del México actual sobre los pueblos indígenas han sido no un conjunto ordenado y etiquetado de planes y programas para beneficiar a los pueblos, sino parte de un proceso político y social conflictivo a lo largo de cinco siglos. Este proceso ha tenido
como eje recurrente el cuestionamiento de la condición política de los pueblos indígenas y de sus derechos agrarios. Cinco siglos no han logrado destruir totalmente los fundamentos de la vida colectiva indígena. El levantamiento armado ha sido a menudo la respuesta a los reiterados intentos de desaparecer los valores de sus comunidades. La propiedad comunal de la tierra aparece como más compleja e importante que la individual: se trata de un ordenamiento cultural en que el trabajo, la economía y la integración política de los individuos y las familias se asumen como un sistema de valores también colectivo.
El surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional propició, entre otras cosas, el debate sobre ciertas cuestiones fundamentales en torno a los derechos de los pueblos indígenas: el reconocimiento de los pueblos indios como sujetos de derecho público y no como entidades de
interés público, el reconocimiento de territorios y gobiernos autónomos indígenas, así como la recomposición de los municipios de acuerdo con los pueblos indios que los habiten.
Gran parte de la vida de las comunidades indígenas desde hace siglos se desenvuelve por una toma de decisiones autónomas. Los ámbitos de estas decisiones son muy vastos. Un ejemplo básico es el ordenamiento laboral solidario, no remunerado, conocido como "fajina", "tequio" o "trabajo comunitario". Una institución social como ésta ha sido esencial para la subsistencia de numerosas comunidades incapaces de contratar mano de obra.
Las autoridades comunitarias constituyen otro ejemplo destacado de las instituciones políticas autónomas de muchos pueblos indígenas. Las funciones civiles y las religiosas van comprobando la capacidad de cada uno de los miembros de la comunidad y ayudan a resolver los ascensos en
función de la capacidad demostrada. Los cargos no son remunerados ni representan beneficios económicos. La asamblea comunitaria o los concejos van determinando los procedimientos y nombramientos que den continuidad y seguridad a la comunidad. Este procedimiento de designación de autoridades tradicionales ha sido ya reconocido por la Constitución del estado de Oaxaca y es homologable a los procesos electorales de partidos políticos en municipios no indígenas.
Día con día los pueblos toman decisiones de manera autónoma en otras áreas civiles, penales y administrativas. Esta realidad política y social existe de hecho, pero sin reconocimiento constitucional.
El libro Otras geografías. Experiencias de autonomías indígenas en México, de Giovanna Gasparello y Jaime Quintana Guerrero, de próxima aparición, es un valioso encuentro y recuento con aspectos viejos y novísimos de realidades que están en proceso de cambio y de afirmación en varias regiones de México y en varios pueblos indígenas de Guerrero, Oaxaca y Sonora. Se trata de proyectos, programas y procesos variados de seguridad y justicia comunitaria, comunicación comunitaria, así como diversos retos de organización y administración del ejercicio autónomo.
Es una obra que ilustra múltiples aspectos. Por ejemplo, que la realidad de los procesos autónomos va más allá de los moldes teóricos o jurídicos con que se les ha querido frenar en las reformas constitucionales recientes. También, que esa fuerza de procesos sociales reales, no
teóricos, van más allá de las zonas de Chiapas, donde se asientan las juntas de buen gobierno. Igualmente, que estudiar, analizar o comprender estos procesos no puede separarse del compromiso con esos pueblos. Los científicos sociales que participan en esta obra lo demuestran persuasivamente. Conocimiento y compromiso van unidos en este proceso de México.
Ahora bien, no está por demás repetir que los estados libres y soberanos no ponen en riesgo a la Federación, no son separatistas, aunque tengan sus propias leyes, sus propios tribunales y su propia administración de recursos. Los municipios libres no constituyen un Estado dentro de otro
Estado aunque tengan sus propias autoridades y administración de recursos. En un viejo lenguaje jurídico, podríamos hablar de diferentes jurisdicciones o de diversas competencias forales: además del municipio libre y del fuero común, que es lo propio de cada estado, y además del
fuero federal, que es lo propio de la Federación, faltaría reconocer el fuero de los pueblos indígenas. La tradición constitucionalista de México frena esta posibilidad porque las raíces políticas de las constituciones mexicanas, que no llegan aún a 200 años, cancelan la opción de reconocer y respetar una realidad cultural e histórica de más de cinco siglos, una realidad quizás de milenios.
Carlos Montemayor.
http://www.jornada.unam.mx/2009/07/10/index.php?section=opinion&article=017a1pol
El indigenismo siempre será política de Estado
Una de las conquistas del movimiento indígena, encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI), ha sido identificar en el debate nacional la naturaleza paternalista, autoritaria y enajenante del indigenismo del Estado mexicano.
Antagónico a los autogobiernos de pueblos y comunidades, el indigenismo se desarrolla a partir de contradictorias y complementarias perspectivas desde los aparatos estatales y grupos dominantes nacionales y regionales que –de acuerdo a necesidades y coyunturas económicas y políticas– afirman
un integracionismo asimilacionista de las entidades étnicas diferenciadas de la nacionalidad mayoritaria "mexicana", o establecen un diferencialismo segregacionista que las mantiene en sus "regiones de refugio", siendo ambas políticas, en esencia, negadoras de las culturas indígenas y
causantes del clientelismo y el corporativismo impuestos durante el régimen priísta.
La constatación de esta tesis en el movimiento indígena y el incumplimiento por los tres poderes de la Unión de los acuerdos de San Andrés provocan una ruptura con el Estado mexicano que da cauce a procesos autonómicos de profundidad histórica, como los municipios rebeldes-juntas de buen gobierno zapatistas, y experiencias muy diversas en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, entre otras entidades.
Por ello, no es sorpresa que desde hace más de un mes, indígenas nahuas, mixtecos, tlapanecos y amuzgos de la Coordinadora Estatal Indígena del Alto Balsas y la Convención Estatal Indígena y Afroamericana de Guerrero estén denunciando ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas (CDI) –continuación panista del Instituto Nacional Indigenista (INI)– el nombramiento unilateral de Gonzalo Solís Cervantes como delegado estatal.
Con toda razón los integrantes de esas organizaciones indígenas, cuyos orígenes se remontan al Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, aducen que el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) otorga el derecho de consulta a los pueblos indígenas para todo aquello que les concierne. Su ejercicio incluso había sido pactado con la representación de la CDI en Guerrero desde 2007. No obstante, después de realizado ese proceso consultivo mediante el que resultó electo Guillermo Álvarez Nicanor, indígena nahua de ese estado, las autoridades de la CDI, encabezadas por Luis H. Álvarez, cuyo acercamiento a la problemática indígena se fundamenta únicamente en haber sido miembro de la Cocopa, pasaron sobre esos acuerdos, imponiendo al delegado de su conveniencia. Esto provocó la ocupación de la sede
estatal de la comisión en Chilpancingo, Guerrero, por más de un mes, pero ante el fracaso de la protesta en ese ámbito, centenares de indígenas guerrerenses arribaron a sus oficinas centrales en la ciudad de México.
Ni el titular de la CDI ni el encargado de la Unidad de Coordinación y Enlace ("operador político" vacacionando en España) recibieron a los manifestantes, quienes, por el contrario, sufrieron intimidaciones y provocaciones de la policía federal los días que permanecieron protestando e incluso fue arrestado Bruno Plácido Valerio, activo participante en la construcción del sistema de justicia comunitaria en Guerrero, a quien se acusa por los delitos de motín, ocupación de instituciones federales y lesiones. El dirigente fue liberado tras el pago de una fianza, mientras el plantón se levantó el 26 de junio pasado. Nuevamente, las organizaciones indígenas sufren en carne propia la estrategia de criminalización que los gobiernos panistas han impuesto como contención a los movimientos sociales.
Ante la negativa de las autoridades de la CDI de recibir a los manifestantes, las organizaciones participantes recurrieron a diversas acciones: huelga de hambre, demanda de mediación de la Organización de Naciones Unidas por conducto de su representación en México, exigencia de
intervención de las cámaras de diputados y senadores, y comunicación con promotores de derechos humanos y activistas de la sociedad civil organizada, recibiendo apoyo de estos actores políticos y sociales.
La Comisión Permanente de la 60 Legislatura, por su parte, mediante un punto de acuerdo, respaldó al Congreso de Guerrero –que se inclinó por la consulta previa a pueblos y comunidades indígenas– e hizo suyo "el criterio de que la selección de nuevos delegados de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Guerrero y de otras entidades federativas del país, en igualdad de condiciones, deberán tener prioridad los candidatos de origen indígena que cuenten con experiencia de trabajo con sus pueblos y tengan la suficiente capacidad en la administración pública federal, estatal y/o municipal".
Semejante resolutivo, sin embargo, aunque apoya el derecho a la consult de los pueblos indígenas, enfatiza de nuevo la relación paternalista de un organismo indigenista del Estado mexicano que decide en última instancia quién será su representante y qué políticas aplica en las regiones
étnicas. Este acto legislativo, así como la insistencia en buscar cargos públicos que no logran una articulación real con los pueblos y sus autonomías refuerzan esa perspectiva estatista que tanto daño hizo al movimiento indígena en el pasado.
Un camino fructífero que abrió el movimiento indígena nacional a partir de 1994 es continuar fortaleciendo sus instituciones colectivas, redes comunitarias, regionales y estatales horizontales que reconstituyan a los pueblos y desarrollen los procesos autonómicos que establecen el poder de mandar obedeciendo. También es necesario no olvidar que el indigenismo
siempre será política de Estado.
Gilberto López y Rivas.
http://www.jornada.unam.mx/2009/07/10/index.php?section=opinion&article=018a2pol
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