Peticiones de solidaridad

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a 27 de Junio de 2009.

A LOS ORGANISMOS CIVILES NACIONALES E INTERNACIONALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS.
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, CIVILES Y POLÍTICAS.
A LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES.
AL FRENTE NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN (FNCR).
A LA OPINIÓN PÚBLICA.

ACCIÓN URGENTE POR EL CESE AL HOSTIGAMIENTO Y CRIMINALIZACIÓN DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS, YOLANDA CASTRO APREZA Y DANIEL ALFONSO LUNA ALCÁNTARA.

Preocupados por el clima de vulnerabilidad que padecen diversos defensores de los derechos humanos en México, y particularmente por la situación de acoso que enfrentan integrantes de diversos organismos civiles de derechos humanos y personas de organizaciones sociales en el estado de Chiapas, cuya integridad física, emocional, psicológica y moral está siendo puesta
en riesgo, nos dirigimos a ustedes solicitando su apoyo solidario para que cese esta situación.

Como ha sido público a través de los medios de comunicación, en fechas recientes se ha intensificado una situación de hostigamiento hacia personas del Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", de la organización Maderas del Pueblo del Sureste y de diversas
organizaciones sociales en el estado de Chiapas.

Dentro de éstas últimas está el caso de los defensores de los Derechos Humanos Yolanda Castro Apreza y Daniel Alfonso Luna Alcántara, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), quienes además de padecer constantemente de hostigamiento y vigilancia por parte de cuerpos policíacos y agentes vestidos de civil, hoy pesa sobre ellos la intención
gubernamental de integrar expedientes y averiguaciones previas en su contra bajo la consigna de vincularles a "células armadas". Este acto tendiente a criminalizar la actividad política legal que desempeñan como defensores de derechos humanos, atenta contra su seguridad e integridad
personal, así como la de sus familiares y personas con que colaboran.

Trayectorias de Yolanda Castro Apreza y Daniel Alfonso Luna Alcántara en la defensa y promoción de los Derechos Humanos en Chiapas.

Yolanda Castro Apreza tiene una larga trayectoria en el acompañamiento y defensa de los derechos de las mujeres en Chiapas: fue cofundadora del movimiento feminista desde 1986; ha sido asesora de cooperativas de mujeres indígenas artesanas desde 1991, principalmente en la cooperativa
Jolom Mayaetik (Tejedoras Mayas); en el contexto del conflicto armado surgido en 1994, impulsó y formó parte de la Convención Estatal de Mujeres Chiapanecas, así como de las Brigadas de Observación Civil en comunidades indígenas; en 1995 fue cofundadora de la asociación civil K'inal Antsetik (Tierra de Mujeres), espacio desde el cual ha impulsado la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los feminicidios.

Más recientemente, como integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Yolanda Castro ha sido responsable de promover e impulsar la participación política de las mujeres, así como la defensa de sus derechos; en congruencia con lo cual, públicamente se sumó al
acompañamiento de la lucha de las mujeres familiares de Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Francisco Paredes Ruiz, víctimas de desaparición forzada desde 2007.

Por su parte Daniel Alfonso Luna Alcántara llegó a Chiapas en 1995, a convocatoria del Presidente del Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, Monseñor Samuel Ruiz García, para integrarse como voluntario en los Campamentos Civiles por la Paz, en las Brigadas Civiles
de Observación de los Derechos Humanos, y en los Cinturones de Paz de los Diálogos de San Andrés. En 1998 organizó y formó parte de la Misión Civil de Observación de los Derechos Humanos, que monitoreó todas las comunidades indígenas afectadas por operativos policíaco-militares entre
abril y junio de ése año.

En el marco de la defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de la población chiapaneca, ha participado a través de la Coordinadora de la Sociedad Civil en Resistencia (CSCR) y del Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS-FNLS), en la asesoría
organizativa, acompañamiento y defensa de los derechos de comunidades indígenas y campesinas en reivindicaciones sociales como: la resistencia a las altas tarifas de la energía eléctrica; contra el Plan Puebla-Panamá y sus megaproyectos asociados; en la defensa de la Tierra y el Territorio mediante la salvaguarda de los derechos agrarios, así como contra los programas privatizadores de la propiedad ejidal y comunal llamados PROCEDE y PROCECOM; contra la privatización de fuentes de agua comunitarias; contra la minería metálica.

Igualmente, en el ámbito de otras reivindicaciones y derechos legítimos de las comunidades y pueblos indígenas y campesinos de Chiapas, ambos, Yolanda Castro Apreza y Daniel A. Luna Alcántara, participaron a nivel estatal en la organización de la Consulta Nacional por el Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios y por el Fin de la Guerra de Exterminio, realizada en marzo de 1999. Así, ese año fueron cofundadores de las Coordinadoras Regionales de Chiapas por la Consulta Zapatista, que en 2001 se conformaron como Coordinadoras Regionales de Chiapas de la Sociedad Civil en Resistencia (CSCR), para finalmente convertirse en 2005 en el Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS-FNLS). Entre 1999 y 2000 fueron impulsores y participantes de la llamada Red Civil de Observación (RECIO), que se avocó a la tarea de recorrer cada comunidad del estado afectada por operativos policíaco-militares para documentar las violaciones sufridas en sus derechos humanos y civiles.

Entre agosto de 2001 y febrero de 2004, Yolanda y Daniel junto a otros miembros de la CSCR, organizaron cinco Foros Estatales de la Resistencia Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, a través de los cuales se articuló un importante movimiento plural con diferentes organizaciones del estado. Por otro lado, en colaboración con otras organizaciones sociales y civiles, entre las que destacaron como promotores el Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas" y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), organizaron en febrero de 2003 en Chiapas el Primer Encuentro Nacional Contra PROCEDE-PROCECOM, que contó con participantes de nueve estados del país; y en marzo de 2006, en la comunidad de Petalcingo integrada al MRPS-FNLS, el Primer Encuentro Estatal Contra PROCEDE-PROCECOM, en el cual participaron 36 organizaciones
y 6 ejidos/bienes comunales de diferentes municipios de Chiapas.

En octubre y noviembre de 2005 se integraron a la Red de Organismos Civiles y Sociales para la Emergencia en Chiapas, que se conformó para dar respuesta solidaria y humanitaria a la población afectada por el huracán Stan, tanto en la parte asistencial inmediata como en la posterior etapa
de organización autogestiva de las comunidades para superar la contingencia.

En algunos de los procesos de defensa de derechos humanos antes mencionados, hubo casos graves de represión policíaca dentro de los que destacaron treinta y seis indígenas zoques de la CSCR detenidos arbitrariamente el 27 de julio de 2001, así como otros nueve indígenas choles el 15 de febrero de 2005; en cuya pronta liberación Yolanda Castro y Daniel Luna tuvieron un papel central, apoyándose en diversas organizaciones de derechos humanos y sociales. Así mismo, desde 1999 a través de la CSCR y posteriormente del MRPS-FNLS, ambos se han distinguido por la defensa de un sinnúmero de personas y comunidades afectadas por distintos actos arbitrarios y violatorios de sus derechos fundamentales.
También durante estos años han realizado numerosas colaboraciones escritas para publicaciones tanto internas como externas a sus espacios organizativos; resaltando entre las primeras una nutrida elaboración de materiales informativos y educativo-formativos.

Un hecho importante de señalar es que Yolanda Castro ha recibido numerosas amenazas de diferente tipo desde 1994 por su activismo en pro de la paz en Chiapas, en tanto que Daniel Luna ha sufrido lo mismo a partir de 1999.

Hechos Recientes.

Uno de los principios adoptados como MRPS-FNLS es el de reivindicar la libertad de todos los presos políticos y de conciencia, así como posicionarse contra toda forma de represión y crímenes de lesa humanidad como lo son la tortura y la desaparición forzada entre otros. En congruencia con ello, como FNLS se impulsó una campaña nacional e internacional contra la Desaparición Forzada de luchadores sociales en general, iniciándola con el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quienes son reclamados como militantes suyos por el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Esto generó para Yolanda Castro y Daniel Luna, así como a otros integrantes del FNLS, una serie de amenazas vía correo electrónico y diversos señalamientos vinculatorios hacia dicho grupo insurgente.

Posteriormente Yolanda Castro asume solidariamente el compromiso de acompañar a Nadín Reyes Maldonado, hija del primero de dichos desaparecidos, durante una gira de denuncia por varios países de Europa que se llevó a cabo del 22 de octubre al 27 de diciembre de 2007. Durante
el recorrido fueron insistentemente presionadas por funcionarios del gobierno mexicano que las localizaban telefónicamente por donde iban pasando, con el fin de que no prosiguieran la gira; persuasión que no logró su objetivo.

Durante esa campaña de denuncia internacional, el Parlamento de Navarra, España, emitió una Declaración Institucional en la que condena la desaparición forzada de ambos miembros del EPR. Poco después se tuvo conocimiento de que el gobierno mexicano hacía gestiones diplomáticas de
muy alto nivel, instando al Estado español para que éste persuadiera al Parlamento de Navarra en el sentido de que se desistiera del mencionado pronunciamiento.

Luego de diversos señalamientos incriminatorios y hostigamientos hacia el FNLS en general, tanto en Chiapas como en otros estados, el 12 de noviembre de 2008 es allanado el domicilio de Yolanda Castro Apreza, de donde le fueron sustraídos únicamente una memoria USB y archivos de su computadora personal; lo cual descarta el móvil de robo común. A esto siguió un seguimiento permanente por parte de agentes de inteligencia del Estado vestidos de civil, de complexión robusta y corte de pelo tipo militar, que culminó el 9 de diciembre con el intento de éstos por obtener información sobre Yolanda a través de querer corromper a una persona que colabora con ella.

Por su parte, desde principios de mayo de 2009 Daniel Luna ha sido hostigado permanentemente en su domicilio por policías municipales y estatales, así como por sujetos vestidos de civil; mientras que Yolanda Castro continua teniendo seguimiento constante.

A lo anterior se añade que, por diversos medios, se ha obtenido información de que el gobierno del estado de Chiapas por instrucciones del gobierno federal mexicano, está integrando expedientes y averiguaciones previas en contra de Yolanda Castro Apreza y Daniel Alfonso Luna
Alcántara, con el objeto de señalarlos como integrantes de células de grupos armados; lo cual además de ser completamente falso dada su conocida trayectoria, revela la intención del Estado Mexicano por criminalizar su trabajo como defensores de derechos humanos en particular y el del FNLS en lo general.

Peticiones de Solidaridad.

Dado el historial público del quehacer realizado por Yolanda Castro y Daniel Luna, es evidente que la actividad política que han desarrollado como integrantes del FNLS es y ha sido civil, abierta, pública y fundamentada en el libre derecho de asociación y manifestación garantizado
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por diversos instrumentos y convenios internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano. Por ello solicitamos a ustedes las siguientes acciones solidarias:

· Hacer un llamado a las organizaciones sociales y civiles, así como a los organismos defensores de los Derechos Humanos y personalidades progresistas, tanto de México como de todo el mundo, para condenar enérgicamente y denunciar este tipo de prácticas del Estado Mexicano que
buscan criminalizar a toda persona que lucha por la defensa de los derechos humanos.

· Exigir al Presidente de la República Mexicana, C. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y al Gobernador de Chiapas, C. Juan Sabines Guerrero, que se conduzcan dentro del marco de respeto irrestricto a los acuerdos signados por el Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos, y que en apego y congruencia a ello cesen de instrumentar acciones que pongan en riesgo la integridad física, emocional, moral y psicológica de las y los defensores de derechos humanos, así como de luchadoras y luchadores sociales; particularmente de Yolanda Castro Apreza y Daniel Alfonso Luna
Alcántara, integrantes del FNLS, al igual que de sus familiares y personas con quienes colaboran.

· Exigir al C. Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, que se pronuncie públicamente y deslinde de estos actos intimidatorios que lo hagan cómplice de violaciones graves a los derechos humanos de los Defensores de Derechos Humanos antes citados, y que por lo tanto garantice su integridad física, emocional, psicológica y moral.

Les agradecemos de antemano su apoyo y solidaridad política para que cesen en México este tipo de acciones de Estado, que agreden y criminalizan a quienes velan por el respeto a los derechos humanos. Anexamos a la presente una carta modelo y las direcciones electrónicas para hacer las
exigencias correspondientes al Presidente de la República Mexicana, al Gobernador del Estado de Chiapas y demás instancias gubernamentales.

A T E N T A M E N T E

Comisión de Derechos Humanos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo
dh_fnls@yahoo.com.mx

Organizaciones, colectivos y personas que se adhieren solidariamente:
K'inal Antsetik, A.C.; Cooperativa Jolom Mayaetik, A.C.;


c.c.p. Sr. Alberto Brunori, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, y Lic. Luisa Pérez del Área Jurídica respectiva, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Wolfgang Grenz, Grupo de Coordinación de Amnistía Internacional para América Central y México, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Senadora Rosario Ibarra de Piedra, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Obispo Emérito Don Samuel Ruiz García, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Diego Cadenas Gordillo, Director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Sr. Edgar Cortez, Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos” (Red TDT), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. P. Miguel Concha Malo, Presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y Licenciados Alfonso García Castillo y Amanda Ramos García, responsables del área jurídica, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Dolores González Saravia, Directora de Servicios y asesoría por la Paz (SERAPAZ), y señores Miguel Álvarez Gándara y Pablo Romo, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Luis Arriaga, Presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRO), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Mario Solórzano, Presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Dra. Gloria Ramírez, Directora de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) y Coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Dr. Adrián Ramírez López, Presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Israel Sampedro Morales, Coordinador de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Dra. Blanca Hernández, Directora de la Fundación Diego Lucero por los Derechos Humanos, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Sr. Francisco Cerezo Contreras, Coordinador del Comité Cerezo por los Derechos Humanos, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Sr. Felipe de Jesús Toussaint Loera, Director de la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Marina Pagés, Coordinadora de Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Patricia Miller, Directora de PROPAZ-Suiza, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Emilio Álvarez Icaza, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Dip. Omeheira López Reyna, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión , para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Profra. María del Socorro Ceseñas Chapa, titular de la Secretaría de Derechos Humanos del CEN del PRD, Sr. Enrique Fernández Valdéz, titular de la Subsecretaría respectiva, y Lic. Patricia Martínez y Aurelia Lozano, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Juan Sabines Guerrero, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Noé Castañón León, Secretario de Gobierno del estado de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Nemecio Ponce, Subsecretario de Gobierno del Estado de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Blanca Ruth Esponda, Coordinadora de Gabinete y Secretarías Técnicas del C. Gobernador del Estado de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Marcos Shilón Gómez, Secretario de Pueblos Indios del Gobierno de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. Juan Carlos Moreno Guillén, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para su conocimiento e intervención.
c.c.p. Lic. José Luis Hernández Alabat, Subsecretario de Relaciones Políticas de la Secretaría de Gobierno de Chiapas, para su conocimiento e intervención.
c.c.p. A las organizaciones que conforman el Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), para su conocimiento e intervención.