La Unidad Popular y el Pueblo Mapuche: Relato de un proceso

Cuando el 4 de Noviembre de 1970 la Unidad Popular se instala en La Moneda debe asumir muchas situaciones pendientes, entre ellas una que en aquellos días cumplía un siglo: la situación territorial del pueblo mapuche.

Por Martín Correa Cabrera, Historiador. (1) – Fuente: Mapuexpress

La Ocupación Militar de la Araucanía y el proceso de reducción territorial que ésta trajo consigo, significó para las familias mapuche la condena a subsistir en espacios cercanos al 5% de su ocupación efectiva, en las ‘reducciones’ (de ahí su nombre), mientras en sus ‘tierras antiguas’ se instalaban, con apoyo monetario y material del Estado chileno, los colonos europeos, en lo que constituye el origen de la gran propiedad agraria en la Araucanía, en hechos que perviven en la memoria comunitaria.

Un siglo después, en el año 1962, las organizaciones mapuches se reunían en el Ateneo Popular de Temuco y realizaban el Primer Congreso Provincial de Campesinos e Indígenas de Cautín, demandando al Estado chileno “La restitución de las tierras usurpadas por los dueños de fundos, los que mediante despojos han constituido los grandes latifundios que hoy poseen.”

El movimiento de reivindicación territorial mapuche comenzaba así un camino sin retorno, inaugurando este proceso la ocupación del fundo Chiguaihue, en 1962, ocupación que le costó la cárcel al Lonko Juan Millacheo y la muerte a Carlos Collío, quien fue baleado por el dueño del predio, Ignacio Silva Correa.

En el año 1967 ocurrirá un hito fundamental: se dicta la Ley de Reforma Agraria 16.640: “La tierra para el que la trabaja”, decían los inquilinos de los fundos, “Devolución de las tierras usurpadas”, decían los mapuches, que habían sido expulsados de los fundos, los que formaban parte de sus ‘tierras antiguas’.

En forma paralela, en diversas partes del territorio mapuche las comunidades ocupaban predios exigiendo al Estado chileno su devolución. Así lo hacían familias de Ranquilhue, Choque, Ranquilco, El Malo, quienes ingresan a la Hacienda Tranaquepe, sus tierras ‘antiguas’, en Arauco, “este fundo tiene 20.000 hectáreas, nace en el mismo mar y colinda en la Cordillera de Nahuelbuta, tiene escasos 29 inquilinos y 2 mayordomos, hay mucha tierra desocupada”, señalada entonces Lorenzo Carilao Tranamil. Dos años, después, en marzo de 1969, las comunidades de Quetrahue, Reñico, Maitén, Didaico, Pantano, ingresaban a los predios de la Sucesión Moena, en Lumaco, cuyos integrantes vivían en Inglaterra y tenían sus propiedades desocupadas.

Como respuesta al movimiento mapuche, en Agosto de 1969 arriban a Chiguaihue cientos de dueños de fundos, provenientes de Traiguén, Victoria, Collipulli, Angol, desarrollándose una batalla campal entre los mapuche –que habían ocupado nuevamente el fundo- y los latifundistas, en lo que constituye una advertencia y el origen de los Grupos de Retoma Patronales. El gobierno central, por su parte, declara Zona de Emergencia en Collipulli, en Julio de 1970, como respuesta a la ocupación de los fundos Chiguaihue, Alaska y Pidenco.

La Unidad Popular en la Araucanía

En este contexto asume el gobierno la Unidad Popular, que en su programa plantea la profundización del proceso de Reforma Agraria, la promoción del desarrollo económico y social del pueblo mapuche, además de reconocer la legitimidad de su demanda.

Como prueba de aquello, el Presidente Salvador Allende ordena, en Enero de 1971, que se instalen en Temuco funcionarios de todos los Ministerios y reparticiones públicas, el Cautinazoen la memoria histórica, y se crea la ‘Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas’, la que a Febrero de 1972 había restituido a los mapuche 68.341 hectáreas que faltaban a los títulos de Merced mapuches, y que con el paso de los años habían sido integradas fraudulentamente a los fundos vecinos. A ellas se agregan 70.103 hectáreas expropiadas en 1971 en Malleco y de Cautín, lo que constituía una cifra histórica en términos de recuperación territorial mapuche.

Al mismo tiempo, se crea el Instituto de Capacitación Mapuche, en Temuco, el que es inaugurado el 28 de Marzo de 1971 Allende, quien en su discurso describe sus objetivos centrales: “Proporcionar capacitación técnica y promoción profesional, con el objeto de preparar mano de obra calificada en cualquiera de los sectores de la producción y organizar su comercialización. En general, servir como un instrumento en la capacitación de todas las materias que sea necesario impartir.”

Por esos mismos días, El Diario El Mercurio comenzaba su ‘campaña del terror’: “50 fundos paralizados en Provincia de Cautín. Amenaza para el Granero de Chile… lo que significa que la producción habrá de disminuir notablemente, según cálculos en un 30%”.

La respuesta patronal al movimiento mapuche no se haría esperar. A fines de 1971 hacen su aparición los ‘Comité de Retoma’ latifundistas, inaugurando sus acciones en Huilío, Nueva Imperial, donde el militante del Partido Nacional Juan Antonio Navarrete y otros particulares, ingresan armados al lugar en el que se encontraban 15 familias mapuche del MovimientoNetuaiñ Mapu (recuperaremos la tierra), asesinando a balazos a los hermanos Ramón y Francisco Cheuquelen, y dejando un reguero de heridos: “Marcelina Quintulen Melin, sobrina de Francisco Cheuquelen Melin, relató “el rico y como 20 personas más entraron en un camión, desde dentro del fundo, se bajaron y empezaron a disparar con armas de fuego. Entonces los compañeros arrancaron, y otros, las mujeres, se escondieron detrás del árbol. Allí cayó Francisco y los otros. Estaban preparando el almuerzo. Después empezaron a incendiar el ruco, las carretas, la ropa, mantas, cueros, las cositas que se habían llevado. Robaron también las herramientas de trabajo. También apalearon a los heridos y palmotearon a los niños chicos y las mujeres. El fundo es de cómo 600 hectáreas, pero el rico tiene legalizado solamente 200, el resto es todo usurpado a los mapuches”, describía el Diario Austral.

Los grupos paramilitares se integran al panorama cotidiano. El mes anterior, mapuches del MCR ingresaron al fundo Chesque, ante lo cual Martín Doyarcabal y otros particulares, dieron muerte a balazos a Moisés Huentelaf. La Federación de Sindicato de Agricultores le brindó su apoyo “como lo ha hecho y lo hará con cualquier agricultor que, haciendo uso de su legítimo derecho de defensa, enfrente una agresión que le pueda costar la vida”.

Al año 1973 el proceso de reforma agraria había cumplido su objetivo -en cuanto a la restructuración del agro a través de la expropiación de los grandes latifundios, que sobrepasaban las 80 Hectáreas de Riego Básico- pero aún así quedaban numerosas situaciones territoriales pendientes.

El gobierno de la Unidad Popular decide no abandonar el proceso, y lo hace aplicando otra causal de expropiación, la ‘mala explotación y/o abandono de los predios’, también establecida en la ley de Reforma Agraria, contradiciendo a aquellos que alegaban (y alegan) la ‘ilegalidad’ del proceso. Como señalaba el Ministro de agricultura, Jacques Chonchol, “La decisión del gobierno es hacer la Reforma Agraria dentro de la ley, pero aplicando hasta el último artículo de la ley”.

El Diario Austral, como respuesta a la decisión del gobierno y de las organizaciones mapuche, creaba las condiciones para lo que vendría y titulaba en Agosto de 1973: “Una nueva escalada de tomas tiene planeada el Movimiento Campesino Revolucionario, filial agraria del MIR, que ya ha cumplido en 1971 y 1972 una impune y desquiciada acción en la actividad agrícola en Cautín.”

Como resultado final del proceso, a Septiembre de 1973 en las provincias de Malleco y Cautín se habían expropiado a favor de las familias y comunidades mapuches un total de 152.416,48 hectáreas, a las que se sumaron las 68.000 que fueron reintegradas a los Títulos de Merced por la Comisión de Restitución de Tierras Usurpadas.

Muerte en la Araucanía

El Golpe de Estado llegó al territorio mapuche con anterioridad al resto del país, y prueba de ello es el allanamiento realizado por efectivos militares el 29 de Agosto de 1973 en elAsentamiento Loberías, el fundo de la familia del dirigente agrícola Domingo Durán, donde es brutalmente torturado el dirigente mapuche Segundo Quian, quien muere a consecuencia de aquello el 8 de Septiembre.

Sin embargo, es a partir del 11 de septiembre que la persecución y la muerte se expanden por toda la Araucanía, región en la que tuvo un carácter especialmente virulento y cargado de racismo. El Informe Rettig señala: “Es necesario destacar la dureza extrema con que se trató a los mapuches y a sus familias y la grave dificultad que ha significado para éstos en las zonas más rurales, tener que convivir, en la misma localidad a veces hasta el presente, con los agentes que causaron la muerte a sus seres queridos.”

Efectivamente, en no pocos casos participaron de la represión y de la muerte civiles vinculados a los Comité de Resistencia Patronales y al Movimiento Nacionalista Patria y Libertad, que luego de declararse en clandestinidad establece su cuartel general en Capitán Pastene, y con los cuales los sobrevivientes se seguirán encontrando, hasta la actualidad, y que significó que muchos de los desaparecidos, muertos y torturados no hayan sido denunciados. Se había inoculado el temor.

Fruto de la represión son asesinados y/o desaparecidos, entre muchos otros, Pedro Millalen, del asentamiento Elmo Catalán, en Lautaro;Andrés Levio; Jose Meliquen; Julio Paine, de Muco; Manuel Lizama Cariqueo; Segundo Lepin; Juan Segundo Nahuel; Heriberto Collío;Victor Llanquien, de Huircaleo; Gregoria Carilaf, de 73 años, quien murió fruto de los golpes propinados por carabineros que buscaban a su hijo; y en un caso emblemático, Julio Ñiripil Paillao, joven mapuche de 16 años de la comunidad de Huircaleo, quien es ejecutado en el patio de su casa, también por carabineros, para luego su madre recoger el cuerpo y sepultarlo.

En conjunto con la represión y la pérdida de tierras recuperadas y puestas en producción, los Asentamientos y Centros de Reforma Agraria mapuche sufrieron la confiscación de la totalidad de sus bienes, de maquinaria, animales, cosechas y de todas las mejoras realizadas.

En términos territoriales, el 65% de las tierras expropiadas a favor de mapuches fueron devueltas a los antiguos propietarios. Los predios que no fueron restituidos se parcelaron, en un proceso en que los mapuches, en su gran mayoría, fueron excluidas. El Ministro de Agricultura del gobierno militar, el Coronel de Aviación Sergio Crespo, al respecto declaraba que “La tierra será entregada a quien realmente la merece… No todos los asentados serán propietarios, ya que la tierra no alcanza. Una comisión hará una encuesta para determinar quiénes merecen ser propietarios”, privilegiando así en la asignación de parcelas a ex inquilinos, medieros o campesinos chilenos, no a los mapuche, y menos a los que participaron del proceso de Reforma Agraria.

El espíritu de la época es retratado por el nuevo director zonal de la CORA, Héctor Jensen:“Ustedes saben el castigo que tienen quienes toman, roban o usurpan. Perfectamente podríamos haber venido acompañados de un pelotón oficial o de militares para echarlos a la calle. Sin embargo, hemos preferido el diálogo y el arreglo a la buena, conscientes de que ustedes como nosotros desean un mismo fin, cual es el progreso y la recuperación del país”.

Por su parte, el Diario Austral de Temuco, en su editorial del 11 de Septiembre de 1974, señalaba: “En Cautín quiso el marxismo matar la propiedad agraria. Los campos de Cautín durante la anterior administración fueron escenario de una serie de atentados contrala propiedad privada y el MIR con la figura del Che Guevara llevó al odio como también a la anarquía y destrucción a complejos agrícolas. Los trabajadores envalentonados e ilusionados perdían el tiempo en huelgas, reuniones y concentraciones mientras la leche se perdía y los animales se morían sin que nadie se preocupara de nada.”

En contrario a lo que en los días posteriores al Golpe Militar declaraban los funcionarios de la naciente dictadura, el recuerdo del proceso de Reforma Agraria en la memoria comunitaria mapuche es altamente positiva, tanto desde la perspectiva de la recuperación de sus tierras como de la calidad de vida que se logró a través del trabajo comunitario.

Antonio Lolcolil, del asentamiento Loberías, recuerda “Todos trabajamos en común. Nosotros le dimos explotación al fundo, el fundo estaba sucio y no se hacía ni una huerta.” Pedro Raín, de la Cooperativa Lautaro de Lumaco, rescata del proceso “el derecho de vivir, de construir, el derecho de gozar la tierra”. Para don Reinaldo Penchulef, del Asentamiento Cuel Ñielol “El gobierno de Salvador Allende vive conmigo, vive con mi gente, vive con mi familia, vive aquella participación que nos dieron y las garantías que tuvimos como mapuches en aquellos tiempos, fueron cosas inolvidables.”

La Reforma Agraria, como proceso político, permitió la recuperación y ampliación de las tierras mapuches en un proceso que no tiene precedentes en la historia de la relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, y fue el resultado, sobre todo en el gobierno de la Unidad Popular, de la voluntad política de enfrentar y resolver la demanda territorial mapuche, poniendo para ello a disposición de las organizaciones mapuche los mecanismos contemplados en las leyes de Reforma Agraria, no obstante su origen más ‘campesinista’ que ‘indigenista’, y que ellos significara afectar el sacrosanto y decimonónico derecho de propiedad.

Nota: 1  Texto basado en “La reforma Agraria y las Tierras mapuches”, Martín Correa, Raul Molina y Nancy Yañez, LOM Ediciones, 2005.