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| Los magistrados Gabriel Mendoza, Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacio hicieron una audiencia pública este viernes en medio del Parque Nacional Yaigojé-Apaporis, el segundo más grande de la Amazonía |
Benigno Perilla, el líder de la demandante Asociación de Capitanes Indígenas de Taraira-Vaupés (Acitava), admitió públicamente que su estrategia legal fue organizada y pagada por la minera de oro canadiense Cosigo Resources, que tiene un título minero dentro de este parque en el Vaupés y que no puede explotarlo mientras el área permanezca protegida.
Esta confesión espontánea de la relación entre Cosigo y Acitava, que se rumoraba en la región pero de la que no había ninguna evidencia, le dio un giro dramático al caso -que aún debe fallar la Corte- y terminó juntando en una sola novela lo que en principio parecían dos tramas diferentes. Y podría ser decisiva en un caso que, como contó La Silla, es visto en el sector ambiental como la prueba ácida de la política minera en la Amazonía.
La sesión selvática de la Corte
El caso del que depende la existencia del Parque
Nacional Yaigojé-Apaporis llevaba tres años en el despacio del
magistrado Gabriel Mendoza, que organizó la audiencia en la selva.
Para Martín von Hildebrand, director de la
Fundación Gaia Amazonas y uno de los mayores expertos en la Amazonía, el
caso de Cosigo podría ser definitivo para la región y la minería.
Este mapa muestra los tres títulos de Cosigo
Resources en el sur del Vaupés, incluyendo el del Parque Nacional
Yaigojé-Apaporis y otros dos en la zona rural de Taraira. Tomado de investigación de Diana Mendoza (Indepaz).
Primero, porque Ingeominas le otorgó un título minero de 2 mil hectáreas en medio del parque a Andrés Rendle, presidente para América Latina de Cosigo, tan sólo dos días después de que el Yaigojé-Apaporis fuera creado. Aunque la Constitución le prohíbe explotar este título, uno de los 38 concedidos dentro de parques nacionales durante el gobierno de Álvaro Uribe, revocarlo ha probado ser igual de difícil y la minera 'junior' -que cotiza en la Bolsa de Toronto como casi todas las mineras de oro- se niega a renunciar a él.
Como contó La Silla, en octubre finalmente la Agencia Nacional de Minería -que dirige María Constanza García y que tomó las responsabilidades de titulación de Ingeominas- lo demandó.
Y por el otro lado está la tutela que amenaza la existencia del parque y que interpuso una comunidad que se declaró en disidencia de la Asociación de Capitanes Indígenas Yaigojé-Apaporis (Aciya), que fue la que originalmente le propuso al Gobierno su creación y que hoy ayuda a cuidarlo.
Esta tutela, que presentó el ex inspector de policía y líder Benigno Perilla en nombre de Acitava, fue negada en primera y segunda instancia por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y luego fue seleccionada por la Corte para revisión. El caso es tan singular que el magistrado Gabriel Mendoza, después de tenerlo tres años en su despacho, decidió organizar una audiencia pública con todos los implicados dentro del parque.
Así surgió la reunión que se hizo en la maloka de Centro Providencia, un poblado makuna sobre el río Apaporis y en el punto más céntrico del parque.
En total, llegaron a este remoto poblado ribereño unas doscientas personas, incluyendo al viceministro de Ambiente Pablo Vieira (en reemplazo de la ministra Luz Helena Sarmiento, que se enfermó), la directora de Parques Nacionales Julia Miranda y delegados de Presidencia, la Procuraduría (que ha pedido revocar el título desde 2011), el Ministerio del Interior (que hizo la consulta) y la Defensoría del Pueblo. Allá les llegaron por el río representantes de las siete comunidades indígenas que viven en la zona, además de la Fundación Gaia Amazonas y del Fondo Patrimonio Natural que han trabajado con ellas.
La logística era tan compleja que los magistrados y funcionarios del Gobierno viajaron en avión militar hasta el pueblo de La Pedrera y allí agarraron un helicóptero Black Hawk hasta Centro Providencia (tras un sobrevuelo del parque), mientras los magistrados auxiliares y la avanzada de la Corte hicieron el viaje de seis horas en lancha y dos a pie unos días antes. Era la primera vez que un helicóptero aterrizaba en esta zona del Vaupés desde que hace dos décadas la primera dama francesa Danielle Mitterrand -esposa de François- visitó la misión médica de su compatriota Jean-Marc Fischer, que vivió 15 años en el Vaupés.
Aunque en principio los dos casos parecían independientes, sus efectos se traslapan. Si la Corte falla a favor de la comunidad indígena de la parte norte del parque y declara que no se les consultó, el Yaigojé-Apaporis dejaría de existir y esta zona del Escudo Guyanés solo quedaría protegida como un resguardo indígena. Eso significa que la prohibición para explotar el título que tiene Cosigo se caería.
Si eso sucediera y Parques Nacionales comenzara el proceso de declaratoria de nuevo, el título de Cosigo ya le precedería en el tiempo y se convertiría en un derecho adquirido. Por eso el caso es tan delicado.
Según cinco personas que estuvieron en la audiencia, apenas comenzaba la sesión Benigno Perilla le contó a los magistrados que la iniciativa de la tutela había sido de Cosigo y que la minera había pagado a los abogados que la interpusieron.
Cuando los magistrados le pidieron que les contara más sobre la relación con la minera, Perilla les contó que hace diez meses “partieron cobijas” tras darse cuenta -según él- de que Cosigo los estaba utilizando y que ellos ahora ya no querían minería en su territorio. Otras dos personas de Acitava le corroboraron a los magistrados que la comunidad había llegado a esa conclusión.
Perilla y Acitava siguen insistiendo en que no fueron consultados durante el proceso (algo que Aciya, Parques Nacionales y el Ministerio del Interior contradicen), pero en la práctica han cambiado de opinión frente al parque y están comenzando a trabajar en su cuidado con Parques.
De hecho, en las últimas semanas las dos asociaciones indígenas han venido limando sus asperezas y reuniéndose, por lo que varias de las personas consultadas anticipaban que durante la audiencia los de Acitava suavizarían su oposición al parque. Pero ninguna esperaba que Perilla inaugurara la sesión reconociendo de frente y por voluntad propia que habían estado aliados con Cosigo.
La Silla intentó contactar a los directivos de Cosigo tanto en Bogotá como en Vancouver -vía teléfono y correo electrónico- para conocer su versión de los hechos, pero dado que era fin de semana no fue posible. Apenas consigamos su versión de los hechos la incluiremos en la historia.
Un parque, un título y una consulta
Parques Nacionales, que dirige Julia Miranda,
llevaba tres años insistiéndole a las autoridades mineras -Ingeominas
antes y la Agencia Nacional de Minería hoy- en la necesidad de revocar
el título de Cosigo.
La Agencia Nacional de Minería, que dirige María
Constanza García, finalmente demandó el título en octubre después de
que Cosigo rehusara renunciar voluntariamente al título en el parque.
Este mapa muestra los tres títulos de Cosigo
Resources en el sur del Vaupés, incluyendo el del Parque Nacional
Yaigojé-Apaporis y otros dos en la zona rural de Taraira. Tomado de investigación de Diana Mendoza (Indepaz).
Por eso, el Gobierno la preseleccionó para ser parte del Sistema Nacional de Parques desde finales de los años setenta, solo que cuando ya estaba listo para declarar un parque nacional hacia 1996 las comunidades indígenas de la zona le dijeron que no les interesaba.
Esto cambió hacia 2005, cuando los indígenas se dieron cuenta de que había intereses mineros y buscaron a Parques Nacionales para proteger su zona. El cambio de opinión tiene que ver con el atractivo que tiene el llamado Cinturón de Oro de Taraira para Cosigo, que lo describe como “potencialmente uno de los mayores distritos auríferos no explorados del mundo” y lo compara con el Witwatersrand que jalonó el desarrollo de Sudáfrica a finales del siglo XIX.
“Nosotros teníamos la propiedad colectiva que nos daba el resguardo, pero eso sólo protegía un metro debajo del suelo -lo que usamos para cultivar- y no la profundidad del subsuelo. Y cuando la enfermedad viene del mundo blanco, como pasa con la minería, la medicina hay que buscarla ahí mismo. Por eso buscamos una alianza que pudiera salvaguardar el territorio y ahí fue que nació el parque”, cuenta el líder makuna Gerardo Macuna por 'compartel' desde Centro Providencia.
En particular les preocupaba la Serranía de la Libertad, un pequeño macizo montañoso que termina en una cascada con el mismo nombre (Yuisi en una de las lenguas locales), que es el símbolo del parque nacional y un lugar sagrado para varios de los siete grupos indígenas que viven allí. Precisamente, por tratarse de un lugar sagrado, obligaba al Gobierno a hacer una consulta previa tanto a la hora de crear el parque como de conceder el título minero, que se encuentra muy cerca. (Por eso, los magistrados sobrevolaron el raudal antes de la audiencia).
Así que entre 2007 y 2009 se llevó a cabo la consulta previa -para crear el parque- con los indígenas makuna, tanimuka, tuyuca, cabiyari, letuama, yauna y yujup-maku, gracias a una financiación de la Fundación Moore estadounidense y la Fundación Gaia Amazonas que lidera el etnólogo Martín von Hildebrand.
Pero entonces se dio una división entre las comunidades a ambos lados del Apaporis que conformaban Aciya y algunas del lado del Vaupés simplemente no volvieron a las reuniones (aunque hay evidencia en video de que alcanzaron a participar e incluso vocearon su oposición al parque).
Ya existían algunas dificultades entre ellas por la gestión de las transferencias enviadas al resguardo desde Bogotá, pero esas tensiones crecieron con el tema minero. Bajo el liderazgo de Perilla se creó Acitava y ésta presentó la tutela que ahora está en manos de la Corte Constitucional. Aunque por el momento el fallo del Consejo Seccional está en firme y por lo tanto el parque existe, todos están esperando que la Corte se pronuncie y ponga punto final a la disputa.
Cuando La Silla hizo un reportaje del caso, tres personas le contaron que Cosigo estuvo muy activo en ese proceso y que un funcionario de la minera recorría las comunidades en la misma época de la consulta previa, una injerencia no permitida legalmente que la minera siempre ha negado y de la que no había evidencia.
Hasta que Perilla la reconoció frente a los tres magistrados de la Corte que sesionaron en la selva y que ahora tienen la última palabra.
Por: Andrés Bermúdez Liévano, Sáb, 2014-02-01 23:13
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