Maracaibo, 8 de abril.- Para llegar a la comunidad yukpa de Chaktapa,
la comunidad que encabezara el asesinado cacique Sabino Romero Izarra,
hay que adentrarse en la Sierra de Perijá recorriendo aproximadamente
dos horas desde Machiques, plaza fuerte del poder ganadero zuliano. El
trayecto se realiza atravesando una zona que arde, tanto por el fuego
que amplía la frontera agrícola quemando el bosque, como por ser el
escenario de un viejo pero vivo conflicto entre las comunidades
originarias y los grandes ganaderos y pequeños parceleros que han
invadido y ocupado sus territorios. Araguaneyes y ceibas poblan el
paisaje de esta desigual batalla por la tierra de la que el Estado
también es parte, pues guarda bajo la manga la carta de la explotación
minera y por ello se niega a reconocer la autodemarcación territorial
indígena.
Pero no solamente se recorren las tierras usurpadas por el latifundio
ganadero, también al acercarnos a Chaktapa se atraviesan las haciendas
que fueron recuperadas por los yukpa por medio de la acción directa, una
gesta encabezada por Sabino Romero y en la que él mismo sabía que podía
perder la vida.
El sábado 6 de abril, a dos días de haberse cumplido un mes del asesinato de Sabino, como era conocido el insigne luchador yukpa, se realizó una asamblea indígena con la presencia de autoridades gubernamentales para crear formalmente el Centro Originario de Chaktapa, figura organizativa con las mismas competencias de un centro piloto, el cual abarcará a Chaktapa y a seis comunidades yukpa aledañas que anteriormente formaban parte del centro piloto de El Tokuko. Los centros pilotos cumplen el papel de intermediarios para la gestión de asistencia social por parte del Estado. Existen numerosas denuncias sobre la utilización de esta figura por parte del Ministerio de Asuntos Indígenas para construir redes clientelares y dividir al movimiento indígena.
En el acto se nombró cacique mayor de este centro a Sabino Romero Martínez, hijo de Sabino Romero Izarra. La representación del gobierno en la asamblea estuvo encabezada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, antigua Disip), con una decena de funcionarios, inluyendo a la jefa del organismo represivo en la región occidental, Mariella Leandro. Algunos funcionarios de este cuerpo portaban armamento de guerra mientras que otros se dedicaban a monitorear la asamblea, tomando registros en video y apuntando los datos de las personas que asistían. También estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de Asuntos Indígenas, de Registro Civil y el Saime, y se realizó un pequeño operativo de repartición de medicinas.
Amalia Pérez, quien siendo cacique del centro piloto de Kasmera jugó un rol clave como operadora del gobierno en la persecución contra Sabino Romero Izarra, también estuvo presente en el acto. Pérez actualmente se desempeña como alta funcionaria del Ministerio de Asuntos Indígenas para la zona de Perijá, y al intervenir en la asamblea aseguró que su presencia era para expresar apoyo a la creación del centro originario de Chaktapa.
Pese a que a través de algunos medios alternativos se llamó a colectivos y organizaciones sociales a acompañar el acto en solidaridad con la comunidad de Chaktapa, solo se apersonó un pequeño grupo de miembros de una ONG de DDHH local, y Laclase.info.
La herida abierta de la impunidad
Esta semana se cumplió un mes del asesinato del cacique Sabino Romero Izarra. Las autoridades no han establecido la autoría material e intelectual del crimen, ni se ha conformado una comisión de la verdad con participación de miembros de la comunidad de Chaktapa, tal y como han exigido organizaciones que acompañan la lucha indígena. Se conoce que habrían participado en el asesinato dos sicarios a bordo de una moto, contando con el presunto auxilio de efectivos las Fuerzas Armadas que detuvieron a los hijos de Romero cuando daban persecución a los asesinos.
Carmen Fernández, madre de Alexander Fernández, quien fuera asesinado junto con dos jóvenes yukpa en el hato Las Flores el 22 de junio del año pasado, denunció la impunidad que cubre este caso y otros cinco asesinatos de yukpas, incluido el de Sabino Romero Izarra: "No se está haciendo justicia, eso ha quedado así. Nosotros estamos buscando justicia, hay ocho muertos y no se ha hecho justicia. Estamos caminando, estamos en la lucha como siempre cuando estaba Sabino, ahora estamos con Sabinito (hijo), luchando todavía por la demarcación... Eso lo ha dejado el difunto Sabino, como él decía, el día que yo me vaya de todo, luchen esto, no lo dejen así, él siempre lo decía".
El sábado 6 de abril, a dos días de haberse cumplido un mes del asesinato de Sabino, como era conocido el insigne luchador yukpa, se realizó una asamblea indígena con la presencia de autoridades gubernamentales para crear formalmente el Centro Originario de Chaktapa, figura organizativa con las mismas competencias de un centro piloto, el cual abarcará a Chaktapa y a seis comunidades yukpa aledañas que anteriormente formaban parte del centro piloto de El Tokuko. Los centros pilotos cumplen el papel de intermediarios para la gestión de asistencia social por parte del Estado. Existen numerosas denuncias sobre la utilización de esta figura por parte del Ministerio de Asuntos Indígenas para construir redes clientelares y dividir al movimiento indígena.
En el acto se nombró cacique mayor de este centro a Sabino Romero Martínez, hijo de Sabino Romero Izarra. La representación del gobierno en la asamblea estuvo encabezada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, antigua Disip), con una decena de funcionarios, inluyendo a la jefa del organismo represivo en la región occidental, Mariella Leandro. Algunos funcionarios de este cuerpo portaban armamento de guerra mientras que otros se dedicaban a monitorear la asamblea, tomando registros en video y apuntando los datos de las personas que asistían. También estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de Asuntos Indígenas, de Registro Civil y el Saime, y se realizó un pequeño operativo de repartición de medicinas.
Amalia Pérez, quien siendo cacique del centro piloto de Kasmera jugó un rol clave como operadora del gobierno en la persecución contra Sabino Romero Izarra, también estuvo presente en el acto. Pérez actualmente se desempeña como alta funcionaria del Ministerio de Asuntos Indígenas para la zona de Perijá, y al intervenir en la asamblea aseguró que su presencia era para expresar apoyo a la creación del centro originario de Chaktapa.
Pese a que a través de algunos medios alternativos se llamó a colectivos y organizaciones sociales a acompañar el acto en solidaridad con la comunidad de Chaktapa, solo se apersonó un pequeño grupo de miembros de una ONG de DDHH local, y Laclase.info.
La herida abierta de la impunidad
Esta semana se cumplió un mes del asesinato del cacique Sabino Romero Izarra. Las autoridades no han establecido la autoría material e intelectual del crimen, ni se ha conformado una comisión de la verdad con participación de miembros de la comunidad de Chaktapa, tal y como han exigido organizaciones que acompañan la lucha indígena. Se conoce que habrían participado en el asesinato dos sicarios a bordo de una moto, contando con el presunto auxilio de efectivos las Fuerzas Armadas que detuvieron a los hijos de Romero cuando daban persecución a los asesinos.
Carmen Fernández, madre de Alexander Fernández, quien fuera asesinado junto con dos jóvenes yukpa en el hato Las Flores el 22 de junio del año pasado, denunció la impunidad que cubre este caso y otros cinco asesinatos de yukpas, incluido el de Sabino Romero Izarra: "No se está haciendo justicia, eso ha quedado así. Nosotros estamos buscando justicia, hay ocho muertos y no se ha hecho justicia. Estamos caminando, estamos en la lucha como siempre cuando estaba Sabino, ahora estamos con Sabinito (hijo), luchando todavía por la demarcación... Eso lo ha dejado el difunto Sabino, como él decía, el día que yo me vaya de todo, luchen esto, no lo dejen así, él siempre lo decía".
Por:
Laclase.info 
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