Tierras comunales y autonomía
Adentrarse en el corazón de las
comunidades indígenas del estado de Oaxaca, México, tierra de los
mixtecos y zapotecas, es como abrir puertas y ventanas a un mundo de
colores, formas, texturas y sabores que contrastan con la cultura
occidental que rige la cotidianidad de las grandes ciudades y de las
familias modernas. Estas comunidades indígenas son parte de las
montañas, del aroma a café que se mezcla con el olor de los pinos y la
fragancia de las flores, que abren también puertas hacia las leyendas y
la poesía tejida en la vestimenta y en los telares, todo esto pasa en
las tierras que no tienen dueño ni precio.
Si la
poesía, las leyendas, la vestimenta y la comida son los canales por los
cuales se materializa y se mantiene viva la cultura de los ancestros
indígenas oaxaqueños, los llamados «usos y costumbres» son
la expresión viva de un sistema político propio de estos pueblos, que
han sostenido su legitimidad históricamente como cualquier sistema
estatal. De los 570 municipios del estado de Oaxaca, 418 se rigen por la forma tradicional
de organización política de «usos y costumbres», sólo 152 han adoptado
el sistema convencional de los partidos políticos, una realidad peculiar
que no sólo es relevante en México sino en toda América Latina.
Por citar un ejemplo, Bolivia es el país
con mayor población indígena de Latinoamérica según la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), 62% de su población. No obstante, sólo se
reconocen 11 autonomías indígenas campesinas que tienen el derecho de
elegir a sus autoridades mediante «usos y tradiciones propias».
Oaxaca es uno de los 31 estados de
México donde se encuentra la mayor diversidad y cantidad de población
indígena del país. De 3,5 millones de habitantes que tiene el estado,
según las estadísticas oficiales, más de un tercio de ellos son de
origen indígena (1,165,186 personas). No fue sino hasta el año de 1995
que a todos los municipios se les reconoció jurídicamente en el Congreso
de Oaxaca, sus sistemas normativos de «usos y costumbres».
Cada pueblo tiene sus propias reglas
para organizar de la mejor forma su vida en comunidad, no son
homogéneos. A pesar de la diversidad, dos puntos caracterizan estos
sistemas políticos propios: el sistema de cargos y la asamblea.
A las asambleas, que constituyen la
máxima instancia de decisión, asisten todos los jefes de familia,
hombres y mujeres, y de viva voz deliberan sobre los asuntos del pueblo
para llegar al consenso. La asamblea es presidida por autoridades
designadas. Existen distintos niveles de asambleas: la doméstica amplia,
la de barrio o sección, la de cabildo, la civil, la religiosa y la de
tipo agrario. La asamblea comunitaria es producto y culminación de estas
asambleas previas. De hecho, es la máxima autoridad indígena y la que decide las reglas de funcionamiento de la comunidad.
Sus autoridades no son elegidas por el
sistema tradicional electoral, pero sí manejan un sistema jerárquico de
cargos, desempeñados de forma gratuita y por obligación a cada miembro
de la comunidad, llamado «sistema de escalafón». Así, para que se
llegue a ocupar el cargo en la presidencia municipal, el ciudadano
necesita prestar su servicio en una serie de cargos a lo largo de su
vida en la comunidad. Por lo general se inicia a muy temprana edad. Un
niño de 10 años puede iniciar sus actividades comunitarias con algún
tipo de servicio en la iglesia, tocando las campanas en horarios clave
para la comunidad, por ejemplo.
Desde ahí se inicia un proceso de tránsito por los cargos, todos deliberados en asamblea. Las comunidades de Guelatao de Juárez, habitada por no más de 800 habitantes, y Capulalpam
de Méndez, con 1500 habitantes, ubicadas a 60 km de la ciudad de Oaxaca
–ambas localizadas en la Sierra Norte del estado– son un referente
donde prevalecen estas tradiciones. En estas comunidades se inicia el
cargo desde topil o auxiliar de policía, luego mayor, regidor tercero o
de obras, regidor segundo o de educación, ecología, salud, regidor
primero de hacienda, síndico y presidente.
Hay dos presidentes, uno es municipal,
dedicado a la administración del área urbana, como el servicio de
educación, drenaje, agua potable; y el otro es el presidente o
comisariado de Bienes Comunes, quien administra cuestiones agrarias como
las tierras comunales, ya que no existe la propiedad privada. Existen
aún otros tres cargos: el alcalde, el tesorero y la secretaria. En
Guelatao existe un consejo consultivo, formado por ancianos y personas
con experiencia y de respeto para la comunidad.
Calpulapam. Fotografía: Santiago Navarro
En las
tierras de Guelatao de Juárez, Jesús Hernández Cruz acaba de asumir su
cargo de presidente municipal, aún tiene las manos ásperas, típica de un
campesino, empuña un lápiz y un cuaderno donde hace sus notas, sentado
en un escritorio hecho con madera de la región. El presidente fue profesor por 34 años, se jubiló en 2005 e inició sus servicios comunitarios hasta ser elegido como presidente. Tiene una pensión y aún se dedica al cultivo de sus árboles frutales de tejocote, del cual produce jalea.
El presidente explica la lógica de
participar en los cargos desde abajo, como la limpieza de lugares
públicos, hasta alcanzar la presidencia. «El objetivo es que la persona
pueda conocer los problemas y las necesidades de la comunidad para poder
resolverlos cuando se asumen los cargos mas importantes. De forma
colectiva, se van acomodando las personas en sus actividades, de acuerdo
con sus habilidades. Antes de todo es un proceso de aprendizaje en el
que se pulen las capacidades. No se gana dinero aquí. Así, cada uno va
acumulando conocimiento sobre la realidad de la comunidad. Lo único que
se gana al prestar un buen servicio, es el respeto de la comunidad y el
reconocimiento del pueblo», comparte.
En Guelatao, los habitantes son compensados con servicios como el agua o el alumbrado público, que no pagan. «Los cargos son un servicio
a la comunidad y, a cambio de él, la comunidad ofrece beneficios a los
ciudadanos, como distintas facilidades que otorga la autoridad municipal
en retribución. Por dicha razón, está mal visto que alguna persona no
cumpla con el cargo y recurra a la autoridad a solicitar favores. Caso
contrario, si no siente deseos de realizar el servicio –el cargo– de
manera gratuita, es preferible que la persona abandone el pueblo, o
dejará de gozar de los beneficios».
Las festividades también son momentos
importantes para los pueblos. Las comunidades realizan por lo menos una
fiesta cada año, donde participan todos y la asamblea nombra una
comisión responsable por la organización, tarea que también forma parte
del sistema de cargos.
Pilares
Un medio de comunicación en las
comunidades son los altavoces que están principalmente en el centro del
pueblo y las radios comunitarias. Desde ahí las autoridades anuncian los
festejos, las asambleas, el llamado al tequio –trabajo colectivo– que
se presta a la comunidad. «Apenas invitamos a todos para limpiar la
carretera que marca los linderos con la comunidad de Ixtlán. Este tipo
de servicio sirve también para integrar a las personas en un sentido de
comunidad», afirma el Comisariado de Bienes Comunales de Capulalpam de
Méndez, Saúl Aquino Centeno.
Los elementos
que sustentan toda la estructura organizativa comunitaria son los
saberes y valores que han predominado a lo largo de su historia.
«Debemos entender lo que somos nosotros, no como el yo o el tú, sino, el
nosotros, y debemos aferrarnos a esos principios, para impedir la
intromisión vulgar y descarada de los principios individualistas. No
debemos entrar en competencia sino reproducir la compartencia», afirma
el indígena y antropólogo zapoteco, Jaime Martínez Luna. «Estamos en
contra del desarrollo, porque es lineal y ascendente, nosotros somos
circulares, en espiral, por eso entendemos que el hombre y la mujer no
son el centro de la naturaleza, no somos dueños de la naturaleza, es
ella la dueña de nosotros».
Además, «a la tierra se le considera una
madre y no se le puede violentar porque nos da la vida, y respetamos a
las semillas porque nuestros abuelos nos han enseñado que ellas lloran
sino se les cuida, los abuelos dicen que la madre tierra nos da de comer
y cuando morimos nos recibe y nos abraza», dice Silvestre Ocaña López,
indígena de Tlahuitoltepec Mixes, Oaxaca, quien al mismo tiempo no duda
en marcar una diferencia con el pensamiento de su pueblo y el
pensamiento occidental. «Dentro del mundo occidental la tierra es una
mercancía y para nosotros los pueblos indígenas, la vemos como nuestra
madre, ella no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella».
Jesús Hernández Cruz, presidente municipal de Guelatao. Fotografía: Santiago Navarro
Antecedentes
El abogado en derecho indígena Francisco López Bárcenas se ha sumergido al contexto histórico
de las comunidades indígenas en Oaxaca, quien afirma que el debate
sobre los derechos indígenas en este estado se ha sostenido desde antes
de la creación del Estado. «Se retomó el 10 de enero de 1825, al
promulgarse la primera Constitución Política del Estado, la cual
estableció en su artículo 5 que para la administración del mismo se
dividía en departamentos, partidos y pueblos; estos últimos serían
administrados por Ayuntamientos integrados por alcaldes, regidores y
síndicos, siempre que su población llegara a tres mil «almas». De esta
forma, el Estado de Oaxaca reconocía la organización que desde la época
de la colonia asumieron los pueblos indígenas para resistir la opresión
española».
En ese sentido, López Bárcenas asume que
Oaxaca fue el primero en legislar en materia de derechos indígenas,
mucho antes incluso de que el gobierno mexicano firmara el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en Países Independientes en el año de 1989.
Tierras comunales
Las tierras en estos pueblos son comunales,
todo es de todos. No hay propiedad privada, incluso la pequeña
propiedad. La transferencia de tierra se hace por cesión de derecho. El
padre puede transferir sus tierras para sus hijos, por ejemplo. Y todo
pasa por asamblea. Nadie puede vender y nadie puede comprar.
«Si alguien quiere trabajar en el campo
se designa una parcela de tierra para esta persona. Pero debe trabajarla
continuamente. Si en tres años no produce, la tierra será transferida
para otra persona que tenga interés. El propio comisariado se encarga
de eso», explica el presidente de bienes comunales de Capulalpam.
Las asambleas aun pueden decretar áreas
comunales protegidas. «Estamos actualizando el estatuto comunal que rige
los bienes comunes. Vamos a decretar intocable el área donde están
nuestros manantiales. Sabemos que ya existen proyectos para tomar
nuestra tierra», afirma el comisariado.
Las personas que vienen de otras
comunidades tampoco pueden adquirir tierras, sólo alquilarlas. Ni pueden
participar en el sistema de asamblea automáticamente. En Guelatao,
«aquel que se establece tiene la obligación de reportarse al municipio
para ser considerado para trabajos y cargos comunitarios, pero solamente
es aceptado después de pasar por decisión de la asamblea», explica el
presidente municipal de Guelatao.
Justicia
Guelatao posee un reglamento de
seguridad. «Aquí los castigos son desde la cárcel –por 8 horas, 12
horas o 24 horas y de hasta tres días–, multa o trabajos forzados para
beneficio de la comunidad. El síndico es la persona directamente
responsable para la justicia en casos de golpes, robo y delitos. Ya el
alcalde se responsabiliza por pleitos familiares. El es mediador de la
familia. Y el también es el que da seguimiento a problemas que el
síndico no esté en su competencia. Si fuera muy grave, la cuestión es
transferida para un Ministerio Público. Pero la mayoría de los casos se
solucionan aquí», explica Cruz.
Empresas comunitarias
En Guelatao, su presidente municipal afirma que la comunidad depende de recursos federales y del estado. «Existe una imposición de reglamentos a seguir que son los fondos destinados a los municipios para desarrollo social. Estos recursos provienen del gobierno federal, destinados a infraestructura y funcionamiento municipal».
En Guelatao, su presidente municipal afirma que la comunidad depende de recursos federales y del estado. «Existe una imposición de reglamentos a seguir que son los fondos destinados a los municipios para desarrollo social. Estos recursos provienen del gobierno federal, destinados a infraestructura y funcionamiento municipal».
En Capulalpam, también reciben recursos,
pero es mínimo. «Las comunidades han crecido y mejorado con los
recursos propios. Es autosuficiente económicamente», explica el
presidente de bienes comunales.
La autosuficiencia del municipio
proviene de recursos generados por cinco empresas comunitarias:
embotellamiento de agua, aserradero –existen bosques manejados de forma
sustentable en la comunidad–, trituradora de piedras, una fábrica de
juguetes y el proyecto ecoturístico. «Cada empresa posee su
administración propia. La asamblea elige una comisión de acompañamiento
para cada una de ellas. Cada unidad debe informar al comisariado sobre
los movimientos económicos, que son llevadas para aprobación en la
asamblea, normalmente son cada cuatro meses», explica el presidente.
Las ganancias son aplicadas para
beneficio social. «Ningún comunero o ciudadano posee apoyo o beneficio
directo económico. Los recursos son repartidos de acuerdo con las
necesidades de la comunidad. El municipio tiene algunos empleados, como
jardinero, bibliotecaria, una persona encargada del centro de cultura.
Las empresas dan un aporte para pagar a estas personas», relata.
Tequio en Nochixtlan. Fotografía: Santiago Navarro
¿Será autonomía?
Poco se habla de autonomía como concepto
entre la gente de las comunidades, definición tan perseguida por los
espacios académicos. Es posible que no se tenga construido un concepto
totalitario que pueda abrazar todos los matices y experiencias vividas
por estos pueblos. Lo que si es seguro, es que bajo sus pies que han
marcado su andar y entre el viento que agita los arboles esta el bien
común de sus pueblos, de su lengua y sus tradiciones, esta su
territorio, la madre tierra como la reconocen ellos.
La autonomía parece ser mas bien una
cotidianidad que se respira y se siente en la armonía de su gente cuando
va a dar su tequio –el trabajo colectivo– o cuando acude a la asamblea,
o si es necesario defender el territorio, también cuando se festeja y
se baila. En los cargos de autogobierno aun lo hacen como un símbolo de
respeto hacia el que es elegido a dar el servicio sin ninguna
remuneración económica.
El presidente de Guelatao reconoce que
existe autonomía de organización política e social, pero es critico en
relación a participación de recursos gubernamentales en las comunidades.
«El gobierno se está metiendo en todo, desde que comenzó hacienda y
crédito publico. Antes los campesino tenían puro campo, ahí éramos
autónomos. Producimos, y nos manteníamos. No necesitábamos que viniese
el recurso del gobierno. Se administraban las cuestiones de la
municipalidad por cooperación de la comunidad. Ahora no tenemos
autonomía al 100% porque dependemos de recursos do gobierno».
Para Martínez Luna, en la medida en que
las comunidades garanticen, por ellas mismas, el abasto de alimento
serán mas autónomas. «Que la autonomía no sea un ejercicio que nos
inyecten de fuera, sino que sea la capacidad nuestra, ejercitada, no
desarrollada».
Según el antropólogo, otros dos puntos
son necesarios para garantizar la autonomía. «Tenemos que valorar lo que
somos, porque así valoramos lo que tenemos, porque esto nos permite
florecer en plenitud. Tenemos que pensar de manera descolonizada» La
educación comunitaria es otro rumbo a seguir. «Impedir que el valor
individual se introduzca a nuestra manera de ser, porque existe, pero
tenemos que luchar por borrar eso a través de la educación comunitaria.
Porque no soy yo o tú, somos nosotros».
Agradecimiento a la Madre Tierra en los Valles Centrales. Fotografía: Santiago Navarro
Amenazas
Algunas comunidades indígenas han sido penetradas por los partidos políticos,
tanto de izquierda como de derecha, quienes ofrecen despensas o
condicionan apoyos económicos del gobierno que de todos modos tienen que
llegar a manos de los campesinos o indígenas. Otra forma en que han
influido, es cuando hacen acto de presencia junto con empresas
constructoras que les ofrecen un porcentaje del presupuesto destinado a
ciertas construcciones de obra publica a las autoridades o
representantes de la comunidad y a cambio deben aceptar dichos
proyectos. En algunos casos, donde el monto económico es mas alto, como
los parque eólicos, contratan sicarios o crean grupos de choque
para enfrentar a la misma comunidad y así pueda injerir el Estado para
restablecer «el Estado de derecho», a tal grado de que hay líderes
indígenas que han sido asesinados por no aceptar dichos proyectos».
«Reconocemos que enfrentamos el despojo
de las empresas transnacionales y el hostigamiento de los malos
gobiernos a través de sus partidos políticos, entrega de programas y
dinero que corrompen a muchos líderes y nos dividen en nuestras
comunidades», sostiene la declaración del Congreso Nacional Indígena (CNI) de la región Istmo, realizada en marzo del 2014.
Mientras que en otros pueblos de México y
Latinoamérica se ha desatado una lucha férrea por el reconocimiento de
los derechos y cultura indígena, en este estado se debate una nueva
legislación en la materia y al mismo tiempo hay proyectos a gran escala
que siguen avanzando.
Por Renata Bessi y Santiago Navarro F.
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