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Quito, 12 de octubre de 2015
CARTA
ABIERTA
Econ. Rafael Correa D.
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR
Ing. Jorge Glas E.
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR
Dra. Lorena Tapia
MINISTRA DEL AMBIENTE
Dra. Ledy Zúñiga R.
MINISTRA DE JUSTICIA, DERECHOS
HUMANOS Y CULTOS
En sus despachos,
Profundamente preocupados por la inminente entrega de la licencia
ambiental para el bloque 55 más conocido como Campo Armadillo por parte del MAE,
zona donde se produjeron las muertes de Héctor España y Luis Castellanos en
2005 y 2008 respectivamente; donde se han documentado más de 5.000 registros y
testimonios (muchos de ellos recientes); donde los propios documentos del MAE y
el Plan de Medidas Cautelares reconocen la presencia de “pueblos indígenas en
aislamiento voluntario” [1],
alertamos que activar las operaciones petroleras en esta zona del bloque sería
fatal para los PIAV, pero también para la credibilidad de su gobierno y la
institucionalidad en materia de derechos de los Tagaeri y Taromenane.
Les recordamos que en los dictámenes de la Política Nacional de los
Pueblos en Situación de Aislamiento Voluntario, el estado debe asumir:
− que se garantice la posesión ancestral de los
territorios que habitan y usan para sus actividades de subsistencia y la
intangibilidad de los mismos;
− que se garantice su movilidad de acuerdo a sus
patrones culturales;
− que se comprenda que la presencia de los
Tagaeri, Taromenani y otros que se encuentren en situación de aislamiento
voluntario asegura que vastas porciones del Parque Nacional Yasuní se
encuentren en buen estado de conservación;
− que su exterminio no sea jamás considerado
como un medio para facilitar las actividades extractivas en la Amazonía, ni
como un resultado colateral inevitable”[2].
En las Líneas
Estratégicas para la Acción se establece como obligación: “Consolidar y potenciar el
principio de intangibilidad” y se menciona como prioridad: “Se
promoverá a futuro un nuevo ordenamiento territorial que impida las operaciones
petroleras en la zona de influencia al territorio ocupado por los Tagaeri y los
Taromenani”.
Pero además las
recomendaciones del Informe del año 2013 de la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos sobre “Pueblos
Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en las Américas”,
sección sobre Recursos Naturales[3]: Se declara que deberá “Abstenerse de otorgar licencias o
autorizaciones para realizar actividades relacionadas a la extracción de
recursos naturales, como la minería, actividades hidrocarburíferas, de
deforestación, ganaderas y agroindustriales, entre otras, en áreas con
presencia o tránsito de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto
inicial, incluidas zonas de amortiguamiento”.
Lo obvio, lo
sensato, lo correcto y apegado a la ley y a la Constitución es el cierre definitivo
del Bloque 55 (Armadillo), la anulación
de toda concesión expedida sobre este, así como la ampliación de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane hacia este
bloque y más aún hacia definir y alcanzar un territorio que proteja a
perpetuidad la integridad, y sus derechos humanos fundamentales evitando así un
inminente etnocidio.
“Un
pozo más en el Yasuní, un día menos en la existencia de los Tagaeri y
Taromenane”.
[1] El Ministerio de
Ambiente y Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, enviaron en abril
de 2013 un mapa (http://bit.ly/1LmSnht) en donde se identifica la ubicación de cuatro
grupos de PIAV, entre ellos el “Grupo Armadillo”.
[2] “Política Nacional para los Pueblos en Situación de Aislamiento
Voluntario”; Gobierno Nacional de la República del Ecuador. Pp. 6, 7
[3] “Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial en las
Américas”, sección sobre Recursos Naturales”; Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos. Pp. 81
Atentamente,
YASunidos
Jorge Herrera
Franco Viteri
Raúl Moscoso
Fernando Ponce
Ramiro Ávila Santamaría
Alberto Acosta
Aurora Donoso
Julio César Trujillo
Esperanza Martínez
Carlos Pérez
Elsie Monge
Alexandra Almeida
José Proaño
Ivonne Yánez
Milagros Aguirre
Joan Martínez Alier
Carlos Larrea
Katy Álvarez
Nina Gualinga
Laura Rival
Christoph Baumann
Carlos Andrés Vera
Roque Sevilla
Blanca Chancoso
Nidia Arrobo
Comité de Derechos Humanos de Orellana
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