Nosotros y nosotras,
un grupo de personas y organizaciones que conforman la Red
Antimilitarista Latinoamericana y del Caribe, así como otros grupos
y personas afines de 11 países de la región, queremos expresar
nuestra solidaridad con el proceso de lucha y resistencia que las
comunidades del municipio de Lerma, estado de México, protagonizan
para defender su hábitat y sus usos y costumbres tradicionales,
amenazadas hoy por el proyecto de construcción del proyecto de
autopista Toluca-Naucalpan, el cual atravesará el Gran Bosque
Otomí-Mexica, , un corredor natural milenario que representa el
pulmón central de la región más densamente poblada de México.
En una visita
realizada a las comunidades de Huitzizilapan y Xochicuautla, el
pasado 21 de septiembre, nos permitió escuchar de los líderes
comunitarios y miembros de la comunidad los testimonios acerca de las
razones del rechazo de la población al proyecto. A finales del año
2007, sin realizar ningún proceso de consulta previa con la
comunidad, el gobierno comenzó la construcción de la carretera, la
cual según el proyecto afectaría a grandes hectáreas de bosque y
viviendas de diferentes municipios, habitados mayoritariamente por
población indígena. La decisión inconsulta generó la reacción de
la comunidad, por lo que las autoridades intentaron legitimar la
infraestructura realizando un irregular registro de comuneros y
comuneras que estuvieran de acuerdo con las obras, con quienes
realizaron reuniones que denominaron asambleas, dejando por fuera a
todas las organizaciones que cuestionaban el impacto social y
ambiental de la autopista. Xochicuautla y otros pueblos originarios
afectados organizaron, en mayo del 2011, la primera “Cumbre de los
Pueblos Originarios de la Zona Protegida Otomí-Mexica”, para
exigir un alto a la destrucción y las amenazas en contra de su
naturaleza y cultura, responsabilizando de estos actos al empresario
Juán Armando Hinojosa Cantú del Grupo Higa (conglomerado económico
que lidera este megaproyecto) y al presidente Enrique Peña Nieto.
La respuesta gubernamental ha sido persistir en el proyecto, enviar
centenares de granaderos para proteger los intereses de la empresa
privada y detener a 22 personas de la comunidad que intentaron, de
manera pacífica, impedir la entrada de la maquinaria a los
territorios. Además, se ha intentado modificar jurídicamente el uso
de los suelos para darle legitimidad formal a lo que la comunidad
califica como “despojo”.
Ante este escenario
las comunidades indígenas mantienen un campamento de resistencia
desde hace más de cuatro meses y afirman que detrás de la carretera
vendrán grandes obras de infraestructura y edificaciones
inmobiliarias que ocasionarán su desplazamiento, rompiendo con ello
los tejidos sociales y culturales de las comunidades. Además, se
afectarán sitios sagrados y ceremoniales, donde se realizan
diferentes fiestas religiosas. Por último, el llamado Cerro Sagrado
del Agua, uno de los afluentes hídricos que surte a la región,
incluyendo a la propia Ciudad de México, estaría en riesgo de
contaminación.
La situación de las
comunidades de Huitzizilapan y Hoxicouautla, la construcción de
grandes infraestructuras que posibilitarán la profundización de
actividades extractivas, sucede no sólo en otros sitios del Estado
mexicano sino en muchos países de América Latina y el Caribe. Las
resistencias de comunidades indígenas y campesinas han sido, en los
últimos años, tanto la principal razón de movilizaciones populares
como el objetivo de las campañas de criminalización de la protesta
realizadas por los gobiernos, en las cuales se han asesinado y
detenido manifestantes, procesándolos bajo delitos de terrorismo y
sustituyendo a las organizaciones legítimas y tradicionales
indígenas por otras que posibilitan la realización de actividades
extractivas en territorios originarios y lugares de biodiversidad
frágil. Ninguno de estos proyectos sería posible sin la progresiva
militarización de los territorios y de los cuerpos de las personas
que los habitan. La preponderancia y crecimiento de los ejércitos y
los valores militares en América Latina y el Caribe es funcional al
modelo de dominación promovido por el capitalismo globalizado para
la región: proveedor de manera segura y confiable de recursos
energéticos y materias primas, al menor costo posible, al mercado
global, independientemente de las consecuencias sociales y
ambientales que esta particular visión de “desarrollo” genera.
Como activistas
antimilitaristas seguiremos expresando nuestra solidaridad con las
luchas populares como las realizadas en Huitzizilapan y Hoxicuautla,
denunciando las agresiones contra los pueblos y las violaciones a los
derechos humanos contra las poblaciones, aumentando los lazos de
solidaridad entre las diferentes luchas y resistencias que se
realizan en actualidad en América Latina.
Red Antimilitarista
de América Latina y el Caribe (RAMALC)
Octubre de 2015
Octubre de 2015
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