Comunidades indígenas deben ser indemnizadas y compensadas por los daños ambientales

Servindi.- Las comunidades afectadas por 43 años de contaminación por la actividad petrolera en los lotes 1AB y 8 “deben ser indemnizadas, compensadas, o, para mejor comprensión, equilibradas, con el patrimonio del dañador, en este caso, con el patrimonio de la empresa Pluspetrol Norte S.A.”
Así lo fundamenta Vidal Ccoa Mamani quién desde la perspectiva del derecho civil observa que existe un menoscabo de los bienes patrimoniales y extrapatrimoniales de las comunidades.
A continuación el artículo en referencia:

Responsabilidad por los daños ambientales por contaminación y pueblos indígenas del lote 1ab y lote 8 en el departamento de Loreto

Por Vidal Ccoa Mamani*
Desde el ámbito del Derecho civil, para abordar los daños ambientales por más de 43 años en el Lote 1AB y 8, selva norte del Perú, producidos de manera continuada en el territorio de los pueblos indígenas de la amazonia, a estas alturas, de lo único seguro que podemos estar es que existen daños, aunque no sabemos con exactitud la magnitud de estos daños.
Desde el ámbito del Derecho civil, nos interesan aquellos daños ambientales que afectan a la persona, sus bienes patrimoniales y extrapatrimoniales, jurídicamente tutelables. Sabemos que la Responsabilidad civil extracontractual tiene por finalidad la reparación del daño, reparación en el sentido de equilibrar el patrimonio del dañado o perjudicado (las comunidades indígenas) con el patrimonio del dañador (la empresa Pluspetrol Norte S.A.) y por supuesto este daño debe ser cierto y afecte a una persona (natural y jurídica) determinada.
Con este fin, señalaremos algunos de los últimos hechos sucedidos y debidamente documentados, entre ellas tenemos desde el Legislativo dos informes sobre la situación ambiental y social en las cuencas afectadas (Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón) por la actividad petrolera.
El Congreso, en su informe final del año 2012, hace constar que los Programas de Vigilancia Territorial Indígena han identificado, a julio del 2012, 25 pasivos ambientales no remediados, todas en el lote 1AB. A su vez, la propia empresa Pluspetrol Norte ha informado, a la comisión del Congreso que, entre el 2011 y 2012 se han vertido 2644 barriles de crudo, afectando un área de 22, 510 m² aduciendo que la causa sería atentados por personas ajenas a su operaciones(1).

Foto: Andina

Por otro lado, desde el Ejecutivo tenemos, consecuencia de una movilización pacífica de la población quechua del río Pastaza, el año 2011, la constitución de una Comisión Multisectorial mediante Resolución Suprema N°200-2012-PCM. Esta comisión, conformada por diversos organismos administrativos competentes, realizados los estudios técnicos ambientales, emitió tres resoluciones ministeriales en las que se declaró la emergencia ambiental de las tres cuencas (río Corrientes, Pastaza y parte alta del río Tigre)(2)

“por existir riesgo significativo a la salud de la población por las elevadas concentraciones de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos que superan los estándares ambientales nacionales, los cuales estarían asociados al impacto ambiental ocasionado por la actividad hidrocarburífera en las zonas”.

Siendo 34 las comunidades afectadas por la contaminación que genera la actividad hidrocarburifera en esa zona; cabe mencionar que las comunidades afectadas por la misma causa, ubicadas en las riveras del río Marañón, aún esperan similar declaratoria.
Un video que muestra la realidad:



Señaladas estas pinceladas de evidencia de daños ambientales, desde el Derecho Civil nos interesa identificar los daños ambientales que vulneran bienes o intereses jurídicos de las personas en su entorno patrimonial y extrapatrimonial.
Los daños patrimoniales serían, de lo expuesto en la parte superior, los 25 pasivos ambientales no remediados, los 2644 barriles de crudo vertidos que han afectado un área de 22, 510 m^2. Como podemos evidenciar, el bien jurídico patrimonial tutelado sería el territorio de las 34 comunidades afectadas.
Y por supuesto se ven reforzados estos daños patrimoniales por las declaratorias de emergencia ambiental que advierten la existencia de

“riesgo significativo a la salud de la población por las elevadas concentraciones de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos que superan los estándares ambientales nacionales, los cuales estarían asociados al impacto ambiental ocasionado por la actividad hidrocarburífera en las zonas”.

¿Y cuáles serían los daños extrapatrimoniales? Para responder esta pregunta es necesario definir qué son los daños extrapatrimoniales, según Albert Ruda González(3), quien en su análisis de la responsabilidad extracontractual por daños ambientales en el caso del hundimiento del barco petrolero Prestige en los mares de España, insiste que en materia de responsabilidad extracontractual por daños ambientales, se persista ante los tribunales la reparación por daños morales. Con esto quiero decir que comparto la definición de daños extrapatrimoniales como daños morales que para Albert Ruda sería el “sufrimiento o dolor causado a alguien”, “se trata de daños a las creencias, a los sentimientos, la estima social, la salud psíquica y similares”.
Dicho esto, consta a quienes hemos trabajado directamente con las comunidades afectadas por la actividad petrolera en el lote 1AB (ahora 192) y lote 8, los “sufrimientos o dolores” causados a los indígenas de esa zona, los daños a sus creencias en el yacumama (cochas – lagunas), en el bosque, su salud psíquica afectada por estos daños ambientales. Sin embargo a fin de acreditar estos daños será necesario ofrecer como medios probatorios, pericias antropológicas, estudios psicológicos de profesionales conocedores del sector, estudios sociológicos, testimonios como las que se puede acceder vía internet (video: Muerte en Sion)(4).
A manera de conclusión, las comunidades afectadas por 43 años de contaminación por la actividad petrolera en los lotes 1AB y 8, son víctimas, cuyo menoscabo de sus bienes patrimoniales y extrapatrimoniales deben ser indemnizadas, compensadas, o, para mejor comprensión, equilibradas, con el patrimonio del dañador, en este caso, con el patrimonio de la empresa Pluspetrol Norte S.A.
Bibliografía:
(1) Congreso de la República del Perú, Comisión de Pueblos, Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Grupo de Trabajo Sobre la Situación Indígena de las Cuencas de los Ríos Tigre, Pastaza, Corrientes y Marañón, disponible en http://www2.congreso.gob.pe/sicr/comisiones/2011/com2011pueandamaaframbeco.nsf/pubs1foto/7C6EA2CE879846F505257A440053CE21/$FILE/INFORME_FINAL.PDF  01/periodo legislativo 2011 – 2012, p. 126
(2) Resolución Ministerial Nº 370-2013-MINAM, Declaratoria de Emergencia ambiental de la Parte Alta del Rio Tigre. 29 de Noviembre, 2013; Resolución Minnisterial Nº 094-2013-MINAM, Declaratoria de Emergencia ambiental de la cuenca del Rio Pastaza. 22 de Marzo, 2013; Resolución Ministerial Nº 263-2013-MINAM, Declaratoria de Emergencia ambiental de la cuenca del Rio Corrientes. 06 de Setiembre, 2013.
(3) Albert Ruda González, “La tipología de los daños causados por el Prestige”, en María Paz García Rubio (Coordinadora),  La responsabilidad por los daños causados por el hundimiento del Prestige, Iustel, Madrid, Pág. 56
(4) https://www.youtube.com/watch?v=AJz23hZZefM
—
* Vidal Ccoa Mamani, Quechua puneño; realiza un Doctorado en Derecho Privado Patrimonial de la Universidad de Salamanca – España. Trabajó como asesor de federaciones de comunidades indígenas de la Amazonía.